¿Será necesaria una Superintendencia de Educación?

Por: Leonardo Fabio Martínez Pérez.

En el Congreso de la República cursa el Proyecto de Ley 077 de 2019 que propone la creación de una Superintendencia de Educación y Control sobre el Sistema de Educación Colombiano, promovida con el argumento de garantizar la calidad de la educación y el uso adecuado de los recursos en todos sus niveles.

Este proyecto ya había sido propuesto ante el Congreso en el año 2014 bajo el nombre de Ley 1740, a raíz de los malos manejos presentados en la Universidad San Martín. La propuesta buscaba poner en consideración la creación de una superintendencia que velara por la calidad de la educación en todos sus niveles y en las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, como en la propuesta actual. No obstante, el proyecto fue retirado por la Corte Constitucional por considerarse inexequible bajo la sentencia C-031 de 2017, argumentando que no cumplía con la capacidad de mejorar la calidad del servicio público de la educación superior.

Esta propuesta fue revivida puntualizando nuevos aspectos para la inspección, control y vigilancia del sistema educativo a nivel nacional. El objetivo que describe el documento se refiere a la mejora de la calidad de la educación de manera eficiente y eficaz, sin descuidar la cobertura y conservando, en el caso de la educación superior, la autonomía universitaria. Sin embargo, en el conjunto del articulado es posible evidenciar asuntos inquietantes y riesgosos para la educación superior, relacionados precisamente con dicha autonomía universitaria e incluso con los procesos investigativos gestados desde cada campo.

Las superintendencias tienen la facultad de hacer recomendaciones sobre los procesos e inversiones que deben realizarse al interior de las instituciones que vigilan, lo que puede afectar las decisiones y posturas que deben ser tomadas, so pena de la penalización y asignación de multas. Aunque el proyecto menciona en su artículo 7 la inspección, vigilancia y control de la educación superior, respetando y fortaleciendo la autonomía universitaria, ese mismo artículo menciona de manera abierta la inspección, vigilancia y control sobre la correcta destinación de los recursos en educación, lo que puede traducirse en múltiples interpretaciones. Si bien este puede estar relacionado con procesos transparentes y en derecho, también puede entenderse como la inversión en asuntos o cuestiones que se consideran relevantes de acuerdo con la agenda política de determinados sectores e intereses.

De igual forma sucede con el artículo 4, que hace alusión a la inspección y vigilancia de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolladas al interior de las instituciones de educación superior y en donde nuevamente la información puede ser objeto de múltiples comprensiones, poniendo en riesgo el desarrollo de las investigaciones y trabajos en campos particulares que no sean considerados pertinentes o de interés para determinados actores políticos.

Si bien es necesario realizar un control y seguimiento a la ejecución de los recursos públicos en educación para garantizar el cumplimiento de este derecho a toda la sociedad colombiana, ya existe la Contraloría que tiene como objeto dicha labor. También es perentorio garantizar que la inversión y ejecución de recursos en las instituciones de educación superior respondan a las necesidades, características y contextos particulares de cada universidad, por lo que considero de suma importancia repensar las estrategias para acompañar a las instituciones de educación superior en la mejora de la calidad educativa, más allá de una nueva superintendencia de inspección y vigilancia.

Fuente del artículo: https://www.elespectador.com/opinion/sera-necesaria-una-superintendencia-de-educacion-columna-888056

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Escenario incierto para la formación de maestros en nuevo Plan Nacional de Desarrollo

Por: Leonardo Fabio Martínez.

 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ha jugado un papel relevante en el análisis de políticas y normas colombianas en materia educativa. Especialmente ha realizado estudios y recomendaciones al Ministerio de Educación para generar políticas de Estado que permitan el mejoramiento de la formación de maestros y educadores en Colombia y que incentiven la producción de conocimiento para la solución de problemas estructurales del sector.

Claro ejemplo de esta labor se expresó en las discusiones que lideró la institución en el 2017 que junto a las facultades de Educación alertaron sobre los riesgos de la implementación del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo del segundo periodo de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que obligó a todos los programas de licenciatura del país a tramitar y obtener su acreditación de alta calidad en un plazo perentorio de 32 meses, contados desde la expedición de dicha ley, so pena de perder su registro calificado, tener que suspender inscripciones y cerrar su oferta.

La UPN, basada en un estudio llevado a cabo por expertos de la institución, argumentó que la obligatoriedad de la acreditación en programas de licenciatura terminaba ampliando la brecha entre las universidades presentes en las grandes urbes y las del contexto regional, ya que las exigencias planteadas no podían alcanzarse sin un plan estratégico que contemplara condiciones financieras y técnicas para aumentar el número de docentes de planta dedicados a la formación e investigación de las licenciaturas, fomentar la investigación y la divulgación de conocimiento, mejorar la infraestructura, asignar recursos concretos para la realización de planes de formación en lengua extranjera e implementar la práctica pedagógica progresivamente a lo largo de la carrera, de tal forma que los licenciados contaran con una formación de excelencia. Efectivamente la Ley 1753 de 2015 y las resoluciones 2041 del 2016 y 18583 del 2017 plasmaron iniciativas en favor de la calidad, desafortunadamente sin partidas presupuestales concretas y sin un plan de gobierno para su realización, lo cual terminó sobrecargando a las instituciones con más gastos y responsabilidades y en el escenario regional desencadenó un cierre inminente de oferta educativa para la formación de maestros.

La universidad continuó participando críticamente en distintos escenarios nacionales convocados por el actual Gobierno sobre el tema de la calidad educativa e insistió sobre la impertinencia de mantener la obligatoriedad de la acreditación para los programas de licenciatura. Además cuestionó enfáticamente la expedición apresurada y poco concertada del decreto 1280 del 2018 que pretendía reglamentar aspectos centrales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en materia de registros calificados y acreditación; afortunadamente consideramos que, en parte, los planteamientos hechos fueron tenidos en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República, el cual deja sin efectos la obligatoriedad de acreditación de alta calidad para las licenciaturas. Sin embargo, no versa sobre aportes esenciales que hicimos en mesas de trabajo llevadas a cabo con el MEN a propósito de rescatar, revitalizar y poner en marcha del Sistema Nacional de Formación de Maestros que articule todas las facultades de Educación del país que trabajan en la formación de licenciados, extienda y fortalezca vínculos con las Escuelas Normales y plantee estrategias sustentadas financieramente para la cualificación permanente del profesorado que dignifique la profesión docente, acompañada del debido reconocimiento social y la mejora sustantiva de sus condiciones laborales.

Sigue pendiente la deuda histórica con los maestros en materia de política gubernamental y educativa. Desde el inicio de la actual cartera del Ministerio de Educación hemos expuesto nuestras recomendaciones en sesiones de trabajo e incluso entregamos el estudio denominado  “Entre las exigencias de calidad y las condiciones de desigualdad: formación inicial de profesores en Colombia”, con el objetivo de contribuir con el direccionamiento político del sector educativo. Esta labor es concreta y da cuenta de nuestra responsabilidad consignada en la Ley 30 de 1992 de ser asesores del Estado en materia de formación docente.

Esperamos que la expedición del nuevo decreto que reemplaza el 1280 tenga en cuenta las recomendaciones que también hicimos de forma escrita y que se sintetizan en lograr articular —y sobre todo unificar— el lenguaje y los procedimientos tanto para el registro calificado como para los procesos de acreditación. Se entendería que los procesos siguen siendo paralelos e independientes con discursos semejantes, pero disímiles (v. gr. factores vs. condiciones de calidad). Sugerimos retomar el asunto de la articulación tanto en el número y denominación de condiciones/factores, formas de verificación y/o rubricas de evaluación para validar el cumplimiento en cada proceso. Así mismo se requiere una revisión cuidadosa de los aplicativos SACES y SACES-CNA, en cada caso, que resuelva vacíos existentes en los sistemas de información. Todo esto debe quedar claro y subsanado antes de la entrada en vigencia del nuevo decreto, de tal forma que se garantice el principio de coherencia entre los diferentes procedimientos del sistema de aseguramiento de la calidad.

Pese a los avances tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la actualización del decreto 1280, es necesario que se tome en serio el papel central de la formación de maestros y educadores para el país si se quiere favorecer una transformación social basada en la equidad y en el papel predominante que juega la educación.

Fuente del articulo: https://www.elespectador.com/opinion/escenario-incierto-para-la-formacion-de-maestros-en-nuevo-plan-nacional-de-desarrollo-columna-864717

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Limitar la cátedra, contrasentido de la educación

Por: Leonardo Fabio Martínez Pérez.

 

La movilización social en defensa de la educación pública, realizada por amplios sectores de la sociedad colombiana y especialmente protagonizada por los universitarios en el reciente paro estudiantil que duró más de 3 meses, no solo puso de presente la crisis de financiación que enfrentan las instituciones de educación superior públicas, sino también propuso en la agenda social el debate sobre la importancia y el papel de la educación en Colombia.

La educación volvió a estar en el centro de la opinión pública y el respaldo de los colombianos fue contundente al valorar que este proceso formativo es esencial para el desarrollo integral humano y que constituye la posibilidad de acceso a las ciencias, la cultura y los distintos campos del conocimiento humano, y a su vez la oportunidad de mejorar el bienestar de las personas.

Nuevamente surge un cuestionamiento frente al papel de la educación, ahora suscitado por el proyecto de ley 312 de 2019, radicado por un representante a la Cámara, mediante el cual se pretenden establecer prohibiciones al ejercicio de la docencia del profesorado colombiano. Como ha sido alertado por distintos sectores, este intento violaría lo previsto en el artículo 27 de nuestra Constitución Política que garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Sin embargo, más allá de esta implicación jurídica que, a todas luces, es altamente preocupante, el citado proyecto estaría en contravía de lo que significa, per se, la educación.

Analicemos detenidamente el proyecto de ley 312 para establecer un punto de vista consistente. El objetivo del proyecto consiste en instituir prohibiciones comportamentales a docentes y directivos de las instituciones educativas del territorio nacional con el fin de preservar el orden legal, los derechos fundamentales, los valores humanos y la ética. De aprobarse este proyecto, los docentes y directivos que actúan en la educación preescolar, básica y media no podrían “realizar proselitismo político dentro de los planteles educativos” o usar asignaturas no relacionadas con las ciencias sociales para incitar discusiones políticas. No es conveniente justificar un proyecto en la presunción de la violación de la ley por parte de los docentes y directivos pues, efectivamente, desde el punto de vista jurídico y ético, estos actores no deben realizar proselitismo político; a todas luces, el ejercicio docente implica una responsabilidad ética y un compromiso social con la formación integral de los educandos que se aleja en sí misma de influenciar al estudiantado para apoyar alguna perspectiva ideológica. Bajo el argumento legítimo de proteger el libre desarrollo de los niños y su derecho a la libertad de aprendizaje, equivocadamente se juzga que es imposible usar asignaturas distintas a las ciencias sociales para incitar discusiones políticas, estableciendo una censura académica al papel que tienen las distintas áreas del conocimiento en la formación política de los estudiantes.

Prohibir la reflexión académica desde de otras asignaturas como las ciencias de la naturaleza, las matemáticas, el lenguaje, entre otras, para no incitar discusiones políticas es un contrasentido para la educación misma, pues estas áreas del conocimiento también poseen un alto contenido formativo en materia política, como ha sido reportado por innumerables estudios.

Los maestros y educadores que nos dedicamos a la formación en ciencias de la naturaleza sabemos que el conocimiento científico y tecnológico tiene unos efectos sociales, económicos y políticos que se deben analizar rigurosamente para que nuestros estudiantes fundamenten su formación ciudadana de manera amplia y crítica, de tal manera que cuenten con las herramientas conceptuales y metodológicas para participar activamente en la vida social.

Por ejemplo, cuando estudiamos el tema de hidrocarburos, no solo debemos entender su disposición en la naturaleza, sus propiedades y estructuras químicas, sino también analizar su importancia social, los procesos de explotación y los usos sociales que, en su mayoría, están asociados a la generación de energía a partir de la mezcla de hidrocarburos más famosa que conocemos en el mundo y que denominamos petróleo; al estudiar este tema no solo debemos comprenderlo científicamente, sino considerar simultáneamente que esta mezcla de sustancias orgánicas representa el componente central de la matriz energética del mundo y que produce serias implicaciones ambientales en la generación de dióxido de carbono, una de las sustancias responsables del calentamiento global que afecta el clima en el planeta y que puede generar riesgo para la vida de las distintas especies que lo habitamos.

La educación es un proceso formativo que implica una dimensión política, pues éticamente un profesor debe preguntarse para qué y por qué educa. Así, cuando el profesor enseña un tema particular de su especialidad debe comprender que está comprometido con un ejercicio complejo que implica abarcar los múltiples factores implicados en dicho tema. La misión del maestro no debe reducirse a un ejercicio meramente técnico e instrumental en el sentido de transmitir unos contenidos sin sentido e importancia social; por lo contrario, la educación constituye la forma de entender realidades y forjar transformaciones sociales y culturales.

Como diría Paulo Freire: “Y no se diga que, si soy profesor de Biología, no puedo me extender en otras consideraciones, que debo apenas enseñar Biología, como si el fenómeno de lo vivo pudiera ser entendido por fuera de las tramas histórico-sociales, culturales y políticas. Como si la vida, la pura vida pudiera ser vivida de manera igual en todas sus dimensiones en los barrios populares, en los estrechos lugares donde vive mucha gente pobre o en una zona feliz de los ‘jardines’ de São Paulo. Si soy profesor de Biología, obviamente, debo enseñar Biología, pero al hacerlo no puedo desarticularla de aquella trama”.

Aprobar un proyecto altamente punitivo para los docentes y directivos que se atrevan a incitar discusiones políticas en sus clases, constituye un peligro para el ejercicio profesional del profesor y para la misma construcción de una cultura política democrática, que con responsabilidad ética debe propiciarse en las instituciones de educación básica primaria y media. Al contrario de esta pretensión, debemos fortalecer la formación política como baluarte de la educación.

Fuente del artículo: https://www.elespectador.com/opinion/limitar-la-catedra-contrasentido-de-la-educacion-columna-842537

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