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A 24 días de la desaparición de Carlos Lanz, pido una audiencia con el Fiscal Nacional Tarek William Saab

Noticias
América del Sur/Venezuela/Maracay/02/09/2020
Por: Mayi Cumare/ compañera de vida de Carlos Lanz

¿Quién es Carlos Lanz?

Carlos Lanz es un revolucionario con gran trayectoria en la  lucha armada desde los años 60 hasta nuestros días.

Posee una extraordinaria capacidad de análisis,  interpretación e investigación de hechos históricos, la cual, le ha permitido hacer grandes aportes al desarrollo de procesos formativos y organizativos para la defensa y profundización de la Revolución Bolivariana de Venezuela.

Desde una Concepción clasista- marxista crítica, anticapitalista y  antiimperialista, suscribe la concreción del  socialismo, su territorialización y defensa integral, la unión cívico militar, el desarrollo de la producción endógena, la escuela como centro del quehacer comunitario, la comunalizacion del Plan de la Patria, integralmente,  como premisas fundamentales para traspasar la línea del no retorno desde el plano cultural, político-ideologico y organizativo, no solo a nivel nacional, sino también continental, con la enseña: «Volver a Ayacucho» como lo hizo nuestro libertador.

Carlos Lanz desarrolló un papel fundamental en la Constituyente Educativa y en  la elaboración del Proyecto Educativo Nacional,  impulsó y aún coordina el Programa Todas las Manos a la Siembra. Desarrolló la formación sociopolítica de la misión Vuelvan Caras en el MINEP y fue presidente de CVG Alcasa. En estos últimos tiempos desde que EEUU nos declara amenaza inusual, Carlos Lanz se ha dedicado a tiempo completo al análisis, categorización  y métodos de la  guerra no convencional y la estrategia imperial contra nuestro país. Estas investigaciones de fuentes abiertas, han sido referente en las formaciones al alto mando militar de las FANB, con los cuales Carlos ha desarrollado procesos y acciones permanentes para la detección y enfrentamiento a dichas estrategias de amplio espectro. Testigo de estos procesos son el ministro de la defensa General Vladimir Padrino López, el General Jesús Suarez Chourio, el General Ovidio Delgado, el camarada Freddy Bernal, el General Cesar Mejías, entre otros militares y civiles con quien articulaba planes de acción para  contrarrestar el ataque imperial.

Esta pequeña reseña histórica,  permite caracterizar a Carlos Lanz como un combatiente revolucionario, intelectual y estratega que ni la cárcel ni las torturas de la cuarta república lo hicieron claudicar o apartarse de sus principios.

Hoy a 24 días de su desaparición forzada, algunas hipótesis  intentan  desmeritar su trayectoria de lucha con argumentos descontextualizados y absurdos. Carlos Lanz no está enfermo, no sufre de ninguna patología mental, no se autosecuestró, ni su familia directa lo tiene escondido, no necesita ningún  reconocimiento personal, ni participará electoralmente como candidato en estas próximas elecciones,  no aspira ningún cargo político, como se ha querido hacer ver, no está conspirando contra  nuestro presidente Nicolás Maduro como subliminalmente algunos y algunas reformistas lo han dejado entrever, no  es contrarrevolucionario, no sufre de alzheimer, no utiliza ningún tipo de drogas o antidepresivos, solo el medicamento  para controlar su condición diabética (la cual padece desde hace más de 30 años sin verse alteradas ninguna de sus capacidades intelectuales). Carlos Lanz no posee bienes, ni fortunas por lo tanto a nadie le interesa quedarse con su herencia o cobrar rescate. No utiliza seudónimos ni pretende irse de su país. Aunque muchos no lo sepan, estaban trabajando fuertemente en todo lo concerniente al bloqueo y guerra económica que afecta nuestro pueblo. Es decir, su trabajo tiene implicaciones sumamente estratégicas, sobre todo cuando refiere el papel de Colombia en el eje Cúcuta-Catatumbo. Quienes lo conocen pueden dar fe de lo que escribo.

Carlos Lanz representa un peligro para los infiltrados dentro de la revolución, para el imperio y para los enemigos de las transformaciones estructurales. No comprender eso, provoca que el curso de las investigaciones, se centren erradamente. Carlos Lanz es víctima de un secuestro político y fue traicionado por gente de confianza, quienes lo sacaron de su casa sano y sin violencia, quién sabe con qué propósito y bajo qué argumentos.

Por estas razones, como su compañera de vida, militante revolucionaria,  Mayi Cumare, junto a las organizaciones de base integradas por la familia política de nuestro maestro y referente de luchas, exigimos que la desaparicion forzada de Carlos lanz posea mayor profundidad, agudeza y sea concebida como un secuestro político.

Ya van 24 días de investigaciones, sobre todo hacia el círculo más cercano de Carlos Lanz, llámese familia directa y algunos allegados a la misma. Nosotras y nosotros como compañera, hijos e hijas hemos colaborado con todo  lo que nos han solicitado los cuerpos de seguridad del Estado. Hemos aportado datos, nos hemos sometidos a todo tipo de interrogatorios (algunos bajo un clima de respeto,  otros un poco más amedrentadores, intimidatorios y atropelladores) porque somos los más interesados en que Carlos aparezca sano, salvo y que así, queden establecidas las  responsabilidades de este hecho abominable. Por otro lado, también sentimos que el tiempo transcurre y que eso atenta contra la vida de nuestro camarada y hermano de luchas, militancia y convicción.

Como venezolana, militante revolucionaria y funcionaria del Estado, creo en las  Instituciones de nuestro país, ya que se fundamentan en el marco jurídico que durante los 20 años de Revolución, hemos construido. Sin embargo, sé de muchos y muchas que hacen interpretación errada del ejercicio del poder, por tanto, rechazo categóricamente que se desarrollen procesos que intenten dejar entrever que los responsables de la desaparicion de Carlos Lanz somos nosotros, su familia directa. Pacientemente nos hemos sometido a estrés psicológico, a presiones, agresión verbal y hasta nos han mantenido incomunicados con algunos integrantes de nuestra familia, porque creemos que cualquier acción que nos conduzca a esclarecer este hecho y nos lleve a rescatar sano y salvo a nuestro Carlos, es valiosa y la aceptamos. Sin embargo, pasan los días y las investigaciones  arrojan los mismos resultados: Carlos Lanz no está con nosotros.

En ese sentido, solicito al Fiscal General Tarek William Saab una audiencia lo más pronto posible para poder profundizar los elementos que relato en este escrito, y solicitar que la investigación de la desaparicion de mi compañero de vida, se realice desde una perspectiva política, con celeridad, agudeza y profundidad de acuerdo al articulo 285, numeral 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo estipulados en los artículos 16, numerales 3° y 4°, art. 25, numeral 13° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, donde se destaca la subordinación Funcional que el Ministerio Público debe ejercer como titular de la acción penal por parte del Estado, sobre todos los cuerpos de seguridad que conforman los órganos directos o indirectos de Investigación Científica, Penales y Criminalísticas de la Nación, con miras a que la investigación de los delitos como el que se ejecutó en perjuicio de Carlos Lanz, sean practicadas bajo las estrictas regulaciones de Ley, de modo que ese proceso de investigación penal permita recabar, examinar y contrastar todos los elementos indiciarios que aporten las pruebas necesarias para determinar el móvil de esa acción violenta y punible, el paradero de nuestro camarada y por supuesto, la responsabilidad de las personas involucradas y grado de participación en la comisión y consumación de tan grave delito, que no solamente afecta a Carlos Lanz como ciudadano y sus familiares directos, sino al País Político que lo conoce y valora como investigador y como líder de reconocida lucha social. Necesitamos y exigimos respuestas a las interrogantes que como familiares, compañeros, camaradas, amigos y amigas nos hacemos:

¿Dónde está Carlos Lanz? ¿quién se lo llevó? ¿dónde lo tienen? ¿por qué se lo llevaron? ¿cuál es el propósito? ¿quiénes están detrás de su desparicion forzada? y ¿por qué no lo encuentran?

Nuestro estado Bolivariano y revolucionario, no puede permitir que prácticamente en nuestras narices, nos arrebaten a uno de nuestros referentes de lucha. Por ello hay que profundizar esta búsqueda.

No más silencio, no mas hipótesis rebuscadas, pongamos en la calle el debate sobre las causas e  implicaciones de este hecho despiadado que hoy nos entristece y angustia pero que también nos llena de fuerza y coraje para gritar en todos los rincones de Venezuela y el Continente, pidiendo  que Carlos Lanz aparezca ya.

Leales siempre, Traidores nunca. ¡Venceremos!

 

*Mayi Cumare/Compañera de Carlos Lanz.

Imagen: https: rmr.fm

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A 25 años del reconocimiento constitucional de los usos y costumbres en Oaxaca, México

Noticias
Servicios para una Educación Alternativa A. C. EDUCA

Desafíos y resistencias en la construcción del poder comunitario y autonomía política de los pueblos indígenas

  1. El 30 de agosto de 1995 el Congreso de Oaxaca aprobó el reconocimiento constitucional de las normas y prácticas comunitarias para el nombramiento de autoridades en los municipios indígenas de Oaxaca, conocidas hasta entonces como usos y costumbres.
  2. Esta reforma, que consistió fundamentalmente en una modificación al artículo 25 de la Constitución de Oaxaca y una adición al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (CIPPEO), se dio en un contexto extraordinario, tanto a nivel nacional como en el ámbito estatal. El país se sacudía por la insurrección zapatista en el sureste mexicano, lucha que hacía visibles las demandas de los pueblos indígenas en México. Las organizaciones de la sociedad civil salían a las calles para exigir elecciones limpias en el marco de la transición democrática. En Oaxaca irrumpían las organizaciones y comunidades indígenas en demanda de autonomía y libre determinación.
  3. Es importante destacar que, esta enmienda a la Constitución, no hubiera sido posible sin una serie de reformas previas en la legislación local. Oaxaca como entidad pionera en el reconocimiento del derecho indígena instituyó en la ley suprema del estado, desde la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, el reconocimiento de las formas propias de organización económica, social, política y cultural de los pueblos indígenas; entre otras el Tequio, el Sistema de Cargos, la toma de decisiones de manera colectiva y la autonomía.
  4. Antes que lo hiciera la federación, Oaxaca reconoció en su Constitución Local, la composición pluriétnica del estado: pueblos con una raíz cultural común, una lengua propia, un territorio y bienes comunes, estructuras tradicionales de organización política y normas internas para la convivencia comunitaria. Sin duda, este fue un avance importante para los cambios constitucionales que a la postre ocurrieron en el país, en especial la Reforma al Artículo 2º de la Constitución Política de México, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía.
  5. Durante estos veinticinco años, a partir de la reforma constitucional que concedió autonomía política a los municipios y pueblos indígenas, ha habido una serie de embates contra estas comunidades por parte de actores externos, como son los partidos políticos, agentes de gobierno, iglesias, empresas y líderes sociales que han lucrado políticamente con esta lucha autonómica. Esto ha generado un clima de hostilidad y conflictos sociales que ha deteriorado la convivencia comunitaria.
  6. La conflictividad en la dinámica política, ha sido un sello característico en los procesos electorales de los municipios indígenas. La violencia política ha cobrado vidas humanas de decenas de indígenas. Los conflictos político-electorales han estado asociados a diversas causas: conflictos agrarios, intolerancia religiosa, megaproyectos de desarrollo, demanda de recursos económicos, participación de las agencias, inclusión de diversos sectores de la población en el nombramiento de autoridades (mujeres, jóvenes, avecindados, migrantes, radicados).
  7. No obstante, de los 417 municipios que eligen autoridades por Sistemas Normativos Internos, en 350 de ellos, aproximadamente, no existen conflictos y los procesos electorales transcurren de manera pacífica. En otros municipios se han experimentado formas propias de conciliación y mediación, así como mecanismos de resolución de conflictos con la participación de la asamblea comunitaria, el Consejo de Ancianos y otras figuras ciudadanas que desarrollan estrategias para construir consensos o acuerdos internos que permitan la gobernabilidad al interior de estas municipalidades.
  8. En este tiempo han ocurrido una serie reformas legales que han tenido como finalidad mejorar los procesos electorales indígenas. Aquí es necesario hacer un alto para señalar a qué reformas nos referimos: a).- La del 30 de agosto de 1995 que reconoce en la Constitución los usos y costumbres; b).- La de marzo de 1997 que hace más explícitos los derechos electorales de los pueblos indígenas; c).- La de septiembre de 1997 que crea el Libro IV “De la renovación de ayuntamientos que electoralmente se rigen por normas de derecho consuetudinario”; d).- La Reforma Electoral del 17 de agosto de 2012 que es quizá la reforma más completa en materia de sistemas normativos internos; y e).- Finalmente la de junio de 2015 que, por falta de discusión y debate en su aprobación, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En agosto de ese mismo 2015, se creó la Ley de Sistemas Electorales Indígenas de Oaxaca, que también fue invalidada por la Corte debido a que no se realizó el proceso de consulta establecido en la Constitución.
  9. Entre los logros más importantes, durante estos veinticinco años, se encuentra el acceso de los pueblos indígenas a la justicia electoral en el ámbito federal. Los conflictos que no se han podido resolver en el municipio o con las instancias locales, han recurrido a los órganos federales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Destacan los casos de Asunción Tlacolulita (1999) y Santiago Ixtayutla (2000), que abrieron la llave de la justicia electoral a los pueblos indígenas. Los municipios y comunidades, a través de estrategias de litigio y pluralismo jurídico, han logrado la judicialización de los conflictos políticos como última instancia para resolver las controversias comunitarias. Las sentencias relevantes del TEPJF aportan elementos jurídicos y antropológicos de gran valía para la defensa de la autonomía en los procesos electorales indígenas.
  10. Una reflexión especial merece la participación política de las mujeres indígenas. Si bien, la actual legislación electoral en materia de elecciones por usos y costumbres, establece claramente la participación política de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad, lo cierto es que el esfuerzo por alcanzar un pleno reconocimiento a su ciudadanía ha costado mucho a las mujeres. La participación en Comités de Salud, Agua Potable, Educación, ha hecho que las mujeres tengan un rol vital para la producción y reproducción de la vida comunitaria. Sin embargo, el acceso a cargos de toma de decisiones, debido a las ataduras patriarcales y al machismo, es aún un fuerte desafío en los municipios indígenas, y en general en la vida pública del país.
  11. Después de veinticinco años aún persiste una crítica con un fuerte sesgo racista y colonial hacia los usos y costumbres. Si bien, hubo quienes desde sus inicios no auguraban futuro político en el desarrollo de este sistema de elección, pues consideraban que tarde o temprano los municipios indígenas iban a volver al redil de los partidos políticos; hubo también quienes, desde sus inicios, consideraron este sistema como antidemocrático. Existe un sector de la población y de la clase política que considera que los usos y costumbres violan los derechos humanos, las garantías individuales y la participación igualitaria entre hombres y mujeres. Esto obedece a una visión colonial que considera a los pueblos indígenas sociedades subdesarrolladas e incapaces de gobernarse a sí mismas.
  12. En todo este tiempo (1995-2020) ha habido transformaciones de fondo en la vida comunitaria: procesos migratorios de campesinos e indígenas oaxaqueños al norte del país y a Norteamérica; el deterioro del nivel de vida y la pérdida de empleos por las recurrentes crisis económicas; la inversión privada en Oaxaca, los proyectos económicos a gran escala y el extractivismo minero afectan a territorios indígenas; el pacto federal también ha impactado en la autonomía municipal y comunitaria, debido sobre todo a las formulas y criterios para la distribución y asignación de los recursos municipales; los cambios en la configuración del poder político a nivel nacional. Todo esto ha impactado en la organización política y económica municipal y en el gobierno indígena. Sin embargo, a pesar de ello, aún persiste el modelo de gobierno indígena, basado en sus prácticas comunitarias de ejercicio del poder. En un principio fueron 412 municipios que se inscribieron dentro del sistema de usos y costumbres, posteriormente creció este número a 418, a la fecha sólo un municipio ha pedido su cambio de régimen al de partidos políticos, este es el municipio de San Andrés cabecera Nueva, en la mixteca oaxaqueña.
  13. Los municipios indígenas han tenido que sortear una serie de desafíos y dificultades para afianzar su autonomía y empoderamiento local, algunos de estos retos son: modificar sus mecanismos de elección para considerar la participación de las minorías locales, elaborar sus estatutos electorales comunitarios, fortalecer los procesos de administración financiera y rendición de cuentas, innovar modelos de reparto de recursos a las agencias, capacitar a los jóvenes en temas de la administración pública municipal, reforzar y capacitar a sus liderazgos locales, discutir y acordar la participación de las agencias, reconocer y valorar la participación política de las mujeres, estos, entre otros desafíos que han enfrentado y siguen enfrentando los municipios indígenas.
  14. Hace veinticinco años se analizaban dos escenarios previsibles en el devenir de los Usos y Costumbres: a). – Su desaparición para dar paso al régimen de competencia partidaria, b). – Su permanencia y fortalecimiento debido a que garantizan la estabilidad y gobernabilidad democrática en el estado. Hoy, frente a los grandes desafíos que enfrenta el mundo globalizado: catástrofe sanitaria, crisis económica a gran escala e inseguridad y violencia, no cabe la menor duda que el modelo de autoridad indígena y los procesos de nombramiento basado en normas comunitarias, no sólo son necesarios, sino que requieren ser fortalecidos y afianzados como ejemplo de democracia participativa y autonomía comunitaria.

Fuente e imagen:   La Minuta

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Uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a clases a distancia: Unicef

Noticias

Al menos un tercio de los niños en edad escolar no tuvieron acceso a clases virtuales u otro tipo de aprendizaje remoto a través de la televisión o la radio cuando el COVID-19 cerró sus escuelas, asegura un nuevo informe del Fondo de la ONU para la Infancia.

“Para al menos 463 millones de niños cuyas escuelas cerraron, no existía el aprendizaje a distancia. La gran cantidad de niños cuya educación se vio completamente interrumpida durante meses es una emergencia educativa mundial. Las repercusiones podrían sentirse en las economías y sociedades durante las próximas décadas”, explicó la directora de UNICEF, Henrietta Fore.

En el punto máximo de cierres de escuelas a nivel nacional y local, casi 1500 millones de estudiantes se vieron afectados. El informeAccesibilidad del aprendizaje remoto describe las limitaciones de esta herramienta y expone profundas desigualdades en el acceso.

El informe destaca una desigualdad significativa entre  regiones. Los más afectados son los escolares del África subsahariana, donde el aprendizaje a distancia no llega a la mitad de todos los estudiantes.

En América Latina y el Caribe, como mínimo 13 millones de niños no pueden acceder al aprendizaje remoto; en África, 121 millones; en Asia oriental y el Pacífico, 80 millones; en Oriente Medio, 37 millones; y en Europa del este Asia Central, 25 millones.

© UNICEF/Nahom TesfayeUn niño en Etiopía atiende a clase a través de la radio debido al cierre de las escuelas por el COVID-19.

Los más vulnerables son los que tienen menos acceso

Los estudiantes de los hogares más pobres y los que viven en áreas rurales son los más propensos a perder su educación durante los cierres, expresa el informe.

A nivel mundial, el 72% de los escolares que no pueden acceder al aprendizaje a distancia viven en los hogares más pobres de sus países. En los países de ingresos medio altos, los alumnos de los hogares más pobres representan hasta un 86% de los estudiantes que no pueden acceder al aprendizaje a distancia. A nivel mundial,  tres cuartas partes de los escolares sin acceso viven en zonas rurales.

El informe también señala diferentes tasas de acceso entre los grupos de edad, y es más probable que los estudiantes más jóvenes se pierdan el aprendizaje remoto durante sus años más críticos de aprendizaje y desarrollo.

Por ejemplo, no tienen acceso alrededor del 70% de los escolares en edad preescolar (120 millones de niños), en gran parte debido a los desafíos y las limitaciones del aprendizaje en línea para los niños pequeños, la falta de programas de aprendizaje a distancia para esta categoría de educación y la falta de recursos en el hogar para aprendizaje remoto.

Asimismo, un 29% de los niños de educación primaria (217 millones de estudiantes) no tienen acceso a este tipo de clases, así como al menos alrededor del 24% de los alumnos de secundaria inferior (78 millones de estudiantes) no fueron atendidos.

Los niños y jóvenes en la escuela secundaria superior son los que tienen menos probabilidades de perder su educación, pero aún así al menos un 18% (48 millones de niños en edad escolar) no tienen los recursos tecnológicos para acceder al aprendizaje a distancia.

© UNICEF/Ahmed MostafaUn salón de clases es desinfectado en Egipto, cuando las escuelas se preparan para reabrir durante la pandemia.

Recomendaciones

UNICEF instó a los gobiernos a priorizar la reapertura segura de las escuelas cuando comiencen a levantar las restricciones de los cierres por el COVID-19.

Cuando la reapertura no sea posible, UNICEF insta a los gobiernos a incorporar el aprendizaje compensatorio por el tiempo de instrucción perdido en la continuidad escolar y los planes de reapertura.

Además, las políticas y prácticas de apertura escolar deben incluir la ampliación del acceso a la educación, incluido el aprendizaje a distancia, especialmente para los grupos marginados. Los sistemas educativos también deben adaptarse y construirse para resistir crisis futuras, asegura el Fondo.

Como parte de su campaña Reimagine que tiene como objetivo evitar que la pandemia de COVID-19 agrave una crisis duradera para los niños, especialmente los más pobres y vulnerables, UNICEF pide una inversión urgente para cerrar la brecha digital, llegar a todos los niños con el aprendizaje remoto y, lo más crítico, priorizar la reapertura segura de escuelas.

Fuente e imagen:  Noticias ONU

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El Salvador: Las costureras de las cachiporristas se quedaron sin trabajo

Noticias 1 comentario
Lissette Monterrosa/elsalvador.com

Los efectos de las medidas para palear la pandemia tocan las tradiciones más esperadas por los salvadoreños.

“En tus talleres vibran los motores, chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte”, fragmento de la Oración a la Bandera Salvadoreña

Un grupo de costureras de San Rafael Cedros, Cuscatlán, se preparaba desde el mes de julio del año pasado para sacar los pedidos de los trajes que resaltarían, con su diseño y materiales de colores vibrante y llenos de lentejuelas, el baile y figuras de las cachiporristas que participaron en el desfile del Día de la Independencia en el municipio. Con dos meses de anticipación apenas lograban su misión, su trabajo, que para ellas también significaba un aporte al patriotismo de las fiestas de independencia.

Este año todo cambió para Maritza Chávez, las hermanas Rosa y Claudia Muñoz y otros empleados de Roxana de Castro, la dueña del taller. Hoy, las máquinas de coser, que hace meses veían con efervescencia pasar bajo sus agujas telas exóticas, encajes dorados y plateados, botones, adornos e hilos de todos los colores, permanecen en reposo por la pandemia. Algunos de los adornos y bisutería que utilizan son importados de Estados Unidos por pedidos especiales pero tendrán que esperar probablemente un año para ser utilizados.

Roxana, la comandante de este escuadrón de expertas costureras, tiene 25 años de trabajar en el rubro del corte y confección. Foto EDH / Lissette Monterrosa

Aunque ya era algo que se venía venir, el Ministerio de Educación dio a conocer formalmente el pasado 30 de agosto que se suspenden todas las presentaciones de bandas de paz, grupos folclóricos, de gimnasia rítmica y otros en actos públicos. No habrá desfiles estudiantiles y igualmente se suspende la participación en la Antorcha Centroamericana.

Roxana, la comandante de este escuadrón de expertas costureras, tiene 25 años de trabajar en el rubro del corte y confección en su pequeño taller que ha llegado a tener recientemente hasta 16 empleadas.

Una de sus principales temporadas del año eran precisamente las fiestas patrias. Aproximadamente el año pasado realizaron unos 70 vestidos de cachiporras con precios entre $50 a $175. Varios centros educativos, privados y públicos, de San Rafael Cedros, Ilobasco y San Vicente depositaban su confianza en las habilidades y el arte de las obreras del taller Confecciones Roxana para que les prepararan los vestidos para las cachiporristas.

La nostalgia invade a las modistas que se volvieron a reunir en ocasión de este reportaje. Foto EDH / Lissette Monterrosa

Otra pérdida para el negocio ocurrió al inicio de la cuarentena, en el mes de marzo, justo cuando Roxana y su equipo hacían paquetes escolares, los uniformes para los niños, el gobierno dio la orden de cerrar las escuelas y colegios.

“Nosotros cerramos y fue un duro golpe a nuestra economía porque nuestros mayores clientes son las escuelas, ellas nos aportan las mayores ganancias y aunque tengamos a otros clientes, igual tuvimos que cerrar no solo porque era obligatorio, fue también para cuidarnos del contagio” manifestó Roxana. Y hasta hoy en día, no ha vuelto a abrir sus puertas para sus clientes por precaución.

La nostalgia invade a las modistas que se volvieron a reunir en ocasión de este reportaje. Entre sonrisas recuerdan los momentos en que tenían que desvelarse toda la noche para terminar los encargos con la calidad que los caracteriza. No había días de descanso pero sí había salario para vivir.

A pesar que las circunstancias no prometen un fin de la pandemia a corto plazo, este grupo de mujeres parece mantener un espíritu positivo con la ilusión que seguramente estarán vivas para trabajar de lleno el próximo año.

Foto EDH / Lissette Monterrosa

 

El grupo de mujeres parece mantener un espíritu positivo con la ilusión que seguramente estarán vivas para trabajar de lleno el próximo año.

Fuente e imagen:  https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/empleo-y-desempleo-costureras-de-cachiporras-se-quedaron-sin-trabajo-por-el-covid-19/748351/2020/

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Soberanía alimentaria: “Ideas del surco y de la olla”

Noticias
Víctor Manuel Domínguez/cubanet.org

En el oriente de Cuba se construyen polígonos donde la harina de yuca, el boniato y la banana se convierten en los productos básicos para la “alimentación” popular.

GRANMA, Cuba. – El reiterado propósito de alcanzar la soberanía alimentaria en el país choca con la burocracia gubernamental, la imposición de métodos y exclusiones, el sonado fracaso de la Empresa Estatal Socialista y otras sales que hacen de la improductividad, el descontrol y la chabacanería un monumento a la escasez.

Mientras el triunfalismo revolucionario impone récords de planes y proyectos alimentarios en los medios de información nacional, el desabastecimiento y las interminables colas para adquirirlos rompen a escala nacional esa cadena de insultos y convierten a los ciudadanos en guanajatabeyes del Siglo XXI.

A diferencia de las tiendas miliares, que comercializan en moneda libremente convertible carne de res paraguaya, jamón español, pollo estadounidense y otros productos de primera necesidad importados de diversos países, al oriente de Cuba se construyen polígonos donde la harina de yuca, el boniato y la banana se convierten en los productos básicos para la “alimentación” popular.

La inauguración en Baracoa de cuatro polígonos comunitarios de alimentos como la chocobananina, harina de yuca, gofios, mermeladas -endulzadas con miel de abeja y guarapo- y otros 25 subproductos que darán la autosuficiencia “alimentaria” a los pobladores de Duaba, Badajó, Mandinga y Guariba, es una muestra del regreso a la coa, el burén y el casabe de la época precolombina.

De igual forma, la inauguración del primer polígono de la industria alimentaria en Bayamo, capital de la provincia Granma, hace lanzar campanas al aire y organizar un areito aborigen ante la promisoria posibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria en el territorio, gracias a la “poligonomanía”.

En el artículo De lo diverso y lo óptimo, firmado por Sara Sariol en La Demajagua el pasado 8 de agosto, Grisel Pérez Pérez, jefe de operaciones de la industria alimentaria de Bayamo, señala que “una curva ascendente, tanto en la diversidad productiva como en la optimización de los recursos, podría garantizarse y sostenerse con la extensión a otros municipios del territorio”.

Según la funcionario, en las cinco áreas del polígono se producen de 15 a 17 hectolitros diarios del “demandado” prú oriental y otras ofertas alimenticias como dulces, galletas parranderas y palitroques, que optimizan la calidad y diversidad de alimentos para la población disponibles en los mercados Ideal.

Asegura este señor que “de un área de polvo de la instalación, sale el pinol, hecho con maíz en grano como con harina de maíz, además de gofio, natillas con sabores varios, refrescos instantáneos, sorbetos y otros productos de probada eficiencia alimentaria, empanizados con galletas ‘no conformes’”.

Al parecer, las galletas “no conformes” (sic) se encuentran indignadas por el limitado empleo que le dan a sus atributos alimenticios y por la aparición en el horizonte gastronómico de la provincia de un producto que, como La Tuna, “pincha, pero alimenta”.

Otra buena noticia en el propósito de alcanzar la soberanía alimentaria en Granma es que las cervezas nacionales Cristal y Bucanero, así como la malta, serán incluidas en los planes de exportación y sustituidas por otras sin lupo ni levadura, hechas con cabecilla de arroz, como un aporte a la dieta cubana.

¿Será que los ciudadanos de a pie en estos territorios no accederán ni siquiera a la nutritiva jutía, la proteínica cola de cocodrilo y los suculentos huevos de avestruz descubiertos y promocionados por el comandante de la revolución Guillermo García Frías como esenciales para lograr la soberanía alimentaria?

¿La Tuna integrará el monolítico y nutritivo paquete alimentario recomendado por Fidel a base de Moringa, Tetonia y Morera para los animales y las demás especies cubanas que no tengan acceso a la moneda libremente convertible?

No lo dudo; sin campo no hay país, pero sin divisas perecerá la población.

De ahí que la búsqueda de la soberanía alimentaria que preconizan las autoridades no sea más que otra quimera mientras no exista igual posibilidad para que todos los cubanos accedan a las ofertas existentes en la nación, y no sean parte de las ideas del surco y de la olla para sobrevivir.

Fuente e imagen: https://www.cubanet.org/destacados/granma-soberania-alimentaria-ideas-del-surco-y-de-la-olla/

 

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España: Absentismo escolar, entre el derecho a la educación y el miedo a la pandemia

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Aunque no escolarizar a los hijos está contemplado como delito, los expertos lo ven «excesivo» en las actuales circunstancias.

Las medidas acordadas por el Gobierno y las comunidades autónomas para la vuelta al cole han puesto en guardia a padres y profesores, muchos de los cuales consideran que no son suficientes para evitar el riesgo de contagio en las aulas debido a la pandemia de coronavirus.

Por ello, algunas voces han planteado la posibilidad de no llevar a los niños al colegio; un supuesto, el del absentismo escolar, para el que existe normativa penal pero que sería de difícil aplicación, dadas las circunstancias.

Aunque el derecho a la educación debe ser garantizado por las autoridades y las familias tienen la obligación de escolarizar a sus hijos, el miedo a la pandemia está haciendo que muchos padres aboguen por no llevarlos a las aulas. Todo ello a pocos días del inicio de las clases, que comenzarán de forma escalonada a partir del viernes 4 de septiembre en algunas comunidades.

El Gobierno es consciente de la incertidumbre que hay entre los colectivos implicados en la enseñanza ante el comienzo de un curso absolutamente atípico. Por ello, ha encargado un informe jurídico para analizar el absentismo, según ha confirmado la ministra de Educación, Isabel Celáa, quien insiste en que «hay que ir a clase». Celáa no quiere hablar de medidas coercitivas y esperará a tener ese informe en la mano para actuar, aunque confía en que «las familias van a ser responsables».

Protocolo para un curso seguro durante la pandemia de coronavirus

«Situaciones excepcionalmente graves»

La posibilidad de sancionar a una familia por no llevar a sus hijos al colegio está recogida en el Código Penal, cuyo artículo 226 contempla este supuesto como un posible delito de abandono familiar por dejar de cumplir los «deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad», lo que acarrearía una pena de entre cuatro y diez años de inhabilitación para ejercer la misma. Sin embargo, este supuesto se restringe a «situaciones excepcionalmente graves», según señala en declaraciones a RTVE.es la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato.

«Cuando se alzan voces informando de que no llevar a los niños al colegio como consecuencia de la pandemia puede conllevar responsabilidad penal, me parece cuanto menos excesivo», apunta Peramato, para quien las autoridades deberían primero «planificar adecuadamente el regreso a los colegios, adoptando las medidas necesarias para garantizar la salud escolar» y, después, informar a padres y tutores «para evitar esta situación de incertidumbre que se está generando».

Qué se sabe de la vuelta al cole: así son las medidas en cada comunidad

La fiscal afirma que «en la mayoría de las ocasiones, no llevar al niño al colegio no es delito, pues hay que partir de un principio fundamental: el derecho penal es el último recurso para resolver los conflictos y solo se debe utilizar cuando no hay otras alternativas para resolver la situación». Solo en «situaciones irreversibles» el Fiscal de menores va a interponer una querella, señala.

«Tiene que quedar claro que la vía penal es el último recurso y que lo que tienen que hacer las autoridades competentes es reconducir la situación», añade Teresa Peramato, para quien, en esta situación de pandemia, plantear que los padres vayan a incurrir en un delito penal es «absolutamente excesivo, no me parece apropiado».

La presidenta de la UPF comprende que haya padres que tengan incertidumbre y miedo en esta situación. Por eso cree que lo importante es que las administraciones den «seguridad y una información certera y adecuada» lo que, en su opinión, permitirá que «los padres estén más tranquilos».

Europa también se prepara para la vuelta al colereproducir video

«Incertidumbre y miedo» entre los padres

En las familias la inquietud va en aumento según se acerca el inicio del curso escolar. Aunque la mayor parte de los padres prefiere la educación presencial, piden sobre todo garantías sanitarias, como afirma a RTVE.es Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).

«Queremos que los colegios estén abiertos, que nuestros hijos reciban la educación de manera presencial, pero si a día de hoy no podemos saber si se pueden garantizar las medidas sanitarias o en qué nivel, desde luego no vamos a animar a las familias a que incumplan la ley pero tampoco les vamos a animar a que lleven a sus hijos a un escenario en el que no sabemos lo que puede pasar«, señala Caballero, quien cree que en este momento de pandemia «el derecho sanitario tiene que estar por encima del educativo».

El presidente de Concapa asegura que las familias les están pidiendo una «cantidad inmensa» de asesoramiento legal y que su departamento jurídico está estudiando la herramientas que los padres tienen en sus manos para que «si no se garantiza esa seguridad sanitaria, podamos ejercer el derecho a no llevarlos al colegio«. «Entre los padres hay muchísima incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo», concluye Pedro Caballero.

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Los docentes piden más seguridad

Esa incertidumbre también se extiende al colectivo de docentes, que se muestran críticos con las medidas adoptadas por el Gobierno y las comunidades autónomas y reclaman más contrataciones para incrementar la seguridad.

Según señala José Ramón Merino, responsable de Acción Sindical y Política Educativa del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-i), el colectivo es partidario de la educación presencial, pero al tiempo reclama que las autoridades competentes «aseguren una vuelta al colegio en condiciones de seguridad, y eso no se da».

En declaraciones a RTVE.es, Merino considera que las medidas aprobadas en la Conferencia Intersectorial del pasado jueves son «una declaración de buenas intenciones, pero no son suficientes y además, son difíciles de llevar a la práctica: parece que no han estado nunca en un centro educativo o hace tanto tiempo que se les ha olvidado lo que es la práctica diaria».

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Dudas en los docentes respecto a las nuevas medidas

Merino no cree que el absentismo «vaya a ser una postura mayoritaria, pero seguro que va a tener efecto«. También por el lado de algunos docentes, que «han puesto por escrito ante las autoridades competentes los riesgos a los que nos sometemos, exigiendo responsabilidades en el caso de que suceda algo», sobre todo en el supuesto de aquellos profesores que están dentro de la población de riesgo por edad o por circunstancias médicas.

La alternativa, para los educadores, es incrementar las contrataciones, como en el caso de Italia, lo que permitiría reducir los grupos y «eximir a las personas de alto riesgo de ir a los centros y que se contraten nuevos profesores».

14 horas - Los colegios sólo cerrarán si hay brotes descontrolados, las clases serán presenciales hasta 2º de ESO y las mascarillas obligatorias a partir de los seis años - Escuchar ahorareproducir audio

 Los colegios sólo cerrarán si hay brotes descontrolados, las clases serán presenciales hasta 2º de ESO y las mascarillas obligatorias a partir de los seis años.

Madrid pide un plan común ante el absentismo

Las comunidades autónomas son conscientes de que el absentismo escolar puede suponer un problema y algunas ya se han pronunciado al respecto, como la Comunidad Valenciana o País Vasco, que han recordado a los padres que la educación es obligatoria y que las autoridades deben garantizar ese derecho.

Pero está claro que la normativa existente no se ideó para situaciones como la actual. Así lo plantea la Comunidad de Madrid, que por ello ha reclamado un plan común para que las comunidades autónomas tracen una estrategia de actuación ante las familias que decidan no llevar a sus hijos al colegio.

Como asegura el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, «esta ley no estaba pensada para esta realidad».

Fuente e imagen: https://www.rtve.es/noticias/20200831/absentismo-escolar-entre-derecho-educacion-miedo-pandemia/2041049.shtml

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México/Repechique: los rarámuri que defienden el bosque y su territorio ancestral

Noticias
Texto y fotos: Patricia Mayorga / Mongabay

Al norte de México, en la Sierra Tarahumara, una comunidad indígena ha recorrido un largo camino para que se reconozca su territorio ancestral; eso los ha llevado a levantar la voz en contra de un aeropuerto, un gasoducto y la tala que se realiza en los bosques donde ellos han forjado su historia. Un taller de costura comunitario es hoy uno de sus símbolos de lucha.

CHIHUAHUA.- Teresa González Parra defiende su derecho a soñar. Ella es rarámuri y por años ha hecho todo lo posible para que su comunidad, Bosques de San Elías Repechique, logre el reconocimiento de su territorio ancestral. Su otro anhelo está a un paso de hacerse realidad: abrir un taller de costura comunitario.

La construcción del taller, que tiene un avance del 90 por ciento, se detuvo el pasado 13 de agosto. Ese día alrededor de 15 policías del estado de Chihuahua clausuraron la obra e intentaron detener a Teresa González. La indígena rarámuri tiene una demanda en su contra; el empresario Fernando Cuesta la acusa de haberlo despojado del terreno donde se construye el taller.

“No quieren que construyamos aquí nuestra casa (el taller) que es de la comunidad. No quieren porque nos dicen que (el terreno) es de otro señor… Pero nosotros (los rarámuri) somos los primeros que somos de aquí”. Es la voz de Teresa; su vestimenta colorida contrasta con la serenidad y fortaleza que muestra cuando habla de las agresiones que, desde hace décadas, enfrenta su comunidad.

El 13 de agosto de 2020, policías del estado de Chihuahua clausuraron el taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.

Los habitantes de Bosques de San Elías Repechique —municipio de Bocoyna, al norte de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua— han luchado desde hace décadas para que no les arrebaten las tierras de las que tienen posesión, pero no los documentos que avalen la propiedad.

En su reclamo por el reconocimiento de su territorio ancestral, la comunidad indígena ha enfrentado a empresarios de la región, a “chabochis” —como los rarámuri les dicen a los mestizos— que aseguran ser los dueños de buena parte del territorio y a quienes la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha entregado permisos de aprovechamiento maderero, pese a los reclamos y denuncias de los indígenas.

Apropiarse de un bosque ancestral

En 2014, la comunidad ganó un amparo contra el aeropuerto de Creel. Foto: Patricia Mayorga.

En la Sierra Tarahumara, a muchas comunidades originarias no se les reconoció su territorio ancestral durante la Reforma Agraria, explica el biólogo Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.).

Esa falta de reconocimiento provocó, entre otras cosas, que gente externa a las comunidades originarias se apropiara de los territorios y también aprovechara los recursos naturales de esos lugares.

Al igual que Bosques de San Elías Repechique otras comunidades sostienen luchas históricas por su territorio ancestral y recursos naturales. Algunas de ellas son Choréachi y Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo, las cuales han sido acompañadas por la organización Alianza Sierra Madre.

Choreachi logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en marzo de 2017 emitió medidas provisionales para toda la comunidad, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de sus habitantes. Y Coloradas de la Virgen es la comunidad indígena que más líderes asesinados ha aportado en la lucha por el territorio.

En el municipio de Carichí, comunidades como Baqueachi, acompañadas por la organización Bowerasa, ha ganado ocho juicos agrarios contra caciques. El último fue en mayo de 2018, cuando recuperaron 350 hectáreas de agostadero y 100 hectáreas agrícolas que ya estaban devastadas.

En el caso de Bosques de San Elías Repechique, hace más de cuarenta años, empresarios de la región adquirieron 12 propiedades —poco más de 11 mil 500 hectáreas—, sin importar que esas tierras ya eran habitadas desde mucho tiempo atrás por los rarámuri, explica Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), organización que da acompañamiento legal a la comunidad.

De esos 12 predios, ocho han obtenido permisos de aprovechamiento forestal en forma constante. “Desde que era niña veíamos camiones que llevaban bolillos (troncos); que cortaban pinos. Nos quejábamos con los gobernadores (líderes indígenas), pero nunca les hacían caso. Han seguido cortando el bosque, también se llevan las piedras”, explica Teresa González.

Los nombres de quienes aparecen como dueños de esos ocho predios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua, son: Manuel Navarro Trieste (predio San Javier), Mireya Ayala Torres (predio Rinconcito Lejano o Batuivo), Carlos Aguilar Pérez (predio La Merced), Lorenzo Sandoval Valenzuela (predio Aguizania), Pedro Parra Ramos (predios San Antonio y Gomegó), Laila Miledi Pérez (predio Pino Gordo) y Fernando Higinio Cuesta Miledi (predio El Venado).

Los mismos datos de la Secretaría de Desarrollo Rural muestran que, tan solo en 2019, esos predios registraron volúmenes de aprovechamiento maderable que van de los 326 metros cúbicos de madera (predio La Merced) hasta los 1 213 metros cúbicos (predio San Javier).

Quienes aprovechan la madera de Repechique no viven en el lugar, solo mandan trabajadores a cortar los árboles; tampoco realizan acciones que garanticen la recuperación y el cuidado del bosque.

“Los que talan, ellos no cuidan nada”, dice indignada Teresa González. “Por ejemplo, cuando hay incendio normalmente nosotros, los de la comunidad, somos los que estamos más al pendiente y los que talan nomás lo que buscan son los pinos o donde hay bosque muy cerrado, por ahí entran. Donde está muy escondido, ahí se van a talar”.

Mujeres rarámuri cocinan durante una manifestación para denunciar la tala. Foto: Patricia Mayorga.

Al preguntarle sobre las denuncias de los rarámuri, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, Gustavo Heredia, respondió que no está autorizado para dar esa información, solo a través de las oficinas centrales. Mongabay Latam solicitó entrevista a la oficina de prensa de Semarnat, pero hasta el momento de la publicación del reportaje no se tuvo respuesta.

“Todos somos Teresa”

El predio Pino Gordo, que comprende poco más de 2 500 hectáreas, está a nombre de Laila Miledi Pérez, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua. Es dentro de la superficie de ese terreno en donde las mujeres de Bosques de San Elías Repechique construyen su taller de costura y por el que Teresa González está demandada por despojo.

El día en que los policías estatales llegaron por ella y colocaron los sellos de clausura, la comunidad la protegió. “Todos somos Teresa”, respondieron. Los agentes advirtieron que los arrestarían a todos; los rarámuri no bajaron la guardia: “Todos somos Teresa”, repitieron.

Alrededor de 50 mujeres, hombres, niñas, niños y adultos mayores caminaron por el sendero de terracería que va de la comunidad a la carretera. Siguieron andando durante cerca de dos horas hasta llegar a la ciudad de Creel, donde se encuentra la oficina del Ministerio Público. Los acompañaron dos abogadas de Contec, entre ellas Diana Villalobos.

Algunos medios locales publicaron lo que ocurría. Cuando la caravana de Repechique entró a Creel, los policías de la Fiscalía General del Estado los dejaron. Los indígenas decidieron ir a la plaza principal; ahí esperaron durante más de media hora al agente del Ministerio Público, quien les dijo que ya no tenía la carpeta de investigación, por lo que tendrían que ir a Cuauthémoc, municipio ubicado a tres horas de Creel.

Hasta mediados de agosto, las abogadas que acompañan a la comunidad no han logrado tener acceso al expediente. La Fiscalía General del Estado informó a Mongabay Latam que Fernando Cuesta Miledi es quien demandó a Teresa González.

Al día siguiente, el gobierno estatal emitió un comunicado en donde aseguró que los indígenas de Repechique nunca fueron arrestados y que, por su seguridad, los resguardaron hasta Creel. Sin embargo, cuando los rarámuri regresaron a su comunidad ninguna autoridad los resguardó, pese a que era de noche y caminaron por una zona donde existe una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada.

Mongabay Latam contactó a Fernando Cuesta Miledi para entrevistarlo sobre la denuncia y la compra de predios en la comunidad de Bosques de San Elías Repechique. En entrevista telefónica aseguró que su familia compró esas tierras en la década de los sesenta y que tienen evidencia de que, desde hace más de 150 años, los terrenos ha pertenecido a particulares.

El predio Pino Gordo, señaló, lo adquirió su tío Salomón Miledi Pérez en 1961; quién se lo dejó a él y a otros sobrinos. Otros dos predios, El Águila y El Venado, los adquirió en esa misma época su papá, Gregorio Cuesta.

Para el empresario, la comunidad Bosques de San Elías Repechique no vivía en el lugar hasta hace pocos años. “El juez no dice que ellos son dueños de las tierras o que sean propietarios de ciertas tierras. No tienen nada que compruebe que ellos son los dueños de esas tierras… A nosotros nadie nos ha quitado la propiedad, nadie nos ha dicho en un juicio que no es nuestra, nadie nos ha dicho que no nos pertenece en ninguna forma”.

Fernando Cuesta acusa a la comunidad indígena de usar la madera, de los árboles que están en los predios que reclama de su propiedad, para construir sus casas. “Nosotros no podemos talar un solo árbol si no están autorizados por la Semarnat, por la Conafor”. Cuesta señala que la denuncia contra Teresa González Parra la interpuso porque ser ella quien promovió el proyecto del taller de costura. “Si tienen algo que comprueben por qué están invadiendo el terreno, que resuelva el juez, y acatamos”.

Denuncias que se quedan en el aire

Luis Enrique Pérez, segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, recuerda lo que le decían sus abuelos y padres: “La historia cuenta que cuando llegó el tren (a la Tarahumara) comenzaron a tumbar los árboles. También llegaron muchos aserraderos y ponían a trabajar a las personas de una manera muy violenta”.

Los mayores también le contaron que las personas que llegaban de fuera les quitaban su producción de maíz: “Mis ancestros tenían que levantar la cosecha antes de tiempo, antes de que llegaran a quitarles. Otras personas murieron por defender. Ha sido una lucha muy triste. Cuando estaba chiquito, me decían: ‘vamos por la carretera, si ves personas mestizas, escóndete’. Crecimos con ese miedo”, dice el joven rarámuri.

Como segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, Luis también tiene la responsabilidad de seguir con las demandas que, desde hace décadas, han puesto otras autoridades tradicionales para reclamar el derecho a su territorio ancestral, pero también para denunciar la tala en el bosque donde ellos siempre han vivido.

Las denuncias por la tala se han presentado en diferentes instancias, tanto federales como estatales, pero la gran mayoría no han prosperado.

“Ha sido muy difícil, porque nuestra palabra y exigencia no ha sido respetada. Pero cuando vienen personas de fuera, como el caso que pasó aquí con el taller de costura, llegaron ministeriales y luego luego cerraron. Y nuestras exigencias ahí están, vamos y venimos y pura vuelta. A veces ni siquiera nos hacen un documento, nada. Vamos al Ministerio Público y nada más nos oyen, nunca ha habido una resolución”, resalta Luis.

La extracción de árboles no cesa. El corte de pinos sigue, incluso, durante la temporada de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

La comunidad, por su parte, hace uso del bosque como les enseñaron sus abuelos: recolectan quelites, hongos y madera para hacer leña. Tienen veredas que utilizan para el pastoreo de animales. Han creado zonas donde se encuentran sus centros ceremoniales, donde hacen sus juegos ancestrales.

Luis Pérez explica por qué su defensa del territorio es también una defensa del bosque: “Los árboles retienen la tierra. De otra forma, sería pura laja y no tendríamos ni dónde sembrar. Los árboles detienen la humedad, que no haya deslave. Ya hay partes que están secas por los incendios o por la tala indiscriminada. Hay lugares donde casi no hay tierra para sembrar. Ya hay una zona que mucho tiempo talaron, ahora casi no hay tierra, hay muchas manchas ya en la comunidad”.

Mujeres de Repechique esperan que pueda continuar la construcción del taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.

A los rarámuri que viven en Bosques de San Elías Repechique les preocupa la deforestación que hacen los mestizos, porque cada vez hay menos agua.

En varias ocasiones han solicitado a la Semarnat que cancele los permisos de aprovechamiento forestal que se han otrogado en el área. Solo en una ocasión la dependencia federal canceló los permisos, pero fue de manera provisional. Eso sucedió cuando la comunidad consiguió una victoria en la lucha por la defensa de su territorio.

Reconocimiento del territorio comunitario

En abril de 2014, el juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, falló a favor de la comunidad de Bosque de San Elías Repechique porque no fueron consultados para la construcción del aeropuerto de Creel. El amparo favoreció a 33 rancherías de la región.

En la sentencia, el juez reconoció la posesión ancestral del territorio de la comunidad demandante y ordenó al gobierno estatal la creación de un fideicomiso, por 65 millones de pesos (alrededor de 2 millones de dólares), como reparación por el daño causado. Un comité técnico revisa y da seguimiento a ese fideicomiso que comenzó a ser efectivo hasta 2017.

El juez también ordenó que la comunidad tenía que presentar una serie de proyectos comunitarios en los que se invertiría el dinero. El plan primero fue aprobado por la asamblea rarámuri y después por el comité técnico, del que forman parte cuatro secretarías del gobierno estatal: Hacienda, Desarrollo Municipal, Innovación y Desarrollo Económico y la Secretaría General. Los funcionarios que están al frente de esas cuatro dependencias conocen la sentencia del juez Cuenca Zamora, donde se reconoce que la comunidad tiene posesión ancestral del territorio.

En 2019, la comunidad recibió los primeros recursos del fideicomiso: 1 300 000 pesos (alrededor de 59 mil dólares). Primero, construyeron un salón de usos múltiples. El taller de costura es otro de los proyectos aprobados y su realización está a cargo de Teresa González, quien cuenta con apoyo contable externo para que todas las facturas que debe entregar estén a tiempo y, además, para tener transparencia en el uso del dinero.

Otros de los proyectos contemplados es un programa de apoyo mensual para personas con discapacidad y adultos mayores. Durante la pandemia, lograron que se apoyara a 220 personas. Además, avanzan en la construcción de una casa comunal, así como en la instalación de una huerta de manzana para la ranchería Ratuivo, en el que trabajarán 20 personas.

En 2018, la comunidad de Bosques de San Elías Repechique interpuso otra demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo de Distrito. En esa ocasión fue para exigir la cancelación de las escrituras de los 12 predios; además, solicitan la titulación de esas tierras.

La jueza les negó el amparo. La comunidad impugnó. El caso estaba a punto de entrar a un Tribunal Colegiado, pero llegó la pandemia y paralizó la actividad judicial. El caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala Diana Villalobos, de Contec, organización que acompaña legalmente a Bosque de San Elías Repechique.

Seguir en el camino

La comunidad ha exigido el reconocimiento del territorio ancestral ante diferentes instancias. En 2014 acudieron al Senado de la República y denunciaron el aprovechamiento que hacían los “chabochis” de su bosque, pero también denunciaron que, sin consultarles, se pretendía instalar un gasoducto en su territorio. Con marchas y otras acciones legales, Repechique consiguió que el gasoducto no pasara por su comunidad.

El 2018, los particulares que tienen a su nombre los 12 predios presentaron dos denuncias en contra de los rarámuri, por “falsedad de declaraciones”. Cuando se hizo el peritaje y se comprobó que la comunidad indígena sí existe y está en el territorio, las denuncias se archivaron.

Después vino la demanda en contra de Teresa González. Agentes de la Fiscalía Zona Occidente han acudido en tres ocasiones al taller de costura para clausurar la construcción que está a cargo de la misma comunidad.

Teresa no entiende por qué la acusan de despojo: “Nosotros somos los primeros que somos aquí. Nosotros vivimos cuidando todo el bosque, trabajando la tierra y haciendo quehaceres, cuidando nuestro hogar y no nomás como dicen (…) nosotros no compramos un terreno para estarnos nada más ahí. Nosotros cuidamos alrededor del territorio. Ellos compraron según el territorio, cuando ya existíamos aquí, pero ellos quiénes son o qué”.

Por un momento, Teresa González reconoce que “a veces quisiera una tirar la toalla”. Pero esas palabras se desvanecen cuando recuerda las agresiones que ha recibido por defender su territorio y sus sueños. Y entonces cuenta sus planes con entusiasmo:

“El taller de costura lo soñamos muy bonito. Las señoras dicen: ‘qué bueno que esta vez va a existir este taller’. Las personas van a aprender mucho, van a aprender a usar máquinas. Es un espacio para las señoras”.

La comunidad ya eligió el nombre que tendrá el taller de costura. Lo llamaran “Najativo”, palabra rarámuri que significa “seguir el camino”. Un vocablo que representa, también, lo que ha sido su lucha: “Es un camino largo y a pesar de todo —dice Teresa—, estamos con la esperanza de que se respete el territorio”.

Mientras las demandas siguen su curso—o se archivan en alguna dependencia pública— la gente de Bosques de San Elías sigue con su vida cotidiana, con la milpa, con el cuidado de sus animales, con la recolección de leña, haciendo sus artesanías y, también, mirando cómo los que llegan de fuera “empiezan a tumbar madera, a prohibir a la gente de la comunidad que no tire árboles, como si nosotros fuéramos los extraños —reclama Teresa—, como si nosotros viniéramos de fuera. Eso sí causa tristeza”.

Actualización:

Después de la publicación del texto, Fernando Cuesta Miledi respondió a la solicitud de entrevista que se le había hecho con anterioridad; por lo que se agregó su versión al texto.

Fuente e imagen: Mongabay

 

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