Por Emilio Marin
El gobierno de Mauricio Macri es particularmente permisivo al capital extranjero. Aguarda una lluvia de miles de millones de dólares de inversión. Una de las áreas donde implora por esa extranjerización es en materia de tierras. Macri siempre preconizó la relación de Argentina con el mundo, pero nunca aclaró los términos de dependencia en los que la concebía. Con velocidad, los argentinos vienen captando el sentido poco soberano de esas políticas. Aceptar en todos sus términos las demandas de los “fondos buitres”, así como emitir títulos por 16.500 millones de dólares para hacer efectivo ese pago, doblando comisiones millonarias al JP Morgan, Deutsche, HSBC, UBS, Citibank y Santander, fue muestra de aquellas subordinaciones.
Abrir en forma indiscriminada las importaciones de productos fabricados en el país, arruinando a la producción nacional -en particular a la pequeña y mediana ya azotados por la recesión- favoreció la concentración y extranjerización de una economía que siempre rengueó por el peso de los monopolios. También resaltaron los beneficios para las petroleras, gasíferas y eléctricas favorecidas por el tarifazo. Y, último pero no menos importante, la ley de blanqueo para que supuestamente 40.000 millones de dólares se acogieran. Ese resultado está más que verde, pero aún en caso de madurar no sería con dinero de regreso a la plaza argentina pues la ley no se lo exige. Bien podrían seguir su plácida estadía en los paraísos fiscales y firmas off-shore, donde Macri, sus familiares y empresarios amigos tienen experiencia de negocios.
En estas semanas hubo declaraciones del presidente y ministros encareciendo la importancia de las inversiones extranjeras. En julio se deben contabilizar sus discursos en las citas con empresarios y presidentes de la Alianza del Pacífico, en Chile; y los pronunciados en Francia, Bélgica y Alemania, con sus respectivas autoridades, más el foro tecnológico en Sun Valley Conference, en Idaho, EE UU. El hombre del PRO insistió en su súplica, para que capitales radicados en esos países vengan a Argentina o bien aumenten sus inversiones los que ya están acá. Lo de Macri es el apotegma opuesto al del maestro Aldo Ferrer, de “Vivir con lo nuestro”. Podría traducirse: “Para vivir, que el capital extranjero se adueñe de lo nuestro”.
Reflejo en tierras.
El punto de vista poco soberanista se plasmó el 30 de junio en el decreto 820/16, por el cual modificó la ley 26.737 aprobada por amplia mayoría en Diputados y el Senado en diciembre de 2011. La norma llevó el nombre de “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales” y ponía límites a la extranjerización de tierras.
La oposición conservadora que tiroteaba al gobierno de Cristina Fernández y su vocero mediático, Clarín, interpretaron en 2011 que la iniciativa era parte del revanchismo del gobierno ante “el campo”, luego del fracaso de la resolución 125 que establecía retenciones móviles a las exportaciones de granos y en especial la soja.
Ese conflicto se vivió en 2008. Y la ley es bastante posterior, nacida al calor de cierta comprensión, algo tardía y no muy profunda, sobre la necesidad de limitar la expansión del agro-business. Se lo hizo en forma contradictoria, pues en 2012 la presidenta informó, feliz, que se había confirmado la inversión de Monsanto en la planta de semillas en Malvinas Argentinas, Córdoba.
Como fuere, la ley 26.737 fue un buen intento de limitar, aunque no de erradicar, los latifundios e inversiones de capitales extranjeros. Se planteó que una sociedad con mayoría de acciones del 25 por ciento en manos de extranjeros no podría comprar más que mil hectáreas en la zona núcleo, o sea la pampa húmeda (parte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sureste de Córdoba). Las provincias deberían realizar estudios para adecuar esas mil hectáreas a sus propios territorios, donde serían un poco más.
El capital foráneo así delimitado no podría superar el 15 por ciento de la superficie de tierras cultivables rurales del país. Pretextando que las situaciones de las diferentes regiones son disímiles y que la ley no previó todas las realidades de las propiedades rurales (dificultades catastrales, usucapiones, sucesiones, pleitos, etc), el macrismo aprovechó para modificar por decreto 820 una ley de alcance superior. Ya este aspecto ameritaría un pleito judicial y la maniobra gubernamental podría no prosperar.
¿Cuáles fueron los puntos centrales de la modificación oficialista? En vez de definir como extranjera a una sociedad o persona jurídica con el 25 por ciento de acciones en manos foráneas, aumentó ese techo al 51 por ciento. Sólo las que lo superen ingresan en la categoría que tiene impedimentos. Y aclaró que el tope de 15 por ciento de las tierras en manos de extranjeros rige sólo para las superficies rurales, no así para zonas industriales y de otros usos.
Si alguien tenía alguna duda sobre el objetivo macrista, la aclaró el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, quien sostuvo que “se busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 del 2012”.Argumentó que el sistema de equivalencias ya que no responde a la realidad del comercio de tierras rurales en nuestro país “ni a las necesidades de expansión del negocio agroindustrial de las provincias”. Eso conjuga perfectamente con Macri, quien en varias oportunidades reiteró su ideal: “no ser el granero del mundo, sino el supermercado del mundo”.
Dime quién te apoya…
La decisión gubernamental fue apoyada por la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) por considerar que facilitará la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en la explotación de commodities como trigo, maíz, soja y girasol. Así lo expresó el secretario Javier Christensen, quien fue muchos años dueño de la consultora agropecuaria Agroconnection SA, socia del grupo Telecom. La CAIR está presidida por un directivo de Álzaga Unzué y hay muchas empresas que tienen como valores “el relacionar, promocionar y crear vínculos entre las empresas e individuos dedicados a la intermediación de negocios inmobiliarios rurales”. Estos “intermediarios” con el capital concentrado y preferentemente extranjero son los que aplaudieron a Macri por el decretazoy advirtieron que “será necesario hacer más cambios”.
En La Política on-line, el 4 de julio pasado, se podía leer que “la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro no emitieron opiniones públicas sobre el tema, aunque en el sector descuentan que están de acuerdo con la iniciativa macrista”. El 16 de julio, Luis M. Etchevehere, titular de la SRA, cortó las cintas de la 130° Exposición de Palermo, y se congratuló por la presencia de funcionarios macristas, entre ellos el ministro de Agro-Industria, Ricardo Buryaile. Estos defensores del “campo argentino” no esbozaron ningún tipo de crítica al proyecto de la extranjerización de tierras.
Esos elogios serán aún más encendidos cuando se haga el acto central de la Rural, con presencia de Macri. Etchevehere podrá decir que al cabo de 14 años por fin un presidente volvió al predio comprado a precio vil y cuya recuperación por el Estado fue frustrado por los jueces amigos.
…Y quién te cuestiona.
El titular de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, cuestionó el decreto 820/16, rescatando la legislación anterior. Cabe recordar que la ley 26.737 fue aprobada en 2011 por el voto mayoritario del FPV, el sector peronista de Felipe Solá, el FAP de Hermes Binner y una parte de los radicales. En el Senado el único voto adverso fue el del salteño y hombre proclive al latifundio y desmonte, Juan Carlos Romero, ex compañero de fórmula de Carlos Menem. Otro que hizo fuertes críticas fue el núcleo interno de la FAA, “Grito de Alcorta”. Pedro Peretti dijo que se “habilita la venta de 20 millones de hectáreas justo cuando sale la ley de blanqueo de capitales”. “Estoy seguro que parte de esa plata mal habida va a ir a la compra de tierras y el paso que viene es la derogación definitiva de la ley de tierras”, añadió quien pidió la protección de pequeños y medianos productores del agro.
Según su cálculo, de los 230 millones de hectáreas que componen el conjunto de la soberanía territorial, hay 3 millones en manos de norteamericanos, 2.6 millones de italianos y 2.1 de españoles. Al menos 8 millones de hectáreas son de extranjeros, cuestionó en declaraciones a AM840. La conexión entre el blanqueo y las tierras es exacta.
El 30 de junio el Senado votó el polémico blanqueo y el 1 de julio se conoció el decreto ampliando facilidades del capital extranjero. Los Benetton con un millón de hectáreas, Douglas Tompkins, Joe Lewis, George Soros, Ted Turner, Monsanto, Syngenta, Nidera y otras firmas foráneas tienen la tranquera abierta donde ondea la bandera de remate. No son los únicos latifundistas. Los “nacionales” Carlos P. Blaquier con 155.000 hectáreas, y los Martínez de Hoz, que -como comprobó Osvaldo Bayer-, se adueñaron de 2.5 millón de hectáreas con la mal llamada “Campaña del Desierto”, son una plaga latifundista tan nefasta como la extranjera.
Reforma agraria, ¿para cuándo? Daniel Viglietti aún canta “a desalambrar”.
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