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Millones de jóvenes se movilizan en todo el planeta por la justicia climática

7,6 millones de personas de 185 países, y 6.135 acciones con el apoyo de 820 organizaciones. Es el balance de la semana global de huelga y movilizaciones –entre el 20 y el 27 de septiembre de 2019- que reivindicó justicia climática y el fin de la era de los combustibles fósiles. ¿Cómo se explica la potencia de estas manifestaciones, en Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos, Chile o India? Uno de los antecedentes significativos se produjo en el verano de 2018, cuando la estudiante de 15 años, Greta Thunberg, inició una sentada de protesta en horario escolar frente al Parlamento de Suecia; fueron los orígenes del movimiento Fridays For Future.

En la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, de 2018, celebrada en Katowice (Polonia), la joven activista afirmó: “Países ricos como Suecia han de empezar a reducir las emisiones al menos un 15% anual, para alcanzar el objetivo del calentamiento global por debajo de los 2ºC” (respecto a los niveles pre-industriales, según los Acuerdos de París); además recordó que cada día se extinguen 200 especies y que el consumo mundial de petróleo suma 100 millones de barriles diarios. Es “el camino de la locura”, subrayó. El 30 de octubre Greta Thunberg declinó el premio medioambiental del Consejo Nórdico dotado con 47.000 euros.

La huelga mundial por el clima del pasado 15 de marzo movilizó, según fuentes de la organización, al menos a 1,4 millones de jóvenes en 2.418 ciudades de todo el planeta. Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción, ha participado en un acto sobre “Crisis climática como consecuencia de la depredación capitalista”, organizado por el Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica (CEDSALA)-País Valencià. “Más allá de las manifestaciones –subraya el activista-, están produciéndose acciones de desobediencia civil masiva para forzar a los líderes políticos a la toma de decisiones; es muy importante conectar la justicia climática con la agenda social y la lucha en los barrios”, añade.

Los inicios del movimiento Extinction Rebellion (XR) remiten al 31 de octubre de 2018, cuando 1.500 personas participaron en una acción de bloqueo en Parliament Square de Londres, y formularon una “Declaración de Rebelión” contra el gobierno británico por su inacción “criminal” ante la crisis ecológica; “nuestros mares están envenenados y aumenta la acidificación. Las inundaciones y la desertificación harán inhabitables vastas extensiones de tierra, lo que causará migraciones masivas”, alertaron.

El 15 de abril de 2019 grupos Extinction Rebellion desarrollaron acciones de protesta en 80 ciudades de 33 países. En Londres bloquearon cinco puntos neurálgicos de la ciudad, en los que se organizaron asambleas, actividades artísticas y denunciaron, en la sede de Shell, el “ecocidio” perpetrado por la petrolera (fueron escenario de las reivindicaciones, asimismo, las oficinas de Repsol en Madrid, de la empresa Total en París, el entorno del Parlamento Europeo en Bruselas o calles de Ottawa y Estambul). El 7 de octubre de 2019 se convocaron más actos de desobediencia –bloqueo de carreteras, puentes o nudos de transporte, entre otros- en 60 ciudades de todo el mundo. Como ejemplo de la represión, Extinction Rebellion informa que, en la semana de la rebelión entre el 15 y el 25 de abril, la Policía Metropolitana realizó 1.130 arrestos en Londres. La página Web de XR contabilizaba a primeros de octubre 485 grupos de activistas en 473 ciudades de 72 países.

Asimismo respaldan a By 2020 We Rise Up cerca de 50 organizaciones, la mayoría europeas. La Plataforma-Campaña independiente By 2020 tiene como fin contribuir a una conexión entre las luchas (no planificarlas) por la justicia climática y el cambio de sistema. “Durante los últimos días de septiembre de 2019 y en 2020, Europa vivirá varias oleadas de acciones masivas coordinadas: la gente bloqueará gasoductos, puertos, aeropuertos, minas de carbón, la agroindustria, bancos, fábricas de armas y fronteras”, señalan en la página Web.

En este contexto, By 2020 se define como punto de contacto, difusión de acciones y “esfuerzo de coordinación” que no habla en nombre de los grupos locales ni activistas; la Campaña/Plataforma cuenta con un equipo de difusión, traducción, trabajo legal, además de los encargados de la página Web y las redes sociales. En marzo de 2019, hicieron un llamamiento a la “interrupción civil, coordinada y masiva” de un sistema “que lleva a la humanidad al borde del abismo”. Además convocan a reuniones periódicas para la coordinación de estrategias, por ejemplo entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en Nuremberg. Entre las acciones difundidas por By 2020, figuran las de la semana por el clima de Viena; las de desobediencia civil del pasado 7 de octubre en Madrid; o en Francia, contra la impunidad de las multinacionales.

“¡Paremos el carbón, que todas las aldeas permanezcan!”. Es la consigna con la que el movimiento internacional Ende Gelände convocó -entre el 19 y el 24 de junio de 2019- a la acción directa no violenta en el área de la minería de lignito de Renania; así, más de 6.000 personas bloquearon puntos estratégicos en las zonas que explota la compañía energética alemana RWE; ocuparon vías férreas para el suministro de combustible a la central eléctrica de Neurath, propiedad de RWE; entraron en la mina a cielo abierto de Garzweiler, cerca de Colonia, y pararon excavadoras de carbón, mientras 8.000 personas convocadas por ONG y colectivos locales se manifestaron en apoyo de las poblaciones amenazadas por la minería; asimismo el 21 de junio, 40.000 jóvenes marcharon en la ciudad de Aquisgrán (Renania del Norte-Westfalia), a 50 kilómetros de la mina, con motivo de la huelga por el clima de Fridays for Future; “durante las acciones de desobediencia la policía violó masivamente los derechos civiles”, informó Ende Gelände en un comunicado. Llegados de diferentes ciudades europeas, los activistas partieron de un campamento de protesta ubicado en la ciudad de Viersen.

Entre el 25 y el 29 de octubre de 2018, Ende Gelände convocó a los bloqueos en la mina carbonífera cercana al bosque de Hambach, en Renania; contra las talas forestales y extracción de lignito por la empresa RWE se movilizaron, según los organizadores, 6.500 personas.

En el acto de CEDSALA, Tom Kucharz también ha destacado la lucha de los jóvenes de Sunrise en Estados Unidos, movimiento surgido en 2017. En las redes sociales se presentan con la siguiente disyuntiva: “Nuestro gobierno ha de elegir: proteger los bolsillos de los ejecutivos del petróleo y sus bonos de millones de dólares” o, por otro lado, “nuestro futuro”. Entre los principios de Sunrise figura la no violencia “que nos permite ganar el corazón de la gente”. Se organizan en nodos, radicados en pueblos, ciudades y escuelas de Alaska, California, Florida, Washington o Nueva York. El movimiento respalda a políticos y candidatos que representen a los ciudadanos y no a la industria de los combustibles fósiles, pero –matizan- “no hay amigos ni enemigos permanentes”. Entre los apoyos recibidos por los activistas, destaca el de la congresista Aleixandra Ocasio-Cortez.

Una de las propuestas centrales y con la que interpelan a la política oficial es el New Deal verde; el nuevo acuerdo verde apunta, con la perspectiva de una década, a la “movilización” de la sociedad estadounidense hacia los objetivos del 100% de energías limpias y las emisión cero de gases de efecto invernadero; también a “crear millones de buenos empleos con salarios altos y garantizar la prosperidad y seguridad económica de toda la población de Estados Unidos”. El 10 de diciembre de 2018 mil activistas de Sunrise reivindicaron el New Deal verde en el Congreso (Washington), donde protagonizaron sentadas en las oficinas de dirigentes del Partido Demócrata y mostraron carteles con las consignas “No más excusas” o “Haced vuestro trabajo”; 143 personas fueron arrestadas. Además la policía practicó más de 40 detenciones cuando, en febrero, estudiantes de Kentucky protestaron en las oficinas del senador Mitch McConnell, del Partido Republicano, en el Capitolio; con el lema “Míranos a los ojos”, los estudiantes y los miembros de Sunrise preguntaron si las donaciones que McConnell recibió -en las tres últimas legislaturas- de las compañías del petróleo, gas y carbón (1.542 millones de dólares) eran más importantes que el futuro de la juventud.

Tom Kucharz ha participado en otro debate en Valencia, en el Centre La Nau de la Universitat, sobre Transnacionales, Derechos Humanos y Tribunales de Arbitraje. El investigador social y activista ha destacado, como uno de los ejes de lucha para los movimientos sociales, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado el pasado 28 de junio tras más de dos décadas de negociaciones; la asociación entre los dos bloques representa –según cifras oficiales- un mercado (integrado) de cerca de 800 millones de consumidores y un 25% del PIB mundial (el actual comercio bilateral de bienes y servicios entre la UE y Mercosur suma 122.000 millones de euros anuales, según la Comisión Europea). La entrada en vigor del acuerdo requiere la aprobación de los parlamentos nacionales.

Integrada por un centenar de organizaciones, la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión denuncia que el acuerdo entre la UE y Mercosur tendrá, entre otros efectos, “un impacto negativo incalculable sobre la crisis climática»; según la Campaña, la liberalización comercial “beneficiará principalmente a grandes industrias europeas como la automovilística, química, farmacéutica o la textil; y a los grandes exportadores de productos agropecuarios de los países del Mercosur”; por ejemplo, detallan en un comunicado, “se incrementará el ya descontrolado ritmo de deforestación de la Amazonía y otros ecosistemas como El Cerrado de Brasil o El Chaco de Argentina y Paraguay”, ya muy afectados por la expansión del cultivo de la soja y la ganadería vacuna a gran escala.

Otro punto neurálgico y de batalla, según Kuchard, es el Tratado sobre la Carta de la Energía (TEC), acuerdo comercial y de inversiones que entró en vigor en abril de 1998, y del que son miembros cerca de 50 países, principalmente europeos pero también de Asia. “El tratado permite que los inversores extranjeros puedan demandar a los gobiernos signatarios por cualquier medida adoptada en el sector de la energía que consideren perjudicial para sus ganancias”, resume el informe Un Tratado para gobernarlos a todos, publicado en 2018 por Corporate Europe Observatory (CEO) y el Transnational Institute (TNI); las demandas no se resuelven ante los tribunales ordinarios, sino ante tribunales internacionales de arbitraje entre inversores y estados.

El documento señala que, entre 1998 y mediados de 2018, se habían producido al menos 114 demandas de inversores y multinacionales en virtud del TCE; y que, a finales de 2017, los gobiernos habían sido condenados/accedido a pagar 51.200 millones de dólares en concepto de daños. “El TCE es uno de los obstáculos más importantes para adoptar iniciativas contra el cambio climático por parte de los gobiernos”, concluye la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.

El documento de CEO y el TNI cita ejemplos como el de la multinacional sueca Vattenfall, que presentó en 2012 una demanda contra el gobierno alemán (4.300 millones de euros más intereses) en concepto de indemnización, cuando el ejecutivo decidió el abandono paulatino de la energía nuclear (la compañía se basó en la pérdida de ganancias vinculada a dos de sus reactores nucleares); el informe añade que, en 2017, la empresa británica Rockhopper demandó al Estado de Italia, por la negativa a otorgarle una concesión para las perforaciones de gas y petrolíferas en un yacimiento del Mar Adriático (las reclamaciones se basan en gastos irrecuperables y expectativas de ganancias de la petrolera). Por otra parte, en una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, la Campaña recuerda que el estado español es, en el marco normativo del TEC, el país más demandado del mundo; de las 46 demandas en relación con los recortes a las energías renovables, 13 habían sido resueltas cuando se remitió la carta (septiembre de 2019); 11 de los fallos resultaron favorables a los inversores extranjeros, lo que implica una condena -al estado español- al pago de cerca de 800 millones de euros en indemnizaciones. 

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262299

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El periodista e investigador Raúl Zibechi publica “Latiendo resistencia.” (Zambra y Baladre) América Latina, cinco siglos de luchas populares

Por: Enric Llopis

Una marcha indígena que recorrió, durante dos meses, 600 kilómetros del territorio boliviano fue reprimida en septiembre de 2011, pero finalmente llegó a La Paz. Pretendía paralizar la construcción de una carretera que partía en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. La construcción de la vía de 305 kilómetros, entre los departamentos de Cochabamba y Beni, no se consultó previamente con las poblaciones afectadas. Estas apuntaron como trasfondo de la infraestructura, adjudicada a la constructora brasileña OAS, la extracción de crudo, de otros recursos naturales y la ampliación de la frontera agropecuaria. Las movilizaciones forzaron al presidente Evo Morales a dar marcha atrás en el megaproyecto.

En mayo de 2006 se produjo en Sao Paulo una desaforada ola de violencia tras la ofensiva de grupos narcotraficantes. Sin embargo, la represión por parte de las fuerzas de seguridad y escuadrones parapoliciales apuntó más allá de estas bandas, y cercenó la vida de 500 personas. ¿Con quiénes se encarnizó la acción represiva? Una de las fundadoras de Madres y Familiares de Víctimas de Violencia de la Baixada Santista aportó la clave de la masacre: “El Estado brasileño extermina a los pobres y a los negros de las favelas”. Hace algo más de una década también nació en Argentina la experiencia de organización popular “Paren de Fumigarnos”, con uno de los epicentros en Santa Fe. Esta provincia es, junto a Buenos Aires y Córdoba, una de las que más se ha volcado en el cultivo de la soja.

El periodista e investigador uruguayo Raúl Zibechi compila estos tres ejemplos, entre otros, en el libro “Latiendo resistencia. Mundos nuevos y guerras de despojo”, publicado en 2016 por Coordinación de Luchas contra la Precariedad Baladre y Zambra Iniciativas Sociales. Pero el ensayo de 210 páginas no sólo aborda una pluralidad de luchas, sino que –en la primera parte del libro- el articulista de Brecha y La Jornada plantea un giro en la perspectiva. En una entrevista realizada por el colectivo “Veredas Autónomas”, Zibechi propone un pensamiento crítico no tan vinculado a la tradición eurocéntrica, sino que eche raíces en las tradiciones singulares de América Latina; por ejemplo en los quilombos, caracoles, comunidades y cabildos. Así, “el quilombo de Palmares duró más años que la Unión Soviética”, recuerda Raúl Zibechi. Organizado en 1580 y finiquitado en 1710, fue un territorio libre promovido en Brasil por esclavos negros, fugitivos y sus descendientes. No se trata de una cuestión menor, ya que pese a que sufrieran asesinatos masivos, tanto los quilombos como los palenques y las rebeliones indígenas desempeñaron un rol capital en la derrota de los imperios hispano y portugués.

En este punto Zibechi hace visible una de las significativas contradicciones de la izquierda. Se hace visible una parte del pasado, mientras que se silencia otro. La izquierda celebra, porque los considera propios, a “milicos criollos que se limitaron a continuar la tarea exterminadora de los conquistadores”. Sus figuras se exhiben en muchas de las plazas de América Latina. Los ensayos de este periodista militante, y que lleva tres décadas recorriendo el continente acompañando a los movimientos populares, suponen un aldabonazo contra el pensamiento adormecido y la anestesia burocrática. Autor de libros como “Descolonizar al resistencia”, “Política y miseria” y “Territorios en resistencia”, antepone la ética (“que ata palabras y formas de vida”) a manifiestos y discursos, “que en muchos casos se los llevan las urnas”. Y este profundo sentido ético le lleva a valorar como dos grandes revoluciones la del movimiento zapatista y la Comuna de París (“una creación heroica de los obreros”). No es casualidad que el “mandar obedeciendo” del zapatismo se extienda, de manera fluida y por empatía natural, entre pueblos como el mapuche o los aymara de Bolivia.

Precisamente su estancia en la “escuelita” zapatista le llevó a Zibechi a asumir grandes lecciones. Entre otras, que para transformar el mundo no hace falta tomar el poder del estado; o que no existe la reflexión teórica al margen de la práctica. “No es lo mismo reflexionar en un despacho rodeado de libros, con aire acondicionado y cómodos sillones, que después de dormir sobre una tabla/cama; o hacerlo en el cafetal colectivo después de un día trajinando con el ganado”. Puede que esto ya se supiera, en la teoría; pero, asevera el periodista, “no lo sentíamos en el alma y en el cuerpo”. Por otra parte, más que centrarse en arquetipos, fósiles, de sujetos revolucionarios extraídos de los manuales, Raúl Zibechi prefiere referirse a la extraordinaria heterogeneidad de los “abajos”, lo que incluye a marineros, campesinos sin tierra, delincuentes, borrachos, negros, mestizos, prostitutas, blancos, tullidos y enfermos. Asimismo fue una multiplicidad de sujetos la que se rebeló contra los amos durante la época del esclavismo.

En “Latiendo resistencia” Zibechi defiende la descolonización del pensamiento crítico. Y, para ello, pone como ejemplo la idea de Autonomía. La tradición europea bebe de la autogestión obrera de las fábricas y autores como Pannekoek (“Los consejos obreros”); asimismo de Castoriadis y el colectivo “Socialismo o Barbarie”, que pone el énfasis en la capacidad del individuo y de las masas para regir su vida; la historia de la autonomía obrera en Europa se apoya en una sucesión muy conocida de experiencias: los soviets de la Revolución Rusa (1905 y 1917); los consejos fabriles en Italia (1919) y Alemania (1918); la Barcelona autogestionada de 1936 o mayo de 1968 en Francia. Según Zibechi, “En América Latina estamos ante otra genealogía”. Ésta incluye no sólo la autonomía zapatista, el alzamiento aymara del año 2000 en Bolivia, la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca o los asentamientos de los “sin tierra” en Brasil; sino al líder indígena Tupac Amaru, que encabezó en 1780 las revueltas en el Virreinato de La Plata y el Perú, durante el Imperio Hispano. Derrotado, la cabeza de Tupac Amaru terminó exhibiéndose en la punta de una lanza. El caudillo inca Tupac Katari, rey de los aymaras, no tuvo mejor fortuna, tras sitiar La Paz a finales del siglo XVIII con decenas de miles de seguidores.

Esta raigambre latinoamericana –que no es ilustrada ni racionalista, ni se concreta como en Occidente en los derechos humanos y de ciudadanía- podría continuar con Zapata y Pancho Villa, Haití (después de 1804), los esclavos deportados de África o los quilombos, palenques y cimarrones. “Todas estas luchas fueron aplastadas a sangre y fuego”, resume el investigador uruguayo. Expresiones actuales de esta tradición, explica el autor de “Política y miseria”, son las Juntas de Buen Gobierno zapatista, la autonomía mapuche o los Cabildos Nasa del Cauca. Una de sus características es que abordan la vida de modo integral, desde la agricultura hasta el modo de impartir justicia. Son las raíces que distinguen a la socialdemocracia, el marxismo y el anarquismo, derivados de la razón ilustrada europea; del Sumak Kawsay (Buen Vivir) y el Sumak Qamaña (Vivir Bien) de los quichuas en Ecuador y los aymaras y quechuas, en Bolivia.

Otra de las diferencias respecto a Europa es que en América Latina determinados grupos fueron relegados directamente a la zona del “no-Ser”: allí donde la vida no se tiene en consideración. El sociólogo peruano Aníbal Quijano ha señalado la construcción de los estados nacionales en América Latina a partir de la noción de raza y la idea de colonialidad del poder. Otro distingo respecto a la vieja metrópoli radica en que en Latinoamérica la masacre es el modo de proceder habitual. “Sólo el color de piel explica el diferente trato que tuvieron Tupac Amaru y Tupac Katari, así como todos los indios, negros y mestizos”. Zibechi extiende al presente la idea de masacre: la asociación Madres de Mayo hizo cuenta de 25 escabechinas en Brasil entre 1990 y 2012, cuyas víctimas principales fueron negros/jóvenes/pobres de las favelas. Podrían incluirse una miríada de ejemplos en diferentes países y periodos; uno de los que cita Zibechi es la matanza en 1907 de 3.600 mineros en huelga en Santa María de Iquique (Chile). “Es el modo de advertir a los de abajo que no deben moverse del lugar asignado”, remata el escritor uruguayo.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=230102

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El individuo alienado y la sociedad del control

Por: Enric Llopis

Los estudiosos de la obra del artista José Iranzo Almonacid (1931-2006), conocido como “Anzo”, subrayan 1967 como un año decisivo. El pintor valenciano hoy no figura en los grandes carteles, pero hace medio siglo participó en la prestigiosa Bienal de Sao Paulo; Y más aún, inició la serie “Aislamientos”, un conjunto de obras y grabados que recupera el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en una exposición que se prolonga hasta el cinco de noviembre. Esta fase de su obra durará algo más de dos décadas, hasta 1985. ¿En qué consiste el giro conceptual que inició entonces? Anzo comienza a pintar lienzos metafísicos, con calles desérticas y espacios urbanos de fantasmagoría. Representa así el pesimismo, la alienación moderna de un individuo incomunicado frente al régimen de dominación. Un óleo sobre lienzo, el “aislamiento” número diez, pone de manifiesto esta idea. Aparece un individuo que, aunque alejado, divisa una acera con las tapaderas de los sumideros abiertas. En otro óleo de 1967 (“aislamiento” número cuatro) se aprecia a un personaje que, desbordado por el tamaño de la gran vía urbana, camina solo por los adoquines. La crítica aplaudió la originalidad de esta forma de existencialismo pictórico.

La muestra del IVAM en colaboración con la Fundación Anzo consta de 80 pinturas, serigrafías, documentos de archivo, libros y películas documentales. Pero el recorrido de Anzo no se inicia con los “aislamientos”. Superada la etapa de formación, José Iranzo Almonacid es uno de los fundadores del grupo Estampa Popular en Valencia, integrado por artistas plásticos de ideología antifranquista; entre otros, Andreu Alfaro, Rafael Solbes, Manolo Valdés y Joan Antoni Toledo. Anzo abandonó pronto el grupo, aunque la crítica considera que éste le dejó una intensa huella. Muchos de los artistas también formaron parte de los célebres Equipo Crónica y Equipo Realidad. Utilizaron la sátira política en la crítica al franquismo, lo que incluía señalar las contradicciones en la naciente sociedad de consumo española. A esta época corresponden obras como “Vida amb nina” (1965), donde enfrenta el busto de una muñeca de juguete a una nevera llena de refrescos; “Senyoret, compre’m este rameiet” (1965), “També a ells els agrada tricotar” (1965), “El bes” (1966) o “El sant” (1966). En casi todos los casos, se trata de un óleo y esmalte sobre lienzo y tabla.

La fase que comienza un año después -los “aislamientos”- se caracteriza por el uso de nuevos materiales, poco habituales en la época: fotolitos, aceros pulidos, plásticos, rodamientos y hasta representaciones de circuitos de computadora. Con estos ingredientes, el artista valenciano se adentra en un debate recurrente en los años 60 y 70 del siglo XX: la expansión de los espacios alienantes, claustrofóbicos y distópicos. Según los paneles de la exposición del IVAM, “la soledad humana en un mundo tecnificado y masificado”. La idea cristaliza en el “aislamiento” 12, uno de los mejores ejemplos para entender la crítica que plantea el artista. En la pintura aparece un caminante, anónimo y solitario, que transita por una avenida. Él es pequeño, sobre todo si se compara con las tres moles de acero y cristal, las torres Trade de Barcelona: cuatro edificios de oficinas construidos entre 1966 y 1968, a la manera de los enormes rascacielos de Chicago y Nueva York. “Este icono de la arquitectura franquista opera como un gran espacio de deshumanización”, señala el comisario de la exposición, Joan Ramon Escrivà.

La muestra recoge junto a la mencionada pintura una reflexión del filósofo de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse: “Una ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática, señal del progreso técnico, prevalece en la sociedad industrial avanzada. ¿Qué podría ser, en realidad, más racional que la supresión de la personalidad en el proceso de mecanización?” Del mismo modo, un ejemplar de la revista “Novática”, de 1974, incluye el siguiente anuncio: “Es imposible en un anuncio exponer las ventajas de los multiprocesadores NCR”. Se intenta persuadir al lector de que si se pone en contacto con esta empresa, podrá beneficiarse hoy de la tecnología del futuro. Varios titulares de la revista “Triunfo”, de 1965, ahondan en el problema. “La civilización de los ordenadores”, afirma uno de los textos expuestos en las vitrinas. Califica a las computadoras como “indispensables”, pero además de una esperanza constituyen una amenaza.

En plena época de incertidumbre, la citada publicación de izquierdas recogía un informe del escritor y periodista Jean Francis Held, de titular elocuente: “Una amenaza del futuro. El fin de la vida privada”. Sostiene que ante los “viejos” sistemas de investigación, el ser humano tenía posibilidad de defenderse, pero no ocurre lo mismo con el megacomputador; “Objetivo, glacial y sin fallos de memoria”, el individuo sometido a esta máquina perderá el control sobre su vida. En los “aislamientos” de finales de los años 60 e inicios de los 70, elaborados con técnicas mixtas (por ejemplo, acero con chorro de arena y esmalte acrílico), José Iranzo Almonacid expresa todas estas inquietudes. Lo hace en las obras artísticas (más depuradas en los años 70), pero también en los textos: “Padece aislamiento el encargado de las computadoras, el que no encuentra quién escuche sus problemas, el que se siente un ser anónimo al cruzar la calle entre una inmensa masa que camina ingobernable”. Además el artista aborda el significado de la oficina, que considera otro “lugar de alienación y control del ser humano”, explica el comisario de la exposición. Y las metáforas del círculo y el laberinto, donde se halla recluido el individuo en el actual sistema de producción y consumo. Esta realidad se plasma en composiciones grises, planas y frías.

El pintor participa en numerosísimas exposiciones y muestras durante estos años. La muestra del IVAM se detiene en una de las primeras, la Bienal de Venecia de 1968, a la que Anzo fue invitado. Durante más de cien días, los alumnos de la Escuela de Bellas Artes ocuparon las calles y las aulas. El artista presentó en la Bienal una decena de obras sobre su gran preocupación: la soledad individual ante el avance del progreso tecnológico. Refuerzan este punto de vista algunos libros recogidos en la exposición: “Vigilar y castigar”, de Foucault; “Ideología, praxis y mito de la tecnocracia”, de Juan Vallet de Goytisolo; y un texto de Siegfried Kracauer, “Los empleados”. El cine también aporta argumentos similares. Un fragmento de la película “Playtime” (1967), del realizador Jacques Tati, narra la peripecia del señor Hulot por un edificio de oficinas, donde los empleados –estandarizados y debidamente uniformados- desarrollan mecánicamente sus rutinas. El filme “Mechanical Principies”, de Ralph Steiner encuentra un hueco en la muestra, al igual que el vídeo de una rata aprisionada en un engranaje circular que rueda sin pausa. “Es el aislamiento de los integrados; es la soledad de los engranajes de las piezas que funcionan al unísono con las restantes del mecanismo”, subraya José Iranzo Almonacid. Así, individuos eficientes controlan al prójimo mientras son objeto de control. “Archivan, registran, clasifican e incluso a veces deciden algo”.

La cuestión tenía vigencia en la época. De ahí la floración de novelas que seguían el precedente de los clásicos: “1984”, de Orwell; “Un mundo feliz”, de Huxley; “Farenheit 451”, de Ray Bradbury; o “Nosotros”, de Yevgeni Zamiatin, entre otros. La exposición del IVAM incluye los ecos que esta literatura encontró en el estado español, desde la mitad de los años 60, en novelistas como Miguel Espinosa (“Escuela de mandarines”), Juan José Plans (“Paraíso final”), Antonio Burgos (“El contrabandista de pájaros”), Miguel Delibes (“Parábola del náufrago”), Enrique Jarnés, Jorge Ferrer-Vidal (“Los papeles de Ludwig Jäger) o Manuel García-Viñó. El cine español de los años 60 y 70 también se hace eco de la angustia por una sociedad deshumanizada. Dos de los ejemplos fueron “El asfalto” (1966), de Narciso Ibáñez Serrador; y “La cabina” (1972), de Antonio Mercero. En esta película José Luis López Vázquez queda enclaustrado en una cabina telefónica de la vía pública, que opera como metáfora. A partir de 1985, y hasta 1993, Anza desarrolló una nueva fase de su obra, que los críticos han llamado de “Geometría Lírica”. Además trabajó las piezas escultóricas y el arte monumental en los espacios.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229481&titular=el-individuo-alienado-y-la-sociedad-del-control-

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Las grandes cadenas de distribución, un poder global.

Por: Enric Llopis
La crítica se ha centrado habitualmente en la producción y el consumo, pero las cadenas de distribución constituyen grandes centros de poder. Es más, los modelos de distribución y comercialización dominantes influyen de manera decisiva en la producción. Es la tesis central del libro “La dictadura de los supermercados”, publicado por la periodista Nazaret Castro en la colección A Fondo de Akal. Se considere el sector del textil (Inditex, Mango y H&M), las prendas deportivas (Decathlon), los juguetes (Toys’R’Us e Imaginarium), los muebles (Ikea), la electrónica (Media Markt), los cosméticos (Yves Rocher), la alimentación (Carrefour) y los libros, entre otros negocios (Amazon) hay una serie de tendencias que se repiten, como la reducción del comercio de proximidad y el cambio de la correlación de fuerzas entre pequeños productores y grandes empresas. En 2015 los gigantes de la distribución mundial eran las estadounidenses Wal-Mart y Costco; la francesa Carrefour; la alemana Schwarz (propietaria de Lidl); Tesco, de Gran Bretaña y The Kroger, de Estados Unidos. En cuanto a las españolas, Mercadona ocupaba la posición 42 en la ratio global; Inditex, el 44; El Corte Inglés, el 66 y Dia el 72.

Ofrece una idea del poder de estas empresas que la cadena de supermercados Wal-Mart facturara en 2013 el equivalente a más de un tercio del PIB español. El libro de la colección dirigida por el periodista Pascual Serrano responde en 215 páginas a la cuestión de fondo, planteada en el mismo subtítulo: “Cómo los grandes distribuidores deciden lo que consumimos”. El estudio del sector de la alimentación en España ofrece algunas pautas: los grandes distribuidores controlan el 46% del mercado, aunque estudios oficiales elevan la cifra al 72%. Sólo cinco empresas –Mercadona, Eroski, Carrefour, Auchan y Dia- controlan la distribución minorista. El reverso de la concentración en el negocio alimentario es la merma del pequeño comercio, que pasó de 95.000 tiendas en 1998 a 25.000 en el año 2004.

A escala global, la tendencia alcanza límites extremos. Sólo una decena de corporaciones producen y distribuyen más de dos mil productos vendidos por todo el planeta. Por ejemplo los de Coca Cola, que se consumen en una cantidad de más de 1.700 millones por día. Grupos como Nestlé tienen registradas 8.000 marcas diferentes, que circulan por el mundo en busca de consumidores. Entre los múltiples reproches efectuados a estas corporaciones figuran los de evasión fiscal. Nazaret Castro recuerda que Inditex ha sido señalada por utilizar filiales en Holanda, Suiza e Irlanda para tributar menos. La empresa negó estas acusaciones. Denuncians similares se han realizado sobre Ikea (desviación a Liechtenstein durante dos décadas del 3% de cada venta realizada).

Nazaret Castro es cofundadora del colectivo de periodismo de investigación independiente “Carro de Combate”, que denuncia los impactos sociales y ambientales del consumo cotidiano. Junto a la periodista Laura Villadiego ha publicado los ensayos “Amarga dulzura. Una historia de los orígenes del azúcar” (2013) y “Carro de Combate. Consumir es un acto político” (2014). En el libro editado por Akal, destaca la llegada al estado español de gigantes de la distribución como Cotsco, que inició la penetración por Sevilla (2014) y continuó en Getafe (2015). Con el previo pago de una cuota anual, el cliente de Cotsco puede adquirir en una superficie de 1.500 metros cuadrados todo tipo de productos: desde alimentos y electrodomésticos, hasta gasolina barata. En cuanto a las ventas online, Amazon cuenta con un servicio de mensajería (la aplicación Amazon Prime Now) que dsitribuye productos frescos a sus clientes; cuenta asimismo con un Market Place virtual, explica Nazaret Castro, que permite a los pequeños productores vender directamente sus artículos al consumidor, siempre que abonen a Amazon un 15% del precio de venta. El catálogo incluye productos del hogar, belleza y electrónica. La comodidad del consumidor es el argumento que justifica los nuevos métodos.

En “La dictadura de los supermercados” se explica de modo palmario el desequilibrio en la relación mercantil. “Los grandes distribuidores asfixian a sus proveedores con políticas abusivas, como las draconianas condiciones de pago (a veces a meses vista); o descuentos de hasta el 20% en las entregas”, explica la periodista. Uno de los grandes ejemplos apunta a los ganaderos y el sector lácteo. Además, en el estado español las grandes distribuidoras han optado por todo tipo de procedimientos: la apertura de locales de barrio, la guerra de precios para ganarse a los consumidores, la inclinación por los productos frescos y las llamadas “marcas blancas”, que en Mercadona han alcanzado más del 40% de los productos a la venta. Otra vía de expansión ha sido la de las franquicias, que en el caso de Dia han terminado, en diferentes ocasiones, con demandas en los tribunales contra la empresa. Prueba del empuje del franquiciado son las cafeterías (Starbucks), peluquerías (Llongueras), panaderías y clínicas dentales (Vitaldent).

Autora de la investigación “Cara y cruz de las multinacionales españolas en América Latina” (2014), Nazaret Castro cuenta con un máster en Economía Social y Solidaria por la Universidad Nacional General Sarmiento de Buenos Aires. En “La dictadura de los supermercados” no excluye referirse a casos concretos. Así, en el sector textil pone el foco en Inditex, a la que sitúa en pugna con dos grandes rivales: Gap (Estados Unidos) y H&M (Suecia). La periodista llama la atención sobre los 16.000 millones de euros que facturó Inditex en 2012, a través de sus tiendas en 12 países; y sobre el hecho de que el gran patrón, Amancio Ortega, sea uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. De los 29 euros que puede costar una camiseta distribuida por estas grandes cadenas, la cantidad destinada al salario de los obreros que la producen no supera el 5%. La explicación radica en los procedimientos de subcontratación y deslocalización, con mengua de derechos laborales hacia países del Sur. En ese contexto se produjo la muerte de 1.129 personas al derrumbarse en abril de 2013 el edificio Rana Plaza, en Bangla Desh.

El modo de operar no es muy diferente en el sector del mueble. “Ikea trabaja con 1.800 proveedores de más de 50 países; antes de producir un artículo, investiga qué proveedor realiza más barato cada paso de la cadena de producción, a fin de obtener la máxima ganancia”, explica la investigadora. De hecho, Ikea ha sido objeto de acusaciones por el uso de mano de obra infantil en Pakistán. Otro tanto ocurre en un negocio bien diferente, el del libro, donde emporios como Penguin Random House o Planeta se expansionan a costa de sellos pequeños y medianos, al tiempo que se cierran librerías de barrio.

El modelo global de grandes distribuidoras produce impactos muy negativos en el empleo. Por cada puesto de trabajo que genera la cadena Wal-Mart, se destruyen 1,4 en otros negocios. Y cuando esta multinacional se implantó en México, la ONG ProDesc denunció que transgredía de modo sistemático la legislación laboral; en Estados Unidos, Wal-Mart también ha recibido denuncias por supuestas amenazas a obreros que participaran en huelgas. Sin embargo, esta corporación se presenta como innovadora; por ejemplo, al introducir estrategias como los bonus para los trabajadores que cumplan las ratios de productividad. Nazaret Castro destripa a fondo el correlato de este modelo laboral en España: el submundo de explotación que esconde Mercadona y su principio de “Calidad Total”.

No es una cuestión menor el impacto ambiental generado por el sistema vigente. Fresas que desde California atraviesan 9.000 kilómetros antes de llegar a Inglaterra; o ternera australiana que termina en los mercados británicos tras recorrer 21.000 kilómetros. Por la baratura, el transporte marítimo en contenedores se ha convertido en piedra angular del comercio global. Pero precisamente por esta generalización, ha devenido una de las grandes fuentes emisoras de gases de efecto invernadero. Mientras, los residuos están ahogando los mares y todos los años se desperdician o arrojan a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos, según la FAO. Así, lo que Nazaret Castro denomina la “neoliberalización de la comida” también se resume en el poder de unas pocas –seis- corporaciones: Hendrix, Genus, Monsanto, Cargill, ADM y Bunge.

La periodista ha estudiado a fondo dos componentes de la dieta, el aceite de palma y el azúcar. En cuanto al primero, “el momento del consumo es el último eslabón de una cadena que comienza en regiones tropicales de África, América y sobre todo del sudeste asiático, donde la palma es desde hace años la principal causa de deforestación”. Además expulsa a las poblaciones campesinas de sus territorios y maneras de vida. Se trata, actualmente, del aceite vegetal más consumido en el mundo. La ingesta de azúcar, en muchas ocasiones “invisible” en el pan, los salados, el embutido o las salsas de tomate, deja asimismo profunda huella en los pueblos del Sur.

“Cocinar es un acto político”, defiende Nazaret Castro. Denuncia que el sistema actual convierte a los animales en mercancía. El poder de la industria cárnica puede condensarse en cinco grandes firmas: JBS, Tyson Foods, Cargill, BRF y Vion. El mismo grado de concentración se extiende a otros muchos sectores, por ejemplo a los cosméticos: Procter & Gamble, L’Oreal, Unilever, Estée Lauder y Avon. El último apartado del libro se dedica a las alternativas: grupos de consumo, mercados sociales, agroecología autogestionada y asamblearia… “Cada acto de consumo es un gesto de dimensión planetaria”, afirma el filósofo brasileño de la Economía Solidaria, Euclides André Mance.

*Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228931&titular=las-grandes-cadenas-de-distribuci%F3n-un-poder-global-

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ACNUR alerta del aumento de menores refugiados que se desplazan solos a Europa

La Agencia de Naciones Unidas informa de focos de conflicto en la República Centroafricana y la frontera entre Camerún y Nigeria. 

Por: Enric Llopis

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido del incremento del número de menores migrantes y refugiados que viajan solos a Europa, procedentes sobre todo de Eritrea, Gambia y Nigeria. Los menores no acompañados o separados de sus familias representan actualmente el 14% de todas las llegadas a Europa por las rutas del Mediterráneo central, según un estudio reciente de la agencia de la ONU. La investigación prevé que se mantengan los desplazamientos desde el norte de África al sur de Europa a través de diferentes itinerarios, de los cuales la ruta de Libia es el más frecuentado y “el más mortífero”, alerta ACNUR.

El estudio difundido el tres de julio profundiza en la situación de las personas llegadas a Libia, cuyo origen ha experimentado un viraje en los últimos años. Mientras disminuye la población que proviene del África Oriental, aumentan quienes parten del oeste del continente, en muchas ocasiones explotados por traficantes y bandas de criminales. ACNUR señala el carácter heterogéneo de los grupos humanos que arriban a las costas libias; entre otros, refugiados, migrantes económicos, solicitantes de asilo, desplazados ambientales y menores no acompañados. Muchas de las mujeres, sobre todo las que proceden del África occidental y central, son víctimas de trata.

Los hombres jóvenes, con una media de edad de 22 años,  conforman la mayoría de refugiados y migrantes en Libia (ACNUR señala porcentajes del 80%); en su mayor parte han llegado solos a este país y cuentan con un escaso grado de formación (sólo el 16% dispone de estudios superiores o ha recibido formación profesional, y casi la mitad no ha podido acceder a educación reglada). El informe constata la frustración de expectativas que se produce en territorio libio, pues los desplazados llegan con la esperanza de encontrar trabajo pero finalmente huyen rumbo a Europa. Las razones apuntadas por ACNUR son “escapar de una inseguridad potencialmente mortal” en Libia, las dificultades económicas y, por otro lado, “la explotación y los abusos generalizados en el país”.  La investigación incluye entrevistas con refugiados y migrantes realizadas durante 2016 en Libia, Argelia, Chad, Níger y Túnez.

La alarma sobre la situación en Libia se agrega a la fotografía realizada dos días antes por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi: “Lo que está pasando en Italia, delante de nuestros ojos, es una tragedia; desde el pasado fin de semana han llegado 12.600 inmigrantes y refugiados a sus costas”. También recordó que más de 2.000 personas han muerto en el Mar Mediterráneo desde el inicio de 2017. “Sin una acción colectiva rápida, lo único que podemos esperar son más tragedias en el mar”.

Hace tiempo que uno de los focos de atención de las organizaciones humanitarias se halla en la península itálica. Según ACNUR, más de 83.000 personas alcanzaron Italia por vía marítima desde comienzos del año (la cifra era un 20% inferior por las mismas fechas en 2016). Además, las cerca de 200.000 plazas de acogida habilitadas en este país para migrantes y refugiados “están prácticamente completas”. ACNUR también advierte de la llegada a Italia de menores no acompañados y separados de sus familias, que a finales de 2016 sumaban 25.846 (el 91% del total de los menores), lo que implica un aumento del 109% respecto a 2015. La mayoría provenía de Eritrea, Egipto, Gambia y Nigeria, con edades que oscilaban entre 15 y 15 años, aunque también arribaron niños y niñas. La agencia de la ONU referencia situaciones de violencia sexual y de género, secuestros, extorsión y abusos durante la travesía y en los países de procedencia, sobre todo por la acción de bandas criminales.

Pero la cuestión trasciende las migraciones en el norte de África, la península italiana y el viejo continente. En 2016 se batieron todos los registros anteriores respecto a desplazamientos forzados en todo el mundo: 68,5 millones, en el primer semestre del año. El 86% de los desplazados fueron acogidos por países del Sur global. Después de seis años de conflicto, Siria se ha convertido en el país con mayor número de refugiados del planeta, cinco millones. Sin embargo, el pasado 30 de junio ACNUR informó de que se constata una tendencia a los retornos de población en el país. Así, se estima que más de 440.000 desplazados internos han vuelto a sus hogares en Siria, entre enero y junio de 2017. También se calcula que desde 2015 unos 260.000 refugiados han regresado a Siria, principalmente al norte, procedentes muchos de ellos de Turquía. Regresan en buena parte a ciudades como Alepo, Hama, Homs y Damasco, en busca de sus familiares, comprobar el estado de sus propiedades o por la percepción de una mejora en la situación del país.

Otra zona “caliente” de la crisis global es la República Centroafricana, donde a finales de junio Naciones Unidas informó de un aumento de la violencia en diferentes áreas del país. Por ejemplo en la ciudad de Bria, donde una espiral de asesinatos, ataques, robos y secuestros habría terminado con un mínimo de 136 muertos y 36 heridos, además de 600 casas quemadas y otras 180 saqueadas. Según diversas fuentes, un número significativo de personas habría huido hacia los bosques. En la ciudad de Zemio, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, se produjeron enfrentamientos con armamento pesado. Además de la quema de viviendas, más de un millar de personas tuvieron que abandonar sus hogares y buscar refugio en la iglesia católica de la ciudad o en el recinto de ACNUR. Particularmente afectados resultaron los refugiados congoleños, cerca de 3.000, que viven en el campamento de Zemio, al ser invadida la zona por individuos armados. Muchas de las personas refugiadas tuvieron que escapar a la República Democrática del Congo.

Además de civiles, también son víctimas de los ataques los trabajadores humanitarios. En Kaga Bandaro, al norte del país, varios sujetos armados trataron de entrar en el edificio donde reside el personal de ACNUR, con el fin de saquearlo. El balance del conflicto en la República Centroafricana arroja cifras estremecedoras: más de medio millón de personas desplazadas en el interior del país, de las que cerca de 100.000 corresponden a 2017. Además, las personas registradas como refugiadas en los países vecinos –Camerún, República Democrática del Congo, Chad y la República del Congo- se acercan a las 485.000. Naciones Unidas informó el 30 de junio que en las últimas semanas 21.500 refugiados atravesaron la frontera de la República Centroafricana rumbo a la República Democrática del Congo.

Otra situación particularmente grave es la de los refugiados forzados a desplazarse desde Camerún al noreste de Nigeria, que ACNUR ya denunció a principios de 2017. La violencia del grupo terrorista Boko Haram es uno de los factores desencadenantes del conflicto. “Los retornos a Nigeria imponen una presión extra sobre los pocos servicios existentes y no son sostenibles en este momento”, afirmó Filippo Grandi el 29 de junio. Unos días antes cerca de 900 refugiados nigerianos, en su mayoría niños, fueron repatriados por el ejército de este país y la policía camerunesa desde el punto fronterizo de Kolofata. Naciones Unidas informó de que fueron trasladados a la fuerza a la localidad fronteriza de Banki (Nigeria), “en condiciones desesperadas”. Además, “decenas de refugiados escaparon ante el temor a ser retornados”. En Banki residen cerca de 45.000 desplazados internos. Muchos de los refugiados viven en condiciones de hacinamiento, sin albergue, agua potable y servicios de saneamiento.

Uno de los últimos episodios difundidos por el organismo de la ONU es el de los refugiados que retornaban del campamento de Minawao, “a condiciones poco preparadas para recibirles”.  El campamento  camerunés acoge a 58.000 refugiados, mientras otros 33.000 viven en las aldeas cercanas. Naciones Unidas ha realizado un llamamiento a Camerún y Nigeria para que se terminen los retornos forzados, y se garantice la protección internacional de quienes huyen de las persecuciones en el noreste de Nigeria.

Imagen ACNUR, autor Giuseppe Carotenuto

*Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/04/europa-acnur-alerta-del-aumento-de-menores-refugiados-que-se-desplazan-solos-a-europa/

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La Soberanía Reproductiva, una “alternativa” al capitalismo en crisis

14 autores publican una propuesta de “transformación social” que cubra las necesidades vitales

Por: Enric Llopis

Tras ocho meses de empantanamiento, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona alcanzaron el 15 de junio, en Luxemburgo, un acuerdo para el desembolso a Grecia de 8.500 millones de euros, dentro del sistema de “ayudas” para el rescate del país. Uno de los economistas que clamó desde primera hora contra las propuestas de la Troika y denunció el fracaso del Euro fue Costas Lapavitsas, profesor de la Universidad de Londres SOAS (School of Oriental and African Studies) y autor de libros como “Crisis en la Eurozona” y “Contra la Troika”. En marzo de 2017 Lapavitsas lamentaba que la izquierda, “que históricamente ha sido una voz crítica con la UE, parezca perdida en las palabras”. Constataba además que buena parte del movimiento progresista se halla comprometido con el “europeísmo” y la defensa de la UE, aunque sea para reivindicar una “Europa social”. “Se trata de una elección políticamente desastrosa”, concluía el economista heleno.

La reflexión de Lapavitsas (“Por una perspectiva radical en Europa”) introduce el libro colectivo de 200 páginas “Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme”, publicado recientemente por Espai Fàbrica. El libro se presenta como una propuesta de discusión para la transformación social, en el contexto del capitalismo del siglo XXI. A los 14 autores les une la participación en el Seminari d’Economia Crítica Taifa, la militancia en la izquierda independentista o en diferentes movimientos sociales. Se trata de Isabel Benítez, Josep Manel Busqueta, Iván Gordillo, Clara Griera, Elena Idoate, Pau Llonch, Carles Muntaner, Helena Ojeda, Jordi Oliveras, Roc Padró, Alfons Pérez, Oleguer Presas, Xavi Urbano e Isabel Vallet.

“La socialdemocracia ha muerto, fagocitada por la lógica implacable del neoliberalismo”, defienden los autores entre las ideas centrales del texto. Se basan en que el capitalismo, en su estadio actual, no admite ningún tipo de redistribución; y para ello, ponen la vista en la experiencia de Syriza, de la que han de aprender los pueblos de la periferia europea. “Hay que superar la etapa reformista respecto a la UE”, concluyen. Otro eje del libro es la apuesta por la Soberanía Reproductiva, con el fin de cubrir las necesidades humanas básicas. Actualmente, los procesos de reproducción de la vida se hallan relegados al ámbito doméstico, y los desempeñan básicamente las mujeres. La Encuesta de Empleo del Tiempo publicada por el INE en 2010 señala que las mujeres dedican diariamente dos horas y cuarto más que los hombres a las tareas del hogar. El estudio añade que el 92,2% de las mujeres realizan labores domésticas y se ocupan de los niños, ancianos y personas dependientes, frente al 74,4% de los hombres. El texto define la Soberanía Reproductiva como un “proceso de transformación social”, en el que se despliegan las diferentes soberanías (energética, alimentaria, cultural, residencial y sanitaria) y las relaciona entre sí.

La primera parte del libro realiza un diagnóstico de la situación actual. Se impugna el capitalismo neoliberal por múltiples razones. Por ejemplo, entre los años 80 del siglo pasado y los primeros años 2000 el crecimiento de la economía global se situó en torno al 3%, “una ratio que está poniendo en peligro el ecosistema mundial” y que, sin embargo, no resulta suficiente para las élites. La obra publicada en 2017 por Espai Fàbrica también señala las paradojas del sistema. Una entre tantas, en 2007, cuando comenzó una oleada de intervención de los poderes públicos para reflotar a la banca y paliar la contracción del crédito. “Una intervención del Estado de la mano de quienes lo habían demonizado”, apuntan los autores. En agosto de 2017 el BCE acudió en socorro de los bancos europeos con créditos por valor de 95.000 millones de euros, y la Reserva Federal estadounidense actuó de modo similar, con una inyección de 38.000 millones de dólares en el sistema. La autoridad monetaria no había actuado de manera tan significativa desde el atentado contra las “torres gemelas”, en 2001.

Tal vez la propuesta de “soberanías” que plantea el libro se justifique por el impacto de la crisis y la llamada “recuperación”. En septiembre de 2016, el 56,4% de las personas desempleadas en Cataluña llevaban más de un año sin trabajo; además, el 24,3% no percibían subsidio ni prestación alguna. El índice de Gini (medidor de las desigualdades) pasó en el estado español del 31,9 en 2007 al 34,6, mientras que en la UE-27 se mantuvo prácticamente estable, resalta el libro “Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme”. El índice S80/20 aplicado a Cataluña constata la misma tendencia a los desequilibrios sociales. En 2015, el 20% de la población catalana con rentas más altas, sextuplicaba los ingresos del 20% con menores recursos.

¿Y en cuanto al porvenir? La obra colectiva se hace eco de un artículo, titulado “La turbulencia global que viene”, publicado por el economista británico Michael Roberts en la revista Sin Permiso (octubre de 2016). Roberts señala que, desde 2012, según el Banco Mundial, el crecimiento del volumen del comercio mundial fue menos de la mitad que en las tres décadas anteriores. UNCTAD (organización de Naciones Unidas que sigue la economía de los países del Sur) sostenía en 2016 que el mundo “está a punto de entrar en una tercera fase de la crisis financiera”. Agrega que muchos países del Sur han visto aumentar los desequilibrios respecto a las economías más ricas, si se compara con los años 80 del siglo XX. Y ello, destaca UNCTAD, pese a la apertura de los países llamados en vías de desarrollo a los capitales transnacionales. Por otro lado, un informe de la consultora estratégica global McKinsey destaca que, tras la caída del PIB mundial provocado por la crisis de 2008, “la resaca se ha mantenido y muchos países luchan con recuperaciones inesperadamente débiles”.

Ante tales perspectivas, los 14 autores proponen un avance hacia modos de propiedad comunal, cooperativa, municipal y estatal; que no sean explotadoras, patriarcales ni depredadoras de la naturaleza; fórmulas redistributivas fundamentadas en el derecho a una vida plena; y la toma de decisiones democráticas, no jerárquicas ni despóticas, que pueden resumirse en el “mandar obedeciendo”, del movimiento zapatista. El texto defiende una sociedad solidaria, en la que tal como subraya el economista estadounidense Michael Lebowitz, autor de “Más allá del capital” y “La alternativa socialista. El verdadero desarrollo humano”, la producción priorice no las necesidades propias sino las del prójimo. Este autor marxista, uno de los referentes del libro, considera la producción cooperativa “una gran victoria”; y apuesta por un nuevo sentido común en el que la condición para el desarrollo libre de cada persona, sea el libre desarrollo de la comunidad. El razonamiento se completa con el viejo ideal proclamado por Marx en el Programa de Gotha (1875): cada persona recibe según su necesidad y aporta según sus posibilidades.

El libro ve la luz en un contexto muy concreto: la sociedad catalana, “inmersa en la reclamación de la independencia política como propuesta de mejora de las condiciones de vida de la población”. Donde la comarca de El Barcelonés concentra más de un tercio del PIB catalán, y si se agregan las comarcas de El Baix Llobregat y el Vallés (oriental y occidental), el porcentaje del PIB se eleva al 60%. Donde la capital Barcelona ha pasado de proyectarse como “la millor botiga del món” a convertirse en una “marca” global. Y donde el macroproyecto Barcelona World, basado en casinos y el turismo de negocios, se transmuta en el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou, junto a Port Aventura World y con una inversión anunciada de más de 2.000 millones de euros. Ante ese estado de cosas, el libro plantea la recuperación de la soberanía energética (en Cataluña Iberdrola y Endesa concentran el 76% de la potencia instalada para la generación de electricidad), incluida una auditoría ciudadana del actual sistema. La idea capital apunta a una transición desde las energías “sucias” a las renovables, “proceso que ya está en marcha”, sostienen los autores. La cooperativa Som Energia, comercializadora con fuerte participación de los socios, constituye uno de los ejemplos de consumo eficiente.

La reflexión publicada por Espai Fàbrica desciende a la propuesta concreta. El capítulo sobre la soberanía alimentaria recuerda que en el ámbito de Països Catalans existen cerca de 210.000 hectáreas de superficie agraria útil (10% del total) en manos de las administraciones públicas, lo que ofrece diferentes posibilidades. Por ejemplo, liberar tierras para el uso de los labradores agroecológicos y la población con menos recursos. En el caso de las fincas agrarias en desuso durante un largo periodo, el texto plantea la opción de que los municipios impongan gravámenes. Numerosas iniciativas trabajan día a día en la recuperación de la soberanía, como la Xarxa de Graners, que lleva más de una década en el empeño de crear una red local y autogestionada de graneros, y para el intercambio de información y semillas; o la Associació de Menjadors Ecològics, que funciona en Cataluña desde 2013.

En cuanto a la soberanía residencial, se plantean iniciativas como la expropiación de solares o viviendas vacías para fomentar su ocupación; y, con el fin de que el derecho a la vivienda deje de estar en manos de bancos privados, se apuesta por crear una banca pública complementada con cooperativas solidarias, uno de cuyos ejemplos es Coop57. El libro se apoya en los datos de la Taula del Tercer Sector: en Cataluña existen 450.000 viviendas vacías (100.000 en manos de las entidades financieras). En el ámbito de la soberanía cultural se pone como ejemplo la sustitución de patrocinios empresariales (BBVA, Damm, Airbnb y otros) por la gestión comunitaria. La formación en los espacios no académicos y la relación “vertical” entre educadores y alumnos ya se planteó en los proyectos de animación sociocultural en Barcelona, en el final de los años 70 y el inicio de los 80; y en los centros sociales y difusión de la cultura crítica.

*Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228101

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Más de 5.000 inmigrantes fueron expulsados del estado español en 2016

Por: Enric Llopis

La legislación española prohíbe la estancia de menores en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Pero a Mohamed, menor de edad, no le realizaron las pruebas para comprobarlo. Tras un periplo de 20 horas en patera, arribó a las costas españolas en busca de algo tan elemental como escapar de la miseria. Primero pasó una noche en los calabozos, y después 32 días en un CIE. Mohamed confiesa que pasó mucho miedo. Salió a la calle acogido por una ONG. Su caso es uno de los recogidos en Informe CIE-2016, publicado el presente mes de junio por el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E). Circunstancias distintas atravesó Omar, quien llegó hasta en tres ocasiones al estado español. La primera terminó expulsado, tras una estancia de cuatro meses; la segunda, fue directamente “devuelto”; y la tercera vez, acabó en un CIE, después de ser interceptada la patera en la que viajaba. El deseo de Omar es ir a Marsella, donde vive su madre, quien le abandonó cuando tenía cinco años.

El Servicio Jesuita a Migrantes, red que trabaja por los derechos de las personas migrantes y su acceso pleno a la ciudadanía, califica los CIE de institución “inútil” e “injusta”. Además, forman parte del entramado “que somete a millones de seres humanos a la condición de piezas desechables”. El informe se apoya en la experiencia sobre el terreno, pues los equipos del SJM-E han realizado durante 2016 un total de 1.741 visitas a 658 personas en cuatro CIE: Madrid, Barcelona, Valencia y Tarifa.

En 2016 fueron internadas en Centros de Internamiento de Extranjeros 7.597 personas; de esa cifra total, 5.695 ingresaron en el CIE después de llegar al litoral español en zodiac o patera. Elaborado con datos del Ministerio del Interior, el informe señala que 51 personas fueron trasladadas a un CIE desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, y otras 12 desde el CETI de Ceuta. En cuanto a la población reclusa en los diferentes centros, 3.101 inmigrantes permanecieron en el CIE de Algeciras (el 41% del total de los internos), incluida la extensión de Tarifa, que el SJM-E califica de “paralegal”. Una posible explicación apunta a la condición de CIE de “frontera”, donde llegan personas que han entrado de manera considerada “irregular” a Ceuta y Melilla, o por la zona marítima del Estrecho (provincias de Almería, Granada, Málaga y Cádiz).

El informe pone el acento asimismo en las 1.526 personas que pasaron por el CIE de Aluche (Madrid), lo que representa el 20% del total. El tercer centro con mayor estancia de inmigrantes fue el de Zapadores, en Valencia (829 personas, el 10,9% del total de internos). Por otra parte, de las 5.051 personas finalmente expulsadas en 2016 (según los datos del Ministerio del Interior), el 58,2% no estuvieron antes en un CIE. La mayor relación entre internamiento y repatriación se produjo en el CIE de Zapadores (59%) seguido por el de Sangonera Verde, en Murcia (58%) y el de Aluche (46%).

El documento del SJM-E recopila episodios ocurridos durante el último año en los centros de internamiento; como la huida el 17 de agosto de siete internos del CIE de Aluche (Madrid), al que siguió otro intento, impedido por la policía, una semana después. Los hechos llevaron a la permanencia de las Unidades de Intervención Policial (“antidisturbios”) en el recinto. Hechos similares ocurrieron en el centro de Murcia. A partir de octubre y durante seis meses, el CIE de Valencia estuvo cerrado debido a una plaga de chinches. El 23 de octubre cerca de 70 internos del CIE de Zona Franca (Barcelona) pidieron su puesta en libertad con una huelga de hambre de 24 horas.

El Servicio Jesuita a Migrantes informa que el promedio de detenciones en España por estancia considerada “irregular” alcanza, diariamente, casi el centenar. Por idéntico motivo 35.882 personas resultaron detenidas durante 2016. En la ratio por autonomías destaca Andalucía (9.089), a la que sigue Madrid (6.333), Ceuta (5.139), Cataluña (2.735), el País Valenciano (2.415) y el País Vasco (2.307). Las primeras posiciones de Andalucía y Ceuta posiblemente se expliquen por la detención de inmigrantes nada más llegar al estado español; en cuanto a Madrid, el SJM-E esgrime la razón de las entradas calificadas como “irregulares” a través del aeropuerto de Barajas. En cuanto a las detenciones policiales por provincias, resaltan Almería (2.634), Granada (2.083), Barcelona (2.074) y Málaga (1.854).

Llama la atención en el estudio las 5.051 expulsiones ejecutadas por el estado español en 2016, de las que 2.144 tuvieron como origen la estancia entendida como “irregular”, que el artículo 53.1 de la Ley Orgánica de Extranjería tipifica como infracción grave. Además, el SJM-E alerta de que se ha triplicado el número de menores identificados en los CIE (51 en 2016, frente a los 19 del año 2015). “Causan estupor estas cifras”, califica el documento. En el centro de Murcia se han señalado 17 casos, y otros 15 en el de Valencia. “La identificación de estos menores, todos procedentes de entradas ‘irregulares’, cuestiona los procedimientos de determinación de la edad utilizados en España”, apuntan los autores.

De las 770 solicitudes de protección internacional presentadas en los CIE, se admitieron 158 (el 20,5% del total). Pero se advierte un fenómeno nuevo y “muy preocupante”: el ingreso en los CIE de personas que solicitaron protección internacional. El Servicio Jesuita a Migrantes califica este hecho de “aberración”. Los casos han sido detectados principalmente en los centros de internamiento llamados “de frontera” (Algeciras y Tarifa, además de Tenerife y Las Palmas), y denunciados fundamentalmente por el Colegio de Abogados de Málaga.

En cuanto al origen de los internos, más de la mitad provienen del África Subsahariana; esta procedencia es muy mayoritaria en los CIE de Algeciras y Tarifa. El segundo grupo más numeroso es el magrebí, sobre todo el correspondiente a ciudadanos argelinos. Asimismo, los autores del informe manifiestan su “preocupación” al no percibirse un vínculo entre la procedencia de los internos en los CIE y el origen de la población migrante en España; “Y ni tan siquiera de los extranjeros en situación ‘irregular’”, matiza el documento, que señala como ejemplo “la desproporción de subsaharianos especialmente en Algeciras y Tarifa; ello apunta a un uso perverso del CIE como recurso de primera acogida en el territorio de personas que, luego, quedarán en un limbo jurídico durante años”.

De los datos se infiere una tendencia al aumento de la población reclusa en los CIE. Así, tras una evolución a la baja entre 2012 (11.135 internos) y 2014 (7.340), la cifra ha vuelto a incrementarse en 2015 (6.930 inmigrantes recluidos) y 2016 (7.597). Pero además de la estadística, hay otras conclusiones que se extraen de las visitas a los centros. Así, el informe subraya, pese a lo establecido teóricamente en la legislación, “el carácter penitenciario de los CIE”. Pese a que la mayor parte de la población interna es masculina (93%), el trabajo empírico pone de relieve la situación de algunas mujeres. Muchas de las visitadas por los equipos del SJM-E, 42 en Madrid y 10 en Valencia, afrontan cargas familiares en España o sus países de origen y aparecen “vinculadas a entornos de prostitución o trata no reconocida”.

El documento da cuenta de la situación vivida en el CIE de Aluche por una mujer brasileña, a quien la guardia civil reconoció como víctima de trata, por lo que solicitó autorización de residencia por razones excepcionales. Es más, su declaración contribuyó a la detención de una red dedicada a la prostitución, el tráfico de drogas y armas. “Por un error burocrático”, relata el informe, la mujer fue detenida e ingresada en el CIE madrileño, donde pasó 28 días. Finalmente logró la libertad gracias a los voluntarios del SJM-E y la colaboración del Defensor del Pueblo.

De las estadísticas oficiales se deduce, según los autores, que los CIE operan más como “siniestros centros de acogida, en los que se encierra a personas a las que luego se dejará en libertad en un limbo jurídico, que como espacios destinados a asegurar la eficacia de la expulsión”. Aunque de las visitas a los CIE del Servicio Jesuita a Migrantes se deduce que casuística es muy diversa. Por ejemplo, un 36% de las personas visitadas son recién llegados por mar al estado español. El 5% declaró su permanencia entre uno y cuatro años en España, mientras que el 5% llevaba entre cuatro y siete. Además, un 26% de las personas acompañadas mantenía la residencia en el estado español durante más de 15 años. El informe también lanza preguntas por los sistemas de contratación pública que giran en torno a los CIE: la publicidad en los procedimientos, el número de empresas que se presentan a las licitaciones o la relación entre el precio acordado y los servicios que se prestan. Prueba de la magnitud del negocio son los contratos por valor de 8,2 millones de euros para servicios de alimentación, de 11,8 millones de euros para vuelos de repatriación o de 730.000 euros para la asistencia sanitaria. A finales de 2016 e inicios de 2017 se emprendieron obras de reforma en diferentes CIE. ¿Con qué criterios? La preocupación básica del Ministerio del Interior es “aumentar la seguridad frente a los intentos de huida y la de los efectivos policiales”, remata el documento.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228151

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