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Rutas africanas de personas migrantes y refugiadas: una travesía mortífera

En busca del paraíso europeo 16.724 personas migrantes y refugiadas llegaron al viejo continente por mar entre enero y abril, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, un 16% más que en el mismo periodo de 2019; de las 256 muertes registradas en las tres rutas del mediterráneo, 146 corresponden a la denominada central, cuyo destino es Italia y Malta. Pero no se trata de balances contables ni de gélidas estadísticas. El pasado 7 de agosto la OIM y ACNUR dieron cuenta del fallecimiento en el mar de 27 personas que habían partido de Dakhla (Sáhara Occidental) rumbo a las Islas Canarias; tuvieron problemas con el motor de la embarcación, “los pasajeros a bordo –la mayoría de origen subsahariano- quedaron varados en alta mar y empezaron a sufrir deshidratación extrema”, destacaron las citadas fuentes.

Es el contexto en el que ACNUR presentó a finales de julio un informe –En este viaje a nadie le importa si vives o mueres– realizado junto al Centro de Migración Mixta (CMM) del Consejo Danés para los Refugiados, sobre la muerte y “abusos extremos” en las rutas (terrestres) entre los países del África Oriental y Occidental así como en la costa mediterránea africana. Basado en cerca de 16.000 entrevistas, principalmente a personas que se desplazaron por estas rutas, el documento detalla que un mínimo de 1.750 migrantes y refugiados habrían muerto durante 2018 y 2019 en estas travesías (un promedio de 72 decesos mensuales). Pero la cifra no ha de considerarse el número absoluto de víctimas.

“Se trata de una de las rutas más mortales para migrantes y refugiados en todo el mundo”, concluye ACNUR. En el itinerario occidental, los migrantes transitan por Mali, Burkina Faso o Níger antes de cruzar el desierto; en la ruta oriental y el Cuerno de África pasan por Sudán (ciudades como Gadarif y Kasala) y atraviesan el desierto en dirección a Egipto y Libia; en cuanto a la ruta del norte –Egipto y Libia-, uno de los rasgos principales es la dependencia de los contrabandistas (en Libia las personas migrantes pueden estar durante dos años en manos de los traficantes).

El foco principal de las muertes (28%) fueron los territorios del desierto, según el reporte, principalmente entre Níger y Libia, pero también en el desierto entre Sudán y Libia, y entre Sudán y Egipto. Otros puntos con elevado número de muertos son Sabha, Bani Walid y Trípoli (Libia), Agadez (Níger), la ciudad de Tamanrasset, en el sur de Argelia, y Bamako (Mali); los entrevistados (42%) señalaron como principal causa las enfermedades y la falta de acceso a medicamentos, muchas veces sumados a la deshidratación, el hambre y la falta de un refugio adecuado; además el 19% apuntaron como factor determinante el accidente de los vehículos y el 13% los disparos y apuñalamientos. “Asesinados 30 migrantes en Libia en venganza por el linchamiento de un traficante de personas”, tituló Europa Press el pasado 28 de mayo, respecto a la matanza de migrantes bangladesíes en la ciudad libia de Mizda.

ACNUR ha dado cuenta de otras escabechinas. En junio de 2018 los tratantes asesinaron en Bani Walid, al sureste de Trípoli, a más de una docena de personas después que un grupo de migrantes eritreos, etíopes y somalíes intentaran escapar de la cautividad (algunos de ellos permanecían en esta situación durante tres años). En julio de 2019 el escenario de los ataques fue el centro de detención de Tajoura (cerca de la capital libia), “que albergaba al menos a 600 personas refugiadas e inmigrantes”; así, el bombardeo al centro de Tajoura, en el contexto del conflicto interno en Libia, causó decenas de muertos.

Y atravesando el desierto –sobre todo desde Níger a Libia, y entre Sudán y Egipto- también se produjeron el mayor número de agresiones y actos de violencia sexual (18%), seguido de Trípoli, Jartum y Bamako, según el reporte En este viaje a nadie le importa si vives o mueres; los entrevistados atribuyeron la autoría principal de estos ataques –consideradas las tres rutas- a los contrabandistas (45%), seguido de policías y militares (19%), individuos desconocidos (12%), bandas criminales (11%) y otros migrantes (10%). Se da la circunstancia que el 31% de las personas entrevistadas fueron testigo o sufrieron la violencia sexual en más de una ocasión. En el este de Sudán, ACNUR registró –entre 2017 y 2019- más de 630 casos de trata de refugiados y cerca de 200 mujeres y niñas que sobrevivieron a los ataques machistas.

La agencia de la ONU y el CMM han recogido testimonios sobre torturas, trabajos forzados y personas obligadas a prostituirse durante el periplo hacia el Mediterráneo Central; también de quemaduras con aceite caliente, plástico derretido y objetos metálicos; electroshocks o personas atadas en “posiciones estresantes”. El recorrido por el desierto, principalmente de Níger a Libia (11%), constituyó el eje de la violencia física, además de Bamako, Trípoli, la región de Segú, en Malí, y Agadez; a las fuerzas de seguridad, ejércitos, oficiales de inmigración y guardas de frontera se les atribuyó el 47% de los casos, mientras que a los contrabandistas, el 29%. Por el contrario fueron los traficantes quienes perpetraron la gran mayoría de los secuestros (79%), con epicentro en la ruta de Sudán a Egipto.

No son historias que puedan insertarse en la última hora mediática, ni en la actualidad al rojo vivo. Hace menos de un año la OIM detallaba que entre 2014 y 2019 habían muerto, en las rutas de tránsito a través de África, 7.400 personas, aunque la cifra podría ser muy superior; la información se complementaba con el testimonio de Patrick, de origen Nigeriano y entrevistado en Dirkou (Níger): “Tras una semana en el desierto, no pude seguir más, de modo que le dije a mi grupo que me dejaran ahí… Después de hallar a 23 sobrevivientes, ellos me encontraron, un poco alejado del montón de cadáveres…”. Los “terribles abusos”, concluyen ACNUR y el CMM, tal vez hayan quedado ensombrecidos por otro hecho: la reducción –desde mediados de 2017- del número de migrantes y refugiados que han logrado franquear el Mar Mediterráneo, de Libia a Europa (ruta del Mediterráneo Central).

Los atropellos y las penalidades no terminan en el desierto ni en las rutas terrestres. Tras ser rescatados en el mar o interceptados por los guardacostas libios, muchos de los migrantes son retornados al país norteafricano (14.300 refugiados y migrantes fueron desembarcados en Libia entre enero de 2019 y junio de 2020); ACNUR explica en un comunicado la continuación del itinerario: “Estas personas a menudo son recluidas de forma arbitraria en centros de detención oficiales, donde se enfrentan a abusos diarios y condiciones deplorables. Otros terminan en centros ‘no oficiales’ o almacenes controlados por los traficantes y redes de trata, que los someten a abusos físicos para sacarles más dinero”.

La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos han señalado que Libia no es un país “seguro” para las personas rescatadas en el mar,  ante el riesgo de que se violen los derechos humanos (informe Desperate and dangerous, diciembre 2018); añaden que los países de la UE aplican políticas “para impedir que alcancen las costas europeas, lo que contribuiría a atrapar en Libia a miles de personas desesperadas”.

Es la llamada externalización de las fronteras de la Unión Europea (UE). ¿En qué consiste? Más allá de los programas oficiales de formación, asistencia, protección y fondos fiduciarios, los 50 colectivos sociales que organizaron una concentración el pasado 23 de noviembre en Madrid (Fronteras en venta) difundieron la siguiente definición: “Se traduce en pagar a los países del sur para que hagan el ‘trabajo sucio’: la UE transfiere fondos y hace favores políticos a terceros países (Libia, Turquía, Marruecos) para la construcción de muros, concertinas y centros de detención, formación de policía fronteriza y suministro de barcos”. Y de ese modo –con la apariencia de la cooperación internacional- blindar las fronteras.

Fuente: https://rebelion.org/rutas-africanas-de-personas-migrantes-y-refugiadas-una-travesia-mortifera/
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Cuentos de Baroja: los empobrecidos, los vagabundos y la “cuestión social”

“A comienzos de siglo Pío Baroja tenía una preocupación muy honda por lo que se llaman cuestiones sociales. Esta preocupación se advierte en varios cuentos, en que el individuo, o una conciencia individual, se encara con la sociedad”, escribió el antropólogo y sobrino del escritor, Julio Caro Baroja, en el prólogo a los Cuentos de Pío Baroja (1872-1956) publicados por Alianza Editorial.

Buena parte de estos relatos se insertan en el volumen Vidas sombrías (1900), y fueron escritos –la mayoría- cuando el autor ejercía de médico en el municipio de Cestona (Guipuzcoa). De tono simbólico y filosófico, los Cuentos recogen todo el sentido e inquietudes de la obra barojiana, según algunos comentaristas; pero Caro Baroja matiza que su tío no se acercó del mismo modo, en la madurez, a los contenidos esotéricos (Médium El trasgo) ni a otros de un simbolismo «a flor de piel” (Parábola El reloj).

Garráiz encarna a El carbonero. Todos los días Garráiz sale de casa, desciende a un descampado del monte y prepara el horno de carbón. Tiene 20 años, trabaja –acumula leña y le prende fuego- y canta: las horas y los días se repiten en el valle. Hasta que un día, en el refugio de piedra donde come, un vecino del pueblo –también carbonero- le hace saber un rumor: ha “caído” soldado. “Lo que le exasperaba, lo que le llenaba su espíritu de una rabia sombría, era el pensar que le iban a arrancar de su monte aquellos de la llanura, a quienes no conocía, pero a quienes odiaba”, relata Pío Barroja.

En otro cuento, Conciencias cansadas, el narrador sale de un café pensando en la vendedora de una tienda de material funerario, que comercia con féretros, coronas, cruces y souvenirs; en el matrimonio que regenta una casa de préstamos, y que paga a la mujer del albañil mucho menos de lo que valen las sábanas; en el general que manda a los soldados a que mueran en el frente; o en el cura que considera una “atrocidad” ingerir un café con leche el viernes de Cuaresma. Pero en todos estos personajes sin conciencia -y en el industrial que falsifica, el periodista venal o el abogado que engaña-, “en toda esa tropa que roba, que explota y que prostituye” también hay, piensa después, algunos rasgos buenos y momentos de caridad.

El vago, a quien conoce y con el que conversa el narrador, aparece apoyado en una farola de la Puerta del Sol. Protagoniza otro de los cuentos de Baroja; el vago no es un hombre de acción, sino un espectador de la vida, un intelectual; mira como alguien que no espera nada del prójimo, es casi un filósofo, aunque para ciertos moralistas resulte “casi un criminal”. Tampoco tiene nada que ver con los lechuguinos de clase alta, ni con los empleados, estudiantes o mendigos.

“Yo creo que en las ciudades grandes, si Dios está en algún lado es en los solares”, afirma Pío Baroja en La trapera. En una casucha de unos terrenos sin urbanizar, en Madrid, una vieja pequeña y arrugada –que rebusca entre la basura- vive con una niña desharrapada pero con aire fresco y juvenil. A las cinco de la mañana salen del cobertizo; escarban entre los montones de desechos, “restos, sobre todo, de la tontería humana”.

Pasan por el Cafetín del Rastro, donde a esa hora duermen los mendigos, y después, en la calle, la vieja cierra tratos con los vendedores ambulantes. El escritor las pinta del siguiente modo en el solar, ya de regreso: “Quizá felices, quizá satisfechas por tener un hogar pobre y miserable, y un puchero en la hornilla que hervía con un glu-glu suave, dejando un vaho apetitoso en el cuarto”.

En el preámbulo de los Cuentos publicados por Alianza (la primera edición, de 1966), Julio Caro resalta la “curiosidad enorme” de Pío Baroja hacia “los anarquistas o ácratas como individuos”, así como por los no adaptados (en Errantes, una vida libre en la que duermen felices, tras alimentarse con pan y tres sardinas, una mujer que amamanta a su niño, su pareja –“mitad saltimbanqui, mitad charlatán”- y el hijo mayor; la familia se ha parado en un albergue de carretera que aloja a gitanos, caldereros, mendigos y buhoneros); esta atracción contrasta con el interés escaso del autor de La busca por los socialistas, a quienes se distinguía en la época como gente “más seria”.

Elaborados entre 1892 y 1899, Caro Baroja apunta que la primera impresión de los Cuentos -500 ejemplares- fue bien acogida por los críticos, pero no ocurrió lo mismo con las ventas; los relatos se tradujeron al francés, italiano, alemán, ruso, checo y sueco, después al japonés y al chino. Se muestra en desacuerdo con los comentarios de la Editorial de Literatura Popular de Pekín: “Siguiendo el viejo parecer socialista, considera que mi tío fue un anarquista, que se hizo cada vez más antidemócrata y que terminó sus días colaborando con el fascismo. La vida de los escritores vista por ciertos ideólogos es siempre algo bastante simple y aún estólido, sean estos ideólogos de derecha o de izquierda”.

El historiador, lingüista, académico y autor de Estudios vascos llama la atención, asimismo, sobre el lirismo, las  descripciones y sugerencias de ambiente de los Cuentos; en las ventas del País Vasco -amables y hospitalarias, algunas tristes y melancólicas- recalan caminantes, vagabundos y personas humildes “que no tenéis más amores que la libertad y el campo”; llegar a una de estas posadas tras un viaje largo en diligencia –relata Pío Baroja en La venta– produce una dicha desconocida para quienes, presurosos, huyen hacia el vértigo de la urbe. Además, Julio Caro recuerda la admiración del novelista por el “viejo” Dickens y discute las influencias atribuidas a Gorki y la novela picaresca.

En el artículo “Los cuentos de Baroja” (Cuadernos Hispanoamericanos, 1972), el catedrático e hispanista Mariano Baquero Goyanes señala el “aire moderno” de Vidas sombrías; constata, de hecho, una cierta ruptura con los cuentos del siglo XIX, que se fundamentaban en la potencia del argumento; Baroja prefiere, en este caso, la narrativa de situación, abierta, sin desenlace o bien –Águeda La sima– la conclusión abrupta del relato, subraya Baquero Goyanes en el artículo inserto en Pío Baroja. El escritor y la crítica (Taurus, 1974, Edición de Javier Martínez Palacio).

Pero algunos cuentos barojianos –La enamorada del talento o Un justo– contienen, también, descripciones prolijas a la manera de los autores realistas y naturalistas del XIX; Mariano Baquero Goyanes añade otra línea de continuidad con los cuentos tradicionales (orientales o libros de caballerías): “Aunque Baroja rechazara el arte narrativo caracterizado por su complicación, gustó con frecuencia de esos efectos de refracción o de laberinto narrativo, con no pocas vueltas y revueltas, idas y venidas, rotación de narradores, desplazamiento de los planos del relato”; así ocurre en La dama de Urtubi El estanque verde.

¿Estilo desaliñado? El libro Baroja y su mundo recoge la respuesta de José María de Cossío: “No era descuidado escribiendo. El tono llano y a la vez sobriamente elegante de su estilo provenía de lo que Lope de Vega hubiera llamado un ‘descuido cuidadoso’; y no desdeñaba refinarle cuando el tema lo pedía”.

El espectador (1916) incluye las reflexiones de Ortega y Gasset sobre Baroja. Dedica unas páginas a “el tema del vagabundo”; así, en una sociedad en que predomina la “estabilidad plúmbea” y la “monotonía aldeana”, “sin protesta ni brinco”, el filósofo resalta la mirada barojiana: “Ve criaturas errabundas e indóciles”, ajenas a la idea de triunfo social, “decididas a no disolver sus instintos en las formas convencionales de vida” impuestas.

En busca de ese dinamismo, Ortega apunta cómo el escritor rescata a la población marginada, “eso que suele considerarse como escombro social”; en esta categoría se integran los golfos, tahúres, extravagantes, vividores y suicidas; “pues qué, ¿iba a hablarnos de los senadores, los comandantes, los gobernadores de provincia, las damas de las Cuarenta Horas y los financieros?”, se preguntaba el ensayista; “en el transcurso de diez años escribe Baroja veinte tomos de vagabundaje”, según José Ortega y Gasset. Valora asimismo, en contraposición a la farsa y el lugar común, la actitud sincera y auténtica –en coherencia con el cinismo griego- del autor de El árbol de la ciencia Aurora roja. Y otras virtudes, como la ausencia de retórica o palabras innecesarias.

Fuente: https://rebelion.org/cuentos-de-baroja-los-empobrecidos-los-vagabundos-y-la-cuestion-social/

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“Los pueblos indígenas son los grandes perdedores del modelo sojero”

“Los pueblos indígenas son los grandes perdedores del modelo sojero”

Por Enric Llopis

“La diversidad de los cultivos en los campos de los agricultores ha disminuido y las amenazas están aumentando”, concluye la FAO; y subraya que, de las 6.000 especies de plantas cultivadas para la obtención de alimentos, no alcanzan a 200 las que contribuyen –de manera importante- a la producción alimentaria mundial; asimismo el 24% de las cerca de 4.000 especies silvestres alimentarias (plantas, peces y mamíferos) se están reduciendo, según el documento El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo (2019).

El  organismo de Naciones Unidas también informa de que 820 millones de personas sufren hambre y malnutrición en el planeta, mientras que 2.000 millones padecen inseguridad alimentaria (cerca del 14% de los alimentos se pierden después de la cosecha hasta que llegan al comercio minorista). “El problema del hambre no tiene que ver con la producción, sino con la distribución y el acceso a los alimentos”, apunta la periodista Nazaret Castro, autora de La dictadura de los supermercados (Akal, 2017).

Otro punto significativo es la acción de los mercados sobre las denominadas commodities: “Mediante sus actividades de trading los bancos son los principales especuladores en los mercados de contratación directa y a término de materias primas y productos agrícolas”, escribió el investigador Eric Toussaint (CADTM, 2014). También el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación en 2010, Olivier de Schutter, atribuyó en buena medida el incremento y la volatilidad de los precios de los alimentos durante la crisis mundial de 2007-2008 a “la aparición de una burbuja especulativa”; en concreto, a “la entrada de grandes y poderosos fondos de cobertura, fondos de pensiones y bancos de inversiones en el mercado de derivados financieros basados en productos alimentarios”.

A algunos de estos aspectos se hizo referencia durante la presentación, en la tienda de Oxfam Intermón en Valencia, de Los monocultivos que conquistaron el mundo. Impactos socioambientales de la caña de azúcar, la soja y la palma aceitera (Akal, 2019); en el acto participó la periodista Laura Villadiego, coautora del libro junto a las también periodistas Nazaret Castro y Aurora Moreno; el ensayo es resultado de una investigación de siete años.

Las tres investigadoras forman parte de Carro de combate, colectivo surgido en 2012 y que ha publicado libros como Amarga dulzura, una historia sobre el origen del azúcar (2013); Carro de combate. Consumir es un acto político (2014) o la Agenda 2020 de consumo responsable; en el último Informe de combate analizan el incremento acelerado de la demanda de aguacate –por ejemplo en Estados Unidos se triplicó durante el periodo 2010-2017-, en parte al promocionarse como un  “superalimento con cualidades nutricionales supuestamente excepcionales”; el informe detalla los impactos socioambientales del  monocultivo de este fruto, por ejemplo en la provincia chilena de Petorca (desvío de ríos, y pozos ilegales).

Brasil es el principal productor (y también exportador) mundial de caña de azúcar (que representa cerca del 86% de los cultivos de azúcar), seguido de India; son los dos grandes productores del planeta; además de azúcar, y etanol para el uso como combustible, permite generar electricidad (con el excedente de bagazo), tejidos o los denominados bioplásticos; requiere un uso intensivo de agua (OCDE/FAO, 2019), y “es probablemente el cultivo que ha supuesto una mayor pérdida de biodiversidad en el mundo, debido a las inmensas plantaciones”, afirman las autoras de  Los monocultivos que conquistaron el mundo (en noviembre de 2019 el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, revocó mediante decreto la Zonificación Agroecológica de la Caña de Azúcar, lo que reduce la protección ambiental para la producción e incrementa los riesgos sobre el Amazonas, el Gran Pantanal, en el estado de Matto Grosso del Sur, y las áreas protegidas de la sabana de El Cerrado, denunció WWF).

En Guatemala, el negocio azucarero se reparte –en forma de oligopolio- entre 12 grandes ingenios y siete familias, un cartel presuntamente relacionado, asimismo, con prácticas de evasión fiscal (investigación de El Faro y eldiario.es, abril 2017). Sobre Tailandia -tercer productor mundial de caña y segundo exportador mundial de azúcar-, diferentes medios difundieron en febrero de 2019 un reportaje del corresponsal de la Agencia Efe, Noel Caballero, titulado  “Polución y diabetes por la adicción de Tailandia al azúcar”; las fuentes médicas consultadas en el artículo cifraban en cerca de 200.000 los nuevos casos de diabetes anuales en Tailandia, mientras “la quema de los cañaverales ahoga al país”.

El ensayo publicado por Akal dedica un capítulo a lo que Aurora Moreno, Nazaret Castro y Laura Villadiego califican como “el nuevo oro rojo”. Indonesia y Malasia son los dos principales proveedores de aceite de Palma (OCDE/FAO, 2019), de manera que cerca del 85% de la producción mundial –que aumentó desde 15,2 millones de toneladas en 1995 a 62,6 millones en 2015 (European Palm Oil Alliance)- se concentra en ambos países. En septiembre de 2018, activistas de Greenpeace ocuparon una refinería que procesa aceite de palma en la isla indonesia de Sulawesi, perteneciente a Wilmar International; señalaron a esta compañía como la principal distribuidora de aceite de palma del planeta, y “proveedora de marcas como Colgate, Mondelez, Nestlé y Unilever”.

Una semana antes de la acción, Greenpeace denunció en un informe (La cuenta atrás. Ahora o nunca: es la hora de reformar la industria del aceite de palma) que 25 empresas productoras deforestaron 130.000 hectáreas de bosque tropical, desde finales de 2015, en Papúa Nueva Guinea y Papúa indonesia; la investigación añadía que una docena de grandes marcas, como General Mills, Hershey, Kellogg’s, Kraft Heinz, L’Oreal o PepsiCo, “se han abastecido de al menos 20 de estos productores”. Ejemplo de los efectos que tiene la destrucción del hábitat por la industria es, según los ecologistas, la eliminación en 16 años de la mitad de la población de orangutanes en la isla de Borneo. El texto de las tres periodistas se hace eco del informe, y amplía el foco a otros países.

Por ejemplo Colombia, donde destacan que las plantaciones más extensas de palma se ubican en zonas que han sufrido especialmente la violencia paramilitar, como Magdalena Medio, Nariño, Chocó o Montes de María; Colombia es líder de América Latina en producción de aceite de palma, y pasó de 158.000 hectáreas sembradas en 2000 a 517.000 en 2017 (SISPA-Fedepalma); algunas consecuencias de los macroproyectos fueron “la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las aguas y la desaparición de modos de vida tradicionales”, apuntan Laura Villadiego, Nazaret Castro y Aurora Moreno.

También abordan la expansión de este monocultivo en África; en septiembre de 2019, la Alianza contra las Plantaciones Industriales en África Occidental y Central contabilizaba 49 concesiones para grandes plantaciones de palma aceitera en 2.740.000 hectáreas, ubicadas principalmente en Liberia, Congo-Brazzaville, Sierra Leona, Nigeria, Camerún, la República Democrática del Congo, Gabón y Costa de Marfil; las tres multinacionales con más superficie concesionada son SOCFIN, de Luxemburgo; Wilmar y Olam, las dos de Singapur. La “fuerte resistencia” de las comunidades contra el acaparamiento de tierras fue uno de los factores más importantes para frenar, en los últimos cinco años, el avance de las macroplantaciones, explica el informe de la Alianza.

Brasil y Estados Unidos son los dos mayores productores y exportadores de soja del planeta, y China el principal importador (OCDE/FAO, 2019). Por otra parte, Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja. El Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas (ISAAA) señala, en el informe de 2019 (con datos del año anterior), que desde 1996 la superficie de cultivos genéticamente modificados aumentó en 113 veces; los cinco mayores países en siembra de cultivos transgénicos –Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India- concentran el 91% del área total mundial (en cultivos de estas características, de los que la mitad corresponde a la soja, seguido del maíz y el algodón).

La organización GRAIN, de apoyo a los pequeños campesinos y la biodiversidad alimentaria, caracterizó a ISAAA como “agente de propaganda de las grandes corporaciones biotecnológicas”, y respondió al informe anual de esta entidad, en 2017, con una veintena de argumentos. Entre otros, que la imposición de la soja transgénica significó “la creación de un desierto verde de más de 54 millones de hectáreas en Brasil, Argentina, Paraguay y el sur de Bolivia. Asimismo, con la adopción de la soja genéticamente modificada, el uso en América Latina del glifosato (herbicida que comercializó por primera vez la multinacional Monsanto en los años 70 del siglo XX) “creció a más de 550 millones de litros anuales, con dramáticas consecuencias sanitarias en todos los territorios” (la OMS calificó en 2015 este agroquímico como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”).

Otro punto es la construcción de un oligopolio empresarial. La directora para América Latina del grupo ETC por la diversidad cultural y ecológica, Silvia Ribeiro, destaca que cuatro corporaciones controlan las semillas transgénicas a escala global: Bayer (que adquirió Monsanto), ChemChina-Syngenta, la estadounidense Corteva Agriscience (fusión de las empresas Dow y DuPont) y BASF; así como el 75% de los agrotóxicos (“México, la devastación transgénica y la resistencia”, en desInformémonos, agosto 2019). “Los pueblos indígenas son los grandes perdedores del modelo sojero”, rematan las investigadoras de Carro de Combate. Por ejemplo el pueblo guaraní, en Paraguay, al que pertenecen “la mayor parte de los desaparecidos, ejecutados y cientos de miles de desplazados por el avance de este monocultivo”.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/los-pueblos-indigenas-son-los-grandes-perdedores-del-modelo-sojero/

Fuete de Imagen: Rebelión

Autor: Enric Llopis

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“Cada vez son más frecuentes los movimientos que se plantan contra la inacción climática”

“Cada vez son más frecuentes los movimientos que se plantan contra la inacción climática”

Samuel Martín-Sosa y Joao Camargo publican Manual de lucha contra el cambio climático (Libros en Acción)

El año 2019 fue, tras 2016, el más caluroso desde que se iniciaron los registros de temperaturas (datan de 1850, de la manera en que son actualmente conocidos); además, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Naciones Unidas, las medias más elevadas de las que se tiene referencia son las de los periodos 2015-2019 y 2010-2019. “La temperatura media mundial se ha incrementado cerca de 1,1ºC desde la era preindustrial y el contenido calorífico de los océanos ha alcanzado niveles récord”, advirtió el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, el pasado 15 de enero.

En cuanto a los gases de efecto invernadero, las concentraciones de CO2 en la atmósfera alcanzaron el pico de 407,8 partes por millón en 2018, “y en 2019 no dejaron de aumentar”; las de metano y óxido nitroso también alcanzaron en 2018 cotas máximas respecto a la época preindustrial (aumentos del 259% y del 123%, respectivamente). En octubre de 2019 se produjo otro hito: el nivel medio del mar a escala mundial llegó a la cota más elevada desde que empezaron –hace más de dos décadas- los registros de alta precisión por satélite.

“La pérdida de masa de los glaciares durante el periodo 2015-2019 es la más elevada de todos los quinquenios de los que se tienen datos”, concluye el informe United in Science coordinado por la OMM. Fenómenos que pueden relacionarse con el cambio climático fueron, en enero de 2019, las inundaciones en el norte de Argentina, diferentes departamentos de Uruguay y -en marzo- el área metropolitana de Sao Paulo.

En septiembre de 2019 los medios internacionales informaron de la sequía e incendios forestales en Indonesia, a finales de año en Australia y durante el verano en Alaska y Siberia. El ciclón Idai causó, en marzo, centenares de muertes en Mozambique, Zimbabue y Malaui; y en agosto, una ola de calor provocó decenas de muertos en Japón. Los cambios en el clima están favoreciendo la expansión de enfermedades como el dengue (2,7 millones de casos en América Latina, entre enero y octubre de 2019). Por otra parte, el pasado 7 de noviembre Intermón OXFAM alertaba en un comunicado: “Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán se han enfrentado a la vez al desplazamiento de cerca de 750.000 personas debido a los conflictos y de 350.000 a causa de fenómenos meteorológicos extremos”.

El investigador y activista Joao Camargo y el responsable del área de Internacional de Ecologistas en Acción, Samuel Martín-Sosa, parten de un diagnóstico similar en el Manual de lucha contra el cambio climático, editado en septiembre de 2019 por Libros en Acción. Subtitulado Nada volverá a ser como antes, ni el clima, ni la sociedad, el libro de 288 páginas se define como “de divulgación científica, para los que no son especialistas”; y también como una guía “para aprender y enseñar a combatir”. Los autores citan investigaciones como la de Cristophe McGlade y Paul Ekins, del University College London, publicado en enero de 2015 en la revista Nature: un tercio de las reservas globales de petróleo, la mitad de las gasísticas y un 80% de las carboníferas deberían permanecer sin explotación en el periodo 2010-2050, para satisfacer el objetivo de los 2ºC (límite sobre el aumento de la temperatura media mundial acordado en la Cumbre de París).

Frente a la competencia, la competitividad y la violencia, “como característica masculina y fuerte”, que ha conducido a la realidad actual, el manual plantea la alternativa de un mundo nuevo -“también más duro”- pero en el que se respete el medio ambiente y la igualdad entre las personas; y que plantee, como fin, la distribución de la riqueza (presentado el 20 de enero, el informe de OXFAM Tiempo para el cuidado apunta que los 22 hombres más ricos del mundo poseen una riqueza mayor que todas las mujeres de África; además, el 1% de la fracción más opulenta tiene una riqueza de más del doble que la de 6.900 millones de personas).

¿Quiénes son los responsables del cambio climático producido por la acción humana?, se preguntan Samuel Martín-Sosa y Joao Camargo. Cerca de un centenar de empresas productoras de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) causan el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de fuentes como la base de datos The Carbon Majors, destacan a China Coal, las petroleras estadounidenses Chevron y ExxonMobil; Aramco (Arabia Saudí); BP (Reino Unido); Gazprom (Rusia), Shell (anglo-holandesa), National Iranian Oil; Energa y Weglowa (Polonia), Pemex (México) o Coal India.

El manual también detalla los nombres de algunas de las personas “responsables”, siguiendo el Decolonial Atlas; por ejemplo Michael Wirth, director ejecutivo de Chevron; Ryan Lance, de ConocoPhillips (Estados Unidos); Dai Houliang (Sinopec), Tim McKay (Canadian Natural); Patrick Pouyanné, de la francesa Total; Bob Dudley (BP), Ben Van Beurden (Shell), Roberto Castello Branco (Petrobras), Vagit Alekperov, de la petrolera Lukoil (Rusia) o Josu Jon Imaz (Repsol), entre otros.

En 2018, China fue el principal emisor de CO2 procedente de combustibles fósiles, seguido de Estados Unidos, la Unión Europea e india; sin embargo, las emisiones de dióxido de carbono anuales de Estados Unidos, consideradas por habitante, son muy superiores a las de China. Asimismo, matizan los autores del texto, “China e India son importantes emisores de efecto invernadero (y productores de carbón), pero gran parte de los bienes que producen se exportan a los países ricos”.

El libro menciona otros actores contaminantes; en junio de 2019, el informe Costs of war de la Universidad de Brown (Estados Unidos) señalaba que, entre 2001 (invasión de Afganistán) y 2017, el ejército estadounidense emitió 1.200 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero; el Pentágono es el principal consumidor institucional de petróleo del mundo, añadía el documento. Además, si las fuerzas armadas norteamericanas fueran un país, “su consumo de combustible las situaría en el puesto 47 de los principales emisores, entre Perú y Portugal”, concluyen los investigadores B. Neimark, O. Belcher y P. Bigger (“El ejército de Estados Unidos contamina más que 140 países: se impone reducir esta maquinaria de guerra”, revista The Conversation, julio 2019).

En el capítulo titulado “¿Qué puedo hacer yo?”, Samuel Martín-Sosa y Joao Camargo defienden que la asunción individual de culpas supone “ignorar a los verdaderos culpables -todo un sistema que provoca cambio climático-, y abrir el camino a la depresión y la impotencia”. Y destacan el ejemplo de acciones colectivas, como la promovida en mayo de 2016 por el movimiento Ende Gelände, en la que participaron 3.500 activistas de 12 países; bloquearon durante dos días la mina de lignito a cielo abierto de Welzow-Süd, en el estado alemán de Brandeburgo, y una central eléctrica cercana.

O las protestas en Seattle contra los planes de prospección petrolífera de la multinacional Shell en Alaska (2015); las resistencias en Italia contra el gasoducto Transadriático (TAP), de 878 kilómetros, que forma parte del Corredor Meridional del Gas (cadena de gasoductos para el transporte desde Azrebaiyán hasta Europa); asimismo las manifestaciones, en julio, de indígenas maoríes contra la construcción de centenares de viviendas en tierras sagradas de la Península de Ihumatao (Nueva Zelanda).

“Comprar productos ‘verdes’ tranquiliza nuestras conciencias, pero no resuelve la crisis climática”, afirman los dos autores; apuestan por un activismo “paso a paso”, que podría empezar por la asociación en grupos de consumo agroecológico y la adquisición de productos de temporada; participar en cooperativas para consumir electricidad de origen renovable; en las redes de economía social y solidaria; y en la vida en comunidad o municipios en transición. El paso siguiente es la desobediencia civil, apuntan Samuel Martín-Sosa y Joao Camargo; por ejemplo desde 2015, la alianza Ende Gelände desarrolla campañas contra las minas de carbón en Renania y la región de Lausacia. También en Reino Unido surgió en otoño de 2018 el movimiento Extinction Rebellion (XR), cuando 1.500 personas participaron en una acción de desobediencia civil en Londres. Los grupos de XR se han ido extendiendo por todo el mundo y, ya en abril de 2019, se organizaron movilizaciones en más de 80 ciudades de 33 países.

Salir a la calles y a las plazas, y desobedecer. Constituyó otro hito la huelga que inició la joven de 15 años, Greta Thunberg, en el verano de 2018, por la falta de acción política ante la crisis climática; su protesta ante el Parlamento de Suecia, en horario escolar, fue el antecedente del movimiento internacional Fridays For Future. En cuanto a la plataforma By 2020 We Rise Up, fue promovida en 2019 por más de una treintena de grupos –la mayoría europeos- que reivindican la justicia climática y tienen como objetivo la coordinación entre las luchas (convocaron, junto a XR, acciones de desobediencia en octubre de 2019 contra la pasividad de los gobiernos, en Madrid, Londres, Buenos Aires, Nueva York o Melbourne, entre otras capitales). “Cada vez son más frecuentes los movimientos en los que un montón de gente se planta”, concluyen los autores.

Fuente de la Información: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=264934

Autor: Enric Llopis

 

 

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“Si eres mujer, indígena, pobre o LGBTI tienes que luchar mucho para que se escuche tu voz”

“Si eres mujer, indígena, pobre o LGBTI tienes que luchar mucho para que se escuche tu voz”
Amnistía Internacional presenta el informe ‘Defensoras’ en el Colegio Mayor Rector Peset de la  de València
Enric Llopis
Activista por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, Loujain al-Hathloul, de 30 años, fue detenida junto a otras defensoras en mayo de 2018 (se significó en las protestas contra la prohibición de conducir que enfrentaban las mujeres); denunció torturas y abusos sexuales durante los interrogatorios; una de las acusaciones contra Loujain al-Hathloul era mantener contacto con organizaciones extranjeras. “Continúa presa. No es la única. Actualmente varias mujeres están encarceladas por reclamar sus derechos y pedir el fin del sistema de tutela” en el país árabe, denuncia Amnistía Internacional en una campaña de recogida de firmas (durante 2020 Arabia Saudí presidirá el foro económico mundial del G-20, acogerá en enero la Supercopa de España de fútbol, el Rally Dakar y continúa liderando la coalición internacional que bombardea Yemen, con más de 100.000 muertos en cinco años de guerra, según la ONG estadounidense ACLED sobre datos y análisis de conflictos armados).
Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, luchadoras del colectivo Mujeres Amazónicas, han sido objeto de ataques y amenazas de muerte; más de un centenar de mujeres (principalmente indígenas) de las siete nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana integran esta organización, que defiende la selva frente al extractivismo petrolero y minero. “Las autoridades de Ecuador han incumplido su deber de protegerlas e identificar a sus atacantes”, señaló en mayo de 2019 Amnistía Internacional, en referencia al presidente Lenín Moreno y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Otro caso significativo, en Nigeria, es el de Esther Kiobel, quien, tras más de 20 años de lucha, consiguió en 2019 exponer sus argumentos contra la petrolera Shell en la causa abierta por un tribunal holandés. Junto a otras tres mujeres, demandó a la multinacional por considerarla cómplice de la dictadura militar (que gobernaba Nigeria) en el juicio irregular y el ahorcamiento en 1995 de sus maridos, miembros del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP).

Amnistía Internacional ha presentado en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València el informe Desafiar el poder, combatir la discriminación (noviembre de 2019); con información de 23 entrevistas realizadas en 21 países, el documento se centra en las defensoras de los derechos humanos, las personas defensoras de los derechos de las mujeres, cuestiones de género y sexualidad. “Si eres mujer y además perteneces a una minoría racial o eres indígena, pobre, lesbiana, bisexual, trans o trabajadora sexual tienes que luchar mucho más para que quienes tienen el poder escuchen tu voz”, declaró el exsecretario general de AI, Kumi Naidoo. En el acto de Valencia participó María Teresa Rivera, activista salvadoreña por los derechos sexuales y reproductivos actualmente asilada en Suecia (en 2012 fue condenada tras sufrir un aborto espontáneo a 40 años de prisión en El Salvador, de los que pasó cuatro y medio en la cárcel).

El informe Defensoras menciona como ejemplo a Aida Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre (ASMAC) que acompaña a los pueblos originarios Rarámuri y Ódami en la sierra Tarahumara, en el estado mexicano de Chihuahua; la Alianza denunció el pasado 19 de octubre que continuaba el acoso para despojar de sus tierras a las comunidades Ódami en el municipio de Guadalupe y Calvo; y en mayo, la muerte de la defensora ambiental Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo de 20, ejecutados en el citado municipio por sicarios (los dos activistas eran familiares de Julián Carrillo, líder Rarámuri que se enfrentó a las concesiones mineras, la tala (ilegal) de bosques ancestrales y denunció la presencia del crimen organizado en la Sierra Tarahumara: fue asesinado en julio de 2018). El documento de AI pone de relieve también la figura de Iduvina Hernández Batres, cofundadora de la asociación SEDEM de Guatemala, que batalla desde 2000 por el control democrático de los servicios de seguridad e inteligencia del Estado; durante 50 años como defensora, ha tenido que huir a México, afrontar tres procesamientos penales y amenazas de muerte en Internet.

Otro caso resaltado es el de Zofia Marcinek e Izabela Mozdrzen, activistas en Polonia, donde el partido ultraconservador católico Ley y Justicia (PiS) gobierna desde 2015; en noviembre de 2017 fueron golpeadas al mostrar una pancarta con la consigna “Stop Fascismo”, en el contexto de la manifestación ultraderechista que conmemoraba en Varsovia el día de la independencia; además en octubre de 2016 participaron en las movilizaciones denominadas “Lunes negro”, en las que miles de mujeres rechazaron la prohibición total del aborto que se tramitaba en el Parlamento. En Brasil, Amnistía Internacional destaca el trabajo de Patricia de Oliveira da Silva, una de las promotoras de la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia en Río de Janeiro; surgido en 2004, en este movimiento social participan habitantes de favelas y comunidades pobres, familiares y víctimas de la violencia militar y policial así como militantes populares. Patricia Oliveira se ha implicado, entre otras luchas, en exigir justicia por la masacre de la iglesia de la Candelaria, ocurrida en julio de 1993 en Río de Janeiro (ocho niños y adolescentes que vivían en la calle y una persona sin hogar murieron por los disparos de policías militares). Su hermano fue uno de los supervivientes.

El informe Defensoras cita otras fuentes, como el documento Ataques letales pero prevenibles, de 2017, también de AI (esta investigación apunta que, desde 1998, año en que la ONU aprobó la Declaración sobre personas defensoras de los derechos humanos, cerca de 3.500 defensores y defensoras fueron asesinados en todo el planeta); otra referencia es el análisis global de Fronte Line Defenders, que documenta 321 personas defensoras asesinadas en 2018 (la mitad había recibido amenazas previamente), de las que el 12% fueron mujeres; Colombia y México sumaron el 54% de los crímenes; asimismo, esta fundación hizo denuncia pública en 2018 de 623 violaciones de los derechos humanos contra activistas (uno de los casos señalados es el de la indígena nahua Dominga González Martínez, luchadora contra la privatización del agua en la comunidad de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México; fue condenada a 50 años de cárcel y liberada junto a otros dos compañeros en febrero de 2019, tras pasar más de una década en prisión preventiva).

Otro informe destacado por AI es ¿Enemigos del Estado?, de la ONG Global Witness, publicado en julio de 2019; se registraron, según esta fuente, 164 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente durante 2018, principalmente en Filipinas (30), Colombia (24), India (23) y Brasil (20); el mayor número de muertes (43) estuvo relacionado con el sector de la minería y las industrias extractivas; la estadística de la represión se concreta en casos como el de la indígena estadounidense Red Fawn Fallis, defensora del derecho al agua: fue condenada a cinco años de cárcel en 2018, tras su detención en las acciones de resistencia contra el oleoducto Dakota Access.

Amnistía InternacionaI se hace eco, asimismo, de los recuentos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras: 1.747 agresiones a luchadoras –sobre todo por el territorio y el medio ambiente- en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua durante 2018; la red atribuye la responsabilidad principal a policías, militares, gobiernos estatales y federales (una de las últimas alertas, del pasado 29 de diciembre, se refiere a Karla Piota Martínez, víctima de intimidación e intento de asesinato en la comunidad garífuna de Masca, en el departamento hondureño de Cortés; Karla Piota Martínez es miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que denuncia una “estrategia para la expulsión de la comunidad garífuna de nuestro territorio ancestral” y el asesinato de 16 miembros –seis mujeres- del pueblo garífuna entre enero y octubre de 2019). “Nuestro pueblo afronta un plan de exterminio”, afirmó la coordinadora de OFRANEH, Míriam Miranda, en una entrevista a Iniciativa Mesoamericana el 5 de noviembre.

Autor: Enric Llopis

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“Las mujeres ricas pueden abortar en clínicas privadas, las pobres tenemos miedo”

“Las mujeres ricas pueden abortar en clínicas privadas, las pobres tenemos miedo”
Amnistía Internacional y la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador reivindican la liberación de las presas.
Enric Llopis
María Teresa Rivera, salvadoreña de 37 años y activista por los derechos sexuales y reproductivos, recibió asilo político en Suecia en marzo de 2017. En 2012 fue condenada en El Salvador a 40 años de prisión, tras sufrir un aborto espontáneo. Pasó cuatro años y medio en la cárcel; en mayo de 2016 un tribunal anuló la sentencia y ordenó su puesta en libertad. La Fiscalía presentó un recurso contra la sentencia. La activista reside hoy, asilada, en el país escandinavo “por la discriminación y persecución que se vive en El Salvador; las mujeres ricas tienen sus clínicas privadas y pueden abortar, pero otra cuestión son las mujeres pobres: muchas tienen miedo”, afirma en un acto organizado por Amnistía Internacional (AI) en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de Valéncia; “nos condenan por ser mujeres y pobres, también es muy importante la influencia de la religión y el machismo”, añade. AI presentó además, en la charla-coloquio, el informe Defensoras.

Cuando se produjo el aborto, en 2011, Teresa Rivera era madre soltera de un niño de cinco años y trabajaba en una fábrica de ropa. AI señaló “graves deficiencias en las pruebas presentadas” durante el juicio que la condenó, por unos cargos de homicidio agravado; también la organización de derechos humanos denunció –cuando Rivera estaba en prisión, en 2014- la “represiva y desfasada prohibición total del aborto que destroza la vida de mujeres y niñas en El Salvador; las empuja a abortos inseguros y clandestinos u obliga a peligrosos embarazos”.

En el acto celebrado en Valencia, la activista ha dado cuenta de un caso similar; el de Evelyn Hernández, condenada a 30 años de prisión en julio de 2017, tras un parto prematuro y extrahospitalario en el que perdió al bebé. Un Juez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque dictaminó el pasado 19 de agosto la absolución (ante una acusación de homicidio agravado) y puesta en libertad de la joven, después de tres años de proceso judicial. La Fiscalía General de la República de El Salvador ha apelado la sentencia, de manera que Evelyn Hernández, de 21 años, “podría volver a prisión”, informó Amnistía Internacional, que reivindica la inocencia en una campaña ante la Fiscalía.

Desde 1998 el aborto está penalizado en El Salvador en todas las circunstancias (Artículos 133 a 139 del vigente Código Penal; por ejemplo, condenas de dos a ocho años de prisión para la mujer que abortara o la persona “que provocare un aborto” con el consentimiento de la mujer); además, tras una reforma de 1999, el Artículo 1 de la Constitución “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Sin embargo, en el anterior código penal, de 1974, el aborto no era punible en causas como riesgo para la vida de la mujer embarazada, consecuencia de una violación o estupro; y evitar una deformación previsible grave “en el producto de la concepción”.

En resumen, El Salvador es uno de los seis países de América Latina y el Caribe -26 en todo el mundo- con el aborto prohibido en todos los casos (aunque esté en riesgo la vida de la mujer), además de Haití, República Dominicana, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Surinam (mapa de la ONG Center for Reproductive Rights, abril de 2019). El Instituto Guttmacher, ONG estadounidense del ámbito de la salud reproductiva, señala que entre 2010 y 2014 se produjeron –anualmente- cerca de 6,5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe (4,4 millones entre 1990 y 1994).

En el informe Aborto a nivel mundial 2017: Progreso irregular y acceso desigual, el instituto Guttmacher añade que menos del 3% de las mujeres de América Latina y el Caribe viven en países donde el aborto es legal “en sentido amplio” (sin restricciones por diferentes causas o permitido por razones socioeconómicas); “las mujeres que viven en condiciones de pobreza y en áreas rurales tienen mayor probabilidad de experimentar abortos inseguros y graves complicaciones derivadas”, resalta el documento; la ONG calcula que cada año se registran 14 millones de embarazos no planificados en la región, de los que el 46% terminan en aborto.

Surgida en 2009, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador batalla por un cambio legislativo y defiende a mujeres procesadas o presas. En 2015 publicó el informe Del hospital a la cárcel, que presenta –a partir de los datos de juzgados y tribunales- la siguiente radiografía: entre 2000 (tras los cambios en el Código Penal) y 2014, fueron procesadas 147 mujeres por aborto o por homicidio en El Salvador; y 60 de ellas, condenadas; según la investigación, el 67% de las procesadas tenían entre 15 y 25 años; el 45% eran analfabetas o habían cursado hasta el segundo ciclo de primaria; el 72% eran solteras, y más de la mitad carecían de ingresos (se trataba de mujeres dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas o estudiantes); en cuanto al origen de la denuncia, el 57% fueron interpuestas por hospitales públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

La Agrupación Ciudadana acompaño a Beatriz García, cuyo caso tuvo en 2013 amplio eco internacional; la joven de 22 años padecía un lupus eritematoso –enfermedad crónica-, agravado por problemas renales. Quedó encinta a finales de 2012. Ingresada en el hospital, los médicos diagnosticaron que el feto era anencefálico (ausencia de buena parte del cerebro y del cráneo), y sobreviviría poco tiempo fuera del útero. Los facultativos advirtieron que la salud de la joven corría riesgo grave y, si el embarazo no se interrumpía, Beatriz G. podría morir (si practicaban el aborto, los doctores tendrían que afrontar un juicio y penas de prisión). La Corte Suprema de Justicia denegó el recurso de amparo –por vulneración de los derechos fundamentales- interpuesto por la afectada. “Se aumentó innecesariamente el sufrimiento y los riesgos para la salud y la vida de Beatriz; sólo bajo el amparo de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud procedió a realizar una cesárea”, denunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Amnistía Internacional recogió 95.000 firmas “para salvar la vida de Beatriz”.

Una flor para las 17. No dejemos que sus vidas se marchiten . Así se denominó la campaña estatal e internacional, iniciada en abril de 2014, para reivindicar ante la Asamblea Legislativa el indulto de 17 mujeres reclusas (cumplían condenas de 12 a 40 años de prisión, denunciaron en un comunicado; “todas fueron inicialmente acusadas por aborto, y posteriormente la Fiscalía cambió la tipificación del delito, llegando a condenarlas por homicidio agravado”); difundieron casos como el de Guadalupe, indultada en enero de 2015; trabajadora doméstica de 18 años y embarazada tras una violación, fue condenada a 30 años tras sufrir un aborto espontáneo, de los que pasó siete en la cárcel.

Actualmente Las 17 y Más continúa la lucha por la libertad de las presas, la despenalización del aborto y reclama justicia para Evelyn Hernández. Las movilizaciones y la presión popular han rendido fruto; “desde 2009 hemos recibido y celebrado la libertad de 33 mujeres”, informó el pasado 7 de marzo la presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera (ese día quedaron en libertad Alba Lorena Rodríguez, María del Tránsito Orellana y Cinthia Marcela Rodríguez, al conmutarles la Corte Suprema de Justicia penas de 30 años de cárcel después de un parto extrahospitalario).

Y en octubre celebraron que llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Manuela, también condenada y presa debido a la criminalización del aborto: falleció en 2010 a causa de un linfoma de Hodgkin, del que no recibió tratamiento adecuado; Manuela dejó a dos hijos huérfanos. “Era una mujer pobre, que no sabía leer y escribir y había sufrido una emergencia obstétrica en la zona rural donde vivía”, detallaron la Agrupación y el Centro de Derechos Reproductivos, que llevaron el caso ante la CIDH. Además fue objeto de un juicio penal “cargado de irregularidades y estereotipos de género”, denunciaron.

Autor: Enric Llopis

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Millones de jóvenes se movilizan en todo el planeta por la justicia climática

Millones de jóvenes se movilizan en todo el planeta por la justicia climática

7,6 millones de personas de 185 países, y 6.135 acciones con el apoyo de 820 organizaciones. Es el balance de la semana global de huelga y movilizaciones –entre el 20 y el 27 de septiembre de 2019- que reivindicó justicia climática y el fin de la era de los combustibles fósiles. ¿Cómo se explica la potencia de estas manifestaciones, en Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos, Chile o India? Uno de los antecedentes significativos se produjo en el verano de 2018, cuando la estudiante de 15 años, Greta Thunberg, inició una sentada de protesta en horario escolar frente al Parlamento de Suecia; fueron los orígenes del movimiento Fridays For Future.

En la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, de 2018, celebrada en Katowice (Polonia), la joven activista afirmó: “Países ricos como Suecia han de empezar a reducir las emisiones al menos un 15% anual, para alcanzar el objetivo del calentamiento global por debajo de los 2ºC” (respecto a los niveles pre-industriales, según los Acuerdos de París); además recordó que cada día se extinguen 200 especies y que el consumo mundial de petróleo suma 100 millones de barriles diarios. Es “el camino de la locura”, subrayó. El 30 de octubre Greta Thunberg declinó el premio medioambiental del Consejo Nórdico dotado con 47.000 euros.

La huelga mundial por el clima del pasado 15 de marzo movilizó, según fuentes de la organización, al menos a 1,4 millones de jóvenes en 2.418 ciudades de todo el planeta. Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción, ha participado en un acto sobre “Crisis climática como consecuencia de la depredación capitalista”, organizado por el Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica (CEDSALA)-País Valencià. “Más allá de las manifestaciones –subraya el activista-, están produciéndose acciones de desobediencia civil masiva para forzar a los líderes políticos a la toma de decisiones; es muy importante conectar la justicia climática con la agenda social y la lucha en los barrios”, añade.

Los inicios del movimiento Extinction Rebellion (XR) remiten al 31 de octubre de 2018, cuando 1.500 personas participaron en una acción de bloqueo en Parliament Square de Londres, y formularon una “Declaración de Rebelión” contra el gobierno británico por su inacción “criminal” ante la crisis ecológica; “nuestros mares están envenenados y aumenta la acidificación. Las inundaciones y la desertificación harán inhabitables vastas extensiones de tierra, lo que causará migraciones masivas”, alertaron.

El 15 de abril de 2019 grupos Extinction Rebellion desarrollaron acciones de protesta en 80 ciudades de 33 países. En Londres bloquearon cinco puntos neurálgicos de la ciudad, en los que se organizaron asambleas, actividades artísticas y denunciaron, en la sede de Shell, el “ecocidio” perpetrado por la petrolera (fueron escenario de las reivindicaciones, asimismo, las oficinas de Repsol en Madrid, de la empresa Total en París, el entorno del Parlamento Europeo en Bruselas o calles de Ottawa y Estambul). El 7 de octubre de 2019 se convocaron más actos de desobediencia –bloqueo de carreteras, puentes o nudos de transporte, entre otros- en 60 ciudades de todo el mundo. Como ejemplo de la represión, Extinction Rebellion informa que, en la semana de la rebelión entre el 15 y el 25 de abril, la Policía Metropolitana realizó 1.130 arrestos en Londres. La página Web de XR contabilizaba a primeros de octubre 485 grupos de activistas en 473 ciudades de 72 países.

Asimismo respaldan a By 2020 We Rise Up cerca de 50 organizaciones, la mayoría europeas. La Plataforma-Campaña independiente By 2020 tiene como fin contribuir a una conexión entre las luchas (no planificarlas) por la justicia climática y el cambio de sistema. “Durante los últimos días de septiembre de 2019 y en 2020, Europa vivirá varias oleadas de acciones masivas coordinadas: la gente bloqueará gasoductos, puertos, aeropuertos, minas de carbón, la agroindustria, bancos, fábricas de armas y fronteras”, señalan en la página Web.

En este contexto, By 2020 se define como punto de contacto, difusión de acciones y “esfuerzo de coordinación” que no habla en nombre de los grupos locales ni activistas; la Campaña/Plataforma cuenta con un equipo de difusión, traducción, trabajo legal, además de los encargados de la página Web y las redes sociales. En marzo de 2019, hicieron un llamamiento a la “interrupción civil, coordinada y masiva” de un sistema “que lleva a la humanidad al borde del abismo”. Además convocan a reuniones periódicas para la coordinación de estrategias, por ejemplo entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en Nuremberg. Entre las acciones difundidas por By 2020, figuran las de la semana por el clima de Viena; las de desobediencia civil del pasado 7 de octubre en Madrid; o en Francia, contra la impunidad de las multinacionales.

“¡Paremos el carbón, que todas las aldeas permanezcan!”. Es la consigna con la que el movimiento internacional Ende Gelände convocó -entre el 19 y el 24 de junio de 2019- a la acción directa no violenta en el área de la minería de lignito de Renania; así, más de 6.000 personas bloquearon puntos estratégicos en las zonas que explota la compañía energética alemana RWE; ocuparon vías férreas para el suministro de combustible a la central eléctrica de Neurath, propiedad de RWE; entraron en la mina a cielo abierto de Garzweiler, cerca de Colonia, y pararon excavadoras de carbón, mientras 8.000 personas convocadas por ONG y colectivos locales se manifestaron en apoyo de las poblaciones amenazadas por la minería; asimismo el 21 de junio, 40.000 jóvenes marcharon en la ciudad de Aquisgrán (Renania del Norte-Westfalia), a 50 kilómetros de la mina, con motivo de la huelga por el clima de Fridays for Future; “durante las acciones de desobediencia la policía violó masivamente los derechos civiles”, informó Ende Gelände en un comunicado. Llegados de diferentes ciudades europeas, los activistas partieron de un campamento de protesta ubicado en la ciudad de Viersen.

Entre el 25 y el 29 de octubre de 2018, Ende Gelände convocó a los bloqueos en la mina carbonífera cercana al bosque de Hambach, en Renania; contra las talas forestales y extracción de lignito por la empresa RWE se movilizaron, según los organizadores, 6.500 personas.

En el acto de CEDSALA, Tom Kucharz también ha destacado la lucha de los jóvenes de Sunrise en Estados Unidos, movimiento surgido en 2017. En las redes sociales se presentan con la siguiente disyuntiva: “Nuestro gobierno ha de elegir: proteger los bolsillos de los ejecutivos del petróleo y sus bonos de millones de dólares” o, por otro lado, “nuestro futuro”. Entre los principios de Sunrise figura la no violencia “que nos permite ganar el corazón de la gente”. Se organizan en nodos, radicados en pueblos, ciudades y escuelas de Alaska, California, Florida, Washington o Nueva York. El movimiento respalda a políticos y candidatos que representen a los ciudadanos y no a la industria de los combustibles fósiles, pero –matizan- “no hay amigos ni enemigos permanentes”. Entre los apoyos recibidos por los activistas, destaca el de la congresista Aleixandra Ocasio-Cortez.

Una de las propuestas centrales y con la que interpelan a la política oficial es el New Deal verde; el nuevo acuerdo verde apunta, con la perspectiva de una década, a la “movilización” de la sociedad estadounidense hacia los objetivos del 100% de energías limpias y las emisión cero de gases de efecto invernadero; también a “crear millones de buenos empleos con salarios altos y garantizar la prosperidad y seguridad económica de toda la población de Estados Unidos”. El 10 de diciembre de 2018 mil activistas de Sunrise reivindicaron el New Deal verde en el Congreso (Washington), donde protagonizaron sentadas en las oficinas de dirigentes del Partido Demócrata y mostraron carteles con las consignas “No más excusas” o “Haced vuestro trabajo”; 143 personas fueron arrestadas. Además la policía practicó más de 40 detenciones cuando, en febrero, estudiantes de Kentucky protestaron en las oficinas del senador Mitch McConnell, del Partido Republicano, en el Capitolio; con el lema “Míranos a los ojos”, los estudiantes y los miembros de Sunrise preguntaron si las donaciones que McConnell recibió -en las tres últimas legislaturas- de las compañías del petróleo, gas y carbón (1.542 millones de dólares) eran más importantes que el futuro de la juventud.

Tom Kucharz ha participado en otro debate en Valencia, en el Centre La Nau de la Universitat, sobre Transnacionales, Derechos Humanos y Tribunales de Arbitraje. El investigador social y activista ha destacado, como uno de los ejes de lucha para los movimientos sociales, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado el pasado 28 de junio tras más de dos décadas de negociaciones; la asociación entre los dos bloques representa –según cifras oficiales- un mercado (integrado) de cerca de 800 millones de consumidores y un 25% del PIB mundial (el actual comercio bilateral de bienes y servicios entre la UE y Mercosur suma 122.000 millones de euros anuales, según la Comisión Europea). La entrada en vigor del acuerdo requiere la aprobación de los parlamentos nacionales.

Integrada por un centenar de organizaciones, la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión denuncia que el acuerdo entre la UE y Mercosur tendrá, entre otros efectos, “un impacto negativo incalculable sobre la crisis climática»; según la Campaña, la liberalización comercial “beneficiará principalmente a grandes industrias europeas como la automovilística, química, farmacéutica o la textil; y a los grandes exportadores de productos agropecuarios de los países del Mercosur”; por ejemplo, detallan en un comunicado, “se incrementará el ya descontrolado ritmo de deforestación de la Amazonía y otros ecosistemas como El Cerrado de Brasil o El Chaco de Argentina y Paraguay”, ya muy afectados por la expansión del cultivo de la soja y la ganadería vacuna a gran escala.

Otro punto neurálgico y de batalla, según Kuchard, es el Tratado sobre la Carta de la Energía (TEC), acuerdo comercial y de inversiones que entró en vigor en abril de 1998, y del que son miembros cerca de 50 países, principalmente europeos pero también de Asia. “El tratado permite que los inversores extranjeros puedan demandar a los gobiernos signatarios por cualquier medida adoptada en el sector de la energía que consideren perjudicial para sus ganancias”, resume el informe Un Tratado para gobernarlos a todos, publicado en 2018 por Corporate Europe Observatory (CEO) y el Transnational Institute (TNI); las demandas no se resuelven ante los tribunales ordinarios, sino ante tribunales internacionales de arbitraje entre inversores y estados.

El documento señala que, entre 1998 y mediados de 2018, se habían producido al menos 114 demandas de inversores y multinacionales en virtud del TCE; y que, a finales de 2017, los gobiernos habían sido condenados/accedido a pagar 51.200 millones de dólares en concepto de daños. “El TCE es uno de los obstáculos más importantes para adoptar iniciativas contra el cambio climático por parte de los gobiernos”, concluye la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.

El documento de CEO y el TNI cita ejemplos como el de la multinacional sueca Vattenfall, que presentó en 2012 una demanda contra el gobierno alemán (4.300 millones de euros más intereses) en concepto de indemnización, cuando el ejecutivo decidió el abandono paulatino de la energía nuclear (la compañía se basó en la pérdida de ganancias vinculada a dos de sus reactores nucleares); el informe añade que, en 2017, la empresa británica Rockhopper demandó al Estado de Italia, por la negativa a otorgarle una concesión para las perforaciones de gas y petrolíferas en un yacimiento del Mar Adriático (las reclamaciones se basan en gastos irrecuperables y expectativas de ganancias de la petrolera). Por otra parte, en una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, la Campaña recuerda que el estado español es, en el marco normativo del TEC, el país más demandado del mundo; de las 46 demandas en relación con los recortes a las energías renovables, 13 habían sido resueltas cuando se remitió la carta (septiembre de 2019); 11 de los fallos resultaron favorables a los inversores extranjeros, lo que implica una condena -al estado español- al pago de cerca de 800 millones de euros en indemnizaciones. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Autor: Enric Llopis

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