Doble empate catastrófico en Venezuela

Por: Jorge Forero

Antonio Gramsci caracterizó como empate catastrófico a la situación de confrontación de bloques históricos en Alemania e Italia entre 1917 y 1922, cuya pugna por el poder político, concentró determinados intereses políticos-económicos, y expresó profundas diferencias ideológicas y programáticas.

El signo catastrófico de tales conflictos, viene dado porque esa pugna no resuelta entre bloques -entendida como crisis de hegemonía-, la cual tiende a prolongarse en el tiempo y deviene en prácticas destructivas de los propios cimientos del orden social: el poder estatal, el marco normativo, el proyecto de Estado, el tejido de la sociedad civil, e incluso el propio pacto social.

Este tipo de fenómenos suceden, porque los bloques en disputa se asumen como la negación de su rival y se concibe inadmisible su coexistencia, así como por la imposibilidad de resolución de los mismos, ya que las relaciones de fuerza no derivan en la imposición absoluta de alguno de los bloques sobre su oponente.

Venezuela en la actualidad enfrenta una situación de empate catastrófico, cuyas determinaciones histórico-sociales de rango estructural están relacionadas con una crisis orgánica no superada (en próximas entregas se profundizará al respecto), acentuada en esta coyuntura ante el déficit de liderazgo sobrevenido en crisis de hegemonía exacerbada, que se desencadenó ante el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013.

Las disputas producidas en el marco del empate catastrófico venezolano, han erosionado las dimensiones esenciales del Estado, y con ello, además de precipitar una crisis política e institucional de amplio espectro y gran escala (con alcances geopolíticos), ha sido un factor clave de la grave y severa depresión económica que enfrenta el país, en la medida en que no existe sinergia entre el poder estatal -que incluye el Estado profundo-, y el conjunto de la sociedad civil.

Por el contrario, las estrategias -maximalistas- de lo dos bloques históricos en pugna, se han centrado en la aniquilación de su contrario, para lo cual no han escatimado esfuerzos, y mucho menos han prevenido ante las repercusiones.

Tal circunstancia ha derivado en un conflicto de poderes públicos y en la fractura del tejido institucional, los cuales han alcanzado cotas insostenibles durante los últimos años. Violencia política, desconocimiento de poderes públicos, autoproclamación de un gobierno paralelo bajo la égida de intereses transnacionales, y presencia de tres (03) poderes legislativos (todos impugnados por la población); son los indicadores más escandalosos de la racionalidad política que rige las acciones estratégicas de los bloques en pugna.

Por supuesto, este empate catastrófico es objeto de un gran desgaste en la población venezolana. De acuerdo con diversos estudios de opinión, tanto el partido de gobierno como los factores fundamentalistas del antichavismo venezolano han perdido gran terreno en las preferencias políticas de la ciudadanía. Dichos estudios, registran que la mayor proporción de la población no se identifica con ninguno de estos bloques, de hecho, gran parte de los militantes y los cuadros medios de esos bloques, no comulga con las tendencias fundamentalistas.

Este desgaste ha redundado en la fractura de los bloques. En el caso de la alianza en torno al antichavismo, han surgido profundas divisiones estratégicas y programáticas, vinculadas especialmente al método de lucha por el poder, y al tipo de relación que se debe establecer con intereses exógenos. Mientras que en el chavismo, un conjunto de partidos políticos y movimientos sociales se han deslindado del gobierno de Nicolás Maduro y se postulan como una alternativa política y electoral desde el espectro de la izquierda revolucionaria.

La ruptura de la polarización en torno a nomenclaturas burocráticas y corporativas es un signo positivo para la democracia venezolana, porque representa una oportunidad para superar la intransigencia política y para tejer canales de diálogo en la búsqueda por una salida política a la crisis.

No obstante, no es una tarea sencilla desbordar y superar el escenario de polarización política construido en Venezuela durante las últimas décadas. Los bloques en pugna, además de dominar el poder político y económico en el país, se han alineado con intereses geopolíticos de potencias extranjeras.

Esta particularidad del conflicto venezolano, condiciona de manera drástica las posibilidades de su superación. En el campo estratégico, la disputa no es entre las sectas que se disputan el control y usufructo del poder estatal de Venezuela, ya que la transnacionalización del conflicto ha derivado en que las mismas funcionen como peones de los intereses geopolíticos (por una parte de los Estados Unidos, y por otra de la alianza China-Rusia).

Cabe subrayar, que esto sucede en un contexto de profundas turbulencias en el sistema-mundo (con una crisis de hegemonía global incluida), mediadas por disputas geopolíticas de amplio espectro (sin desenlace previsto en el corto plazo), dados precisamente entre los factores geopolíticos que intervienen de manera explícita en el conflicto venezolano.

Por tanto, Venezuela está expuesta a un doble empate catastrófico. El primero, propiciado por los factores políticos que han pugnado por el poder durante las últimas décadas, el cual experimenta un gran desgaste, pero tiende a ser exacerbado por el segundo.

Entonces las determinaciones del conflicto venezolano tienen una escala geopolítica. Y la realidad muestra que Washington y el eje Pekín- Moscú no están muy interesados en que la crisis venezolana encuentre una salida.

Es el pueblo venezolano entonces el que debe desbordar los empates catastróficos. En primer lugar, para evitar un derramamiento de sangre, especialmente trágico porque el mismo favorecería los intereses sectarios de los bloques dominantes. En segundo lugar, para defender la república, el Estado de Derecho y el tejido institucional, y con ello la seguridad de los derechos de la población. En tercer lugar, para que sobre la base de un acuerdo político nacional, sea factible la mayor sinergia en torno a la necesidad de detener y superar la devastación económica que ha sufrido el país en los últimos años.

La izquierda revolucionaria tiene el deber histórico de actuar con sentido estratégico, sobre la base de las premisas esbozadas para desbordar los empates catastróficos que azotan al país, para constituirse como una opción para el pueblo venezolano, para que este punto de bifurcación (inherente a todo empate catastrófico según el ex- vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera) permita el rescate de las banderas originarias de la revolución bolivariana: la democracia participativa y la justicia social.

Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/a294294.html

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El problema de los salarios en Venezuela

Por: Jorge Forero

Venezuela experimenta una crisis económica con profundas y muy complejas repercusiones sociales, cuyas expresiones más notables son: depresión de la producción nacional, la cual registró una reducción del 52,3% entre 2013 y 2018 según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV)[1]; caída de las tasas de inversión productiva; la contracción del comercio exterior (con un descenso vertiginoso de los ingresos por exportaciones) y las distorsiones del mercado nacional; inestabilidad sistémica dada por severos y muy lesivos fenómenos de megadevaluación e hiperinflación; tendencia hacia la destrucción de fuerzas productivas, que implica una descapitalización neta de su capacidad agroindustrial instalada, así como la pauperización de la fuerza de trabajo como factor de reproducción de valor.

Por supuesto, los elementos esbozados, afectan y socavan de manera estructural a la formación económico-social venezolana como totalidad orgánica: tanto en los referidos indicadores macroeconómicos, y en su situación financiera de ahorro, liquidez y crédito; como en  sus potencialidades de crear valor a través de sus fuerzas productivas y sus capacidades de infraestructura-transporte para la producción y distribución de bienes y servicios.

Sin embargo, la crisis presenta expresiones especialmente dramáticas para la clase trabajadora (la proporción mayoritaria de la población), la cual enfrenta un proceso de precarización sistemática de sus medios y condiciones de vida, ante la caída estrepitosa del valor real de sus salarios[2] y la pérdida de derechos laborales (de beneficios previstos en contratos colectivos, prestaciones y seguridad social, entre otros), con lo cual, se ha condenado a la pobreza a la mayoría de la población venezolana, expuesta en los últimos años a un retroceso significativo en sus posibilidades de satisfacción de necesidades fundamentales.

Para dar cuenta de la abrupta caída de los salarios en Venezuela, basta con señalar que de acuerdo con la cotización oficial de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, para el 5 de agosto de 2020 el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos, una cifra impresentable para un gobierno que se autodenomina socialista y obrero.

En primer término, porque esto significa una involución significativa respecto a las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2012), cuyo valor salarial aumentó desde los 149 hasta los 251 dólares americanos; en segundo término porque incluso resultan vergonzosos al compararlos con los salarios mínimos legales decretados en el marco de  gobiernos neoliberales de finales del siglo XX. por ejemplo el segundo gobierno de Rafael Caldera (1993-1998), transitó desde los 104 hasta los 149 dólares entre 1993 y 1998; y en tercer término, porque la oferta electoral fundamental de Nicolás Maduro para la campaña electoral de 2018 (momento en que se registraba un salario de 6,78 dólares americanos), fue precisamente la recuperación económica, y con ello, el aumento de los salarios (cifras del Banco Mundial).

Más aún, si se estiman dos variables que permiten apreciar la lógica distributiva de la política económica: por una parte, el porcentaje del salario mínimo legal en relación con el PIB per cápita nacional, el cual según datos del precitado Banco Mundial, presentó un descenso desde el 30,6% en 2012, hasta el 2,8% en 2018; y por otra parte, la relación dada entre los salarios y el pago de deuda, que en el caso venezolano ha adquirido proporciones escandalosas, con pagos por concepto de servicio de deuda y amortización de intereses superiores a los 70.000 millones de dólares americanos entre 2013 y 2017[3], justamente en el periodo de pauperización de los salarios reales de la clase trabajadora venezolana.

Ante esta realidad de devastación económica nacional y de precarización sistemática de los medios y las condiciones de vida de la clase trabajadora venezolana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha responsabilizado de tan dramáticos estragos, en un primer momento, a una guerra económica en contra de la economía nacional, y en un segundo momento, a las medidas coercitivas unilaterales (entre las que sobresalen sanciones económicas y financieras) impuestas por el gobierno estadounidense, las cuales se han acentuado en los últimos años, hasta el punto de golpear a la industria petrolera nacional, la fuente fundamental de ingresos del país.

Ciertamente, es innegable que dichas sanciones lesionan de manera grave a las potencialidades de producción de bienes y servicios, y especialmente a las posibilidades de recuperación económica de la nación. En gran medida, porque además de proscribir agencias económicas fundamentales del poder estatal venezolano (como PDVSA y el BCV), y de restringir severamente la inversión internacional e incluso las transacciones de comercio exterior, ha escalado hasta la confiscación, usufructo y saqueo de recursos y activos (propiedad de todos los venezolanos) localizados en el exterior[4].

No obstante, es desleal la posición del gobierno venezolano, reducida a victimizarse y evadir responsabilidades ante la depresión económica más extensa de la historia republicana, sobre todo porque en los hechos, y en muchas ocasiones incluso en el discurso, el gobierno luce impotente e indolente ante la crisis (con un apagón de publicación de estadísticas oficiales de por medio), y primordialmente ante la superexplotación que supone tener el salario más bajo del mundo, con  terribles consecuencias para la población, tales como la caída de la demanda de bienes y servicios, el aumento de la informalidad y la pobreza (por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas y la pobreza extrema), el retorno de enfermedades “superadas” y la tortura que significa padecer enfermedades crónicas o terminales;  el avance de la malnutrición infantil y la deserción escolar; y la tragedia sicológica-social-emocional que ha representado el éxodo migratorio por motivos económicos para las familias venezolanas, el cual según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), superó los 4 millones de migrantes venezolanos entre 2015 y 2019.

De acuerdo con la tesis del gobierno, para que se produzca un cambio de la situación económica nacional, es preciso esperar que cese la denominada guerra económica, que el gobierno estadounidense desista de sus sanciones económicas contra el país, que la burguesía nacional-transnacional se sensibilice, y por arte de magia, permita la construcción del socialismo bolivariano y la felicidad social bajo el liderazgo y amparo protector del gobierno (sic.).

En esa misma corriente, se inscriben pronunciamientos de altos voceros del gobierno como el ministro de Trabajo, y de algunos defensores de la política económica, tales como el diputado constituyente Jesús Faría y dirigentes de sindicatos alineados con el gobierno, los cuales postulan que es idealista pedir salarios dignos para los trabajadores venezolanos (a propósito de un debate de este último con Pasqualina Curcio divulgado ampliamente), porque las sanciones y la guerra económica hacen que esa demanda sea imposible e insostenible.

Al respecto, debemos decir que esas medidas de dignificación de los salarios resultan inviables únicamente en las condiciones actuales de la economía política venezolana[5], es decir en las condiciones actuales de sus procesos metabólicos de acumulación-distribución y de sus lógicas de reproducción ampliada de capital, en las cuales se privilegia el mundo del capital por sobre el mundo del trabajo, en favor de intereses corporativos de la heterogénea burguesía nacional, y de facciones del capital transnacional integradas a los referidos procesos de acumulación de capital en Venezuela.

Precisamente esa economía política asumida religiosamente por el gobierno de Nicolás Maduro, es la que determina que la riqueza producida socialmente por los trabajadores del país (por más mermada que esté), sea consignada para cancelar una deuda ilegítima mientras se sacrifica la salud, la educación y la alimentación del pueblo; para que se haya producido una fuga de capitales astronómica al amparo de un régimen de complicidad e impunidad, o en el mejor de los casos, de silencio oficial; para que se hayan realizado reformas tributarias que profundizan el carácter antiobrero y antipopular del sistema de recaudación de impuestos nacional (con exenciones obscenas para los grandes capitales que ya no necesitan recurrir a la elusión o evasión porque prácticamente les han liberado de responsabilidad fiscales[6], mientras se imponen tributos regresivos como el I.V.A., y el pago de impuestos sobre la renta a la pauperizada clase asalariada[7]); y no menos grave, para que se proscriba y se criminalice la lucha sindical en Venezuela, con situaciones de persecución política, represión y judicialización penal de líderes de las causas de los trabajadores y trabajadoras.

Por tanto, aunque resulte cierto que la realidad económica del país es compleja y no hay condiciones para instaurar un régimen de salarios equiparable a los que se asignaron durante los gobiernos de Hugo Chávez, no es un disparate  exigir que esa situación cambie. La plataforma LUCHAS defiende un programa auténticamente socialista, pero es un hecho matemáticamente comprobable, que con un conjunto de reformas no maximalistas (sino más bien de signo liberal- socialdemócrata), es totalmente factible cambiar la economía política descrita. Para empezar sería necesaria una reforma fiscal, que permita la creación de un sistema tributario equiparable a los existentes en cualquier país latinoamericano (Britto García y Curcio dejan explícita esa realidad), con el cual se contaría con la base material para la recuperación económica a través de planes de inversión y de crédito con fines productivos, y sería sostenible mejorar significativamente los salarios de la clase trabajadora venezolana.

Otras medidas medulares un poco más avanzadas para recuperar la economía de Venezuela, están relacionadas con la suspensión indefinida de pagos, auditoria y renogociación de la deuda nacional (en los casos de que se compruebe la legitimidad de la misma); un estudio riguroso de las elusiones y evasiones de impuestos de los grandes capitales durante la última década para exigir la compensación correspondiente y si fuera el caso realizar las extinciones de dominio que ameriten  las personas jurídicas que se nieguen a sufragar sus compromisos con el fisco nacional; la identificación de capitales fugados hacia la banca internacional para presionar su repatriación, y en caso de no producirse la misma, para llevar a cabo las confiscaciones de activos en la jurisdicción nacional que resulten pertinentes; y por último una campaña internacional para exigir el retorno y las indemnizaciones que sean necesarias para la hacienda nacional, de los recursos y activos expropiados en el marco de la crisis política nacional dada por la autoproclamación de un gobierno títere de los intereses estadounidenses, que ha actuado como un medio para el saqueo de la riqueza nacional.

Por supuesto, para que estas medidas sean viables, se requiere de un golpe de timón en la economía política del gobierno, algo absolutamente improbable en la gestión de Nicolás Maduro, a la luz de las evidencias.

Vale señalar, tampoco son suficientes las medidas monetaristas que propone Pasqualina Curcio, pues está demostrado en el caso venezolano, que la mera emisión de dinero es impotente para la elevación de la relación oferta y demanda, porque en la sociedad capitalista (que es en la que vivimos) la producción agroindustrial -la producción de valor- no responde a estímulos inorgánicos como la mano invisible del mercado, sino a las tasas de inversión y de ganancia respectivamente.

Tampoco son ciertas las tesis neoliberales, como las formuladas por sectores de derecha política, e incluso por el informe Encovi de la UCAB (publicada el 7 de julio de 2020), el cual plantea que la salida a la crisis económica venezolana está determinada por un cambio de gobierno, porque tal hecho significaría nuevas condiciones de confianza para la inversión nacional e internacional en el país. Afirmación divorciada de la realidad económica global, signada por una caída tendencial de las tasas de inversión y de ganancia (fenómeno previsto por Marx hace más de 150 años). No es un dato menor, que la inversión productiva y las tasas de beneficio han experimentado descensos notables, incluso en las economías centrales del sistema, entre las que por supuesto se destaca la estadounidense (muy a pesar de las presiones de la administración Trump para sus propias burguesías, a través del fallido American First).

En definitiva, la recuperación económica de Venezuela y la dignificación progresiva de los salarios de la clase trabajadora venezolana, tienden a resultar factibles incluso en las condiciones actuales de devastación económica. No es con magia, con alquimia o con manos invisibles, sino con ciencia y trabajo vivo del pueblo venezolano como se pueden dar los primeros pasos para superar los estragos de esta devastadora depresión económica.

Por supuesto, un acuerdo político nacional facilitaría las cosas. Porque la crisis institucional, dada por la yuxtaposición de una forma de gobernar a través de un Estado de excepción permanente por parte de Nicolás Maduro, con amenazas y agresiones internacionales al pueblo venezolano amparadas en un gobierno autoproclamado y sin poder real en territorio venezolano, es un obstáculo inmenso para la economía del país. Pero también es importante señalar, que si ese acuerdo se reduce a las cúpulas que se han disputado el país durante las últimas décadas, puede ser probable retomar la senda del crecimiento, pero es una quimera aspirar un régimen de democracia auténtica y justicia social.

Ante ese escenario, la plataforma LUCHAS se suma a los llamados y exhortaciones de otras organizaciones de izquierda revolucionaria, y de otros factores de la política nacional que están promoviendo un diálogo amplio y democrático para la búsqueda de un Acuerdo Nacional para la recuperación económica del país, donde los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela (como factor esencial de los procesos de producción de valor y como proporción mayoritaria de la población) debemos participar y ser protagonistas, tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En nuestro caso, entendemos que el problema de los salarios en Venezuela, es esencial para la definición del tipo de sociedad por la cual luchamos, por tal motivo, fieles a nuestros principios y convicciones, seguiremos  en la defensa irreductible del mundo del trabajo, frente a los intereses del mundo del capital.

Notas

[1]     Las cifras más actualizadas en torno a este indicador, fueron divulgadas por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual este organismo multilateral estima una caída del 70% el PIB en Venezuela entre los años 2013-2019.

[2]     Para el 5 de agosto de 2020, de acuerdo con cifras oficiales cotización de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos.

[3]     Pago acompañado de una declaración de  cumplimiento de “todas las obligaciones”, y el compromiso de sufragar hasta el último centavo de la deuda” https://telesurtb.net/news/Presidente-de-Venezuela-Hemos-pagado-nuestra-deuda-externa-hasta-el-ultimo-centavo-20171102-0067.html

[4]     Casos paradigmáticos: CITGO, Monómeros de Venezuela y las reservas de oro literalmente robadas a la nación por parte del Reino Unido, los cuales pretenden legitimarse con un gobierno autoproclamado que actúa como un títere de Washington.

[5]     Cabe subrayar que muchos de los problemas esenciales de la economía política venezolana fueron heredados de la denominada Cuarta República y de la propia gestión de gobierno del Presidente Hugo Chávez, tales como la ausencia de un proceso de acumulación originaria; la carencia de una industrialización con un estilo tecnológico nacional, la exacerbada dependencia de la industria petrolera; el endeudamiento y la fuga de capitales; la evasión y la elusión tributaria; y una economía que no produce valor; por mencionar los más sobresalientes.  Sin embargo, estos se han exacerbado hasta niveles insostenibles durante los últimos ochos años.

[6]     Y además los intereses nacionales están supeditados a los designios de jurisdicciones extranjeras.

[7]     Ver: “Quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos en Venezuela” de Luis Britto García. En: https://m.aporrea.org/ddhh/a13450.html

Artículo enviado por el Autor a OVE

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19 de abril de 1810: breve reseña de la declaración de la independencia venezolana desde una lectura dialéctica

Por: Jorge Forero*

El 19 de Abril de 1810 se materializa un hecho de gran trascendencia para la historia política de todo el hemisferio. Se produce una ruptura de la subordinación de la Capitanía General de Venezuela con la monarquía española, y además, se construyen los cimientos para la constitución de repúblicas en el denominado nuevo mundo.

De acuerdo con el intelectual venezolano Luis Britto García (2012), la del 19 de abril de 1810 es la primera rebelión que deriva “en un proceso independentista que dura hasta hoy. Sus postulados, el derecho a procurar la propia conservación y defensa, a erigir un sistema de gobierno que las garantice, la soberanía del pueblo, son conceptos relumbrantes y poderosos como relámpagos”, pues dichos conceptos irrumpen en un momento de reflujo de las ideas democráticas y republicanas en la propia Europa.

Este hito histórico de la independencia americana, se concretó en un escenario de crisis de la hegemonía ibérica sobre sus colonias en nuestro continente. Además, las tensiones entre imperios debilitó el control de la Corona española sobre las colonias. Desde finales del siglo XVIII, Francia, Inglaterra y Holanda conspiraron para arrebatar importantes dominios de España en el Caribe. Inglaterra llegó a controlar gran parte del comercio marítimo (legal e ilegal)  del mundo. Además en 1806 Francia invade España, y bloquea los puertos de Portugal, con lo cual se evidencia la pugna por dominar los recursos naturales, los mercados y la fuerza de trabajo el nuevo mundo.

En ese contexto, en una aparente “aldea insignificante”, como fue reseñada la ciudad de Caracas en documentos de la Corona española, se habían generado las condiciones intersubjetivas para producir la rebelión. Desde el punto de vista económico, porque los conflictos inter-imperiales obligaron a España a intensificar el saqueo colonial, mediante condiciones de intercambio leoninas y sobre la base de tributos insostenibles para la clase social emergente (los blancos criollos).

En segundo lugar, porque el comercio ilegal (el contrabando de mercancías), generaba ganancias astronómicas y el mismo tenía al puerto de La Guaria, como ancla principal en todo el continente, lo cual significa que la conspiración política de los criollos estaba relacionada con la conspiración económica y los intereses de esa clase social.

Desde el punto de vista político, porque en Caracas se desarrolló una excepcional generación de intelectuales miembros de las clases dominantes, pero con ideas de signo republicano, hombres formados en Europa bajo el espectro de las ideas de la ilustración. De igual manera, porque esas ideas muy asociadas a las consignas de la revolución francesa de libertad, igualdad y confraternidad, y a la rebelión de Haití, calaron en las aspiraciones de las clases oprimidas por la sociedad de castas que condenaba a la miseria y la humillación a cerca del 90% de la población.

En un contexto tan convulso, y bajo la influencia de la sociedad patriótica, la Caracas del 19 de abril de 1810 materializó una revolución política, determinada por la convergencia y yuxtaposición de: una crisis estructural de la sociedad colonial; la influencia de imperios metropolitanos en su afán de desplazar a España; los intereses económicos de una clase social ascendente y pre-revolucionaria para el momento; una vanguardia ideológica con claridad política y decisión firme para dirigir la rebelión; y unas clases oprimidas en ebullición ante el esclavismo y la exclusión inherente a la sociedad de castas.

El 19 de abril de 1810 un huracán subversivo se apoderó de las calles de Caracas, y asedió la sesión del Congreso, en la cual las ideas conservadoras del régimen colonial fueron aplastadas, tanto por los argumentos de los miembros de la sociedad patriótica, como por la avasallante presencia del pueblo en las afueras del recinto (según documentos de la época, esa acción revolucionaria e insurrecta de las clases oprimidas fue promovida y dirigida por Francisco de Miranda).

La consulta (a manera de referendo) de Vicente de Emparan al pueblo de Caracas, tan mencionada en las crónicas, no fue más que un saludo a la bandera, pues ya estaba consumada la insurrección. Aunque el Congreso de Caracas presentaba profundas contradicciones internas en sus intereses y su visión de las decisiones a asumir, la crisis sistémica de la sociedad colonial, las ideas revolucionarias y la lucha de clases confluyeron para producir un hecho histórico extraordinario y sin antecedentes: la ruptura del dominio colonial mediante una revolución política en el nuevo mundo.

Sin embargo, las contradicciones internas de una sociedad tan compleja y atomizada, que además había soportado una carga histórica de opresión, derivaron en la agudización de los conflictos. De acuerdo con el historiador Juan Uslar Pietri (2014), con los hechos del 19 de abril de 1810, la sociedad patriótica -sin saberlo y sin desearlo- generó las condiciones para la rebelión popular de 1814 (que paradójicamente derrumbó a esa república), y para la acumulación de fuerzas y de experiencias en el campo popular revolucionario para la guerra de independencia venezolana, la más extensa y más cruenta del hemisferio.

Cabe subrayar que las relaciones de fuerza derivadas de ese proceso fueron dinámicas y complejas, los negros, zambos, mulatos e indios que siguieron a José Tomás Boves en la Rebelión Popular de 1814 (la denominada guerra contra los blancos), los cuales derrotaron a Bolívar en esa rebelión y produjeron el éxodo de Caracas, integraron posteriormente el ejército patriota que ganó la guerra de independencia bajo el liderazgo sublime y heroico del Libertador. La lección histórica: si las ideas y las acciones políticas no calan en el pueblo, no hay posibilidad de victoria.

En el tiempo histórico actual, los factores de poder hegemónico del sistema-mundo mantienen una pugna de gran escala y amplio espectro para controlar a Venezuela, sea desde posiciones fundamentalistas y supremacistas (que nos conciben como patio trasero), o desde lógicas que nos proyectan como área de influencia y factor clave de un conflicto geopolítico global. Defender la independencia de la república sigue siendo una premisa fundamental, tal y como sucedió hace más de 200 años, la lucha de clases y las tensiones por el dominio en el orden mundial, subyacen y desbordan las tensiones de la lucha por esa independencia.

*Investigador del Centro Internacional Miranda

El Autor escribe para OVE

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Reflexionesen torno al “nuevo plan de transición” de los EE.UU., para Venezuela

Por: Jorge Forero*

El martes 31 de marzo de 2020, el gobierno estadounidense anunció el lanzamiento de “un nuevo plan para la transición a la democracia en Venezuela y la retirada de las sanciones económicas, a través de un gobierno de transición, que incluya representantes del actual presidente Nicolás Maduro, y del líder opositor (sic.) Juan Guaidó, así como la celebración de “elecciones libres y justas” (Agencia: DW).

 Este hecho marca un nuevo hito en la orientación estratégica -pública de la política exterior de Washington hacia Venezuela, la cual ha experimentado una escalada de hostilidades (que incluyen amenazas de intervención militar) y sanciones económicas que han acentuado la grave y severa depresión económica que ha azotado a Venezuela durante los últimos 5 años.

 A continuación se exponen algunas reflexiones e inferencias que surgen a partir de este anuncio, en particular, sobre la coyuntura global, y sobre las determinaciones geopolíticas y económicas, así como las implicaciones y  las perspectivas que se vislumbran:

 1. El anuncio del “nuevo plan” se produce en el marco de una conmoción sistémica, desencadenada por las repercusiones económicas del COVID-19. Cabe subrayar que organismos del sistema financiero como el FMI han declarado oficialmente una nueva recesión económica global.

Históricamente las turbulencias de gran escala, como la actual, derivan en procesos de recomposición de las fuerzas en el sistema-mundo. Tal circunstancia tiende a propiciar cambios en las dinámicas de los sistemas de relaciones internacionales, en la medida en que los tiempos de la geopolítica se aceleran.

Dicho de otra manera, en tiempos convulsos, es preciso asegurar posiciones, aunque eso represente retrocesos o pérdidas parciales, y Venezuela sigue siendo un factor medular en los equilibrios geopolíticos de la región y del mundo.

2. Precisamente en ese marco, fue del conocimiento público la conversación telefónica entre los presidentes de los EE.UU., y de la Federación Rusa (dos agentes de los intereses del gran capital concentrado en sus respectivos centros imperialistas), la cual se centró en la búsqueda de acuerdos para la estabilidad del mercado energético global, variable muy sensible para los procesos de acumulación de capital en los dos países. A pesar del colapso de la industria petrolera venezolana, las reservas del país resultan cruciales en un escenario de lucha por la hegemonía sobre el sistema-mundo.

3. A pesar de la aparente esquizofrenia de la política exterior de los EE.UU., (el 26 de marzo emite una orden de captura con recompensa incluida en contra del presidente y de altos funcionarios del gobierno de Venezuela con cargos por narcoterrorismo, y el 31 de marzo ejecuta un viraje drástico en su narrativa, a través de la cual, además de reconocer tácitamente a dicho gobierno y proponer una salida política negociada, rompe con su intransigencia fundamentalista), esta práctica discursiva caótica forma parte de una doctrina de política exterior de ese país, la denominada “Teoría del Loco” de Henry Kissinger (asesor presidencial en la década de los setenta cuando se instauró y nuevamente en la actualidad), cuya premisa es confundir y desconcertar a sus oponentes mediante movimientos que se perciben como contradictorios, pero que en los hechos apuntan hacia objetivos concretos. Por tanto, es factible que surjan “nuevos planes” y nuevas acciones en el corto plazo.

Es oportuno reseñar otro hecho aparentemente caótico e indescifrable, que sucedió unos días antes de la judicialización extraterritorial de las autoridades venezolanas por parte del Departamento de Justicia de los EE.UU., cuando se produjo la detención de un arsenal de guerra en la frontera colombo-venezolana, ante lo cual el General retirado de la FANB de Venezuela Clíver Alcalá asumió la responsabilidad de ese movimiento, a la vez que emitió unas declaraciones que comprometen al diputado Juan Guaidó, así como a otros actores venezolanos y colombianos vinculados con los sectores más conservadores del establecimiento norteamericano. Para ponerle un broche de oro a la ezquizofrenia, el General Alcalá fue extraditado a los Estados Unidos por parte del gobierno de Colombia, y se despidió de Colombia sin esposas y entre abrazos fraternales de sus vigilantes.

4. El “nuevo plan” estadounidense fue anunciado hace unos días -con algunas variaciones- por el diputado y presidente autoproclamado como interino. Lo que ratifica el signo subordinado (por usar una palabra decorosa) de ese actor político a los designios de Washington.

 5. Aunque es evidente el interés de imponer un tutelaje sobre la política venezolana, así como el carácter inconstitucional del “nuevo plan”, en razón de que vulnera principios constitucionales esenciales de la República Bolivariana de Venezuela y expresa la naturaleza intervencionista del imperialismo estadounidense (por ende era apenas lógico que el gobierno venezolano se pronunciara en rechazo a ese plan), así como principios del derecho internacional; podría calificarse como positivo que el gobierno de los EE.UU., valore opciones de negociación política, y trascienda las actitudes absurdas que no redundan en superar sino en intensificar la crisis.

 No obstante, bajo la lógica de la Teoría del Loco que se está implementando desde Washington, no sería descabellado pensar en que esta acción tenga la finalidad de distraer y que más bien se esté preparando  una escalada de hostilidades belicistas.

 6. Una agresión belicista estadounidense contra Venezuela en un momento como el actual, tendría consecuencias terribles sobre el país. Es necesario subrayar que una intervención militar quirúrgica, tal cual como la solicitan algunos sectores, además de daños colaterales directos, generaría un escenario de conflictividad y de violencia cruenta en el país, que acentuaría las dificultades dadas por la crisis económica. Si el interés es promover la democracia, la estabilidad política y la recuperación económica del país, la guerra no es una solución.

 7. Como es tradición en la política exterior estadounidense, el “nuevo plan” en los hechos es un pacto de élites políticas, vale preguntar con franqueza: ¿hasta qué punto realmente el pueblo venezolano se siente representado por estos sectores? ¿O en la práctica se trata de la promoción de un nuevo Pacto de Punto Fijo?, bajo el espectro de intereses geopolíticos muy concretos, por un lado los anglosajones y por otro lado los del eje China-Rusia. Tal circunstancia expresa el carácter antidemocrático y conservador del denominado “nuevo plan”.

 8. Este hito en la narrativa estadounidense hacia la crisis venezolana debe concebirse como una oportunidad para avanzar en el diálogo político de los todos los sectores nacionales -ítem que ha sido valorado positivamente por el pueblo en diversos estudios de opinión-, tanto de los que ostentan de representación ante el poder público (gobierno y oposición supeditada a Washington, sectores liberales y disidentes de esos dos bloques), y de los sectores oligárquicos que tienen posiciones clave en el entramado económico (los cuales ya fueron invitados a definir la política estratégica de la nación en el marco de la coyuntura del COVID-19), como de los sectores sociales de la clase trabajadora del país que son invisibilizados por los medios de comunicación corporativos al Estado o al gran capital (tales como los partidos políticos que mantienen posiciones clasistas, movimientos sociales, sectores como el campesinado, entre otros).

Ese diálogo no debe reducirse a un cónclave para repartirse cuotas en el poder público del Estado (y con ello, el control de las rentas y la influencia sobre los procesos de acumulación de capital), sino que primordialmente debe orientarse a la búsqueda de un programa de recuperación económica viable, con criterios de rigurosidad científica, y por ende, ajeno a la discursiva demagoga que domina a la clase política venezolana.

El devenir histórico de Venezuela lo debe definir su pueblo, los pactos de élites, los caudillismos, los delirios de grandeza y los sectarismos entre facciones de la burguesía nacional y transnacional tienen una carga histórica de desastres económicos, sociales y políticos para el país.

*Investigador del Centro Internacional Miranda

Fuente: El autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

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