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¿El estrato en la matricula cero, un factor de discriminación en las Universidades? Colombia

Las universidades públicas están desfinanciadas y según el SUE a 2021 la cifra se acerca a 15 billones, necesarios para lograr un equilibrio de mínimos, en las ahora 34 públicas con la llegada de la Universidad intercultural indígena ubicada en el sur y Unitropico ubicada en el oriente. La fórmula más general converge en reformar con urgencia los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1993.

       Se desfinanciaron no por corrupción, ni malos manejos, si no por la presión del estado durante dos décadas para incentivar el crecimiento real por encima de los recursos enviados. Las nuevas necesidades no fueron cubiertas por el estado ensanchando la brecha entre lo real y lo formal. El número de estudiantes, programas de pregrado ofertados, productividad pagada según decreto 1279 de 1993 y las demandas tecnológicas y de infraestructuras duplicaron las necesidades no satisfechas para cumplir con el derecho a la educación. El presupuesto enviado por el estado pasó de cubrir el 70% del ya reducido costo de un estudiante antes del año 2000 a ser inferior al 50% en 2021. Las plantas docentes quedaron rezagadas, las nóminas de docentes ocasionales las superan en número y actividades docentes y la investigación creció de manera exponencial.

      En 2021 el gobierno acogió la fórmula de matrícula cero, como mecanismo de distribución de recursos per-cápita, para más del 80% de estudiantes. Con la matrícula cero las universidades reciben menos del 10% de lo que cuesta el derecho a la educación de un estudiante, por lo que no se atacando la desfinanciación, ni fortaleciendo el sentido de lo público, aunque sea un logro importante de las movilizaciones de jóvenes en 2018, con acompañamiento de rectores, profesores y del interés del gobierno. Sin embargo, si le sumo a las universidades otra contradicción interna (que debilita su razón de ser), al tener que tratar con la identificación de sus estudiantes según el estrato, cuando es de común saber, que estratificar resulta contrario al sistema de derechos. Al estratificar se discrimina y, cuando un sector de jóvenes es tratado con distinción al asociarlos a su pertenencia y posición económica y no a su condición de jóvenes, se pasa la línea de la igualdad pudiendo provocar exclusión o segregar.

        El pacto de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, dispone que los estados parte, y Colombia lo es, garantizarán el ejercicio de cada uno de los derechos sin discriminación alguna y al determinar un pago según estrato, aunque sea para pocos, se crea una distinción que afecta el goce de este derecho en condiciones de igualdad a todos los jóvenes, cuyo único requisito de acceso a la universidad debe ser de méritos, otras fórmulas medidas en factores de ingresos, bienes, riqueza material, lamentablemente pueden ocurrir en universidades de interés privado, donde poco pueden importar igualmente la democracia participativa o el reconocimiento de diversidades.

        El estrato es una práctica en apariencia neutra, pero no lo es, en tanto a ciertos jóvenes por causas ajenas a su condición individual, se les aplica una limitante propia de la esfera privada de su familia, no de ellos, que son quienes actúan ante la institución como responsables de su destino, como lo señaló la ilustración siglos atrás. El trato según el estrato origina una posible discriminación directa para un aproximado del 20% o menos de los jóvenes de las universidades públicas, de los cuales cerca de la mitad no tienen aún cedula de identidad, y desde ya reciben un trato menos favorable que los demás de su misma situación y “condición esencial de jóvenes”. En las calles han estado defendiendo la educación pública hombres y mujeres jóvenes, brutalmente reprimidos sin importar el estrato.

       La matrícula cero pagada por el estado según estratos, señala un trato diferencial, que al poner límites a los jóvenes por su pertenencia a una clase social afecta la naturaleza de la universidad pública, llamada a ser ocupada por quienes tengan los méritos, no por clases, ni pertenencia a grupos, ni por quien pueda pagar una matrícula, que, en todo caso, solo cubre la décima parte de lo que cuesta la totalidad de beneficios que compromete la institución. Entrar en la esfera de los diferenciales prohibidos por el sistema de derechos, de los que hace parte la “posición económica, junto con otros tales como origen, raza, color, identidad sexual, religiosa, o política, desvirtúa el artículo 13 del pacto de derechos cuando dispone que “la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente y que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos”, ese todos, indica el derecho de acceso a los jóvenes, sin factores diferenciales de distinción, salvo méritos.

       Esa es la razón fundamental para reivindicar la defensa de la universidad pública con financiación total del estado, no parcial, ni con subsidios por demanda. La desfinanciación es de las instituciones, no de sus estamentos. Llamar a invertir lo que necesitan las universidades, para formar jóvenes y tener laboratorios de ciencia, bibliotecas, conectividad, docentes de alta calidad, siempre será mejor que invertir en batallones, armamentos y soldados, a quienes el estado cubre sin demora el 100% de lo que gastan. La matrícula cero es una estrategia compensatoria, que aunque útil, se separa del marco de los derechos, tampoco ataca la desfinanciación y en cambio pone en la agenda del debate la posible discriminación y vulneración a derechos, conforme a las letras de la Carta de las Naciones Unidas , la Declaración Universal de derechos humanos e inclusive del convenio 111 de la OIT.

       La matrícula cero en síntesis, es una apuesta del gobierno para entregar por demanda un aproximado 10% del presupuesto requerido por las universidades para sostener el equilibrio financiero y presupuestal. Los riesgos internos de déficit y faltantes adicionales cada año, al menor descuido pueden acelerar la privatización, si sus autoridades por desesperación ante el asedio de metas que cumplir caen en la trampa de conseguir recursos como sea o ahorrar hasta ahogarse. Salidas equivocas pueden conducir a degradar garantías y conquistas de docentes y trabajadores, imponer nuevas obligaciones, más tareas, reducir condiciones de tiempos de vinculación de ocasionales con afectaciones salariales y laborales, implementar la virtualidad como fin, no como medio, restar atención a políticas de inclusión y mitigación de la deserción, eliminar sistemas de becas y estímulos, empobrecer los campus y quizá dejar caer edificios icónicos o eliminar lo que parezca que “sobra” de estatutos y normas basadas en la autonomía y cumplir acríticamente los designios del capital.

       Está bien la matricula cero, aunque también adiciona un excesivo desgaste de gestión y tramite, pero la salida en defensa de la educación pública sigue siendo el justo reclamo por financiación total de las universidades y a los jóvenes darles tratamiento de jóvenes iguales, atenderlos con políticas de acceso, participación y bienestar, no como propietarios marcados por la casta, el linaje, el estrato.

P.D. La uptc recibió acreditación de alta calidad por 6 años más, un esfuerzo colectivo de quienes no han abandonado su compromiso ético para seguir siendo una universidad pública a toda prueba.

Fuente: https://rebelion.org/el-estrato-en-la-matricula-cero-un-factor-de-discriminacion-en-las-universidades/

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La protesta es un derecho que no debe prohibirse ni limitarse

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez

 

El 14 de noviembre del año de 1152 A.C, ocurrió una protesta civil reconocida como la primera huelga de la historia (ngenespañol.com; otras fuentes datan el año 1166), contra el reinado de Ramsés III. Sesenta artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los reyes y se movilizaron ante el faraón gritando que tenían hambre y sed, que no tenían vestidos, ni pescado, ni legumbres. En 1886 más de 350.000 trabajadores en las calles de Haymarket (Estados Unidos) convocados por la Federación del Trabajo denunciaron las jornadas de trabajo de 14 horas y reclamaron por salarios y bienestar. Allí por primera vez ocurrió un final con disturbios, luego que un “desconocido” arrojara una bomba matando un policía, lo que degeneró en una masacre con resultado de 38 obreros asesinados con las armas del estado, más un centenar lesionados y el ahorcamiento de varios dirigentes sindicales al año siguiente, según el dictamen de un cuestionado proceso judicial.

      En enero de 1905 obreros y campesinos unidos con la clase media rusa protestaron contra el imperio del Zar Nicolás II, hubo tomas de tierras y actos de desobediencia que terminaron con una marcha pacífica que derivo en el “domingo sangriento” provocado con las armas del estado, lo que apresuró la capitulación del Zar (semana.com, 2015). Del final del siglo XX se destacan las huelgas asociadas a líderes, Walesa en Polonia en 1980, le creo fisuras al gobierno comunista de entonces y lo llevó a la firma de un acuerdo para el reconocimiento de derechos consagrados en las convenciones de la OIT y; Lula Da Silva, con los obreros metalúrgicos reclamó por sueldos y garantías, fueron protestas duramente reprimidas con las armas del estado, pero la capacidad organizativa triunfó con la creación del partido de los trabajadores (PT) que en las urnas convirtió a Lula en presidente.

       La protesta es una facultad de la sociedad y la huelga un derecho de los trabajadores, ambos insertos en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en la que los ricos y poderosos se reservaron la propiedad y los excluidos del poder la rebelión, civil para demandar garantías y armada para acabar la tiranía. La huelga y la protesta social llegaron mezcladas en 1948 a la declaración universal de derechos humanos y cumplen la misión de indicar el grado de respeto y responsabilidad del estado con los derechos humanos, pero a la vez ponen en evidencia la fortaleza de las instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público contra sus ciudadanos (manifestación pacífica, civiles DDHH, 2014).

       Protesta y huelga son constitutivas de la libertad y están amparadas por estándares internacionales tales como que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la manifestación pacífica o que la protesta no requiere autorización previa por ser expresión de inconformidad, insatisfacción, indignidad o resistencia ante políticas o conductas de los poderes públicos que afectan derechos. Son prácticas de restricción indebidas por parte del estado la prohibición, imposición de obstáculos, exigencia de requisitos innecesarios, penalizar o enmarcar en delitos de terrorismo o desestabilización, como también expedir leyes para dificultarla, tipificarla como delito, interferirla, censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus participantes o presumir de antemano su carácter desfavorable o descalificarlas como actos de desorden público o justificar una respuesta violenta de los cuerpos de seguridad. Prohibirlas es ilegitimo e ilegal, incluso inmoral. Por eso es reiterativo pero necesario repetir mil veces, que los derechos son de los pueblos y la obligación de ofrecerles garantías, respetarlos y hacerlos respetar es del estado sin perder su neutralidad.

       En Colombia la protesta esta consignada en el art. 37 de la constitución, que la reconoce como un medio legitimo para la defensa, construcción y reivindicación de derechos. En ella se integran derechos de reunión, asociación, expresión y movilización y la huelga derechos laborales, a la vida, la dignidad y el bienestar. Protesta y huelga son parte de históricas conquistas sociales y aunque sean afectadas con disturbios ocasionados por “desconocidos” e intervenidas con «brutalidad aprendida”, son una herramienta de dialogo, un punto de llegada luego de haber agotado otras vías de solución.  En ningún disturbio esta permitida la fuerza utilizada en la guerra contra enemigos en combate y si ocurre debe ser juzgada a la luz de los derechos humanos y donde hay conflicto armado con las reglas del DIH, que implican la no prescripción de los delitos cometidos con las armas del estado.

       Para la OIT la huelga y la protesta son medios legítimos fundamentales de los que dispone la ciudadanía para promocionar y defender sus intereses económicos, sociales o culturales.  “La encuesta Global de la CSI 2013, reveló que más del 90% de los ciudadanos defiende los derechos y el 99% de los ciudadanos apoya el derecho a la huelga para defender mejores salarios, condiciones de trabajo y salud y seguridad” (ituc-csi.org) y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 suscrito y firmado sin reservas por Colombia el 29 de octubre de 1969, obliga al estado y al gobierno a respetar y hacer respetar los derechos allí consignados y lo conmina a establecer mecanismos para su protección y garantía y a no privar al pueblo de sus medios de subsistencia.

      Las ultimas protestas sociales y la del próximo 21 de octubre de 2020, reclaman del estado y del gobierno garantías para proteger y realizar los derechos humanos y en especial el derecho a vivir, a no ser asesinados, a un nivel de vida adecuado con alimento, vivienda, agua, salud, educación, empleo, seguridad, paz y dignidad y una mejora continua de las condiciones de existencia. Pretender reglamentar, condicionar, sujetar o “exterminarla” degenera el orden democrático. Las demandas –cada una en su contexto- son similares a las que enfrentó el Faraón Ramsés III, hace 1800 años y por lo que se conoce, sin ocurrir en democracia, la permitió sin censura ni uso de las armas de su reino para disolverla, ni de amenazas para disuadirla. Las huelgas y protestas son una ganancia común, son garantías de convivencia humana para vivir con derechos, están amparadas en la carta internacional de derechos humanos, la declaración universal de derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos y pretender prohibirlas o limitarlas, sería irracional, ilegal e ilegitimo.

P.D. Resulta “inconcebible” la incitación al odio e inequívoca afectación de la salud mental en época de pandemia, la aparición de grandes vallas en defensa de “Uribe Libre”, con letreros como: “No permitamos que el comunismo y la izquierda se tomen el estado”. Cada letra incita a otro rio de sangre…

Fuente: Rebelión

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Educación Superior, un deber del Estado

Los países que invierten en educación e investigación son mas ricos, tienen mayor bienestar, saben resolver problemas con menos odio y entender mejor el valor de la vida, no es por ser ricos que invierten màs en ese campo. La inversión en educación se pone a prueba en su capacidad de respuesta colectiva a las crisis y se valida la investigación medida por impactos respecto a asuntos vitales, como este de ahora de salud, higiene cuidado del cuerpo y equilibrio mental, en el marco de relaciones entre el yo-el otro- y el entorno. La recuperación laboral y social de la profunda crisis del 2008, que dejo 230 millones de trabajadores sin empleo y acrecentó las migraciones y destierros, fue superada mas rápidamente allí donde había mayores recursos del PIB en educación e investigación. De esta crisis la quedo a América latina la Declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior (Cartagena) que concluyó de manera ejemplar que: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado” (OEI.es). Como todo derecho, su reconocimiento de universalidad implica que las garantías de realización deben ser cubiertas por el estado con recursos de la nación. La educación como derecho, no como libertad, queda a cargo del estado, de tal manera que en este momento de crisis, el gobierno tiene todo a su favor para replantear su posición y de las enormes cifras económicas que se prevé movilizar en el contexto de la covid 19 (117 Billones, U. Javeriana), no resultaría oneroso destinar al menos un adicional no mayor del 20% al presupuesto asignado y cubrir las matriculas de los estudiantes del sistema universitario estatal.

En el presente inmediato la justificación es irrebatible: El impacto económico sobre los 22.5 millones de personas que reciben salarios muestra un alto impacto de retroceso del derecho al trabajo con todos sus contenidos. Hay cálculos que anuncian 8 millones de personas que quedarán sin trabajo, procedentes especialmente de los 10.5 millones de la clase trabajadora (48% de la fuerza laboral, antes de la pandemia) que recibe un salario mínimo y de los otros 9 millones de empleados que alcanzan ingresos de 2 millones de pesos (larepublica.co, dic 2019). Solo 3 millones de personas ganan mas de 2 millones al mes. Globalmente se esperan pérdidas económicas de entre $4,6 billones y $5.9 billones por mes, que representan entre 0,5% y 6,1% del PIB nacional y son los servicios, donde se destacan las actividades de alojamiento comida, inmobiliarios, administrativos, actividades profesionales y técnicas, construcción y comercio, los más afectados (Banco de la republica, mayo 2020). En estos sectores se originan los recursos para pagar la educación universitaria.

Las composición del presupuesto de las universidades publicas se divide entre un aproximado 50% de recursos de la nación y otro 50% que debe producir cada una, de esos entre el 10% y el 20% viene por matriculas, es decir, están desfinanciadas, como se indico ampliamente con las movilizaciones de 2018. La ventaja para el gobierno es que al asumir la educación como derecho puede de manera inmediata adicionar los presupuestos y mediante decreto anunciar la gratuidad. No resulta ajeno comparar que las demás instituciones publicas como Congreso, poder judicial, fuerzas militares, incluso educación básica y media o el SENA, aunque padezcan afectaciones por aplazamientos o recortes presupuestales, no están obligadas a producir para vender. Las instituciones publicas por su naturaleza dependen de los ingresos de la nación, los orientados a educación son inversión, no gasto.

Redireccionar recursos para el alivio social, decretando transitoriamente la gratuidad, como paso hacia la nacionalización definitiva de la educación superior en todos los niveles y modalidades, aparte de un gesto amable, es necesario, evitará un aumento de la desigualdad, hará justicia con las diferencias y brechas territoriales y evitará una deserción irreparable. La salida generosa de las entidades territoriales trasladando recursos podrá apoyar un lado y desfinanciar otro. América Latina tiene ejemplos de inversión en educación a seguir para el mediano plazo, Cuba invierte el 12,9% de su PIB, Costa Rica 7.4%, Bolivia 7%; otros como Dinamarca 8.7%, Islandia 7.6%, Ghana 8.1%, (BM), que permiten mostrar que no es riqueza o pobreza lo que define a la educación como derecho humano sostenible como inversión, si no que es el compromiso y voluntad política del gobierno y de estado. Lo que ocurre en esos países quizá se refleja en los resultados de la pandemia.

El bienestar general esta lastimado por desigualdades, inequidades, discriminaciones y violencias desbordadas e incontrolables, que convocan al gobierno a dar atención inmediata a ciertos sectores prioritarios y entre estos a la educación superior, ahora que tiene a su favor la declaratoria de la emergencia Económica, Social y Ecológica y recursos posibles que puede adicionar, en tanto su destino único y exclusivo será impedir una crisis de alto impacto social por deserción y abandono de las aulas y así conjurar en este sector la crisis desatada por la Covid -19.Es momento para que de los recursos anunciados de crédito por 1250 millones de dólares con el BM (actualidad.rt.com), 10.800 millones de dólares del FMI por línea de crédito flexible (imf.org), los aproximados 21 billones siguiendo el decreto 444 y otros, reinvierta con un adicional de menos del 20% de los 4.7 billones de 2020, suficientes para aplicar la gratuidad de la matricula universitaria. La educación es un derecho y un deber del estado, hay que protegerlo de la Covid19. Quizá resulte poco pedir cuando las violencias y desigualdades han dilapidado tantas vidas, sueños y rebeldía de sus jóvenes, es momento para reinvertir en el bienestar y esperanzas de sus universitarios y hacer que la vida sea su mayor riqueza universal.

Fuente: https://rebelion.org/educacion-superior-un-deber-del-estado/

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Medicinas invisibles que desnudan la lucha de clases contra el COVID-19

Por: Manuel Humberto Restrepo

En la formación científica del médico su aprendizaje sobre la ética y la verdad es fundamental. De ellas emana su reputación y prestigio, además reflejan la relación entre el pensamiento y saber del médico con la realidad y el contexto concreto de la sociedad a la que sirve. El médico se mueve al mismo tiempo en los dos procesos mas complejos biológica, social y culturalmente que son la vida y la muerte. A veces basta que el médico hable para que tristeza y abandono se conviertan en esperanza o ganas de luchar contra las embestidas del contagio, la desigualdad y la injusticia.

      La tradición de las culturas modernas (S. XVII) forjó la medicina basada en evidencias y diagnósticos, en tipos, patrones, conocimiento de fenómenos e interrelaciones complejas del método científico, organizadas y resumidas en una serie de normas y protocolos, que la distingue de los sistemas clásicos, aunque a veces corre el peligro de confundirse con una especie de moral. Es la que siguen los gobiernos y de la que se ocupan los medios, a la que entre precariedades acceden los pacientes de las capas medias de población, atendida también a medias igual que sus cuidadores, dado el déficit estructural de capacidades tecnológicas y de recursos económicos, ante la inexistencia de un sistema de salud pública, que existió pero fue transferido a inversionistas privados.

      El momento de pandemia exige agradecer a médicos, médicas y demás cuerpos de cuidado de la salud, por su defensa constante de la vida, sin siquiera herramientas adecuadas. Es la primera vez que todas las miradas se detienen en ellos, aunque siempre han estado ahí, defendiendo la vida del asedio de la muerte provocada por pestes, hombres y máquinas de guerra. Pero también la pandemia ha puesto al descubierto la existencia de múltiples medicinas iniciadas hace milenios, que llegan para juntarse, mezclarse, con el propósito de aliviar el sufrimiento. En la baja edad media, Hildegarda de Bingen, buscó en la música, la filosofía y la medicina basada en las plantas, la conexión entre el medio ambiente, el alma y el cuerpo y casi mil años después el Dr. Moscatti, el médico del amor y de los pobres llamaba a defender la verdad y evitar el sufrimiento de los débiles e invitaba a sus colegas a no sólo ocuparse del cuerpo, sino de las almas, con el consejo, y entrando en el espíritu, antes que con las frías prescripciones que hay que llevar al farmacéutico, de ellos hay huellas vigentes.

     Contra la pandemia batallan en silencio esas otras muchas medicinas, que se mezclan y se complementan, unas que buscan la ciencia moderna, otras que le permiten a la gente aferrarse a  la fe o la esperanza en lo popular, lo ancestral o lo divino tratando de evitar el mal u obtener la cura. Los pueblos de América son ricos en sincretismo a la hora de curar, sanar o reparar, fusionando religiones, mitos y tradiciones. Los relatos e historias son invaluables, como los de San Simón o Maximòn (Guatemala) el santo que bebe y fuma, junta lo maya y lo católico, recibe a curanderos y atrae por su calidad de curación o San Gregorio Hernández (Venezuela) el médico fantasma, al que se atribuye seguir salvando vidas. Chamanes, taitas, curanderos, replican el saber de las culturas precolombinas (Aztecas, Incas, Mayas, Muiscas) donde la medicina tenía carácter mágico y el médico era al mismo tiempo el Sacerdote o Jeque, que iniciaba su formación a los 10 años e incluía pasar de 4 a 6 años en un bohío con una comida al día, sin salir al sol, ni lavar su cuerpo (Zubiría R).

     La medicina para la clase social alta, de ricos y poderosos, no tiene mínimas carencias, la otra de la clase marginada y excluida, expuesta y empobrecida, carece de todo, las dos tienen en común que poco se conoce, no se sabe donde están ni cómo funcionan. Los pueblos indígenas en el mundo representan el 6% de la población y están en extrema pobreza (OIT) y decenas de millones están en el destierro y de 7300 millones de habitantes, la mitad está marginada. En Colombia son 102 pueblos y cerca de 2 millones de indígenas (presidencia.gov) acorraladas por el desprecio, sus lideres son perseguidos y asesinados en connivencias múltiples con el estado, olvidados y penetradas sus culturas. En la misma condición, una persona de cada cuatro que habita en las ciudades es pobre y entre la población rural es peor. Más ella de las cifras, la realidad expone a la peste a inmensas mayorías de población encerradas en cordones de miseria, tugurios, comunas, barriadas, nuevos Bronx, alcantarillas, barrios de invasión e incluso céntricas calles de informalidad convertidas en inquilinatos. Son mayorías invisibles, a las que no verán los medios ni alcanzará la medicina moderna, no cuentan en registros oficiales. ¿A quien acuden en la pandemia?, ¿al vecino, al viejo, a la receta o la formula extraída del saber popular de talismanes, cristales y colores que espantan lo malo o lo curan o al saber ancestral indígena, hechicero o sacerdotal o a aguas, rezos y yerbas?.

      La medicina moderna, desfinanciada, sin recursos para cuidar a los cuidadores, ni atender a los pacientes, esta atrapada socialmente, desahuciada económicamente y cuestionada culturalmente, como lo está también la sociedad toda a merced de la verdad que imponga el discursos hegemónico que se proclama equivalente de la misma realidad para descalificar lo demás como ceguera o mentira. No hay cabida para discutir razonamientos sobre nada inteligible, por reducción e imposibilidad de diálogo entre diferencias. La pandemia existe, parece aliada del autoritarismo, del clientelismo y de los sistemas de corrupción, le sirve de excusa a los fascistas, acallar, amordazar y cerrar las puertas a la agenda de la paz y su implementación, para que continúe la barbarie y se ahuyente a la débil democracia. A cambio ha desnudado las distorsiones de la sociedad injusta y desigual, basada en la explotación y dominación de clase que parecía ideal y exitosa. “Lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar, es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero también lo esencial, es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento” (E. Zuleta)

P.D. Bienvenidos los 46 nuevos médicos y medicas que graduó anticipadamente la UPTC y valga recordar que la primera mujer graduada de medica en la U.N en 1945, nació en Duitama Boyacá: Inés Ochoa Pérez.

Fuente: https://rebelion.org/medicinas-invisibles-que-desnudan-la-lucha-de-clases-contra-el-covid19/

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Colombia: ¿Los dueños del capital impondrán al presidente?

Por: Manuel Humberto Restrepo Dominguez

La crisis del capital de 2008 sacó al neoliberalismo de las pocas dificultades que todavía le causaba la política y ratificó su hegemonía para organizar la vida. Los “dueños” del mundo eliminaron su condición de victimarios y responsables de la desigualdad, desastres humanitarios y catástrofes provocadas al planeta y se presentaron como victimas, que rápidamente subordinaron la capacidad de la política poniéndola a sus pies y controlar las decisiones de estado y reducir la potencia de derechos humanos como el trabajo, al que le arrebataron mas de 60 millones de empleos en menos de un año (2008-2009). En las dos décadas siguientes hambruna, discriminación, racismo, destierro, exclusión y esclavitud provocadas por su obsesiva manera de acumular fueron convertidas en datos sin responsables. 70 millones de desterrados, otros 70 de esclavizados o 1000 millones de hambrientos se volvieron una cosa natural por la que nadie se ruboriza ni responde, ni los dueños del capital ni los gobernantes a su servicio, que por incumplir las tareas de estado son violadores de derechos.

2018 inicio con 8 ricos que tienen mas riqueza que 3700 millones de personas, a las que podrían evitar el hambre, el destierro, la enfermedad o el analfabetismo y continuar siendo ricos. El 82 por ciento de la riqueza mundial generada en 2017 fue a sus bolsillos mientras la mitad de la población no recibió nada (Oxfam, Forbes y Crédit Suisse Global Wealth). B. Gates, Amancio Ortega, Buffett, Slim, Jeff Bezzos, Zuckerberg, Ellison y Bloomberg son los mas visibles “dueños” que junto con otros pocos le permiten vivir o morir a millones de seres humanos que padecen las humillaciones y viven sin derechos. Este ilimitado poder desborda las cuadriculas que separan la vida en ciencias, disciplinas, formas de existir, es un poder holístico que sencillamente entiende a la política como una herramienta para mantener ese poder y acrecentar su capital. Los “dueños” pueden eliminar competidores, destituir gobernantes, promover golpes de estado o poner de presidente a quien les plazca aunque nunca hablen de candidatos o elecciones. Han convertido al estado en otro medio de producción de su riqueza, es su empresa principal con capacidad coactiva y represiva para obtener y transferirles recursos mediante negocios de todo orden y vinculo en todos los ministerios y entidades.

Al mirar Colombia, es reconocible que solo cuatro ricos concentran demasiado capital y poder (Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Ardila lulle, Gilinski) con capacidad para subordinar la política y decidir quien ha de gobernar. Controlan la subjetividad, el alimento, las movilidad, la manera de actuar. Son dueños de medios de información (T.V, prensa, radio), bancos, seguros, comunicaciones, gas, infraestructuras, finca raíz, vías, aviación, inmobiliarias, incursionan en la justicia, el deporte, el turismo, tienen holding, franquicias y consorcios. Por su mandato la propiedad privada es sagrada y la publica satanizada. Son autosuficientes para poner decisiones políticas a sus pies e intervenir la agenda del gobierno y la dinámica de las instituciones con reglas de mercado (también alimentado por mafias incrustadas en el estado). Los dueños han acelerado el paso de la política hacia el mercado, desvirtuando la esencia de la democracia basada en competidores que tratan de garantizar la realización de derechos y del bienestar colectivo, usurpada por otra forma (politiquería) tomada por competidores que tratan de obtener el poder para reforzar su poder y sustraer los bienes públicos para llevarlas a las cuentas privadas de los dueños y sus múltiples redes de beneficio privado.

El mercado estimula la creación de empresas electorales organizadas y dirigidas por clientelas triunfantes que hacen negocios (legales, ilegales o mixtos) comprando y vendiendo paquetes de electores (como si fueran acciones), no tienen programa político, no responden a principios éticos y su ideología es el capital. Hacer política (politiquería) es un objetivo de la empresa electoral, su negocio, nunca su virtud. De esta manera sin debate colectivo, sin coherencia ideológica y sin sentido de humanidad las empresas electorales (en lo local a la manera de franquicias y en lo global a la manera de Holding) producen a los candidatos que son elaborados como productos para ser vendidos y consumidos por mayorías que puestas en desigualdad, hambre y desesperanza, aceptan la recomendación de dejarse llevar por la corriente y tratar de sacar algún provecho propio. Muchos de estos productos ni siquiera cumplen los mínimos de calidad, la cuarta parte de aspirantes al congreso procedentes de derecha y ultraderecha, han sido puestos al descubierto en fraudes, corrupción o crímenes y simplemente sus empresarios los anuncian como productos imperfectos a los que se les trata de mejorar corrigiendo imagen, sonrisa, gesto en las manos y mirada.

Lo evidente es que a los ricos (y a las élites en general) no le interesan los pobres (salvo para sobreexplotarlos) les interesan sus votos y su plusvalía, no su dignidad ni sus ansias de vivir en paz. Esa ventaja les permite llevar la delantera en la coyuntura electoral y por veto o cooptación persisten en bloquear la construcción de poderes populares, promover la intolerancia y negar a sus adversarios. El consenso sobre el prelegido para sostener el poder y garantizar la movilidad del capital libre de barreras y alteraciones como las que puede traer una paz real con justicia social y para todos parece haberlo indicado Luis Carlos Sarmiento por ser uno de los 120 mas ricos del mundo (Forbes), el quinto banquero mas rico del planeta (elcolombiano.com), el presidente del Holding Aval (el mas sólido del país), poseedor de una fortuna cercana a 12 billones de dólares que triplica la de Trump (semana.com) y ser el gran ejecutor de inversiones con recursos de la nación, de múltiples maneras ha señalado que prefiere en palacio a quien de niño lo recorrió de la mano de su tío abuelo presidente y en los últimos siete años con apoyo irrestricto, firme y duradero del presidente Santos, su gobierno y su partido, recibió su preparación de gobernanza (nueva forma del poder globalizado) y visitó el país distribuyendo peso a peso un capital de 25 billones y cientos de miles de viviendas induciendo a creer que la política son hechos (capital) y no derechos y él, esta prelegido para gobernar.

Nada es definitivo pero derecha y ultraderecha son hijas del capital y su doctrina es mas sencilla que la de la de las ideas políticas que promueven libertades, derechos y bienestar. El difícil reto popular para enfrentar a la doctrina del capital que remueve contradicciones y une a sus disidencias, es hacer unidad entre organizaciones sociales, defensores de derechos y de la paz firmada, victimas, inconformes y sectores políticos progresistas. Eliminar barreras para enfrentar en unidad las directrices del capital (que al final junta a derecha y ultraderecha en el holding) es muy complejo pero nunca imposible. Es difícil derrotar al preelegido, como lo ha sido derrotar la guerra y el miedo a pesar del sistemático genocidio de luchadores populares, pero se puede. Siempre es posible si se descifra el enigma como lo hizo Heracles para vencer a Anteo o David para derrotar a Goliat y mejor aún si la esperanza sigue firme para consolidar la paz real y se trabaja a fondo en individual y en colectivo para lograr un ascenso en la conciencia colectiva sin odios, pos-verdades, ni absolutos.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=237499&titular=%BFlos-due%F1os-del-capital-impondr%E1n-al-presidente?-

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Colombia: Los derechos para la paz estable en alto riesgo de extinción

Por: Manuel Humberto Restrepo Dominguez

Con mucha facilidad el estado colombiano ha ratificado y convertido en derechos constitucionales los derechos humanos de carácter social (DESCA) que configuran el espectro del Derecho Internacional de los derechos humanos (DIDH), pero así mismo los ha desconocido colocándolos en alto riesgo de extinción y al borde de la destrucción que precede al horror. Estos derechos son los que están en la base de la paz estable y duradera y su negación sistemática por efecto de corrupción o desvió de los recursos que debían satisfacerlos, deja un rastro de silenciosa violación masiva de derechos humanos, que provoca muertos, lisiados, enfermos, excluidos y marginados. No hay una política evidente pero sí una manera de actuar del estado que apunta al exterminio de los mas pobres.

El estado tiene la obligación y compromiso de respetar, proteger, hacer respetar y ofrecer garantías de todo tipo (económicas, legales, conceptuales), para satisfacer estos derechos, pero contrariamente los viola. Los responsables (especialmente gobernantes y funcionarios de las altas direcciones) que toman y ejecutan decisiones han contado con una impunidad del 100%, dado que no hay casos relevantes de juicios y condenas por las equivocadas (y autoritarias) negaciones contrarias a derechos o por la distribución inequitativa de recursos, que no favorece el bienestar y la dignidad de las mayorías de población como debiera ocurrir. La inequidad es consecuencia de una intencionalidad política para favorecer el interés privado mediante la injusta distribución del presupuesto publico, gracias a que el componente democrático de la construcción colectiva (entre estado y sociedad) de las políticas publicas, ha sido eliminado. El gobierno en provecho propio aplica una formula de poder que combina capital y leyes que potencian su capacidad para imponer una real dictadura presupuestal que beneficia los negocios de una minoría privilegiada, que moldeo las reglas para aplicar la autoridad (sin pueblo, sin demos) y obtener ventajas comparativas, mientras que con el control de la formulación, aprobación y aplicación de la ley obtiene ventajas competitivas.

Usando estas dos ventajas las elites han convertido el ejercicio político en un asunto de oferta, demanda y precio y desplazado los recursos destinados a los derechos sociales de la orbita del estado a la del individuo, que es presionado para asumirlos como cosa privada adentro de un modelo de individualización tomado del sistema penal. Los derechos sociales sacados del contexto de naturaleza colectiva son tratados como libertades individuales, asociadas a oportunidades de mercado, de tal manera que la responsabilidad por las carencias recae en el individuo y no en el estado y de colofón a la persona que carezca de bienes básicos se le tratará con desprecio y se le acusará de incompetente para obtener conquistas personales. Los reality show de donde salió Mr. Trump, son un buen ejemplo de individualización y cosificación del sujeto, donde los astutos que logran lo suyo, sin solidaridad ni respeto por el otro son premiados y los débiles castigados, ofendidos, excluidos y humillados.

En lo individual el sujeto (subjetivado por el mercado y alejado de la lucha social) creerá que lo suyo (trabajo, estudio, sanidad, acceso al agua o al alimento) se debe únicamente a su libertad individual para competir y ganar e inclusive podrá percibir que ser explotado es una bendición entre tanta desigualdad. La población individualizada, extraída del colectivo, enfrenta en su propio cuerpo y espíritu amenazas que le generan angustias y temor (despido laboral, reforma pensional, impuestos o multas impagables), para lo cual las mismas elites (responsables del desastre) piden respaldo electoral para sostenerse en el poder a cambio de salvación. Es la inversión del sentido de los derechos sociales, presentados desnudos, sin historia ni memoria, para facilitarle al estado (las elites) evadir su responsabilidad por el riesgo de extinción y para colocar los recursos públicos donde les sean rentables como garantía de continuidad de su proyecto hegemónico de dominación y despojo.

Lo político convertido a mercancía, herramienta de la extinción

El ejercicio político fue convertido en una mercancía, en la que las ideas o la legitimidad, que son pilares de la realización de los derechos sociales, carecen de valor igual que los planes y programas de largo plazo. Para las elites las rutas de mercado guían las agendas electorales de alianzas y negocios, que definen el precio de lo político y orientan hacia el control de las necesidades para traducirlas a votos y adhesiones para tener el control total del poder. La política publica, que era la herramienta central de sostenimiento de lo publico y la base para trazar el camino político de realización de los derechos sociales es reducida a su mínima expresión, convertida en una técnica en manos de expertos neoliberales, que no atienden las demandas y necesidades por derechos, si las del interés del capital y las formalidades de indicadores. Los resultados previsibles de esta distorsión de lo político y de la política son de derechos sociales en déficit, frente a intereses del poder en superávit.

Los datos de la negación someten a una sistemática violencia contra las mayorías como efecto del riesgo de extinción de los derechos sociales anunciados en déficit, mientras las elites festejan su superávit. El derecho a la salud acumula un déficit superior a 12 billones (5.3 a servicios y mas de 7.2 en hospitales y clínicas: dinero.com/12/24/16) y cada 4 minutos un individuo en solitario radica una acción de tutela como síntoma de que el derecho en colectivo esta cerca a su derrota. En Educación Superior Publica el déficit supera 14.4 billones (1.4 en funcionamiento y 13 en inversión: SUE, caracol.com.co /17/10/2017). En vivienda el déficit es de 2.2 millones de hogares sin vivienda y mas de la mitad de población sin vivienda propia (caracol, portafolio, 06/08/2017). El 57% de la población padece el mal servicio de agua potable y saneamiento y mas de 300 municipios tienen problemas relevantes de sanidad por carencia de agua (minambiente elpais.com/22/03/2017). Los resultados para los inversionistas y principales beneficiarios de los recursos de los derechos, tienen superávit. Solo los bancos en 2016 ganaron mas de 12 billones (15% mas que en 2015) producto de la suma de las individualizadas perdidas de cada ciudadano y de las pequeñas empresas. El sector inmobiliario inundó de edificios al país y atrajo capitales extranjeros pero no redujo el déficit de vivienda. Educación y Salud privadas crecen pero no contribuyen a reducir brechas de desigualdad.

La orientación de los presupuestos responde a una autentica dictadura presupuestal para manejar intencionalmente los recursos públicos y satisfacer las demandas del interés privado, contrario al respeto y garantías para la realización de los derechos sociales que con retorica son enaltecidos y con políticas marginados. Cada parte del poder aporta lo suyo, los empresarios jalonan la privatización y se hacen dueños de lo publico, desde el concepto hasta el ultimo activo de la riqueza nacional. Las elites políticas se encargan de mantener la estabilidad política y las bolsas llenas para transferir los recursos a inversionistas (y a ellos mismos) y el poder judicial organiza la ley con principios mercantiles y pone las reglas de juego en favor del capital. Confianza inversionista es estado sin soberanía y seguridad jurídica es ley para favorecer inversionistas (re-conquistadores). Ya fueron transferidos los ferrocarriles, la flota mercante, telecom, aguas, gas, energía, bancos y entregados a libre explotación por concesión autopistas, parques nacionales, ríos, recursos minerales, biodiversidad, salud, educación, fiestas populares, comparendos por infracciones y hasta el cuidado de presos, y lo demás puesto en desventaja con TLC. Todas estas partes del patrimonio eran la base material para la realización de los derechos sociales y la paz y es claro que ningún inversionista, ni político, ni particular estará dispuesto a suplantar al estado para garantizar los derechos sociales.

Las elites que imponen la dictadura presupuestal tienen en riesgo de extinción a los derechos sociales y dejan cientos de miles de victimas entre la población, producen carencias y matan por hambre o falta de atención. Su objetivo es debilitar a la nación como depositaria de la soberanía (sin eliminar el concepto de soberanía) y excluirla de la toma de decisiones sobre los recursos y la riqueza nacional con la que se afianzan y materializan los derechos sociales, les queda un ultimo empujón y seguramente lo harán justificando que para realizar los derechos sociales es necesario aumentar los recursos procedentes de regalías y llamaran con vehemencia a dejar acelerar el despojo de las ultimas riquezas que todavía permiten vivir, con poco oro pero mucha agua. El responsable del alto riesgo y estado moribundo de los derechos sociales, no es un único individuo encarnado en el gobernante, es una concepción, una corporación, un club de elite que controla la economía, el poder político y las leyes y hacia allí hay que mirar para impedir que la extinción de los derechos sociales que no completó la guerra la completen en la paz. El trípode del poder tiene en la cima al capital y en la base al gobierno y a la ley. El espíritu lo pone el capital, el hijo es la ley y el padre el gobierno.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235629&titular=los-derechos-para-la-paz-estable-en-alto-riesgo-de-extinci%F3n-

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Universidad y paz (II). Entre las diferencias del plural y el singular

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez

El derecho a la educación tiene una sustancia material fundamental que es la universalidad necesaria para todos sus procesos. En la enseñanza, el aprendizaje y las diferentes formas de circulación del saber. De la universalidad emana la interdisciplinariedad, el dialogo de saberes, el reconocimiento de los otros y la comprensión del mundo y su complejidad mas allá de cada particular forma de explicar o justificar la existencia propia, que a veces cae en planos de pretendidas purezas mas cercanas a la caverna, que a la academia. Pero valga aclarar que universalidad en la construcción de paz no significa que todo vale, sobre todo para evitar una falsa igualdad que les pida abrir sus puertas para hacer apología del nazismo, el fascismo, el negacionismo o la exaltación del crimen (distinto al delito político o la rebelión) y de criminales como Popeye (morboso youtuber vendiendo su historia mafiosa y criminal) o Mancuso que sembró de terror una Universidad pública llegando a controlar al Consejo Superior y a sus directivas o al benefactor Don Berna o a los consejos de los 12 apóstoles de Santiago.

La razón del diálogo en, por y para la construcción de paz, se asienta en la invocación al derecho humano a la educación del que se desprenden las normas constitucionales del servicio publico, la autonomía y las libertades (enseñanza, catedra, investigación, asociación, expresión, otras) que se completan con el principio de responsabilidad para formar y actuar con sentido critico y científico en la perspectiva de vivir en una democracia real, alejados del temor y las humillaciones. De ahí que ninguna universidad (ni entidad del sistema educativo) sea publica o privada, puede permitirse la promoción de verdades a medias que tiendan a engañar, polarizar o discriminar a nadie por pensamiento, etnia, sexo, conciencia, posición social o región de procedencia, aun declarándose por ejemplo religiosa, militar o agnóstica. Pero tampoco puede permitir que sobre la razón y la argumentación científica y ética prevalezca la llamada posverdad que con eficiente manejo de las pasiones, emociones y necesidades humanas de grupos colocados en desventaja son controlados por expertos en manipulación que falsean la verdad y aumentan el riesgo para promover violencias.

Los promotores de la censura hacen un uso amañado, consciente y perverso del plural donde debe estar el singular y viceversa. Las FARC, fueron una organización política militar insurgente alzada en armas contra el estado (no contra la sociedad) durante cinco décadas y su existencia política dependía en buena medida de su accionar y capacidad militar depositada en un ejercito del pueblo (EP) preparado para la guerra. La FARC, en cambio no tiene el plural de las armas, ya no son FARC-EP, si no solamente FARC, en singular, por tratarse de un movimiento político. Se mantiene su carácter colectivo pero el plural (S) que le daban las armas ya no existe, como tampoco las llamadas disidencias, que teóricamente no lo son (no se puede estar en desacuerdo con lo que ya no existe). Podrán ser grupos delincuenciales o si lo demuestran insurgentes de nuevo tipo, con otra doctrina, y perspectiva pero en ningún caso herederos del pasado insurgente. Hablar de disidencias es mantener vigente la doctrina de la seguridad nacional que ha producido daños incalculables sobre la vida y la dignidad, pero a la vez una muestra de la necesidad que tiene el estado de tener un enemigo interno para resolver su incapacidad para sacarse de adentro el espíritu mafioso y guerrerista. La diferencia entre el plural que ya es pasado y el singular naciente es esencial para evitar cruzar la línea entre lo real (Político) y lo imaginado (Político-Militar) para mantener odio, discriminación y censura. Mientras no sea entendida y atendida esta diferencia -que es de fondo- por funcionarios y directivos universitarios, tendera a posicionarse el negacionismo cuya estrategia no es buscar justicia como anuncia, si no venganza y clientelizacion de la paz para obtener favorabilidad de votos a su favor.

Las universidades en este transito del fin de la guerra a la construcción de paz, igual que el sistema de justicia ordinaria (jurídico) que debe abrir paso a la Justicia especial (juridico-politica) tienen la obligación de sacar de todos sus procesos y actuaciones el espíritu de guerra todavía presente en las políticas, reglas y practicas académicas, administrativas y logísticas (por ejemplo el modelo de vigilancia del tipo celaduría fue cambiado por el de seguridad policial en las puertas de ingreso a los claustros) y entrar de manera colectiva en el modo de la paz. Preparase para trabajar en, por, para y sobre la paz, requiere capacitación y comprensión en todos sus estamentos y niveles para aclarararse a sí mismas que el principal beneficiario de la vida sin guerra y en paz es el país entero y no los excombatientes como tratan de señalar los promotores de la distorsión de los acuerdos.

Hay que resaltar en todo caso, que las Universidades e IES publicas (y también numerosas privadas), han abierto sus puertas al debate y permitido oír otras voces y a la vez han empezado a acompañar y proteger la esperanza de las mayorías que quieren, necesitan y exigen la paz como su derecho y valor humano. Es momento para que aparte de las universidades otras formas organizativas como las iglesias (que con su doctrina debilitan derechos) también abran sus puertas a otras voces y reconozcan que todos los seres humanos tienen derecho a realizar los mismos derechos en presente y sin obstáculos. Es hora también para que soldados y policías, empiecen a reconocerse en sus propios derechos y libertades, a entender los limites del poder que se excedieron en nombre de la guerra y a reclamar por su dignidad. Igualmente colegios e instituciones de educación, sin excepción, sean publicas o privadas, laicas o religiosas, militares o civiles, tienen que asumir la obligación constitucional de hacer pedagogía de paz, incorporar propuestas formativas, renovar acciones curriculares y trabajar para entender porque la guerra no puede volver a ocurrir.

Las instituciones y entidades inteligentes saben el valor de escuchar de primera fuente a sus victimas, excombatientes y ojala empresarios, políticos, financiadores de la guerra y por supuesto a los gestores de paz y los actores de la ciencia, la cultura y la academia, para que la construcción del relato colectivo y del país plural en paz y tolerancia sirva para explicar y entender la verdad de lo ocurrido. Un buen ejemplo de una verdad revelada en este corto tiempo sin guerra es, que no era cierto, que en las universidades publicas se formaran guerrilleros o le sirvieran al terrorismo.

La educación es parte de la realidad material, sobre la que se forja la justicia y se aprende y enseña a respetar y admirar al otro, en cambio de odiarlo y despreciarlo, pero ello exige pensar de manera critica y actuar con una perspectiva de praxis transformadora, comprometida con los derechos. El cumplimiento de los acuerdos compromete a las instituciones y a la sociedad y exige trabajar en su implementación en todos sus apartes, pero además recuperar la memoria histórica y construir la verdad como un derecho consignado en la ley de tierras y de victimas y contribuir con pedagogías de paz, sin perder de vista que impedirla, negarla u obstaculizarla, resulta contrario al espíritu del librepensamiento, del pluralismo y del derecho humano a vivir en paz, con miras a la creación de una sociedad de derechos con democracia participativa, incluyente, justa y soberana.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235176&titular=entre-las-diferencias-del-plural-y-el-singular-

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