Organismos de derechos humanos, sindicatos y legisladores repudiaron sus agravios a docentes
En la Legislatura porteña, la mayoría automática oficialista rechazó un pedido de interpelación. Hubo paro de un gremio docente y se preparan varias movilizaciones.
A pesar del rechazo generalizado de docentes, sindicatos, estudiantes, legisladores y funcionarios del Gobierno Nacional, Juntos por el Cambio decidió proteger a la ministra de Educación Porteña, Soledad Acuña, tras sus agresivos dichos en contra de los docentes. No hubo declaraciones públicas al respecto ni muestras de arrepentimiento por parte del gobierno porteño, y desde la Legislatura –con la mayoría automática de JpC–, rechazaron el pedido de interpelación que los diputados del Frente de Todos enviaron para que la ministra diera explicaciones ante el recinto. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, marcó la posición del Ejecutivo nacional: «quiero que quede claro cuál es nuestra opinión sobre los docentes de nuestro país, y es bien distinta a lo que se ha dicho», afirmó en referencia a las declaraciones de Acuña. «Nosotros reivindicamos la tarea que diariamente hacen los docentes», y «los esfuerzos que realizaron para adaptarse a las clases virtuales», agregó.
Desde Juntos por el Cambio no hay una mirada crítica acerca los exabruptos de la ministra. Más bien están evaluando estratégicamente cuál es la mejor salida discursiva. El silencio es, hasta ahora, la única respuesta del oficialismo porteño cara a la sociedad, tanto de la ministra, como del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Según trascendidos, durante una reunión de referentes de JpC, Acuña expresó que «si tengo que pedir perdón, pido perdón», como si se tratara de una obligación, antes que de una reflexión genuina. Fuentes del Gobierno de la Ciudad, en tanto, dijeron a este diario que las frases agraviantes de Acuña forman parte «más o menos lo que ella suele decir», pero que «hubo algunas palabras de más y tal vez tendría que salir a aclarar algunas cosas«. Otro funcionario del GCBA la comparó con el ministro porteño de Salud, Fernán Quiros: según él, tuvo una gran exposición mediática durante todo el año y aún así «nunca se mandó ninguna como esta».
Organismos de derechos humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros) repudiaron el martes los dichos de la ministra en un comunicado. Los sindicatos, que también fueron duramente atacados, están tomando diferentes medidas. Este miércoles Ademys realizó un paro y clases públicas frente al Ministerio de Educación porteño para pedir la renuncia de Acuña. Desde UTE denunciaron a la funcionaria ante el INADI por sus «declaraciones discriminatorias».
«Sus dichos fueron una ofensa, un destrato total a la docencia y además tuvieron un carácter completamente persecutorio. Consideramos que siendo la cabeza del Ministerio y nuestra autoridad máxima no puede seguir ocupando ese lugar», dijo a este diario la Secretaria General de Ademys, Mariana Scayola.
Además, tanto Ademys, como UTE están llevando a cabo una campaña en las redes sociales con pronunciamientos en contra de los dichos de la ministra y fotos de docentes de todo el país bajo el hashtag #OrgullosamenteDocente. «Acuña no solo ofendió a los docentes de la Ciudad, sino a los docentes de toda Argentina», aseguró Scayola, y adelantó que la semana que viene, al cumplirse un año del rechazo al proyecto de la UniCABA, también realizarán movilizaciones para «defender a los institutos docentes, que fueron bastardeados por la ministra».
El legislador porteño del FdT, Santiago Roberto, forma parte de la comisión de Educación y fue uno de los firmantes del pedido de interpelación que fue rechazado por no contar con el apoyo suficiente en el recinto controlado por JpC. En diálogo con Página/12, Roberto subrayó que «no esperamos que la ministra asista porque no tenemos los 31 votos necesarios, pero seguiremos insistiendo. Acuña no sólo no brinda explicaciones a los diputados, tampoco habla con los docentes, con los padres, ni con nadie de la comunidad educativa». Además, el legislador destacó que, más allá de la importancia de que asista para dar explicaciones por sus dichos, «queremos que venga porque hay muchas cuestiones que necesitamos debatir. Queremos explicaciones sobre UniCABA, sobre el proyecto educativo del año que viene, que seguramente será a la baja, y de cómo será la presencialidad en las aulas».
Además, el legislador destacó que «es triste y asusta, pero los dichos de la ministra son muy similares a lo que se decían durante la última dictadura militar: estar atentos al vocabulario de los docentes, denunciarlos, dejar las puertas abiertas para vigilar. Esto tiene que ver con la postura de todo el Gobierno porteño, pero lo que mas enoja es que fue gracias al esfuerzo de los docentes que se ha sostenido la educación durante la pandemia».
Con respecto al pedido de interpelación, la legisladora y vicepresidenta de la comisión de Educación, Lorena Pokoik, indicó a Página/12 que «debido a la negación absoluta por parte de la ministra de querer conversar, dialogar o retractarse, este miércoles hemos presentado dos proyectos, uno de resolución y uno de declaración y repudio. Ambos fueron firmados por los 17 legisladores de nuestro bloque. Ningún legislador de otro partido quiso acompañar, y por más que sabemos que será rechazado, este jueves volveremos a insistir sobre tablas porque creemos que es fundamental que Acuña de explicaciones sobre lo que dijo”.
«Las declaraciones son de extrema gravedad y, además de estigmatizar y denigrar a todos aquellos que eligen la carrera docente, en este caso Acuña ha cruzado una línea, que es la democrática. Esto supera las diferencias partidarias y tiene que ser ampliamente repudiado», resaltó Pokoik. Además, se dirigió al jefe de Gobierno porteño: “hay que reconocer que, por primera vez desde que asumió como ministra, hizo una declaración sincera, pero cruzó un límite y por eso pedimos a Larreta que considere pedirle la renuncia”, afirmó.
Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/306742-piden-la-renuncia-de-soledad-acuna
La entrega del Segundo Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas será el viernes 27 de noviembre a las 10 de la mañana en Cafe Urbano, 2da Oriente Norta #447 Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
En Chiapas se resiste contra el despojo de los territorios, por los derechos colectivos, de los pueblos indígenas, por el derecho al medio ambiente y por los derechos de la naturaleza. Es una lucha tenaz y valiente de los pueblos indígenas y campesinos, de los pueblos rurales y urbanos. Mientras el gran capital pretende avanzar disputando los territorios y depredándolos, los pueblos defensores, con hombres y mujeres valientes, dan la vida para defendernos de los proyectos de muerte como son las grandes represas, los proyectos mineros, la extracción de gas y petróleo, los gasoductos, el fracking, los corredores comerciales trasnacionales, los proyectos de biopiratería y de despojo de los bienes comunes naturales, los monocultivos de palma de aceite o de transgénicos y otros proyectos de infraestructura que amenazan la biodiversidad, la soberanía alimentaria, los derechos humanos y colectivos de los pueblos. Sin embargo, pese a todo ello, también los pueblos, colectivos y organizaciones luchan por crear y sembrar alternativas, Alter Natos, esas nuevas formas de construcción de la vida local frente al capitalismo depredador.
En este contexto los Convocantes conmemoramos en el marco del Onceavo Aniversario luctuoso de Mariano Abarca el Segundo Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas 2020 “Mariano Abarca”, con el propósito de agradecer, reconocer y visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad.
La entrega del Segundo Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas será el viernes 27 de noviembre a las 10 de la mañana en Cafe Urbano, 2da Oriente Norta #447 Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Tendremos Transmisión en vivo por Facebook Live Otros Mundos
El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL ‘MARIANO ABARCA”, reconocerá año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, que con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles. En breve anunciaremos a al movimiento que recibirá este año el reconocimiento.
>>Versión en Ingles<<
Chiapas resists against the dispossession of the territories, for the collective rights of indigenous peoples, for the right to the environment and the rights of nature. It is a tenacious and courageous struggle of the indigenous and peasant peoples in rural and urban peoples. While big capital tries to advance by disputing the territories and predating them, the people, with braves men and women, give their lives to defend us from death projects such as large dams, mining projects, oil and gas extraction, gas pipelines, fracking, transnational trade corridors, projects for biopiracy and dispossession of natural commons, monocultures of oil palm or transgenic crops and other infrastructure projects that threaten biodiversity, food sovereignty, human rights and peoples collectives. However, despite all this, also the peoples, collectives and organizations struggle to create and sow alternatives, Alter Natos, those new forms of construction of local life in the face of predatory capitalism.
In this context, the Convocants commemorate the Second Recognition for Environmental Defense in Chiapas 2020 “Mariano Abarca”as part of the Tenth Anniversary ofmourningMariano Abarca, with the purpose of thanking, recognizing and making visible other collective and organized struggles of those who, donot cease to defend life, the environment and collective rights that are, after all, for the benefit of Humanity. Mariano sowed this spirit in the hearts of the resistance
The delivery of the Second Recognition for Environmental Defense in Chiapas will be on Friday, November 27 at 10 in the morning at Cafe Urbano, 2da Oriente Norta # 447 Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Mexico.
We will have Live Transmission on Facebook Live. Page: Otros mundos
The “MARIANO ABARCA ‘ENVIRONMENTAL DEFENSE AWARD” will recognize year after year the community, collective or organization of the State of Chiapas, Mexico, that with their fight for the defense of the rights of nature defend their peoples, and they defend us all, that dignify life, that make us not lose hope that Otros mundos are possible. We will shortly announce the movement that will receive the recognition this year.
Más información:
PRIMER RECONOCIMIENTO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS 2019 “MARIANO ABARCA”
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde, por una parte, el Dictamen elaborado sobre la Lomloe y, por otra, la propia ley. Al tener carácter de ley orgánica, es decir, que desarrolla derechos fundamentales, necesitaba la mayoría absoluta del Parlamento, es decir, 176 votos. La votación ha dado el resultado de 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. En última instancia, la Lomce, antigua ley del PP, ha quedado derogada.
Por la mínima. Dos votos por encima de la obligación de 176 han sido la clave para la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, Lomloe. Después de meses de negociación a puerta cerrada en la Comisión de Educación y con una buena cantidad de ruido de fondo, la Ley Celaá ha pasado el primer trámite parlamentario. Por delante, su paso por el Pleno del Senado y, después, su ratificación de nuevo en las Cortes.
Si todo va como hasta ahora, la Lomloe dará sus primeros pasos en la próxima primavera, a través de los programas de cooperación territorial que contempla, aunque empezará a notarse su desarrollo real a partir de septiembre de 2021, cuando empiecen las modificaciones en las diferentes etapas del sistema educativo.
Cambios principales
La lucha contra la segregación, principalmente socioeconómica, en el sistema educativo es uno de los ejes y cimientos sobre los que pretende construirse una nueva realidad educativa en España. Los datos de informes nacionales e internacionales sobre la conformación de centros gueto, mayoritariamente en la pública, en los que se escolariza a la mayor parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de entornos socioeconómicamente empobrecidos, de otras etnias y orígenes nacionales son claros. El sistema público se lleva la parte del león.
En este sentido, el Ministerio primero, y la Comisión de Educación después, ha puesto el ojo en la necesidad de una escolarización más equilibrada de este alumnado para lo que ha puesto sobre la mesa mecanismos como la supresión de la demanda social como criterio a la hora de planificar las necesidades de plazas o que la cercanía al domicilio familiar recuperase parte de su peso perdido tras la aprobación de la Lomce en 2013.
También, en el punto de mira, la apuesta por un sistema que se vertebre, principalmente, sobre esta escuela pública que durante los últimos años, tras la crisis de 2008, ha visto recortados sus presupuestos, menguadas sus plantillas y aumentada su precariedad y movilidad, con un porcentaje de interinidad que ha rondado el 30 %.
A lo largo del texto se marca la intención de que se creen las plazas públicas suficientes para la escolarización de la infancia, con el objetivo de frenar el cierre de aulas públicas allá donde, por ejemplo, se estaban manteniendo conciertos mientras la pública cerraba sus puertas.
La concertada, reunida en la plataforma Más Plurales lleva semanas protestando ante el Congreso, también desde sus propios centros, criticando con dureza las medidas implementadas por la Lomloe, en las que ven un ataque a la red privada financiada con fondos públicos. No solo por la supresión de la demanda social (introducida por el PP en 2013), también por la prohibición nuevamente expresa a cobrar cuotas a las familias para el mantenimiento de los centros. Hace años que la concertada critica que con el módulo de conciertos de los Presupuestos Generales del Estado no es suficiente para sufragar sus gastos de mantenimiento y consumos. Las nóminas del profesorado las paga el Estado.
La Lomloe establece que las actividades complementarias no pueden suponer discriminación para el alumnado que no pueda hacer frente al pago de estas cuotas ni deben desarrollarse durante el horario lectivo. Hace unos días, CEAPA y CICAE (patronal de la privada) publicaban su estudio anual en el que repasan las cuotas que se cobran en los concertados. Principalmente denuncian que son pocos los que avisan que son voluntarias y no han de pagarse, frente a una mayoría que presiona a las familias para que las paguen y así, sus hijas e hijos, no se encuentren en inferioridad de condiciones con respecto al resto de alumnado.
También han criticado medidas como la finalización de la posibilidad de cesión de suelo público para la escuela concertada, fijada también por la Lomce y que dio lugar a algunos casos importantes de corrupción en la Comunidad de Madrid, o el fin de los conciertos educativos a centros que segregan a chicas y chicos, también introducida por primera vez en la Ley Wert de 2013.
La educación especial, dominada principalmente por centros concertados, también ha estado, ya desde hace años, en el punto de mira de ciertos sectores. A pesar de que los tratados internacionales obligan a España a caminar hacia un sistema único ordinario, el Estado sigue manteniendo estos centros, así como las aulas específicas en centros ordinarios.
La disposición adicional 4ª mantiene el plazo de 10 años para la dotación de recursos suficientes en centros públicos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, principalmente derivados de la discapacidad, mientras que el artículo 74.1 mantiene de legislaciones anteriores, la posibilidad de apertura y mantenimiento de centros de educación especial. Bien es cierto que otros puntos de este artículo dan más capacidad a las familias a decidir por la escolarización en la red ordinaria.
Finalmente, la Religión dejará de computar para las diferentes notas y titulaciones, volviendo a la situación previa a la Lomce. De esta forma no influirá tampoco en el acceso a becas y ayudas y no obligará a tener una asignatura espejo evaluable también. Eso sí, será de obligada oferta por parte de los centros. El anhelo de sacarla de los centros educativos habrá de seguir esperando.
Y, por supuesto, el castellano como lengua vehicular del sistema ha supuesto, nuevamente, páginas y horas de críticas por parte de la oposición en bloque. El castellano no fue nombrado como lengua vehicular en el sistema educativo hasta la aprobación de la Lomce. Muchos entendieron entonces que se quería dar la batalla a los sistemas de inmersión lingüística, principalmente el catalán.
El apoyo de ERC a la ley ha pasado, en cierto grado, por revertir esta situación que ha acabado con la supresión del adjetivo vehicular de todo el proyecto de ley. El objetivo, claro, blindar el sistema de inmersión catalán.
Más infantil y programas de cooperación territorial
La educación infantil, principalmente el primer ciclo de 0 a 3 años, se ha convertido en una de las protagonistas de la ley. Es intención de la Lomloe el aumento de las plazas públicas «asequibles» para las familias de menos recursos que no pueden acceder a un centro de infantil en estas edades.
Para ello se da el plazo de varios años y, en paralelo, se ponen sobre la mesa lso 200 primeros millones de euros para que las comunidades los inviertan en estas plazas. El objetivo es pasar del 34 % de criaturas escolarizadas en esta etapa actualmente, al 54 % en los próximos años. Con la doble finalidad de mejorar las situaciones de conciliación y los niveles educativos generales de la población.
Estos 200 millones son parte de los programas de cooperación territorial que la Ley prevé poner en marcha durante su implantación. En ellos tendrá un peso importante también los centrados en el apoyo y recuperación del alumnado que puede acabar engrosando las cifras de abandono escolar temprano, todavía una de las más altas de la Unión Europea, con in 17,1%, después de una década de continua bajada.
Otras polémicas
La ley, además de tener en contra en bloque a la concertada confesional, ha encontrado otros desacuerdos. Por ejemplo, extrañó la falta de compromiso, finalmente, con recuperar la clase de Ética en 4º de la ESO, que votaron en su momento todas las fuerzas políticas del Congreso. Finalmente, en el proceso de enmiendas, el PSOE decidió no recuperar este acuerdo.
A esto se suman otras decisiones, como los cambios habidos en el proceso de selección de las y los inspectores, que cambia y deja en el aire la posibilidad de que no sea como hasta ahora, por concurso oposición, sino por una valoración que nadie sabe muy bien cómo se realizará. Diferentes organzaciones profesionales, como USIE, han criticado muy duramente esta decisión.
En este mismo sentido se encuentra la disposición adicional que fija la posibilidad de que un docente sea apartado de su labor directa con el alumnado en el caso de que no cumpliese debidamente su labor, tras dictamen de la inspección en este sentido.
Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/11/19/el-congreso-aprueba-la-lomloe-por-la-minima/
El gobierno de Vietnam está adoptando la tecnología blockchain a nivel nacional.
El Ministerio de Educación y Capacitación de Vietnam, o MOET, planea implementar la tecnología blockchain para emitir diplomas en 2021.
Según un anuncio del 18 de noviembre, el MOET se ha asociado con la startup TomoChain, con sede en Singapur, para colocar certificaciones nacionales de estudiantes en la plataforma blockchain patentada de TomoChain.
Como parte del proyecto “Archivo Nacional de Cualificaciones”, el MOET tiene previsto emitir todo tipo de diplomas otorgados por sus unidades de formación, la escuela secundaria y la educación superior en blockchain. El nuevo sistema entraría en vigor durante el año escolar que finaliza en 2021.
De acuerdo con un anuncio, el nuevo sistema de certificación basado en blockchain de Vietnam está diseñado para permitir una verificación transparente e inmutable de las calificaciones de los estudiantes. Se espera que el nuevo sistema reemplace los procesos de verificación de larga duración de las agencias de contratación y las unidades de recursos humanos. Nguyen Van Phuc, viceministro del MOET, dijo:
“La gestión de diplomas y certificados es un problema que debe resolverse mediante la tecnología, que es importante para toda la sociedad y también rentable para el sistema de gestión de diplomas en particular y la educación en general”.
Kyn Chaturvedi, director de desarrollo comercial de TomoChain, dijo a Cointelegraph que era la primera vez que la startup brinda sus servicios a una agencia gubernamental a través de esta iniciativa. «También es la primera vez que el gobierno vietnamita está trabajando con cualquier negocio de blockchain», señaló Chaturvedi.
La ‘ley Celaá’ potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones, reequilibra las competencias entre el Gobierno y las comunidades y quita al castellano la condición de lengua vehicular
El Congreso de los Diputados vota este jueves la que parece destinada a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), más conocida como ley Celaá. El Gobierno aprobó en mayo un proyecto de ley que ha experimentado importantes cambios en las últimas semanas por la vía de las enmiendas. En verano, tras ser derrotados en la votación sobre medidas educativas incluidas en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, los socialistas y Podemos hicieron cálculos y llegaron a varias conclusiones. Los apoyos de Ciudadanos y el del PNV resultaban incompatibles en materia educativa (como había demostrado su fracaso al intentar una propuesta de compromiso de amplio espectro, con cesión sobre la concertada incluida, en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción). El acuerdo con el PP (que se había intentado sin éxito en otras legislaturas) y con Vox resultaban inviables. Y el único camino, pensaron, para llegar a la mayoría absoluta (176 de los 350 escaños) pasaba por alcanzar una alianza con los partidos nacionalistas y los pequeños.
Así se explican los cambios que se han introducido en el texto aprobado por el Consejo de Ministros: hacia una mayor descentralización (en la cual se enmarca la decisión más polémica: el gesto de apoyo al modelo de inmersión lingüística en Cataluña plasmado en la eliminación del castellano como lengua vehicular) y hacia la izquierda (con un mayor subrayado a favor de la escuela pública y un mayor control de la concertada, que se ha opuesto a la norma).
Si no se tuercen las cosas en el último momento las modificaciones permitirán que, a diferencia de lo que sucedió en verano, esta vez la iniciativa del Gobierno salga adelante. Pero los cambios también hacen más difícil pensar que la nueva ley pueda resistir a un cambio de color en el Ejecutivo (como tampoco lo hicieron las anteriores). Estas son las principales medidas que recoge el proyecto de ley.
Medidas contra la segregación escolar
La ley incluye una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Por ejemplo, en la pública estudian nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Las comunidades deberán establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”. Las actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar. Se crean oficinas de garantías que velarán por el proceso de admisión y a las que los padres podrán dirigirse para realizar la matrícula, reduciendo la capacidad de maniobra de los centros para elegir a los alumnos. Se prevé la reducción de ratios en entornos desfavorecidos.
El criterio principal para adjudicar una plaza será la cercanía al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar. Todos los centros estarán obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matrícula viva: la de alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros públicos. Los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos. Se suprime el concepto de “demanda social” a la hora de programar las plazas educativas, y se subraya que la “educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red.
Limitación de repeticiones
En España ha repetido en torno al 31% de los alumnos de 15 años, casi el doble que en el resto de países desarrollados. El hecho de que el porcentaje de quienes no consiguen el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) alcance al 25% refleja, además, la escasa eficacia de la repetición para mejorar la trayectoria educativa del alumnado, según ha advertido Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado. Además, solo en la ESO la repetición tiene un coste de 3.340 millones de euros al año, según cálculos del Ministerio de Educación. La nueva ley prevé que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria, y que lo decida el equipo docente sobre la base de qué será más favorable la evolución académica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas. El título de bachillerato también podrá obtenerse “excepcionalmente” con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.
Nuevo equilibrio entre el Gobierno y las comunidades autónomas
La ley aprobada hace siete años por el PP reforzó las competencias educativas del Gobierno (por ejemplo en la fijación del currículo, formado por el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación), la nueva norma vira hacia un modelo en el que las comunidades tienen más competencias y participación. El Ministerio de Educación fijará el 50% del currículo en las comunidades con lengua cooficial (en lugar del 55% como hacía con la anterior ley educativa elaborada por el PSOE; con la última, del PP, es imposible comparar porque sustituyó el modelo de porcentajes por un complejo reparto de asignaturas que daba preeminencia al Gobierno) y el 60% (en vez del 65%) en las que no la tienen. La ley también prevé que los centros educativos fijen parte del mismo en una proporción que deben determinar las autonomías. Las comunidades estarán presentes en el futuro Instituto de Desarrollo Curricular, que tendrá la misión de actualizar regularmente el currículo. Y la ley prevé que el ministerio las consulte, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, antes de tomar diversas decisiones.
El castellano deja de ser vehicular
En la nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular, una expresión que introdujo el PP en la norma que aprobó en 2013, que también figuraba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y fue suprimida a través de una enmienda pactada por los socialistas, Podemos y ERC. La decisión tiene un alcance práctico limitado a corto plazo: el Tribunal Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Cataluña (la comunidad donde funciona desde hace décadas el sistema de inmersión lingüística y concentra la polémica), y a pesar de ello la Generalitat solo ha aplicado las sentencias en unas decenas de casos y después de que las familias recurriesen de forma individual a los tribunales. Y ninguna de ambas circunstancias cambiará tras la aprobación de la ley.
La decisión sí tiene una gran valor simbólico y supone un reconocimiento implícito al modelo de inmersión lingüística. Las entidades que reclaman que el castellano también se use en Cataluña creen que dificultará su ya penoso camino ante los tribunales para que la Generalitat cumpla las sentencias del Constitucional y el Supremo. El Gobierno destaca, por su parte, que lo importante es que la ley establece que los alumnos deben acabar la enseñanza obligatoria con un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial. Y que cuando ello no esté sucediendo en un centro las comunidades deben adoptar las medidas necesarias para corregirlo.
Niños y letreros en catalán en un aula del colegio público Reina Violant, en Barcelona. (C)CARLES RIBAS /
Menos itinerarios y diversificación curricular
La norma elimina los itinerarios educativos que separaban de forma temprana a los alumnos en la ESO introducidos por la norma del PP, la ley Wert, parte de los cuales no llegaron a aplicarse. En tercero, los alumnos que vayan mal podrán matricularse en un programa de diversificación curricular (que implica, entre otras medidas, hacer más sencillo el currículo), que continuará en cuarto y permitirá obtener el título de la ESO. Estos programas de diversificación son, para el experto educativo Lucas Gortázar, ahora en Esade, uno de los puntos fuertes de la ley.
Evaluaciones diagnósticas en vez de reválida
La ley cambia el modelo de reválidas implantado por el PP por cuatro pruebas diagnósticas. En cuarto de primaria y segundo de la ESO todos los alumnos harán unos exámenes para evaluar sus competencias, que los centros deberán utilizar para aplicar planes de “mejora” y “equidad”. Y en sexto de primaria y cuarto de secundaria también se realizarán pruebas, aunque en este caso solo con una muestra de alumnos y cada varios años, que en este caso servirán como “evaluación general del sistema educativo” a imagen de los exámenes de PISA. Tantos unos como otros tendrán un carácter meramente “informativo y orientador para los centros, las familias y el conjunto de la comunidad educativa” y no podrán utilizarse para establecer clasificaciones de centros. Muchos especialistas, como Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de Organización Escolar de la Universidad de Murcia, han venido reclamando más información sobre el sistema para poder mejorarlo y evaluar las medidas que se adoptan.
Cuatro tipos de bachillerato y ciclos en primaria
A las tres modalidades actuales de bachillerato, que son los de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias (que ahora se llamará Ciencias y Tecnología) y Artes, se sumará una cuarta, llamada General. Contendrá aspectos tanto de la rama científica como de la de letras, y está pensada para aquellos alumnos que al acabar la ESO (normalmente con 16 años) no se han decidido por una u otra vía. La etapa de primaria volverá a estar agrupada en ciclos de dos cursos, reduciendo su compartimentación. Y se simplificará el modelo de asignaturas de la ley Wert, reduciéndolas a obligatorias y optativas (ya no habrá las llamadas de libre configuración).
Los centros decidirán parte de las horas de clase
Los centros educativos desarrollarán parte del currículo, esto es, podrán decidir “un porcentaje de los horarios escolares”, que deberán orientarse al trabajo de las competencias básicas. Las comunidades decidirán qué porcentaje de las horas pueden fijar (que se descontará del 50% que pueden fijar ellas; la otra mitad corresponde al ministerio). En Portugal, donde los colegios gestionan una cuarta parte del horario, el aumento de la autonomía ha dado buenos frutos.
Fusionar asignaturas
La agrupación de asignaturas por ámbitos de conocimiento ―impartir conjuntamente, por ejemplo, Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología― ha funcionado bien desde mediados de los años noventa, cuando empezó a utilizarse en grupos de alumnos que iban mal en los programas de diversificación curricular. Con la pandemia, el Gobierno ha permitido a las comunidades generalizarlo a cualquier curso y grupo de la enseñanza obligatoria (salvo cuarto de la ESO), y la ley consolida el cambio. La primera autonomía en proponerlo fue la Comunidad Valenciana. Su consejero de Educación, Vicent Marzà, argumentó que los alumnos que llegan a los institutos desde la escuela pasan a tener de golpe “más asignaturas que años” y otros tantos profesores, lo que dificulta su adaptación y puede explicar, en parte, la elevada tasa de repetición de los primeros cursos de la ESO.
Puentes entre las 17 aulas virtuales autonómicas
El Ministerio de Educación impulsará la compatibilidad de las aulas virtuales autonómicas. Cada autonomía ha optado por la suya, lo que dificulta el intercambio de contenidos. Las aulas virtuales deberán permitir que los docentes creen fácilmente materiales para sus asignaturas. Deberá mejorarse la formación inicial y continua del profesorado al respecto, que la pandemia ha demostrado insuficiente.
Solidaridad interterritorial
La norma recupera los planes de cooperación interterritorial que creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para inyectar fondos en los sistemas educativos autonómicos y contribuir al “equilibrio territorial”. Tendrán prioridad los programas dirigidos a potenciar la escolarización “asequible” de cero a tres años, la FP, la educación inclusiva, el plurilingüismo y la escuela rural, así como los diseñados para reducir el abandono temprano,
Igualdad de género
La ley hace hincapié en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los elementos transversales en todas las áreas de conocimiento. Las comunidades deberán impulsar la presencia de mujeres en las ramas formativas con menor presencia femenina y la masculina en aquellas con escaso número de hombres. Los colegios que segreguen por sexos no podrán ser concertados. Y desde el proyecto educativo con el que se presenten los aspirantes a dirigir un centro hasta los libros de texto, pasando por la formación del profesorado, deberán fomentar la igualdad.
Escuelas sostenibles
Para promover «la cultura de la sostenibilidad ambiental” y contribuir a frenar el cambio climático, las comunidades deberán reducir el impacto ecológico de los centros educativos, en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno. También deberán crear “caminos escolares seguros”, como los que han ido poniendo en marcha distintos Ayuntamientos, como Barcelona o Valencia, para ir a clase a pie, y “promover los desplazamientos sostenibles” al colegio.
Más competencias para el consejo escolar
El Consejo Escolar, en el que participan profesores, familias y, a partir de secundaria, los alumnos, recupera las competencias que perdió con la ley Wert, que lo limitó a funciones informativas. Entre ellas: aprobará el proyecto educativo y la programación general del centro y participará en la selección del director.
Alumnos en una clase del colegio público López Ferreiro de Santiago de Compostela. OSCAR CORRAL / EL PAÍS
Educación especial
La ley sienta las bases para una progresiva transición desde un modelo con dos redes educativas paralelas, una ordinaria y otra especial, a la que asisten unos 35.000 alumnos con discapacidad, que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas considera segregador, a otro que integre más ambas. A corto plazo, la norma contempla que las discrepancias sobre el tipo de centro en el que deben ser matriculados los alumnos con discapacidad deberá resolverse “siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. Una fórmula con la que fuentes del grupo socialista esperan que terminen los casos en los que los alumnos son obligados a acudir a centros especiales contra el criterio de sus padres.
Al mismo tiempo, el Gobierno y las comunidades diseñarán un plan para que, en 10 años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Las Administraciones seguirán financiado los centros especiales para que, “además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”, en línea con el sistema que se ha implantado con éxito en Portugal. El PP, Vox y Ciudadanos defienden, en línea con lo que sostiene un importante sector de los colegios especiales y muchas familias y asociaciones, que esta segunda referencia recogida en la ley supone en realidad la puesta en marcha de un plan que conducirá al cierre de la mayoría de estos centros y que puede obligar a niños con necesidades educativas especiales a acudir a escuelas ordinarias contra el criterio de los padres y generando problemas educativos y de inclusión para los menores.
Religión
La asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media del expediente (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtención de becas) y de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan. La ley no dice en qué horario debe ofertarse, lo cual queda en manos de las comunidades.
Asignatura de valores cívicos
En uno de los cursos del último ciclo de primaria (quinto o sexto) y en otro de secundaria se estudiará la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, centrada especialmente en los Derechos Humanos y de la Infancia, los recogidos en la Constitución española, la igualdad de género, la cultura de la paz, la función social de los impuestos y “el respeto por el entorno y los animales”, entre otros elementos.
Cada alumno tendrá un número identificativo
Los alumnos tendrán un número identificativo para facilitar el «intercambio de la información relevante” y “el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas”, con el objetivo de mejorar la estadística educativa, dentro de los márgenes que establece la normativa de protección de datos.
Apartar a los malos profesores
Los funcionarios “que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento» podrán ser “removidos de su puesto” y destinados a “tareas que no requieran atención directa con el alumnado”.
Planes para futuras pandemias (u otras emergencias)
El cierre de los centros escolares en marzo demostró que que el sistema no estaba preparado para dar el salto a una modalidad a distancia. El ministerio y las comunidades “definirán un plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa de modo que garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia”. El “plan de contigencia para situaciones de emergencia” abordará la organización del centro, la coordinación de los docentes y la comunicación con las familias, además de garantizar la competencia digital de alumnos y profesores y asegurar los medios técnicos.
Nuevo acceso docente e incremento del gasto público
La ley da un año al Gobierno para presentar un sistema de acceso a la profesión docente, y de formación inicial y permanente. La norma concede dos años al Ejecutivo para formular un plan de aumento del gasto público con el que cumplir los objetivos de la ley. El mismo contemplará el aumento del gasto público educativo hasta el 5% del PIB, el porcentaje que alcanzó en 2010 antes de caer por la crisis. El año pasado no llegó al 4,2%.
Educación infantil
En un año el Ejecutivo deberá presentar un plan a ocho años vista para ampliar de forma “suficiente y asequible” la oferta pública de plazas de cero a tres años, procurando su gratuidad y «priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza”.
Calendario de aplicación
El Gobierno espera que el Senado ratifique la ley antes de fin de año para que la Lomloe esté en vigor para el próximo proceso de escolarización, que suele empezar en marzo. El calendario establece que a su entrada en vigor (20 días después de su publicación en el BOE) serán automáticamente aplicables los cambios que afectan a la admisión de alumnos, la autonomía de los centros docentes y las competencias de los consejos escolares. Y el curso siguiente se implantarán las modificaciones en materia de evaluación, repetición, titulación, organización y currículo.
Publica un informe en el que se demuestra cómo, si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede marcar su vida. Por ello, pide acabar con el mito de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. También destaca que, con las medidas adecuadas, es mejor tener las escuelas abiertas que cerradas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia describe de manera exhaustiva en ese documento las graves y crecientes consecuencias para los niños a medida que avanza la pandemia y demuestra que, si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede alterar la vida.
“A lo largo de la pandemia de COVID-19 ha existido un mito persistente de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podría estar más lejos de la verdad”, asegura Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF.
“Si bien los niños pueden enfermarse y propagar la enfermedad, esto es solo la punta del iceberg de la pandemia. Las interrupciones en los servicios clave y las crecientes tasas de pobreza representan la mayor amenaza para los niños. Cuanto más persista la crisis, más profundas serán sus repercusiones en la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños. El futuro de toda una generación está en riesgo”, añadió.
A lo largo de la pandemia de COVID-19 ha existido un mito persistente de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podría estar más lejos de la verdad.
El informe concluye que, al 3 de noviembre, en 87 países con datos desglosados por edad, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban una de cada nueve infecciones por COVID-19, o el 11% de los 25,7 millones de infecciones notificadas por estos países. No obstante, señala que se necesitan datos más fiables y sobre infecciones, muertes y pruebas para comprender mejor cómo la crisis afecta a los niños más vulnerables y orientar la respuesta.
Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre sí y a los adultos, existen pruebas claras de que medidas de seguridad básicas , los beneficios de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas, señala el informe. Las escuelas no son el principal impulsor de la transmisión comunitaria y los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera de los entornos escolares.
Niños guatemaltecos estudian desde su casa siguiendo las guías del Ministerio de Educación durante la pandemia de COVID-19.
Pese a todo, su salud está amenazada
Las interrupciones relacionadas con el COVID en los servicios sociales y de salud críticos para los niños representan la amenaza más grave para los niños, dice el informe.
Utilizando nuevos datos de encuestas de UNICEF en 140 países, señala que:
Alrededor de un tercio de los países analizados registró una caída de al menos el 10% en la cobertura de servicios de salud como vacunación de rutina, atención ambulatoria de enfermedades infecciosas infantiles y servicios de salud materna. El miedo a la infección es una razón importante para no acudir al centro médico.
Hay una disminución del 40% en la cobertura de los servicios de nutrición para mujeres y niños en 135 países. En octubre de 2020, 265 millones de niños seguían perdiendo las comidas escolares en todo el mundo. Más de 250 millones de niños menores de cinco años podrían perderse los beneficios de los programas de suplementación con vitamina A
65 países informaron de una disminución en las visitas domiciliarias de los trabajadores sociales en septiembre de 2020, en comparación con el mismo período del año pasado.
Los datos más alarmantes del informe señalan que:
En noviembre de 2020, 572 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de escuelas en 30 países: el 33% de los estudiantes matriculados en todo el mundo
Se estima que en un período de 12 meses podrían morir dos millones de niños más de muertes infantiles y 200.000 bebés más nacerían muertos, con graves interrupciones de los servicios de salud y aumento de la desnutrición
Otros entre seis y siete millones de menores de cinco años sufrirán emaciación o desnutrición aguda en 2020, lo que supone un aumento del 14% que se traducirá en más de 10.000 muertes infantiles adicionales cada mes, principalmente en África subsahariana y Asia meridional.
A nivel mundial, se estima que el número de niños que viven en la pobreza multidimensional – sin acceso a educación, salud, vivienda, nutrición, saneamiento o agua- se ha disparado en un 15%, o 150 millones de niños más para mediados de 2020.
UNICEF/Frank Dejo
Los estudiantes regresan a clases en la escuela primaria de San Pedro, en el suroeste de Côte d’Ivoire, tras su reapertura.
Por todo ello y para responder a esta crisis, UNICEF pide a los Gobiernos y otros agentes de la sociedad:
Asegurar que todos los niños continúen con su educación, incluyendo en este principio el cierre de la brecha digital
Garantizar el acceso a los servicios de nutrición y salud, y hacer que las vacunas sean asequibles y estén disponibles para todos los menores
Apoyar y proteger la salud mental de niños y jóvenes y poner fin al abuso, la violencia de género y la negligencia en la infancia
Aumentar el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene y abordar la degradación ambiental y el cambio climático
Revertir el aumento de la pobreza infantil y garantizar una recuperación inclusiva para todos
Redoblar los esfuerzos para proteger y apoyar a los niños y sus familias que viven en situaciones de conflicto, desastre y desplazamiento
«Este Día Mundial de la Infancia, pedimos a los gobiernos, los socios y el sector privado que escuchen a los niños y den prioridad a sus necesidades», dijo Fore. «Mientras todos reimaginamos el futuro y miramos hacia un mundo pospandémico, los niños deben ser lo primero».
Portal Otras Voces en Educación (OVE) lanzó esta petición dirigida para Directora General de la UNESCO
El magisterio colombiano y sus sindicatos agrupados en la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), son un referente internacional respecto a la lucha sindical, la construcción pedagógica alternativa, y por su constante defensa de los derechos humanos y de la democracia.
El movimiento pedagógico colombiano, desde la década de los ochenta del siglo pasado, desarrolló una hermosa experiencia de vínculo entre la educación emancipadora para todo el pueblo y la defensa de los derechos de les trabajadores de la educación.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 43
Total Users : 35490855
Views Today : 47
Total views : 3604270