Juan Carlos Miranda Arroyo

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La Política como Hegemonía Educativa y Cultural

abril 6, 2018abril 5, 2018Juan Carlos Miranda Arroyo

Como ente regulador de los actos y el comportamiento de los ciudadanos, el Estado es el garante de los derechos individuales y colectivos, sin embargo, no sólo ejerce la supremacía en el orden jurídico (autorregulación), sino también, e históricamente, lo hace en los órdenes militar, económico, educativo, cultural y material de una sociedad, entre otros aspectos.

Dentro del contexto del concepto general del Estado como la gran organización social «hegemónica», existe el concepto de «hegemonía cultural» al que se refirió en varias de sus obras, Gramsci. «La hegemonía cultural se refiere a la supremacía de una cultura sobre otra u otras. Como tal, es un concepto desarrollado por el filósofo y político marxista italiano Antonio Gramsci, quien entendía la hegemonía cultural como el domino, en términos de imposición, del sistema de valores, creencias e ideologías de una clase social sobre otras, fundamentalmente de la burguesía sobre la clase obrera. Dicha clase, además, generalmente ejerce el control de las instituciones y de las formas de producción.» (1)

Hay que matizar y contextualizar los conceptos. Cuando los políticos en México y el mundo, han puesto como prioridad sus deseos por el poder político, pero no por sí mismo, sino como instrumento para alcanzar, a toda costa, el enriquecimiento personal o de grupo en forma ilícita, (hablamos, en otras palabras, de actos de corrupción), tienden a descomponer el valor original de la actividad política (el servicio público por el bien común). Particularmente en México, desde 1988, con el arribo al poder político del llamado «salinismo», lo político se reconvirtió (desde entonces y por varias generaciones de políticos, hasta nuestros días), en el ejercicio pragmático y usurero del poder: De ser un acto de servicio, lo político se transformó en una actitud para «servirse» del erario, por encima y por debajo de la mesa. Emergió así -tal como lo ha dicho en varios espacios Ciro Gómez Leyva-, una generación de políticos mediocres.

Lo político, de ese modo, pasó a ser una actividad de lucha, a través de las burocracias partidistas, por la conquista del poder público, por medio de métodos fraudulentos y con la finalidad de acumular riqueza, y para conservar circularmente el poder. No es casualidad que uno de los políticos simbólicos del régimen hegemónico priísta, Carlos Hank González, haya pronunciado la famosa y desafortunada frase: «Un político pobre es un pobre político», que sirvió como máxima para aquellos políticos surgidos del tricolor durante finales de los años 70´s, y que se extendió, según los datos disponibles, en una ideología para los políticos de todos los colores y emblemas. «El que no transa no avanza», decían los cínicos. Nostalgia trágica de un círculo desvirtuado (no virtuoso) del poder en México; la mudanza de la vida política: un ir y venir entre la lucha por el poder político y la disputa por el poder económico. En el fondo, como escenografía, la lucha por la hegemonía del Estado.

Aquella generación de políticos, en México, que vaya más allá del deseo material y económico-financiero como herramienta del poder político, será la generación que habrá de lograr «el quiebre» del régimen vigente. La hegemonía del poder político del Estado orientado por la corrupción y la impunidad, sería desplazado (vaya utopía), por el poder político dirigido e inspirado en la austeridad, la solidaridad social, la equidad, la inclusión y la riqueza cultural y educativa de la sociedad.

El concepto más amplio de la hegemonía cultural en Gramsci, contextualizado o trasladado a nuestro entorno, es el que da significado a la recuperación de la conciencia humana; porque piensa en una «superestructura» de la sociedad centrada no en los valores materiales o en los productos tangibles (de una «estructura» que no habrán de obviarse, sin duda), sino en los valores cívicos y éticos (morales); espirituales o de la fe; culturales, educativos, científicos y tecnológicos, es decir, en los valores intangibles que constituyen «el Ser» (no «el tener») de los miembros de una sociedad, repito, en un sentido humanista, solidario, incluyente, respetuoso de los derechos y de las libertades.

¿Cuál o cuáles de los candidatos presidenciales que están en la lucha hoy por el poder político en México, tiene o tienen la capacidad de llevar a cabo esta ruptura generacional? ¿Quién estará en condiciones de liderar esta necesaria reconversión delo político como servicio público y no como artículo de mercancía? Esta transformación no será fácil ni súbita. Será gradual. Y en ella jugarán un papel determinante la familia, la escuela y los medios de comunicación. Será un proceso lento de reeducación de políticos, administradores públicos, legisladores, ministros de justicia y demás órganos de la burocracia, a efecto de que no cedan ante los deseos del dinero y del poder público como instrumento de dominación. Pero la principal transformación estará en la base de la sociedad, no necesariamente en la cúspide de la clase política. Por eso justamente es necesario revisar y profundizar los conceptos y los programas que están implícitos y explícitos en la llamada Reforma Educativa en México.

¿Quién estará a la altura de esta demanda social como para encabezar un «quiebre» de este tamaño y se atreva a transformar la vieja hegemonía del Estado, «desde arriba»? ¿Cómo generar una nueva «supremacía», una renovada hegemonía, orientada hacia la solidaridad, el bienestar social o el beneficio común?

Prefiero pensar en una utopía social de esta naturaleza, que caer en el pesimismo de creer que, en términos de la vida pública, este tipo de cambios son imposibles de alcanzar. La idea es pensar que esto es posible, en vez de bloquearnos al pensar que es imposible. ¿Acaso no hay espacio y tiempo para soñar en la recreación de nuestras organizaciones sociales, con otros valores, desde lo individual, lo colectivo y «desde abajo»; o esperaremos a que esto lo inicie la clase política, «desde arriba»? Habrá modo también de imaginar cómo se podría actuar por las dos vías.

Fuente consultada:

https://www.significados.com/hegemonia/

jcmqro3@yahoo.com

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/04/05/la-politica-como-hegemonia-educativa-y-cultural

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La Equidad en la Reforma Educativa

marzo 16, 2018marzo 15, 2018Juan Carlos Miranda Arroyo

Por JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

Un artículo interesante, aunque breve, sobre la relación entre la equidad y las políticas públicas, es el que nos comparte Miguel Ángel Quintos Mora, quien lo escribe como comentario en el marco de los debates en torno a la actual Reforma Educativa en México. (1)

Quintos introduce así su texto: “A contracorriente de lo señalado en épocas recientes dentro del debate de la reforma educativa, consideramos que el énfasis de la política educativa debe centrarse en lograr la equidad y no en la calidad de la educación. Lo anterior no significa que la calidad no sea una cualidad deseable en el sistema educativo, pero considerando el contexto del país resulta insuficiente. Observando las condiciones de desigualdad e injusticia social que acontecen cotidianamente en nuestro país, debería ser prioridad del Estado mexicano una política educativa en materia de equidad, al menos en educación básica, con la finalidad de cerrar la brecha social e impulsar la justicia social. Partiendo del reconocimiento que las personas en situación de vulnerabilidad, exclusión o marginación son portadores de derechos básicos a los cuales el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para que accedan, permanezcan y concluyan su educación básica satisfactoriamente.”

En mi colaboración anterior en este espacio (ver Reforma Educativa: el Contenido y el Método, SDP Noticias, 9 de marzo, 2018), justamente decía que el tema de la “equidad” es, junto con otros conceptos de principal relevancia (como “calidad”, “evaluación educativa”, “idoneidad de docentes y directivos”, “derecho a la educación”, entre otros), un tema estructural de la Reforma Educativa, la cual requiere de una profunda revisión. Por esa razón me parece de primera importancia la reflexión crítica que hace Quintos Mora en torno al tema de la “equidad” social, que a su vez tiene implicaciones directas sobre otra categoría específica que es la “equidad educativa”, en contraste o en referencia con el concepto de “calidad educativa”.

“El problema de la equidad se relaciona directamente con el hecho de que la mayoría de los bienes sociales se distribuyen inequitativamente en México; uno de ellos es la educación.”, asevera Quintos.

Podría decirse, en otras palabras, que no puede haber “calidad educativa” (así, en “el aire”) si no existe antes un trazo claro, deliberado y contundente en materia de políticas públicas orientadas hacia el combate de la “inequidad social y educativa”. Si bien es cierto que la iniciativa reformista de la actual administración de EPN pretendía lograr cambios estructurales, es decir, impactar en la base del sistema educativo nacional, lo cierto es que muchas de las nociones y acciones (incluida la modificación del marco constitucional y de las leyes secundarias), no han sido suficientes para modificar o transformar el piso de las desigualdades.

El colaborador de Nexos también afirma que: “…en nuestro país el porcentaje de población de 15 años o más con escolaridad básica es de 53.5 (INEGI, 2015), esto ya constituye una deuda histórica y un rezago educativo severo, para lograr acortarlo se ofrece a estos grupos rezagados una serie de medidas que si bien permiten el acceso no garantizan permanencia o el logro de resultados, por tanto, no se asegura la equidad ni la calidad educativa. En este sentido, la reforma educativa impulsada por la actual administración considera el rezago educativo dentro de su Estrategia de Equidad e Inclusión (SEP, 2013); no obstante, considerar el combate al rezago educativo como una simple certificación de habilidades y saberes no resuelve el problema de la equidad ni mucho menos la calidad educativa a la que están obligadas las instituciones educativas del país.”

En efecto, conviene que desde ahora los equipos especializados en las políticas públicas sociales y educativas por parte de los candidatos, partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, que contienden en el proceso político de este año, se sienten a trabajar sobre los “qués” (conceptos como éstos), así como también sobre los “cómos”, que se habrán de rediscutir y reformular durante los siguientes meses, y que se deberán convertir en políticas públicas a partir de diciembre de 2018, una vez que concluyan los procesos electorales.

En otra parte de su artículo, Quintos afirma lo siguiente: “La inequidad en la educación se puede presentar de maneras casi imperceptibles, por ejemplo: en el bajo rendimiento de los estudiantes provenientes de familias pobres; en los resultados de las escuelas indígenas en relación con el resto del sistema escolarizado; en que la población monolingüe tiene que aprender los elementos básicos en una lengua ajena a la suya; en que muchas de las escuelas rurales no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus labores; en el gasto educativo por entidad que no considera las necesidades sociodemográficas; en el gasto corriente que absorbe la mayor parte del presupuesto destinado a la educación, y demás indicadores.”

Este periodo de decisiones que tendremos con las elecciones, en julio próximo, es una buena oportunidad para reconocer que los procesos macro sociales (como la “inequidad”) impactan de manera directa e indirecta en los procesos micro sociales (como la “inequidad educativa”), y que, a su vez, dichos procesos se mueven en forma circular, es decir, no sólo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Esto lo digo porque quizá eso sirva como para valorar los alcances de la Reforma Educativa actual.

Pero quizá lo más interesante es considerar que periodos históricos como éstos sirven para pensar, así mismo, que no se puede hablar hoy en día de “calidad educativa” en abstracto, (tal como lo han pretendido hacer ciertas autoridades educativas, alguna prensa y ciertos organismos cúpula de la iniciativa privada), sino que es necesario incorporar estas nociones contextuales y estructurales o constitutivas de los procesos educativos.

Nota: (1) Miguel Ángel Quintos Mora. La equidad: un elemento relegado en la política educativa. Nexos.com.mx “Distancia por tiempos”, 28 de febrero, 2018.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/03/12/la-equidad-en-la-reforma-educativa

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Educación Pública y Aprendizajes Básicos

febrero 24, 2018febrero 22, 2018Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

La semana pasada Blanca Heredia, investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), publicó un interesante artículo en el diario El Financiero (14 de febrero, 2018, luego reproducido en Educación Futura), en el cual describe un estudio sobre las dificultades de los estudiantes de Primaria para resolver planteamientos o contestar preguntas simples (de Lectura y Aritmética); así mismo, en su texto Heredia aborda la necesidad de revalorar y discutir un tema esencial de políticas educativas públicas: «cómo asegurar que las escuelas mexicanas les ofrezcan capacidades habilitantes mínimas a todos los estudiantes del país.» (se refiere a cómo garantizar el dominio de los aprendizajes básicos en Lectura y Matemáticas, en el sentido de aprender «habilidades clave» o «key skills» que permiten, después, resolver situaciones más complejas)

En una parte de su exposición, la Dra. Heredia afirma lo siguiente: «Resulta, sin embargo, de elemental honradez y sentido común reconocer que sin habilidades de comprensión lectora y aritmética mínimas no habrá progreso educativo posible. No lo habrá, pues una proporción excesivamente alta del estudiantado y de la población toda carece de los saberes y destrezas indispensables para poder aprender cosas progresivamente más complejas. En esas condiciones, promesas educativas muy ambiciosas se parecen a ofrecerle a alguien que no sabe caminar la posibilidad de ganar una competencia de salto de altura.»

El estudio de los estilos, métodos, técnicas y procedimientos de aprendizaje, es una de las cuestiones sobre las que se ha debatido ampliamente durante los últimos tiempos, en los círculos académicos y de la investigación educativa en México y en el mundo. En las últimas dos décadas, en particular, diferentes autores se han expresado así en diversas publicaciones de corte psicopedagógico, donde se ha compartido la tesis de que los niños, niñas y jóvenes son inteligentes y capaces de aprender, sin embargo, no resuelven situaciones sencillas en un examen escolar debido, sobre todo, a la elección y los usos «deficientes» que éstos hacen de los métodos, técnicas o procedimientos para resolver dichos planteamientos y para usar creativamente la información.

De tal manera es grave el problema de los métodos o procedimientos para resolver planteamientos en los alumnos de la Educación Básica pública (y no en pocos casos en la escuela privada), más allá de las dificultades que tienen para dominar los contenidos educativos, que se podría establecer prácticamente como una causa, en correlación directa, de los descalabros que arrojan las evaluaciones de los aprendizajes escolares (nacionales e internacionales: ENLACE, EXCALE, PLANEA, PISA). Pero es «una» causa, no «la» causa del «fracaso educativo» que la evaluación educativa ha mostrado en nuestro país durante los últimos años.

Aun cuando los modelos curriculares reconocen que el dominio de los contenidos es tan importante como el dominio de los métodos (aprendizajes básicos o habilidades clave, habilidades «llave»), los resultados, en términos de aprendizajes escolares, muestran que esa conexión no se ha dado en las aulas. En este sentido, pienso que los docentes deben reconocer que, en muchos procesos curriculares y extracurriculares, los conceptos no pueden divorciarse de los métodos. Me explico: Los maestros y las maestras saben que una cosa es, por ejemplo, comprender el concepto de «igualdad» en Aritmética, y otra cosa diferente es «saber cómo» despejar una «ecuación», que al final de cuentas significa procesar una «igualdad»; pero sobre todo saben que ambos ámbitos de comprensión de conceptos y manejo de procedimientos, están orgánicamente vinculados.

¿Por qué los estudiantes de Educación Secundaria y de Media Superior no son capaces de organizar argumentos e identificar significados en torno a un texto? ¿Por qué la mayoría presentan dificultades para comprender y seguir procedimientos, del tipo paso a paso, para resolver planteamientos sencillos de multiplicación y división? ¿Por qué hay dificultades para transferir dichas «habilidades llave» de una situación de aprendizaje abordada en la escuela a otra que se da en un contexto real fuera de ella?

Las causas de estos desequilibrios en la comprensión de conceptos (saber qué) y en el uso de métodos o procedimientos (saber cómo), son diversas y están presentes en diferentes etapas de los procesos de enseñanza y aprendizaje: Desde las condiciones específicas, cognitivas y emocionales de los estudiantes hasta las inconsistencias en las estrategias y en la no creación de ambientes adecuados para desarrollar los aprendizajes, por parte de los docentes. Pero también, estos desequilibrios pasan por la responsabilidad de los directivos escolares o equipos de gestión educativa, al desestimar las tareas de capacitación y actualización pertinentes y oportunas que requieren los docentes; y pasan también por la responsabilidad de funcionarios educativos de los niveles medio y alto (federales y estatales), como tomadores de decisiones en el ámbito administrativo y de las políticas públicas: Eso tiene que ver con los procedimientos específicos para asignar o no docentes a las escuelas, y en los procedimientos burocráticos que afectan el trabajo académico cotidiano; con el descuido y abandono de las condiciones físicas de las escuelas; o con la indiferencia a los asuntos que tienen que ver con el clima escolar. A nivel de políticas públicas, con la marginación de las instituciones formadoras de docentes o la inexistencia de programas serios para la profesionalización de directivos escolares; y pasa también por el descuido en el diseño, edición, publicación y distribución de los libros de texto de la SEP, entre otros problemas.

Las dificultades que presentan los estudiantes para comprender conceptos y para usar métodos adecuados y «eficientes» en la escuela para resolver planteamientos simples, es entonces un asunto que supera por mucho el ámbito de responsabilidad individual o única, exclusiva, de los alumnos; más bien, y por el contrario, es un proceso estructural e institucional (no solamente cultural) en donde se ven involucrados distintos tramos de decisión burocráticos, actores educativos y diferentes niveles de responsabilidades en lo educativo y lo social.

El debate en torno a las diferentes responsabilidades de los resultados desastrosos en la educación pública en México, en términos de aprendizajes escolares (lo que para algunos autores es un «fracaso escolar»), sobre el que, por cierto, se ha discutido tanto en los medios de comunicación y en los círculos pedagógicos y de la educación en general, es una cuestión que nos lleva a pensar y repensar qué entendemos por el «derecho pleno» a la educación para los ciudadanos y sus familias. Y dicho debate se extiende hasta los ámbitos que tienen que ver con la elección de un proyecto u otro de nación, y con la selección de uno u otro proyecto educativo nacional… de ahí la importancia de recuperar este tipo de reflexiones específicas sobre lo educativo, que toca fibras finas, y que se encuentran en textos como el de la Dra. Blanca Heredia.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/02/19/educacion-publica-y-aprendizajes-basicos

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Evaluación Educativa: ¿Permanencia o cambio?

febrero 7, 2018febrero 6, 2018Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Para nadie es una novedad que uno de los ejes principales de las políticas educativas actuales, es la evaluación. Durante la actual Reforma Educativa impulsada por la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los maestros y las maestras de México han sido sometidos a duras exigencias para demostrar sus capacidades profesionales y su compromiso con la educación. Desde las modificaciones al texto constitucional de 2012-2013, la intención de este gobierno federal ha sido alcanzar o lograr la «calidad» de la educación a través diferentes mecanismos, entre los cuales se encuentra -según esa concepción-, la «idoneidad» de los docentes en las escuelas públicas. (1)

Para nadie es una novedad que uno de los ejes principales de las políticas educativas actuales, es la evaluación; mismo eje que se ha diseñado y puesto en operación de manera sistemática durante esta administración federal, a través de dos instituciones nacionales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que han procedido a evaluar a los docentes de Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y de Educación Media Superior (bachillerato) con fundamento en las leyes creadas o modificadas para tal fin.

Para que la educación obligatoria alcanzara y se convirtiera en un “servicio” con nivel de «calidad», -dice el discurso oficial-, era necesario evaluar a los docentes y con ello determinar, no tanto qué apoyos requerían para desarrollar de una manera adecuada y profesional su trabajo, sino identificar quiénes reunían o no los requisitos académicos, técnicos y laborales para desempeñarse como docentes de la escuela pública, y junto con ello “depurar” a la planta nacional de profesores.

Por otra parte, considero que el proceso de evaluación ha sido concebido por las autoridades (y en su momento por los legisladores) como el centro gravitacional de la reforma educativa. La lógica interna de esas políticas educativas, centradas en la evaluación de los docentes, además de contravenir los preceptos constitucionales en materia de trabajo y de lesionar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado (Art. 123 de la Constitución Política y Ley Federal del Trabajo), ha sido excluyente y se ha instalado en medio de la desconfianza institucional (dicen en broma nuestros compañeros maestros, que en la SEP hay dos tipos de trabajadores: los “de confianza” y nosotros, o sea, el personal “de desconfianza”).

La tarea de evaluar a los docentes (que no es sólo un procedimiento técnico) tiene, ciertamente, sus bondades en lo educativo, siempre y cuando ésta sea utilizada como medio para identificar las necesidades específicas de capacitación y actualización del magisterio; sin embargo, presenta inconvenientes si la evaluación se usa sólo como medio de control, pues deriva en problemas de carácter laboral, administrativo, político-sindical, ideológico, psicológico, legal y de organización.

Por otra parte, uno de los riesgos que corre una Reforma Educativa que deposita todas sus fuerzas en la evaluación de los docentes y demás figuras educativas, más que pensar y actuar a favor de su acompañamiento y apoyo profesional en la búsqueda de la “calidad” educativa, es convertir al proceso evaluador en un mecanismo de selección y exclusión. Y al margen del significado simbólico y agresivo, en particular, del examen, (que ha sido considerado, en la literatura científica por pedagogos y psicólogos, como un mecanismo “violento” o “coercitivo”), la evaluación en general que se practica en nuestras instituciones públicas, parte de una lógica “enjuiciadora”, y los profesores la perciben como un dispositivo que ha servido sólo para “llevar a los maestros y las maestras al banquillo de los acusados”, como si el fracaso educativo nacional hubiera sido causado sólo por los académicos; cuando en realidad el llamado “fracaso” educativo mexicano tiene diferentes ámbitos de responsabilidad.

¿Cómo perciben los docentes, asesores técnicos y directivos de la escuela pública, las evaluaciones de ingreso, promoción y desempeño que se ha aplicado la SEP desde 2014? ¿Qué tan satisfechos o no están los maestros y las maestras, por ejemplo, de nuevo ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD) con las evaluaciones? ¿Cuáles son sus percepciones con respecto a los exámenes que se les han aplicado y sobre las etapas de evaluación en los que han participado?

En relación con lo anterior, el INEE recientemente dio a conocer el documento: «Principales resultados de la encuesta de satisfacción a docentes y técnicos docentes que ingresaron al Servicio Profesional Docente en el ciclo escolar 2015-2016, al término de su primer año» (INEE, 2017), en el cual se describen el diseño, la aplicación y los resultados de una encuesta dirigida a los profesores y profesoras con respecto a sus percepciones en torno, justamente, a los procesos de evaluación en que han participado. Por eso pienso que éste es un ejercicio donde «los exámenes son puestos o llevados a examen».

El reporte se divide en tres partes: 1. Encuesta de satisfacción y características de la evaluación diagnóstica; 2. Resultados de la encuesta; y 3. Comparativo entre 2015 y 2016: avances y retos. El informe del estudio termina con una sección de conclusiones y recomendaciones.

Sugiero la lectura del estudio completo, sin embargo, vale la pena destacar algunas de las conclusiones y recomendaciones que ofrece el reporte citado (2): Para el INEE, “Los resultados muestran que la autoridad educativa (AE) requiere mejorar la oportunidad con la que los sustentantes reciben la notificación de la evaluación; por otro lado, si bien una gran parte se siente satisfecha con el tiempo que contó para tener acceso a la bibliografía de estudio, no muestra la misma opinión sobre la claridad y la orientación de las guías publicadas por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). Este aspecto es el que presenta un área de oportunidad para la CNSPD, puesto que la guía debe tener coherencia con el examen de conocimientos.”

“Respecto a los instrumentos de evaluación, la AE y el INEE deberán mejorar el examen, ya que la opinión de los docentes se concentra en el rubro de “regular”, específicamente en la extensión, la contextualización y la redacción de las preguntas y casos. El tema de mejora de los instrumentos de evaluación es necesario tanto en EB como en EMS, puesto que la opinión de los maestros es similar.”

Cabe preguntar ¿Qué piensan los maestros y las maestras acerca de la evaluación educativa en general, y sobre la evaluación del desempeño, en particular? ¿Qué opinión les merece el marco legal que aprobaron en su momento los legisladores del PRI, PAN, PRD y PANAL para efectos de evaluación de docentes y otras figuras educativas? ¿Qué cambios o permanencias pueden advertir o proponer con respecto a ese marco legal vigente?

Notas:

(1) El Artículo 3. de la Carta Magna establece que: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos; y el El párrafo III del Art. 3 señala explícitamente que “…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley…”

(2) INEE. (2017). Principales resultados de la encuesta de satisfacción a docentes y técnicos docentes que ingresaron al Servicio Profesional Docente en el ciclo escolar 2015-2016, al término de su primer año. (versión digital en “pdf”)

jcmqro3@yahoo.com

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La olvidada Educación Inicial

febrero 3, 2018enero 31, 2018Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Durante los primeros días de enero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer oficialmente el Acuerdo 04/01/18 mediante el cual se establece el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo. Debido a la importancia que reviste para el país el mencionado Acuerdo, revisaremos hoy los aspectos principales del mismo.

Según la Ley General de Educación, en México, a diferencia de otras naciones (1), dicho nivel o rubro educativo: “…tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad, e incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.” En particular, el Programa recién difundido mediante Acuerdo secretarial, sin embargo, indica que éste: “…tiene como finalidad orientar el trabajo educativo con las niñas y los niños de cero a tres años de edad que asegure la calidad en la educación inicial.” (2)

El Programa, que ha sido diseñado con un enfoque integral, va dirigido «…a la atención de los niños y las familias; asimismo, (a proporcionar) las acciones de cuidado, protección y previsión, (donde el) enriquecimiento de los procesos de aprendizaje de los niños constituyen una unidad, es decir, se han integrado los servicios asistenciales, las actividades pedagógicas y los cuidados cariñosos y sensibles.», (Diario Oficial de la Federación, 23 de enero, 2018).

Si bien la SEP había puesto en operación, en 2013, el Modelo de Atención con Enfoque Integral para la Educación Inicial (MAEI), con el presente Acuerdo secretarial la dependencia otorga formalidad institucional a la Educación Inicial, y busca con ello integrar orgánicamente la variedad de servicios que se habían desarrollado, a partir de diferentes enfoques o aproximaciones de este tipo de educación en el país, en un sin número de instituciones públicas y privadas, y que habían dirigido sus labores, (a veces sin orden, ni coordinación interinstitucionales), desde hace aproximadamente casi cinco décadas, a la atención de niños y niñas entre los cero y los cuatro años de edad.

La autoridad educativa federal señala en el documento de referencia, que: «Las actividades que se llevan a cabo con los niños (en la Educación Inicial con enfoque integral) están planeadas como un todo; es decir, la poesía con el ritmo y el movimiento, las artes plásticas con la música, la lectura y el sostenimiento afectivo; el niño, en esta etapa de la vida, aprende de manera integral y no fragmentada y, lo más importante, en la Educación Inicial se atiende a la integralidad del ser humano: los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales.»

Sin duda, en el papel, parece un buen comienzo, pero…

Así mismo, la SEP afirma: «Por otra parte se define como un programa educativo que determina las directrices y orientaciones que permitan mejorar las acciones pedagógicas de los centros de atención infantil; enfocarlas al desarrollo de las capacidades de los niños y las niñas, buscando no sólo el bienestar y el desarrollo físico, sino la creación de ambientes enriquecidos de experiencias donde los niños y las niñas desplieguen todo su potencial.»

El Programa de Educación Inicial (2018) de la SEP, en síntesis, tiene las siguientes características jurídicas: “…es de observancia obligatoria para la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Para articular y dar identidad a la educación inicial acorde con el interés superior de la niñez, la SEP, con pleno respeto al federalismo educativo y a su respectiva normativa, promoverá entre las autoridades educativas de los estados y las instituciones públicas que impartan educación inicial, la adopción del Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo a que se refiere el presente Acuerdo. Para tales efectos dicha Secretaría propiciará la celebración de los instrumentos jurídicos correspondientes.” (Art. 2 del Acuerdo 04/01/18)

Los contenidos del documento se agrupan en los siguientes capítulos: “…el primero es la introducción, el segundo describe el contexto, las bases teóricas y los principios rectores de la Educación Inicial; el tercero describe los fundamentos pedagógicos; el cuarto las acciones pedagógicas; el quinto plantea los aportes metodológicos y el sexto describe las funciones del agente educativo.”, mismos cuya lectura recomiendo a efecto de contar con elementos para su posterior reflexión. Sin embargo, es de suma importancia indicar que el Programa de Educación Inicial “Un buen comienzo se fundamenta en el enfoque de derechos; en las nuevas perspectivas acerca del desarrollo de los niños; en las investigaciones sobre neurociencias y aprendizaje infantil; en las teorías sobre el acompañamiento emocional, apego y vínculo con los niños y sus familias, así como en los estudios que dan relevancia y pertinencia al contexto del acto educativo y las prácticas de crianza.”

Es importante señalar que la Educación Inicial en México no ha recibido, históricamente, la atención adecuada por parte de las instituciones responsables de la educación en México; y no la ha recibido tampoco hoy, al menos desde el punto de vista del rediseño de este nivel en la Reforma Educativa actual, debido, entre otras razones, al hecho de que este nivel educativo no está incluido en el marco de servicios de la “educación obligatoria”, que legalmente abarca sólo a la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y a la Educación Media Superior. De hecho, en las llamadas “Cifras básicas y aspectos organizativos de la educación obligatoria”, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2017) no se incorporan datos sobre la Educación Inicial en México. (3)

Para dar evidencia de este hecho acerca de la “marginalidad” institucional de la Educación Inicial, veamos lo siguiente: El estudio sobre los productos de la consulta pública realizada en torno al Modelo Educativo de la SEP (2016), realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se indica que: “…un comentario recurrente en la consulta es la solicitud de incluir la Educación Inicial en el mapa curricular de Educación Básica. Al respecto, los participantes refieren la gran relevancia de promover, desde la edad temprana, el desarrollo de las capacidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales de las niñas y los niños a fin de contribuir al logro de aprendizajes fundamentales en años posteriores. Para aquellos ciudadanos y actores que expresaron su opinión sobre este tema durante la consulta pública, resulta desconcertante que una etapa del desarrollo tan relevante, y que la evidencia científica disponible indica resulta clave, no sea considerada adecuadamente en la propuesta.” (4)

También en la misma consulta pública el CIDE encontró que hubo: “Comentarios abundantes e insistentes a favor de incluir explícita y detalladamente a la Educación Inicial en el mapa curricular de Educación Básica, por su relevancia para promover el desarrollo, desde la edad temprana, de las capacidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales de los niños y las niñas.” (pp. 303)

Justo a raíz de la publicación del Modelo Educativo de 2016, diversas voces manifestaron la necesidad de incorporar en el bloque del “nuevo” Modelo a la Educación Inicial por las razones antes expuestas, sin embargo, hasta el momento la Educación Inicial no forma parte de la Educación Obligatoria en el país. Ese es el motivo por el cual algunos participantes advirtieron ahí, con razones sustentadas, que la Educación Inicial se ha convertido en la educación “olvidada”.

Las causas de este “olvido” ya han sido documentadas en diversos estudios internacionales; por ejemplo, veamos la siguiente afirmación sobre las causas de la “marginalidad” oficial con respecto a la Educación Inicial: “Entre otras cuestiones, una posible explicación se deriva del hecho de que, en buena medida, el nivel inicial se encuentra en estos momentos fuera de los sistemas educativos nacionales o se ha incorporado recientemente a ellos, existiendo, por tanto, una escasa tradición organizativa. Además, al tratarse de un nivel no obligatorio, los ministerios de educación concentran su atención en otras etapas de la escolaridad, como la enseñanza básica, en las que el carácter de obligatoriedad reclama la mayoría de los esfuerzos financieros. La demanda social existente para el nivel inicial desborda casi siempre las posibilidades de los sistemas educativos, habiendo surgido otro tipo de instituciones, tanto públicas como privadas, destinadas a satisfacerla.” (5)

El debate sobre la importancia y el reconocimiento de la Educación Inicial como parte de la Educación Obligatoria, apenas comienza. Las voces que se manifestaron en 2016, con argumentos consistentes, acerca de este “olvido” institucional, están vivas y seguramente darán la batalla durante los próximos años. Por ello, considero que la SEP debe recuperar e incorporar todas esas aportaciones y no hacer “como que la Virgen le habla”.

Como se puede apreciar, existen ciertas zonas de la planificación educativa en la SEP, donde lamentablemente priva la curva del “olvido”. Digo lo anterior porque, además, a la dependencia le ha hecho falta no olvidar, por ejemplo, que varias instituciones de educación superior, como la Universidad Pedagogica Nacional, se encuentran a la vanguardia en la formación de profesionales en materia de Educación Inicial. En el caso de la UPN, ésta cuenta con la licenciatura en Intervención Educativa, desde 2002, con una línea términal precisamente en Educación Inicial. Pienso que son, sin duda, recursos humanos que habrán de ser convocados de inmediato a la puesta en práctica de este “buen comienzo”, si es que hay voluntad para ello.

Notas y referencias:

(1) Digo que la Educación Inicial en México es diferente a otros países porque, por ejemplo, en Colombia, la Educación Inicial, de la Primera Infancia o Educación Temprana abarca un rango que va de los cero hasta los 6 años de edad. (ver documento: “Sentido de la Educación Inicial” (Ministerio de Educación Nacional, Colombia, 2014)

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/31/la-olvidada-educacion-inicial

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Causas y Efectos del Fracaso Educativo

febrero 1, 2018enero 30, 2018Juan Carlos Miranda Arroyo

México / 1 de febrero de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

A raíz de la presentación, la semana pasada, de resultados de la evaluación Planea Secundaria (3o.) 2017, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que da cuenta del bajo logro académico de la mayoría de los estudiantes mexicanos en ese nivel educativo, se hace necesario entrar al análisis de los resultados en cuestión tanto para la comprensión del fenómeno como para trazar algunas líneas de solución.

¿Por qué una tercera parte de los estudiantes de secundaria en México tiene graves dificultades para comprender e interpretar textos sencillos? ¿Por qué dos terceras partes de los estudiantes de ese nivel educativo presentan serios problemas para resolver planteamientos matemáticos, por ejemplo, de sumas o restas de fracciones (relaciones parte-todo)?

Aparte de los factores históricos, culturales y generacionales, considero que hay factores «internos» a la organización y accionar de la escuela, así como causas «externas» que generan los pésimos resultados académicos (en términos de los aprendizajes), y que ahora ratifican lo que ya sabíamos acerca de la fenomenología del Sistema Educativo Nacional (SEM).

Los factores llamados «internos» tienen que ver con los niveles de responsabilidad y el compromiso con la enseñanza y los aprendizajes que asumen los miembros de la comunidad escolar: docentes, directivos, personal de apoyo a la educación, familias y estudiantes. También en este rubro entran en juego la planificación didáctica, la intervención pedagógica y los procedimientos y recursos-instrumentos pertinentes para evaluar el progreso en los aprendizajes, que llevan a cabo los docentes y deben supervisar los directivos escolares.

Otros aspectos del proceso educativo tienen que ver con las técnicas de autoestudio y autoaprendizaje de los estudiantes; así como con la (des)organización de los tiempos y de las actividades que llevan a cabo cotidianamente las figuras educativas al interior del plantel escolar. Aquí cabe preguntar: ¿se requiere aumentar el tiempo escolar para alcanzar cabalmente los propósitos de los planes y programas de estudio? ¿o más bien lo que se necesita es ocupar de una manera adecuada y efectiva el tiempo escolar?

Entre los factores «externos» podemos mencionar a la estructura burocrática de la educación, (federal, estatal y local), que determina en buena medida, en el caso de la escuela pública que atiende a la mayoría de los niños, niñas y jóvenes del país, el avance o retroceso de los procesos educativos: políticas de ingreso y selección de estudiantes; autorización sobre la cantidad de alumnos por grupo; decisiones sobre el contenido y uso de los libros de texto y demás recursos didácticos; políticas específicas sobre el acompañamiento y la actualización permanente de los docentes y directivos, así como sobre la formación inicial de ambos; definición, desde el escritorio, sobre la infraestructura escolar, los recursos materiales e insumos básicos para el adecuado «funcionamiento» de la escuela; políticas salariales y de profesionalización de las figuras educativas. Además, tiene que ver el código de cumplimiento de las normas de selección, promoción y permanencia del personal docente y directivo para cada escuela o zona escolar; el diseño y la valoración del currículo escolar; la (des)articulación entre niveles educativos; la movilidad de ambas figuras educativas (continuidad y discontinuidad del trabajo docente); y, entre otros problemas, la comunicación organizacional y la falta de identidad institucional de parte de los funcionarios federales, estatales y locales, en torno a los procesos micro educativos en el aula, el taller, el laboratorio o el patio de recreo, eventos y juegos, y en otros espacios educativos.

A estos factores «externos», por decirles de algún modo, que impactan el desempeño de los estudiantes en lo académico (conocimientos, habilidades y actitudes o valores), hay que agregar una larga lista de variables sociales que juegan un papel clave en la fenomenología de estos procesos, y que no necesariamente están a cargo de docentes o directivos: conflictos intrafamiliares, entornos sociales de marginalidad social, económica y cultural; por lo anterior, problemas de nutrición en niños, niñas y jóvenes; serios problemas de adicción de sustancias tóxicas; delincuencia con y sin violencia; embarazos en menores de edad, ausentismo por problemas de salud, entre otros.

Cabe mencionar que todos estos factores, que ya han sido descritos por la literatura científica en materia educativa, no son exclusivos de la Educación Secundaria, ni sólo de la Escuela Pública en su conjunto, sino que también están presentes y actúan, de manera directa o indirecta, en todos los niveles educativos y en las diferentes formas de sostenimiento y organización escolares.

Entonces no es sólo el entorno social el causante de los bajos niveles de logro en la escuela, sino también hay que reconocer que existen responsabilidades puntuales de las figuras que participan en la escuela; vista ésta como una comunidad educativa compleja, en la cual se relacionan personas con propósitos de aprendizaje, y no simplemente la escuela como un edificio con aulas, mesas y sillas.

En una entrega anterior, argumenté y hoy sostengo una vez más, que éste es un asunto (el «fracaso» educativo) que tiene que ver con el diseño y aplicación de políticas educativas nacionales y estatales. Precisamente el 20 de octubre de 2017, en un ejercicio de análisis similar, reflexioné acerca de los resultados del ejercicio Planea de Educación Media Superior (EMS) 2017 del mismo INEE, (ver SDP Noticias, 20 de octubre, 2017), y veo que guardan íntima relación con los resultados encontrados con el Planea Secundaria 2017.

En esa oportunidad y en apoyo a los argumentos expuestos, reproduje las consideraciones finales que dio a conocer en el documento de presentación el propio INEE. El punto número 9 de dichas consideraciones, en particular, retomo hoy, que a la letra dice: «9. El logro académico de los estudiantes de EMS está vinculado con los resultados de los niveles educativos previos. Para atender esta situación, es necesario reducir las brechas de conocimiento, oportunidades y condiciones generales de la enseñanza y del aprendizaje, desde el inicio de la educación obligatoria.»

Veo dos posibles interpretaciones en el contenido de estas afirmaciones: 1) Hay un vínculo orgánico y estructural (diría fenomenológico) entre las causas y efectos de los logros académicos de los estudiantes de Educación Media Superior y los correspondientes de la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria), y 2) Existe la necesidad de reducir las brechas educativas y junto con ello, impactar en los indicadores educativos de los niveles previos y de la propia EMS, en términos de aprendizajes y de las condiciones que habrán de establecerse para desarrollarlos. En otras palabras, el asunto está en la construcción de los cimientos, no tanto en los techos.

El problema es cómo y con qué herramientas se podrán cambiar estas estructuras y los patrones sociales que, en consecuencia, se generan, y que ya parecen crónicos en el Sistema Educativo del país. Pienso que para ello se requiere un nuevo tipo de concertación; un renovado «contrato social» sobre la educación en México, en el cual funcionarios, directivos, docentes, personal de apoyo, estudiantes, representaciones sindicales y familias; así como otros agentes, como los medios de comunicación, asuman un cambio en el qué y en los cómo del quehacer cotidiano en torno a los procesos educativos, y específicamente sobre los aprendizajes escolares.

Tiempos de cambio. La coyuntura que hoy vive el país, da como para repensar en la nueva ruta que habrá de seguir o requiere nuestro sistema educativo nacional, pero también es oportunidad para echar a andar fórmulas novedosas e imaginativas acerca de cómo sacar al país del «socavón» que significa este «fracaso» de la educación nacional.

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/29/causas-y-efectos-del-fracaso-educativo

Fuente de la Imagen:

https://es.slideshare.net/aitortwo/fracaso-escolar-trab-presentation

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Positivos y Negativos de la Reforma Educativa

enero 16, 2018enero 16, 2018Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

La contienda política que se lleva a cabo este año para ocupar puestos de elección popular en los congresos federal y locales, así como en los gobiernos federal, estatales y municipales, abre la oportunidad de debatir y realizar un primer análisis breve sobre los aspectos positivos y negativos de la Reforma Educativa emprendida durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Los puntos positivos de la Reforma Educativa:

Considero que esta reforma logró el consenso de la clase política dominante (PRI, PAN, PRD) para ubicarla y posicionarla como una reforma estructural, necesaria para el país; estableció un marco jurídico renovado, a nivel constitucional y en leyes secundarias para crear el Servicio Profesional Docente (SPD) y dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Además, se integraron equipos de trabajo de niveles académicos aceptables para diseñar los nuevos Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica y Media Superior. Se definió, al final del sexenio, un modelo pedagógico, una ruta de aplicación y un código sobre los fines de la educación. Se identificaron miles de plazas docentes no ejercidas en actividades educativas, sino de índole administrativo o político sindicales, que posteriormente se reorientaron.

Los puntos negativos de la Reforma Educativa:

Para “imponer” la Reforma, primero se lograron acuerdos con las cúpulas políticas y empresariales, y después se dio a conocer esta iniciativa a los maestros; en consecuencia, no se logró el consenso con los profesionales de la educación de todo el país. Durante los primeros tres años, la SEP optó por la confrontación y el menor diálogo posible con los sectores magisteriales que se opusieron a “los hechos consumados”.

La Reforma parte de una lógica basada en el “mérito” sólo aplicable para los trabajadores de base, pero no para los funcionarios, federales ni estatales, del ramo educativo. En su etapa inicial, se establecieron los aspectos jurídicos, legales y administrativos de la Reforma, y después se diseñaron los dispositivos de orden pedagógico. Aunque hubo consultas públicas en 2014 y 2016, en esas condiciones de “imposición”, muchos maestros “sintieron” que les dieron “atole con el dedo”. Hubo, y hoy todavía hay, sectores magisteriales y de académicos que se resistieron o se resisten a aceptar la Reforma. También hubo inconsistencias graves en los sistemas de evaluación de ingreso, promoción y permanencia de los docentes al SPD.

Por otra parte, considero que la Reforma, desde 2015, opera con una fórmula contradictoria: Centraliza la nómina magisterial, pero deja en la indefensión a las entidades federativas, al violentar los términos pactados entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, en 1992, acerca de la descentralización administrativa. Finalmente, los resultados positivos de la Reforma, en términos de aprendizajes escolares, podrán evaluarse y reflejarse no antes de diez años.

Una vez planteado lo anterior, cabe preguntar: ¿Qué implicaciones tiene el derrotero de la Reforma Educativa en términos de la estabilidad política y la gobernabilidad del país? Sobre todo este año en que tenemos en puerta elecciones constitucionales.

El politólogo italiano Giovanni Sartori consideraba, inspirado en los clásicos griegos, que la Política (Politics) es un «campo de equilibrios«; y planteaba de manera más precisa que «los sistemas políticos se configuran en su totalidad como sistemas de equilibrios«, pero dicho campo (o modelo) no es análogo a lo que se observa en una simple balanza, sino que es un complejo sistema de relaciones donde se tensan diferentes tipos de fuerzas para conservar, transformar o incluso destruir a los sistemas políticos. (1)

Los problemas de la política se traducen, por lo tanto, en campos específicos de conflicto y, en consecuencia, de tensión-distensión, en los cuales las adhesiones de las distintas fuerzas se relacionan de manera dinámica «merced a un variado y cambiable juego de «pesos» y «contrapesos», de presiones y contrapresiones…», (G. Sartori, obra citada).

Los temas específicos y la puesta en operación de la política, se refieren a los asuntos del accionar del gobierno y de la sociedad en subcampos que se concretan en áreas como la salud pública, la educación, el empleo, la vivienda, la productividad, las políticas fiscales, de los medios de comunicación, la cultura, los derechos humanos, la seguridad, etc. (2)

Lo anterior sirve como marco de interpretación para comprender, en parte, los mecanismos políticos puestos en práctica durante la actual Reforma Educativa, ya que, aparte de entender por qué se podrían producir cambios educativos relevantes (razón de ser de cualquier reforma en este ámbito), el esquema de Sartori proporciona una idea clara sobre los subcampos de tensión y distensión que se presentan en el contexto de la política, por parte de los distintos sectores, instituciones, grupos o representaciones sociales que juegan papeles protagónicos (especialmente, en este caso, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), en torno esta Reforma.

Sin duda, esta reflexión relativa a la Reforma Educativa (2012-2018), no podría comprenderse sin considerar la lucha por el poder público y por el dominio hegemónico de las instituciones del Estado en que se encuentra México, dentro de la cual se incluye la lucha por la titularidad en los tres niveles de gobierno, así como en las posiciones clave de los poderes de la Unión.

Ahora bien, si además de lo planteado por Sartori, se incorpora la idea de que la política comprende la praxis del pensar y del quehacer públicos en beneficio de la sociedad, con acciones realizadas en el presente, pero con visión de futuro, (basados en un código de valores éticos, históricos, ideológicos, jurídicos, etc.), podemos decir que aquí entran al escenario los partidos políticos, sus programas o proyectos de gobierno, y sus candidatos, (o los ciudadanos que ejercen sus derechos políticos como participantes independientes, sin partido), debido a que toda actividad política, como sistema de equilibrios, es necesidad y sustancia de la vida pública de la sociedad.

Cuando uno de los candidatos a la presidencia del país, específicamente Andrés Manuel López Obrador, lanza en precampaña el compromiso de derogar o eliminar la Reforma Educativa de la actual administración federal, seguramente parte de una base o de una evaluación acerca de los puntos positivos y negativos que ofrece a la sociedad dicha “reforma estructural” del gobierno de Enrique Peña Nieto. Podemos o no estar de acuerdo, por lo tanto, con el planteamiento de la derogación, (o si se quiere, en un lenguaje más moderado, de la adaptación de los términos de la Reforma), sin embargo, lo cierto es que detrás de las palabras y las acciones, el discurso opositor de AMLO se da en un contexto de lucha por el poder político, en el cual es imposible no pensar en el sistema de equilibrios al que hace alusión Sartori.

Pienso, en conclusión, que es difícil que haya un esquema del tipo “todo o nada” en el ejercicio del gobierno y menos aún en el marco jurídico en el cual opera la función pública. Lo que hay o debe darse en el futuro cercano, en todo caso, con respecto a la Reforma, son nuevos consensos y tomas de posiciones que incorporen al magisterio (dirigencias nacionales y estatales, así como la base de trabajadores de la educación), y buscar acuerdos renovados con sectores amplios de la sociedad, incluyendo a la clase política y empresarial, a los medios de comunicación, las iglesias, los intelectuales, a los padres y madres de familia, a los diferentes sectores académicos y demás grupos implicados en esta Reforma Educativa.

Eso significa que para modificar los términos de la Reforma Educativa actual, cualquier oposición deberá convocar y tejer, finamente, las negociaciones políticas pertinentes para alcanzar nuevos consensos y acuerdos acerca de lo que la sociedad mexicana necesita y requiere a efecto de ejercer plenamente el derecho a la educación.

Notas:

(1) Sartori, G. (2002) La Política. Lógica y método en las ciencias sociales. F.C.E. (p. 162-163)

(2) Por eso en inglés, a diferencia del español, la “Política como ciencia o teoría del Estado” es nombrada como “Politics”; mientras que la “política de aplicación”, como subcampo del concepto anterior, se denomina “Policy”, que en español se denomina como “políticas públicas”.

jcmqro3@yahoo.com

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/15/positivos-y-negativos-de-la-reforma-educativa

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Author: Juan Carlos Miranda Arroyo

La Política como Hegemonía Educativa y Cultural