Diputada Federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) cuenta haber sido amenazada al menos seis veces desde su elección en 2016
A lo largo de 2020, la violencia contra la juventud negra, sindicalistas, indígenas y defensores de los derechos humanos no paró de crecer en Brasil. Los políticos de izquierda también están entre las víctimas en ese mapa de la violencia.
La concejala Marielle Franco había recibido amenazas de muerte antes de ser asesinada, pero no tuvo apoyo de la Seguridad Pública del Estado de Río ni de la Mesa Directiva de la Cámara Municipal. La diputada federal Talíria Petrone (Partido Socialismo y Libertad – PSOL, Río de Janeiro) ya contabiliza seis amenazas de muerte. Todo comenzó en 2016, cuando aún era concejala de la ciudad de Niteroi.
Las intimidaciones se registraron en la línea telefónica de denuncias Disque-Denúncia, de responsabilidad del Instituto MovRio, contratada por el gobierno del estado. Las denuncias permanecen sin solución por la policía. Por eso, la parlamentaria recibe protección de guardias nombrados por la presidencia de la Cámara de Diputados, que la acompañan 24 horas al día.
La falta de seguridad, así como la destrucción de la educación pública y de los espacios culturales, es una política premeditada. La denuncia es del sociólogo y cientista político Paulo Baía, profesor del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), víctima de secuestro relámpago en 2013 por causa de sus posicionamientos en torno al asunto.
Para el, la seguridad pública en Brasil no fue estructurada con la idea de proteger la sociedad como un todo. “Fue creada para proteger grupos privilegiados contra los pobres, contra los esclavos, contra los desiguales; esa es la característica de la política de seguridad en Brasil”, afirma el especialista.
La diputada Talíria afirma que los ataques hablan del nivel violento de racismo y machismo estructural que impera en Brasil: «El lugar público no se entiende para la mujer, menos aún para una mujer negra. El lugar de poder no se entiende para nosotros, entonces ese cuerpo extraño tiene que ser eliminado de alguna forma”, explica la diputada.
La investigación registra desde 2016 hasta septiembre de 2020, 327 casos de violencia política y electoral: 125 asesinatos y atentados, 85 amenazas, 33 agresiones, 59 ofensas y 21 invasiones.
De acuerdo con la coordinadora general de Justiça Global, Sandra Carvalho, Brasil tiene en 2019 y 2020 un aumento significativo de los casos de violencia política. “Una cuestión muy importante es que las últimas elecciones eligieron un número significativo de mujeres negras y personas trans en diversos estados. E identificamos que fue muy intenso, muy elevado el número de ataques, amenazas, ofensas y descalificaciones dirigidas a esas parlamentarias”, explica Carvalho.
El escenario recrudece con el crecimiento exponencial de los grupos paramilitares y su involucramiento en el aparato estatal. El estado de Río de Janeiro presenta un dato escalofriante. Según reportaje del portal El País, del día 19 pasado, grupos paramilitares ya dominan un cuarto de los barrios del estado, con casi el 60% del territorio de la ciudad. La materia del portal usa los números de un estudio inédito de Disque-Denuncia.
Para la diputada Talíria, con relación a esa situación «lo más grave es que los paramilitares tienen brazos en el estado, y juntan el poder económico, político y el poder militar, las armas». La diputada denuncia que «más de 2 millones de personas en Río de Janeiro viven amenazadas por grupos paramilitares».
El otoño boreal vino acompañado de bajas temperaturas y una segunda ola de la pandemia de coronavirusque ha forzado a muchos países de Europa a implementar nuevas restricciones estrictas que se asemejan a las adoptadas a principio de año: toques de queda, cierre de bares y restaurantes, reducción de la capacidad máxima de reuniones, cancelación de eventos, entre otras. Sin embargo, las escuelas escapan a esas medidas y permanecen abiertas.
Alemania y Francia, por ejemplo, anunciaron hoy nuevas medidas que imitan a las ya tomadas en Italia y España, donde se intentará limitar el movimiento de las personas pero, a su vez, evitando un confinamiento total como el de marzo y abril para mitigar el impacto económico en economías ya dañadas por las restricciones previas. Es por eso que muchos países evitaron bajar las persianas de sus comercios, a pesar del aumento de casos, hospitalizaciones y muertes (los decesos por Covid-19 subieron casi un 40% en Europa en la última semana).
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy un nuevo confinamiento nacional para frenar el aumento de casos a partir del viernes y hasta al menos el 1 de diciembre. «El virus circula en Francia a una velocidad que ni siquiera los pronósticos más pesimistas habían previsto», dijo Macron en un discurso. Los bares, restaurantes y negocios no esenciales cerrarán, pero a diferencia del confinamiento de dos meses impuesto entre marzo y mayo, las escuelas permanecerán abiertas.
Los gobiernos se rehúsan a cerrar las escuelas por las potenciales consecuencias. En algún momento de este año más de 1200 millones de niños en 190 países dejaron de ir a clases en todo el mundo, de los cuales al menos el 30% no pudo acceder remotamente, lo que provocó una «emergencia educativa a nivel mundial», según declaró Unicef en un informe a fines de agosto.
Alaa Moatamed, Co-Founder of Presto, a leading delivery management service, takes home the $25,000 Grand Prize
With a pool of talented finalists from more than 15 African countries, the 2020 Anzisha Prize – the premier award for Africa’s youngest entrepreneurs – goes to Alaa Moatamed, a young female entrepreneur whose venture provides business owners with an affordable and convenient delivery service for customers. EdTech entrepreneur Matina Razafimahefa, 22, from Madagascar emerged as the first runner up ($15,000), while 22-year-old infrastructure entrepreneur, Mohamed Bah from Sierra Leone, was the second runner up ($12,500).
The 20 finalists were selected from an impressive initial pool of more than 1,000 young entrepreneurs, up from 600 in 2019. The Anzisha Prize is proud to have attracted applicants from more than 30 African countries, across multiple sectors. Each of the 20 finalists, who made it through the rigorous selection process, will receive $2,500 and will have the opportunity to join a fellowship of 122 entrepreneurs who receive venture building support and mentorship. Since 2011, Anzisha Fellows have created over 2,000 jobs – 56 percent of which have been for young Africans under 25.
At an early age, Alaa had a passion for business. In 2016, she participated in EYouth where she co-founded and headed her first initiative «Fettrah», a project aimed at teaching people with mental disabilities. After Fettrah, Alaa went on to co-found CFI «Camps for Intelligent,» an organisation targeting youth aged 12 to 17 that provided them with skills not offered in traditional schools like art and design, Android and web design, and languages. Through CFI, Alaa and her team reached more than 70 young people. Post 2017, Alaa worked as a community manager for a Cloud co-working space, one of the leading business hubs in Al Minya, Egypt. With the sum of her experiences, Alaa co-founded Presto.
Presto is an automated delivery system that connects vendors with customers and suppliers. The platform provides a crowd-sourced network of delivery agents for small businesses.Presto has been successful since it launched in 2019 and serves 300 stores and merchants in two cities.
Matina Razafimahefa, 22, from Madagascar. 2020 Anzisha Prize, First Runner Up. The 2020 Anzisha Prize winners were announced during a virtual gala event hosted on October 27. The Anzisha Prize, a partnership between the African Leadership Academy (ALA) and the Mastercard Foundation, is the premier award for Africa’s youngest entrepreneurs.
«Across upper Egypt, I saw people suffering from the problem we are solving and I wanted to try my best to help them, especially small businesses owned by women. I want to expand my service across Africa to help women who are suffering from operational hassles.» says Alaa.
The first runner up, Matina Razafimahefa, is the Founder of Sayna , an innovative EdTech venture. Her business sources, trains, and produces highly equipped young Africans in industry-specific digital skills. Since its inception, the venture has expanded its training to Comoros, Ivory Coast, Benin, and Senegal. To date, Sayna has placed 80 percent of its students in the global IT marketplace.
Second runner up, Mohamed Bah, is the Founder of Information for All (IFA) – a venture that constructs drills and repairs water wells and toilets, which ensures water sustainability and hygiene for water deprived communities. To date, the IFA team has drilled over 20 wells and provided clean water to thousands of people.
«The young people who have participated in the Anzisha Prize over the last decade remind us that betting on Africa’s young people is a recipe for success,» said keynote speaker, Reeta Roy, President and CEO, Mastercard Foundation. «Now more than ever, we need their entrepreneurial spirit.»
The Anzisha Prize is a partnership between African Leadership Academy and the Mastercard Foundation . The 2020 Anzisha Prize Finalists were celebrated on Tuesday, 27 October, during the programme’s 10 th year virtual awards ceremony. Thousands of viewers tuned in to commemorate young innovative African entrepreneurs who are creating jobs in their communities.
Applications for the next cycle of the Anzisha Prize will open on 15 February 2021. If you would like to nominate young entrepreneurs, visit anzisha.org/nominate. For those who would like to re-live the moment when Alaa was announced as this year’s winner, visit anzisha.org/awards.
Mohamed Bah, 22, from Sierra Leone is the 2020 Anzisha Prize Second Runner Up. The 2020 Anzisha Prize winners were announced during a virtual gala event hosted on October 27. The Anzisha Prize, a partnership between the African Leadership Academy (ALA) and the Mastercard Foundation, is the premier award for Africa’s youngest entrepreneurs.
The Anzisha Prize is delivered by African Leadership Academy in partnership with Mastercard Foundation. Through the Anzisha Prize, the organisers seek to fundamentally and significantly increase the number of job generative entrepreneurs in Africa. They believe that a key to doing so is to test, implement and then share models for identifying, training and connecting high potential, very young entrepreneurs (15 to 22 year olds) so that many more organisations have better collective success in creating a pipeline of entrepreneurs with the capabilities for scale.
About African Leadership Academy
African Leadership Academy (ALA) seeks to transform Africa by developing a powerful network of entrepreneurial leaders who will work together to achieve extraordinary social impact. Each year, ALA brings together the most promising young leaders from all 54 African nations for a pre-university program in South Africa with a focus on leadership, entrepreneurship and African studies. ALA continues to cultivate these leaders throughout their lives, in university and beyond, by providing on-going leadership and entrepreneurial training and connecting them to high-impact networks of people and capital that can catalyse large-scale change. For more information, visit http://africanleadershipacademy.org .
About the Mastercard Foundation
The Mastercard Foundation works with visionary organizations to enable young people in Africa and Indigenous communities in Canada to access dignified and fulfilling work. It is one of the largest, private foundations in the world with a mission to advance learning and promote financial inclusion to create an inclusive and equitable world. The Foundation was created by Mastercard in 2006 as an independent organization with its own Board of Directors and management. For more information on the Foundation.
Ministerio resalta que el retiro de niños de las escuelas es menor a años anteriores.
El coronavirus impactó en el sistema educativo obligando a la comunidad educativa a usar la tecnología, aunque limitada para muchos, para no perder el año escolar.
El Ministerio de Educación cuenta con una cifra sobre el abandono de niños del sistema. De acuerdo con la ministra Claudia Ruiz, son 64 mil 536 estudiantes en lo que va del año. El dato representa el 1.56% de escolares.
Esa cifra, dijo la funcionaria luego de una citación en el Congreso, es menor a la de 2019, que ascendió a 205 mil 105, así como con años anteriores.
Con base en esas cifras y tomando en cuenta la pandemia, Ruiz expuso que programas como la refacción escolar, que continuó aun cuando los niños no acudían a la escuela, y el seguro médico podrían ser factores que mantuvieron a los niños dentro del sistema.
No obstante, la cifra de 2020 puede variar con lo que resta del año escolar. El sector privado termina en octubre, el público en noviembre y el área administrativa de la cartera a mediados de diciembre.
Un grupo de jóvenes de la Coordinación Nacional de Estudiantil en Defensa de la Educación se manifestaron este martes frente a la Cámara de Diputados para exigir un aumento al presupuesto de educación superior de al menos 20 por ciento y “eliminar las crecientes cuotas de inscripción” que cobran la mayoría de las universidades públicas estatales.
En el pliego petitorio, entregado a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, el grupo estudiantil planteó también mejores condiciones laborales para el personal académico y un “retorno seguro” a la clases presenciales.
Octavio Ugalde, estudiante de la UNAM y miembro del Grupo Acción Revolucionaria, miembro de dicha coordinación, informó que este tipo de manifestaciones se replicará en los congresos locales de varias entidades del país.
La Coordinación que realizó el mitin está conformado por estudiantes de diversas universidades públicas y escuelas de nivel medio superior, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de Bachilleres, entre otras instituciones, así como organizaciones, colectivos y movimientos estudiantiles de Coahuila, Puebla, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México.
En el documento entregado a la Cámara de Diputados advierten que la crisis educativa se ha evidenciado en la precarización presupuestal paulatina a universidades públicas del país; en el alza de cuotas de inscripción permanente en universidades públicas estatales; en el “blindaje de élites burocráticas universitarias” en alianza con los gobiernos locales; en el desvío de recursos públicos; en la falta de transparencia, y en la antidemocracia dentro de los órganos de gobierno universitarios.
Pero también en la carencia de un programa educativo y pedagógico crítico que responda a las necesidades del país. “Estos efectos se han profundizado aún más en el marco de la actual crisis sanitaria y las clases virtuales recientemente anunciadas, donde miles de jóvenes han tenido que desertar debido a las imposibilidades de acceder a Internet o de contar con recursos y dispositivos tecnológicos adecuados”.
Además, señala que de acuerdo al INEGI alrededor de 30 millones de jóvenes en el país no tienen opción de asistir a la escuela. Estas cifras ponen en evidencia el rezago educativo y la desigualdad en el acceso a la educación pública de los niveles básico, medio superior y superior, señalan.
Reflejo de esta crisis y abandono de la educación superior es que de las 34 universidades públicas estatales del país, existen al menos una decena de universidades que se encuentran en crisis financiera acumulada desde hace más de 5 años, ubicadas en los estados de Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa.
Entre las demandas contenida en su pliego están la democratización de los órganos de gobierno de las universidades públicas y control presupuestal en manos de estudiantes, docentes y trabajadores, reducción salarial a altos funcionarios universitarios y aumento de las becas a estudiantes y salarios a docentes y trabajadores, y la cancelación de las cuotas de inscripción, servicios, exámenes y talleres en universidades públicas.
La defensora de la niñez ganadora de este año del Premio Nansen, el más alto galardón entregado por ACNUR por el trabajo humanitario con refugiados, relató a Noticias ONU la aterradora situación que viven niños y niñas venezolanas víctimas de explotación sexual en el norte de Colombia, e hizo un llamado a su país y a la comunidad internacional para que dejen de ignorar una situación que le está robando la niñez a miles de inocentes.
Mayerlín Vergara, defensora de los derechos de la niñez por más de 20 años, ha sido testigo de desgarradoras historias de niños colombianos maltratados, ha visto pequeños de cinco años consumir pegamento para calmar el hambre, ha conocido a otros que sufren maltrato y abuso diario en sus hogares y a algunos que le piden comida o un refrigerador a Santa Claus como regalo de navidad, pero nunca había visto tanto dolor como el que actualmente viven los refugiados y migrantes venezolanos en el norte de Colombia.
“Lo que vimos aquí en La Guajira con los niños y niñas, principalmente con los refugiados y migrantes, era para ponerse a llorar. Una situación deplorable. No solo físicamente hablando, no solo porque no tenían dónde dormir, o donde vivir, o qué comer, sino era la desesperanza en sus ojitos, esos rostros tan apagados, esa tristeza tan profunda”, describe la coordinadora regional del departamento de La Guajira de la Fundación Renacer, una organización que ha asistido a más de 22.000 niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de la trata y de otros tipos de violencia sexual y de género.
“Maye”, como la llaman con cariño los niños que ayuda y sus compañeros, se ofreció voluntariamente para abrir y dirigir un hogar para menores en Riohacha, en la frontera oriental de Colombia con Venezuela, después de ser testigo de la terrible situación a la que se enfrentan miles de migrantes que han cruzado para huir de la situación socioeconómica del país vecino.
Una de las grandes problemáticas, la que más duele, es la explotación sexual que sufren las niñas. La educadora ha tenido que presenciar situaciones extremadamente injustas y fuertes.
Escuchar a las niñas decir que no quieren vivir, que no quieren abrir sus ojitos porque ya no tiene sentido la vida.
“Escuchar a las niñas decir que no quieren vivir, que no quieren abrir sus ojitos en la mañana porque ya no tiene sentido la vida. Verlas intentar suicidarse, tener estrés postraumático, cuadros depresivos tan profundos, es lo más duro que yo he visto en toda mi historia y mi trayectoria en la Fundación Renacer. En esos momentos tan duros y difíciles yo recuerdo que le decía a Dios, ¡Señor, ayúdame porque yo sola no puedo!”.
Colombia, que alberga a unos 1,7 millones de venezolanos desplazados, ha informado de un aumento en los casos de trata de personas que se cree que está relacionado con la afluencia del país fronterizo. Los primeros cuatro meses de 2020 vieron un aumento del 20% en el número de víctimas de explotación no colombianas, en comparación con todo 2019, aseguran datos del gobierno.
Desde que abrió sus puertas hace poco más de un año, el hogar de rehabilitación que dirige Maye ha atendido a más de 75 sobrevivientes de violencia sexual, algunos de tan solo siete años. Se trata de niños y niñas que han sido rescatados de bares, burdeles, de la calle o que han sido sacados de hogares abusivos.
“Hay adolescentes de 12-14 años que uno creería que una muñeca no les va a emocionar, y les llevamos una muñeca a las niñas pequeñas y ellas terminan llorando porque también querían una. Es una cuestión de vulnerabilidad, es haberles negado la posibilidad de ser niños y ser niñas, y en el hogar ellos pueden hacer eso, gritar jugar y saltar, sin miedo a ser juzgados o cuestionados”, asegura la coordinadora.
UNICEF/Arcos
Una madre y su hijo saliendo de Venezuela y en camino hacia Cali, Colombia.
De Venezuela a Colombia
Pero darles a los niños la ayuda que necesitan no es trabajo fácil. Maye y su equipo se enfrentan a las organizaciones criminales y con ayuda de la comunidad logran identificar a las víctimas.
“Si ha habido situaciones de amenaza, claro que sí, porque de alguna manera estamos enfrentados a delincuentes. Pero cuando entramos a las comunidades no entramos con miedo y creo que la tranquilidad nos la da la convicción de que estamos haciendo algo bueno”, señala.
Maye explica que hay muchas niñas y jóvenes que migran solas desde Venezuela hasta la Guajira y una vez en la calle son alcanzadas por proxenetas y explotadores. Otras, son abducidas por delincuentes en su país y trasladadas a través de la frontera a municipios cercanos.
Son doblemente valientes, porque soportan todo ese doble impacto de la migración y la explotación.
“Hay niñas que han sido encerradas en casas de pueblos más pequeños con una proxeneta cobrando y los explotadores entrando. Yo creo que por eso tienen tanto daño, no solamente emocional, sino todas las afectaciones mentales, porque un cuerpo tan chiquito no puede aguantar tanto. Por eso para mí son doblemente valientes, porque soportan todo ese doble impacto de la migración, de dejar su casa, su familia, su escuela, su colegio , pero también todo el impacto de la violencia sexual y de sentirse tan vulnerables y aquí, en un lugar que ni siquiera es su territorio y su país”, señala Mayerlín.
La educadora narra que también hay niñas que cruzan con sus familias, y que, aunque estas no sean necesariamente las explotadoras, a veces ya venían de situaciones de maltrato o de indigencia.
“Hay niñas y niños que han venido solitos. Es decir, se vienen grupitos, se viene la amiga, la prima, la prima un poquito más grandecita, una de diecinueve con otra de diecisiete con otra de quince y con otro de cinco. Incluso nos hemos encontrado niñas que vienen con la vecina porque la mamá las mandó porque era mejor que estuvieran acá, y que no estuvieran pasando hambre allá. Entonces hay como una diversidad de situaciones”, explica.
Agência Brasil/Elza Fiuza
Durante la pandemia del coronavirus han aumentado los casos de violencia contra las mujeres y las niñas.
Un trabajo con la comunidad
Maye tiene un equipo que trabaja en las calles y se va a los asentamientos informales, donde el 80% de la población es refugiada o migrante. También van a barrios de comunidades de acogida y conversan con sus habitantes, hombres, mujeres y líderes y lideresas, a quienes capacitan para detectar a las víctimas más allá de los prejuicios.
“Con ellos hay que hacer un proceso de sensibilización, de formación, que es muy importante porque es muy fácil encontrar a una persona en la sociedad que vea a una adolescente que está siendo explotada sexualmente y crea que ella propicia su explotación sexual o crea que a ella le gusta, o que esto es una vida fácil o que piense que pobrecita porque no tiene qué comer entonces mejor que consiga dinero para su casa. Son imaginarios que son erróneos, hay que desmontarlos, y para desmontarlos hay que formar a los líderes y lideresas”, resalta la directora del hogar de rehabilitación en Riohacha.La educadora afirma que a medida que la comunidad comienza a entender que las niñas no son prostitutas sino víctimas de explotación sexual, van ganando aliados en los asentamientos.
“Se convierten en esas personas que cuando ven una niña o un niño víctima lo remiten”, dice.
Su equipo también hace el trabajo de recorrer las comunidades, y conversar directamente con quienes sospechan que son víctimas en parques, calles o tiendas donde las encuentran.
“Ya por la experiencia más o menos alcanzamos a conocer la actitud de las niñas que son víctimas. Entonces conversamos con las niñas y en ese diálogo, de esa generación de confianza, porque al inicio no nos van a contar todo de una vez, vamos insistiendo. Si no logramos nada, intentamos conseguir por lo menos un teléfono o un Facebook, nos comunicamos con ellas y es una comunicación casi que del día a día, hasta que ellas logran contar lo que les está pasando y luego de ahí les presentamos la oferta del hogar, siempre queremos como respetar sus ritmos, sus tiempos y que sea algo voluntario”, detalla.
ACNUR/Nicolo Filippo Rosso
Mayerlín Vergara Pérez, que trabaja con niños y niñas explotados sexualmente, ha ganado el premio Nansen que otorga ACNUR
Testigo del dolor, pero también de la recuperación
Mayerlín fue testigo de la recuperación de una niña que fue captada por otros niños en Venezuela y luego trasladada y explotada sexualmente en la Guajira.
“Fue explotada y abusada en todas las formas que uno se puede imaginar y luego abandonada en un monte. Esa niña… era tanto lo que le había pasado en la vida que ella misma llegó a la policía a pedir ayuda. Cuando uno habla con ella, ella dice “yo me entregué”. Y yo siempre le digo: ¡tú no! Los que se entregan son los delincuentes, tú no te entregaste, tú pediste ayuda. La nena estaba sola en la vida y llegó a nuestro hogar y pasaron como cinco o seis meses sin que pronunciara palabra”, relata la educadora.
La víctima de explotación no podía tan siquiera hablar de lo que había pasado, sino que se manifestaba con violencia. En el hogar la acompañaron, “respetando su ritmo”.
“No confiaba al inicio en nosotros y hoy se la pasa pegada. Ahora se la pasa sonriendo y soñando y encontramos a su familia, que es lo más importante también”, cuenta Maye.
La directora del hogar dice que casos como el de esa chica venezolana son una motivación para su equipo, ya que pueden ver el increíble resultado de su esfuerzo y trabajo.
“Al inicio ni los niños tenían esperanza, ni yo. Yo veía a los educadores como con todo el amor del mundo y les pedía que no se cansaran. Ver que esos primeros niños que llegaron hoy día están realizando prácticas pre laborales porque ya se capacitaron en cocina, en manicura y pedicura, en maquillaje, en peinados y verlos ya a todos empoderados y ver que ya tenemos dos líderes dentro de la casa, acompañando a otros a los que llegan nuevos. Ver por ejemplo a la niña que te contaba sentarse al ladito de la niña nueva y “decirle no te preocupes, esto va a pasar”. Eso no tiene precio”, asegura la ganadora del Premio Hansen de los Refugiados 2020.
Más de 20 años de trabajo
Desde muy joven, Mayerlí Vergara pudo ver el grave sufrimiento de los niños más vulnerables en Colombia. Con apenas 18 años, fue maestra de matemáticas de estudiantes de segundo grado de una de las zonas más pobres de la ciudad de Cali, el distrito de Aguablanca.
“Trabajaba en un en una zona bastante vulnerable y ahí empecé a conocer y acercarme a las historias de los niños con los que trabajaba, que eran niños y niñas de 7, 8 añitos, y empecé a escuchar cosas tan dolorosas de maltrato en la casa, niños que decían que les pegaban todos los días, o que en una carta de navidad pedían comida y una nevera porque en su casa no había”, rememora la ahora defensora de los derechos de la niñez.
Fue en ese entonces cuando intentó ir más allá de enseñarles operaciones matemáticas y comenzó a interesarse por su bienestar, pero se encontró con la pared de que no podía hacer nada por ellos fuera del aula de clase.
“Años más tarde, vi a unos niños en la calle consumiendo pegamento, un niño y una niña, como entre los 4 y los 5 años, y eso me partió el alma, llegó directo a mi corazón y en ese momento yo le dije a Dios que quería trabajar con niños y niñas que necesitaran un poco más que aprender a multiplicar”, recuerda.
Vergara, de regreso a su ciudad natal, Sahagún, en el norte del país, aun sintiendo ese llamado de ayudar a los niños respondió a un clasificado del periódico de una fundación que buscaba un psicopedagogo para trabajar en las noches con menores en Cartagena.
Maye no tenía título de psicopedagoga y ni siquiera sabía que era una ONG, pero quien la entrevistó se dio cuenta de la pasión que tenía por ayudar a los niños y decidió darle la oportunidad.
“A pesar de lo difícil y duro que fue al inicio, porque yo nunca había trabajado con adolescentes con tantas problemáticas, yo venía de trabajar con niños y con niñas de un colegio, sabía que eso era lo que yo quería hacer en la vida. Me conecté inmediatamente con sus historias, con sus vidas, con su dolor, con su alegría y quedé enamorada completamente a partir de ahí”.
Ya han pasado más de 20 años desde que Mayerlín comenzó a trabajar con la Fundación Renacer, sus décadas de esfuerzo y su más reciente trabajo con los niños y niñas refugiados venezolanos la hicieron acreedora este año al Premio Nansen de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
“Yo he podido ver a los niños recuperarse y los he podido ver desarrollar un proyecto de vida sano para ellos, para su familia, para la sociedad. Hoy día tengo grandes amigos egresados de la Fundación Renacer, que son grandes empresarios, que son enfermeros, que son médicas, que son psicólogos, que son mamás y papás amorosos y protectores. Y ver eso y saber que estamos en el camino correcto, eso me da la fuerza para levantarme y seguir adelante”, expresa.
Maye dedicó el premio Nansen a quienes sirve y dijo que también pertenece a los niños, niñas y adolescentes, cuya capacidad de soñar inspira para seguir creyendo que sí es posible construir una sociedad libre de la trata de personas con fines de explotación sexual.
“Este premio es un reconocimiento a la fuerza, valentía y resistencia de estas niñas, niños y adolescentes, ha sido un privilegio acompañarlas y acompañarlos en su proceso de recuperación emocional”, dijo durante la entrega del Premio.
UNICEF/Vincent Tremeau
Los menores de edad son susceptibles de sufrir una mayor violencia sexual durante el confinamiento por el coronavirus.
Una tragedia oculta
Mayerlín considera que la explotación sexual es una tragedia oculta y sabe que lo que muestran las cifras es una mínima parte de lo que ocurre.
“Yo diría que tenemos que reaccionar, que esto no puede seguir siendo parte del día a día. Es muy triste ver las estadísticas y ver que cerca del 90% de los delitos sexuales en general son cometidos contra mujeres y contra niños y niñas. No es posible que este delito haya sido creado para atentar contra la vida de los niños y de las niñas”, reflexiona.
El mensaje de Maye es muy claro: hay que actuar, porque según ella, algo está pasando en la sociedad que hace que esto se perpetúe.
“Necesitamos vernos como adultos y como adultas responsables, tenemos una deuda histórica con los niños y con las niñas y necesitamos por lo menos abonar. Necesitamos convertirnos en una sociedad más justa que escucha a los niños, que los respeta, que los valora, que los tiene en cuenta, porque hoy en día no se está escuchando a los niños. A veces se prefiere el celular o la televisión que escuchar a los hijos y a las hijas”, lamenta.
La educadora dice que se siente honrada de recibir el Premio Nansen, que es un gran privilegio y una oportunidad para hablar con el mundo y los medios y contarles que los niños víctimas de explotación sexual “sí pueden sobrevivir”.
“La explotación sexual y la trata de personas van más allá de las cifras y de las estadísticas, tienen rostros y duelen en lo más profundo del ser de los niños y de las niñas. Los niños y niñas y las familias refugiadas inmigrantes no salieron de Venezuela porque quisieron salir de turistas, salieron porque estaban en unas condiciones difíciles y necesitan de nosotros como adultos y como colombianos y colombianas y del mundo entero en general”.
Colegios y universidades de China registraron un aumento en la inscripción de estudiantes con discapacidades de 2017 a 2019, informó hoy martes la Federación de Personas Discapacitadas de China.
Un total de 12.362 estudiantes con discapacidad fueron admitidos en universidades en 2019, cifra superior respecto a los 10.818 en 2017 y 11.154 en 2018, dijo la federación.
La federación ha trabajado con los departamentos correspondientes durante años para facilitar el empleo de estudiantes universitarios con discapacidades a través de ferias especiales de empleo en línea y presenciales y una plataforma de servicios en línea para ayudar a las personas con discapacidades a encontrar trabajo o a emprender.
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