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28 de septiembre: Día de Acción Global por un aborto legal y seguro.

Por: Otras Voces en Educación 

Hace 30 años, feministas de distintas partes de América Latina se reunieron para discutir y luchar por la legalización del aborto en la región.

Miles de mujeres feministas se juntaron en una pequeña ciudad costera argentina tres décadas atrás y lanzaron lo que sería más tarde el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre.

“Fue como una catarsis de argumentos. Hubo consenso. Había muchos liderazgos latinoamericanos, mujeres de muchas partes. Nos llenó de energía”, agrega Matamala sobre el encuentro en San Bernardo, 340 kilómetros al sur de la capital argentina.

Ella fue una de las mujeres de toda la región que asistieron al V Encuentro Feminista de América Latina y El Caribe (EFLAC) –y que hablaron con openDemocracy sobre su significado y su legado.

“NO ESTÁBAMOS DISPUESTAS A SEGUIR SACRIFICANDO LA VIDA DE LAS MUJERES”

Más de 3 mil mujeres asistieron al encuentro, que incluyó un taller sobre aborto con unas 200 feministas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y también de Estados Unidos, Canadá y Holanda.

“San Bernardo fue la oportunidad de empezar a analizar la situación de las mujeres como consecuencia de los abortos clandestinos, de pensar la maternidad involuntaria como otra forma de esclavitud”, dice la partera uruguaya Elvira Lutz, de 85 años.

El derecho al aborto es un derecho fundamental, inherente al derecho a disponer libremente del propio cuerpo. Es esencial para lograr la igualdad de género y debe ejercerse en condiciones de seguridad, respeto y dignidad. El menosprecio de este derecho obliga a algunas mujeres a recurrir a los llamados abortos «clandestinos» realizados en condiciones sanitarias peligrosas. En algunas partes del mundo, se estima que estos abortos causan más del 10% de las muertes de gestantes.

En este día las mujeres de muchos países luchan por la Despenalización del Aborto y por su Legalización, así como por el derecho a elegir esta opción frente a los embarazos no deseados, bajo condiciones higiénicas, seguras y de manera gratuita, en los servicios de salud pública. El 28 de septiembre de cada año son convocadas actividades diversas y marchas por grupos de mujeres y por los movimientos feministas para levantar estas exigencias frente a los gobiernos y al conjunto de la sociedad, siendo uno de los objetivos de la legalización la reducción de las muertes por abortos clandestinos e inseguros. La iniciativa de realizar esta jornada mundial cada año surgió en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y la convocatoria se extendió a nivel internacional. En Venezuela los grupos feministas también asumen y agitan esta exigencia. Según datos recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el ocho por ciento de las muertes de mujeres en el mundo se deben a los abortos practicados en condiciones inseguras e insanas.

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México: Esto es para todas las niñas que crecieron pensando que el aborto significaba muerte o cárcel

La Sra. Ayala es abogada especializada en derecho constitucional y teoría jurídica feminista. Es la coordinadora de litigios de GIRE, una organización feminista dedicada al derecho al aborto y la libertad reproductiva con sede en la Ciudad de México.

Al crecer en la década de 1990 en un hogar católico en las afueras de la Ciudad de México, aprendí de niña que el aborto estaba fuera de discusión. Cuando llegué a mi adolescencia, la única representación que había visto del aborto en la cultura pop fue en la película «El crimen del Padre Amaro». En la película, el sacerdote deja embarazada a una joven y luego la lleva a una clínica ilegal y antihigiénica. El aborto sale mal; ella muere. El mensaje aterrizó: estaba seguro de que abortar me llevaría a la muerte.

Este mes México recibió un nuevo mensaje. El 7 de septiembre, los magistrados de la Corte Suprema de México dictaminaron por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto. Luego , el tribunal declaró , de manera inequívoca, que nuestra Constitución garantiza el derecho a elegir. Ninguna mujer mexicana o persona con capacidad para quedar embarazada debe ser procesada por ejercer sus derechos.

Incluso mientras las feministas de todo el país celebran esta decisión, también debemos reconocer dónde se merece el crédito. Durante más de 29 años, las feministas se han organizado en grupos sin fines de lucro como GIRE (donde trabajo), Fondo María y Balance. Las mujeres han salido a las calles una y otra vez en toda América Latina exigiendo que nuestros gobiernos garanticen nuestros derechos.

Los movimientos de base han transformado la narrativa y han hecho que cada vez más mexicanos vean que necesitamos educación sexual para descubrir nuestros cuerpos, anticonceptivos para disfrutar de nuestra sexualidad y aborto legal para ser dueños de nuestras propias decisiones. (El lema en español es “Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal para decidir”). El movimiento feminista ha insistido durante años en que el aborto involucra y afecta a todas las mujeres, sin importar su estatus social.

Cuando dejé mi estado natal, Puebla, en 2010 para asistir a la facultad de derecho en la Ciudad de México, supe que los abortos en el primer trimestre se legalizaron en la capital de nuestro país en 2007. De mis profesoras de derecho feministas, mis compañeras y yo aprendimos , a menudo por primera vez, sobre el derecho a elegir, un derecho que otorga nuestra Constitución.

Después de que la Ciudad de México abrió la puerta a la legalización, los estados siguieron lentamente. Primero llegó Oaxaca en 2019, y este año Hidalgo y Veracruz se unieron a lo que las feministas llaman Marea Verde o Marea Verde. Pero México es una federación, formada por estados. Eso significa que sus derechos dependen de dónde se encuentre, un sistema legal muy similar al de los Estados Unidos.

Este mes la Corte Suprema de México ofreció esperanza a todas las mujeres y niñas de nuestro país. Los jueces dijeron lo que durante mucho tiempo ha sido intuitivo para las activistas feministas: que alguien que aún no ha nacido no tiene la misma protección que alguien que ya está vivo.

El tribunal declaró que las mujeres y las personas no binarias no deben ser procesadas penalmente por tener un aborto. Sin embargo, la decisión no se traduce en una despenalización inmediata del aborto en todos los estados, ya que el aborto sigue siendo un delito en los libros de 28 códigos penales locales . La decisión significa que ningún juez puede enviar a prisión o sancionar a mujeres o personas no binarias que ejerzan su derecho a optar por interrumpir un embarazo. En otras palabras, técnicamente, una mujer aún podría ser llevada ante un juez y expuesta ante la comunidad, aunque no vería la pena de cárcel.

Estamos en los inicios de la historia de nuestros derechos en México. No ser enviado a la cárcel no significa que el aborto sea accesible para todos. Las mujeres que viven fuera de la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz o Hidalgo, las áreas donde el derecho al aborto ha progresado más, todavía tienen que viajar para tener un aborto. Esa restricción afecta de manera desproporcionada a quienes son económicamente vulnerables. Y en México, esa es una restricción enorme. En mi país decimos que la pobreza tiene rostro de mujer; de 65,5 millones de mujeres, 50 millones se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de sufrir dificultades económicas o sociales.

En México, el aborto se ha colocado durante mucho tiempo en el contexto de la vergüenza, tal como aprendí por primera vez del Padre Amaro. Esto finalmente está comenzando a cambiar: las protestas de quienes se oponen al aborto se llevaron a cabo frente a las puertas de la Corte Suprema. Pero la oración y la protesta no parecieron tener ningún efecto sobre los argumentos de los jueces.

Crédito…Ulises Ruiz / Agence France-Presse, a través de Getty Images

Ahora es fundamental que los medios y la cultura pop mexicanos retraten el aborto como lo que es: un derecho y una elección. Escribo esto pensando en todas las chicas que, como yo, crecieron equiparando el aborto con la muerte o la cárcel. Gracias a los jueces mexicanos, esta idea puede empezar a desaparecer. Todavía tenemos que seguir luchando para garantizar que el aborto sea un procedimiento médico seguro, legal, accesible y gratuito.

En Chile, el colectivo de artes escénicas feminista Las Tesis creó un himno feminista denunciando la violencia contra las mujeres que se ha convertido en tema central de la lucha por la legalización del aborto. El canto se extendió rápidamente por América Latina. En la canción “ Un violador en tu camino ”, Las Tesis reprendió a quienes nos juzgan por nacer mujeres. El grupo interpretó este himno por primera vez en Santiago en 2019 y pronto fue cantado en todo el mundo, incluso por cientos de miles en la Ciudad de México. Días antes de que la Corte Suprema diera su fallo, mujeres mexicanas de todo el país citaron esta canción en Twitter.

La Corte Suprema de México y nuestros magistrados ahora han enviado una señal a toda la región latinoamericana, donde las mujeres continúan enfrentando obstáculos para tener un aborto seguro. Desde Argentina hasta México, la marea verde continúa la lucha por nuestros derechos.

Melissa Ayala es abogada especializada en derecho constitucional y teoría jurídica feminista. Es la coordinadora de litigios de GIRE, una organización feminista dedicada al derecho al aborto y la libertad reproductiva con sede en la Ciudad de México.

Fuente: https://www.nytimes.com/2021/09/21/opinion/mexico-decriminalize-abortion.html

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Congreso aprueba despenalización del aborto en Veracruz, México

América del Norte/México/25-07-2021/Autor(a) y Fuente: 

Con 25 votos a favor, tres en contra y una abstención, fue aprobada la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas.

El Congreso de Veracruz, en México, aprobó este martes la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la cuarta entidad del país en establecer los protocolos para la interrupción legal del embarazo.

Con 25 votos a favor, tres en contra y una abstención, fue aprobada en lo general y en lo particular la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, quien proponía la reforma a los artículos 149, 150, 151, 153 y 154; y la derogación del 152 del Código Penal de Veracruz.

El aborto no institucionalizado en Veracruz solo se practicaba mediante cinco causales: si era producto de una violación, si había sido imprudencial o culposo, si estaba en peligro de muerte de la madre, si el feto tenía malformaciones o si había sido concebido a través de una inseminación artificial no consentida.

La reforma también establece que, si una mujer aborta luego de las 12 semanas de gestación, se impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad.

También se incluyó el delito de aborto forzado, en el cual sentenciará a quien interrumpa el embarazo sin el consentimiento de la mujer, en cualquier momento de la gestación.

Reacciones tras la aprobación

Al reconocer la posibilidad del aborto seguro en Veracruz, el colectivo Coatlicue Siempre Viva, desde su cuenta en Twitter, precisó que “seguimos en pie de lucha”, y reconoció “esfuerzos de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, pero también los de Baja California Sur, Quintana Roo, San Luis Potosí, de nuestra Puebla”.

De igual manera, el colectivo reflexionó sobre la necesidad de acompañar todos los procesos y sensibilizarnos con aquellos estados que aún no han logrado ese derecho pese al empuje de los movimientos feministas en el país.

Como parte de la continuidad y garantía de esta ley, activistas y acompañantes por el aborto legal, seguro y gratuito en el Estado de México (Aborto Seguro Endomex) exigen la libertad para las presas por abortar. “Principalmente a las que injustamente se les acusa de un homicidio”, refirió la organización.

“¡Veracruz despenalizó el aborto! Al ser el segundo estado más poblado después de la Ciudad de México, con esta decisión se garantiza autonomía y libertad para más mujeres, niñas y adolescentes», expresó la organización feminista Gire.

En 2007, la Ciudad de México se convirtió en el primer estado en legalizar el aborto, mientras que en Oaxaca se aprobó a fines de 2019. Ahora, en solo un mes, fue aprobado en Hidalgo y Veracruz.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/mexico-congreso-aprueba-despenalizacion-aborto-veracruz-20210720-0038.html

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Argentina: Justicia para Manuela, la salvadoreña muerta en prisión por un aborto espontáneo

Por: Andrea A. Gálvez 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones en sus embarazos. Desde 1998, más de 180 han sido condenadas por pérdidas naturales y abortos

“Manuela, justicia y esperanza”, clamaba una de las pancartas en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, en el centro de San Salvador.

Hace 13 años, Manuela, una mujer de pocos recursos, bajo nivel educativo, dos hijos y un embarazo avanzado, empezó a sentir fuertes dolores abdominales que terminaron en un aborto espontáneo. Así comenzó su pesadilla. En el hospital, el personal médico que la atendió la denunció, el primer paso de una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado. Dos años después murió, presa, por un cáncer linfático. Una enfermedad que, según la familia, ya daba señales años antes y para la que no tuvo atención médica adecuada durante su encarcelamiento.

Acompañada por organizaciones feministas y movimientos de derechos humanos, la familia de Manuela inició una larga batalla legal para que se reconociera que fue condenada injustamente y que sufrió vulneración de sus derechos. “Tuvo un trato completamente inhumano y denigrante”, afirma Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que siguió el caso desde el principio y estuvo involucrada en el proceso de demanda contra el Estado salvadoreño.

En los últimos 20 años, 180 mujeres salvadoreñas han sido condenadas por aborto o por homicidio agravado, incluso en casos en que se produjo la muerte del feto debido a complicaciones durante el embarazo. “La criminalización que se da en El Salvador hacia las mujeres no la hemos visto en ningún lugar de América Latina con la misma contundencia y sistematicidad”, explica Paula Ávila Guillén, experta en derechos reproductivos del Women’s Equality Center, una ONG feminista que apoya a personas y organizaciones que lideran la lucha por la libertad reproductiva en América Latina.

En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la investigación por el caso de Manuela. Siete años más tarde, en 2019, la Comisión presentó el caso a la Corte, al considerar que el Estado había vulnerado el derecho a la libertad personal por la “detención ilegal” de la víctima, el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y la salud.

Para los grupos feministas y de derechos humanos la noticia es muy importante. “Es el primer caso relacionado con un aborto y una emergencia obstétrica que llega a la CIDH y nos renueva la esperanza para detener la criminalización en el país y en la región”, aseguran en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.

El Salvador que castiga a las mujeres

El Salvador contaba con un sistema que impedía el aborto, aunque con algunas excepciones. Pero, en 1998 entró en vigor una reforma del Código Penal que lo prohibió por completo. Un año más tarde, además se modificó la Constitución con objeto de reconocer como persona “a todo ser humano desde el momento de la concepción”. Estos cambios han provocado una fuerte criminalización.

“Cualquier mujer que acceda a un aborto o que simplemente tenga una pérdida natural de un embarazo se convierte en una posible criminal”, denuncia Ávila. El aborto inducido está  penado entre dos y ocho años –las condenas para los profesionales de salud varían entre los seis y ocho años–, pero en muchos casos las sentencias judiciales lo consideran como “homicidio agravado” –hasta 50 años de prisión– en abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo.

“Incluso existen casos en los que las mujeres tienen complicaciones obstétricas en etapas avanzadas, pero al acudir al hospital el bebé nace vivo, y aun así se las condena con hasta 15 años de prisión por tentativa de homicidio”, explica Morena Herrera, una de las principales referentes del movimiento por la despenalización del aborto en El Salvador.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Herrera cuenta que lo que ocurre es que los médicos, el personal sanitario y los trabajadores sociales son los que denuncian a las mujeres que llegan al hospital con emergencias obstétricas. “Existe mucha presión hacia el personal sanitario para que denuncien, si no lo hacen les pueden acusar por complicidad”.

“Muchas veces, los doctores, en vez de brindar la atención que necesitan, interponen una denuncia como primera reacción. Algunas por el temor de ser demandadas no acuden al centro sanitario, lo que conlleva un mayor riesgo de muerte materna por hemorragias e infecciones”, suma Ávila.

El suicidio de mujeres jóvenes embarazadas es una de las peores consecuencias que tiene la penalización del embarazo en El Salvador. En el año 2009, el suicidio era la segunda causa de muerte en chicas adolescentes, tasa que se fue reduciendo a lo largo de los años. El resultado de la violencia y la criminalización es un elevado número de adolescentes, que cursando embarazos, muchas veces forzados, terminan quitándose la vida por el miedo de ir a prisión.

El Salvador es también uno de los países con más violencia sexual de América Latina y del mundo: se estima que cada 4 horas se produce una violación. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) calculó que en 2017 se registraron 19.190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad, es decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por día.

Conquistas del movimiento feminista

Primero se conoció el caso de “Las 17”  –17 mujeres encarceladas con penas de hasta 40 –. Las organizaciones feministas del país iniciaron una gran campaña para pedir su liberación y se encontraron que la prisión de mujeres por motivos relacionados con abortos era más habitual de lo que creían. Según cuenta Ávila, que participó en este proceso, muchas presas mantenían en secreto su historia por el estigma que supone, pero a medida que los colectivos feministas estaban más presentes, se animaron a compartir lo que les ocurrió. Gracias a esto, se llegó a documentar más de 180 casos, la mayoría con penas de entre 15 y 30 años de prisión por pérdidas espontáneas del embarazo y por aborto.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Con el paso de los años, y gracias a la labor de algunas organizaciones, muchas de ellas fueron indultadas o se redujo su condena. “La liberación y la reducción de condenas ha sido uno de los grandes logros, que se ha conseguido encarando un sistema opresor donde la Fiscalía, la policía, el hospital están en contra de las mujeres”, afirma Ávila.

Pero aún quedan 18 mujeres que siguen en prisión con penas de entre 30 y 35 años y la criminalización continúa, según la activista: “Sólo el año pasado nuestra organización acompañó el caso de 10 mujeres condenadas a cárcel por sucesos relacionados con aborto y que enfrentaron procesos judiciales injustos”, comenta Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto del país.

La promesa

En la cárcel cualquier ocasión era buena para reunirse y soñar con la libertad detrás de los barrotes. Teodora Vásquez, que tuvo que dejar a un niño de 3 años y asumir la pérdida de su bebé por un aborto espontáneo y entrar presa por este suceso, conoció en prisión a varias mujeres con realidades parecidas a la suya. Con decenas de años por delante, la promesa para el día de después de quedar libre era la misma: liberar a las demás compañeras. “Entablamos una relación bien fuerte con otras presas e hicimos un pacto que consistía en excarcelar a todas las mujeres”, cuenta Vásquez.

En el 2015, cuando fue indultada, empezó a participar en los movimientos feministas y en las campañas de liberación de otras presas. Según cuenta Teodora, en el Salvador se castiga la pobreza y la falta de educación. “La justicia sólo castiga a las que no tenemos recursos. Hay un estigma muy fuerte de las mujeres pobres, quebrantan con facilidad nuestros derechos”, comenta.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Morena Herrera afirma que no ha habido ningún caso de mujeres de clase media y alta que hayan sido acusadas o condenadas por una emergencia obstétrica. “El perfil que hemos encontrado es muy específico, las mujeres que están en prisión son jóvenes, con bajo nivel educativo, pobres y con abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo”, explica Herrera.

De la cárcel, las mujeres pobres salen con peores expectativas económicas, recrudeciéndose el ciclo de la violencia y discriminación. En palabras de Vásquez: “Una entra pobre a la cárcel porque no tiene recursos para defenderse y sale sin nada, con los lazos familiares truncados, con muchas incertidumbres, no se sabe cómo le va a ir a una”. Aún así, ella encontró abrigo en otras compañeras, buscó la forma de salir adelante y encontrar fuerzas en conquistas como la demanda contra el estado salvadoreño por el caso de Manuela.

“Estamos en un momento emblemático porque El Salvador tendrá que responder por todos los daños ocasionados en el caso de Manuela y brindar justicia a todas las mujeres que hemos sufrido situaciones similares”, concluye Teodora Vásquez, que pasó 10 años en la cárcel injustamente.

Esta también es la expectativa de las agrupaciones feministas: “Nosotras esperamos que la sentencia del CIDH genere medidas de reparación integral para su familia, que se impulsen medidas de no repetición como la transformación de las leyes que actualmente están generando discriminación, además de garantizar el secreto profesional, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para que casos como el de Manuela y otras mujeres no vuelvan a suceder”.

La última palabra la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se espera que en el segundo trimestre dicte el fallo, después de las audiencias públicas del pasado 10 y 11 de marzo. Una esperanza de justicia que sobrepasa el caso de Manuela y que sirve de aliento para las mujeres que aún continúan presas y para otras que aún sufren criminalización en El Salvador y en la región.

Fuente e imagen: https://ctxt.es/es/20210401/Politica/35598/aborto-El-Salvador-carcel-Manuela-despenalizacion-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos–Andrea-A-Galvez.htm

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Webinar: Educación Integral en Sexualidad en tiempos de COVID-19

Por: Agrupación Ciudadana.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, te invita a la retransmisión del foro «Educación Integral en Sexualidad en tiempos de COVID-19». Panelistas:
○ Lissett Alas – Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
○ Angélica Alvarado – Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
○ Marta Alicia Hernández Recinos – Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/AbortoPORlaVIDA
Fuente de la reseña: https://www.youtube.com/watch?v=zbhqEsR4sNM
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“Las mujeres ricas pueden abortar en clínicas privadas, las pobres tenemos miedo”

“Las mujeres ricas pueden abortar en clínicas privadas, las pobres tenemos miedo”
Amnistía Internacional y la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador reivindican la liberación de las presas.
Enric Llopis
María Teresa Rivera, salvadoreña de 37 años y activista por los derechos sexuales y reproductivos, recibió asilo político en Suecia en marzo de 2017. En 2012 fue condenada en El Salvador a 40 años de prisión, tras sufrir un aborto espontáneo. Pasó cuatro años y medio en la cárcel; en mayo de 2016 un tribunal anuló la sentencia y ordenó su puesta en libertad. La Fiscalía presentó un recurso contra la sentencia. La activista reside hoy, asilada, en el país escandinavo “por la discriminación y persecución que se vive en El Salvador; las mujeres ricas tienen sus clínicas privadas y pueden abortar, pero otra cuestión son las mujeres pobres: muchas tienen miedo”, afirma en un acto organizado por Amnistía Internacional (AI) en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de Valéncia; “nos condenan por ser mujeres y pobres, también es muy importante la influencia de la religión y el machismo”, añade. AI presentó además, en la charla-coloquio, el informe Defensoras.

Cuando se produjo el aborto, en 2011, Teresa Rivera era madre soltera de un niño de cinco años y trabajaba en una fábrica de ropa. AI señaló “graves deficiencias en las pruebas presentadas” durante el juicio que la condenó, por unos cargos de homicidio agravado; también la organización de derechos humanos denunció –cuando Rivera estaba en prisión, en 2014- la “represiva y desfasada prohibición total del aborto que destroza la vida de mujeres y niñas en El Salvador; las empuja a abortos inseguros y clandestinos u obliga a peligrosos embarazos”.

En el acto celebrado en Valencia, la activista ha dado cuenta de un caso similar; el de Evelyn Hernández, condenada a 30 años de prisión en julio de 2017, tras un parto prematuro y extrahospitalario en el que perdió al bebé. Un Juez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque dictaminó el pasado 19 de agosto la absolución (ante una acusación de homicidio agravado) y puesta en libertad de la joven, después de tres años de proceso judicial. La Fiscalía General de la República de El Salvador ha apelado la sentencia, de manera que Evelyn Hernández, de 21 años, “podría volver a prisión”, informó Amnistía Internacional, que reivindica la inocencia en una campaña ante la Fiscalía.

Desde 1998 el aborto está penalizado en El Salvador en todas las circunstancias (Artículos 133 a 139 del vigente Código Penal; por ejemplo, condenas de dos a ocho años de prisión para la mujer que abortara o la persona “que provocare un aborto” con el consentimiento de la mujer); además, tras una reforma de 1999, el Artículo 1 de la Constitución “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Sin embargo, en el anterior código penal, de 1974, el aborto no era punible en causas como riesgo para la vida de la mujer embarazada, consecuencia de una violación o estupro; y evitar una deformación previsible grave “en el producto de la concepción”.

En resumen, El Salvador es uno de los seis países de América Latina y el Caribe -26 en todo el mundo- con el aborto prohibido en todos los casos (aunque esté en riesgo la vida de la mujer), además de Haití, República Dominicana, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Surinam (mapa de la ONG Center for Reproductive Rights, abril de 2019). El Instituto Guttmacher, ONG estadounidense del ámbito de la salud reproductiva, señala que entre 2010 y 2014 se produjeron –anualmente- cerca de 6,5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe (4,4 millones entre 1990 y 1994).

En el informe Aborto a nivel mundial 2017: Progreso irregular y acceso desigual, el instituto Guttmacher añade que menos del 3% de las mujeres de América Latina y el Caribe viven en países donde el aborto es legal “en sentido amplio” (sin restricciones por diferentes causas o permitido por razones socioeconómicas); “las mujeres que viven en condiciones de pobreza y en áreas rurales tienen mayor probabilidad de experimentar abortos inseguros y graves complicaciones derivadas”, resalta el documento; la ONG calcula que cada año se registran 14 millones de embarazos no planificados en la región, de los que el 46% terminan en aborto.

Surgida en 2009, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador batalla por un cambio legislativo y defiende a mujeres procesadas o presas. En 2015 publicó el informe Del hospital a la cárcel, que presenta –a partir de los datos de juzgados y tribunales- la siguiente radiografía: entre 2000 (tras los cambios en el Código Penal) y 2014, fueron procesadas 147 mujeres por aborto o por homicidio en El Salvador; y 60 de ellas, condenadas; según la investigación, el 67% de las procesadas tenían entre 15 y 25 años; el 45% eran analfabetas o habían cursado hasta el segundo ciclo de primaria; el 72% eran solteras, y más de la mitad carecían de ingresos (se trataba de mujeres dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas o estudiantes); en cuanto al origen de la denuncia, el 57% fueron interpuestas por hospitales públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

La Agrupación Ciudadana acompaño a Beatriz García, cuyo caso tuvo en 2013 amplio eco internacional; la joven de 22 años padecía un lupus eritematoso –enfermedad crónica-, agravado por problemas renales. Quedó encinta a finales de 2012. Ingresada en el hospital, los médicos diagnosticaron que el feto era anencefálico (ausencia de buena parte del cerebro y del cráneo), y sobreviviría poco tiempo fuera del útero. Los facultativos advirtieron que la salud de la joven corría riesgo grave y, si el embarazo no se interrumpía, Beatriz G. podría morir (si practicaban el aborto, los doctores tendrían que afrontar un juicio y penas de prisión). La Corte Suprema de Justicia denegó el recurso de amparo –por vulneración de los derechos fundamentales- interpuesto por la afectada. “Se aumentó innecesariamente el sufrimiento y los riesgos para la salud y la vida de Beatriz; sólo bajo el amparo de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud procedió a realizar una cesárea”, denunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Amnistía Internacional recogió 95.000 firmas “para salvar la vida de Beatriz”.

Una flor para las 17. No dejemos que sus vidas se marchiten . Así se denominó la campaña estatal e internacional, iniciada en abril de 2014, para reivindicar ante la Asamblea Legislativa el indulto de 17 mujeres reclusas (cumplían condenas de 12 a 40 años de prisión, denunciaron en un comunicado; “todas fueron inicialmente acusadas por aborto, y posteriormente la Fiscalía cambió la tipificación del delito, llegando a condenarlas por homicidio agravado”); difundieron casos como el de Guadalupe, indultada en enero de 2015; trabajadora doméstica de 18 años y embarazada tras una violación, fue condenada a 30 años tras sufrir un aborto espontáneo, de los que pasó siete en la cárcel.

Actualmente Las 17 y Más continúa la lucha por la libertad de las presas, la despenalización del aborto y reclama justicia para Evelyn Hernández. Las movilizaciones y la presión popular han rendido fruto; “desde 2009 hemos recibido y celebrado la libertad de 33 mujeres”, informó el pasado 7 de marzo la presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera (ese día quedaron en libertad Alba Lorena Rodríguez, María del Tránsito Orellana y Cinthia Marcela Rodríguez, al conmutarles la Corte Suprema de Justicia penas de 30 años de cárcel después de un parto extrahospitalario).

Y en octubre celebraron que llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Manuela, también condenada y presa debido a la criminalización del aborto: falleció en 2010 a causa de un linfoma de Hodgkin, del que no recibió tratamiento adecuado; Manuela dejó a dos hijos huérfanos. “Era una mujer pobre, que no sabía leer y escribir y había sufrido una emergencia obstétrica en la zona rural donde vivía”, detallaron la Agrupación y el Centro de Derechos Reproductivos, que llevaron el caso ante la CIDH. Además fue objeto de un juicio penal “cargado de irregularidades y estereotipos de género”, denunciaron.

Autor: Enric Llopis

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Ecuador: Moreno envía veto parcial de reformas al COIP

América del Sur/Ecuador/20-10-2019/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Con tres objeciones totales y 36 parciales, el Ejecutivo envió ayer a la Asamblea Nacional el veto parcial a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Uno de los temas más discutidos como fue la despenalización del aborto por violación, y que no fue aprobado por la Legislatura, tuvo un pronunciamiento del Presidente. Se refiere a la inconstitucionalidad de la transitoria segunda de la reforma al COIP y sugiere que el tema pase a la Corte Constitucional para su análisis.

“Es importante que se analice la constitucionalidad de esta disposición transitoria, en relación con el artículo 150 del COIP, a la luz de los principios de no revictimización, progresividad de derechos, igualdad y no discriminación”, señala el texto del Gobierno.

En criterio de Virginia de la Torres, presidenta de la Fundación Desafío, el Ejecutivo “ha hecho lo correcto” porque finalmente será la Corte Constitucional la que se pronuncie sobre el artículo 150.

De acuerdo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), dice, se estaría promoviendo la discriminación de la mujer en el país “y no se estarían garantizando sus derechos constitucionales”.

Debate 
El veto será analizado por la Comisión de Justicia de la Asamblea para elaborar un informe y remitirlo al Pleno del Parlamento.

EL DATO
La Asamblea no pudo aprobar el artículo 150  de reformas al  COIP.
La Asamblea aprobó las reformas el 17 de septiembre, que incluyó el uso de los derivados del cannabis para fines medicinales y terapéuticos.

Otro de los temas que vetó el Presidente fue el comiso de bienes sin sentencia. Consideró que sería inconstitucional incorporar aquello y pidió ampliar la figura de la incautación, dentro del debido proceso.

La Legislatura tendrá 30 días para debatir y votar sobre este veto antes de hacer oficiales los cambios al COIP.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/noticia/1102280431/moreno-envia-veto-parcial-de-reformas-al-coip

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