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Educación Pública y Aprendizajes Básicos

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

La semana pasada Blanca Heredia, investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), publicó un interesante artículo en el diario El Financiero (14 de febrero, 2018, luego reproducido en Educación Futura), en el cual describe un estudio sobre las dificultades de los estudiantes de Primaria para resolver planteamientos o contestar preguntas simples (de Lectura y Aritmética); así mismo, en su texto Heredia aborda la necesidad de revalorar y discutir un tema esencial de políticas educativas públicas: «cómo asegurar que las escuelas mexicanas les ofrezcan capacidades habilitantes mínimas a todos los estudiantes del país.» (se refiere a cómo garantizar el dominio de los aprendizajes básicos en Lectura y Matemáticas, en el sentido de aprender «habilidades clave» o «key skills» que permiten, después, resolver situaciones más complejas)

En una parte de su exposición, la Dra. Heredia afirma lo siguiente: «Resulta, sin embargo, de elemental honradez y sentido común reconocer que sin habilidades de comprensión lectora aritmética mínimas no habrá progreso educativo posible. No lo habrá, pues una proporción excesivamente alta del estudiantado y de la población toda carece de los saberes y destrezas indispensables para poder aprender cosas progresivamente más complejas. En esas condiciones, promesas educativas muy ambiciosas se parecen a ofrecerle a alguien que no sabe caminar la posibilidad de ganar una competencia de salto de altura.»

El estudio de los estilos, métodos, técnicas y procedimientos de aprendizaje, es una de las cuestiones sobre las que se ha debatido ampliamente durante los últimos tiempos, en los círculos académicos y de la investigación educativa en México y en el mundo. En las últimas dos décadas, en particular, diferentes autores se han expresado así en diversas publicaciones de corte psicopedagógico, donde se ha compartido la tesis de que los niños, niñas y jóvenes son inteligentes y capaces de aprender, sin embargo, no resuelven situaciones sencillas en un examen escolar debido, sobre todo, a la elección y los usos «deficientes» que éstos hacen de los métodos, técnicas o procedimientos para resolver dichos planteamientos y para usar creativamente la información.

De tal manera es grave el problema de los métodos o procedimientos para resolver planteamientos en los alumnos de la Educación Básica pública (y no en pocos casos en la escuela privada), más allá de las dificultades que tienen para dominar los contenidos educativos, que se podría establecer prácticamente como una causa, en correlación directa, de los descalabros que arrojan las evaluaciones de los aprendizajes escolares (nacionales e internacionales: ENLACE, EXCALE, PLANEA, PISA). Pero es «una» causa, no «la» causa del «fracaso educativo» que la evaluación educativa ha mostrado en nuestro país durante los últimos años.

Aun cuando los modelos curriculares reconocen que el dominio de los contenidos es tan importante como el dominio de los métodos (aprendizajes básicos o habilidades clave, habilidades «llave»), los resultados, en términos de aprendizajes escolares, muestran que esa conexión no se ha dado en las aulas. En este sentido, pienso que los docentes deben reconocer que, en muchos procesos curriculares y extracurriculares, los conceptos no pueden divorciarse de los métodos. Me explico: Los maestros y las maestras saben que una cosa es, por ejemplo, comprender el concepto de «igualdad» en Aritmética, y otra cosa diferente es «saber cómo» despejar una «ecuación», que al final de cuentas significa procesar una «igualdad»; pero sobre todo saben que ambos ámbitos de comprensión de conceptos y manejo de procedimientos, están orgánicamente vinculados.

¿Por qué los estudiantes de Educación Secundaria y de Media Superior no son capaces de organizar argumentos e identificar significados en torno a un texto? ¿Por qué la mayoría presentan dificultades para comprender y seguir procedimientos, del tipo paso a paso, para resolver planteamientos sencillos de multiplicación y división? ¿Por qué hay dificultades para transferir dichas «habilidades llave» de una situación de aprendizaje abordada en la escuela a otra que se da en un contexto real fuera de ella?

Las causas de estos desequilibrios en la comprensión de conceptos (saber qué) y en el uso de métodos o procedimientos (saber cómo), son diversas y están presentes en diferentes etapas de los procesos de enseñanza y aprendizaje: Desde las condiciones específicas, cognitivas y emocionales de los estudiantes hasta las inconsistencias en las estrategias y en la no creación de ambientes adecuados para desarrollar los aprendizajes, por parte de los docentes. Pero también, estos desequilibrios pasan por la responsabilidad de los directivos escolares o equipos de gestión educativa, al desestimar las tareas de capacitación y actualización pertinentes y oportunas que requieren los docentes; y pasan también por la responsabilidad de funcionarios educativos de los niveles medio y alto (federales y estatales), como tomadores de decisiones en el ámbito administrativo y de las políticas públicas: Eso tiene que ver con los procedimientos específicos para asignar o no docentes a las escuelas, y en los procedimientos burocráticos que afectan el trabajo académico cotidiano; con el descuido y abandono de las condiciones físicas de las escuelas; o con la indiferencia a los asuntos que tienen que ver con el clima escolar. A nivel de políticas públicas, con la marginación de las instituciones formadoras de docentes o la inexistencia de programas serios para la profesionalización de directivos escolares; y pasa también por el descuido en el diseño, edición, publicación y distribución de los libros de texto de la SEP, entre otros problemas.

Las dificultades que presentan los estudiantes para comprender conceptos y para usar métodos adecuados y «eficientes» en la escuela para resolver planteamientos simples, es entonces un asunto que supera por mucho el ámbito de responsabilidad individual o única, exclusiva, de los alumnos; más bien, y por el contrario, es un proceso estructural e institucional (no solamente cultural) en donde se ven involucrados distintos tramos de decisión burocráticos, actores educativos y diferentes niveles de responsabilidades en lo educativo y lo social.

El debate en torno a las diferentes responsabilidades de los resultados desastrosos en la educación pública en México, en términos de aprendizajes escolares (lo que para algunos autores es un «fracaso escolar»), sobre el que, por cierto, se ha discutido tanto en los medios de comunicación y en los círculos pedagógicos y de la educación en general, es una cuestión que nos lleva a pensar y repensar qué entendemos por el «derecho pleno» a la educación para los ciudadanos y sus familias. Y dicho debate se extiende hasta los ámbitos que tienen que ver con la elección de un proyecto u otro de nación, y con la selección de uno u otro proyecto educativo nacional… de ahí la importancia de recuperar este tipo de reflexiones específicas sobre lo educativo, que toca fibras finas, y que se encuentran en textos como el de la Dra. Blanca Heredia.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/02/19/educacion-publica-y-aprendizajes-basicos

 

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Evaluación Educativa: ¿Permanencia o cambio?

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo
 
Para nadie es una novedad que uno de los ejes principales de las políticas educativas actuales, es la evaluación. Durante la actual Reforma Educativa impulsada por la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los maestros y las maestras de México han sido sometidos a duras exigencias para demostrar sus capacidades profesionales y su compromiso con la educación. Desde las modificaciones al texto constitucional de 2012-2013, la intención de este gobierno federal ha sido alcanzar o lograr la «calidad» de la educación a través diferentes mecanismos, entre los cuales se encuentra  -según esa concepción-, la «idoneidad» de los docentes en las escuelas públicas. (1)

Para nadie es una novedad que uno de los ejes principales de las políticas educativas actuales, es la evaluación;  mismo eje que se ha diseñado y puesto en operación de manera sistemática durante esta administración federal, a través de dos instituciones nacionales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que han procedido a evaluar a los docentes de Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y de Educación Media Superior (bachillerato) con fundamento en las leyes creadas o modificadas para tal fin.

Para que la educación obligatoria alcanzara y se convirtiera en un “servicio” con nivel de «calidad», -dice el discurso oficial-, era necesario evaluar a los docentes y con ello determinar, no tanto qué apoyos requerían para desarrollar de una manera adecuada y profesional su trabajo, sino identificar quiénes reunían o no los requisitos académicos, técnicos y laborales para desempeñarse como docentes de la escuela pública, y junto con ello “depurar” a la planta nacional de profesores.

Por otra parte, considero que el proceso de evaluación ha sido concebido por las autoridades (y en su momento por los legisladores) como el centro gravitacional de la reforma educativa. La lógica interna de esas políticas educativas, centradas en la evaluación de los docentes, además de contravenir los preceptos constitucionales  en materia de trabajo y de lesionar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado (Art. 123 de la Constitución Política y Ley Federal del Trabajo), ha sido excluyente y se ha instalado en medio de la desconfianza institucional  (dicen en broma nuestros compañeros maestros, que en la SEP hay dos tipos de trabajadores: los “de confianza” y nosotros, o sea, el personal “de desconfianza”).

La tarea de evaluar a los docentes (que no es sólo un procedimiento técnico) tiene, ciertamente, sus bondades en lo educativo, siempre y cuando ésta sea utilizada como medio para identificar las necesidades específicas de capacitación y actualización del magisterio; sin embargo, presenta inconvenientes si la evaluación se usa sólo como medio de control, pues deriva en problemas de carácter laboral, administrativo, político-sindical, ideológico, psicológico, legal y de organización.

Por otra parte, uno de los riesgos que corre una Reforma Educativa que deposita todas sus fuerzas en la evaluación de los docentes y demás figuras educativas, más que pensar y actuar a favor de su acompañamiento y apoyo profesional en la búsqueda de la “calidad” educativa, es convertir al proceso evaluador en un mecanismo de selección y exclusión. Y al margen del significado simbólico y agresivo, en particular, del examen, (que ha sido considerado, en la literatura científica por pedagogos y psicólogos, como un mecanismo “violento” o “coercitivo”), la evaluación en general que se practica en nuestras instituciones públicas, parte de una lógica “enjuiciadora”, y los profesores la perciben como un dispositivo que ha servido sólo para “llevar a los maestros y las maestras al banquillo de los acusados”, como si el fracaso educativo nacional hubiera sido causado sólo por los académicos; cuando en realidad el llamado “fracaso” educativo mexicano tiene diferentes ámbitos de responsabilidad.

¿Cómo perciben los docentes, asesores técnicos y directivos de la escuela pública, las evaluaciones de ingreso, promoción y desempeño que se ha aplicado la SEP desde 2014? ¿Qué tan satisfechos o no están los maestros y las maestras, por ejemplo, de nuevo ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD) con las evaluaciones? ¿Cuáles son sus percepciones con respecto a los exámenes que se les han aplicado y sobre las etapas de evaluación en los que han participado?

En relación con lo anterior, el INEE recientemente dio a conocer el documento: «Principales resultados de la encuesta de satisfacción a docentes y técnicos docentes que ingresaron al Servicio Profesional Docente en el ciclo escolar 2015-2016, al término de su primer año» (INEE, 2017), en el cual se describen el diseño, la aplicación y los resultados de una encuesta dirigida a los profesores y profesoras con respecto a sus percepciones en torno, justamente, a los procesos de evaluación en que han participado. Por eso pienso que éste es un ejercicio donde «los exámenes son puestos o llevados a examen».

El reporte se divide en tres partes: 1. Encuesta de satisfacción y características de la evaluación diagnóstica; 2. Resultados de la encuesta; y 3. Comparativo entre 2015 y 2016: avances y retos. El informe del estudio termina con una sección de conclusiones y recomendaciones.

Sugiero la lectura del estudio completo, sin embargo, vale la pena destacar algunas de las conclusiones y recomendaciones que ofrece el reporte citado (2): Para el INEE, “Los resultados muestran que la autoridad educativa (AE) requiere mejorar la oportunidad con la que los sustentantes reciben la notificación de la evaluación; por otro lado, si bien una gran parte se siente satisfecha con el tiempo que contó para tener acceso a la bibliografía de estudio, no muestra la misma opinión sobre la claridad y la orientación de las guías publicadas por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). Este aspecto es el que presenta un área de oportunidad para la CNSPD, puesto que la guía debe tener coherencia con el examen de conocimientos.”

“Respecto a los instrumentos de evaluación, la AE y el INEE deberán mejorar el examen, ya que la opinión de los docentes se concentra en el rubro de “regular”, específicamente en la extensión, la contextualización y la redacción de las preguntas y casos. El tema de mejora de los instrumentos de evaluación es necesario tanto en EB como en EMS, puesto que la opinión de los maestros es similar.”

Cabe preguntar ¿Qué piensan los maestros y las maestras acerca de la evaluación educativa en general, y sobre la evaluación del desempeño, en particular? ¿Qué opinión les merece el marco legal que aprobaron en su momento los legisladores del PRI, PAN, PRD y PANAL para efectos de evaluación de docentes y otras figuras educativas? ¿Qué cambios o permanencias pueden advertir o proponer con respecto a ese marco legal vigente?

Notas:

(1) El Artículo 3. de la Carta Magna establece que: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos; y el El párrafo III del Art. 3 señala explícitamente que “…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley…”

(2) INEE. (2017). Principales resultados de la encuesta de satisfacción a docentes y técnicos docentes que ingresaron al Servicio Profesional Docente en el ciclo escolar 2015-2016, al término de su primer año. (versión digital en “pdf”)

jcmqro3@yahoo.com

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La olvidada Educación Inicial

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Durante los primeros días de enero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer oficialmente el Acuerdo 04/01/18 mediante el cual se establece el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo. Debido a la importancia que reviste para el país el mencionado Acuerdo, revisaremos hoy los aspectos principales del mismo.

Según la Ley General de Educación, en México, a diferencia de otras naciones (1), dicho nivel o rubro educativo: “…tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad, e incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.” En particular, el Programa recién difundido mediante Acuerdo secretarial, sin embargo, indica que éste: “…tiene como finalidad orientar el trabajo educativo con las niñas y los niños de cero a tres años de edad que asegure la calidad en la educación inicial.” (2)

El Programa, que ha sido diseñado con un enfoque integral, va dirigido «…a la atención de los niños y las familias; asimismo, (a proporcionar) las acciones de cuidado, protección y previsión, (donde el) enriquecimiento de los procesos de aprendizaje de los niños constituyen una unidad, es decir, se han integrado los servicios asistenciales, las actividades pedagógicas y los cuidados cariñosos y sensibles.», (Diario Oficial de la Federación, 23 de enero, 2018).

Si bien la SEP había puesto en operación, en 2013, el Modelo de Atención con Enfoque Integral para la Educación Inicial (MAEI), con el presente Acuerdo secretarial la dependencia otorga formalidad institucional a la Educación Inicial, y busca con ello integrar orgánicamente la variedad de servicios que se habían desarrollado, a partir de diferentes enfoques o aproximaciones de este tipo de educación en el país, en un sin número de instituciones públicas y privadas, y que habían dirigido sus labores, (a veces sin orden, ni coordinación interinstitucionales), desde hace aproximadamente casi cinco décadas, a la atención de niños y niñas entre los cero y los cuatro años de edad.

La autoridad educativa federal señala en el documento de referencia, que: «Las actividades que se llevan a cabo con los niños (en la Educación Inicial con enfoque integral) están planeadas como un todo; es decir, la poesía con el ritmo y el movimiento, las artes plásticas con la música, la lectura y el sostenimiento afectivo; el niño, en esta etapa de la vida, aprende de manera integral y no fragmentada y, lo más importante, en la Educación Inicial se atiende a la integralidad del ser humano: los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales.»

Sin duda, en el papel, parece un buen comienzo, pero…

Así mismo, la SEP afirma: «Por otra parte se define como un programa educativo que determina las directrices y orientaciones que permitan mejorar las acciones pedagógicas de los centros de atención infantil; enfocarlas al desarrollo de las capacidades de los niños y las niñas, buscando no sólo el bienestar y el desarrollo físico, sino la creación de ambientes enriquecidos de experiencias donde los niños y las niñas desplieguen todo su potencial.»

El Programa de Educación Inicial (2018) de la SEP, en síntesis, tiene las siguientes características jurídicas: “…es de observancia obligatoria para la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Para articular y dar identidad a la educación inicial acorde con el interés superior de la niñez, la SEP, con pleno respeto al federalismo educativo y a su respectiva normativa, promoverá entre las autoridades educativas de los estados y las instituciones públicas que impartan educación inicial, la adopción del Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo a que se refiere el presente Acuerdo. Para tales efectos dicha Secretaría propiciará la celebración de los instrumentos jurídicos correspondientes.” (Art. 2 del Acuerdo 04/01/18)

Los contenidos del documento se agrupan en los siguientes capítulos:  “…el primero es la introducción, el segundo describe el contexto, las bases teóricas y los principios rectores de la Educación Inicial; el tercero describe los fundamentos pedagógicos; el cuarto las acciones pedagógicas; el quinto plantea los aportes metodológicos y el sexto describe las funciones del agente educativo.”, mismos cuya lectura recomiendo a efecto de contar con elementos para su posterior reflexión. Sin embargo, es de suma importancia indicar que el Programa de Educación Inicial “Un buen comienzo se fundamenta en el enfoque de derechos; en las nuevas perspectivas acerca del desarrollo de los niños; en las investigaciones sobre neurociencias y aprendizaje infantil; en las teorías sobre el acompañamiento emocional, apego y vínculo con los niños y sus familias, así como en los estudios que dan relevancia y pertinencia al contexto del acto educativo y las prácticas de crianza.”

Es importante señalar que la Educación Inicial en México no ha recibido, históricamente, la atención adecuada por parte de las instituciones responsables de la educación en México; y no la ha recibido tampoco hoy, al menos desde el punto de vista del rediseño de este nivel en la Reforma Educativa actual, debido, entre otras razones, al hecho de que este nivel educativo no está incluido en el marco de servicios de la “educación obligatoria”, que legalmente abarca sólo a la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y a la Educación Media Superior. De hecho, en las llamadas “Cifras básicas y aspectos organizativos de la educación obligatoria”, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2017) no se incorporan datos sobre la Educación Inicial en México. (3)

Para dar evidencia de este hecho acerca de la “marginalidad” institucional de la Educación Inicial, veamos lo siguiente: El estudio sobre los productos de la consulta pública realizada en torno al Modelo Educativo de la SEP (2016), realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se indica que: “…un comentario recurrente en la consulta es la solicitud de incluir la Educación Inicial en el mapa curricular de Educación Básica. Al respecto, los participantes refieren la gran relevancia de promover, desde la edad temprana, el desarrollo de las capacidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales de las niñas y los niños a fin de contribuir al logro de aprendizajes fundamentales en años posteriores. Para aquellos ciudadanos y actores que expresaron su opinión sobre este tema durante la consulta pública, resulta desconcertante que una etapa del desarrollo tan relevante, y que la evidencia científica disponible indica resulta clave, no sea considerada adecuadamente en la propuesta.” (4)

También en la misma consulta pública el CIDE encontró que hubo: “Comentarios abundantes e insistentes a favor de incluir explícita y detalladamente a la Educación Inicial en el mapa curricular de Educación Básica, por su relevancia para promover el desarrollo, desde la edad temprana, de las capacidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales de los niños y las niñas.” (pp. 303)

Justo a raíz de la publicación del Modelo Educativo de 2016, diversas voces manifestaron la necesidad de incorporar en el bloque del “nuevo” Modelo a la Educación Inicial por las razones antes expuestas, sin embargo, hasta el momento la Educación Inicial no forma parte de la Educación Obligatoria en el país. Ese es el motivo por el cual algunos participantes advirtieron ahí, con razones sustentadas, que la Educación Inicial se ha convertido en la educación “olvidada”.

Las causas de este “olvido” ya han sido documentadas en diversos estudios internacionales; por ejemplo, veamos la siguiente afirmación sobre las causas de la “marginalidad” oficial con respecto a la Educación Inicial: “Entre otras cuestiones, una posible explicación se deriva del hecho de que, en buena medida, el nivel inicial se encuentra en estos momentos fuera de los sistemas educativos nacionales o se ha incorporado recientemente a ellos, existiendo, por tanto, una escasa tradición organizativa. Además, al tratarse de un nivel no obligatorio, los ministerios de educación concentran su atención en otras etapas de la escolaridad, como la enseñanza básica, en las que el carácter de obligatoriedad reclama la mayoría de los esfuerzos financieros. La demanda social existente para el nivel inicial desborda casi siempre las posibilidades de los sistemas educativos, habiendo surgido otro tipo de instituciones, tanto públicas como privadas, destinadas a satisfacerla.” (5)

El debate sobre la importancia y el reconocimiento de la Educación Inicial como parte de la Educación Obligatoria, apenas comienza. Las voces que se manifestaron en 2016, con argumentos consistentes, acerca de este “olvido” institucional, están vivas y seguramente darán la batalla durante los próximos años. Por ello, considero que la SEP debe recuperar e incorporar todas esas aportaciones y no hacer “como que la Virgen le habla”.

Como se puede apreciar, existen ciertas zonas de la planificación educativa en la SEP, donde lamentablemente priva la curva del “olvido”. Digo lo anterior porque, además, a la dependencia le ha hecho falta no olvidar, por ejemplo, que varias instituciones de educación superior, como la Universidad Pedagogica Nacional, se encuentran a la vanguardia en la formación de profesionales en materia de Educación Inicial. En el caso de la UPN, ésta cuenta con la licenciatura en Intervención Educativa, desde 2002, con una línea términal precisamente en Educación Inicial. Pienso que son, sin duda, recursos humanos que habrán de ser convocados de inmediato a la puesta en práctica de este “buen comienzo”, si es que hay voluntad para ello.

Notas y referencias:

(1) Digo que la Educación Inicial en México es diferente a otros países porque, por ejemplo, en Colombia, la Educación Inicial, de la Primera Infancia o Educación Temprana abarca un rango que va de los cero hasta los 6 años de edad. (ver documento: “Sentido de la Educación Inicial” (Ministerio de Educación Nacional, Colombia, 2014)

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/31/la-olvidada-educacion-inicial

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Causas y Efectos del Fracaso Educativo

México / 1 de febrero de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

A raíz de la presentación, la semana pasada, de resultados de la evaluación Planea Secundaria (3o.) 2017, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que da cuenta del bajo logro académico de la mayoría de los estudiantes mexicanos en ese nivel educativo, se hace necesario entrar al análisis de los resultados en cuestión tanto para la comprensión del fenómeno como para trazar algunas líneas de solución.

¿Por qué una tercera parte de los estudiantes de secundaria en México tiene graves dificultades para comprender e interpretar textos sencillos? ¿Por qué dos terceras partes de los estudiantes de ese nivel educativo presentan serios problemas para resolver planteamientos matemáticos, por ejemplo, de sumas o restas de fracciones (relaciones parte-todo)?

Aparte de los factores históricos, culturales y generacionales, considero que hay factores «internos» a la organización y accionar de la escuela, así como causas «externas» que generan los pésimos resultados académicos (en términos de los aprendizajes), y que ahora ratifican lo que ya sabíamos acerca de la fenomenología del Sistema Educativo Nacional (SEM).

Los factores llamados «internos» tienen que ver con los niveles de responsabilidad y el compromiso con la enseñanza y los aprendizajes que asumen los miembros de la comunidad escolar: docentes, directivos, personal de apoyo a la educación, familias y estudiantes. También en este rubro entran en juego la planificación didáctica, la intervención pedagógica y los procedimientos y recursos-instrumentos pertinentes para evaluar el progreso en los aprendizajes, que llevan a cabo los docentes y deben supervisar los directivos escolares.

Otros aspectos del proceso educativo tienen que ver con las técnicas de autoestudio y autoaprendizaje de los estudiantes; así como con la (des)organización de los tiempos y de las actividades que llevan a cabo cotidianamente las figuras educativas al interior del plantel escolar.  Aquí cabe preguntar: ¿se requiere aumentar el tiempo escolar para alcanzar cabalmente los propósitos de los planes y programas de estudio? ¿o más bien lo que se necesita es ocupar de una manera adecuada y efectiva el tiempo escolar?

Entre los factores «externos» podemos mencionar a la estructura burocrática de la educación, (federal, estatal y local), que determina en buena medida, en el caso de la escuela pública que atiende a la mayoría de los niños, niñas y jóvenes del país, el avance o retroceso de los procesos educativos: políticas de ingreso y selección de estudiantes; autorización sobre la cantidad de alumnos por grupo; decisiones sobre el contenido y uso de los libros de texto y demás recursos didácticos; políticas específicas sobre el acompañamiento y la actualización permanente de los docentes y directivos, así como sobre la formación inicial de ambos; definición, desde el escritorio, sobre la infraestructura escolar, los recursos materiales e insumos básicos para el adecuado «funcionamiento» de la escuela; políticas salariales y de profesionalización de las figuras educativas. Además, tiene que ver el código de cumplimiento de las normas de selección, promoción y permanencia del personal docente y directivo para cada escuela o zona escolar; el diseño y la valoración del currículo escolar; la (des)articulación entre niveles educativos; la movilidad de ambas figuras educativas (continuidad y discontinuidad del trabajo docente); y, entre otros problemas, la comunicación organizacional y la falta de identidad institucional de parte de los funcionarios federales, estatales y locales, en torno a los procesos micro educativos en el aula, el taller, el laboratorio o el patio de recreo, eventos y juegos, y en otros espacios educativos.

A estos factores «externos», por decirles de algún modo, que impactan el desempeño de los estudiantes en lo académico (conocimientos, habilidades y actitudes o valores), hay que agregar una larga lista de variables sociales que juegan un papel clave en la fenomenología de estos procesos, y que no necesariamente están a cargo de docentes o directivos: conflictos intrafamiliares, entornos sociales de marginalidad social, económica y cultural; por lo anterior, problemas de nutrición en niños, niñas y jóvenes; serios problemas de adicción de sustancias tóxicas; delincuencia con y sin violencia; embarazos en menores de edad, ausentismo por problemas de salud, entre otros.

Cabe mencionar que todos estos factores, que ya han sido descritos por la literatura científica en materia educativa, no son exclusivos de la Educación Secundaria, ni sólo de la Escuela Pública en su conjunto, sino que también están presentes y actúan, de manera directa o indirecta, en todos los niveles educativos y en las diferentes formas de sostenimiento y organización escolares.

Entonces no es sólo el entorno social el causante de los bajos niveles de logro en la escuela, sino también hay que reconocer que existen responsabilidades puntuales de las figuras que participan en la escuela; vista ésta como una comunidad educativa compleja, en la cual se relacionan personas con propósitos de aprendizaje, y no simplemente la escuela como un edificio con aulas, mesas y sillas.

En una entrega anterior, argumenté y hoy sostengo una vez más, que éste es un asunto (el «fracaso» educativo) que tiene que ver con el diseño y aplicación de políticas educativas nacionales y estatales. Precisamente el 20 de octubre de 2017, en un ejercicio de análisis similar, reflexioné acerca de los resultados del ejercicio Planea de Educación Media Superior (EMS) 2017 del mismo INEE, (ver SDP Noticias, 20 de octubre, 2017), y veo que guardan íntima relación con los resultados encontrados con el Planea Secundaria 2017.

En esa oportunidad y en apoyo a los argumentos expuestos, reproduje las consideraciones finales que dio a conocer en el documento de presentación el propio INEE.  El punto número 9 de dichas consideraciones, en particular, retomo hoy, que a la letra dice: «9. El logro académico de los estudiantes de EMS está vinculado con los resultados de los niveles educativos previos. Para atender esta situación, es necesario reducir las brechas de conocimiento, oportunidades y condiciones generales de la enseñanza y del aprendizaje, desde el inicio de la educación obligatoria

Veo dos posibles interpretaciones en el contenido de estas afirmaciones: 1) Hay un vínculo orgánico y estructural (diría fenomenológico) entre las causas y efectos de los logros académicos de los estudiantes de Educación Media Superior y los correspondientes de la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria), y 2) Existe la necesidad de reducir las brechas educativas y junto con ello, impactar en los indicadores educativos de los niveles previos y de la propia EMS, en términos de aprendizajes y de las condiciones que habrán de establecerse para desarrollarlos. En otras palabras, el asunto está en la construcción de los cimientos, no tanto en los techos.

El problema es cómo y con qué herramientas se podrán cambiar estas estructuras y los patrones sociales que, en consecuencia, se generan, y que ya parecen crónicos en el Sistema Educativo del país. Pienso que para ello se requiere un nuevo tipo de concertación; un renovado «contrato social» sobre la educación en México, en el cual funcionarios, directivos, docentes, personal de apoyo, estudiantes, representaciones sindicales y familias; así como otros agentes, como los medios de comunicación, asuman un cambio en el qué y en los cómo del quehacer cotidiano en torno a los procesos educativos, y específicamente sobre los aprendizajes escolares.

Tiempos de cambio. La coyuntura que hoy vive el país, da como para repensar en la nueva ruta que habrá de seguir o requiere nuestro sistema educativo nacional, pero también es oportunidad para echar a andar fórmulas novedosas e imaginativas acerca de cómo sacar al país del «socavón» que significa este «fracaso» de la educación nacional.

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/29/causas-y-efectos-del-fracaso-educativo

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Positivos y Negativos de la Reforma Educativa

Por: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

La contienda política que se lleva a cabo este año para ocupar puestos de elección popular en los congresos federal y locales, así como en los gobiernos federal, estatales y municipales, abre la oportunidad de debatir y realizar un primer análisis breve sobre los aspectos positivos y negativos de la Reforma Educativa emprendida durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Los puntos positivos de la Reforma Educativa:

Considero que esta reforma logró el consenso de la clase política dominante (PRI, PAN, PRD) para ubicarla y posicionarla como una reforma estructural, necesaria para el país; estableció un marco jurídico renovado, a nivel constitucional y en leyes secundarias para crear el Servicio Profesional Docente (SPD) y dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Además, se integraron equipos de trabajo de niveles académicos aceptables para diseñar los nuevos Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica y Media Superior. Se definió, al final del sexenio, un modelo pedagógico, una ruta de aplicación y un código sobre los fines de la educación. Se identificaron miles de plazas docentes no ejercidas en actividades educativas, sino de índole administrativo o político sindicales, que posteriormente se reorientaron.

Los puntos negativos de la Reforma Educativa:

Para “imponer” la Reforma, primero se lograron acuerdos con las cúpulas políticas y empresariales, y después se dio a conocer esta iniciativa a los maestros; en consecuencia, no se logró el consenso con los profesionales de la educación de todo el país. Durante los primeros tres años, la SEP optó por la confrontación y el menor diálogo posible con los sectores magisteriales que se opusieron a “los hechos consumados”.

La Reforma parte de una lógica basada en el “mérito” sólo aplicable para los trabajadores de base, pero no para los funcionarios, federales ni estatales, del ramo educativo. En su etapa inicial, se establecieron los aspectos jurídicos, legales y administrativos de la Reforma, y después se diseñaron los dispositivos de orden pedagógico. Aunque hubo consultas públicas en 2014 y 2016, en esas condiciones de “imposición”, muchos maestros “sintieron” que les dieron “atole con el dedo”. Hubo, y hoy todavía hay, sectores magisteriales y de académicos que se resistieron o se resisten a aceptar la Reforma. También hubo inconsistencias graves en los sistemas de evaluación de ingreso, promoción y permanencia de los docentes al SPD.

Por otra parte, considero que la Reforma, desde 2015, opera con una fórmula contradictoria: Centraliza la nómina magisterial, pero deja en la indefensión a las entidades federativas, al violentar los términos pactados entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, en 1992, acerca de la descentralización administrativa. Finalmente, los resultados positivos de la Reforma, en términos de aprendizajes escolares, podrán evaluarse y reflejarse no antes de diez años.

Una vez planteado lo anterior, cabe preguntar: ¿Qué implicaciones tiene el derrotero de la Reforma Educativa en términos de la estabilidad política y la gobernabilidad del país? Sobre todo este año en que tenemos en puerta elecciones constitucionales.

El politólogo italiano Giovanni Sartori consideraba, inspirado en los clásicos griegos, que la Política (Politics) es un «campo de equilibrios«; y planteaba de manera más precisa que «los sistemas políticos se configuran en su totalidad como sistemas de equilibrios«, pero dicho campo (o modelo) no es análogo a lo que se observa en una simple balanza, sino que es un complejo sistema de relaciones donde se tensan diferentes tipos de fuerzas para conservar, transformar o incluso destruir a los sistemas políticos. (1)

Los problemas de la política se traducen, por lo tanto, en campos específicos de conflicto y, en consecuencia, de tensión-distensión, en los cuales las adhesiones de las distintas fuerzas se relacionan de manera dinámica «merced a un variado y cambiable juego de «pesos» y «contrapesos», de presiones y contrapresiones…», (G. Sartori, obra citada).

Los temas específicos y la puesta en operación de la política, se refieren a los asuntos del accionar del gobierno y de la sociedad en subcampos que se concretan en áreas como la salud pública, la educación, el empleo, la vivienda, la productividad, las políticas fiscales, de los medios de comunicación, la cultura, los derechos humanos, la seguridad, etc. (2)

Lo anterior sirve como marco de interpretación para comprender, en parte, los mecanismos políticos puestos en práctica durante la actual Reforma Educativa, ya que, aparte de entender por qué se podrían producir cambios educativos relevantes (razón de ser de cualquier reforma en este ámbito), el esquema de Sartori proporciona una idea clara sobre los subcampos de tensión y distensión que se presentan en el contexto de la política, por parte de los distintos sectores, instituciones, grupos o representaciones sociales que juegan papeles protagónicos (especialmente, en este caso, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), en torno esta Reforma.

Sin duda, esta reflexión relativa a la Reforma Educativa (2012-2018), no podría comprenderse sin considerar la lucha por el poder público y por el dominio hegemónico de las instituciones del Estado en que se encuentra México, dentro de la cual se incluye la lucha por la titularidad en los tres niveles de gobierno, así como en las posiciones clave de los poderes de la Unión.

Ahora bien, si además de lo planteado por Sartori, se incorpora la idea de que la política comprende la praxis del pensar y del quehacer públicos en beneficio de la sociedad, con acciones realizadas en el presente, pero con visión de futuro, (basados en un código de valores éticos, históricos, ideológicos, jurídicos, etc.), podemos decir que aquí entran al escenario los partidos políticos, sus programas o proyectos de gobierno, y sus candidatos, (o los ciudadanos que ejercen sus derechos políticos como participantes independientes, sin partido), debido a que toda actividad política, como sistema de equilibrios, es necesidad y sustancia de la vida pública de la sociedad.

Cuando uno de los candidatos a la presidencia del país, específicamente Andrés Manuel López Obrador, lanza en precampaña el compromiso de derogar o eliminar la Reforma Educativa de la actual administración federal, seguramente parte de una base o de una evaluación acerca de los puntos positivos y negativos que ofrece a la sociedad dicha “reforma estructural” del gobierno de Enrique Peña Nieto. Podemos o no estar de acuerdo, por lo tanto, con el planteamiento de la derogación, (o si se quiere, en un lenguaje más moderado, de la adaptación de los términos de la Reforma), sin embargo, lo cierto es que detrás de las palabras y las acciones, el discurso opositor de AMLO se da en un contexto de lucha por el poder político, en el cual es imposible no pensar en el sistema de equilibrios al que hace alusión Sartori.

Pienso, en conclusión, que es difícil que haya un esquema del tipo “todo o nada” en el ejercicio del gobierno y menos aún en el marco jurídico en el cual opera la función pública. Lo que hay o debe darse en el futuro cercano, en todo caso, con respecto a la Reforma, son nuevos consensos y tomas de posiciones que incorporen al magisterio (dirigencias nacionales y estatales, así como la base de trabajadores de la educación), y buscar acuerdos renovados con sectores amplios de la sociedad, incluyendo a la clase política y empresarial, a los medios de comunicación, las iglesias, los intelectuales, a los padres y madres de familia, a los diferentes sectores académicos y demás grupos implicados en esta Reforma Educativa.

Eso significa que para modificar los términos de la Reforma Educativa actual, cualquier oposición deberá convocar y tejer, finamente, las negociaciones políticas pertinentes para alcanzar nuevos consensos y acuerdos acerca de lo que la sociedad mexicana necesita y requiere a efecto de ejercer plenamente el derecho a la educación.

Notas:

(1) Sartori, G. (2002) La Política. Lógica y método en las ciencias sociales. F.C.E. (p. 162-163)

(2) Por eso en inglés, a diferencia del español, la “Política como ciencia o teoría del Estado” es nombrada como “Politics”; mientras que la “política de aplicación”, como subcampo del concepto anterior, se denomina “Policy”, que en español se denomina como “políticas públicas”.

jcmqro3@yahoo.com

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/15/positivos-y-negativos-de-la-reforma-educativa
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La SEP más allá del escritorio

México / 14 de enero de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Una de las críticas más comunes que se hace a los altos funcionarios gubernamentales o de la alta burocracia mexicana, es que suelen trazar y ejecutar las políticas públicas desde un escritorio, con el argumento, discutible o no, de que nunca o pocas veces éstos se vinculan con la gente a la que van dirigidas dichas políticas, y que, por lo tanto, están lejos de la realidad social.

Así, el mote bien ganado de «servidor público de escritorio», parece dar en el blanco y forma parte de los más severos señalamientos expresados por la ciudadanía, pues el o la funcionario(a) generalmente se apoya solo en documentos o estadísticas para defender los procesos y los resultados del ámbito de su responsabilidad, sin buscar el contacto directo con la gente ni pulsar el sentir de los ciudadanos.

Existe, sin embargo, una imagen simplificada o incompleta del trabajo realizado, y más aún sobre los desafíos, obstáculos y dificultades que enfrentan los tomadores de decisiones al manejar, -con altas presiones de «arriba» y de «abajo»-, la complejidad y las distintas variables implicadas en el quehacer gubernamental, tal como es el caso de la educación pública nacional.

Esto último es justamente lo que interpreto cuando leo el texto del Mtro. Otto Granados Roldán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP): «Los retos del escritorio«, (SDP Noticias, 6 enero 2018), escrito en respuesta a las preguntas e ideas sugeridas en mi artículo publicado en este mismo espacio, («Otto Granados y el escritorio de la SEP»SDP Noticias, 20 dic. 2017), específicamente cuando el secretario de Educación se refiere a la complejidad de la instrumentación de la reforma educativa actual y los retos que se enfrentan en la operación de las políticas educativas en México; así como a la necesidad de abrir canales de diálogo (informado y con argumentos rigurosos) sobre los efectos (y las razones) de las políticas educativas aplicadas en los contextos nacional y local.

La materia de análisis que motiva a ambos textos aludidos tiene que ver con tres puntos específicos: las tutorías a docentes de nuevo ingreso a la Educación Básica; la cobertura escolar para niños y niñas de Educación Preescolar, y para las y los jóvenes de Educación Media Superior (EMS); así como el desafío del rezago educativo observado durante los últimos años en el Sistema Educativo Nacional (SEN).

La conversación que sugiero continuar con el Mtro. Granados Roldán en esta ocasión, gira en torno al análisis de puntos finos derivados de esos mismos temas generales, a través de algunas preguntas y propuestas sobre los indicadores presentados por él, pero me interesa también discutir acerca de otros tres asuntos que van más allá del escritorio de la SEP: el asunto de los logros académicos, en términos de aprendizajes, de los estudiantes de Educación Media Superior (EMS); el tema de los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) y el problema del salario de los maestros y las maestras.

Primero me gustaría continuar el diálogo sobre los tres asuntos tratados inicialmente: tutorías, cobertura y rezago educativo.

Tutorías a docentes: Dice el Mtro. Granados que «…al finalizar el ciclo 2014-2015, en realidad se brindó tutoría al 78% de los 21,887 docentes de educación básica, lo que quiere decir que poco más de 17 mil docentes recibieron tutoría presencial, tal como lo establece el marco normativo emitido por la propia CNSP…» Y que «…a partir del ciclo escolar 2016-2017 se ofrece la modalidad de Tutoría en Línea a través de una plataforma virtual-Moodle, cuyos contenidos están basados en los parámetros e indicadores del perfil docente, y cada tutor atiende entre 8 a 10 docentes, lo que permitió que la cobertura en ese ciclo escolar se ampliara al 80%, atendiendo a 28,455 docentes de los 35,564 de nuevo ingreso.»

El problema es que la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), establece que todos los docentes de nuevo ingreso deben ser acompañados mediante tutorías, presenciales o no, a efecto de contar con el apoyo y las orientaciones profesionales adecuadas para llevar a cabo sus labores. ¿Qué pasará entonces con el 20 por ciento de los docentes de nuevo ingreso no atendidos por este mandato de ley? ¿En qué condiciones serán evaluados? ¿Qué otras medidas se están tomando, por parte de la SEP y los gobiernos estatales, para cumplir con lo establecido en la normatividad federal?

Reconozco, sin embargo, como positivo que se abran nuevas modalidades de atención y acompañamiento a favor de los docentes de nuevo ingreso, y que se hayan aumentado el monto y la periodicidad de los incentivos a los tutores.

Cobertura: Afirma el titular de la SEP que «…Por edad específica, para los niños de tres, cuatro y cinco años que son atendidos únicamente en preescolar, los valores del indicador son 49.9%, 92.3% y 84.3%, respectivamente. En todos los casos, estos niveles de atención son superiores a los observados hace cinco años (40.1%, 88.5% y 83.4% respectivamente), destacando el fuerte crecimiento −de casi 10 puntos porcentuales− en la atención de los niños de tres años.»

Quiero pensar que el equipo técnico que le acercó los datos al secretario, le informó puntualmente sobre los números más actualizados, sin embargo, al revisar la estadística publicada oficialmente por la SEP, la tasa nacional de cobertura para los niños de tres años en Educación Preescolar, es de 42 por ciento durante el ciclo escolar 2016-2017 (1)

De cualquier manera y concediendo la veracidad de las cifras que presenta en su artículo el Mtro. Granados Roldán, es evidente que hay mucho por hacer puesto que, aún con los datos más optimistas, apenas 50 de cada 100 niños y niñas de tres años en el país asisten y participan en la Educación Preescolar. Este reto implica también, sin duda, cambiar la actitud que se observa en las entidades federativas, ya que las autoridades locales han adoptado una política administrativa insensible y desatinada, que consiste en cerrar o impedir la apertura de grupos de primero de Educación Preescolar (para niños y niñas entre 3 y 4 años), con el argumento de que son grupos muy pequeños, es decir, que es baja la demanda o que «no son prioritarios»… Cuando el mandato de ley establece, desde finales del siglo pasado, que los tres grados de Educación Preescolar constituyen un derecho (y una obligación del Estado) para los niños y las niñas desde los tres años de edad.

Queda pendiente, sobre este tema, el análisis de las tasas de cobertura por entidad federativa y el lugar que ocupa este indicador en las prioridades y acciones del gobierno federal durante el cierre de la presente administración, ya que hay algunas entidades que presentan tasas de cobertura (en primero de Preescolar) por debajo de la media nacional (en algunos casos de alrededor de 20 por ciento). Situación que es, sin duda, preocupante pues los organismos internacionales especializados en la educación en general y la educación infantil en particular, como la UNESCO y la UNICEF, respectivamente, recomiendan dar prioridad tanto a la Educación Inicial como a la Educación Preescolar, debido a que constituyen las bases o los cimientos claves del desarrollo integral de las niñas, los niños y los jóvenes.

Rezago educativo: Con respecto al analfabetismo en México, el Mtro. Otto Granados indica: «…Todo ello permitió que el analfabetismo disminuyera del 6.1% (5.1 millones de personas) que se tenía en el 2012, a 4.4% al de 2017, lo que representa menos de 4 millones de personas, de 15 años o más, analfabetas. De continuar la tendencia, es posible que al final de este gobierno ese indicador termine por abajo del 4% lo que, de acuerdo con los estándares internacionales (ver por ejemplo el documento “Education for all: literacy for life” de la UNESCO) podría significar que México alcance la plena alfabetización.»

Éste es un hecho que, de alcanzarse las metas, seguramente la sociedad mexicana aplaudiría, pero no hay que echar las campanas al vuelo, puesto que el ritmo de disminución del analfabetismo en México ha sido lento (de alrededor de 1.5 por ciento en 5 años), por lo que habrán de revisarse las estrategias puestas en práctica y considerar las variables que influyen en ello (como el excesivo burocratismo que priva en el INEA) y el ritmo de crecimiento de la población en general, entre otros factores.

En segundo lugar y para finalizar, planteo las siguientes preguntas y comentarios, que ya he abordado en otras entregas a este mismo medio, y que valdría la pena retomar para su discusión: Sobre el asunto de los logros académicos, en términos de aprendizajes, de los estudiantes de Educación Media Superior (EMS), donde, según la evaluación realizada en 2017 por el INEE, cerca de dos terceras partes de los jóvenes evaluados se encontraban en el nivel más bajo de logro académico en Matemáticas, y una tercera parte de los estudiantes, se hallaban en ese mismo nivel más bajo en Lenguaje y Comunicación, ¿Qué medidas toma hoy en día la SEP para atender ese problema educativo crónico y adverso en términos de la «calidad» de la educación?

Acerca del tema de los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), ¿cuál es el estado actual de las plazas que se debieron haber entregado en 2017 a los docentes con funciones como Asesores, y que resultaron ganadores de dichas plazas después de haber sido evaluados, tal como lo establece la ley?

Finalmente, sobre el problema del salario y la pérdida del poder adquisitivo de los maestros y las maestras de México ¿Qué acciones toma actualmente la SEP para resarcir el estancamiento y pérdida de fuerza de los incrementos al salario magisterial tanto de los docentes de Educación Básica como de Educación Media Superior y Educación Superior? Esto lo comento puesto que se ha observado que el ritmo de los aumentos salariales ha perdido su valor durante esta administración federal: En 2013, el aumento anual directo al salario magisterial fue de 3.9 por ciento; mientras que en 2014 fue de 3.5 por ciento; para 2015, el incremento directo fue de 3.4 por ciento y en 2016 fue de 3.15 por ciento. El año pasado, 2017, el aumento directo anual al salario de los maestros solo fue de 3.08 por ciento. Las cifras y la inflación anual superior al 6 por ciento, hablan por sí solas.

Para ampliar este análisis sobre los ingresos magisteriales, sugiero la lectura de dos artículos de opinión publicados en este mismo medio: «El salario del magisterio, a la baja» (SDP Noticias, 4 mayo, 2017), y «El ingreso de los maestros, sin recuperarse» (SDP Noticias, 14 mayo, 2017).

Le quedan solo once meses efectivos a la actual administración, pero si a ello se le restan los días marcados por los periodos vacacionales y se considera, además, el hecho de que este año es «político electoral» tanto en el ámbito federal como estatal, veremos que el margen de maniobra es estrecho como para tomar acciones efectivas y dar los resultados esperados. Supongo por ello que se tendrá que actuar más allá del escritorio para contribuir no solamente con ideas y cuestionamientos, sino llevar a cabo hechos concretos y operaciones de gran calado como para transformar la educación en México durante el corto y mediano plazos.

Nota:

(1) Estadística del Sistema Educativo. República Mexicana. Ciclo Escolar 2015-2016, SEP. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Dirección General de Planeación y Estadística Educativa.

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/08/la-sep-mas-alla-del-escritorio

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Rectoría del Estado en Educación

México / 2 de diciembre de 2017 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

En estos tiempos en que se definen las candidaturas a la presidencia de la República y junto con ello se afinan las propuestas de programas de gobierno, en el contexto electoral nacional del 2018, conviene retomar algunas reflexiones críticas en torno a las complejas relaciones entre la política y la educación.

¿Qué significa “recuperar la rectoría del Estado” en materia de Educación? ¿Cuáles son los argumentos que ofrecen las autoridades educativas, algunos miembros de la comunidad académica y los tomadores de decisión que han promovido tan sui generis“reivindicación”?

Desde que se diseñó la estructura jurídica y una vez aprobadas las modificaciones constitucionales, de la actual “Reforma Educativa” (2012-2013), al iniciar el presente sexenio se dijo que: “La reforma educativa permitió al Estado mexicano recuperar su rectoría en la materia, indispensable para dirigir y lograr los cambios necesarios a favor de la niñez y la juventud, pese a que existen intereses de todo género e inercias de todo origen, sostuvo el titular de la SEP, Emilio Chuayffet.” (Excélsior, 29 enero, 2014, con base en información de Notimex)  Ese mismo discurso oficial se ha mantenido hasta la fecha y ha sido reiteradamente esgrimido por el secretario de Educación Pública en funciones, Aurelio Nuño, durante sus comparecencias y entrevistas ante los medios entre 2015 y 2017. ¿Por qué?

Como se puede notar, desde el principio y en su momento tanto Emilio Chuayffet como Enrique Peña Nieto, y ahora Aurelio Nuño, han incluido en el núcleo de sus discursos la necesidad política de “recuperar” la rectoría del Estado en materia educativa. Pero ¿acaso la Constitución Política y la Ley General de Educación no establecían u otorgaban al Estado, antes de 2013, las facultades jurídicas para ejercer dicha rectoría? ¿Qué había de recuperarse, aparte, si las facultades del Estado en la conducción y dirección de la educación nacional ya estaban conferidas?

Al respecto, la Maestra Lucrecia Santibáñez ofrece un interesante análisis: “Se habla mucho en los medios de que esta iniciativa de reforma es una estocada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como si esto fuera su principal objetivo. Aquí habría que recordar, que muchos países con buen desempeño educativo (Canadá, Singapur e incluso Finlandia), tienen sindicatos docentes fuertes. Sin argumentar ningún tipo de causalidad, tener un sindicato fuerte, por sí mismo, no excluye el tener buenos resultados. Hay de sindicatos a sindicatos, por supuesto. En el caso de México el SNTE tiene injerencia en todos los principales programas educativos y goza de poder monopólico sobre las relaciones laborales entre autoridad y maestros. Si le añadimos que juega directamente en la cancha gremial y en la cancha electoral la cosa se complica. Por lo tanto, si cambiar las formas significa ampliar el rango de acción de la autoridad educativa y su posibilidad de mejorar la educación en México, el enfoque estaría justificado.” (Nexos, blog de la redacción, 13 dic., 2012)

Por su parte, Gilberto Guevara Niebla, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), ha expuesto sus ideas y argumentos sobre este tema: “El objetivo de la reforma educativa es devolver el valor a la enseñanza. Lo que ocurrió con la educación en los últimos 70 años fue que se generó una relación perversa entre el Estado y el SNTE, de  tal manera que el primero hizo concesiones desmesuradas en dinero, plazas, direcciones de escuelas… Entonces, señala, el sindicato comenzó a colonizar, como dice Carlos Ornelas, la esfera directiva del Sistema Educativo Nacional hasta llegar  al punto extremo del 2008, cuando se firma la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y el sindicato participa directamente en la dirección nacional. “El 50% de la comisión mixta nacional estaba formada por miembros del sindicato”.

“Por esto, con la reforma se busca desterrar, como lo dijeron el gobierno y las tres fuerzas políticas de México, el PAN, PRD y PRI, los antiguos poderes que se generaron en el país durante esas siete décadas, además de que el Estado recupere la rectoría de la educación…”, (Guevara Niebla, en entrevista con Adrián Figueroa, Crónica, 5 ago., 2016).

¿Qué es lo lleva a los políticos y funcionarios del sector educativo a hablar de la supuesta “recuperación” de la rectoría del Estado en materia de Educación en México? Para algunos observadores independientes, como es mi caso, queda claro que el discurso oficial sobre la “recuperación” de la rectoría del Estado en la Educación, ha sido “sobre dimensionado” o de plano “exagerado”, puesto que dichas facultades ya se encontraban establecidas en la Constitución y en las leyes secundarias en la materia: Tres elementos, por mencionar sólo algunos, dan cuenta del aseguramiento de la llamada rectoría del Estado en este ámbito: 1) El control de la nómina y de las plazas de trabajo federales del Sistema Educativo Nacional (que desde 2015 se volvió a centralizar en la CDMX por parte de la SEP); 2) La decisión y facultades absolutas sobre los cambios a los Planes y los Programas de la Educación Básica (que impacta e involucra a la mayoría de los mexicanos) y, desde 2013, de la Educación Media Superior; y 3)  La conducción (con financiamiento incluido) de la formación inicial y continua de las maestras y los maestros del país.

Pienso que la supuesta “pérdida” de rectoría del Estado en materia Educativa, tiene otro sentido más específico: Se refiere, más bien, al conjunto de prácticas corporativas y clientelares que impusieron los gobiernos federales, encabezados por priístas y panistas durante los últimos 40 años, con el beneplácito de las cúpulas sindicales dominantes o hegemónicas, de origen priísta, sobre todo desde el periodo 1989-1992, tiempo en el cual Carlos Salinas pactó esa relación con la maestra Elba Esther Gordillo, mediante el llamado “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” (firmado por cierto por Ernesto Zedillo, como titular de la SEP y por todos los gobernadores de la entidades federativas).

Entonces no fue “pérdida” de rectoría, sino más bien “cooptación”, “negociación”, “alianza” o “pacto” político que convenía a ambas partes, sobre todo con fines de control y manejo corporativo de los miles de miembros del SNTE. Así era (¿o es?) la ecuación para ejercer el poder político sobre el magisterio.

Justo sobre este controversial núcleo discursivo (“la necesidad política de recuperar la rectoría del Estado en Educación”), la Mtra. Tatiana Coll, de la Universidad Pedagógica Nacional, se refiere a este asunto como: “El fetiche de la rectoría del Estado y la calidad educativa”.

“Los argumentos más visibilizados que sustentan esta reforma son: la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa y la tan llevada y traída calidad de la educación. La llamada “rectoría del Estado” parece haberse convertido en los nuevos tiempos priístas en la palabra clave que permite explicar, justificar, alabar y llevar a cabo un conjunto de políticas reformadoras. Se “recupera la rectoría del Estado” en educación al encarcelar a la señora Gordillo a pesar de que los charros sigan controlando el sindicato; sin embargo, “no se pierde la rectoría del Estado” al abrir el petróleo a la inversión privada nacional y extranjera cuando sólo se podrán cobrar menguados impuestos; y se “consolida la rectoría del Estado” en telecomunicaciones al aceptar el ingreso del monopolio Slim en televisión y, viceversa, del monopolio Azcárraga en telefonía. Una rectoría del Estado cuyos principios se acomodan fácilmente a los intereses dominantes.”

Así continúa su análisis la Mtra. Coll: “La pregunta evidente sería: ¿qué entienden por Estado y por rectoría del Estado cuando se utilizan para caracterizar procesos tan aparentemente disimiles? Seguramente el meollo radica en que “la injerencia dañina” del SNTE vulnera al Estado, mientras que la “benéfica injerencia” del capital privado lo fortalece. En realidad me parece que es exactamente al revés: en el caso de la educación nunca se perdió la famosa rectoría, es un pretexto para controlar a los maestros, mientras que con relación al petróleo y su apertura al capital privado el Estado está muy dispuesto a cederla; así,  aunque se trasnacionalice, como los bancos, “seguirá siendo de la nación”, maniobras verbales en las que se especializa el priísmo.” (Coll Lebedeff, Tatiana. La reforma educativa, el poder del Estado y la evaluaciónEl Cotidiano, núm. 179, 2013, pp. 43-54. UAM, Unidad Azcapotzalco. México)

La guerra sobre la idea de “colonización” en el vínculo política-educación

El debate sobre la llamada “Colonización” derivada de la difícil relación entre el SNTE y el Estado mexicano, a la que se ha referido Carlos Ornelas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha generado un explosivo debate, específicamente con Manuel Gil Antón, del Colegio de México, quien ha señalado, palabras más palabras menos, que “no se puede colonizar a alguien con quien se ha sido cómplice o sujeto de una invitación.” Aquí algunos fragmentos del debate conceptual:

“De vez en cuando, Manuel Gil Antón me critica por cosas que él dice que digo, no por lo que escribo… Hoy repite la dosis, reitera lo que ha argumentado en ponencias y otros artículos. En su pieza del 4 de noviembre, en El Universal, Manuel apunta: “Javier Tello, al coordinar una sesión del seminario que organizó el INEE en torno a la reforma educativa, escuchó a Ornelas y al subsecretario (Otto) Granados hablar de la colonización y, con inteligencia, preguntó: ‘¿No habrá sido una colonización por invitación?’. Ornelas respondió que sí, que la colonización ha sido a petición de parte, o bien por contrato o convenio”.

“Una parte de esa cita es correcta, pero corta. En mi respuesta a la pregunta de Javier expresé de manera sintética lo que he expuesto con fundamento en bibliografía y documentado con investigación empírica en varios textos. Recurro a la taxonomía que estructuró Martin Carnoy (“La educación como imperialismo cultural”. México, Siglo XXI, 1977). Los casos típicos de colonización son: 1) por invitación (que fue como comenzó la cosa entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde 1946), 2) por convenio (que es como ha sido la mayor parte de los arreglos entre la SEP y el SNTE) y, 3) por conquista, que fue lo que hicieron Carlos Jonguitud Barrios —contra Fernando Solana y Jesús Reyes Heroles— y Elba Esther Gordillo, cuando algún secretario —o secretaria— de Educación Pública no quería ceder.”

“Además, señalo que la colonización que ejerce el SNTE sobre el gobierno de la educación básica siempre estuvo sujeta a los intereses institucionales del Estado. Cuando Jesús Robles Martínez, Carlos Jonguitud Barrios o Elba Esther Gordillo rebasaron los límites, el jefe del Estado en turno los defenestró.” (Carlos Ornelas Navarro, Educación Futura, 8 nov., 2017. Ornelas Navarro es autor del libro: “Educación colonización y rebeldía: la herencia del pacto Calderón-Gordillo. Siglo XXI Editores, 2012).

La respuesta de Manuel Gil Antón:

“En mi texto, critico un concepto que ha empleado con frecuencia (para caracterizar la relación entre la SEP y el SNTE) pues me parece equívoco. No hago, como creo que debe ser, ningún juicio a su persona. Más allá de los desacuerdos, vale la pena, siempre, debatir. Le agradezco la lectura de mi artículo y, con base en las dos contribuciones, los lectores podrán reflexionar sobre el tema.  Lo saluda con aprecio, Manuel Gil Antón.”

Como podemos observar, el debate sobre la necesidad política, estratégica y operativa de “recuperar la rectoría del Estado sobre la Educación, así como sobre la llamada “colonización”, está y estará vivo durante las campañas políticas que se avecinan. Por ello, considero conveniente identificar los hilos finos del tejido que forman parte de esta tela, de la cual por cierto hay mucho qué tejer y destejer desde diversos puntos de vista. ¿Por dónde le quisieran entrar: por lo ideológico, lo político o lo conceptual?

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/11/30/rectoria-del-estado-en-educacion

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