“Las mujeres ricas pueden abortar en clínicas privadas, las pobres tenemos miedo”

“Las mujeres ricas pueden abortar en clínicas privadas, las pobres tenemos miedo”
Amnistía Internacional y la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador reivindican la liberación de las presas.
Enric Llopis
María Teresa Rivera, salvadoreña de 37 años y activista por los derechos sexuales y reproductivos, recibió asilo político en Suecia en marzo de 2017. En 2012 fue condenada en El Salvador a 40 años de prisión, tras sufrir un aborto espontáneo. Pasó cuatro años y medio en la cárcel; en mayo de 2016 un tribunal anuló la sentencia y ordenó su puesta en libertad. La Fiscalía presentó un recurso contra la sentencia. La activista reside hoy, asilada, en el país escandinavo “por la discriminación y persecución que se vive en El Salvador; las mujeres ricas tienen sus clínicas privadas y pueden abortar, pero otra cuestión son las mujeres pobres: muchas tienen miedo”, afirma en un acto organizado por Amnistía Internacional (AI) en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de Valéncia; “nos condenan por ser mujeres y pobres, también es muy importante la influencia de la religión y el machismo”, añade. AI presentó además, en la charla-coloquio, el informe Defensoras.

Cuando se produjo el aborto, en 2011, Teresa Rivera era madre soltera de un niño de cinco años y trabajaba en una fábrica de ropa. AI señaló “graves deficiencias en las pruebas presentadas” durante el juicio que la condenó, por unos cargos de homicidio agravado; también la organización de derechos humanos denunció –cuando Rivera estaba en prisión, en 2014- la “represiva y desfasada prohibición total del aborto que destroza la vida de mujeres y niñas en El Salvador; las empuja a abortos inseguros y clandestinos u obliga a peligrosos embarazos”.

En el acto celebrado en Valencia, la activista ha dado cuenta de un caso similar; el de Evelyn Hernández, condenada a 30 años de prisión en julio de 2017, tras un parto prematuro y extrahospitalario en el que perdió al bebé. Un Juez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque dictaminó el pasado 19 de agosto la absolución (ante una acusación de homicidio agravado) y puesta en libertad de la joven, después de tres años de proceso judicial. La Fiscalía General de la República de El Salvador ha apelado la sentencia, de manera que Evelyn Hernández, de 21 años, “podría volver a prisión”, informó Amnistía Internacional, que reivindica la inocencia en una campaña ante la Fiscalía.

Desde 1998 el aborto está penalizado en El Salvador en todas las circunstancias (Artículos 133 a 139 del vigente Código Penal; por ejemplo, condenas de dos a ocho años de prisión para la mujer que abortara o la persona “que provocare un aborto” con el consentimiento de la mujer); además, tras una reforma de 1999, el Artículo 1 de la Constitución “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Sin embargo, en el anterior código penal, de 1974, el aborto no era punible en causas como riesgo para la vida de la mujer embarazada, consecuencia de una violación o estupro; y evitar una deformación previsible grave “en el producto de la concepción”.

En resumen, El Salvador es uno de los seis países de América Latina y el Caribe -26 en todo el mundo- con el aborto prohibido en todos los casos (aunque esté en riesgo la vida de la mujer), además de Haití, República Dominicana, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Surinam (mapa de la ONG Center for Reproductive Rights, abril de 2019). El Instituto Guttmacher, ONG estadounidense del ámbito de la salud reproductiva, señala que entre 2010 y 2014 se produjeron –anualmente- cerca de 6,5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe (4,4 millones entre 1990 y 1994).

En el informe Aborto a nivel mundial 2017: Progreso irregular y acceso desigual, el instituto Guttmacher añade que menos del 3% de las mujeres de América Latina y el Caribe viven en países donde el aborto es legal “en sentido amplio” (sin restricciones por diferentes causas o permitido por razones socioeconómicas); “las mujeres que viven en condiciones de pobreza y en áreas rurales tienen mayor probabilidad de experimentar abortos inseguros y graves complicaciones derivadas”, resalta el documento; la ONG calcula que cada año se registran 14 millones de embarazos no planificados en la región, de los que el 46% terminan en aborto.

Surgida en 2009, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador batalla por un cambio legislativo y defiende a mujeres procesadas o presas. En 2015 publicó el informe Del hospital a la cárcel, que presenta –a partir de los datos de juzgados y tribunales- la siguiente radiografía: entre 2000 (tras los cambios en el Código Penal) y 2014, fueron procesadas 147 mujeres por aborto o por homicidio en El Salvador; y 60 de ellas, condenadas; según la investigación, el 67% de las procesadas tenían entre 15 y 25 años; el 45% eran analfabetas o habían cursado hasta el segundo ciclo de primaria; el 72% eran solteras, y más de la mitad carecían de ingresos (se trataba de mujeres dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas o estudiantes); en cuanto al origen de la denuncia, el 57% fueron interpuestas por hospitales públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

La Agrupación Ciudadana acompaño a Beatriz García, cuyo caso tuvo en 2013 amplio eco internacional; la joven de 22 años padecía un lupus eritematoso –enfermedad crónica-, agravado por problemas renales. Quedó encinta a finales de 2012. Ingresada en el hospital, los médicos diagnosticaron que el feto era anencefálico (ausencia de buena parte del cerebro y del cráneo), y sobreviviría poco tiempo fuera del útero. Los facultativos advirtieron que la salud de la joven corría riesgo grave y, si el embarazo no se interrumpía, Beatriz G. podría morir (si practicaban el aborto, los doctores tendrían que afrontar un juicio y penas de prisión). La Corte Suprema de Justicia denegó el recurso de amparo –por vulneración de los derechos fundamentales- interpuesto por la afectada. “Se aumentó innecesariamente el sufrimiento y los riesgos para la salud y la vida de Beatriz; sólo bajo el amparo de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud procedió a realizar una cesárea”, denunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Amnistía Internacional recogió 95.000 firmas “para salvar la vida de Beatriz”.

Una flor para las 17. No dejemos que sus vidas se marchiten . Así se denominó la campaña estatal e internacional, iniciada en abril de 2014, para reivindicar ante la Asamblea Legislativa el indulto de 17 mujeres reclusas (cumplían condenas de 12 a 40 años de prisión, denunciaron en un comunicado; “todas fueron inicialmente acusadas por aborto, y posteriormente la Fiscalía cambió la tipificación del delito, llegando a condenarlas por homicidio agravado”); difundieron casos como el de Guadalupe, indultada en enero de 2015; trabajadora doméstica de 18 años y embarazada tras una violación, fue condenada a 30 años tras sufrir un aborto espontáneo, de los que pasó siete en la cárcel.

Actualmente Las 17 y Más continúa la lucha por la libertad de las presas, la despenalización del aborto y reclama justicia para Evelyn Hernández. Las movilizaciones y la presión popular han rendido fruto; “desde 2009 hemos recibido y celebrado la libertad de 33 mujeres”, informó el pasado 7 de marzo la presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera (ese día quedaron en libertad Alba Lorena Rodríguez, María del Tránsito Orellana y Cinthia Marcela Rodríguez, al conmutarles la Corte Suprema de Justicia penas de 30 años de cárcel después de un parto extrahospitalario).

Y en octubre celebraron que llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Manuela, también condenada y presa debido a la criminalización del aborto: falleció en 2010 a causa de un linfoma de Hodgkin, del que no recibió tratamiento adecuado; Manuela dejó a dos hijos huérfanos. “Era una mujer pobre, que no sabía leer y escribir y había sufrido una emergencia obstétrica en la zona rural donde vivía”, detallaron la Agrupación y el Centro de Derechos Reproductivos, que llevaron el caso ante la CIDH. Además fue objeto de un juicio penal “cargado de irregularidades y estereotipos de género”, denunciaron.

Autor: Enric Llopis

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Enric Llopis

Periodista

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