Author: Jorge Forero

Contexto y Perspectivas de la conflictividad en Ecuador

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Por: Jorge Forero Coronel

Centro de Investigación y Estudios Fronterizos

 Ecuador ha registrado un escenario de crisis política, social e institucional durante los últimos años, el cual se ha precipitado y ha resultado explícito por las contradicciones internas y sus respectivas pugnas por el control del poder estatal, que han determinado una confrontación prolongada y sin resolución entre un bloque neoliberal y conservador, y un sector de centro izquierda postneoliberal enmarcado en la denominada Revolución Ciudadana que interrumpió el dominio oligárquico durante los gobiernos de Rafael Correa, entre 2007 y 2017, pero que reprodujo contradicciones estructurales de esa sociedad, primordialmente relacionadas con su modelo de acumulación de capital y con su modelo de inserción en el mercado internacional como proveedor de materias primas (Monedero, 2018).

 En tal escenario de turbulencias políticas, se han desencadenado tensiones con el movimiento indígena en clave de una dialéctica de insurrección- resistencia, el cual ha demostrado una capacidad significativa de movilización y de presión popular en torno a agendas de defensa de derechos humanos y ambientales, (Herrera, 2022), así como ante episodios de contrarreforma de signo neoliberal que se han fomentado desde el sector conservador que ha dominado el poder ejecutivo en los últimos años (Forero, 2024); esto en contraposición a la racionalidad extractivista en la que han coincidido hasta ahora los mencionados bloques dominantes de la escena política ecuatoriana.

 En concordancia con las tendencias regionales, las tensiones políticas en Ecuador están relacionadas primordialmente con las luchas intestinas por el control y el usufructo de las rentas producidas por los hidrocarburos y otros commodities, así por la gestión de recursos naturales y la biodiversidad (Stoessel., 2015). Pero en los últimos años, tal conflictividad ha estado condicionada por el escalamiento de un fenómeno de violencia asociado con la vinculación evidente de este país meridional en la cadena global de valor de la cocaína hacia el mercado del Pacífico, lo que ha derivado en la visibilización de estructuras criminales al servicio de los sistemas logísticos y las cadenas de suministro del narcotráfico al mercado global (Escobar- Jiménez, 2024).

 Sin embargo, la crisis de conflictividad de Ecuador no se restringe a tensiones tradicionales y previsibles entre diversos bloques por el control del poder político. En este caso, se ha registrado un fenómeno de erosión de las instituciones del Estado y de la sociedad civil ante la irrupción del narcotráfico -de estructuras que participan de este negocio transnacional-, como un factor clave en las relaciones de poder de ese país, y como la variable nodal para comprender el escalamiento de la violencia y la criminalidad (según cifras oficiales, Ecuador transitó de ser el segundo país más seguro de la región, a posicionarse como el país con la mayor tasa de homicidios en el continente en el periodo 2019- 2024).

 Es así como el narcotráfico ha desbordado la normatividad y el funcionamiento del poder estatal, con lo cual se puede afirmar que Ecuador se ha convertido en un Narco- Estado, a tal punto, que por citar apenas los casos más notables y escandalosos: el expresidente Guillermo Lasso recurrió a una maniobra legislativa para eludir un juicio político en marcha por los vínculos de sus empresas (bancos) con el lavado de activos provenientes del tráfico de cocaína; y más recientemente, el vigente presidente ecuatoriano -actual candidato a la reelección en un proceso electoral previsto para mediados de abril-, se ha visto involucrado a través de sus empresas (en particular de la exportadora de banano Noboa trading) en un conjunto de incautaciones de cocaína en Europa .

 El ascenso del narcotráfico ha desencadenado además una respuesta política en contra de los intereses nacionales, por parte del gobierno neoliberal de Noboa, quien ha solicitado el apoyo y la presencia militar en el territorio ecuatoriano del Comando Sur de los Estados Unidos de América, de la DEA, e incluso, de organizaciones militares de carácter mercenario, lo que implica una concesión y privatización del monopolio del uso de la fuerza, y con ello, de la seguridad del país, a una potencia extranjera, y además, a una corporación con intereses privados y con antecedentes de promoción y de ejecución crímenes de guerra en países como Colombia.

 1- La “irrupción” del narcotráfico como factor del conflicto en Ecuador

 La presencia creciente y explícita de estos factores en el territorio ecuatoriano ha conmocionado a esa sociedad. Sin embargo, es necesario señalar que no se trata de una presencia inédita, ya que este país había funcionado como una ruta de mediana importancia en el mercado mundial de la cocaína, en particular en las rutas de tráfico hacia los continentes de Asia y Oceanía, pues: “Ecuador es paso de vía dada su ubicación geográfica, sus amplios puertos que tienen salida al Océano Pacifico, por compartir frontera con los principales países productores de coca como son Colombia y Perú, por su moneda oficial y su buena infraestructura vial (Herrera, 2018. p. 26).

 No obstante, hay que acotar que en el último lustro este negocio -así como sus actividades derivadas y sus efectos colaterales que redundan en vinctimización y pérdida de derechos para la población- ha adquirido una escala y un protagonismo sin precedentes en la dinámica social, económica, política y cultural de ese país, a tal punto que se ha posicionado en la subjetividad de la ciudadanía que el narcotráfico es un factor decisivo de poder en Ecuador (una circunstancia que redunda inevitablemente en desconfianza y pérdida de legitimidad de las instituciones).

 Esto porque se han desbordado hechos de violencia cruenta en un clima de conmoción y de impunidad -a modo de terapia de shock-, con lo cual se han hecho visibles las redes y las relaciones de una actividad económica regularmente clandestina e invisible (que al menos en apariencia es contenida por las fuerzas del orden, pero que en este caso ha fracturado a la sociedad ecuatoriana).

 Es importante señalar que este tipo de desbordes de la presencia y la influencia del narcotráfico en el seno de las sociedades sucede específicamente “en la etapa de crímenes predatorios, cuando se está pugnando por la conquista de un territorio” (Emerich, 2015. p. 20), a tal punto que estas disputas son observables ante la opinión pública, y generan hechos notorios tales como los que se exponen a continuación:

i. homicidios y masacres por medio de prácticas de sicariato o de grupos comando. Esto incluye masacres y hechos de magnicidio político ante un clima de complicidad e impunidad estatal muy convenientes para imponer el desconcierto, para desmovilizar las luchas populares y para instaurar regímenes de Estados de excepción y de suspensión de las garantías constitucionales que socavan la democracia, y que por supuesto, contravienen las normas y obstaculizan la transparencia de los procesos electorales (en la coyuntura actual es evidente que el presidente en funciones Daniel Noboa utiliza el poder estatal como un instrumento de su parcialidad y de sus intereses, así como de sus propósitos de demostrar su sumisión ante los Estados Unidos de América).

ii. secuestro y asesinato de niños y adolescentes, cuyos cuerpos aparecen calcinados en las adyacencias de una instalación militar (con el agravante de que en el secuestro y la desaparición forzada vincula a la Fuerza Pública ). Este tipo de hechos profundizan la situación de conmoción y posicionan una percepción de pérdida de los referentes de certeza contenidos en el Estado de Derecho;

  • iii. operaciones de signo terrorista transmitidas en vivo y en directo , todo un show en vivo y en directo muy oportuno para justificar el escalamiento y la exacerbación de una política represiva en marcha, con la particularidad de que el gobierno de Ecuador decretó de manera inmediata -inesperada e inexplicable- un conflicto armado interno en ese país. Es decir, le otorgó beligerancia política a estructuras criminales que dominan el sistema penitenciario y que presentan alianzas orgánicas con carteles mexicanos y colombianos.

En términos generales se puede afirmar que, en sintonía con las experiencias regionales de guerra contra las drogas (trágicas para los pueblos y contraproducentes para la democracia, la paz y la justicia), diseñadas y dirigidas por los Estados Unidos de América: en Ecuador se ha desatado una dinámica de abolición sistemática del Estado de Derecho implementada mediante un Estado de Excepción indefinido, en el marco de la instauración de un régimen represivo por parte del gobierno de Daniel Noboa , todo esto en un clima de abuso de poder e impunidad equivalente a los fenómenos de expansión del narcotráfico registrados en Colombia, en México o en Centro América.

 2- Geografía política- económica del conflicto en Ecuador

 Es importante destacar que este fenómeno de agudización de la violencia no es un hecho aislado o aleatorio, sino que se corresponde con los cambios de escala planetaria sucedidos en el metabolismo del negocio del narcotráfico, en el cual se ha configurado una nueva geografía en los circuitos de esa actividad económica ilícita (con las nuevas tendencias de consumo en Norte América hacia derivados opiáceos como el fentanilo), y con ello, se ha instaurado una nueva División Internacional del Trabajo que ha condenado a la frontera entre Colombia y Ecuador a convertirse en un territorio de sacrificio ofrendado al extractivismo y el despojo por medio de una actividad económica ilegal.

 En relación directa con ese hecho, esa nueva lógica de la geografía política y económica de las relaciones entre el Sur Global y las sociedades metropolitanas en relación con este negocio ilícito muy rentable en el mercado: ha determinado que la población de estas regiones se vea forzada a ser victimizada o instrumentada por parte de estas estructuras criminales que garantizan el funcionamiento de ese enriquecedor negocio en los territorios de sacrificio. Un negocio que sobre la base del despojo, genera ingentes flujos de dinero hacia el sistema financiero internacional y hacia los grandes capitales del sistema- mundo.

 Esta victimización de la población se acentúa ante la actuación de los poderes estatales, de la fuerza pública, de los sistemas de justicia, y también de agencias del Estado profundo como los medios de comunicación, a través de los cuales se criminaliza la producción primaria y el eslabón más débil de la cadena, mientras los actores sustantivos del proceso (quienes controlan o tiene un papel directivo en las rutas de extracción, las cadenas de suministro de precursores y la distribución hacia y en el norte global; los agentes y los dispositivos que permiten el lavado de activos, entre otros), no son considerados en el discurso de la mayoría de los dirigentes políticos, de las autoridades civiles y militares, la gran prensa (está ampliamente documentada la corriente de asesinatos colectivos en contra de periodistas independientes que por fuera de las grandes corporaciones ha denunciado tal estado de las cosas), e incluso de la academia que generalmente guarda silencio ante estos temas:

Aquí es donde se entiende el sentido de la dialéctica de “guerra” al narcotráfico que traducida significa “guerra a los eslabones menores de una actividad de acumulación capitalista ilegal que se convertirá en acumulación normal”. Allí quedarán criminalizados los campesinos cocaleros, los desempleados, los consumidores, los jóvenes en general. Si el Estado moderno es la maquinaria de guerra más perfecta de la historia de la humanidad, no será el narcotráfico el que la ponga en duda. (Emerich, 2015. p 19).

 Es decir, que por una parte, el Estado funciona estructuralmente como un soporte de este negocio; y por otra parte, la situación descrita está relacionada con el sistema capitalista (el de apariencia legal que es legitimado por los poderes estatales), en particular con una reestructuración global de las economías ilícitas y con una nueva geografía de los flujos económicos integrados con el negocio del narcotráfico, en cuya realización se determinan cambios en el metabolismo social y político sobre las dinámicas de los territorios y sobre los sistemas de relaciones entre las sociedades política y civil en su acepción gramsciana.

 De acuerdo con el referido Emerich, los poderes estatales tienen un sistema de relaciones indisolubles con los procesos metabólicos de acumulación de capital ligados a la industria del narcotráfico. Esto explica el fracaso de la política de guerra contra las drogas, pero además, permite constatar que una reconfiguración en la funcionalidad geográfica de la cadena global de valor del narcotráfico determinada por la irrupción masiva e intensiva de nuevas estructuras y de nuevas lógicas de funcionamiento de ese negocio ilícito sobre una jurisdicción determinada, influyen en el desbordamiento del cuerpo social, de los marcos normativos y del tejido institucional de esa jurisdicción.

 En la misma línea Emerich afirma que en la experiencia histórica de América Latina, este tipo de fenómenos implican procesos de recomposición de fuerzas -o quizá más bien una adaptación en clave de simbiosis entre lo legal y lo ilegal- entre los factores que dominan la industria criminal del narcotráfico y los poderes estatales, los denominados Estados profundos, los actores dominantes de las sociedades civiles, y no menos importante, los agentes decisivos de las relaciones internacionales y de los flujos financieros de los países que enfrentan este tipo de circunstancias.

 Esta nueva cartografía de la cadena global de la cocaína, vinculada en esa nueva racionalidad -reconfigurada- explica las tendencias que determinan las dinámicas territoriales que imponen al Sur de Colombia -en los departamentos de Putumayo y Nariño-, una función espacial como un enclave de producción a gran escala de pasta base de hoja de Coca, mientras que la región del norte de Ecuador y todas sus redes de interconexión con los puertos marítimos ubicados en el occidente de ese país meridional, les corresponde el papel de eslabón clave en el procesamiento de la cocaína y en el tránsito- almacenamiento y despacho de esa sustancia hacia los lucrativos mercados del Océano Pacífico.

 3- Relación del conflicto armado colombiano con el conflicto ecuatoriano

 Adicionalmente al haz de fuerzas geopolíticas y del mercado internacional, este fenómeno está vinculado de manera orgánica con el proceso de recomposición del conflicto armado colombiano, el cual ha estado determinado de manera negativa por el incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC- EP (por tal motivo no es difícil inferir cuáles fueron las fuerzas que determinaron que el gobierno uribista de Iván Duque se empeñara en obstruir la implementación del Acuerdo y volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC ), con lo cual se frustró la posibilidad de construir regiones de paz y de materializar las propuestas de sustitución de cultivos y de transformación estructural de las condiciones sociales y económicas que han determinado la guerra en Colombia.

 Por el contrario, el incumplimiento del Acuerdo de 2016 por parte del Estado colombiano: ha redundado en la persistencia del abandono estatal y en la ausencia de la garantía de los derechos para la población de las regiones azotadas históricamente por el conflicto; ha sido el factor decisivo para la exacerbación de la guerra y la emergencia de nuevos grupos armados -cuya naturaleza es difusa-; ha erosionado la confianza en las instituciones; y finalmente, ha sido un obstáculo en las perspectivas para establecer nuevos acuerdos de paz con otros grupos insurgentes (Estrada, 2019) .

 La mencionada recomposición del conflicto armado colombiano se ha expresado como una agudización de la guerra en esta región fronteriza, mediante lo cual se ha configurado un escenario de disputas territoriales en torno a el control de los eslabones primarios de la cadena global de valor de la cocaína, así como el soporte logístico y de extracción de actividades de minería ilegal, el tráfico de armas, la trata de seres humanos, entre otras actividades ilícitas .

 Cabe acotar que estas disputas no se producen únicamente entre actores armados irregulares, sino que en ese haz de pugnas participan agentes del poder estatal -civiles y militares-, y actores económicos de la denominada sociedad civil, ya que sin la participación de estos últimos resulta inviable e insostenible preservar las cadenas de suministros, los circuitos económicos, y el levado de activos inherentes a esta actividad ilícita (Mantilla, 2023).

 4- La erosión de la sociedad y la institucionalidad de Ecuador

Por supuesto, este entramado de elementos conflictivos de naturaleza híbrida por su apariencia contradictoria, pero que en esencia tienen puntos de convergencia para garantizar este negocio global (Wainwright, 2017), tienden a desencadenar de manera inexorable una incidencia notable sobre el tejido social, económico e institucional de Ecuador, ya que estas actividades de signo ilegal se entretejen -hasta fusionarse y convertirse en una totalidad indisoluble- con el conjunto de las actividades económicas y de las relaciones sociales y políticas.

 Esto explica el desbordamiento de la violencia referido anteriormente -como expresión concreta de una fase depredatoria entre diversas organizaciones o agrupaciones-, un elemento que funciona como el dispositivo para definir relaciones de fuerza en un contexto signado por el aumento de los flujos de esta mercancía ilícita por efecto de las variables referidas de nueva división internacional del trabajo y de recomposición del conflicto armado ante el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y las FARC- EP en 2016.

 Por tanto, el devenir político de Ecuador no está aislado de las dinámicas de poder que se han estructurado en ese país en el marco de esta fase de pugnas -depredadoras- por el control del negocio del narcotráfico. La actuación sesgada de las Fuerzas Armadas, de los poderes públicos, y de agentes de la sociedad civil como los gremios económicos y los medios de comunicación, son una expresión concreta de las contradicciones internas que enfrenta ese país hermano, como consecuencia de la función gregaria a esta industria ilícita que ejercen su territorio, sus redes de comunicación y sus sistemas logísticos, así como su entramado de instituciones estatales y de corporaciones de la sociedad civil.

 5- Perspectivas del conflicto ecuatoriano: la resistencia como opción de los pueblos

 En síntesis, el conflicto político e institucional en Ecuador tiene una escala y una naturaleza geopolítica, por lo cual no se trata únicamente de una confrontación entre visiones ideológicas o proyectos de país de parcialidades políticas en pugna por el control del gobierno, sino que abarca también -aunque no se mencione públicamente- enfoques de gestión de esta crisis marcada por la exacerbación de las disputas territoriales y de la violencia.

 Esto quiere decir que, mientras persistan estas pugnas en el inframudo de las economías ilícitas (las cuales influyen en el haz de relaciones y los sistemas de alianzas de la sociedad legal), la sociedad ecuatoriana seguirá registrando turbulencias y contradicciones que erosionan el Estado de Derecho, las garantías de derechos de la ciudadanía, y por supuesto, la paz y la seguridad en ese país.

 Ante tal escenario, la resistencia se concibe como la opción política de los pueblos de la frontera colombo- ecuatoriana y de la totalidad de estos países. En primer lugar, resistir mediante la movilización y la organización para preservar sus vidas y sus derechos fundamentales (esto incluye tejer redes de resistencia transfronterizas, bajo el entendido que el narcotráfico es un negocio transnacional que precisa de una contraposición de solidaridad internacionalista).

 En segundo lugar, para educar y comunicar a la ciudadanía y develar la naturaleza -capitalista- de este negocio y de sus relaciones con el poder estatal y el poder económico establecido. En tercer lugar, para la búsqueda de fórmulas de autonomía en los territorios, que permitan crear estrategias de seguridad alimentaria, de protección del patrimonio cultural, de los bienes comunes y del medio ambiente, así como de defensa de la vida.

 Lógicamente, la coyuntura electoral que está en desarrollo tendrá una influencia significativa sobre las formas y los contenidos del ejercicio del poder estatal para la gestión del conflicto. La experiencia histórica permite prever que un triunfo de las fuerzas conservadoras se vislumbra como el escenario idóneo para consolidar un narco Estado en Ecuador. Mientras que un triunfo de la opción progresista no altera la realidad conflictiva por sí sola, y no es garantía de cambiar el panorama, pero puede ser el punto de partida para acumular fuerzas populares y generar opciones de resistencia para revertir la situación.

 La violencia corporativa solo puede ser contenida y derrotada con la unidad y la resistencia de los pueblos. Por tanto, el acuerdo entre las coordinadora de los movimientos indígenas del Ecuador y la candidata progresista Luisa González (que se ha firmado y se ha publicado mientras se escriben estas líneas), se percibe como un paso en el camino correcto. Cabe señalar que incluso en las fases de regulación y desescalamiento de la violencia (de paz aparente en la que persisten las cadenas de la explotación y de despojo), la población sigue padeciendo los efectos colaterales de estos negocios ilícitos. Por tal motivo, la lucha debe tener como horizonte estratégico la construcción de una paz auténtica, signada por la autonomía de los pueblos en sus territorios, por la justicia social y por la emancipación humana.

REFERENCIAS

Emerich, N. (2015). Geopolítica del narcotráfico en América Latina. Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C. Disponible en: https://www.academia.edu/11944162/Geopol%C3%ADtica_del_narcotr%C3%A1fico_en_Am%C3%A9rica_Latina

Escobar- Jiménez, C. (2024). Estructuras internacionales del narcotráfico y factores socioeconómicos de la violencia en Ecuador. URVIO – Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad 39(39):8-28 DOI:10.17141/urvio.39.2024.6164

Estrada, J. (2019). Contradicciones y conflictos de la implementación. En: El Acuerdo de paz en Colombia. Entre la perfidia y la potencia transformadora. CLACSO, Bogotá.. Disponible en: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191108024211/El_acuerdo_de_paz_en_Colombia.pdf

– Forero, J. (2024). América Latina y el Caribe: entre el nuevo imperialismo y la autodeterminación. En: Revista Da ANPEGE, 20(43). Disponible en https://doi.org/10.5418/ra2024.v20i43.19359

– Herrera, K. (2018). Ecuador como paso de vía del narcotráfico y su efecto en la seguridad interna: análisis anterior y posterior al 2009. Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. III, No. 1, 2018. Disponible en: https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4418

– Herrera, L. (2022). El movimiento indígena de Ecuador: de las sublevaciones al proceso político unitario. Boletín Onteaiken N°34 -Diciembre 2022 Boletín Onteaiken N°34 -Diciembre 2022. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/368857688_El_movimiento_indigena_de_Ecuador_de_las_sublevaciones_al_proceso_politico_unitario_Boletin_Onteaiken_N34_-Diciembre_2022_Boletin_Onteaiken_N34_-Diciembre_2022

– Mantilla, J. (2023). Narcotráfico y crimen organizado. Faro: Investigación y acción colectiva. Disponible en: https://ecuador-decide.org/wp-content/uploads/2023/08/Narcotrafico-y-crimen-organizado.pdf

– Monedero, J. (2018). Selectividad estratégica del Estado y el cambio de ciclo en América Latina. En: Estados en disputa. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina. Recuperado el 12 de junio de 2019 de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20190207045344/Estados_en_Disputa.pdf

– Stoessel, S. (2015). Postneoliberalismo, cambio y conflicto político en el Ecuador de la Revolución Ciudadana. En: Pulsión de cambio. Movimiento latinoamericano en la construcción de proyectos contrahegemónicos (pp.133-177). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/316172454_Postneoliberalismo_cambio_y_conflicto_politico_en_el_Ecuador_de_la_Revolucion_Ciudadana

– Wainwright, T. (2017). Narconomics: How to Run a Drug Cartel. The United Kingdom, UK: Ebury Press, Penguin Random House.

 

 

 

 

 

 

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La paz con justicia social: un desafío para los pueblos de la frontera colombo- venezolana

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Las fronteras se conciben como una construcción social e histórico- geográfica, en cuya estructuración se produce un sistema de relaciones en permanente movimiento, y una dialéctica de integración- desintegración condicionada por dinámicas socioculturales, económicas, políticas y militares. Desde el punto de vista de su metabolismo en relación con el sistema social, las fronteras son áreas nodales que sirven de soporte para la convergencia de flujos (procesos de intercambio de materia, fuerza de trabajo e información) de escales e intensidad variable.

La frontera en su realización concreta en la geografía como espacio fronterizo, es una entidad heterogénea y contradictoria que está determinada por un espectro de relaciones que configuran una territorialización y una espacialización de esas relaciones (está cualidad permite superar el umbral de los conceptos de linealidad fronteriza como hito o límite, o de zonalidad fronteriza como área de seguridad), en las que se producen tensiones divergentes entre las fuerzas centrípetas condicionadas por los poderes estatales y la legislación; y las fuerzas centrífugas de signo multidimensional, vectorizadas por los procesos de acumulación de capital de acuerdo con los diferenciales de desarrollo particulares, por sobre lo político-administrativo y lo jurídico (Forero, 2020).

Estas consideraciones genéricas ponen de manifiesto la naturaleza compleja de los sistemas de relaciones que estructuran y desestructuran las dinámicas de los espacios fronterizos. De igual manera, permiten vislumbrar tanto los modos de desarrollo desigual y combinado que se territorializan y reterritorializan de manera diferenciada en cada espacio fronterizo, incluso con variaciones sustantivas en el devenir histórico (tal y como ha sucedido en la frontera colombo- venezolana en los flujos y reflujos de auge- recesión de las relaciones comerciales, así como en el marco de tensiones políticas que han originado rupturas diplomáticas- comerciales e incluso -desde el año 2015- la instauración de políticas de excepción regionalizadas), como los conflictos explícitos e implícitos localizados en estas áreas nodales en su condición de expresión concreta de intereses económicos y geopolíticos.

Por tanto, pensar en las dinámicas de las fronteras en el contexto de las turbulencias sistémicas del tiempo histórico actual, nos remite a una espacialidad geográfica signada por la presencia de conflictos con formas y contenidos heterogéneos, entre las que sobresalen por su incidencia en las relaciones de poder: las guerras de posiciones implementadas por potencias imperialistas y emergentes en su interés de preservar, recuperar o ganar áreas de influencia (Ceceña, 2023); las renovadas guerras comerciales devenidas en los últimos años que han desencadenado un cambio del metabolismo en el sistema- mundo al revertir de manera parcial las corrientes de globalización de los mercados, las finanzas y las cadenas de valor (Roberts, 2022); y por supuesto, las confrontaciones bélicas de mediana y alta intensidad que emplean a los territorios fronterizos como objetos de guerra y teatros de operaciones que se corresponden con intereses geopolíticos (Forero, 2017).

Tal conflictividad de carácter sistémico, está determinada por dos funciones estratégicas de los espacios fronterizos para la configuración de la geografía del poder a escala mundial, las cuales están integradas de manera orgánica con los procesos metabólicos de acumulación de capital formalmente establecidos, y también con las relaciones de fuerza que determinan las posiciones y los flujos- reflujos de los agentes dominantes sobre los poderes estatales formales (tanto los nacionales como los supranacionales), los estados profundos (Deep state) y el haz de factores convergentes en las agencias no gubernamentales y las sociedades civiles transnacionalizadas.

La primera función relaciona a las fronteras como enclaves de intercambio y dispositivos para la expansión de circuitos económicos y con ello para la acumulación de capital a gran escala e intensidad (Harvey, 2007). Su instauración se ejecutó y se legalizó en el marco de las reformas a arquitectura institucional y las normativas del comercio exterior emergentes desde la postguerra y profundizadas en las últimas décadas del siglo XX (precisamente en el marco del auge de la referida globalización), a través de las cuales se desbordó la capacidad- potestad de los poderes estatales para ejercer el dominio y la fiscalización en su jurisdicción sobre los flujos de materia, fuerza de trabajo e información que se desplegaron en el contexto de un nuevo estadio de revolución científica- tecnológica e informacional (Santos, 2001).

La expansión incesante de los flujos y los circuitos de capital es el factor determinante de contradicciones sustantivas que se territorializan en las fronteras, y que determinan el crecimiento exponencial de una lógica de desregularización de las economías, cuyo funcionamiento se soporta en la superexplotación y precarización del factor fuerza de trabajo (a través de maquilas frecuentemente controladas por agentes del crimen organizado), la evasión y la elusión fiscal, la especulación financiera en ámbitos como el monetario y la relación crédito- deuda, la desposesión de bienes comunes mediante el extractivismo, los daños ambientales entendidos como externalidades, por mencionar los más notorios; así como de economías ilegales como la cadena de valor global del narcotráfico, la trata de seres humanos, entre otras actividades ilícitas que están proscritas ante la legislación de las naciones y del derecho internacional, pero en la práctica se insertan en el sistema financiero internacional y por ende con los factores económicos dominantes en el sistema- mundo (Emmerich, 2015).

La segunda función está interconectada y es definida por la primera, ya que está determinada por las contradicciones inmanentes de la lógica del capital, en particular por su necesidad de expansión incesante y sus tendencias hacia la concentración y la maximización de ganancias, lo que deriva en que las fronteras se conviertan en territorios en disputa, ya que se conciben como áreas estratégicas para el control y la influencia política- militar, como un medio o un prerrequisito para instaurar sesgos estratégicos que faciliten la expansión de los circuitos económicos.

La bifurcación de intereses económicos y políticos mediados por la regencia de factores de carácter militar, sean los formales del poder estatal, los irregulares o los híbridos en tiempos de privatización de la guerra y de aparatos offshore para hacer el trabajo sucio (como es el caso del paramilitarismo), permiten encontrar el sentido sistémico de la instauración de regímenes de facto que proscriben el Estado de derecho y erosionan el tejido social en los espacios fronterizos bajo narrativas como la defensa de la seguridad nacional; las guerras contra el terrorismo y el narcotráfico; la doctrina contrainsurgente ; la presunta amenaza que representan los migrantes; e incluso en latitudes como Europa del este, África o el medio oriente prejuicios étnico- religiosos- lingüísticos, a través de lo cual se induce el escalamiento de conflictos de alta, mediana y baja intensidad, mientras se normalizan las dinámicas de violencia multidimensional, de déficit institucional y de ausencia de garantías de derechos para la población.

La naturaleza conflictiva de los sistemas de relaciones de los espacios fronterizos resulta explícita en las realidades sociales del Sur Global (guerras de gran trascendencia geopolítica como las Libia y Siria, así como el escalamiento de guerras irregulares en África denotan está particularidad); pero las fronteras de las formaciones económico- sociales de naciones emergentes y metropolitanas no están exentas de estas tendencias: la guerra de Ucrania, las tensiones en torno a Taiwán, la criminalización de la movilidad humana en el mar mediterráneo y el tránsito de Centroamérica y Norteamérica, expresan la racionalidad de un orden social que por una parte ha fomentado la circulación de mercancías, y por otra parte proscribe los derechos humanos fundamentales de población migrante con necesidad de protección internacional .

Esta racionalidad ha producido la generalización de prácticas atroces para controlar los flujos de movilidad humana, tales como la tercerización de la gestión de las migraciones a través de campamentos inhumanos (una práctica empleada por la Unión Europea, en la que se subcontrata a países terceros para la mitigación de los flujos migratorios ), o la cacería de “ilegales” en la frontera sur de los Estados Unidos , las cuales se ejercen bajo una concepción de las fronteras como áreas y linealidades para la desregulación del Estado de derecho, como objetos de contención y de manera simultánea como dispositivos de marginación y de violencia estructural.

El panorama sistémico demuestra que la guerra en su acepción multidimensional, domina los sistemas de relaciones de los espacios fronterizos (sea por medio de la fuerza política- militar o de la agresión y las hostilidades financieras, comerciales, diplomáticas e incluso las culturales- simbólicas), como un mecanismo para la expansión de los mercados, las cadenas de valor y de suministro -los sistemas logísticos en general-, y los flujos financieros, con el propósito de imponer desde los centros metropolitanos una lógica de relaciones de acumulación por desposesión y de transferencia de rentas a través de la apropiación- explotación (intensiva) de los recursos del territorio y de la fuerza de trabajo.

Estas tendencias sistémicas se han acentuado en las últimas décadas, en gran medida por la corriente de políticas de excepción respecto al derecho internacional inauguradas en el marco de la invasión a Iraq a principios de siglo (bajo la doctrina de guerras preventivas y de una pretendida cruzada contra el terrorismo), así como del unilateralismo estadounidense para imponer tratados de libre comercio imperialistas y megaproyectos de posicionamiento político- militar de esencia neocolonial y contrainsurgente como el denominado Plan Colombia (bajo el pretexto de la presunta guerra contra las drogas).

Con base en esa racionalidad, la guerra se ha erigido como la narrativa fundamental de las acciones estratégicas de los centros de poder, guerra y capital son indisolubles en el mundo de hoy. Las diversas formas de guerra se conciben como el propósito y el instrumento para preservar el orden social regente y el metabolismo de los procesos de acumulación y reproducción ampliada de capital. Mientras tanto, a la luz de los hechos, los resultados de las guerras contra el terrorismo y las drogas más bien han exacerbado esos problemas en el mundo, y la subyacente guerra contrainsurgente como estandarte de civilización (orden y progreso) de las clases dominantes, ha ahogado en sangre y terrorismo de Estado a los pueblos.

En ese marco, es preciso insistir en que los espacios fronterizos se han convertido en eslabones fundamentales -por su carácter permeable- de los procesos de reconfiguración de las relaciones de poder económico- financiero, político y militar. Basta con visualizar los impactos de la guerra contra las drogas y de la doctrina contrainsurgente en las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador, para poner en evidencia que esas estrategias han redundado en que estos territorios se hayan transformado en áreas nodales de la guerra y ¿paradójicamente? en enclaves de la cadena global de valor de la cocaína.

Precisamente esa doctrina contrainsurgente es la variable que explica la paradoja que conlleva a criminalizar a las regiones periféricas y las comunidades rurales, así como a la fuerza de trabajo vinculada con la producción de materias primas (mientras permite el flujo de las cadenas de suministro y los sistemas logísticos para que estas sustancias prohibidas lleguen al norte global), y que por la vía de la fuerza determina hechos de violencia cruenta, de desplazamientos forzosos y de saqueo de recursos y despojo de tierras; y de manera simultánea, genera torrentes de plusvalía para los agentes que controlan las cadenas de circulación y de consumo a gran escala de esta industria de esencia criminal pero integrada orgánicamente con el sistema financiero y los estamentos políticos del poder sobre el Estado -los formales y los informales- (Emmerich, 2015).

Las fronteras se configuran entonces como soporte material e instrumento de estrategias de guerra implementadas e instauradas por los centros de poder. El reconocimiento de esta realidad es el primer paso para pensar en la utopía necesaria de construcción de una nueva racionalidad (desde los pueblos) en los sistemas de relaciones que constituyen y estructuran a los espacios fronterizos, a partir de la premisa de que ninguna realidad es inmutable y que la humanidad en sociedad tiene la potencia para transformar esa tendencia histórica y esa lógica sistémica.

Pensar en fronteras para la paz y luchar por ese objetivo significa una acción subversiva respecto al orden social regente, en la medida en que se plantea como una contradicción antagónica de la racionalidad dominante. Aún en las circunstancias más complejas, como las experimentadas en las regiones de la frontera colombo- venezolana en los últimos años, los pueblos son capaces de tejer estrategias de resistencia para establecer canales de comunicación y dinámicas de integración en contravía a las imposiciones de los poderes estatales y de las adversidades de la crisis sanitaria devenida en el marco de la pandemia del coronavirus; para fortalecer vínculos de amistad y solidaridad que permitan amparar a personas con necesidad de protección internacional (con canales de información para alertas y redes de resguardo de víctimas); y en esencia, para defender la alegría como una trinchera y para defender el derecho de vivir en paz.

La verdad y la memoria también son estandartes de esa construcción de paz. Mientras se escriben estas líneas se ejecuta en localidades de la frontera colombo- venezolana la búsqueda de personas desaparecidas por parte de familiares de las víctimas de estos hechos aberrantes, defensores de derechos humanos y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y se produjo el hallazgo de los hornos del horror paramilitar en plena linealidad fronteriza, en Juan Frío del departamento de Norte de Santander, en los cuales los paramilitares incineraron seres humanos con total impunidad, en el marco histórico de un discurso negacionista de tales hechos por parte de los gobiernos de Álvaro Uribe (apologista de la guerra que fungía como presidente de la República en el momento de la perpetración de tan abominables crímenes), Juan Manuel Santos e Iván Duque ; la pusilanimidad de la fuerza pública y del sistema de justicia, la complicidad implícita en un pacto de silencio y omisión por parte de los sectores dominantes de los medios de comunicación de Colombia, y una actuación tímida de la comunidad internacional.

Pese a todo, la paz sigue en el horizonte de la conciencia de los pueblos como una aspiración esencial. Por supuesto, no se trata de la pax imperialista, la evocación estadounidense de pax romana en la que no hay paz y mucho menos justicia social; tampoco la paz como una quimera de abolición de los conflictos, ya que estos son constitutivos e inherentes de la condición humana; sino la paz como una práctica social y una realización humana imperfecta, compleja y conflictiva . Ese es el desafío en el tiempo histórico actual, construir un devenir histórico de paz con justicia social.

En ese sentido, los pueblos de las regiones fronterizas -como víctimas de la guerra y como agentes de resistencia a los factores de poder que imponen esas guerras- deben ser interlocutores de los poderes estatales, porque la paz es una construcción colectiva que se origina en torno a consensos y corresponsabilidad. Por tal motivo, se coincide con Muñoz (2004) en afirmar que la paz se corresponde con “todas aquellas realidades en las que se regulan pacíficamente los conflictos, en las que se satisfacen al máximo las necesidades y los objetivos de los actores implicados”. (p. 30).

La paz no se decreta, y está comprobado que no es suficiente firmarla. La paz tampoco significa o se restringe únicamente la reducción de la violencia, sino más bien es como plantea el precitado Muñoz: una plataforma, un punto de encuentro de las sociedades para la transformación o gestión pacífica de los conflictos y la búsqueda de equilibrios dinámicos, para que estos conflictos puedan ser procesados mediante el diálogo y tramitados de manera creativa en atención de la satisfacción de necesidades y la garantía de derechos de la población.

Referencias

 Ceceña, Ana (2023). Las guerras del siglo XXI. En: Las guerras del siglo XXI / Ana Esther Ceceña, [et al.]; Coordinación general de Ana Esther Ceceña. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Económicas; Ciudad de México: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica; Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2023.

 Emmerich, Norberto (2015). Geopolítica del narcotráfico en América Latina. Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C. Toluca.

 Forero, Jorge (2020). “Crisis en la frontera colombo-venezolana: Derechos Humanos, migraciones y conflicto geopolítico”. Publicación: Espiral: Revista de Geografías y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Mayor de San Marcos. 2(3), 2018. 005–014. https://doi.org/10.15381/espiral.v2i3.18447

 Forero, Jorge (2017). ¿Las fronteras como espacios de crisis, o la crisis sin fronteras? Una lectura crítica de la coyuntura 2015-2016 en frontera colombo-venezolana. Revista Intelector. v. 14 n. 28 (2017): 47–60. ISSN 1807-1260 – [CENEGRI]. https://doi.org/10.26556/1807-1260.v14.n28.p.47-60.2017

 Harvey, David (2007). El nuevo imperialismo. Akal, 2da Edición. Madrid

 Muñoz, Francisco (2004). La paz. En B. Molina & F. Muñoz (Coords.), Manual de paz y conflictos (pp. 21−42). Instituto de la Paz y los conflictos. Disponible en: http://ipaz.ugr.es/wpcontent/files/publicaciones/ColeccionEirene/eirene_manual/La_Paz.pdf

 Muñoz, Francisco A.; Herrera, Joaquín; Molina, Beatriz & Sánchez, Sebastián (2005). Investigación de la Paz y los Derechos Humanos desde Andalucía. Granada: Universidad de Granada. Disponible en: http://www.ugr.es/~fmunoz/documentos/pazddhhand.pdf

 Roberts, Michael (2022). ¿Ha terminado la globalización?. Disponible en: https://www.sinpermiso.info/textos/ha-terminado-la-globalizacion

 Santos, Milton (2001). La naturaleza del espacio. Ariel, Madrid.

 

Fuente: El autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

 

 

 

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El despertar de Fonseca: crónica del singular evento electoral del 29 de octubre

Jorge Forero 1 comentario
  1. Por: Jorge Forero Coronel

Centro de Investigación y Estudios Fronterizos

Fonseca es un municipio ubicado en el sur del departamento de La Guajira, en una depresión sedimentada a orillas del río Rancherías y bordeada por la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en zona fronteriza con Venezuela. Esta localidad adquirió una importancia especial en el contexto del Acuerdo de Paz de La Habana, ya que en su jurisdicción se instauró el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación “Amaury Rodríguez” para firmantes de paz, y posteriormente, fue definido como un municipio priorizado para la política de desarrollo rural inscrita en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Durante el último año este municipio ha sido escenario de una dinámica de efervescencia política singular, determinada por la construcción del movimiento “El Cambio para Avanzar en Fonseca”, el cual postuló para la alcaldía de ese municipio a Benedicto González Montenegro, un firmante del Acuerdo de Paz que ha liderado la constitución de una fuerza política forjada desde las entrañas del pueblo, y que ha originado vientos de esperanza que han recorrido la geografía de estos territorios y ha creado un cambio notable en la subjetividad de una parte significativa de este pueblo.

La campaña de Benedicto González y de su equipo de candidatos al Concejo Municipal, ha trastocado el panorama político de Fonseca, en la medida en que logró crear las condiciones para que la ciudadanía realice un ejercicio de deliberación democrática, sobre la base de la reflexión en torno a los problemas más sensibles para la población de este municipio, y primordialmente, respecto a las potencialidades de progreso rural y urbano, de igualdad y de paz con justicia social.

La campaña de El Cambio para Avanzar en Fonseca, se ha caracterizado por ser una campaña para la paz, con un programa de gobierno con sentido social. Es explícito que se trata de una campaña modesta, sin estridencias y sin el derroche de recursos que lamentablemente ha distinguido a la cultura política de esta región. Por el contrario, esta campaña se ha dirigido hacia el despertar de la conciencia, y se ha deslindado en la práctica de las formas tradicionales del quehacer político- electoral.

El panorama para el evento electoral del 29 de octubre era incierto, ya que en el ambiente se respiraba la presencia de tres fuerzas políticas. Por el despliegue de propaganda, de casas de campaña, de aparatos de sonido y de vehículos de alta gama, resultaba evidente para cualquier transeúnte la presencia de las candidaturas de Enrique Fonseca (apoyado de manera abierta por la administración actual del municipio); de Micher Pérez, un dirigente tradicional con amplia trayectoria y experiencia en contiendas electorales y espacios de representación política (ex concejal y ex diputado a la asamblea departamental). Mientras que, en otra vertiente, se destacaba en el Radio Bemba del pueblo de Fonseca la candidatura de Benedicto González, como la opción alternativa.

En cualquier panadería o esquina de Fonseca las conversaciones de la gente coincidían en afirmar que estas elecciones estaban peleadas, y que cualquiera de los tres candidatos podría ganar. El balance de la gente era sencillo: Enrique Fonseca tiene el dinero y el caudal de recursos de la alcaldía; Micher Pérez es un viejo zorro de la política y tiene una fuerza acumulada; y Benedicto González se perfilaba como una opción emergente y alternativa, sobre la base de la efervescencia popular de esperanza que había despertado en la conciencia del pueblo fonsequero.

El domingo 29 de octubre desde muy temprano hubo una alta presencia de la ciudadanía en los puestos de votación urbanos y rurales de Fonseca. Todo indicaba que se trataría de una fiesta electoral, en la cual el pueblo iba a decidir sus representantes territoriales para los próximos cuatro años. Para un observador ajeno, resultó verdaderamente admirable el espíritu de civismo de esta población.

Sin embargo, también desde muy temprano se registraron incidentes e irregularidades en torno al proceso electoral. En el interior de los Puestos de Votación, se produjeron actividades de intimidación al elector, y se ejecutaron atropellos en contra de testigos de la campaña de Benedicto González, quienes fueron víctimas de acciones de avasallamiento por parte de algunos de los designados como autoridades electorales, que derivaron en su desalojo arbitrario e ilegal del recinto electoral, con lo cual se vulneraron derechos y se imponía por la vía de facto una situación de vulnerabilidad para el proceso electoral.

De igual manera, en las adyacencias de los Puestos de Votación se registraron múltiples hechos turbios, que además de producir tensiones, generaron una atmósfera de desconfianza y de descontento en la población. El corolario de incidentes y hechos ilícitos registrados en diálogos con ciudadanos (de campañas diversas) en las calles de Fonseca se puede resumir en:

– Caravanas de buses inter- urbanos que ingresaron al municipio con personas provenientes de otras localidades, e incluso del departamento del Cesar;

– Grupos de compradores de votos en determinadas casas y en acción itinerante a través de camionetas de alta gama.

– Acciones de constreñimiento explícito al elector que se identificaba con la campaña de Benedicto González, mediante amenazas y actos de intimidación por parte de funcionarios de la Alcaldía.

El conjunto de elementos reseñados se tornó más grave ante la complicidad – y en el mejor de los casos, la pusilanimidad- de las autoridades. La Policía Nacional de Colombia divulgó unos canales telefónicos para recopilar denunciar irregularidades, primordialmente la de compras de votos, pero en la mayoría de los casos registrados no respondieron las llamadas o mensajes y en los casos que atendían las denuncias, llegaban tarde y su acción resultó impotente o indolente, incluso en casos donde era evidente la práctica corrupta de compra de votos.

La desconfianza creció en horas de la tarde, ya que después de mediodía se acentuaron y se hicieron más evidentes las acciones de compra de votos. Vehículos de alta gama ingresaban a las comunidades para sacar a los votantes de sus casas. Todo esto ocurría ante la mirada atónita de la ciudadanía, y la actitud complaciente de las autoridades.

A eso de las dos de la tarde, en las redes sociales se difundían noticias sobre incidentes en los Puestos de Votación: a algunos votantes les entregaron tarjetones marcados, y en otros casos, funcionarios públicos de la administración municipal se apoderaron de mesas de votación y proscribieron de manera absoluta la presencia de testigos de las otras candidaturas.

Estos hechos fueron el detonante para que la indignación ciudadana ante tan grotescos hechos, se convirtiera en una asonada espontánea, sin dirección y sin objetivos precisados. En el colegio Calixto Maestre decenas de personas irrumpieron en el recinto, y aparentemente hubo la destrucción de material electoral. En el Puesto de votación del Corregimiento de Conejo, ingresaron decenas de personas y dañaron el material electoral. En el colegio María Inmaculada se produjeron incidentes de violencia en el exterior, los cuales redundaron en miedo e incertidumbre, y de acuerdo con la versión de testigos electorales de diversas campañas, esta situación fue aprovechada para la trasgresión de la cadena de custodia del material electoral. En el Hatico hubo conatos de violencia entre los propios miembros de los Puestos de votación (jurados y testigos electorales).

El escalamiento de incidentes desbordó el normal desenvolvimiento del proceso electoral. Durante un recorrido por los puestos de votación, se registraron testimonios de material electoral destruido en dos puestos de votación, trasgresión de las cadenas de custodia del material electoral, expulsión forzosa de testigos electorales y de jurados que se negaron a convalidar procesos de escrutinio que ni cumplían con la norma (posteriormente fueron llamados para que firmaran las actas de escrutinio).

El proceso de preconteo de votos y su divulgación en la página oficial de Registraduría Nacional, no generaron expectativas, alegrías o tristezas en el municipio de Fonseca. En las calles y en las casas de este municipio no se hablaba de los resultados electorales, la noticia que recorrió las calles y los caminos, así como las redes sociales de Fonseca fue el despertar de un pueblo que no iba a permitir un fraude descarado.

Al día siguiente, las tertulias programadas y espontáneas destacaron la irreverencia de la gente, la osadía de expresar su indignación para la contención de una operación sistemática de fraude, hubo un consenso generalizado en que las acciones de la campaña patrocinada por la administración municipal fueron grotescas.

En un ejercicio de indagación de opiniones y percepciones, la gente no resaltaba únicamente a la movilización para defender los votos, o para mitigar las irregularidades, sino que además se mencionaba que la situación no se desbordó aún más, porque la gente no tenía la intención de ejercer la violencia dirigida hacia parcialidades políticas en particular, de dañar la planta física de los colegios, y mucho menos de encender en una oleada de disturbios a la ciudad de Fonseca, o los corregimientos.

El 29 no hubo celebraciones, y pese a las tensiones, no se registraron confrontaciones entre simpatizantes de las campañas, y por el contrario, en redes sociales circularon exhortaciones a la calma y la cordura por parte de Benedicto González y Micher Pérez.

El lunes 30 no hubo más boletines oficiales de escrutinio. No hay certezas de ningún tipo sobre lo que va a suceder. La vida de los fonsequeros transcurrió con normalidad; en apariencia no había sucedido nada extraordinario. Pero por debajo de la superficie, más allá de las apariencias, en las conversaciones de la gente se comentaba con indignación la práctica de compra de votos, se refería que la campaña de la administración había perdido miles de millones de pesos porque las elecciones deben anularse.

Pero, además, se habla en todas partes de la apertura de una puerta de esperanza para el futuro, más allá de los resultados electorales, independientemente del rumbo que tomen las cosas, lo más sobresaliente entonces es que se ha tejido un movimiento de esencia popular y de sentido social. El lunes el fenómeno implicaba un cambio cualitativo, de manera insistente las personas señalaban de manera contundente que el pueblo de Fonseca ha despertado para escribir su propia historia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Doble empate catastrófico en Venezuela

Jorge Forero

Por: Jorge Forero

Antonio Gramsci caracterizó como empate catastrófico a la situación de confrontación de bloques históricos en Alemania e Italia entre 1917 y 1922, cuya pugna por el poder político, concentró determinados intereses políticos-económicos, y expresó profundas diferencias ideológicas y programáticas.

El signo catastrófico de tales conflictos, viene dado porque esa pugna no resuelta entre bloques -entendida como crisis de hegemonía-, la cual tiende a prolongarse en el tiempo y deviene en prácticas destructivas de los propios cimientos del orden social: el poder estatal, el marco normativo, el proyecto de Estado, el tejido de la sociedad civil, e incluso el propio pacto social.

Este tipo de fenómenos suceden, porque los bloques en disputa se asumen como la negación de su rival y se concibe inadmisible su coexistencia, así como por la imposibilidad de resolución de los mismos, ya que las relaciones de fuerza no derivan en la imposición absoluta de alguno de los bloques sobre su oponente.

Venezuela en la actualidad enfrenta una situación de empate catastrófico, cuyas determinaciones histórico-sociales de rango estructural están relacionadas con una crisis orgánica no superada (en próximas entregas se profundizará al respecto), acentuada en esta coyuntura ante el déficit de liderazgo sobrevenido en crisis de hegemonía exacerbada, que se desencadenó ante el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013.

Las disputas producidas en el marco del empate catastrófico venezolano, han erosionado las dimensiones esenciales del Estado, y con ello, además de precipitar una crisis política e institucional de amplio espectro y gran escala (con alcances geopolíticos), ha sido un factor clave de la grave y severa depresión económica que enfrenta el país, en la medida en que no existe sinergia entre el poder estatal -que incluye el Estado profundo-, y el conjunto de la sociedad civil.

Por el contrario, las estrategias -maximalistas- de lo dos bloques históricos en pugna, se han centrado en la aniquilación de su contrario, para lo cual no han escatimado esfuerzos, y mucho menos han prevenido ante las repercusiones.

Tal circunstancia ha derivado en un conflicto de poderes públicos y en la fractura del tejido institucional, los cuales han alcanzado cotas insostenibles durante los últimos años. Violencia política, desconocimiento de poderes públicos, autoproclamación de un gobierno paralelo bajo la égida de intereses transnacionales, y presencia de tres (03) poderes legislativos (todos impugnados por la población); son los indicadores más escandalosos de la racionalidad política que rige las acciones estratégicas de los bloques en pugna.

Por supuesto, este empate catastrófico es objeto de un gran desgaste en la población venezolana. De acuerdo con diversos estudios de opinión, tanto el partido de gobierno como los factores fundamentalistas del antichavismo venezolano han perdido gran terreno en las preferencias políticas de la ciudadanía. Dichos estudios, registran que la mayor proporción de la población no se identifica con ninguno de estos bloques, de hecho, gran parte de los militantes y los cuadros medios de esos bloques, no comulga con las tendencias fundamentalistas.

Este desgaste ha redundado en la fractura de los bloques. En el caso de la alianza en torno al antichavismo, han surgido profundas divisiones estratégicas y programáticas, vinculadas especialmente al método de lucha por el poder, y al tipo de relación que se debe establecer con intereses exógenos. Mientras que en el chavismo, un conjunto de partidos políticos y movimientos sociales se han deslindado del gobierno de Nicolás Maduro y se postulan como una alternativa política y electoral desde el espectro de la izquierda revolucionaria.

La ruptura de la polarización en torno a nomenclaturas burocráticas y corporativas es un signo positivo para la democracia venezolana, porque representa una oportunidad para superar la intransigencia política y para tejer canales de diálogo en la búsqueda por una salida política a la crisis.

No obstante, no es una tarea sencilla desbordar y superar el escenario de polarización política construido en Venezuela durante las últimas décadas. Los bloques en pugna, además de dominar el poder político y económico en el país, se han alineado con intereses geopolíticos de potencias extranjeras.

Esta particularidad del conflicto venezolano, condiciona de manera drástica las posibilidades de su superación. En el campo estratégico, la disputa no es entre las sectas que se disputan el control y usufructo del poder estatal de Venezuela, ya que la transnacionalización del conflicto ha derivado en que las mismas funcionen como peones de los intereses geopolíticos (por una parte de los Estados Unidos, y por otra de la alianza China-Rusia).

Cabe subrayar, que esto sucede en un contexto de profundas turbulencias en el sistema-mundo (con una crisis de hegemonía global incluida), mediadas por disputas geopolíticas de amplio espectro (sin desenlace previsto en el corto plazo), dados precisamente entre los factores geopolíticos que intervienen de manera explícita en el conflicto venezolano.

Por tanto, Venezuela está expuesta a un doble empate catastrófico. El primero, propiciado por los factores políticos que han pugnado por el poder durante las últimas décadas, el cual experimenta un gran desgaste, pero tiende a ser exacerbado por el segundo.

Entonces las determinaciones del conflicto venezolano tienen una escala geopolítica. Y la realidad muestra que Washington y el eje Pekín- Moscú no están muy interesados en que la crisis venezolana encuentre una salida.

Es el pueblo venezolano entonces el que debe desbordar los empates catastróficos. En primer lugar, para evitar un derramamiento de sangre, especialmente trágico porque el mismo favorecería los intereses sectarios de los bloques dominantes. En segundo lugar, para defender la república, el Estado de Derecho y el tejido institucional, y con ello la seguridad de los derechos de la población. En tercer lugar, para que sobre la base de un acuerdo político nacional, sea factible la mayor sinergia en torno a la necesidad de detener y superar la devastación económica que ha sufrido el país en los últimos años.

La izquierda revolucionaria tiene el deber histórico de actuar con sentido estratégico, sobre la base de las premisas esbozadas para desbordar los empates catastróficos que azotan al país, para constituirse como una opción para el pueblo venezolano, para que este punto de bifurcación (inherente a todo empate catastrófico según el ex- vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera) permita el rescate de las banderas originarias de la revolución bolivariana: la democracia participativa y la justicia social.

Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/a294294.html

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El problema de los salarios en Venezuela

Jorge Forero

Por: Jorge Forero

Venezuela experimenta una crisis económica con profundas y muy complejas repercusiones sociales, cuyas expresiones más notables son: depresión de la producción nacional, la cual registró una reducción del 52,3% entre 2013 y 2018 según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV)[1]; caída de las tasas de inversión productiva; la contracción del comercio exterior (con un descenso vertiginoso de los ingresos por exportaciones) y las distorsiones del mercado nacional; inestabilidad sistémica dada por severos y muy lesivos fenómenos de megadevaluación e hiperinflación; tendencia hacia la destrucción de fuerzas productivas, que implica una descapitalización neta de su capacidad agroindustrial instalada, así como la pauperización de la fuerza de trabajo como factor de reproducción de valor.

Por supuesto, los elementos esbozados, afectan y socavan de manera estructural a la formación económico-social venezolana como totalidad orgánica: tanto en los referidos indicadores macroeconómicos, y en su situación financiera de ahorro, liquidez y crédito; como en  sus potencialidades de crear valor a través de sus fuerzas productivas y sus capacidades de infraestructura-transporte para la producción y distribución de bienes y servicios.

Sin embargo, la crisis presenta expresiones especialmente dramáticas para la clase trabajadora (la proporción mayoritaria de la población), la cual enfrenta un proceso de precarización sistemática de sus medios y condiciones de vida, ante la caída estrepitosa del valor real de sus salarios[2] y la pérdida de derechos laborales (de beneficios previstos en contratos colectivos, prestaciones y seguridad social, entre otros), con lo cual, se ha condenado a la pobreza a la mayoría de la población venezolana, expuesta en los últimos años a un retroceso significativo en sus posibilidades de satisfacción de necesidades fundamentales.

Para dar cuenta de la abrupta caída de los salarios en Venezuela, basta con señalar que de acuerdo con la cotización oficial de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, para el 5 de agosto de 2020 el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos, una cifra impresentable para un gobierno que se autodenomina socialista y obrero.

En primer término, porque esto significa una involución significativa respecto a las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2012), cuyo valor salarial aumentó desde los 149 hasta los 251 dólares americanos; en segundo término porque incluso resultan vergonzosos al compararlos con los salarios mínimos legales decretados en el marco de  gobiernos neoliberales de finales del siglo XX. por ejemplo el segundo gobierno de Rafael Caldera (1993-1998), transitó desde los 104 hasta los 149 dólares entre 1993 y 1998; y en tercer término, porque la oferta electoral fundamental de Nicolás Maduro para la campaña electoral de 2018 (momento en que se registraba un salario de 6,78 dólares americanos), fue precisamente la recuperación económica, y con ello, el aumento de los salarios (cifras del Banco Mundial).

Más aún, si se estiman dos variables que permiten apreciar la lógica distributiva de la política económica: por una parte, el porcentaje del salario mínimo legal en relación con el PIB per cápita nacional, el cual según datos del precitado Banco Mundial, presentó un descenso desde el 30,6% en 2012, hasta el 2,8% en 2018; y por otra parte, la relación dada entre los salarios y el pago de deuda, que en el caso venezolano ha adquirido proporciones escandalosas, con pagos por concepto de servicio de deuda y amortización de intereses superiores a los 70.000 millones de dólares americanos entre 2013 y 2017[3], justamente en el periodo de pauperización de los salarios reales de la clase trabajadora venezolana.

Ante esta realidad de devastación económica nacional y de precarización sistemática de los medios y las condiciones de vida de la clase trabajadora venezolana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha responsabilizado de tan dramáticos estragos, en un primer momento, a una guerra económica en contra de la economía nacional, y en un segundo momento, a las medidas coercitivas unilaterales (entre las que sobresalen sanciones económicas y financieras) impuestas por el gobierno estadounidense, las cuales se han acentuado en los últimos años, hasta el punto de golpear a la industria petrolera nacional, la fuente fundamental de ingresos del país.

Ciertamente, es innegable que dichas sanciones lesionan de manera grave a las potencialidades de producción de bienes y servicios, y especialmente a las posibilidades de recuperación económica de la nación. En gran medida, porque además de proscribir agencias económicas fundamentales del poder estatal venezolano (como PDVSA y el BCV), y de restringir severamente la inversión internacional e incluso las transacciones de comercio exterior, ha escalado hasta la confiscación, usufructo y saqueo de recursos y activos (propiedad de todos los venezolanos) localizados en el exterior[4].

No obstante, es desleal la posición del gobierno venezolano, reducida a victimizarse y evadir responsabilidades ante la depresión económica más extensa de la historia republicana, sobre todo porque en los hechos, y en muchas ocasiones incluso en el discurso, el gobierno luce impotente e indolente ante la crisis (con un apagón de publicación de estadísticas oficiales de por medio), y primordialmente ante la superexplotación que supone tener el salario más bajo del mundo, con  terribles consecuencias para la población, tales como la caída de la demanda de bienes y servicios, el aumento de la informalidad y la pobreza (por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas y la pobreza extrema), el retorno de enfermedades “superadas” y la tortura que significa padecer enfermedades crónicas o terminales;  el avance de la malnutrición infantil y la deserción escolar; y la tragedia sicológica-social-emocional que ha representado el éxodo migratorio por motivos económicos para las familias venezolanas, el cual según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), superó los 4 millones de migrantes venezolanos entre 2015 y 2019.

De acuerdo con la tesis del gobierno, para que se produzca un cambio de la situación económica nacional, es preciso esperar que cese la denominada guerra económica, que el gobierno estadounidense desista de sus sanciones económicas contra el país, que la burguesía nacional-transnacional se sensibilice, y por arte de magia, permita la construcción del socialismo bolivariano y la felicidad social bajo el liderazgo y amparo protector del gobierno (sic.).

En esa misma corriente, se inscriben pronunciamientos de altos voceros del gobierno como el ministro de Trabajo, y de algunos defensores de la política económica, tales como el diputado constituyente Jesús Faría y dirigentes de sindicatos alineados con el gobierno, los cuales postulan que es idealista pedir salarios dignos para los trabajadores venezolanos (a propósito de un debate de este último con Pasqualina Curcio divulgado ampliamente), porque las sanciones y la guerra económica hacen que esa demanda sea imposible e insostenible.

Al respecto, debemos decir que esas medidas de dignificación de los salarios resultan inviables únicamente en las condiciones actuales de la economía política venezolana[5], es decir en las condiciones actuales de sus procesos metabólicos de acumulación-distribución y de sus lógicas de reproducción ampliada de capital, en las cuales se privilegia el mundo del capital por sobre el mundo del trabajo, en favor de intereses corporativos de la heterogénea burguesía nacional, y de facciones del capital transnacional integradas a los referidos procesos de acumulación de capital en Venezuela.

Precisamente esa economía política asumida religiosamente por el gobierno de Nicolás Maduro, es la que determina que la riqueza producida socialmente por los trabajadores del país (por más mermada que esté), sea consignada para cancelar una deuda ilegítima mientras se sacrifica la salud, la educación y la alimentación del pueblo; para que se haya producido una fuga de capitales astronómica al amparo de un régimen de complicidad e impunidad, o en el mejor de los casos, de silencio oficial; para que se hayan realizado reformas tributarias que profundizan el carácter antiobrero y antipopular del sistema de recaudación de impuestos nacional (con exenciones obscenas para los grandes capitales que ya no necesitan recurrir a la elusión o evasión porque prácticamente les han liberado de responsabilidad fiscales[6], mientras se imponen tributos regresivos como el I.V.A., y el pago de impuestos sobre la renta a la pauperizada clase asalariada[7]); y no menos grave, para que se proscriba y se criminalice la lucha sindical en Venezuela, con situaciones de persecución política, represión y judicialización penal de líderes de las causas de los trabajadores y trabajadoras.

Por tanto, aunque resulte cierto que la realidad económica del país es compleja y no hay condiciones para instaurar un régimen de salarios equiparable a los que se asignaron durante los gobiernos de Hugo Chávez, no es un disparate  exigir que esa situación cambie. La plataforma LUCHAS defiende un programa auténticamente socialista, pero es un hecho matemáticamente comprobable, que con un conjunto de reformas no maximalistas (sino más bien de signo liberal- socialdemócrata), es totalmente factible cambiar la economía política descrita. Para empezar sería necesaria una reforma fiscal, que permita la creación de un sistema tributario equiparable a los existentes en cualquier país latinoamericano (Britto García y Curcio dejan explícita esa realidad), con el cual se contaría con la base material para la recuperación económica a través de planes de inversión y de crédito con fines productivos, y sería sostenible mejorar significativamente los salarios de la clase trabajadora venezolana.

Otras medidas medulares un poco más avanzadas para recuperar la economía de Venezuela, están relacionadas con la suspensión indefinida de pagos, auditoria y renogociación de la deuda nacional (en los casos de que se compruebe la legitimidad de la misma); un estudio riguroso de las elusiones y evasiones de impuestos de los grandes capitales durante la última década para exigir la compensación correspondiente y si fuera el caso realizar las extinciones de dominio que ameriten  las personas jurídicas que se nieguen a sufragar sus compromisos con el fisco nacional; la identificación de capitales fugados hacia la banca internacional para presionar su repatriación, y en caso de no producirse la misma, para llevar a cabo las confiscaciones de activos en la jurisdicción nacional que resulten pertinentes; y por último una campaña internacional para exigir el retorno y las indemnizaciones que sean necesarias para la hacienda nacional, de los recursos y activos expropiados en el marco de la crisis política nacional dada por la autoproclamación de un gobierno títere de los intereses estadounidenses, que ha actuado como un medio para el saqueo de la riqueza nacional.

Por supuesto, para que estas medidas sean viables, se requiere de un golpe de timón en la economía política del gobierno, algo absolutamente improbable en la gestión de Nicolás Maduro, a la luz de las evidencias.

Vale señalar, tampoco son suficientes las medidas monetaristas que propone Pasqualina Curcio, pues está demostrado en el caso venezolano, que la mera emisión de dinero es impotente para la elevación de la relación oferta y demanda, porque en la sociedad capitalista (que es en la que vivimos) la producción agroindustrial -la producción de valor- no responde a estímulos inorgánicos como la mano invisible del mercado, sino a las tasas de inversión y de ganancia respectivamente.

Tampoco son ciertas las tesis neoliberales, como las formuladas por sectores de derecha política, e incluso por el informe Encovi de la UCAB (publicada el 7 de julio de 2020), el cual plantea que la salida a la crisis económica venezolana está determinada por un cambio de gobierno, porque tal hecho significaría nuevas condiciones de confianza para la inversión nacional e internacional en el país. Afirmación divorciada de la realidad económica global, signada por una caída tendencial de las tasas de inversión y de ganancia (fenómeno previsto por Marx hace más de 150 años). No es un dato menor, que la inversión productiva y las tasas de beneficio han experimentado descensos notables, incluso en las economías centrales del sistema, entre las que por supuesto se destaca la estadounidense (muy a pesar de las presiones de la administración Trump para sus propias burguesías, a través del fallido American First).

En definitiva, la recuperación económica de Venezuela y la dignificación progresiva de los salarios de la clase trabajadora venezolana, tienden a resultar factibles incluso en las condiciones actuales de devastación económica. No es con magia, con alquimia o con manos invisibles, sino con ciencia y trabajo vivo del pueblo venezolano como se pueden dar los primeros pasos para superar los estragos de esta devastadora depresión económica.

Por supuesto, un acuerdo político nacional facilitaría las cosas. Porque la crisis institucional, dada por la yuxtaposición de una forma de gobernar a través de un Estado de excepción permanente por parte de Nicolás Maduro, con amenazas y agresiones internacionales al pueblo venezolano amparadas en un gobierno autoproclamado y sin poder real en territorio venezolano, es un obstáculo inmenso para la economía del país. Pero también es importante señalar, que si ese acuerdo se reduce a las cúpulas que se han disputado el país durante las últimas décadas, puede ser probable retomar la senda del crecimiento, pero es una quimera aspirar un régimen de democracia auténtica y justicia social.

Ante ese escenario, la plataforma LUCHAS se suma a los llamados y exhortaciones de otras organizaciones de izquierda revolucionaria, y de otros factores de la política nacional que están promoviendo un diálogo amplio y democrático para la búsqueda de un Acuerdo Nacional para la recuperación económica del país, donde los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela (como factor esencial de los procesos de producción de valor y como proporción mayoritaria de la población) debemos participar y ser protagonistas, tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En nuestro caso, entendemos que el problema de los salarios en Venezuela, es esencial para la definición del tipo de sociedad por la cual luchamos, por tal motivo, fieles a nuestros principios y convicciones, seguiremos  en la defensa irreductible del mundo del trabajo, frente a los intereses del mundo del capital.

Notas

[1]     Las cifras más actualizadas en torno a este indicador, fueron divulgadas por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual este organismo multilateral estima una caída del 70% el PIB en Venezuela entre los años 2013-2019.

[2]     Para el 5 de agosto de 2020, de acuerdo con cifras oficiales cotización de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos.

[3]     Pago acompañado de una declaración de  cumplimiento de “todas las obligaciones”, y el compromiso de sufragar hasta el último centavo de la deuda” https://telesurtb.net/news/Presidente-de-Venezuela-Hemos-pagado-nuestra-deuda-externa-hasta-el-ultimo-centavo-20171102-0067.html

[4]     Casos paradigmáticos: CITGO, Monómeros de Venezuela y las reservas de oro literalmente robadas a la nación por parte del Reino Unido, los cuales pretenden legitimarse con un gobierno autoproclamado que actúa como un títere de Washington.

[5]     Cabe subrayar que muchos de los problemas esenciales de la economía política venezolana fueron heredados de la denominada Cuarta República y de la propia gestión de gobierno del Presidente Hugo Chávez, tales como la ausencia de un proceso de acumulación originaria; la carencia de una industrialización con un estilo tecnológico nacional, la exacerbada dependencia de la industria petrolera; el endeudamiento y la fuga de capitales; la evasión y la elusión tributaria; y una economía que no produce valor; por mencionar los más sobresalientes.  Sin embargo, estos se han exacerbado hasta niveles insostenibles durante los últimos ochos años.

[6]     Y además los intereses nacionales están supeditados a los designios de jurisdicciones extranjeras.

[7]     Ver: “Quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos en Venezuela” de Luis Britto García. En: https://m.aporrea.org/ddhh/a13450.html

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19 de abril de 1810: breve reseña de la declaración de la independencia venezolana desde una lectura dialéctica

Jorge Forero

Por: Jorge Forero*

El 19 de Abril de 1810 se materializa un hecho de gran trascendencia para la historia política de todo el hemisferio. Se produce una ruptura de la subordinación de la Capitanía General de Venezuela con la monarquía española, y además, se construyen los cimientos para la constitución de repúblicas en el denominado nuevo mundo.

De acuerdo con el intelectual venezolano Luis Britto García (2012), la del 19 de abril de 1810 es la primera rebelión que deriva “en un proceso independentista que dura hasta hoy. Sus postulados, el derecho a procurar la propia conservación y defensa, a erigir un sistema de gobierno que las garantice, la soberanía del pueblo, son conceptos relumbrantes y poderosos como relámpagos”, pues dichos conceptos irrumpen en un momento de reflujo de las ideas democráticas y republicanas en la propia Europa.

Este hito histórico de la independencia americana, se concretó en un escenario de crisis de la hegemonía ibérica sobre sus colonias en nuestro continente. Además, las tensiones entre imperios debilitó el control de la Corona española sobre las colonias. Desde finales del siglo XVIII, Francia, Inglaterra y Holanda conspiraron para arrebatar importantes dominios de España en el Caribe. Inglaterra llegó a controlar gran parte del comercio marítimo (legal e ilegal)  del mundo. Además en 1806 Francia invade España, y bloquea los puertos de Portugal, con lo cual se evidencia la pugna por dominar los recursos naturales, los mercados y la fuerza de trabajo el nuevo mundo.

En ese contexto, en una aparente “aldea insignificante”, como fue reseñada la ciudad de Caracas en documentos de la Corona española, se habían generado las condiciones intersubjetivas para producir la rebelión. Desde el punto de vista económico, porque los conflictos inter-imperiales obligaron a España a intensificar el saqueo colonial, mediante condiciones de intercambio leoninas y sobre la base de tributos insostenibles para la clase social emergente (los blancos criollos).

En segundo lugar, porque el comercio ilegal (el contrabando de mercancías), generaba ganancias astronómicas y el mismo tenía al puerto de La Guaria, como ancla principal en todo el continente, lo cual significa que la conspiración política de los criollos estaba relacionada con la conspiración económica y los intereses de esa clase social.

Desde el punto de vista político, porque en Caracas se desarrolló una excepcional generación de intelectuales miembros de las clases dominantes, pero con ideas de signo republicano, hombres formados en Europa bajo el espectro de las ideas de la ilustración. De igual manera, porque esas ideas muy asociadas a las consignas de la revolución francesa de libertad, igualdad y confraternidad, y a la rebelión de Haití, calaron en las aspiraciones de las clases oprimidas por la sociedad de castas que condenaba a la miseria y la humillación a cerca del 90% de la población.

En un contexto tan convulso, y bajo la influencia de la sociedad patriótica, la Caracas del 19 de abril de 1810 materializó una revolución política, determinada por la convergencia y yuxtaposición de: una crisis estructural de la sociedad colonial; la influencia de imperios metropolitanos en su afán de desplazar a España; los intereses económicos de una clase social ascendente y pre-revolucionaria para el momento; una vanguardia ideológica con claridad política y decisión firme para dirigir la rebelión; y unas clases oprimidas en ebullición ante el esclavismo y la exclusión inherente a la sociedad de castas.

El 19 de abril de 1810 un huracán subversivo se apoderó de las calles de Caracas, y asedió la sesión del Congreso, en la cual las ideas conservadoras del régimen colonial fueron aplastadas, tanto por los argumentos de los miembros de la sociedad patriótica, como por la avasallante presencia del pueblo en las afueras del recinto (según documentos de la época, esa acción revolucionaria e insurrecta de las clases oprimidas fue promovida y dirigida por Francisco de Miranda).

La consulta (a manera de referendo) de Vicente de Emparan al pueblo de Caracas, tan mencionada en las crónicas, no fue más que un saludo a la bandera, pues ya estaba consumada la insurrección. Aunque el Congreso de Caracas presentaba profundas contradicciones internas en sus intereses y su visión de las decisiones a asumir, la crisis sistémica de la sociedad colonial, las ideas revolucionarias y la lucha de clases confluyeron para producir un hecho histórico extraordinario y sin antecedentes: la ruptura del dominio colonial mediante una revolución política en el nuevo mundo.

Sin embargo, las contradicciones internas de una sociedad tan compleja y atomizada, que además había soportado una carga histórica de opresión, derivaron en la agudización de los conflictos. De acuerdo con el historiador Juan Uslar Pietri (2014), con los hechos del 19 de abril de 1810, la sociedad patriótica -sin saberlo y sin desearlo- generó las condiciones para la rebelión popular de 1814 (que paradójicamente derrumbó a esa república), y para la acumulación de fuerzas y de experiencias en el campo popular revolucionario para la guerra de independencia venezolana, la más extensa y más cruenta del hemisferio.

Cabe subrayar que las relaciones de fuerza derivadas de ese proceso fueron dinámicas y complejas, los negros, zambos, mulatos e indios que siguieron a José Tomás Boves en la Rebelión Popular de 1814 (la denominada guerra contra los blancos), los cuales derrotaron a Bolívar en esa rebelión y produjeron el éxodo de Caracas, integraron posteriormente el ejército patriota que ganó la guerra de independencia bajo el liderazgo sublime y heroico del Libertador. La lección histórica: si las ideas y las acciones políticas no calan en el pueblo, no hay posibilidad de victoria.

En el tiempo histórico actual, los factores de poder hegemónico del sistema-mundo mantienen una pugna de gran escala y amplio espectro para controlar a Venezuela, sea desde posiciones fundamentalistas y supremacistas (que nos conciben como patio trasero), o desde lógicas que nos proyectan como área de influencia y factor clave de un conflicto geopolítico global. Defender la independencia de la república sigue siendo una premisa fundamental, tal y como sucedió hace más de 200 años, la lucha de clases y las tensiones por el dominio en el orden mundial, subyacen y desbordan las tensiones de la lucha por esa independencia.

*Investigador del Centro Internacional Miranda

El Autor escribe para OVE

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Reflexionesen torno al “nuevo plan de transición” de los EE.UU., para Venezuela

Jorge Forero

Por: Jorge Forero*

El martes 31 de marzo de 2020, el gobierno estadounidense anunció el lanzamiento de “un nuevo plan para la transición a la democracia en Venezuela y la retirada de las sanciones económicas, a través de un gobierno de transición, que incluya representantes del actual presidente Nicolás Maduro, y del líder opositor (sic.) Juan Guaidó, así como la celebración de “elecciones libres y justas” (Agencia: DW).

 Este hecho marca un nuevo hito en la orientación estratégica -pública de la política exterior de Washington hacia Venezuela, la cual ha experimentado una escalada de hostilidades (que incluyen amenazas de intervención militar) y sanciones económicas que han acentuado la grave y severa depresión económica que ha azotado a Venezuela durante los últimos 5 años.

 A continuación se exponen algunas reflexiones e inferencias que surgen a partir de este anuncio, en particular, sobre la coyuntura global, y sobre las determinaciones geopolíticas y económicas, así como las implicaciones y  las perspectivas que se vislumbran:

 1. El anuncio del “nuevo plan” se produce en el marco de una conmoción sistémica, desencadenada por las repercusiones económicas del COVID-19. Cabe subrayar que organismos del sistema financiero como el FMI han declarado oficialmente una nueva recesión económica global.

Históricamente las turbulencias de gran escala, como la actual, derivan en procesos de recomposición de las fuerzas en el sistema-mundo. Tal circunstancia tiende a propiciar cambios en las dinámicas de los sistemas de relaciones internacionales, en la medida en que los tiempos de la geopolítica se aceleran.

Dicho de otra manera, en tiempos convulsos, es preciso asegurar posiciones, aunque eso represente retrocesos o pérdidas parciales, y Venezuela sigue siendo un factor medular en los equilibrios geopolíticos de la región y del mundo.

2. Precisamente en ese marco, fue del conocimiento público la conversación telefónica entre los presidentes de los EE.UU., y de la Federación Rusa (dos agentes de los intereses del gran capital concentrado en sus respectivos centros imperialistas), la cual se centró en la búsqueda de acuerdos para la estabilidad del mercado energético global, variable muy sensible para los procesos de acumulación de capital en los dos países. A pesar del colapso de la industria petrolera venezolana, las reservas del país resultan cruciales en un escenario de lucha por la hegemonía sobre el sistema-mundo.

3. A pesar de la aparente esquizofrenia de la política exterior de los EE.UU., (el 26 de marzo emite una orden de captura con recompensa incluida en contra del presidente y de altos funcionarios del gobierno de Venezuela con cargos por narcoterrorismo, y el 31 de marzo ejecuta un viraje drástico en su narrativa, a través de la cual, además de reconocer tácitamente a dicho gobierno y proponer una salida política negociada, rompe con su intransigencia fundamentalista), esta práctica discursiva caótica forma parte de una doctrina de política exterior de ese país, la denominada “Teoría del Loco” de Henry Kissinger (asesor presidencial en la década de los setenta cuando se instauró y nuevamente en la actualidad), cuya premisa es confundir y desconcertar a sus oponentes mediante movimientos que se perciben como contradictorios, pero que en los hechos apuntan hacia objetivos concretos. Por tanto, es factible que surjan “nuevos planes” y nuevas acciones en el corto plazo.

Es oportuno reseñar otro hecho aparentemente caótico e indescifrable, que sucedió unos días antes de la judicialización extraterritorial de las autoridades venezolanas por parte del Departamento de Justicia de los EE.UU., cuando se produjo la detención de un arsenal de guerra en la frontera colombo-venezolana, ante lo cual el General retirado de la FANB de Venezuela Clíver Alcalá asumió la responsabilidad de ese movimiento, a la vez que emitió unas declaraciones que comprometen al diputado Juan Guaidó, así como a otros actores venezolanos y colombianos vinculados con los sectores más conservadores del establecimiento norteamericano. Para ponerle un broche de oro a la ezquizofrenia, el General Alcalá fue extraditado a los Estados Unidos por parte del gobierno de Colombia, y se despidió de Colombia sin esposas y entre abrazos fraternales de sus vigilantes.

4. El “nuevo plan” estadounidense fue anunciado hace unos días -con algunas variaciones- por el diputado y presidente autoproclamado como interino. Lo que ratifica el signo subordinado (por usar una palabra decorosa) de ese actor político a los designios de Washington.

 5. Aunque es evidente el interés de imponer un tutelaje sobre la política venezolana, así como el carácter inconstitucional del “nuevo plan”, en razón de que vulnera principios constitucionales esenciales de la República Bolivariana de Venezuela y expresa la naturaleza intervencionista del imperialismo estadounidense (por ende era apenas lógico que el gobierno venezolano se pronunciara en rechazo a ese plan), así como principios del derecho internacional; podría calificarse como positivo que el gobierno de los EE.UU., valore opciones de negociación política, y trascienda las actitudes absurdas que no redundan en superar sino en intensificar la crisis.

 No obstante, bajo la lógica de la Teoría del Loco que se está implementando desde Washington, no sería descabellado pensar en que esta acción tenga la finalidad de distraer y que más bien se esté preparando  una escalada de hostilidades belicistas.

 6. Una agresión belicista estadounidense contra Venezuela en un momento como el actual, tendría consecuencias terribles sobre el país. Es necesario subrayar que una intervención militar quirúrgica, tal cual como la solicitan algunos sectores, además de daños colaterales directos, generaría un escenario de conflictividad y de violencia cruenta en el país, que acentuaría las dificultades dadas por la crisis económica. Si el interés es promover la democracia, la estabilidad política y la recuperación económica del país, la guerra no es una solución.

 7. Como es tradición en la política exterior estadounidense, el “nuevo plan” en los hechos es un pacto de élites políticas, vale preguntar con franqueza: ¿hasta qué punto realmente el pueblo venezolano se siente representado por estos sectores? ¿O en la práctica se trata de la promoción de un nuevo Pacto de Punto Fijo?, bajo el espectro de intereses geopolíticos muy concretos, por un lado los anglosajones y por otro lado los del eje China-Rusia. Tal circunstancia expresa el carácter antidemocrático y conservador del denominado “nuevo plan”.

 8. Este hito en la narrativa estadounidense hacia la crisis venezolana debe concebirse como una oportunidad para avanzar en el diálogo político de los todos los sectores nacionales -ítem que ha sido valorado positivamente por el pueblo en diversos estudios de opinión-, tanto de los que ostentan de representación ante el poder público (gobierno y oposición supeditada a Washington, sectores liberales y disidentes de esos dos bloques), y de los sectores oligárquicos que tienen posiciones clave en el entramado económico (los cuales ya fueron invitados a definir la política estratégica de la nación en el marco de la coyuntura del COVID-19), como de los sectores sociales de la clase trabajadora del país que son invisibilizados por los medios de comunicación corporativos al Estado o al gran capital (tales como los partidos políticos que mantienen posiciones clasistas, movimientos sociales, sectores como el campesinado, entre otros).

Ese diálogo no debe reducirse a un cónclave para repartirse cuotas en el poder público del Estado (y con ello, el control de las rentas y la influencia sobre los procesos de acumulación de capital), sino que primordialmente debe orientarse a la búsqueda de un programa de recuperación económica viable, con criterios de rigurosidad científica, y por ende, ajeno a la discursiva demagoga que domina a la clase política venezolana.

El devenir histórico de Venezuela lo debe definir su pueblo, los pactos de élites, los caudillismos, los delirios de grandeza y los sectarismos entre facciones de la burguesía nacional y transnacional tienen una carga histórica de desastres económicos, sociales y políticos para el país.

*Investigador del Centro Internacional Miranda

Fuente: El autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

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