Page 1117 of 6179
1 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 6.179

América Latina: Países destacan importancia de las estadísticas para visibilizar las vulnerabilidades y grandes desigualdades que caracterizan a la región

Países destacan importancia de las estadísticas para visibilizar las vulnerabilidades y grandes desigualdades que caracterizan a la región

La XIX reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas fue inaugurada hoy con un llamado a fortalecer el papel de las oficinas nacionales de estadística para hacer frente a los desafíos del COVID-19.

Representantes de los países de América Latina y el Caribe destacaron hoy la importancia de las estadísticas para visibilizar las vulnerabilidades y las grandes desigualdades que caracterizan a la región e hicieron un llamado a fortalecer el papel de las oficinas nacionales de estadística para hacer frente a los desafíos que impone la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La XIX reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue inaugurada por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Juan Daniel Oviedo, Director General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, en su calidad de Presidente de la CEA-CEPAL, y Stefan Schweinfest, Director de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

En el encuentro, que se extenderá hasta el 27 de agosto, participan 39 delegaciones de los Estados miembros de la CEPAL y de 11 miembros asociados.

Durante su intervención, Alicia Bárcena advirtió que la pandemia del COVID-19 ha evidenciado y pronunciado con mayor fuerza problemas sociales que infelizmente caracterizan a nuestra región, como son la pobreza y la desigualdad.

Precisó que la pobreza se incrementará 37,3% y alcanzará a 231 millones de personas; unas 98 millones de personas vivirán en extrema pobreza (15,5%). Asimismo, la CEPAL proyecta una mayor desigualdad en la distribución del ingreso en todos los países de la región: el índice de Gini se incrementaría entre un 1% y un 8% en los 17 países analizados.

“La pandemia ha evidenciado con claridad que la desigualdad, problema sobre el cual la CEPAL ha insistido recurrentemente desde hace más de una década, no se sitúa solamente en el orden del discurso académico o técnico, sino que tiene consecuencias concretas y degradantes en la vida de las personas”, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Añadió que la precariedad de los sistemas de protección social ha dejado a la deriva a millones de personas que, ante al cierre de sus fuentes laborales, han debido recurrir a otras alternativas de subsistencia, no pudiendo respetar las medidas de distanciamiento social y exponiéndose a los riesgos de la pandemia.

En este contexto, instó a seguir avanzando hacia formas más comprensivas de medir el bienestar y de visibilizar las brechas sociales a través de información estadística desagregada por características como género, etnia, grupo de edad, lugar de residencia y discapacidades, para no dejar a nadie atrás.

“Necesitamos generar instrumentos que den cuenta de las percepciones que tienen las personas sobre su propio bienestar y experiencias e incorporar elementos subjetivos en nuestra noción del bienestar. Debemos contar con una medición más completa de los ingresos y de la riqueza de las personas, para así generar mejores políticas públicas para disminuir la desigualdad en los recursos económicos. Necesitamos avanzar en sistemas de información que integren la estadística con la geografía y nos permitan visualizar dónde ocurren los fenómenos que nos interesan”, subrayó Alicia Bárcena.

Asimismo, la máxima representante de la CEPAL advirtió que la pandemia ha incrementado el riesgo de no lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que ya venía presentando un avance dispar en la región. De acuerdo a un análisis de 72 series estadísticas de los indicadores de los 17 ODS para la región, se observa que se han alcanzado 4 metas; hay 15 que probablemente se cumplan según la tendencia actual; 8 necesitan más intervención de políticas públicas; 13 requieren una fuerte intervención de políticas públicas; 27 están estancadas y 5 están en retroceso, precisó.

En el caso de los países del Caribe, la pandemia ocurre en momentos en que ya presentan un alto desafío para el cumplimiento de los ODS, debido a su mayor vulnerabilidad ante las crisis externas, sus altos niveles de endeudamiento, sumado a una mayor exposición al cambio climático y eventos externos del clima, con lo cual se requerirá de un esfuerzo adicional al ya realizado.

Alicia Bárcena destacó que, para el seguimiento de los ODS, la CEPAL ha creado la Plataforma regional de conocimiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Gateway), la que tiene por objetivo servir de punto de encuentro y referencia para toda la información relacionada con los ODS, incluidas actividades, recursos de información, estadísticas, datos regionales, instrumentos analíticos específicos y productos de conocimiento desarrollados y puestos a disposición por las Naciones Unidas en respuesta a las necesidades de los países miembros.

Juan Daniel Oviedo, por su parte, subrayó que la Conferencia Estadística de las Américas cumple 20 años y, bajo el liderazgo de la CEPAL, se ha transformado en un catalizador de la modernización de las oficinas de estadística y de innovación en materia de producción estadística en la región.

“El trabajo conjunto de los países de América Latina y el Caribe se vuelve fundamental para aprovechar como región la oportunidad que nos brinda la información estadística de calidad, objetiva y pertinente que nos permita, en el marco de la CEA, orientar la revitalización de los tejidos sociales, productivos y ambientales de nuestros países en el marco de la nueva normalidad”, afirmó.

Stefan Schweinfest, Director de la División de Estadística de las Naciones Unidas, en tanto, felicitó a las oficinas de estadística de América Latina y el Caribe por haber permanecido unidas durante la pandemia y recalcó que la cooperación internacional es ahora más importante que nunca.

Destacó que la región inspira al resto del mundo por la integración de la información estadística y geoespacial, lo que, en medio de la pandemia, nos permite sabes no solo cuántas personas están infectadas, sino también dónde se ubican.

“Toda crisis es una oportunidad. Definitivamente es un momento de datos”, afirmó.

En la XIX reunión del Comité Ejecutivo de la CEA, las y los participantes analizarán los desafíos del COVID-19 como una oportunidad para fortalecer el papel de las oficinas nacionales de estadística, y dialogarán sobre el papel de las oficinas nacionales de estadística como administradoras de datos. También abordarán la década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y examinarán el progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2020-2021 de la CEA.

Fuente de la Información: https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-destacan-importancia-estadisticas-visibilizar-vulnerabilidades-grandes

 

Comparte este contenido:

Palestina: La lucha contra la COVID-19 en los territorios ocupados de Palestina

La lucha contra la COVID-19 en los territorios ocupados de Palestina

El brote de la enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19) en los territorios palestinos ocupados, y en Gaza específicamente, pone de relieve el efecto de un bloqueo continuado sobre la salud pública. En 2007, tras la toma de posesión de Hamás, Israel y Egipto impusieron un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a Gaza. De acuerdo con la decisión del gabinete de Israel en ese momento, se declaró que Gaza estaba gobernada por una “entidad hostil” debido a los ataques de Hamas a los ciudadanos israelíes. El bloqueo incluía la prohibición de lo que se conoce como materiales de doble uso (aquellos que pueden utilizarse tanto para fines civiles como militares). Sin embargo, la prohibición incluye artículos que no tienen nada que ver con la seguridad -por ejemplo, ciertos tipos de alimentos- y otros que se prohibieron como castigo -como las limitaciones de electricidad. El carácter extensivo del bloqueo ha tenido un efecto devastador en la salud y el bienestar de los residentes de Gaza.

En el 30 de junio de 2020, se han diagnosticado un total de 2.443 casos de COVID-19 en el territorio palestino ocupado, 72 de los cuales han sido en Gaza /1 (VS: a 16 de agosto se habían acumulado 21.554 casos, 4.225 por millón de habitantes, y 119 personas fallecidas, 23 por millón de habitantes,, y la situación de la transmisión es clasificada por brotes).

Los Ministerios de Salud palestinos, tanto en Gaza como en Ramallah, han reconocido que su capacidad para contener la propagación de la COVID-19 se ve limitada por la escasez actual y preexistente de material de asistencia sanitaria, incluidos los medicamentos y material desechable. Las medidas de salud pública han puesto su énfasis en la precación y han contribuido en gran medida a una tasa de infección muy baja durante los tres primeros meses de la crisis; por ejemplo, Gaza ha recomendado que las personas que regresen de fuera de Gaza por el cruce de Rafah o Erez permanezcan en cuarentena durante 21 días, en lugar de 14 días /2 .

Sin embargo, estos esfuerzos se ven obstaculizados por las restricciones especiales a las que se enfrenta el sistema de salud palestino. Si incluso los sistemas de atención de la salud bien equipados de los países europeos han encontrado difícil el manejo de esta crisis, es probable que el servicio de salud palestino, que soporta la carga de la escasez de presupuesto y una fragmentación desde hace décadas, se encuentre en una situación mucho peor. La separación entre Jerusalén oriental, Gaza y la Ribera Occidental, y las restricciones que Israel impone a la libertad de circulación de los pacientes, el equipo médico y el personal sanitario, obstaculizan estructuralmente el buen funcionamiento del sistema de salud palestino.

El bloqueo de 13 años significa que no se dispone de muchos tratamientos en Gaza y que el personal sanitario local no tiene conocimientos médicos actualizados. En consecuencia, más de 9.000 pacientes necesitan permisos de salida israelíes para salir de la Franja de Gaza cada año con el objetivo de recibir un tratamiento que no está disponible a nivel local, de los cuales una cuarta parte son pacientes con cáncer /3.

La insuficiente cantidad de equipo necesario para tratar la COVID-19 en el territorio palestino ocupado (por ejemplo, 87 camas con ventiladores en la unidad de cuidados intensivos para casi 2 millones de personas, y una escasez de equipo de protección personal) se ve agravada por las deficientes condiciones de salud pública: una crisis de agua y electricidad, una pobreza desenfrenada y una alta densidad de población /4 .

Mientras tanto, los pacientes que necesitan un tratamiento que no está disponible a nivel local se enfrentan a un dilema: seguir sin recibir tratamiento o correr el riesgo de infectarse por la COVID-19 al salir de la Franja de Gaza. A este dilema se suma el regreso obligatorio a los centros de aislamiento de Gaza, los cuales no cuentan con el equipo necesario, lo que supone un riesgo adicional para la salud. La OMS estima que, a finales de marzo, había unos 1.200 pacientes que debían abandonar Gaza para recibir tratamiento, entre ellos docenas de pacientes con cáncer /5.

Médicos de Israel por los Derechos Humanos (PHRI, la organización de salud y derechos humanos en la que ambos trabajamos) ha exigido que Israel actúe de forma transparente y publique las políticas del país para prevenir un brote en el territorio ocupado de Palestina. El Convenio de Ginebra exige que la Potencia ocupante adopte “las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias ” /6. Aunque Israel tiene preocupación por su seguridad, las restricciones que ha impuesto dejan a miles de personas sin acceso a una atención adecuada. Hay indicios iniciales alentadores de que se ha producido una cooperación entre Israel, la Autoridad Palestina y Hamas, al menos indirectamente. Sin embargo, es preciso adoptar nuevas medidas.

Para que los sistemas de salud palestinos puedan gestionar el brote, Israel debe levantar su cierre de la Franja de Gaza para permitir el funcionamiento adecuado del sistema de salud y otros servicios esenciales de Gaza ante la pandemia de COVID-19. El levantamiento del cierre debe incluir la eliminación de las barreras a la circulación de mercancías. En los casos en que no se disponga de medicamentos y equipo debido a la escasez de presupuesto o a argumentos de doble uso, Israel debe ayudar a garantizar el suministro de los materiales que faltan en la mayor medida posible. Simultáneamente, las autoridades israelíes deben trabajar con Hamas y la Autoridad Nacional Palestina para encontrar soluciones para los pacientes que actualmente no pueden salir de la Franja de Gaza pero que deben recibir un tratamiento no disponible en esta.

PHRI presentó una petición al Tribunal Supremo de Israel exigiendo la ayuda mencionada. En su respuesta del 7 de mayo, Israel detalló parte de la muy limitada ayuda que se ha proporcionado hasta ahora. Sin embargo, dadas las mencionadas deficiencias en los sistemas de salud de Gaza y la Ribera Occidental y el alcance de la responsabilidad de Israel, la ayuda que ha proporcionado hasta ahora es en gran medida simbólica. La petición ante el tribunal ha sido retirada, pero PHRI seguirá presionando para que se aumente la asistencia a Gaza, especialmente a la luz de una posible segunda oleada.

 

Referencias

 

  1. WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report 27.

 

  1. Palestinian National Authority. Ministry of Health, Unit of Information System

Daily report for COVID 19 virus.

 

  1. WHO. Right to health 2018.

 

  1. WHO. Coronavirus disease (COVID-19) situation report 33.

 

  1. WHO. Health access. Barriers for patients in the occupied Palestinian territory.

 

  1. International Committee of the Red Cross. Geneva convention relative to the protection of civilian persons in time of war (fourth Geneva convention).

 

 

The Lancet, September 2020

 

Fuente de la Información: https://vientosur.info/la-lucha-contra-la-covid-19-en-los-territorios-ocupados-de-palestina/

Comparte este contenido:

Líbano: Socorristas dijeron que ya no encuentran “ninguna señal de vida” entre los escombros de la explosión en Beirut

Socorristas dijeron que ya no encuentran “ninguna señal de vida” entre los escombros de la explosión en Beirut

Los socorristas libaneses, ayudados por un equipo de “topos” chilenos, indicaron este sábado por la noche que no habían encontrado “ninguna señal de vida” en las ruinas de un edificio siniestrado de Beirut, un mes después de la devastadora explosión ocurrida en el puerto.

Un equipo de socorristas chilenos, pertenecientes a la unidad Topos Chile, que ayuda en las tareas de rescate en la capital libanesa detectó el jueves latidos cardíacos débiles bajo los escombros de un edificio gracias a un perro rastreador y escáneres térmicos. Esta noticia suscitó la esperanza de encontrar un superviviente de la trágica explosión en el puerto de la capital, que destruyó el 4 de agosto vecindarios enteros y dejó al menos 191 muertos y más de 6.500 heridos.

Después de tres días apartando una gran cantidad de escombros, sobre todo a mano, Francesco Lermanda, un socorrista especializado chileno, indicó el sábado por la noche que no se había detectado ninguna otra señal de vida entre las ruinas del inmueble.

“Lamentablemente, hoy podemos decir que técnicamente no tenemos ninguna señal de vida dentro del edificio”, declaró a la prensa.

Dos socorristas se introdujeron el sábado por un túnel hasta el último reducto de aire en el que podría haberse encontrado víctimas, pero no hallaron a nadie, precisó.

“Sin perjuicio de eso, la cooperación y los protocolos continúan para poder dejar la zona segura y seguir buscando alguna victima en el interior”, explicó Lermanda.

Por la tarde, el ingeniero que supervisa las operaciones, Riyadh al Asad, comentó que se habían evacuado varias capas de escombros, en vano.

“Llegamos al hueco de la escalera y no había nada”, lamentó. “El perro nos dio esperanzas pero eso también puso de manifiesto los fallos de todo el sistema. Este edificio debería haber sido despejado hace varias semanas”, dijo.

El Líbano no cuenta con material ni con personal capaz de llevar a cabo ese tipo de operaciones de búsqueda y rescate. Por ello, llegaron al lugar expertos procedentes de Chile, Francia y Estados Unidos.

Todavía quedaban escombros por retirar en la escalera pero la operación parecía haberse complicado.

El director de operaciones de la Defensa Civil libanesa, George Abou Moussa, había declarado el sábado por la mañana que las probabilidades de encontrar supervivientes eran “bajas”.

Por su lado, uno de los socorristas chilenos, Walter Muñoz, dijo a los periodistas que la esperanza de encontrar un superviviente es del “2%”.

El gobernador de Beirut, Marwan Abboud, declaró el jueves a la prensa que podría haber uno o dos cuerpos e incluso un superviviente.

Este anuncio, un mes después de la explosión apocalíptica causada por varias toneladas de nitrato de amonio almacenadas durante años en el puerto sin medidas de seguridad, suscitó una esperanza entre gran parte de la opinión pública traumatizada.

“Es nuestro último latido”, escribió el viernes en Facebook Nasri Sayegh, artista visual y actor beirutí.

Con información de Infobae – AFP

Fuente de la Información: https://lahora.com/2020/09/06/socorristas-dijeron-que-ya-no-encuentran-ninguna-senal-de-vida-entre-los-escombros-de-la-explosion-en-beirut/

Comparte este contenido:

Estados Unidos: The Economic Model of Higher Education Was Already Broken. Here’s Why the Pandemic May Destroy It for Good

The Economic Model of Higher Education Was Already Broken. Here’s Why the Pandemic May Destroy It for Good

Zachary Karabell

Karabell is an author, investor, and commentator. He is the president of River Twice Research. His forthcoming book is Inside Money: Brown Brothers Harriman and the American Way of Power.

With the fall semester upon us, colleges and universities unveiled their plans for students—and many are just as quickly upending those plans. The University of North Carolina and Notre Dame recently announced they were changing…

With the fall semester upon us, colleges and universities unveiled their plans for students—and many are just as quickly upending those plans. The University of North Carolina and Notre Dame recently announced they were changing their on campus plans as COVID-19 cases spiked. Many other universities are sure to follow. Already, universities ranging from Syracuse to Ohio State are suspending hundreds of students for violating social distancing rules, while COVID-19 outbreaks are on the rise on campuses such as the University of Alabama. While there is considerable variety in the actual plans, ranging from mostly in-person to all virtual, they all share one imperative: to maintain an economic model that is as imperiled by the pandemic as the hardest hit service industries.

Over the past decade, colleges and universities have taken on staggering amounts of debt to expand their physical plant and justify spiraling fees. The selling point for the most competitive residential colleges has been not just the education and the credential but the experience, and with COVID-19 and health strictures making a “normal” college experience all but impossible for now, these schools are left with the unenviable challenge of trying to ensure enough student revenue to keep the music going for the next year.

The result is failing at so many levels. The way most schools are structuring the next year compromises education, health and student life to the point where the next year is more likely to unravel the model rather than actually preserve it.

Community colleges, which are by and large non-residential can easily go online; students, mostly older and already in the workforce, are looking for a needed credential and can get that online fairly easily. But for the hundreds of selective and expensive four-year colleges and universities, the campus is part of the package. What’s the point of college without dorm life, cheering at sporting events, and soggy lettuce in the dining hall? What’s true for students is as true for the accountants who know that the economic viability of so many schools is determined by what happens out of the classroom.

Without at least some students in residence, the delicate and extraordinarily expensive armature of higher education could collapse. While administrators undoubtedly are also trying to preserve some of the college experience out of a deep commitment to their educational mission, most of these contortions (students on campus but still taking online classes) seem driven more by economic urgency than anything else. They also appear doomed to failure. Students will break the rules and be disciplined; morale will plummet; and even when students do comply, the educational experience will suffer, making all involved question why any of it is worth the vast amount of money require to attend.

Schools seem to be trying to solve the square peg and round hole problem by smashing the peg into the hole in order to shore up a revenue model that was already out of control pre-pandemic. By adopting a short-term approach, colleges are likely to create a backlash that will do nothing for them going forward and could hasten the collapse of their economic model that will be more destructive to students and these schools than just cancelling in person campuses entirely for the fall.

The economics of higher education are byzantine. Without students physically present on campus, it would be impossible to justify tuition, room and board that exceeds $70,000 at private schools and similar levels at state schools for out-of-state students. Much of the cost is not faculty and course offerings, as a recent report by the Century Foundation demonstrated. While many private schools do spend more than $20,000 on academics per student, more spend considerably less.

Yet, the experience for the next year is more punitive than rewarding. At most schools, students will have to sign a lengthy document binding them to an astonishingly restrictive set of rules, which if they violate can be met with immediate suspension or even expulsion. Here’s one sample of what Harvard students must commit to: “I will not have guests in my residential suite. I understand that “guest” herein means anyone not assigned to my residential suite….I will only access my own residential building and will not access other residential buildings.” It would have been more to the point, and more honest, had the document been labelled, “No sex please, we’re Harvard.” These rules are echoed across the country.

These rules run to many paragraphs at most schools, and if followed to the letter, entail a commitment by students attending college in the fall to live monastic lives. Given these pretzel-like contortions, it is hard to see what motivates the schools other than trying to preserve an imperiled economic model with a pseudo-opening. Most private and elite state-school charge between $10,000 and $17,000 a year for room and board. The costs of room and board have risen even faster in the past decade than the cost of tuition, which itself has risen much faster than inflation. While some of the increase is driven by competition (who has the most variety at the school dining halls? You have sushi, well we have a charcuterie…), some is also part of the overall explosion of costs and the relentless demands of growth. And new dorms and residences along with student centers and activities in turn are part of the justification for tuitions of $50K a year. And one of the fastest growing cost-center for universities for the past decade has been layers of administrators to manage these increasingly complex ecosystems., which is then exacerbated by decreasing state-funding over the same period.

Being on campus is the college experience for these schools, without which it becomes difficult to justify and demand those fees. Once that unravels, so does the whole economic model.

Universities have been experimenting with online, streaming courses and lectures for the past decade, and some (such as Arizona State University) have already been implementing hybrid models long before the pandemic in order to make distance and life-long learning more feasible for older students who may be working full-time and trying to finish their degrees. But on-line education as the primary model is a fraction of the cost. A student can earn a degree via distance learning for a few thousand dollars a year.

For hundreds of four-year colleges and universities, the model then depends on residential life (either fully in dorms or in proximate off-campuses housing) and all the attendant bells-and-whistles: clubs, parties, extracurriculars, social life and group learning. On-line fees can never make up the gap. Going virtual is a partial pedagogical solution, but it opens up a host of economic problems that most schools are not yet able to confront.

The result for this fall and into 2021 will be an experience for many students that will be worse than if they stayed home, and if schools try to enforce even stricter rules when there are outbreaks, it will become even worse. The disillusionment combined with the on-again, off-again has already led to declining enrollments this fall. If this year goes as badly as now seems possible, it will likely hasten the very unravelling of the economics of higher education that universities and colleges are so desperate to avoid. Given uncontrolled costs, it may be that this reckoning was long-overdue and could lead to a new, more balanced ecosystem. But getting there will be arduous, and students for these next terms are likely to bear the brunt.

Fuente de la Información: https://time.com/5883098/higher-education-broken-pandemic/

 

Comparte este contenido:

México: Prevén aumento considerable de abandono escolar ante COVID 19

Prevén aumento considerable de abandono escolar ante COVID 19

Las investigadoras Inés Dussel (CINVESTAV); Carlota Guzmán, del Centro (CRIM, UNAM), y Sylvia Ortega (Mejoredu) manifestaron que un gran número de estudiantes de la educación media superior está en riesgo de abandonar la escuela en este tiempo de pandemia por causas socioeconómicas, por lo que recomendaron establecer una nueva generación de políticas públicas con las que se refuerce la coordinación intersectorial para hacer frente a este problema.

Destacaron la pertinencia de las sugerencias emitidas por la comisión para este nivel educativo, las que pueden adaptarse a las condiciones y diversidad de los planteles.

En el foro moderado por Leonel Pérez, consejero técnico de Mejoredu, Inés Dussel, investigadora del DIE-CINVESTAV, señaló que entre los factores que incrementan el riesgo de abandono en la educación media superior están la desigualdad económica y la falta de conectividad.

Resaltó que durante la contingencia por COVID-19 es importante que los actores educativos tengan mejores herramientas, trabajen de cerca con madres y padres de familia y construyan grupos de apoyo en la escuela y señaló que es momento de valorar “qué queremos que siga y qué debemos desechar”.

Destacó que el regreso a clases debe tomarse como una celebración en la que se reconozca el esfuerzo que el Sistema Educativo Nacional ha realizado en favor de las y los estudiantes.

Dijo que uno de los principales retos que enfrentan las y los docentes durante la pandemia es la selección de contenidos y los invitó a no renunciar a los más difíciles y a no descuidar los aspectos afectivo y emocional de alumnas y alumnos.

Carlota Guzmán Gómez, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, señaló que en la educación media superior 19 por ciento de las y los estudiantes no ha tenido contacto con sus profesoras y profesores, cifra bastante preocupante que orilla al abandono escolar.

Destacó que la insuficiente conectividad, la falta de interés al no poder acoplarse a la educación a distancia y el deterioro económico de sus familias están entre los factores que influyen para que los jóvenes dejen la escuela.

Mencionó que, en términos de política pública, el programa “Aprende en Casa II” realizado a través de la televisión, transmite un mensaje de certeza a las niñas y a los niños, a las y los docentes, y a las madres y los padres de familia, porque hay una estrategia de comunicación mucho más clara de parte de las autoridades educativas.

Resaltó que hay cambios favorables, como la mejor preparación docente y que tanto ellos como las y los estudiantes aprendieron a comunicarse en este tiempo.

Sylvia Ortega, consejera ciudadana de Mejoredu, aseguró que ante esta crisis las comunidades escolares respondieron al organizarse para mantener el aprendizaje de las y los estudiantes y que con base en esa evidencia se puede apreciar lo que funcionó.

Prueba de ello, comentó, fueron las decisiones tomadas para no dejar a nadie atrás y el interés mostrado por las profesoras y los profesores para que sus estudiantes terminaran su ciclo escolar.

Subrayó que la deserción se presenta por motivos socioeconómicos y afecta más a las mujeres. La educación necesita una nueva generación de políticas públicas coordinadas con sectores como los de salud y de trabajo, subrayó.

Informó que la exclusión, la desigualdad y el bajo logro escolar deben atenderse en la educación media superior, pues es posible que empeoren con la pandemia.

Finalmente, destacó que las administraciones anteriores dejaron muchas cosas por hacer en este nivel educativo, por lo que el actual gobierno trabaja para que el sistema educativo esté a la altura de lo que requieren las nuevas generaciones.

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/preven-aumento-considerable-de-abandono-escolar-ante-covid-19/

Comparte este contenido:

Nigeria: Government failings leave rural communities at the mercy of gunmen

Nigeria: Government failings leave rural communities at the mercy of gunmen

  • At least 1,126 villagers killed by bandits from January to June 2020 
  • Attacks pose threats to food security in rural areas 
  • Failure to bring killers to justice fuels impunity

The Nigerian authorities have left rural communities at the mercy of rampaging gunmen who have killed at least 1,126 people in the north of the country since January, Amnesty International said today.

The organization interviewed civilians in Kaduna, Katsina, Niger, Plateau, Sokoto, Taraba and Zamfara states, who said they live in fear of attacks and abductions as insecurity escalates in rural areas. Many of those interviewed described how security forces often arrive hours after attacks have ended, even when officers have been given information about impending attacks. During one attack in Unguwan Magaji in Kaduna state, security forces arrived at the scene but left when they saw the sophisticated ammunition the attackers were using. By the time they returned, at least 17 people had been killed.

Amnesty International has documented an alarming escalation in attacks and abductions in several states in north west and north central Nigeria since January 2020. Worst affected are villages in the south of Kaduna State, where armed men killed at least 366 people in multiple attacks between January and July 2020.

«Terrifying attacks on rural communities in the north of Nigeria have been going on for years. The ongoing failure of security forces to take sufficient steps to protect villagers from these predictable attacks is utterly shameful.»

“In addition to the security forces’ failure to heed warnings or respond in time to save lives, the fact that no perpetrators have been brought to justice leaves rural communities feeling completely exposed. The President claims he has repeatedly tasked security agencies to end the killing so that Nigerians can go to bed with their eyes closed, but clearly nothing has changed.”

Houses burned, villagers abducted 

At least 77 people have been killed since January 2020 in the ongoing communal clashes between the Jukun and Tiv ethnic groups in Taraba state, northeast Nigeria. The ethnic conflict between Jukun and Tiv ethnic groups has been on and off since the early 1990’s as authorities consistently failed to end the conflict.

On 28 May, at least 74 people were reportedly killed in Sokoto state, when gunmen attacked four villages in Sabon Birni Local Government Area.

According to witnesses interviewed by Amnesty International in Kaduna, Plateau and Katsina states, the attacks are well coordinated. Attackers stormed villages on motorcycles and heavily armed. They shoot sporadically at people, set houses on fire, steal cattle, destroy farm produce and abduct villagers for ransom.

Most villagers told Amnesty International that the government left them at the mercy of their attackers. They complained of receiving little or no help from security officials during attacks, despite informing them prior or calling for help during attacks. They lamented that, in most cases, the security forces arrived hours after attacks.

A witness to an attack in Unguwan Magaji in southern of Kaduna said:

“During the attack, our leaders called and informed the soldiers that the attackers are in the village, so the soldiers did not waste time and they came but when they came and saw the type of ammunitions the attackers had they left. The following morning so many soldiers came with their Hilux pick-up trucks to see the dead bodies.”

Escalating violence in southern Kaduna 

In response to increasing violence in the south of Kaduna State, the State Governor imposed a 24-hour curfew in affected communities in June 2020, but attacks have continued. Violence has been on and off in southern Kaduna since the aftermath of 2011 elections and authorities have failed to both end the violence or bring the perpetrators to justice.

On 6 August at least 22 people were reported killed when gunmen suspected to be herders attacked four communities in Zangon Kataf Local Government Area of the state.

More than 100 people were killed in July during 11 coordinated attacks in Chikun, Kaura and Zangon-Kataf Local Government Areas of the state. At least 16 people were killed in Kukum-Daji on 19 July 2020, in an attack that lasted for five minutes, when attackers shot sporadically at villagers.

A farmer in Kukum Daji whose son was killed during the attack informed Amnesty International:

“My son was 20 years old, he had just gotten admission at University of Jos. He was at home due to the Corona pandemic, then the attack happened. When I saw his dead body, my body became very weak, I started feeling dizzy, I thought I was going to fall, my whole body was on fire but there was nothing I could do, I just told myself that am leaving everything to God. I will never be happy again in this life for losing this boy. His death has really affected me”.

Some victims of the recent attacks in southern Kaduna told Amnesty International that security forces were absent during most of the attacks, arriving only hours after the attackers had left. In rare cases when security forces arrived during attacks, they often came with inadequate intervention.

Humanitarian crisis looms 

The violence has forced many farmers and their families to flee their homes. In Katsina state, at least 33,130 people are now in displacement camps, and others have gone to stay with relatives in urban areas. Thousands of farmers could not cultivate their farms during the 2020 rain season because of fear of attacks or abduction.

«These attacks have caused massive displacement and food insecurity in the affected states. The majority of the people in these communities depend on farming for their livelihoods, but they are now too afraid to go to their fields.»

“This is pushing the region to the brink of a major humanitarian crisis. The Nigerian authorities’ failure to stem the violence is costing people’s lives and livelihoods, and without immediate action many more lives may be lost.”

A 50-year-old farmer in Batsari Local Government Area of Katsina State told Amnesty International:

Abductions

At least 380 people have been abducted for ransom during attacks in Kaduna, Niger, Katsina, Nasarawa and Zamfara states in 2020, mostly women and children. Largely, relatives of those abducted sell all their belongings to pay ransom to the gunmen and those unable to pay are mostly killed.

Arrested for Daring to Seek for Better Protection

Not only has the government failed to take the steps needed to stop these attacks, police regularly punish those who dare to ask for more protection. Amnesty International has documented how farmers, rights groups, and activists are subjected to intimidation, arrest and torture for speaking out against the attacks or asking government to help protect the people.

On 8 August at least 3 people were arrested during a peaceful protest at Refinery Junction, Kaduna South, and on 18 June, at least 20 protesters were arrested and detained for days by police in Katsina State.

On 17 June, Nastura Ashir Sharif – an activist was arrested for speaking out against the killings and leading protests calling for an end to the rising insecurity in the country.

On 10 April, a youth from the Oureedam community in the Bassa area of Plateau State was arrested after complaining that security forces had arrived late to an attack. He said he was beaten and was made to roll on a wet floor. He was eventually released when a lawmaker representing his community intervened.

«In their response to these attacks, the Nigerian authorities have displayed gross incompetence and a total disregard for people’s lives. Arresting people who dare to ask for help is a further blow. Instead of arresting critics, the   authorities should be seeking urgent solutions to this crisis and doing all they can to prevent further attacks.»

Amnesty International is calling on Nigerian authorities to independently investigate all these deaths and ensure accountability by bringing the perpetrators to justice. Spate of these killings is an evidence of failure of authorities to protect the people. Inability of authorities to bring attackers to justice is fueling dangerous conspiracy theories that only escalate the violence.

“The government has an obligation to protect its population. The rising death toll in the north of Nigeria shows just how badly the authorities are failing in this responsibility.”

Rising insecurity in several states in the north of Nigeria, including Kaduna, Katsina, Niger, Plateau, Sokoto, Taraba and Zamfara states, has left thousands dead.

Amnesty International Nigeria has been monitoring the banditry attacks and clashes by herders and farmers since 2016. In December 2018 we published a report, based on years of research, that documents the violent clashes between members of farmer communities and members of herder communities in parts of Nigeria, particularly in the northern parts of the country.

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/nigeria-government-failings-leave-rural-communities-at-the-mercy-of-gunmen-1/

Comparte este contenido:

Londres: WikiLeaks’ Assange to fight US extradition bid in UK court

WikiLeaks’ Assange to fight US extradition bid in UK court

LONDON — WikiLeaks founder Julian Assange is set to fight for his freedom in a British court after a decade of legal drama, as he challenges American authorities’ attempt to extradite him on spying charges over the site’s publication of secret U.S. military documents.

Lawyers for Assange and the U.S. government are scheduled to face off in London Monday at an extradition hearing that was delayed by the coronavirus pandemic.

American prosecutors have indicted the 49-year-old Australian on 18 espionage and computer misuse charges adding up to a maximum sentence of 175 years. His lawyers say the prosecution is a politically motivated abuse of power that will stifle press freedom and put journalists at risk.

Assange attorney Jennifer Robinson said the case “is fundamentally about basic human rights and freedom of speech.”

“Journalists and whistle-blowers who reveal illegal activity by companies or governments and war crimes – such as the publications Julian has been charged for – should be protected from prosecution,” she said.

American prosecutors say Assange is a criminal, not a free-speech hero.

They allege that Assange conspired with U.S. army intelligence analyst Chelsea Manning to hack into a Pentagon computer and release hundreds of thousands of secret diplomatic cables and military files on the wars in Iraq and Afghanistan. They also say he conspired with members of hacking organizations and sought to recruit hackers to provide WikiLeaks with classified information.

“By disseminating the materials in an unredacted form, he likely put people — human rights activists, journalists, advocates, religious leaders, dissidents and their families — at risk of serious harm, torture or even death,” James Lewis, a British lawyer acting for the U.S. government, told a hearing in February.

Assange argues he is a journalist entitled to First Amendment protection, and says the leaked documents exposed U.S. military wrongdoing. Among the files released by WikiLeaks was video of a 2007 Apache helicopter attack by American forces in Baghdad that killed 11 people, including two Reuters journalists.

His lawyers argue the prosecution is an abuse of process by a Trump administration that wants to make an example of Assange. They say he would be held in inhuman conditions and would not get a fair trial in the United States.

Journalism organizations and human rights groups have called on Britain to refuse the extradition request. Amnesty International said Assange was “the target of a negative public campaign by U.S. officials at the highest levels.”

“If Julian Assange is prosecuted it could have a chilling effect on media freedom, leading publishers and journalists to self-censor in fear of retaliation,” said Amnesty’s Europe Director, Nils Muižnieks.

The four-week extradition hearing is part of a twisting saga rife with competing claims of hacking, spying and subterfuge. Assange’s lawyers claim the U.S. intelligence services directed a private security firm to spy on him while he was living in Ecuador’s London embassy — a case currently being heard in a Spanish court.

Assange also alleges he was offered a pardon by the Trump administration if he agreed to say Russia wasn’t involved in leaking Democratic National Committee emails that were published by WikiLeaks during the 2016 U.S. election campaign. The White House denies that claim.

Assange’s legal troubles began in 2010, when he was arrested in London at the request of Sweden, which wanted to question him about allegations of rape and sexual assault made by two women. He refused to go to Stockholm, saying he feared extradition or illegal rendition to the United States or the U.S. prison camp at Guantanamo Bay, Cuba.

In 2012, Assange sought refuge inside the Ecuadorian Embassy, where he was beyond the reach of U.K. and Swedish authorities — but also effectively a prisoner, unable to leave the tiny diplomatic mission in London’s tony Knightsbridge area.

The relationship between Assange and his hosts eventually soured, and he was evicted from the embassy in April 2019. British police immediately arrested him for jumping bail in 2012.

Sweden dropped the sex crimes investigations in November 2019 because so much time had elapsed, but Assange remains in London’s high-security Belmarsh Prison as he awaits the extradition decision. Supporters say the ordeal has harmed Assange’s physical and mental health, leaving him with depression, dental problems and a serious shoulder ailment.

Assange’s partner Stella Moris, who had two sons with him while he lived in the embassy, said he looked thinner and was in “a lot of pain” when she visited him in prison in late August for the first time since March.

The extradition hearing opened in February but was put on hold when the U.K. went into lockdown in March to slow the spread of the coronavirus. It is resuming with social distancing measures in court and video feeds so that journalists and observers can watch remotely.

Assange is expected to be brought by prison van from Belmarsh to the Old Bailey criminal court for the hearing, which is due to run until early October. District Judge Vanessa Baraitser is likely to take weeks or even months to consider her verdict, with the losing side likely to appeal.

Fuente de la Información: https://abcnews.go.com/International/wireStory/wikileaks-assange-fight-us-extradition-bid-uk-court-72847683

Comparte este contenido:
Page 1117 of 6179
1 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 6.179