Author: Juan Carlos Miranda Arroyo

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2019: Carta Educativa para este 6 de Enero

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 5 de enero de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Para este 6 de enero del 2019, esta carta no va dirigida a la monarquía de los nostálgicos Reyes Magos de Galilea o del Medio Oriente. No. Mis convicciones políticas me llevan a rechazar ese régimen de gobierno despótico. La carta la escribo, con buena fe, para los personajes que toman decisiones, hoy, en el pedestal de la República. Me refiero a esta generación de gobernantes que se identifican con algo que todavía no queda del todo claro, pero que autodenominan la “Cuarta Transformación”.

La carta dice así:

Queridos y muy distinguidos responsables de todos los Poderes del Estado (y de la Educación Pública) que toman o tomarán decisiones en nombre de la República Mexicana en este 2019 y años siguientes:

I

Como ustedes saben, nuestras escuelas públicas (de Educación Básica y Media Superior, sobre todo) no se encuentran en condiciones físicas adecuadas, por lo cual les pido destinen más recursos para que éstas operen adecuadamente; así mismo, solicito que reubiquen el presupuesto educativo para que los padres y madres de familia no subsidien a las escuelas a través del pago de las famosas “cuotas voluntarias”. De esa manera se evitaría que las familias paguen el teléfono, el agua, la energía eléctrica, los productos o servicios de limpieza y mantenimiento, los accesorios de oficina, el material de papelería, los recursos didácticos y demás gastos escolares cotidianos. Eso debe pagarse con los recursos obtenidos por ingresos fiscales por parte del Estado.

II

Si van a desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), por favor también disuelvan o hagan algo para rehacer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); y a cambio de ello pido que se convoque a la creación de un Sindicato democrático e independiente (del corporativismo, la demagogia y el clientelismo), y que en verdad nos represente a todos nosotros: docentes, directivos escolares, asesores técnicos y personal de apoyo a la educación, es decir, a todos los agremiados. Me gustaría que ustedes, como dirigentes electos o no, con este tipo de decisiones fueran congruentes con la idea de “Regenerar” la vida pública de la nación.

III

De los más de mil millones de pesos que se destinaban al INEE, anualmente, (paradójicamente presupuesto mayor al que recibe la Universidad Pedagógica Nacional), debido a su eventual desaparición, (según lo declarado por Esteban Moctezuma, el pasado 12 de diciembre), les pido que el 50 por ciento de ese recurso financiero se destine a las universidades autónomas, para que éstas fortalezcan sus actividades de investigación en materia educativa y a favor de la creación de nuevos contenidos y métodos educativos (más allá de la evaluación). Y que el otro 50 por ciento del presupuesto, sea dedicado a desarrollar actividades de docencia e investigación educativa a cargo de las Escuelas Normales y la UPN. Dentro de esto, sugiero, por favor, que todas estas instituciones cuenten con potentes programas de producción editorial y de desarrollo de nuevas tecnologías.

IV

Del salario magisterial, sólo les pido que, a partir de este año, el aumento anual no quede por debajo de la tasa anual de la inflación, tal y como ha sucedido lamentablemente durante los últimos 5 años.

V

Por último, y con la idea de no abusar de su gentileza ya que estamos en tiempos de austeridad republicana, sólo les solicito que se organice, junto con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), un Congreso anual de Investigación, Evaluación y Profesionalización de las Figuras Educativas. Esto lo digo porque el COMIE celebra sus reuniones académicas de manera bianual (cada año impar; por cierto, este año 2019 toca); y quizá el evento se podría realizar anualmente, si contara con más recursos financieros. Y en los años pares, por ejemplo, el Congreso Nacional se podría dedicar a la revisión, análisis y actualización de los indicadores educativos, regionales, nacionales e internacionales.

Tengo otras 5 solicitudes, pero creo que, por el momento, éstas son suficientes.

Les agradezco de antemano y de todo corazón, sus atenciones. Y no se preocupen si mis deseos no se cumplen este año. Tienen 5 años y medio para cumplir.

Les saluda con afecto un humilde profesor de aula que usa cotidianamente gis y pizarrón.

jcmqro3@yahoo.com

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/12/31/2019-carta-educativa-para-este-6-de-enero

ove/mahv

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Reforma Educativa: Mirar a la Escuela de otra manera

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 9 de diciembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

En México, y en cualquier país del mundo, las modificaciones a los textos constitucionales o la aprobación de leyes nacionales, como acciones iniciales para emprender Reformas Educativas, no necesariamente han producido cambios de “raíz” en las prácticas educativas y docentes en las escuelas (1); esto lo digo porque el siguiente gobierno federal, próximo a ejercer el poder político en una semana, podría cometer el mismo error en que cayó el gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto, en materia de políticas públicas y estrategias educativas. Pensar que los cambios sociales (estructurales o de base) se generan a partir de las modificaciones al marco legal, es dar por cierta una falacia. Esa ha sido la experiencia para el gobierno que va de salida, y lamentablemente para nuestra sociedad; ha sido una equivocación cometida tanto en el orden de la estrategia puesta en práctica como en la concepción (el contenido) de la Reforma Educativa recién ensayada durante el periodo 2012-2018. En consecuencia, esas han sido algunas de las razones del eventual fracaso de la iniciativa del “cambio” propuesto a través del “Pacto por México” (cuya responsabilidad y diseño se debe a los partidos políticos PRI, PAN y PRD), mediante una Reforma Educativa supuestamente estructural que, según los acontecimientos, ha sido rechazada por la mayoría de la sociedad.

Desde una perspectiva crítica del diseño de las políticas públicas en educación, considero que la estrategia para transformar el sistema educativo, tendría que ser operada exactamente al revés: Primero se tendrían que impulsar los “cambios educativos”, en la base, es decir, en las escuelas, en las aulas y, en segundo lugar, integrar los diversos esfuerzos colectivos, orientados hacia “la transformación”, para consolidarlos y extenderlos hacia todo el conjunto del sistema, a través de la adecuación o actualización de los diferentes instrumentos jurídicos y normativos. Lo anterior implica pensar al Estado no solo como una entidad hegemónica generadora del “deber ser” de una sociedad, sino también como el complejo institucional que, en representación de la misma, regula las prácticas sociales que permitan la convivencia armónica, justa, democrática y civilizada entre los miembros de la sociedad.

Coincido, en ese sentido, con las voces y los argumentos sociológicos (como los de Michael Fullan y Andy Hargreaves) que consideran o interpretan a la escuela desde otra mirada, sobre todo en coyunturas de reforma o de transformaciones profundas como la que vivimos en México. Así lo expresa concretamente Fullan cuando se refiere a ese tipo de reformas: “Hay dos dimensiones claves para la capacidad (del cambio educativo). Una es lo que los individuos pueden (o quieren) hacer para desarrollar su efectividad (desde la escuela), a pesar del sistema; la otra es la forma como los sistemas necesitan transformarse.» (2)

 

Ello significa que la escuela debiera convertirse, como colectivo de personas comprometidas con los aprendizajes significativos de sus estudiantes, en una “unidad autonómica” que aprenda a pensar y a operar el cambio a partir de sus prácticas concretas; a diseñar y emprender por su cuenta, y más allá de los dispositivos burocráticos del “sistema”, su “propia agenda o plan de reformas educativas y docentes (procesos de enseñanza y aprendizaje)” para la escuela y para cada grupo de alumnos en el aula. Sin duda, eso también implicaría poner en marcha un amplio proceso de revisiones críticas y autocríticas acerca de las “prácticas educativas y docentes” dominantes en la institución educativa, que incidan en la extensión, la pertinencia y la profundidad de los aprendizajes de los niños, las niñas y los jóvenes.

Para los tecnócratas y los simpatizantes (convencidos o no) del reformismo conservador (con orientación claramente neoliberal), sin embargo, la lógica del “cambio educativo” se reduce solo a una mera imposición de “modelos” o “programas” desde fuera (el “deber ser”) de las escuelas (como ha sido el caso de las reformas educativas promovidas durante las últimas décadas en varios países, y ha sido también la situación por la que ha pasado México). Eso se ha hecho a través de dispositivos técnicos únicos, nacionales y obligatorios, diseñados por expertos, funcionarios o científicos de la educación, cuyas propuestas han sido válidas para el autoconsumo de la propia comunidad científica (corporativa e institucionalizada), pero que son ajenas a las necesidades de las comunidades magisteriales, es decir, para las figuras educativas que laboran en las escuelas y en las aulas (docentes, directivos escolares y asesores técnicos), es decir, para quienes operan cotidianamente los planes y los programas de la educación pública.

 

En resumen, la ruta crítica elegida por el Estado mexicano, para los propósitos reformistas, fue la siguiente: el Poder Legislativo, por iniciativa del Ejecutivo, modificó el texto constitucional, sin consulta pública en 2013, y estableció como principio general y entre otros aspectos, en el Art. 3 de la Carta Magna, que la “calidad de la educación” se definiría como el “máximo logro de aprendizaje de los educandos”, con lo cual se fijarían las bases para el diseño o adecuación de las leyes secundarias en materia educativa (Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Ley General del Servicio Profesional Docente), a través de cuyos contenidos y aplicaciones, (como eje central de las políticas públicas), se enfocaron obsesivamente hacia la evaluación de las diferentes figuras educativas, de manera rigurosa y con consecuencias laborales, como el mecanismo universal que aseguraría alcanzar la llamada “calidad educativa”.

Las autoridades educativas federales y estatales durante ese periodo (2012-2018) jamás admitieron, sin embargo, que el cambio educativo más redituable y duradero no es el que se da mediante el arreglo (en la oscuridad) entre las cúpulas del poder político y otros grupos privilegiados, sino desde las escuelas (y no me refiero a la iniciativa de poner a las “Escuelas al Centro”). Arreglo que históricamente se ha dado entre los actores sociales que cogobiernan y que constituyen las élites del poder científico técnico (grupos de expertos en educación que preservan la hegemonía en las instituciones legitimadoras del saber, como he descrito antes, cuyo coto de poder más actual, en México, ha sido el INEE), y que, en conjunto con otros grupos de poder, han tomado las decisiones importantes en materia educativa para la nación: cúpulas empresariales; alta jerarquía de las iglesias; dirigencias de la clase política y sindicales, así como el poder fáctico que ejercen los medios de comunicación, que participan, directa o indirectamente, en el proceso de validación o legitimación de los contenidos, los métodos, el financiamiento, la organización, los tiempos y la infraestructura de las escuelas.

 

Una de las cuestiones que habrán de ponderar las futuras autoridades educativas federales (que impulsarán la 4T), es la dinámica que prevalece en la esencia de las prácticas educativas y docentes cotidianas en las escuelas, en el sentido de revisar los estilos de enseñanza centrados en la “directividad”, así como su orientación para conservar los vínculos de dependencia docente-alumno. (Revisión que está en la cancha de los colectivos escolares). Situación que no es solo privativa de nuestro país, sino que también es observada en otras latitudes: En Colombia, por ejemplo, los investigadores reconocen que “… la mayoría de la población presenta una marcada deficiencia en la habilidad de evaluación de la tarea (de aprender por cuenta propia), lo cual se puede explicar porque la educación inicial (Preescolar y Básica) que han recibido los sujetos, ha concedido al maestro el control y evaluación de los aprendizajes, haciendo del estudiante un sujeto pasivo y dependiente de su tutor, con pocas posibilidades de alcanzar procesos de autonomía y autorregulación de su aprendizaje…” (3)

 

Es de tal modo la urgencia de revisar los métodos y los fundamentos relacionados con las prácticas educativas y docentes en la escuela, que el mismo INEE se ha dado a la tarea de preparar una propuesta para capacitar o actualizar a docentes, asesores y directivos escolares sobre esos procesos, mediante el estudio profundo y reflexivo de métodos de autoevaluación, a efecto de promover la “autonomía escolar” (4); lo cual en sí mismo constituye una buena idea, pues sintoniza con la crítica que he esbozado a lo largo de este comentario (en el sentido de movilizar el cambio “desde abajo” y en forma “horizontal” y no de manera “vertical” ni “desde arriba”). Sin embargo, la pregunta que me hago, ante la propuesta del INEE, es: ¿Por qué hasta ahora?

 

Fuentes consultadas y notas:

(1) “La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos.  No se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula”, según B. García-Cabrero, Loredo, J. y Carranza, G. (2008). Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión.  Revista Electrónica de Investigación Educativa, Especial. Consultado en: http://redie.uabc.mx/NumEsp1/contenido-garcialoredocarranza.html

 

(2) M. Fullan. (1998) El significado del cambio educativo. (The Meaning of Educational Change: A Quarter of a Century of Learning). En: A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan y D. Hopkins (eds.): International Handbook of Educational Change (pp. 214-228). Dordrecht: Kluwer. Traducción de Santiago Arencibia y revisión técnica de Antonio Bolívar, reproducido en: Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 6 (1–2), 2002, (España).

 

(3) Isabel A. Sierra Pineda y N. Carrascal Torres (2016) “Desafíos Epistemológicos y requerimientos en los Planes de Formación de Maestros para la Educación Infantil: El camino hacia la Autorregulación Temprana y la Autonomía”. Documento presentado en el 3er. Simposio Internacional y 4o. Coloquio Regional de Inv. Educativa y Pedagógica. Montería, Colombia.

 

(4) Sylvia Schmelkes; Galas Taboada, C.; Hamilton Vélez, E.V.; Chicharro Gutiérrez, M.P.; y Hamilton Vélez, J. (2018) “Autoevaluación y Autonomía Escolar: Principios y herramientas para la Gestión”. INEE. México.

 

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/11/26/reforma-educativa-mirar-a-la-escuela-de-otra-manera

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Las Autonomías Institucionales y la Educación

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 2 de diciembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Coincido con la idea de que al exceso de rigidez en el ejercicio de gobierno, le sucede la carencia de imaginación y creatividad

El debate sobre las autonomías institucionales (Banco de México, IFAI, INEE, Fiscalía Federal, INE, etc.) da cuenta de una de las necesidades y exigencias de la sociedad actual, en términos de ampliar los cauces democráticos y de dotar a las instituciones del Estado mexicano de mayor estabilidad o proyección transexenal, y consistencia en la producción y el manejo de la información y los conocimientos, entre otros factores.

Esto lo comento a propósito del interesante artículo “En defensa de la Autonomía”, publicado la semana pasada por el doctor Pedro Flores-Crespo, y dado a conocer en el sitio Educación Futura (19 de septiembre, 2018).

Hay cuatro tesis del doctor Flores-Crespo en su texto sobre la Autonomía que me llaman la atención y sobre las cuales pongo a consideración algunos comentarios, especialmente porque no solo se aplican a nivel institucional, sino también en los planos de la escuela, pequeños grupos y en lo individual.

El contexto: Flores-Crespo recuerda un comentario que él mismo publicara en 2017, sobre la autonomía de los grupos, las personas y las instituciones, mismo que retomó recientemente “a la luz del escarceo de un legislador (Martí Batres) del partido Morena por desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), lo cual generó un interesante debate en las “benditas” redes sociales. El cyber espacio vio desde los detractores que culparon a ese órgano constitucionalmente autónomo de la “violencia” generada contra los maestros hasta los defensores del instituto. Estos últimos reiteramos la importancia del instituto en función del cúmulo de información que ha generado desde 2002 y que no solamente se circunscribe a los resultados de la evaluación docente.”

Primera tesis: “El hecho de verificar y cuestionar la “verdad oficial” por medio de los datos y del conocimiento que generan los órganos autónomos es un baluarte de la democracia.”

Segunda tesis: “Un sujeto autónomo es ante todo un sujeto responsable”.

Tercera tesis de Flores-Crespo: “Reconocer la capacidad de desarrollo individual, escolar e institucional contribuiría a delinear una agenda educativa mucho más imaginativa que la que ha planteado el presidente electo (dar becas, multiplicar espacios de estudio formales o tener una visión bastante cándida del magisterio)”

Y agrega lo siguiente el profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro: “El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí podría hacer historia si construye las bases y las condiciones para que, por ejemplo, los maestros de Educación Básica puedan trazar sus propias rutas de desarrollo profesional, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) los respalde para la consecución de ese fin. Además, al reconocer al docente como un sujeto responsable – y no sólo un recipiente de programas de buena voluntad -, puede proponer estrategias para quitarle a los maestros la tutela que les impone la burocracia sindical, la SEP, las secretarias (de educación) de los estados y la sobre ideologización de algunos colectivos.”

“Dejar de controlar desde el centro sería una bocanada de aire para nuestras universidades públicas que cada vez ponen más en entredicho su “autonomía” e independencia. Quizás la supresión de la autonomía universitaria por medio del control gubernamental ha impedido, en gran medida, el florecimiento intelectual y científico…” A este fragmento le agregaría lo siguiente: Y también sería una bocanada de oxígeno para nuestros subsistemas de Educación Básica y Media Superior.

Cuarta y última tesis: “Para finalizar diría que la noción de autonomía que suscribo aquí no significa autosuficiencia (“yo las puedo de todas, todas”). No estoy sugiriendo que las personas giramos ciegamente en torno a nosotros ni que el gobierno no es importante para el desarrollo de la autonomía individual, sino que hay una capacidad clave que el gobierno electo parece no advertir y de ahí su poca imaginación en la agenda educativa que propone.”

“Esperemos entonces que sepan escuchar, discutir y consideren a las personas y a las organizaciones escolares y universitarias desde otra perspectiva que los gobiernos neoconservadores no quisieron reconocer. Sí hay una buena oportunidad de “hacer historia” si se defiende y no se atenta contra la autonomía individual, escolar e institucional. Esto sí sería una verdadera transformación.”

Hasta aquí dejo las ideas centrales de la exposición de Flores-Crespo.

Lo que pienso al respecto, es que justamente uno de los problemas que enfrenta el régimen republicano, esto es, las instituciones del Estado moderno, que cuenta con una división de poderes y un esquema sui generis de órganos autónomos, como sistema democrático y representativo, al menos en las condiciones y con los actores políticos que participan en México, es el de la “partidización” en la composición de los órganos legislativos y, por lo tanto, en la elección o selección de consejeros de las juntas de gobierno de las instituciones de referencia. No hay que olvidar que es el poder legislativo, -federal y estatal en la mayoría de los casos-, el que toma las decisiones durante los procesos de nombramientos de miembros de dichas dirigencias. Entonces ¿el problema de la “autonomía institucional” está o no resuelto? ¿La autonomía o las autonomías institucionales están o no delimitadas, acotadas, minimizadas por los partidos políticos?

Tal como lo señalé en el espacio de comentarios al pie del texto de Flores-Crespo en Educación Futura: Considero que, si bien hay que reconocer que la tradición liberal, contraria a la tendencia conservadora en México, ha sido reivindicada por AMLO, otro problema latente está, sin embargo, en las tentaciones del morenismo de la Cuarta Transformación (4T) por reciclar el esquema político del «nacionalismo revolucionario» y, junto con ello, las prácticas antidemocráticas como el corporativismo, los procedimientos clientelares y el «Estado a toda costa benefactor», paternalista, además de burocrático, lo cual iría en contra de las autonomías (responsables) a distintos niveles: individual, grupal, escolar e institucionales.

Coincido con la idea de que al exceso de rigidez en el ejercicio de gobierno, le sucede la carencia de imaginación y creatividad. No creo que el Estado y su poder público centralizado, como “Ogro filantrópico” en la discutible analogía empleada por Octavio Paz, sea la solución a los grandes problemas nacionales, y menos aún al problema de la educación pública. Precisamente lo que se requiere, por el contrario, es menor presencia del Estado en la cosa pública, menores cargas burocráticas (procedimentales), y una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones y en los procesos educativos (en términos de aprendizajes) con sentido de autonomía y de responsabilidad. En eso coincido, sin embargo, aparece otro conflicto: ¿Cómo lograrlo?

Tampoco estaría a favor de la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), por decreto y sin análisis, pero sí estaría de acuerdo con ejercer una valoración más crítica y autocrítica sobre su desempeño, como institución pública, desde 2002; y como órgano autónomo del Estado, desde 2013. Habrá que revisar, entre otras cosas, su estructura orgánica, la distribución y pertinencia de sus mandos directivos, medios y operativos, centrales y periféricos; así como sus atribuciones legales claves y el modelo de financiamiento con el que trabaja. Pero quizá lo más importante del INEE sea rescatar y fortalecer su función principal como institución encargada de jugar el rol de “evaluadora”, no solo de las acciones del gobierno, (para no ser comparsa de la SEP o “porrista” en materia de diseño y aplicación de las políticas públicas), sino de la marcha del sistema educativo nacional.

Cierro este breve comentario con un fragmento –porque lo suscribo-, del texto del propio doctor Flores-Crespo: “Si AMLO en verdad está preocupado por elevar la calidad de la educación y su justa distribución, podría sugerir que sean los niños, maestros y directivos quienes en sus propias escuelas discutan sus problemas y deliberen abiertamente estrategias para enfrentarlos dentro de un marco de aprendizajes común. Ante este ejercicio reflexivo, la SEP tendría que responder respetando su libertad y dotándoles de recursos y apoyo. Uno de estos apoyos sería precisamente la confianza que constituye un primer paso para formar personas y comunidades autónomas y responsables.”

Fuente del Artículo.

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/09/24/las-autonomias-institucionales-y-la-educacion

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Los Escenarios de la Reforma Educativa 2018-2024

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 25 de noviembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Habrá con seguridad otros tantos componentes orientados hacia la transformación del sistema educativo, más finos y más específicos, entre los que destacan los siguientes aspectos:

La semana pasada comenté en este espacio los contenidos de un libro interesante, de reciente publicación, acerca de la “Reforma Educativa, a revisión…” (1). En un ensayo introductorio de ese texto, los autores afirman que las Reformas Educativasinducidas en México (no usan el término “impuestas”) por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, fueron las que se caracterizaron por su orientación hacia el “cambio” (según un análisis comparativo y documentado), mientras que las “reformas” comprendidas entre los años 1994 y 2012, es decir, durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, y Felipe Calderón, no hubo dichos “cambios”, sino, en todo caso, solo alcanzaron “estabilidad” sin demasiados cambios o cambios que impactaron levemente a la estructura y funcionamiento del sistema educativo nacional. (2)

A reserva de polemizar o no en relación con esa interpretación referida acerca de las “Reformas Educativas” del pasado, me pregunto ¿cuál será la profundidad del cambioque le dará el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador a la Educación Pública durante el período 2018-2024? ¿Cuáles serán los contenidos de la ola democrática mexicana (resultado de esa revuelta cívica iniciada en julio pasado), hacia el ámbito educativo, que es relevante en la ruta de transformación de la vida nacional?

Aquí lo que valdrá la pena verificar es si hay, en la agenda del nuevo gobierno de AMLO, un planteamiento integrador o no, acerca del problema educativo a resolver, en términos de “transformar de raíz” el sistema. A propósito de ello, surgen algunas cuestiones: ¿La idea del nuevo Plan o Acuerdo Educativo de la Cuarta Transformación (4T) incluye cambios al marco constitucional? ¿O solo se quedará en el ajuste leve, es decir, en simples enmiendas (o “parches” dicen algunos) a las leyes secundarias o específicas del sector?

El régimen político de la 4T tiene la opción de promover cambios o activarlos en varios niveles, siempre y cuando cuente con una base social que lo sustente y legitime. ¿Es suficiente o no el voto ciudadano expresado en las urnas en julio pasado?

Antes de emprender cambios al marco legal, considero que existen las condiciones propicias para promover, antes, un debate amplio y diverso entre distintos sectores de la sociedad mexicana, acerca de lo que en México entendemos o “debemos” entender por “calidad de la educación”; así mismo, será necesario y pertinente, a esta hora en que la viabilidad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se discute públicamente: ¿Qué entendemos por “evaluación de la educación” o por “equidad e inclusión educativas”, en términos de principios generales o como esquemas de orientación, que deben ser plasmados en el texto Constitucional?

Cabe resaltar que las modificaciones a los preceptos constitucionales, hoy, habrán de ser el resultado de una amplia consulta pública sobre dichos principios generales, en especial de aquellos que fueron modificados en 2013, y que sin duda habrán de orientar los derechos de los ciudadanos, así como precisar las obligaciones de las instituciones del Estado mexicano en materia de educación pública.

Otro escenario de decisiones importantes y que se avecinan en este proceso de transición 2018-2019, es el que se refiere a la equidad educativa, la inclusión y los diferentes componentes de actuación de las diferentes figuras educativas (docentes, directivos escolares y asesores técnicos) en el ámbito de las prácticas cotidianas en las escuelas. ¿Cómo habrá de evaluarse el trabajo docente, de asesoría y directivo? ¿Qué dispositivos de capacitación y actualización estarán presentes en el momento en que se detecten necesidades de acompañamiento hacia estas importantes figuras educativas?

Habrá con seguridad otros tantos componentes orientados hacia la transformación del sistema educativo, más finos y más específicos, entre los que destacan los siguientes aspectos: Los salarios base, las prestaciones y los incentivos económicos que forman parte del paquete de reconocimientos al desempeño de docentes, directivos y asesores técnicos, (aspecto que reemplazó al Programa de Carrera Magisterial, establecido en 1992 y que operó hasta el año 2013-2014).

También quedarán pendientes temas como la definición o redefinición de los contenidos de los planes y programas de la Educación Básica y Media Superior (¿O ya está agotada esa discusión?). ¿Qué sucederá con los métodos de enseñanza y con los enfoques relativos a los campos de formación que se encuentran definidos en dichos planes y programas, a partir del enfoque general denominado “desarrollo de competencias”? ¿Qué sucederá precisamente con ese marco conceptual (del diseño curricular) que ha sido adoptado y usado durante los últimos años en México (el enfoque “competencial”), para diseñar el marco curricular común en EMS, así como de los planes y programas de estudio de la Educación Básica?

En fin, los escenarios de las políticas públicas para la Educación en México, que prevalecerán durante los próximos seis años, se tendrán que definir en los próximos meses, por ley, y deberán reflejarse en el Plan Nacional o Sectorial de Educación 2019-2024.

Queda a los distintos actores sociales involucrados en los asuntos de la Educación, estar atentos a las iniciativas que provengan del gobierno federal entrante, así como de la coordinación que éste tenga con los grupos parlamentarios, que ya están en posición de emprender cambios al marco legal, todo ello a efecto de empujar las políticas públicas educativas de la 4T, sin embargo, quedan todavía algunas dudas: ¿Cuáles son las prioridades educativas del régimen político que viene? ¿Están claramente identificadas las necesidades nacionales y regionales de México en materia educativa? ¿Con qué recursos públicos se cuenta para emprender dichas iniciativas de “cambio”?

Los escenarios próximos en materia educativa, sin embargo, están por construirse sobre la base de un nuevo código de entendimiento entre sociedad y gobierno; un tipo diferente de conversación en el cual lo que estará sobre la mesa no será el monólogo ni el “aplastamiento político del otro” –espero-, sino la posibilidad de abrir el diálogo hacia las distintas formas de contribuir al ejercicio pleno del derecho a la educación para todos los mexicanos.

 

 

(1) El libro es de Arcelia Martínez Bordón  y Alejandro Navarro Arredondo (coordinadores). “La Reforma Educativa a revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración de una agenda educativa 2018-2024”. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Agosto, 2018. (Comentado en SDP Noticias, del 14 de nov., 2018)

 

(2) “…Se identificó que la política educativa mexicana respondió a un largo periodo de estabilidad que inició con las modificaciones inducidas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, las cuales prevalecieron hasta la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, en 2012. Dicha estabilidad se mantuvo durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pues hubo una continuidad en la política educativa o se presentaron cambios, pero muy marginales.” (Ver ensayo: “Para entender mejor la Reforma Educativa: estabilidad y cambio en el sistema educativo  mexicano”, de Erika Gómez Zamarripa y Alejandro Navarro Arredondo; en: Martínez y Navarro, obra citada, 2018, p. 40)

 

jcmqro3@yahoo.com

Fuente del Artículo:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/11/20/los-escenarios-de-la-reforma-educativa-2018-2024
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La Educación y el Árbol de Manzanas

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 18 de noviembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

El sistema educativo está integrado por un conjunto de instituciones, una red de organizaciones diversas, cuyo eslabón final está representado, en la parte formal, por la escuela. Como un árbol gigantesco de manzanas, el sistema educativo tiene ramificaciones, hojas y frutos. En México, el árbol es grande, viejo y complejo; si fuera un árbol, nuestro sistema educativo sería también como una casa habitada por muchos tipos de seres vivos que contribuyen, que se sirven o que interrumpen el logro de jugosos frutos.

Si seguimos con esa analogía botánica y ecológica, las reformas  educativas que se diseñan y echan a andar (como en el caso de México), son el conjunto de acciones que tienen el propósito de lograr que el árbol se revitalice, reciba la atención técnica adecuada y esté en condiciones de producir frutos de “calidad”. En su origen, la reforma educativa es una decisión política, que tiene impactos diferenciados en distintos niveles del sistema: En lo jurídico, legal, educativo, pedagógico, organizacional, burocrático, financiero, de obra y de comunicación, entre otros aspectos, que tienen la intención de “mejorar” el sistema educativo.

A pesar de la claridad que nos pueda ofrecer esa analogía, la sociedad se  pregunta ¿qué, cómo y por qué Reformar al Sistema Educativo? “Reformar” a la Educación, en realidad lo que significa, en sentido estricto, es emprender un gran proyecto nacional para transformar el sistema educativo. Pero ¿realmente existe la necesidad de transformar al sistema educativo?

La hipótesis de los estudiosos de los procesos de cambio educativo,  como Michael Fullan y Andy Hargreaves, señala que no todos los docentes y directivos escolares perciben de la misma manera la necesidad de la transformación educativa. Y no solamente eso, sino que existen distintas maneras de asumir el cambio debido a que los significados de la cultura escolar son diversos. En los años 70 del siglo XX, dice Fullan, “La gente adoptaba innovaciones sin cuestionarse por qué y se asumía el uso de las mismas, aunque… en la práctica pocas cosas estaban cambiando.” (1)

La escuela, así, y en particular la escuela pública, cuenta con una “gramática cultural y educativa” que se preserva, que se mantiene y que le da sentido de estabilidad, de conservación. En algunos casos se podría afirmar, incluso, que hay docentes y directivos escolares que, si bien no están en contra del cambio educativo, no encuentran la necesidad de emprender acciones para cambiar; son aquellos que, en la práctica, hacen de la escuela una institución esencialmente conservadora.

¿En realidad se puede transformar el sistema educativo? ¿En realidad se quiere transformar el sistema educativo?

Como decía al inicio de esta reflexión, el sistema educativo  incluye instituciones públicas, desde el gobierno federal y los gobiernos estatales hasta los organismos burocráticos intermedios y unidades escolares; por lo tanto, incluye estructuras burocráticas no siempre dispuestas al cambio, sino todo lo contrario: son “entidades” que se resisten a cambiar. ¿Cómo pueden las iniciativas de reformas educativas mover esas estructuras burocráticas que son resistentes al cambio? Quienes tienen a su cargo la responsabilidad de crear condiciones para el adecuado desarrollo de lo educativo (políticos, administradores, burócratas), generalmente impiden el paso o lo hacen lento, es decir, obstaculizan las oportunidades para llevar a cabo las acciones orientadas hacia el cambio, y ese impacto afecta, cotidianamente, a quienes directamente realizan las prácticas educativas (docentes, estudiantes, técnicos y directivos escolares que cuentan o no con el apoyo de las familias).

Se esperaría que la educación pública, luego de la aplicación de  una o varias reformas, fuera la red de instituciones más potentes en las realizaciones educativas, que debiera contar con las condiciones físicas, operativas, materiales, normativas, didácticas y profesionales adecuadas para cumplir con sus propósitos. En México, el precepto constitucional indica que se debe ejercer plenamente el derecho a la educación, con calidad y equidad, para todos los mexicanos. Sin embargo, por delante de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se anteponen los procedimientos, los reglamentos, los lineamientos, las disposiciones, las políticas públicas, en fin, diversos segmentos burocráticos que se oponen o no favorecen al cambio.

Al respecto Fullan afirma que “Los cambios estructurales son necesarios, pero no suficientes para provocar un cambio significativo. Dicho de otra forma: entender un problema e identificar los cambios necesarios para corregirlo es diferente a saber cómo provocar dichos cambios.” (Misma obra)

Una de las conclusiones más importantes de los estudios de campo, realizados en escuelas, por  parte de Fullan, es la siguiente: “el cambio radical puede venir, solamente, a través del oportuno desarrollo de las capacidades individuales de los usuarios para participar activamente en un proceso que parte de capacidades limitadas, y que tiene, en cada nivel del mismo, una cierta inercia a transformar prácticas sutiles, y no tan sutiles, en viejos modelos ya existentes” (p. 31).

El árbol de la educación es diferente a cualquier otro árbol de manzanas. Aunque se aplique fertilizante a sus raíces o a la base de su tronco, se remueva la tierra y se proporcione suficiente humedad, los cambios que se dan son graduales y diversificados, y se generan en distintas zonas de la planta. El cambio no es uniforme, no es lineal, no es único, nacional ni obligatorio. El cambio educativo es irregular, gradual, regionalizado, zonificado, y por escuelas… Por lo mismo, la promoción de iniciativas hacia el cambio puede surgir desde la raíz, desde las ramas, las hojas y desde los frutos mismos. Ahí está la diferencia. En ello radican los significados del cambio educativo que habremos de revisar en esta coyuntura, en que se piensa, colectivamente, acerca de qué tipo de reforma educativa requiere el país.

(1) Michael Fullan. (2002) El significado del cambio educativo: un cuarto de siglo de aprendizaje. Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 6 (1–2).

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/09/03/la-educacion-y-el-arbol-de-manzanas

ove/mahv/294287

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Carta desde el aula a Esteban Moctezuma

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

C. Lic. Esteban Moctezuma Barragán.

A través de los medios informativos, hemos sabido que usted ocupará el cargo de titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República para el período 2018-2024. Por tal motivo, le expreso algunas inquietudes, preguntas y sugerencias, con respeto y desde el aula, sobre la situación educativa mexicana en el momento actual, en mi condición de profesor de tiempo completo y ciudadano de a pie.

Los retos que enfrentará su gestión al frente de la Educación en México, son grandes y de enorme complejidad. Por ello, considero que en esta importante responsabilidad se requerirá no solamente de imaginación, voluntad y experiencia, sino también de talento político y oficio en el ejercicio del servicio público, y de un liderazgo ejemplar, desde el más alto nivel hasta los mandos medios y operativos de la SEP. Además, se requerirá de tolerancia, actitud de escucha y diálogo permanente, atento, conciliador con todos los actores que, directa e indirectamente, están involucrados en los asuntos de la Educación.

Pienso que, para construir una agenda educativa, a efecto de identificar las más sentidas necesidades educativas nacionales, es pertinente en primer lugar, conversar con el personal de base, es decir, con las maestras, los maestros, directivos, personal de apoyo, asesores y asesoras técnicos, padres de familia y estudiantes de todos los niveles y modalidades educativos, para saber, desde abajo, cuál es el estado en que se encuentra la Educación, hoy, en nuestro país, no desde arriba; y, posteriormente, definir, desde ahí, el tipo y la profundidad del cambio educativo que requiere nuestra nación en las condiciones actuales.

Para ello, adicionalmente, será conveniente que usted y su equipo, se den a la tarea de evaluar cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que demandan dichos cambios en la actualidad y con prospectiva hacia el año 2024. En esta parte incluyo, por supuesto, el entorno del desarrollo científico, tecnológico y humanístico que vive México, como para darle un marco de referencia al cambio.

También es importante ubicar todas estas ideas de transformación, de “cambio verdadero” como lo ha dicho AMLO, en su justa dimensión, y reconocer que dichos cambios se podrán llevar a cabo en el mediano y largo plazos, y a varios niveles: Por ejemplo, desde la reorganización del sistema educativo; la creación de nuevas instituciones nacionales; la formulación y puesta en operación de nuevos programas educativos, hasta la adaptación o continuación de algunos programas o proyectos que actualmente existen, y que requieren de su fortalecimiento, previo análisis, discusión y estudio de factibilidad, mismos que podrían contribuir al desarrollo educativo, cívico y cultural de los mexicanos.

Reorganizar el Sistema Educativo Nacional (SEN), no es una labor fácil debido a su excesivo burocratismo y centralismo. Como usted seguramente sabe, hoy las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Poco es el margen que da la ley a los gobiernos y a los congresos estatales, y menos aún a los ayuntamientos, a nivel municipal, sobre cuestiones curriculares.

Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos. Por lo que urge modificar el marco legal hoy existente, previa discusión que se deberá llevar a cabo en los ámbitos del poder ejecutivo y los órganos del legislativo, a efecto de lograr una verdadera descentralización educativa. Una discusión amplia y democrática en la que participen, en igualdad de condiciones, el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; los medios de comunicación; las universidades públicas y privadas; las instituciones formadoras de profesionales de la educación; las organizaciones de la sociedad civil; así como representantes empresariales; estudiantes, padres y madres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de crear mecanismos legales y distribuir la toma de decisiones pedagógicas y administrativas en los niveles federal, estatal y municipal, para alcanzar así una democratización de las determinaciones y las acciones relacionadas con la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior) y otros niveles educativos relevantes para el país, como es la educación superior y el posgrado.

A reserva de su mejor opinión, considero que conviene a nuestro Sistema Educativo Nacional contar con mediaciones federales, estatales y municipales (los llamados tres órdenes de gobierno), puesto que una distribución de poderes de tal naturaleza abriría las puertas a una mayor participación de la sociedad en los asuntos educativos cruciales en cada región y localidad (¿Qué opina usted acerca del rezago educativo existente, que incluye no solo el analfabetismo, sino también la no conclusión de la Educación Primaria y la Secundaria en amplios sectores de la población?). Abrir los canales de análisis y decisión acerca de los contenidos y los métodos de la educación obligatoria en México, supone una más amplia participación de los ciudadanos en estos quehaceres, y ello se traduciría en beneficios para las prácticas democráticas y la extensión significativa, oportuna y pertinente de los aprendizajes escolares.

Pienso, Lic. Moctezuma, que una transformación de fondo de la educación pública en nuestro país, demanda de un cambio en la base misma de su organización, y eso debe pasar por el impulso de una modificación del modelo “centralista”, hoy ya decadente, que ha prevalecido en México desde 1921; en su lugar, deberá de operar un modelo planificado y consensuado, a partir de un criterio de descentralización efectiva de los órganos responsables en la toma de decisiones educativas, es decir, tanto en lo pedagógico como en lo administrativo (ello incluye la participación crítica y autocrítica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo autónomo); y que esto último acompañe a ese tipo de decisiones, y no al revés, como ha sucedido hasta ahora. En ese sentido espero, Lic. Moctezuma, que la descentralización no quede reducida sólo en un simple traslado de oficinas federales de una ciudad a otra.

A reserva de realizar una revisión más exhaustiva, opino que es necesario y pertinente modificar, también, los términos en que se encuentra vigente la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), desde 2013. Sobre todo cambiar los conceptos y métodos en que se impuso dicha ley y que generó una condición adversa, es decir, que pone en desventaja a los docentes, asesores y directivos de la educación obligatoria en servicio. Si bien es cierto, que los procesos de evaluación (ingreso, promoción, reconocimiento y desempeño) son oportunos y necesarios, éstos no deben considerarse como medios para la terminación o conclusión de las relaciones de trabajo de los profesionales de la educación (de ahí que se debe eliminar el término “permanencia” en la redacción de la misma ley). Y menos aún debe seguir así porque, primero, y en especial en la escuela pública, como obligación del patrón o sea del Estado mexicano, es necesario emprender robustos y efectivos programas de capacitación, actualización y acompañamiento hacia las figuras educativas mencionadas, y luego, no antes, llevar a cabo las evaluaciones departamentales correspondientes, con un sentido formativo no “punitivo”.

Como lo he comentado en otros textos en este mismo medio, considero justo que, a la par de esta modificación a la LGSPD, he planteado que se discuta la pertinencia de evaluar no sólo al profesional de la educación en servicio, en lo individual, sino evaluar de manera integral y completa el desempeño de los colectivos escolares (como lo han sugerido, en varios espacios, algunos académicos reconocidos como el Doctor Ángel Díaz Barriga, del IISUE-UNAM), de tal manera que con ello se tengan evaluaciones (no sólo mediciones parciales), acerca de lo que realmente el centro educativo requiere, en un sentido educativo y pedagógico, para que sus estudiantes aprendan lo que de verdad requieren aprender, en el aquí y el ahora, y para su vida futura.

Sería un acierto que el nuevo gobierno creara un Instituto Nacional para la Profesionalización de Docentes, Asesores y Directivos de la Educación Obligatoria. Aun cuando sabemos que existen Escuelas Normales y otras instituciones importantes de educación superior (como la Universidad Pedagógica Nacional), encargadas de la formación inicial de docentes y profesionales de Educación Básica, es evidente que no existen instituciones dedicadas a la formación profesional y especializada de asesores y directivos de Educación Básica ni de docentes, asesores y directivos de Educación Media Superior. Por ello, la propuesta de crear una institución de este tipo, daría respuesta a esa inminente demanda social a favor de la profesionalización de todas las figuras educativas.

Hasta el momento, los docentes, asesores técnicos y directivos de la educación obligatoria, en su mayoría, no cuentan con una institución que les proporcione programas de formación profesional, sino que se tienen que preparar “sobre la marcha”, con sus propios recursos materiales y financieros. Además, la creación de una institución de esa naturaleza, sentaría las bases de un cambio de paradigma y en el orden de las prioridades educativas. Para este razonamiento, parto de la siguiente premisa: los docentes, antes de ser los únicos responsables de la realidad educativa nacional, son corresponsables junto con los directivos, los padres de familia, los estudiantes mismos y las autoridades que toman decisiones a nivel de sistema educativo y subsistemas, en su conjunto; es decir, en los niveles de decisiones federal y estatal, para efecto de las evaluaciones de los aprendizajes escolares y para la formación integral en general de niños, niñas y jóvenes. Lo que quiero expresar con esto, es que el docente no es la única figura educativa responsable del escandaloso fracaso escolar que vive México.

Espero que usted, como líder del sector educativo en el país, a partir de diciembre próximo, y como responsable de las políticas públicas educativas, así como de la gestión educativa de los funcionarios federales, académicos, especialistas y expertos, autoridades de todos los niveles de gobierno, tomadores de decisiones, etc., cumpla plenamente con sus tareas y haga también las veces de animador del cambio educativo en otros ámbitos, esto es, que logre convocar a políticos, empresarios, legisladores y líderes de opinión, así como a las organizaciones no gubernamentales, que tengan interés en desarrollar iniciativas progresistas en esta materia.

Por último, le solicito que no deje de hacer acercamientos y contacto con las escuelas, con la gente en las aulas, los laboratorios, las canchas deportivas, jardines, talleres y patios de usos múltiples para que, juntos, podamos conversar y discutir, de manera abierta e informada, sobre los avances que se vayan dando del cambio educativo en México.

Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.

Santiago de Querétaro, Qro., 1 de agosto de 2018.

*Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/01/carta-desde-el-aula-a-esteban-moctezuma

ove/mahv

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¿Descentralizar o Desconcentrar la Educación?

Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 2 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Durante estos días, en que el equipo que integrará el próximo gabinete del presidente, prácticamente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho anuncios interesantes sobre el traslado de algunas oficinas de gobierno a distintos puntos del país, se han despertado todo tipo de comentarios a favor y en contra de tal medida.

En el caso del sector educativo, algunos apuntan  que este cambio será costoso y no será productivo, en términos del trabajo burocrático que realiza cotidianamente la Secretaría de Educación Pública (SEP). Otros, sobre todo los integrantes del gobierno que viene, apuestan al cambio de otra manera: como políticas acertadas de desarrollo de las regiones y desconcentración de las oficinas de la alta burocracia ubicada en la capital del país, con el beneficio que implica sacarla de la Ciudad de México.

Una nota de ayer, en SDP Noticias (15 de julio, 2018),  indica que Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación, habló sobre la reducción de la SEP al señalar que en la actualidad existen cuatro subsecretarías: Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior y la de Planeación, a la que se le suma una Unidad de Educación de la Ciudad de México “que es del tamaño de una subsecretaría; entonces podríamos decir que son cinco”. La idea, abundó, es hacer una reducción en la cual no sufra la secretaría ningún efecto en su trabajo. “Queremos hacer una reducción que sea un adelgazamiento, pero no vamos a amputar nada que sea útil. Estamos pensando en que se deben reducir éstas cinco (subsecretarías)”

Si el propósito de reubicar las oficinas y el personal burocrático de la SEP es alentar el desarrollo de las regiones, sin modificar las funciones, los contenidos ni la estructura orgánica de esta dependencia del gobierno federal, en un sentido radical, tal como lo sugiere el mismo AMLO, al promover un cambio verdadero de la Educación, entonces estamos ante un proceso de simple “desconcentración”. En cambio, si de lo que se trata es de reestructurar a fondo las tareas de la dependencia nacional encargada de ejecutar las políticas públicas educativas, lo que se requiere no es tanto mover de lugar a las oficinas y a sus empleados, sino modificar de raíz las formas y los contenidos de las tareas de gobierno en materia educativa, sobre la base de un esquema enfocado en la definición de prioridades y con una mirada clara acerca del cambio que requiere México, es decir, en los procesos y los significados de la educación pública hoy y para el futuro. Y si se cumplen los procesos, habrán de darse los resultados. Eso sería “descentralizar” la educación.

Para precisar, diré que lo que se requiere es generar un efecto contrario a la “centralización” de las decisiones en torno a la Educación Obligatoria (y toda la estructura educativa nacional) en México, en el ámbito sobre todo pedagógico. Me explico: Actualmente las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos (con sus respectivos presupuestos públicos). Por lo anterior, urge modificar el marco legal hoy existente; cuestión que recae en los ámbitos de competencia de los poderes ejecutivo y legislativo. Para ello, el gobierno entrante deberá desarrollar un amplio e intenso debate en y con el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; con los medios de comunicación; con las universidades públicas y privadas; con las instituciones formadoras de profesionales de la educación; con las organizaciones de la sociedad civil interesadas; así como con representantes empresariales; con estudiantes y padres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de que se distribuya horizontalmente la toma de decisiones en los niveles federal, estatales y municipales, y se logre así una democratización de las determinaciones y de las acciones a favor de la educación obligatoria.

 

Para responder a la pregunta “¿Desconcentrar o Descentralizar la Educación?” sería conveniente que los funcionarios que asumirán sus cargos a partir de diciembre próximo, desde Esteban Moctezuma, se den a la tarea de explicar a la opinión pública y a la sociedad, cuáles son los elementos de evaluación inicial (los tecnócratas-funcionalistas le llaman “diagnóstico”) que han tomado como base para emprender estos cambios. Hace falta ver si estas modificaciones estructurales sólo servirán para cambiar de lugar las oficinas y a sus empleados (cambio superficial) o serán transformaciones proyectadas, a largo plazo, en un sentido estructural, operacional, de contenidos, estrategias y métodos de las políticas públicas (cambio radical).

Un esquema de cambios verdaderos de la educación  pública en México, necesariamente pasa por la transformación de los fines y de los medios para alcanzarlos. Y ello debe poner como principal prioridad la formación integral (con criterios de “calidad” y equidad) de las niñas, los niños, los jóvenes y adultos de nuestro país. Esa será, en todo caso, la dimensión del cambio educativo “radical” que esperamos y que ha propuesto AMLO durante la campaña y en sus documentos programáticos. Esos serán los parámetros para valorar la actuación del futuro gobierno, al menos en materia educativa.

 

Nota:

Para profundizar sobre los argumentos a favor de la descentralización educativa, en lugar de conservar el esquema “centralista” no sólo en lo operativo o burocrático, sugiero ver el texto “Descentralizar la Educación Pública en México”, SDP Noticias, 25 de mayo, 2018.

 

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/07/15/descentralizar-o-desconcentrar-la-educacion

ove/mahv

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