Tensiones internacionales, pandemia y efectos previsibles

Por: Marcos Silva Martínez C.

La Pandemia  del COVID19, se convierte en catalizador de cambios geopolíticos y socioeconómicos. Las inquietudes  no deben ser, por si ocurrirán o no, sino, cuán profundos serán y cómo serán afrontados.

Es inevitable el desencadenamiento de una profunda  encrucijada socioeconómica y geopolítica global, que catapultará la inequidad socioeconómica y las tensiones políticas internacionales. Son previsibles  resultados inevitables que generarán redefiniciones del  actual orden geopolítico y económico internacional. “…Hay ya silbos de llama en la braza”… (El S. de Las Escalinatas).

La imprevisible pandemia y sus  efectos sanitarios, económicos y sociales, agudizarán la crisis económica y política internacional y  dinamizarán las crecientes tensiones  por el dominio del poder económico y político global, inducido y dinamizado por la incontrolable globalización del conocimiento científico y técnico y el mercado.

Es una realidad, que esta ocasionando  desplazamiento, diversificación y relocalizando de los centros de producción en el planeta y que  inevitablemente redefinirá un nuevo reparto del poder geopolítico. Los efectos y consecuencias de la pandemia sirven de catalizadores.

La encrucijada sanitaria y letalidad evidente, develan inconsistencias, debilidades e injustificable inequidad  del modelo socioeconómico-político global dominante. Desnudan  inconsistencias de la economía de mercado y consumo. Demuestran que la producción y el consumo, demandan condiciones mínimas para sustentarse y mantenerse en el tiempo  y que la acumulación  de riqueza e ingresos, deben articularse racionalmente con los derechos sociales y la dignidad humana.

No son pocos los gobernantes que explícita o sesgadamente tratan de evitar decisiones y acciones para prevenir  y atacar la pandemia y proteger la salud de los ciudadanos, con el único argumento de no afectar el proceso  productivo  y proteger la economía y los intereses de los gremios económicos y el capital.

Contumaz   la posición del  psicópata, sociópata, narcisista, mitómano, ignorante y perverso  presidente de Estados Unidos, quien actúa con el beneplácito de la ultraderecha, dueña de más del 90% de la riqueza y los ingresos de esa nación.

Desafortunadamente se advierten posiciones parecidas a las del gringo, de  gobernantes de países emergentes y en desarrollo, como ocurre en Colombia. El jefe de gobierno, se manifestó renuente y vacilante a tomar medidas de fondo para proteger la salud de los colombianos, bajo socorridos e irracionales argumentos, de empresarios y gremios económicos colombianos.

La  primera cuarentena la decretó ante la inminencia de un fallo de Tutela de un Tribual  Judicial regional, sobre protección de la salud, frente a los efectos del COVID19. Igual ocurrió con la prórroga de la cuarentena, frente a la posición de la Alcaldesa de Bogotá. Es explicable en él, porque representa incondicionalmente  a los grandes empresarios y a los gremios económicos,  por encima de los intereses legítimos de los colombianos.

La amenaza de la encrucijada socioeconómico colombiana,  es dramática, debido al torrente de gastos que origina la pandemia y a que Colombia, en la región latinoamericana, es la más inequitativa y sexta en el planeta. Tiene  la mayor concentración del ingreso y la riqueza. Mayores índices de desempleo y subempleo (más del 65% antes del COVID 19). Un  desempeño económico-industrial desastroso. Presupuestos  desfinanciados sistemáticamente. Desproporcionada  importación de alimentos que se pueden producir en el país, etc.  El  endeudamiento público  ya supera el 100% del PIB, aunque el gobierno diga otra cosa (deuda externa e interna públicas, vigencias futuras, billonarias demandas contra el estado, deuda contingente y el cáncer de la corrupción).

A  este catastrófico panorama socioeconómico y fiscal, se debe agregar el accionar de los carteles de la corrupción y la politiquería, que explotan  para su particular favor, hasta los mismos efectos de la pandemia.

La corrupción es la pandemia  que crece exuberante, sin control, ante la inoperancia cómplice  del gobierno, de la justicia,  órganos de control, el populismo y la politiquería.

La problemática, económica, social y política colombiana, guardadas algunas proporciones, es similar a la de todos los países en desarrollo, dominados por el mismo modelo económico-político, impuesto desde los mismos centros de poder global.

Las vicisitudes que tienen que afrontar, la mayoría de naciones, para responder a la amenaza del fenómeno de la pandemia, evidencian el nivel de rezago en desarrollo nacional integral y la necesidad de procurar autosuficiencia, al menos en sectores estratégicos, que permitan responder oportunamente las necesidades de abastecimiento básico, de la comunidad. De igual manera demuestran la necesidad de romper, el incondicional sistema de dependencia de naciones de altos niveles de desarrollo y poder lograr autosuficiencia en  abastecimiento y desarrollo de sectores básicos de la producción.

La pandemia del COVID19 demanda cuantiosas  sumas de dinero, para poder    apoyar económicamente a multitudes desposeídas de bienes,  medios de subsistencia y trabajo, con  condiciones  de pobreza generadas por el modelo socioeconómico y político vigente. Son hechos y circunstancias que agudizan la problemática socioeconómica nacional de naciones, pero que los gobiernos  deben atender, ante la arremetida de la pandemia y los altos porcentajes de pobreza.

Es pertinente advertir  que junto a la retórica del manejo de la pandemia,  el presidente colombiano puede utilizar  la problemática sanitaria, para  tender cortinas de humo sobre los develados hechos de corrupción de su elección y últimamente  los que presuntamente relacionan a su Vicepresidenta con negocios con  Memo Fantasma y el narcotráfico.

El poder público en Colombia, hace tiempos alcanzó niveles de corrupción e inmoralidad, difícil de revertir, ante el poder de la politiquería, el clientelismo,  la corrupción, la  obsesión del dinero fácil y la actitud de electores de voluble memoria y voluntad incierta, condiciones que difieren poco  en otras naciones de la región.

Las deplorables  condiciones socioeconómicas, fiscales, institucionales, políticas y de degradación moral del poder público, demandan rectificaciones profundas del modelo económico-político institucional, que permitan reconstruir, reorientar e impulsar positivamente los destinos de las naciones y la justicia social.

Ante las desfavorables perspectivas socioeconómicas y políticas que gravitan sobre el planeta y en particular sobre las naciones de menor desarrollo y mayor dependencia de los centros de poder globales, debemos prepararnos para los cambios que inevitablemente se darán, como consecuencia de los efectos y coyuntura inducida por la pandemia.

Los ciudadanos honestos y socialmente responsables, conocedores de la dramática problemática nacional, debemos  intervenir, plantear soluciones para el mediano y largo plazo y prepararnos  para asumir la dirección y conducción del poder público y evitar la continuidad en el ejercicio de ese poder público, por quienes han demostrado ser incapaces e irresponsables política y socialmente.

Fuente: https://rebelion.org/tensiones-internacionales-pandemia-y-efectos-previsibles/

Imagen: https://pixabay.com/photos/stock-trading-monitor-business-1863880/

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Protesta social, modelo economico-politico e institucionalidad

Ante el generalizado descontento social que trasciende fronteras, es pertinente un tentativo análisis sumario de las causas medulares del malestar social, que estimula manifestaciones de descontento popular, respecto a los resultados y obligaciones del ejercicio del poder público.A grandes rasgos, el modelo económico-político colombiano, similar al de muchas naciones en desarrollo, corresponde a políticas definidas y orientadas desde los centros de poder económico mundial, con objetivos exclusivos de rentabilidad y acumulación de capital. Con el tiempo, esos modelos económicos han demostrado ser responsables del precario desarrollo industrial, tecnológico, científico, de la concentración de la riqueza y el poder económico y de la creciente inequidad socioeconómica, en las naciones de bajo desarrollo y crecimiento.

Esa estructura de poder político y económico, instrumentada y mantenida desde los órganos del poder público y coadyuvada por la codicia de los usufructuarios del poder, cuenta con la complicidad y tolerancia de amplios sectores de la sociedad, que estimulados por el apetito de tenencia de bienes y poder, han propiciado la corrupción y la descomposición moral y ética del poder, hasta alcanzar dinámicas que se tornan incontenibles.

Las dinámicas de la corrupción, ocasionaron el colapso de los partidos políticos, la descomposición moral generalizada del poder público y de las costumbres ciudadanas y el rezago del desarrollo socioeconómicamente equitativo. Así se cocinó el caldo de cultivo del malestar social, que se expresa en protesta social.

La corrupción es más dañina y destructiva que el accionar de las organizaciones guerrilleras, organizaciones criminales y de delincuencia común, juntas. Sus efectos castigan proporcionalmente con mayor intensidad a los ciudadanos de menores ingresos y garantizan el despilfarro del presupuesto, el crecimiento del déficit fiscal y consecuencialmente el incumplimiento de las obligaciones político-sociales del Estado.

El origen y existencia de las organizaciones criminales de cuello blanco, de toda condición y especificidades, tienen relación directa con la irresponsabilidad y debilidad institucional y el modelo socioeconómico-político. La inequidad socioeconómica e injusticia social, son crecientes, como la corrupción.

Organizaciones no gubernamentales, señalan cifras billonarias robadas del presupuesto público, cada año. Investigaciones comprueban algunas. Pero el poder institucional, no quiere entender la gravedad de esos crimenes, ni quiere articular procedimientos, para derrotar el flagelo.

Los resultados del ejercicio del poder en general, en todos los niveles, no corresponden con las necesidades del desarrollo, la inversión y las expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, en general.

Esos resultados se reflejan en el desorden social, la pobreza y la miseria, el desempleo y subempleo, la inseguridad ciudadana y el subdesarrollo económico industrial, la impunidad, inoperancia, laxitud y corrupción del aparato judicial.

En ese caldo de cultivo se nutren los Carteles de la Toga, del Soat, de la compra venta de fallos judiciales entre exmagistrados, jueces y abogados corruptos, carteles de la contratación y de pensiones, de los medicamentos e Invima, del papel higiénico, de la salud, de la hemofilia, de Cajas de Compensación Familiar, de los alimentos escolares, la contratación pública etc., etc. Se pudrió la sal.

Los resultados de las investigaciones son cosméticos o ridículos. Lo robado, robado se queda.

Muchos hechos que investiga la Fiscalía y la Corte Suprema, sobre asaltos a los recursos público, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, manipulación del ordenamiento legal, etc., la mayoría duermen en los anaqueles, porque la precariedad institucional, la venalidad y corrupción torpedean los procesos y evitan resultados en derecho.

Los delincuentes responsables de tantos hechos de corrupción, han gozado y gozan de la impunidad en el sistema de justicia y complicidad social, de manera que no pocos terminan convertirlos en personajes admirados, mientras se apropian y disfrutan de lo que legítimamente le correspondía y corresponde a millones de ciudadanos necesitados y excluidos.

Los criminales de cuello blanco, jueces, abogados y cómplices, deben ser condenados a penas que correspondan a la gravedad de los delitos y excluidos por ley y sumariamente, de todo lo oficial y del ejercicio profesional. Pero eso no ocurre en Colombia. Quienes deben tomar esas decisiones, evitan tomarlas. Prefieren proteger intereses y mantener la anarquía del poder. Ese tipo de decisiones nunca las aprueba el Congreso, ni el gobierno lo exige.

Pues esa es la realidad nacional y las condiciones, hechos y resultados del ejercicio del poder, que generan el justo descontento social, la protesta y la crisis socioeconómica y moral del estado y la sociedad, condiciones que tipifican un estado fallido.

Colombia permanece ante la cruda realidad de que cada gobernante resulta peor que el anterior, con muy pocas excepciones.

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262655

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Paro, educación e institucionalidad.

El  sistema educativo colombiano, no facilita y menos garantiza  educación de alta calidad.

Por:  Marcos Silva Martínez.

Las leyes 30/92 y 115/94, definieron,  en forma general, el modelo  y  flexibilidades del sistema.
Los resultados del nuevo sistema, después de más dos  décadas  de  vigencia, no corresponden a lo que demanda un desarrollo educacional académico integral, de calidad.
El estado incumplido la vigilancia, control y financiación necesarios. No  desarrolló  innovación y actualización, que demanda el desarrollo del conocimiento y tecnologías.
El espíritu  de la Constitución del 91 y las leyes que la desarrollan, imprimieron al sistema educativo colombiano,  las dinámicas del mercado y la rentabilidad.
Así, la educación en Colombia se convirtió negocio, con franquicia legal para  particulares, con precarios controles y regulación.
La  relación entre, educación, sociedad, mercado laboral y conocimiento técnico-científico,  es contradictoria y  dominada por el afán de lucro y estatus social.
La  atención que  da el sistema educativo a la formación para  el trabajo y el desarrollo humano, son precarios y carentes de articulación con el desarrollo económico y social.
La  formación en competencias y habilidades, son  insuficientes y de escaso entrenamiento y desarticuladas con los requerimientos de los diversos sectores de aplicación del conocimiento.
La ciencia, la tecnología y la innovación, motores del desarrollo del mundo, son quimera en un país con una economía basada en el extractivismo rentista,  especulación financiera e inmobiliaria, consumismo y debilidad institucional.
La síntesis de la pésima calidad de la educación, en todos los niveles, está en los resultados de las Pruebas Saber 11, Pruebas Saber Pro (ECAES),  y Pruebas Pisa, en las que Colombia siempre ocupa las últimas casillas (lectura, matemáticas y ciencias), desde que participa en ellas (2006).
Docentes y ciudadanos,  deberían ser conscientes de lo que ocurre con el sistema educativo y exigir al estado, una inmediata reingeniería para lograr una reestructuración capaz de conducir a estadios de formación académico-cultural óptimos,  en el mediano y largo plazo.
Los docentes, de todos los niveles educativos, deben  hacer de las reclamaciones salariales al gobierno,  el escenario  para exigir, mínimo los siguientes puntos:
1.-Reestructuración  de la financiación del  sistema,  con la obligación de  incrementar  0.5% del  PIB anualmente hasta el 8.0% y para ciencia y tecnología, incrementar anualmente, en 0.2% del PIB, hasta el 3.0%.
2.-Implementar políticas de capacitación y actualización académica de docentes, con cargo al presupuesto del sector educativo.
3.-Ampliar y mejorar  la planta física, de las instituciones educativas.
4.-Redefinir escala salarial para docentes, con un mínimo de $2.500.000/mes y precisar requisitos únicos, para ingreso y acenso en el servicio docente, fundamentados solo en capacidad académica, demostrada en pruebas escrita, de conocimiento específico y ampliación de planta docente, en todos los niveles del sistema educativo, que corresponda a la reestructuración y optimización del sistema.
Las peticiones planteadas, le darían plena justificación al paro y solo así, todos los colombianos, sin excepción, debemos apoyarlos en sus reclamaciones.

Fuente: http://www.lanacion.com.co/index.php/opinion/item/288708-paro-educacion-e-institucionalidad

Imagen: https://i2.wp.com/otrasvoceseneducacion.org/wp-content/uploads/2017/05/319473_800x600_crop_5915d5f815607.jpg?resize=350%2C200

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