Author: Juan Carlos Miranda Arroyo

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Lecturas sobre la Carta de AMLO a la CNTE

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 2 de junio de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

En respuesta a sus demandas sindicales, el presidente López Obrador dirigió una carta a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), (27 de mayo, 2019), en la que señala puntualmente lo siguiente: “… iniciar a la brevedad una mesa de trabajo con representación del gobierno federal y de todos los sectores magisteriales, para redactar de manera conjunta las leyes reglamentarias de la nueva reforma constitucional, bajo los siguientes lineamientos generales: 1. Previos censo y verificación por una instancia bilateral y paritaria, basificación de todos los maestros que trabajan en distintos regímenes y modalidades en el sistema de enseñanza pública, cumpliendo las normas de la ley federal de trabajadores al servicio del Estado. 2. Iniciar un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales y elaboración de un modelo de homologación salarial que tome en cuenta las distintas circunstancias laborales, regionales, sociales y culturales y los diversos grados de dificultad, compromiso y capacidad que cada una demanda (por ejemplo, escuelas multigrado, planteles de enseñanza bilingüe, etc.). 3. De conformidad con la demanda futura de nuevos maestros, definir en común acuerdo, el número de alumnos por normal pública, los métodos de admisión y, a partir de ello, otorgar plazas a todos los egresados de dichos planteles educativos. 4. Un sistema de mejora del magisterio en el que las promociones y los ascensos se realicen con base en tres criterios: antigüedad (40%), experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social (40%) y reconocimientos de buen desempeño en el cual participen padres, alumnos y compañeros de trabajo (20%)…».  En otra parte de la carta, el presidente AMLO propone algunos mecanismos, desde las comunidades educativas, para fortalecer y resarcir la infraestructura escolar.

Esta carta, que hizo pública el presidente López Obrador, (Presidencia-014/05/27/19), donde señala, entre otras cosas, un mensaje, varias propuestas y ofrecimientos específicos al CNTE y al magisterio nacional, ha sido interpretada desde dos miradas: 1) Para algunos es una comunicación cuyo contenido reafirma el carácter democrático y popular del presidente López Obrador, en aquellas decisiones de políticas públicas que atañen a importantes grupos de la población, como es el caso del magisterio mexicano; y 2) Otra lectura señala, en cambio, que es un “error político” con efectos negativos en lo administrativo, porque se privilegia a un grupo disidente de la dirigencia legal-oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y que, justo por ello, tiende a sobrevalorar a una fracción sindical minoritaria, que no es representativa de toda la comunidad magisterial del país. Además, -según afirma esta segunda línea crítica-, con este tipo de acuerdos, el gobierno y el sindicato regresan a los esquemas del pasado, en la parte operativa, porque se reivindican el viejo modelo de promociones escalafonarias y el régimen de dictaminación de ascensos a través de comisiones paritarias SEP-SNTE, para desahogar la demanda de movilidad laboral vertical. Todo ello, a su vez, dice la crítica, iría en contra del espíritu del texto Constitucional, recién aprobado (mayo, 2019), en el sentido de que “…la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley… los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.” (Modificación al texto Constitucional del 15 de mayo, 2019). Más allá de los métodos radicales o violentos de lucha que ha utilizado el movimiento magisterial disidente, queda claro que representa uno de los principales factores de contrapeso reales ante los excesos, las injusticias y las decisiones impopulares que el gobierno federal asumió durante el periodo 2012-2018, en contra del magisterio.

Coincido con la primera lectura de los hechos. Por ello, considero que los planteamientos críticos olvidan que justamente fueron los docentes y directivos escolares disidentes, de base, que se agrupan en la CNTE, quienes se opusieron, en las calles, a la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto. Ese hecho, por sí mismo, habrá de ser valorado en su justa dimensión. Además de que, desde el discurso de Guelatao, Oaxaca (mayo, 2018), López Obrador tejió con esta fracción sindical “anti sistema”, una alianza político-electoral rumbo a los comicios de julio del año pasado. Alguien podría decir, que ese protagonismo de la CNTE no debe ser argumento suficiente para desatender el marco legal constitucional, pero -diría en respuesta-, hay que tener presente que aún no están aprobadas las leyes secundarias.

Política de compensaciones y concesiones negociadas

Así mismo, es importante considerar en el análisis de coyuntura que, con esta propuesta, no solamente se ratifica la voluntad popular y la actitud democrática del presidente López Obrador, al visualizar y resolver los grandes problemas nacionales, desde la mirada de los “de abajo”, sino también se aprecia congruencia entre lo planteado durante la campaña política (2018) y los hechos del accionar del gobierno en estos primeros meses de haber asumido la jefatura del Ejecutivo federal (2019). AMLO afirma en su carta: “…se ha reafirmado mi convicción de que el conjunto de las y los maestros es una de las grandes riquezas humanas del país, el más sólido, amplio y coherente movimiento gremial y un depositario de principios éticos que comparto. Los profesores son, además, el vínculo por excelencia entre el Estado y las comunidades, el factor que articula generaciones y el portador de identidad nacional para niños y jóvenes.”

El contexto político es otro…

Cabe resaltar, por otra parte, que un tratamiento político similar, con una mirada y una perspectiva “desde abajo”, ha sido aplicado por AMLO para atender a las demandas de las organizaciones en Defensa de la Tierra (Atenco-Texcoco), quienes han luchado por su gente, los derechos humanos y el legítimo derecho a sus bienes ancestrales, y que sufrieron la represión policiaca y judicial del entonces gobierno estatal de Enrique Peña Nieto (en un clima de sangre, torturas, encarcelamientos y fuego), en tiempos en que los pobladores mexiquenses luchaban en contra del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional, y cuando el ex presidente Vicente Fox (2000-2006) gobernaba el país. Una vez que AMLO tomó posesión, previa consulta pública poco convincente, canceló el proyecto del nuevo aeropuerto.

Hoy, los hechos muestran a un presidente López Obrador que, como pocos mandatarios en el pasado, es capaz de sentarse a negociar y tomar acuerdos con distintas fuerzas políticas radicales y “anti sistémicas” del país (faltaría, obviamente abrir una mesa con el neozapatismo). ¿Cuál sería el saldo positivo de estos acuerdos, mesas de conciliación o concertación? Entre otras, dar un mensaje sobre el estilo de gobierno ejercido por el presidente, hoy y en el futuro, y disminuir las tensiones vivas o latentes del conflicto político-sindical, que ha estado presente en el escenario nacional, así como crear un clima de concertaciones políticas con todos los grupos o movimientos sociales cuyas demandas y reivindicaciones, en términos de sus derechos laborales y sociales, están puestos por encima de otras consideraciones políticas, estratégicas o administrativas.

Pienso que, para el gobierno de AMLO, es preferible y prioritario que la conciencia social y las luchas de las Maestras y Maestros disidentes se canalicen hacia formas de lucha donde prevalezca el diálogo, desde la escuela y el aula, en vez de que se mantenga la flama de la contienda política en las calles y sin clases. Esa sería una posible interpretación de los hechos. Implícitas están las prioridades. En este sentido, es evidente que una parte importante de la sociedad mexicana, quiere ver a sus profesoras y profesores de la educación pública en las escuelas, pero también pide que ellas y ellos sean tratados con total respeto a sus derechos laborales, sindicales y humanos.

Una vez logrados los acuerdos correspondientes, y luego que se den a conocer las leyes secundarias en materia educativa, (espero que sean producto de amplios consensos sociales), me pregunto ¿Ahora sí nos sentaremos a revisar y a reformular los contenidos, métodos y demás procesos educativos, pedagógicos y didácticos? ¿Tendremos una carta complementaria por parte del presidente de la República, en donde se den a conocer los acuerdos de carácter educativo y no solo administrativo?

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/05/28/lecturas-sobre-la-carta-de-amlo-a-la-cnte

ove/mahv

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Artículo 3o. Constitucional: Observaciones Críticas

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 26 de mayo de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

I

Cambiar para conservar…

En el Artículo 3o. de la Constitución Política, hoy, según la versión aprobada por el Legislativo, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, se derogan el párrafo tercero, así como el inciso “d)” de la fracción II, que a su vez habían sido modificados en 2013. Pero ¿qué se afirmaba en ese párrafo tercero y en ese inciso propuestos por los partidos que integraban el “Pacto por México” hace 6 años? Lo siguiente. Párrafo tercero: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Inciso d) de la fracción II: “Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”. Justo aquí se resume uno de los temas conflictivos de la Reforma Educativa, es decir, la gran disputa política, filosófica, ideológica y estratégica por la educación en México:  De manera tal que, decía el texto, “… la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos…”, como elemento principal a través del cual el Estado aseguraría “la calidad de la educación obligatoria” (educación básica y media superior) en el país.

El “pequeño” detalle es que ese párrafo se deroga, hoy, pero sus conceptos no desaparecen en el nuevo texto Constitucional (2019). Éstas son las evidencias: Se deja a un lado el concepto de “Calidad”, pero se reivindica el concepto de “Excelencia”. Así lo establece el inciso “i)” de la Fracción II: “Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.”. Como se puede observar, el famoso párrafo tercero del 2013 ha sido revivido, reciclado, “maquillado” en esta nueva versión del texto Constitucional. En otras palabras, se reinserta la idea de que los procesos educativos pueden ser fragmentados, artificializados, abstraídos de su complejidad para fines evaluativos, es decir, quedan reducidos a la lógica de la instrumentación, a la supremacía de la dimensión cuantitativa, a la razón de lo “tangible”, de la mirada operacional de la educación, esto a través de la reiteración de nociones como ”máximo logro de aprendizaje de los educandos” (revísese al respecto el discurso empresarial y gerencialista, por ejemplo, de la organización patrocinada por el sector privado “Mexicanos Primero”, que ha venido planteando esa simplificación en sus declaraciones en prensa y en sus documentos básicos como organismo de la “sociedad civil”).

II

Conceptos reciclados…

Como producto de las negociaciones parlamentarias entre Morena y la oposición (integrada por los partidos que impulsaron, en 2013, el “Pacto por México”), los demás elementos del párrafo tercero, de la versión 2013, quedaron acomodados, reciclados o rescatados, en otra parte del nuevo texto (2019), con excepción del asunto de la “idoneidad” de las figuras educativas, que desaparece porque conducía, casi irremediablemente, al conflicto de la “evaluación de los docentes y directivos” de la educación obligatoria (en especial, debido al concepto de “permanencia”). Veamos, por ejemplo, el siguiente fragmento donde el Legislativo actual, con el aval del Ejecutivo, rescatan otra parte del párrafo tercero supuestamente “derogado”: “…El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación”, (cuerpo del Art. 3o.)

A propósito de este último tema y si llevamos hasta sus últimas consecuencias la letra del texto Constitucional: ¿Ello significa que desaparecerán, de una vez por todas, las famosas “cuotas voluntarias” de las escuelas públicas? Bueno sería que eso fuera realidad, pues actualmente la sociedad paga doble para sufragar el mantenimiento y sostenimiento logístico de las escuelas públicas: Los padres y las madres de familia pagamos impuestos y adicionalmente aportamos las cuotas “voluntarias” en las escuelas. Entonces ¿la gratuidad de la educación es letra muerta?

 

III

El centralismo educativo y el fracaso del impulso descentralizador…

En su versión 2019, el texto Constitucional, Artículo 3o., señala lo siguiente: “A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales.”. Los gobiernos de los estados no tendrán facultades (nunca las han tenido) para determinar cambios o actualizaciones a los planes y programas de estudio de la educación básica y normal, ni los propios Congresos de los estados tendrán (nunca las han tenido) esas importantes atribuciones. Con esto, se puede concluir que el modelo centralista prevalece y se fortalece, en detrimento de las políticas públicas orientadas hacia la descentralización (carácter político) y la desconcentración (carácter administrativo) de “lo educativo”; directrices nacionales que habían sido ensayadas desde los años 80´s del siglo pasado. Me pregunto ¿Esta reivindicación centralistasignifica el fracaso histórico de las políticas de “descentralización educativa”? ¿Los gobiernos y los congresos estatales no han adquirido la mayoría de edad para hacerse cargo de la educación en sus territorios y con sus ciudadanos? ¿Avanzamos o retrocedemos, como nación, en los procesos de participación social de la educación a través de estas medidas centralizadoras? Lamentablemente, pienso que es lo segundo, hemos dado pasos atrás en este ámbito.

 

IV

Rediscutir el modelo de evaluación de la educación…

Sobre la creación del “Sistema Nacional de Mejora Continua” (y al organismo que sustituirá al INEE) ya me he referido en otros textos de manera crítica. En esta ocasión solamente quiero decir que me parece una decisión absurda. El texto Constitucional anterior estableció la creación y operación de un “Sistema Nacional de Evaluación Educativa”, que debió entenderse como un sistema de evaluación de las políticas públicas en la materia, pero que lamentablemente se convirtió (lo pervirtieron desde la SEP) en un sistema evaluador y etiquetador de las Maestras y de los Maestros de México. En esto coincido con algunos colegas en el sentido de que “se tiró al bebé junto con el agua sucia de la bañera”. La evaluación educativa es necesaria, pero debe ser revisada y reformularse a partir de criterios pedagógicos, no administrativos; es decir, replantearse desde una visión basada en las necesidades de las comunidades educativas, no como un dispositivo externo a las mismas, no para controlarlas ni para “darles línea”. Sobre esos temas es necesario también abrir la discusión desde las escuelas mismas y desde toda la base social de la educación pública.

 

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/05/17/articulo-3o-constitucional-observaciones-criticas

ove/mahv

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INEE: Responsabilidades Legales y Legítimas

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 21 de abril de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

En días pasados, con motivo de mi artículo “Políticas Educativas “erráticas”: ¿Quiénes son los responsables?”, (SDP Noticias, 10 de abril, 2019) se generaron, en la red digital Twitter, comentarios interesantes, a veces polémicos, acerca del papel que ha jugado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el conjunto de los procesos que han producido el desastre educativo por el que actualmente atraviesa nuestro país.

 

Sobre el asunto de las responsabilidades éticas y la autocrítica, afirmé lo siguiente en torno a un comunicado publicado por el INEE, el cual hace alusión a una participación de la consejera Sylvia Schmelkes, en Puebla: “…sin asumir una gota de autocrítica, sobre todo cuando ella estuvo al frente del instituto que marcó las directrices del Sistema Educativo Nacional durante la pasada administración federal, la Doctora Schmelkes no parece ejercer la autorreflexión ni el pensamiento ético (responsable) al rendir este tipo de cuentas a la sociedad.”.

Aclaro que no se trata de hacer aquí ningún juicio sumario. Sólo pido actitud ética y autocrítica, como docente, a los responsables del INEE. Me parece un acto no exactamente honesto, por parte de los miembros de la Junta de Gobierno de dicho instituto, el hecho de que, desde 2013, no asumieron su responsabilidad como dirigentes de esa institución pública autónoma, con facultades para fijar las políticas públicas relativas a la evaluación educativa en el país, y contribuir con ello a la situación educativa adversa que hoy tenemos como nación. Es de todos conocido que los únicos que han podido parar las evaluaciones del desempeño, son los maestros movilizados en las calles, no el INEE. En efecto, en 2016, el INEE replanteó la evaluación del desempeño a los docentes y directivos escolares, pero no hizo nada por cancelarla. Además, los consejeros del instituto no tomaron en cuenta a otras voces como la del Dr. Ángel Díaz Barriga (IISUE-UNAM), en el sentido de buscar un cambio de paradigma: pasar de un modelo de evaluaciones individuales a otro de evaluaciones colegiadas, donde la unidad de evaluación educativa fuera la escuela.

Cuando me refiero a la falta de crítica, no hablo acerca de lo escrito por el INEE hacia el «sistema» educativo, sino hacia las políticas públicas que el instituto avaló, por omisión, desde el momento en que se aplicaron exámenes de desempeño hacia las figuras educativas con inconsistencias técnicas y de manera coercitiva, autoritaria (mediante operativos policíacos); además de las consecuencias que esa evaluación tiene en la permanencia en el trabajo (digo “tiene” porque la legislación en la materia es aún vigente). Por fortuna, tanto las autoridades educativas federales como los y las legisladores coinciden en la idea de eliminar estas evaluaciones del desempeño con efectos de “permanencia”, según lo muestra el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, en comisiones, el pasado 27 de marzo.

Si bien hay consenso sobre la necesidad de evaluar a los docentes de la educación obligatoria, (aunque no hay consenso absoluto sobre el carácter “individual” de dicha evaluación, ni sobre el diseño técnico de la estrategia evaluadora, puesto que no se emplea la observación directa), por el momento, las distintas fuerzas políticas y los actores involucrados coinciden en que ésta sea una valoración con fines o intencionalidades formativas o de diagnóstico, como insumo para diseñar programas de formación continua dirigidos a los docentes y directivos escolares en servicio.

Las “Autoridades Educativas” y el “Instituto”

 

En la Ley del INEE se distinguen, cierto, a las «Autoridades Educativas», por una parte, y al «Instituto, por otra, pero el punto es que ambos son corresponsables del trazo y seguimiento de las políticas públicas educativas. De manera formal, la ley del INEE establece en la “sección segunda”, “de las competencias”, en su artículo 14, que: “La coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa es competencia del Instituto. El Instituto diseñará y expedirá los lineamientos generales de evaluación educativa a los que se sujetarán las Autoridades Educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación.”. Por otra parte, el artículo 12 de la misma ley, señala que “Son fines del Sistema Nacional de Evaluación Educativa: I. Establecer la efectiva coordinación de las Autoridades Educativas que lo integran y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; II. Formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia de evaluación educativa; III. Promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan las Autoridades Educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el Instituto; IV. Analizar, sistematizar, administrar y difundir información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, y V. Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional.”

El marco legal, en efecto, hace la distinción entre las “Autoridades Educativas” y el “Instituto”, como lo señalo en el párrafo anterior, sin embargo, me parece legítimo (y ético) interpretar que el INEE, como organismo público autónomo del Estado mexicano, es corresponsable, junto con las “Autoridades Educativas”, de los procesos y productos gruesos y finos del trazo de las políticas educativas y de la evaluación y, por lo tanto, del avance o retroceso del “sistema” educativo nacional.

En torno al argumento acerca de si el INEE es o no responsable del desastre educativo nacional, “porque no es autoridad educativa”, considero que el criterio como “Autoridad Educativa” en la toma de decisiones en materia de políticas públicas educativas y de la evaluación, no la da el carácter “operativo” o de “prestación de los servicios educativos”, en sí mismos, (como alguien lo afirmó en redes sociales), sino las facultades que establece la ley en la materia. El argumento en contra sobre lo anterior, es el siguiente: Existen diversos ejemplos, en la administración pública (veamos el caso de los sistemas de transporte público), donde las políticas públicas son decididas por las autoridades gubernamentales (de los tres niveles de gobierno) y los poderes legislativos, aun cuando éstos no sean los operadores directos del servicio público.

Finalmente, pienso que al decir que el INEE no es responsable de las políticas públicas educativas, como lo afirman algunos colegas, es casi como decir que el Instituto Nacional Electoral (INE) no es responsable de las políticas electorales… Ya me imagino al consejero presidente del INE decir: «La democracia no es nuestro asunto, no es nuestra responsabilidad…».

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/04/15/inee-responsabilidades-legales-y-legitimas

ove/mahv

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Educación: El Dictamen, las Palabras y las Cosas

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

“…en la institución educativa moderna (así como también en la cárcel, los hospitales o los asilos psiquiátricos) se ha implementado y perfeccionado una modalidad de poder-saber que persigue el incremento de la gobernabilidad de los individuos.”: Rodrigo Castro Orellana, quien escribe sobre la obra de Michael Foucault.

Al realizar un análisis descriptivo del contenido del Dictamen aprobado, el pasado 27 de marzo, por las legisladoras y los legisladores de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados federal (1), encontré algunos datos interesantes: La palabra: “Agente” (al referirse a los “Docentes”), se repite 27 veces; la palabra: “Mejora o mejorar”, 216 menciones, y dentro de esta categoría, las palabras: “Mejora Continua”, 83 repeticiones; “Calidad”, 154 veces; la palabra: “Excelencia”, 51 veces; la palabra: “Evaluación”, 265 veces; el término: “Diagnóstico(a)”, 26 veces; la palabra: “Aprendizaje”, 104 menciones; y el concepto de: “Equidad”, 76 veces.

Tal como lo afirmé recientemente, en esas palabras no encuentro otro significado diferente a aquel que reivindican, como tendencia general, los sectores tecnocráticos y defensores de una visión empresarial y pragmática de la educación, en el sentido de sujetarla al círculo de la mercancía. Discurso propio de ciertos ideólogos del “neoliberalismo” económico, que lleva implícito el concepto-método de la “Mejora Continua”, y que ha sido ampliamente promovido por la “tecnocracia” educativa en México (para revisar más argumentos al respecto, ver: “Artículo 3o. Constitucional: El papel del Senado”, (SDP Noticias, 1 de abril, 2019).

Existen también algunas palabras que no necesariamente forman parte del lenguaje técnico del diseño institucional o de las políticas públicas educativas (o que son poco frecuentes en la agenda “tecnocrática” educativa), y que aparecen en el documento de referencia, tales como: “Democracia o democrático(a)”, que se menciona 56 veces (algunas de ellas como nombre de un partido político); el término: “bienestar”, 41 veces, y dentro de esta categoría, las palabras: “bienestar social”, 3 veces; las palabras: “compromiso social”, 4 veces; las palabras “Educación democrática”, 4 veces; y “Educación popular”, ninguna mención.

Ante esto, me pregunto: ¿Cuál es el ideario educativo de la llamada “Cuarta Transformación”? ¿Cuáles son los elementos o los contenidos del discurso dirigidos hacia el cambio en el proyecto nacional de educación del actual Gobierno Federal, así como de los legisladores de Morena y aliados políticos? ¿Hay o no una intencionalidad verdadera, consistente, de cambio de raíz o hacia una transformación profunda del paradigma educativo dominante? ¿Por qué el jefe del Ejecutivo, funcionarios públicos y legisladores siguen instalados en un lenguaje que usa términos como “mejora”, o “calidad” de la “Enseñanza”? ¿Quiénes son los asesores, ideólogos o especialistas que rodean al presidente López Obrador y al secretario de Educación, que no les han advertido sobre los efectos que pueden producir tales usos discursivos? ¿Por qué dar continuidad a ese lenguaje de reconversión “gerencialista” de la educación cuando lo que se pretende es un cambio de régimen político, económico y social? ¿O no?

Cabe mencionar que, al hacer el análisis cuantitativo del discurso contenido en el documento denominado “Dictamen” (ver fuente consultada, al pie), me di cuenta que en éste se incorporan textos de la iniciativa enviada al Congreso por parte del presidente López Obrador, el 13 de diciembre de 2018; así como fragmentos importantes de la Iniciativa de modificaciones al texto Constitucional, enviada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, a principios de febrero de este año. Estos últimos legisladores son identificados con el bloque parlamentario y hegemónico que, en 2013, aprobó el marco legal vigente, en materia educativa, y que el gobierno de la 4T buscaría transformar. Hago esta aclaración, porque entre ambos documentos no hay grandes diferencias, y porque las regularidades encontradas nos permiten interpretar o confirmar que existe una cierta tendencia, o empatía entre ellos, sobre los usos y las estructuras discursivas con orientación hacia el “continuismo” (es decir, donde “no hay ruptura”).

Preocupa el contenido de la propuesta de dictamen, (que por cierto pasará al pleno de las Cámara de Diputados en breve, y de ahí al Senado de la República en los próximos días; ojalá que se revise durante este período de sesiones), pues no solamente llama la atención esta suerte de reiteración de términos creados por los gerentes de las empresas productoras de bienes y servicios, sino también por el hecho de que los legisladores proponen crear un “Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación Pública en México”, con un enfoque que reivindica un lenguaje y un concepto que lleva a que la educación sea reducida a los términos que dominan el mercado, e impone una manera tecnocrática de abordar los problemas de la educación, que no pueden ser reducidos, trivializados, al círculo de la mercancía.

Al respecto, Castro Orellana señala lo siguiente, cuando se refiere al discurso objetivado sobre “lo educativo” en la escuela: “En este nivel, hay que ubicar una serie de estrategias escolares que tienden a la objetivación del sujeto, mediante procesos de clasificación y división. Tales tecnologías operan tanto en el plano del propio aprendiz, como en la dinámica relacional que éste establece con los demás aprendices. Aquí pueden mencionarse los test, los exámenes o las prácticas disciplinarias de control, vigilancia y sanción. Todos ellos constituyen recursos para configurar subjetividades, gracias a la incorporación de un recorte en la masa de aprendices cuyo fin es la estigmatización y la normalización. Dentro de estos mecanismos, ninguno tan importante como el examen, verdadera quintaesencia de la práctica educativa…” (2)

Si los referentes discursivos que emplean los políticos, dirigentes empresariales, legisladores, los comunicadores y funcionarios públicos de alto nivel del sector educativo, están identificados con la lógica “gerencialista” ¿qué alternativas ofrecemos los integrantes de la vida cotidiana en las escuelas públicas y demás espacios educativos no escolares? ¿Los y las docentes, directivos escolares, asesores técnicos, técnicos docentes, madres, padres y otros miembros de las familias, y estudiantes, de las diferentes comunidades el país, resistiremos a esta hegemonía discursiva empresarial o simplemente seremos avasallados por ella?

 

Fuentes consultadas:

(1) DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3o., 31 y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA (versión del 20 de marzo, 2019).

 

(2) Rodrigo Castro Orellana. (2004) Foucault y el saber educativo. Revista Electrónica Diálogos Educativos. AÑO 4, N° 8.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/04/18/educacion-el-dictamen-las-palabras-y-las-cosas
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Políticas Educativas “erráticas”: ¿Quiénes son los responsables?

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 14 de abril de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Retomo, por su relevancia en la actual coyuntura política, algunas declaraciones recientes de una de las consejeras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). En el comunicado de prensa No. 51 del mencionado Instituto, con fecha 8 de abril de 2019, se señala lo siguiente: “En educación no es posible ni deseable el borrón y cuenta nueva, pues la política pública avanza con una mezcla de tradición y cambio, afirmó la consejera de la Junta de Gobierno del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle.”. ¿Qué quiso decir la actual consejera del INEE, antes presidenta de la Junta de Gobierno de ese organismo público autónomo durante el sexenio de EPN? ¿Hacia quién fue dirigido su mensaje? ¿Hacia el nuevo gobierno de la 4T o simplemente conversaba con un espejo?

Luego, la investigadora en educación y ex funcionaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), agregó lo siguiente: “…en el desarrollo del Sistema Educativo Nacional hay logros y avances que deben reconocerse y retomarse para seguir adelante… destacó que sin duda hay muchas cosas qué cambiar y que algunas ya están en la agenda del nuevo gobierno, al menos a nivel declarativo. Resaltó que en educación es importante impedir tres inercias: la que conduce a evitar a toda costa los conflictos para asegurar estabilidad política y, por tanto, a conceder a intereses creados; la que lleva a beneficiar más a quien más tiene o a quien más se hace escuchar, y la que privilegia a lo que más reditúa políticamente.”.

Sin duda los comentarios y afirmaciones de la Doctora Schmelkes tienen, en varios de sus destinatarios, a personajes y a procesos institucionales claramente identificables en la llamada “clase política”, en las dirigencias magisteriales y en las élites que toman decisiones o tienen responsabilidades, de alto alcance, en materia educativa, tanto a nivel nacional como estatal o local.

En un intento por “curarse en salud”, la consejera “…señaló que el nuevo gobierno recibe una educación con serios problemas de cobertura; bajos y desiguales aprendizajes; una enorme desigualdad; con un magisterio resentido y una cúpula sindical que intenta recuperar las plazas…”.  El nuevo gobierno recibe, pero ¿quién entrega?

Al respecto de las plazas docentes y directivas de la educación pública, sería conveniente que las autoridades del INEE, organismo en agonía, antes de partir nos entregaran un informe completo, no ejecutivo, acerca del uso de las plazas docentes y directivas por parte de la SEP y las dirigencias sindicales durante las últimas dos décadas, para documentar lo que se afirma en foros y medios de comunicación, sobre todo si los consejeros quieren ser congruentes con la llamada “evidencia empírica”. (Herencia de plazas: ¿cuántas; dónde; cuándo se heredaron? Venta de plazas: ¿cuántas; dónde; cuándo se compraron y a qué costo?).

En otra parte de su exposición, la consejera del INEE añadió una estadística nacional que da cuenta del profundo fracaso de las políticas públicas aplicadas a lo largo de los últimos 18 años: “Informó que cada año abandonan 84 mil niños (y niñas) la (Educación) Primaria; cerca de 300 mil la (Educación) Secundaria y aproximadamente 700 mil jóvenes la Educación Media Superior; es decir, un millón 100 niños y jóvenes pierden la posibilidad de terminar su educación obligatoria cada año.”.  Si a estas cifras las lleváramos a comparaciones ilustrativas, podría decirse que cada año se van de las escuelas o abandonan las aulas algo así como 10 veces el Estadio Azteca lleno de aficionados entre los 11 y los 18 años de edad.

 

Nada nuevo bajo el sol…

“Sobre los niveles de aprendizaje obtenidos entre 2014 y 2018, la consejera del organismo autónomo dio a conocer que seis de cada 10 alumnos están por debajo del nivel suficiente en Matemáticas; cinco de cada 10 en Lenguaje y comunicación, y que en las escuelas indígenas ocho de cada 10 niños se encuentran en el nivel insuficiente, en ambos campos.” … Luego se refirió a lo que ya se sabe: “Señaló que la propuesta de Reforma Educativa del actual gobierno disminuyó en 50 por ciento los recursos destinados a poblaciones vulnerables. El presupuesto 2019 pone en duda las acciones planteadas para mejorar la educación de adultos, la inicial y la comunitaria, así como el fortalecimiento de las Escuelas Normales, cuyo presupuesto bajó de 738 a 448 millones, y la formación continua de docentes que disminuyó de 430 a 187 millones, enfatizó.”. Le faltó mencionar que también hubo un importante recorte al presupuesto del INEE, y las razones que expuso el poder legislativo para tomar esas decisiones.

Como si hablara desde una tribuna de algún congreso de investigación educativa y sin asumir una gota de autocrítica, sobre todo cuando ella estuvo al frente del instituto que marcó las directrices del Sistema Educativo Nacional durante la pasada administración federal, la Doctora Schmelkes no parece ejercer la autorreflexión ni el pensamiento ético (responsable) al rendir este tipo de cuentas a la sociedad.

“Ahí les encargo…”

Finalmente, según lo consigna el comunicado de prensa aludido, la consejera pretende dar indicaciones a las autoridades educativas: “…consideró que el gobierno federal debe fortalecer la rectoría del Estado en educación, lo que implica que los sindicatos acepten abandonar la lucha por posiciones de poder y centrar su tarea en la defensa de los derechos laborales de sus agremiados. Además, transparentar la asignación y promoción de plazas, fortalecer la participación de la sociedad en los asuntos educativos, racionalizar los procesos de planeación y de decisión con base en información y resultados de evaluaciones; diseñar una estrategia integral para combatir el trabajo infantil, y ofrecer una educación media superior, pertinente y digna, en zonas rurales. Finalmente, consideró necesario que el Estado incremente las tareas para profesionalizar al docente, priorizando su formación inicial.”

La participación de la consejera del INEE, Sylvia Schmelkes, genera varias reflexiones y observaciones críticas: En primer lugar, plantea la pregunta implícita que da título a este breve comentario ¿Quiénes son los responsables del fracaso de las políticas públicas educativas diseñadas y aplicadas en México durante los últimos 5 sexenios? En segundo lugar, llama la atención que las críticas que da a conocer Schmelkes en esta oportunidad, sobre las inercias observadas en la educación nacional, no se hayan encontrado ni mencionado durante el periodo de gobierno federal 2012-2018. Y, en tercer lugar, me pregunto: ¿cuáles son las acciones que desarrolló el INEE durante los últimos cinco años en que gozó de autonomía, para detener o provocar un giro significativo en las políticas públicas educativas correspondientes al periodo en cuestión?

Los consejeros del INEE a menudo se habían pronunciado como “apolíticos”, y como académicos contrarios a las argumentaciones “ideológicas” durante los debates sobre “lo educativo”. Al final del camino, sin embargo, ellos y ellas habrán de reconocer que esas negaciones constituyeron un mito: Hoy son actores políticos sobresalientes en los procesos de toma de decisiones y, por lo tanto, responsables de los resultados en el ámbito de las políticas públicas educativas en lo nacional, estatal y local.

Es correcto que las voces de los miembros de la Junta de Gobierno del INEE se den a conocer con ese tipo de énfasis críticos, -de ello no cabe duda-, sin embargo, es deseable que esa junta directiva asuma y reconozca su responsabilidad en este desastre educativo que se entregó al nuevo gobierno en diciembre pasado. Y no hacer creer que sólo los docentes son responsables de los resultados educativos, en términos de aprendizajes escolares. Todavía hay tiempo para que el consejero y las consejeras del mencionado instituto, hagan por primera y única vez un sano ejercicio en ese sentido.

 

Fuente consultada:

https://www.inee.edu.mx/images/stories/2019/comunicados/Comunicado-51.pdf

 

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/04/10/politicas-educativas-erraticas-quienes-son-los-responsables

ove/mahv

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Artículo 3o. Constitucional: El papel del Senado

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 7 de abril de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

En días pasados, el Maestro Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer a la sociedad un cuadro comparativo sobre las modificaciones al texto Constitucional, en materia de derecho a la educación, contenido en el Artículo 3o. Específicamente, Moctezuma mostró en esa imagen los principales cambios producidos entre 2013 y los del proyecto de decreto de 2019. Destaco, por su importancia, el punto donde el funcionario señala la orientación marcada en 2013, que era la: “Búsqueda de una educación orientada solo al mercado”, y lo que, como contraste, se propone en el proyecto de decreto 2019, desde la Cámara de Diputados: “Educación pública, gratuita, integral, para todos los niveles, humanista, enfocada para la vida y el desarrollo nacional.” (1)

Pregunta: ¿Por qué afirma el titular de la SEP que en el proyecto 2019 se busca romper con el enfoque de “educación orientada al mercado” (reivindicado en 2013), cuando en realidad el contenido del proyecto de decreto de modificaciones al texto Constitucional actual (2019) sugiere, en algunos fragmentos, todo lo contrario, es decir, continuar con ese discurso?

En uno de sus fragmentos, la propuesta de nuevo texto Constitucional de las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales (2019), producto de una negociación entre Morena y sus aliados con los grupos parlamentarios minoritarios, dice así: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.” (2)

¿Qué pretenden los legisladores de esas Comisiones mencionadas, al insertar el texto propuesto para integrarlo al Artículo 3o. de la Constitución, y establecer como principio: “…la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.”? No encuentro otro significado diferente a aquel que reivindican los sectores tecnocráticos y defensores de una visión empresarial de la educación, en el sentido de sujetarla al círculo de la mercancía. Discurso propio de ciertos ideólogos del “neoliberalismo” económico, que lleva implícito el concepto-método de la “Mejora Continua”, y que ha sido ampliamente promovido por la tecnocracia.

Según Cruz Ramírez (de la Fac. de Contaduría y Administración de la UNAM), Edward Deming, es coautor del método de la “Mejora Continua” en las organizaciones, quien “…en 1947 inició sus primeros contactos con ingenieros japoneses; en 1950 fue invitado por el Presidente de la Unión de Ingenieros Científicos Japoneses (JUSEP), a partir de este momento se dio a conocer e impartió unos cursos que se iniciaron el 19 de junio de 1950, por primera vez Deming, el padre de la calidad japonesa hizo uso en Japón, ante un grupo importante, de su modelo administrativo para el manejo de la calidad, es importante decir que los japoneses no tenían antecedentes claros de la calidad y que su calidad era verdaderamente fatal antes de la llegada de Deming en 1950 y antes de la visita del Doctor Joseph Juran en el año de 1954 a Japón. La era de la información enfocada al cliente, la era de la calidad, el inicio de la nueva competitividad, el nacimiento de Asia como nuevo poder global, y de Japón como amo del siglo XXI está precisamente fundamentado en la globalización de la calidad, una nueva estrategia de competir, entender las necesidades del cliente, y por supuesto satisfacer la demanda de los mercados.”

 

“Debemos establecer que la calidad tanto en Europa como en Japón y Estados Unidos detonó precisamente al terminar la segunda Guerra Mundial y que justamente en este periodo fue cuando las naciones del mundo se organizaron para crear y elevar los estándares de calidad, es por ello que el antecedente de la Organización Internacional de Estándares (ISO, por sus siglas en inglés) está precisamente ligado a hace 50 años, cuando entre 1950 y 1960 la calidad se convirtió en una mega tendencia en el mundo entero.” (3)

 

Pero lo más preocupante del contenido de la propuesta de dictamen, que pasará al pleno de las Cámara de Diputados, y de ahí al Senado de la República en los próximos días, no solamente es esta reiteración de términos creados por los gerentes de las empresas productoras de bienes y servicios, sino también por el hecho de que los legisladores proponen crear un “Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación Pública en México”, con un enfoque que incurre, simultáneamente en dos faltas: 1) Reivindica un lenguaje y un concepto que lleva a que la educación sea reducida a los términos que dominan el mercado, y 2) Impone una manera tecnocrática de abordar los problemas de la educación, que no pueden ser reducidos, trivializados, al círculo de la mercancía.

Considero que, con este dictamen aprobado por mayoría en Comisiones, (27 marzo 2019), se empieza a reconfigurar la «continuidad tecnocrática» (“Búsqueda de una educación orientada solo al mercado”) de la Reforma Educativa en México. Y que, de avalar este texto Constitucional propuesto, la SEP de Esteban Moctezuma y las fuerzas parlamentarias encabezadas por Morena, quedarán como responsables de aceptar esta reivindicación emanada de los partidos que integraron, en 2012-2013, el Pacto por México, con lo que pretende dar continuidad a los términos y a la esencia discursiva de las gerencias de las empresas privadas en el “sistema” educativo nacional.

En ese sentido, pienso que el papel del Senado de la República será vital, como Cámara revisora, para evitar que el llamado “sistema” educativo quede convertido en una agencia de “gestión pública de la calidad”, como una moda y sin atender a las más sentidas necesidades de los mexicanos, en términos del ejercicio de sus plenos derechos educativos.

Sería lamentable que los actores políticos y legislativos, interesados en establecer el marco jurídico de una nueva Reforma Educativa (2019), pierdan esta oportunidad de dar un giro definitivo hacia un proyecto educativo diferente, es decir, orientado hacia el bienestar social, con fundamentos educativos y pedagógicos; y que no puedan empujar y sentar las bases en ley, de los términos de la iniciativa presentada por el presidente López Obrador, en diciembre pasado.

 

Nota y fuentes consultadas:

(1) Agradezco a la Dra. Catalina Inclán, investigadora del IISUE-UNAM, quien amablemente me proporcionó una versión resumida de dicho cuadro comparativo, que consta de 15 puntos.

 

(2) DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3o., 31 y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA (versión del 20 de marzo, 2019).

 

(3) http://docencia.fca.unam.mx/~lvaldes/cal_pdf/cal5.pdf

 

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/04/01/articulo-3o-constitucional-el-papel-del-senado

ove/mahv

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Educación Pública en México: Continuidad de la Tecnocracia

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

¿Hay continuidad, sin ruptura, del Proyecto Educativo tecnocrático en México? Todo parece indicar que sí; en efecto, se observa continuidad, no ruptura; éstos son algunos de los argumentos y evidencias:

 

I

Debido a que el Proyecto Educativo tecnocrático fue instaurado desde el sexenio 1989-1994, a través del “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” (1992), y mediante el proceso “Modernizador” de la Educación Pública durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, podemos afirmar, con evidencia, que este proyecto abarca un periodo de ejecución de más de 30 años. En realidad, los contenidos, el lenguaje, las estrategias y las prioridades establecidas en las políticas públicas educativas desde entonces, se han mantenido y fortalecido a lo largo de los cuatro sexenios siguientes (Zedillo, Fox, Calderón y Peña).

El documento “Hacia un nuevo Modelo Educativo”, que la SEP dio a conocer en el marco del Programa para la Modernización Educativa (PME, 1989-1994), es el referente más destacado de la introducción del proyecto tecnocrático en la educación (también conocido como gerencialismo) en la escuela pública. El PME y el llamado “nuevo Modelo Educativo 1989-1994” formaron parte de esa serie de políticas públicas orientadas hacia la “modernización”; concepto fundamental en el discurso político del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Cuando en alguna ocasión afirmé en este mismo espacio que el actual Modelo Educativo 2017 (del sexenio de Peña Nieto) no es tan “nuevo”, no significaba que los planteamientos anteriores habían sido innovadores o que hubieran reunido la más alta consistencia interna, desde el punto de vista educativo y pedagógico. Más bien lo que traté de señalar es que los elementos principales del discurso actual son los mismos que se habían expresado desde hace más de 30 años, como sucede con los términos de “Calidad y Excelencia” de la Educación. Así, el esquema “modernizador” fue diseñado para ir más allá de una coyuntura política, pues tenía una intencionalidad clara, explícita y de más largo plazo: favorecer o impulsar a las economías locales, a través de mecanismos de liberación del comercio internacional. La educación pública en México quedó abierta, de este modo, a la globalización de las economías.

En particular y en ese mismo contexto, el discurso de la “Modernización Educativa” se ciñó al proyecto de lograr la “Calidad” como instrumento para reposicionar a México en el nuevo panorama mundial, que estaría marcado por las tendencias contrarias al proteccionismo económico, es decir, para apoyar la “liberación de las economías internacionales”. En una participación en Los Pinos, citada en el documento que hoy comento (“Hacia un nuevo Modelo Educativo”), Carlos Salinas de Gortari dijo lo siguiente: “En México actuamos convencidos que una educación de calidad es el medio estratégico para asegurar al país un lugar seguro y destacado en la nueva configuración mundial” (13 de diciembre, 1990). Después de 29 años, ¿México se encuentra en un lugar “seguro y destacado” en el nuevo orden “neoliberal”?

 

Desde entonces no ha habido una ruptura de ese paradigma, después de cuatro sexenios. Incluso, (y aquí propongo una hipótesis de trabajo), a ese periodo (1988-2018) se le podría interpretar como el tiempo de auge del discurso y de las políticas “Tecnocráticas y gerencialistas en la Educación Pública en México”, que sería un periodo equivalente al “neoliberalismo económico”, pero en el ámbito de la educación. La pregunta que surge es: ¿El gobierno de la 4T tendrá la capacidad y la voluntad política de girar completamente esa tendencia? ¿Estará en condiciones de provocar una ruptura paradigmática o simplemente dará continuidad al proyecto del “gerencialismo educativo”? Pues al parecer y según indican los acontecimientos, habrá “continuidad”.

Por lo que se observa en la arena parlamentaria, y los guiños que da Esteban Moctezuma y su equipo de colaboradores en la actual coyuntura, ante los medios, es un hecho que la “Continuidad”, va.

 

II

Es cierto que han trascurrido 30 años, desde que inició el sexenio de Salinas y 27 años desde que, en mayo de 1992, el presidente de la República llamó a elevar la “Calidad” de la Educación Pública (Básica) en México, a través de un instrumento de políticas públicas diseñado para el sector: el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Tiempo suficiente para enraizar una manera de hacer políticas educativas y para permear un discurso tecnocrático entre los diversos actores educativos.

Durante este periodo, la institución educativa llamada “escuela”, como unidad orgánica del “sistema”, ha sido convertida en una agencia administrativa, dispuesta para el control corporativo, (disfuncional, en términos de aprendizajes escolares), y total o casi totalmente desconectada de su esencia: la preparación o formación integral de los futuros ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, con un enfoque de derechos. Y si vamos más allá, la “tecnocracia” (que no “meritocracia”), impuso una noción de “escuela” en la cual se hacía implícito el significado de su existencia, que sería, sobre todo, impulsar un esquema de formación o de desarrollo de capacidades (Competencias) a favor de los educandos “para satisfacer tanto las necesidades locales como globales”.

El documento “Hacia un nuevo Modelo…” (1989-1991) resumía así sus intenciones: “El nuevo modelo educativo concluye con la exigencia de configurar perfiles de desempeño que respondan a las necesidades básicas de aprendizaje, para posteriormente traducir estos perfiles en contenidos de planes y programas de estudio de la educación básica. Los perfiles a su vez son parámetros de evaluación de la eficacia formativa de preescolar, primaria y secundaria.” Así comenzaron a expresarse los primeros discursos ya no tanto centrados en la “planificación”, sino en la “evaluación de la educación”.

Esa era la lógica de los tecnócratas y administradores de empresas en su discurso dominante y hegemónico sobre la manera de pensar la escuela pública. ¿De dónde salieron las nociones de análisis «FODA» (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que usan hoy los directivos de la escuela pública? ¿Qué raíz teórica y metodológica tiene la redacción de nociones como «¿Misión», «Visión» y «Políticas de Calidad» en la escuela? ¿Cómo surgieron los conceptos de «eficiencia», «eficacia» o “mejora continua” en el ámbito educativo, del que se apropiaron (por inducción) tanto maestros como directivos escolares?

 

Dispositivos conceptuales tecnocráticos como “Excelencia” Educativa, y la aceptación tácita y explícita, en el texto Constitucional, de términos o frases como “Máximo logro de aprendizaje de los educandos”, dan cuenta de esta lógica tecnocrática, gerencialista, pragmática, que sólo ha significado, con sobre cargas acríticas, reducir los conceptos educativos y pedagógicos a expresiones técnicas, mensurables, instrumentales. Los elementos de su discurso son elocuentes y congruentes con esa ideología: Los directivos escolares convertidos, en los hechos, en “gerentes”, y los docentes transformados en “técnicos”, en “recursos humanos” entrenados o “evaluados como idóneos” (en lo individual) para aplicar y desarrollar las competencias y los aprendizajes esperados en el aula.

El primer paso de la continuidad del proyecto tecnocrático educativo, durante el inicio del gobierno de la 4T, si no sucede otra cosa, será el decreto de modificaciones al texto Constitucional (sobre todo del Articulo 3o.), que se aprobará en estos días en la Cámara de Diputados federal.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/03/26/educacion-publica-en-mexico-continuidad-de-la-tecnocracia

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