Sin bordear ni barrerlo bajo alfombra, el tema del suicidio se visualiza en Uruguay e inclusive se le dedica cada año un día en el mes de julio para reflexionar sobre semejante dolorosa problemática.
Tanta atención merece al tratarse del país con mayor tasa de autosupresión de la vida, 20 de cada 100 mil habitantes, en la región de pertenencia.
De acuerdo con integrantes del grupo de especialistas en comprensión y prevención de la conducta suicida de la Universidad de la República (Udelar), Uruguay viene registrando un incremento sostenido en los últimos 30 años.
En los 1990 eran cerca de 500 personas por año las que acometían esos actos extremos, en los 2000 más de 600 y en la actualidad sobrepasan los 700.
Las cifras que registra el Ministerio de Salud Pública y que sigue de cerca el fenómeno apuntado muestran que la incidencia masculina es mucho mayor, con tres de cada cuatro suicidios, pero en una reversión de tendencia el 75 por ciento de los intentos corresponden a mujeres mientras los hombres superan en los consumados.
En el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio de 2020, el ministro del ramo, Daniel Salinas, catalogó esta problemática como ‘una pandemia que se lleva muchas vidas’, que corre pareja a la de Covid-19.
Agregó que parece necesario tratar este tema, en especial, en momentos de pandemia de virus, en los cuales se acentúan sentimientos como soledad, angustia y depresión, y por tal motivo, explicó, se reforzaron las líneas de contención telefónica y otras medidas específicas ‘que tienen impacto significativo en la receptividad por parte de la población’.
A propósito un estudio de la Facultad de Psicología de Udelar señaló que en la pandemia en curso la salud mental de los uruguayos ‘se deterioró, afloró la depresión y la ideación suicida’.
Por lo menos 37,8 de quienes participaron lo manifestaron y aunque los investigadores advirtieron que la cifra ‘hay que tomarla con pinzas’, dejó ‘una pista de que ese malestar es muy alto’.
Pero el profesor adjunto de Psicología Clínica, Hugo Selma, admite que ‘la salud mental, en general, es un agujero negro y no se le da el énfasis merecido’, y reflexiona que ‘se ha paralizado un país por 34 muertes (y probablemente muchas más que se evitaron), pero por año mueren más de 700 por suicidio y el dato nos pasa desapercibido’.
Para el psiquiatra Ricardo Bernardi el virus en sí, las muertes y la pérdida de un familiar describe una primera ola de afectación, le sigue una segunda del miedo a la recesión y el impacto económico y una tercera ola que involucra a la postergación de proyectos o incluso de consultas médicas que no fueran de urgencia.
Y todo esto, dice, va sedimentando para una cuarta ola que es la repercusión mental.
La Organización Mundial de la Salud estima que el 4,4 por ciento de la población padece depresión, y de ahí que según Selma, ‘en Uruguay estamos ante un problema grave’.
Desde el Área de Salud mental del ministerio se registró en 2019 un total de 723 suicidios, un guarismo bastante superior al de las muertes provocadas por siniestros de tránsito, que sumaron 422 en el mismo período.
Otro dato más lamentable refiere a que en los jóvenes menores 29 años, se percibe son unos 150 por año los que se suicidan.
Una de esas prematuras muertes motivó entre otros jóvenes en 2017 un especial movimiento que bajo el nombre de Te veo mañana (TVM) busca hablar del tema de forma más real y cercana con las personas, a partir de interrogantes como ¿estamos haciendo algo para prevenir?
El objetivo de TVM es lograr una prevención en primera instancia, a través de la concientización y desmitificación de todo lo referido a la salud mental, especialmente del suicidio.
Uno de los principales fines es empoderar a las personas, para que sepan que ellas también pueden ser agentes del cambio poniendo el tema sobre la mesa en un espacio libre de prejuicios.
Suele hacer talleres a demanda, en instituciones tanto públicas como privadas en Montevideo y el interior del país, y si bien se apunta primariamente a adolescentes y jóvenes, se realizaron también para personas mayores, e incluso en una oportunidad a profesionales de la salud.
En el enfoque del sociólogo, investigador y docente en la Udelar, Pablo Hein, se debe tratar el suicidio como ‘derrota social’, y que no hay nada que festejar en la tradicional jornada de los 17 de julio en el décimo país con las peores cifras al respecto y el segundo en América Latina.
Durante una reciente entrevista con el semanario Caras y Caretas se mostró profundamente preocupado por ‘esa curva de suicidios que -con algunos altibajos- sube ininterrumpidamente en Uruguay’.
Sostuvo que se cayó en un enfoque cuantitativista y frívolo del tema que ‘nos permite sentirnos más cómodos y golpearnos el pecho un momento y después proseguir sin sacar conclusiones de la enormidad de los que perdemos, que un compatriota se nos vaya cada 11 horas por esa causa’.
El crítico académico aboga por copiar lo que se está haciendo en países de Europa que tuvieron éxito en sus estrategias de contención y les fue bien con el manejo de lo que llaman el ?currículum emocional’ de las personas, en lugar de remitir el tema al ámbito sanitario, a la psiquiatría sin percibir que es un problema de todos.
Con firmeza expuso que ‘si hiciéramos una autopsia psicológica de los procesos que conducen al suicidio, siempre llegaríamos a un fondo social y cultural’ y ante una persona cercana que se suicida ‘siempre hay una claudicación de la solidaridad y de los afectos y debemos sentirlo como una derrota social que nos involucra a todos’.
Sin embargo una reciente encuesta promovida por el Sindicato Médico ante un proyecto de Ley de un diputado del oficialista Partido Colorado para legalizar el suicidio asistido arrojó un 62 por ciento de opinión ciudadana a favor.
El colectivo de fotógrafos y fotógrafas Fluxus Foto presenta su proyecto “Educación por Whatsapp” mediante el cual visibilizan cómo es el acceso a la educación primaria en la provincia de Pichincha durante la emergencia sanitaria.
Durante la primera mitad de marzo, cuando los primeros casos de COVID-19 comenzaron a detectarse en Latinoamérica, el estado de Ecuador tomo una decisión que ya se venía tomando en otros lugares del mundo para hacer frente a la ola de contagios por la pandemia: llamar al confinamiento y suspender las clases presenciales en entidades privadas y públicas.
En el país existen dos ciclos escolares. En la zona insular y en la costa el período de clases se extiende, normalmente, entre abril y febrero. Mientras que en la región amazónica del país y la sierra, el ciclo escolar va de septiembre a junio. Es decir que, los primeros alumnos nunca iniciaron su cursada de manera convencional, mientras que el otro grupo tuvo cinco meses de encuentros presenciales en el aula, hasta que la dinámica escolar cambió debido a la aparición del coronavirus.
Se estima que “unos 4,6 millones de niños y niñas han sido afectados por la cancelación de las clases presenciales”, afirma la fotógrafa Vanessa Terán, miembro del colectivo de fotógrafos y fotógrafas “Fluxus Foto” (Instagram: @fluxus_foto). Y cuenta que, en este contexto, “el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan Educativo COVID-19 en una plataforma virtual que reúne recursos digitales, textos escolares, lineamientos y protocolos para estudiantes y docentes”.
Sin embargo, la fotógrafa asegura: “Según UNICEF sólo el 37% de los hogares en Ecuador tiene conexión a internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de estas modalidades. La situación es más grave para los niños de zonas rurales, donde solo 16% de los hogares tiene conectividad o acceso a recursos tecnológicos”. Es por esto que la gente “ha tenido que arreglárselas de distintas maneras para continuar con las clases”.
Roxana, Doménica y Ramona realizan sus tareas escolares en casa. No tienen Internet y sus padres perdieron sus empleos durante la pandemia. Hacen recargas semanales para comunicarse con sus profesoras. Quito, 24 de junio del 2020.
Roxana, Doménica y Ramona realizan sus tareas escolares en casa. No tienen Internet y sus padres perdieron sus empleos durante la pandemia. Hacen recargas semanales para comunicarse con sus profesoras. Quito, 24 de junio del 2020.
FOTOGRAFÍA DE JOHIS ALARCÓN
Interpelados por esta compleja realidad, Terán junto a otros 6 creadores visuales miembros de su colectivo de fotógrafos, se propusieron retratar “la experiencia del confinamiento de los niños y cómo esto se relacionaba con su estrato económico”, y en esa línea, dar visibilidad a “las desigualdades en el acceso a la educación en la escuela primaria, que se veían intensificadas a partir de la crisis del COVID-19 y el confinamiento”.
Junto con el apoyo que recibieron del Fondo de Emergencia por COVID-19 para Periodistas de la National Geographic Society, iniciaron su proyecto en la provincia de Pichincha, en el centro norte del país, donde se encuentra la ciudad capital Quito. La proyección a futuro de este equipo de trabajo es continuar con la cobertura de esta problemática en otras regiones del país.
“Las personas de escuelas privadas, en su mayoría de estrato medio a medio alto, en general tienen facilidad de acceso a Internet y cuentan con los dispositivos para poder hacer teletrabajo, en el caso de los padres, o acceder a la educación en el caso de los hijos”, comenta Terán, aunque también destaca que para todos los sectores implica desafíos, desde nuevas dinámicas familiares, hasta nuevas interrelaciones con compañeros y profesores.
Gabriela Suárez, mamá de Alegría Aguirre (8 años de edad), revisa su tarea el día 28 de mayo del 2020. Gabriela, le cuenta a la fotógrafa Vanessa Terán, que el cambio a clases en línea significa un gran desafío para las madres que trabajan y que intentan balancear sus responsabilidades del trabajo y el hogar. Alegría solía pasar aproximadamente 9 horas en el colegio entre clases y actividades extra curriculares. En el último tiempo, ha invertido alrededor de 4 horas entre clases y la realización de tareas. Cumbaya, Ecuador.
FOTOGRAFÍA DE VANESSA TERÁN
“Este caso retrata la experiencia de una estudiante, Alegría Aguirre (8 años) de un colegio de educación privada de Quito cuya escuela ha desarrollado una plataforma específica que les permita continuar sus clases vía video conferencias y foros. Por un lado, este caso visibiliza como durante el confinamiento, el acceso a la educación se ha visto en muchos casos condicionado a la capacidad económica de las familias. Sin embargo, esta circunstancia tiene sus propios desafíos. Alegría debe pasar largas horas frente al computador y su madre, Gabriela Suárez debe balancear las responsabilidades del trabajo con las del hogar. Supervisa y asiste la educación de su hija en casa. Por último, el confinamiento ha cambiado las dinámicas familiares de este hogar”.
Instagram: @v_o.vane
Josue Araujo – Educación Privada
Juan José, de 9 años, tiene deportes por las tardes, es estudiante de primaria del Colegio de Liga ubicado al noreste de Quito. Este día tenía clases de tenis y comenzaba con un calentamiento por toda la casa. Como la sala es grande no tiene problemas para hacer los ejercicios allí.
FOTOGRAFÍA DE JOSUE ARAUJO
«En mi caso realicé la visita a 5 estudiantes de dos instituciones educativas y a una profesora. Estas escuelas son privadas y cuentan con varias herramientas tecnológicas para continuar con su educación y los docentes han mostrado ser muy recursivos para enfrentar los desafíos de la virtualidad. Las clases incluyen actividades lúdicas para mantener el interés de los niños dura las jornadas educativas. Camila y Juan José, de 11 y 9 años respectivamente, tienen todas las facilidades para poder estudiar y en las tardes reciben clases de educación física las cuales incluyen tenis y gimnasia entre otros deportes. Sus padres han adaptado áreas de su casa para las distintas actividades de estudio».
Instagram: @la.mala.foto
Johis Alarcón – Educación Pública
Robert Alejandro realiza sus tareas en casa en la mañana del 26 de mayo del 2020. Estudia en 5to año de primaria en una escuela pública del sur de Quito. La familia Salazar Mujica llegó a Ecuador en 2019, ellos vinieron caminando desde Venezuela. Luisa y Robert, los padres, perdieron su trabajo cuando inició la pandemia, sus hijos Robert Alejandro y Johanna Rosveri de 5 y 7 años respectivamente, han permanecido en casa estos dos meses.
FOTOGRAFÍA DE JOHIS ALARCÓN
“Este proyecto abarca la historia de niños y profesores de escuela pública que, en medio de una crisis económica, afrontan la educación desde casa. Padres desempleados y muchos analfabetos hacen lo imposible para conseguir Internet y celulares que les permitan continuar con la educación de sus hijos, quienes viven su infancia en cuarentena. Los maestros invierten su propio dinero para conectarse con sus estudiantes y duplican sus jornadas cumpliendo sus roles en casa y dando clases con videos, llamadas telefónicas o mensajes por WhatsApp”.
Instagram: @johis.alarcon
Andrés Yépez – Educación en Zonas Rurales – @pre_des_ido
Alex Venegas, de 9 años de edad, y su hermana hacen sus tareas con la ayuda de familiares y con la compañía de algunos animales, la tarde del 22 de mayo de 2020. La cuarentena en las zonas rurales y semirurales se la realiza sin perder el sentido de comunidad, todos se ayudan de alguna manera mientras dura esta emergencia.
FOTOGRAFÍA DE ANDRÉS YÉPEZ
“La mayoría de los niños de las zonas rurales en la provincia de Pichincha, Ecuador, se enfrentan a algunos retos específicos, como la falta de conectividad y las recesiones económicas en sus casas, para continuar su educación a través de la modalidad de tele-educación, durante la crisis sanitaria por el virus COVID- 19. La cuarentena en las zonas rurales se lleva a cabo sin perder el sentido de comunidad con el que viven, y su tiempo de confinamiento no se limita a estar dentro de sus casas. El campo es parte de su hogar y de su vida cotidiana, la cual les exige interactuar con su entorno (animales, sembríos, etc.)”.
Instagram: @pre_des_ido
Karen Toro – Educación Alternativa
Elga Alquinga, de 45 años, es maestra de la Comunidad Educativa Nina Pacha. Es socióloga, pedagoga, y actualmente está realizando una especialización en pedagogía Waldorf. Docente de 7° grado, durante la semana tiene varios encuentros virtuales con sus estudiantes en los que revisan tareas juntos, cantan, leen, realizan ejercicios de movimiento y aprenden temas nuevos.
FOTOGRAFÍA DE KAREN TORO
“En estas comunidades educativas se promueven fuertes sentidos de comunidad, la importancia de los vínculos afectivos y sociales, el desarrollo emocional y autonomía de los niños, el aprendizaje desde experiencias significativas; todos estos aspectos se han visto fuertemente afectados en el contexto de la emergencia sanitaria que obliga al aislamiento social. A pesar de la dificultad para sostener los salarios de docentes (ya que la mayoría de familias se encuentran gravemente afectadas económicamente), el cierre de los espacios físicos, el desafío para los padres que sienten la necesidad de replicar una educación constructivista y libre en el hogar, la frustración de los estudiantes al tratar de sostener aprendizajes y vínculos de manera virtual; las escuelas mantienen el acompañamiento y formación a las familias. Es así que esta parte del proyecto colectivo muestra los desafíos a los que se enfrentan estas comunidades educativas y las iniciativas que han construido”.
Instagram: @karentoroa
Ana María Buitrón – Educación Intercultural Comunitaria
Laura Santillán hace videos para compartirlos con sus estudiantes vía Whatsapp. Enseña temas relacionados a las partes del cuerpo y a las plantas, en lengua Kichwa.
FOTOGRAFÍA DE ANA MARÍA BUITRÓN
“Las escuelas Interculturales-comunitarias se sostienen a partir de un limitado apoyo del Estado y donaciones de gente particular. Durante la pandemia, el reto más grande de esta educación es acompañar a los estudiantes para que se mantengan estables emocionalmente. Su metodología es experimental, ahí consiste el reto de trascender las redes sociales durante esta emergencia. Estas escuelas acogen a niños indígenas y migrantes de otras provincias; su modelo de educación promueve la diversidad cultural, étnica y lingüística; trabajan sobre la identidad individual y la construcción de colectividades en un espacio de tolerancia y respeto”.
Instagram: @lachuros
David Diaz – Educación en Centro para jóvenes infractores
Simón, lleva a cabo sus tareas de Estudios Sociales en una de las aulas de la «Unidad Educativa León Febres Cordero» que opera dentro de un centro para menores infractores.
FOTOGRAFÍA DE DAVID DIAZ
“El Centro «Virgilio Guerrero» para jóvenes infractores en la ciudad de Quito, Ecuador, alberga el corredor de 100 adolescentes que cumplen sus condenas allí. La Unidad Educativa “León Febres Cordero” opera dentro de la institución, que continúa con los estudios de adolescentes que han abandonado la escuela y comienzan la educación para aquellos que no han asistido. Ofrece tres programas educativos: Alfabetización ABC, Educación Básica Intensiva y Bachillerato. Está a cargo de 8 profesores. Según la Constitución del Ecuador, estos jóvenes tienen la condición de doble vulnerabilidad. El Estado debe garantizar la seguridad y la educación. Durante la emergencia COVID-19, sus estudios se vieron afectados, ya que prohibir el acceso a dispositivos electrónicos o Internet ha complicado el aprendizaje, han tenido que recurrir a la información en libros obsoletos, los maestros han visto como la única opción para salir de la cuarentena e ir una vez por semana a entregar la tarea, dar tutoría a los que más la necesitan de esta manera sin interrumpir sus estudios”.
Un grupo de hombres que manejaba un autoproclamado centro de tratamiento para adicciones a internet en el sureste de China fue condenado a prisión, luego de que sus miembros fueran declarados culpables de encerrar a niños en aislamiento solitario por hasta 10 días.
La instalación es uno de los cientos de centros de desintoxicación estilo campo de entrenamiento que se han abierto en China a lo largo de los últimos diez años, en medio de crecientes preocupaciones sobre la cantidad de tiempo que los jóvenes pasan en internet.
A pesar de la censura generalizada y el estricto control gubernamental, China tiene una de las bases de usuarios de internet más grandes del mundo: con más de 850 millones de personas que tienen acceso a la web, incluyendo aproximadamente 200 millones de usuarios entre los 15 y 35 años.
Los campamentos de tratamiento tuvieron un auge de popularidad en los años siguientes a la decisión de China en 2008 de reconocer oficialmente la adicción a internet como un trastorno mental. Sin embargo, una serie de reportes de prensa negativos y acusaciones de grave abuso físico ha generado preocupaciones cada vez mayores durante los últimos años.
En 2014, una niña de 19 años murió en la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, luego de que supuestamente fue golpeada por instructores en un centro de desintoxicación de internet, según informes de medios estatales chinos. Otros reportes han afirmado que los campamentos han utilizado tratamientos similares a las terapias electroconvulsivas.
Este martes, documentos judiciales muestran que cuatro hombres ––de apellidos Wu, Ren, Zhang y Qu–– fueron declarados culpables de detención ilegal, luego de confinar a 12 jóvenes bajo un régimen de aislamiento solitario por hasta 10 días en la Academia Yuzhang en la provincia de Jiangxi. Once de las víctimas tenían menos de 18 años en ese momento.
El centro había aparecido en los titulares de prensa en 2017, después de que el gobierno local anunció que investigaría las denuncias de castigos corporales estrictos que se habrían utilizado contra los estudiantes en un intento de “cultivar el carácter moral de los adolescentes”, según reportes en los medios estatales.
De acuerdo el tabloide estatal Global Times, los exalumnos acusaron al personal de la Academia Yuzhang de poner a nuevos estudiantes en “pequeñas habitaciones negras” con nada más que una manta y una olla para ir al baño.
“Me vigilaban todo el tiempo”, relató un exalumno, de apellido Xuan, al Global Times en 2017.
El gobierno chino ha tomado una serie de medidas en los últimos años para combatir la adicción a internet. En noviembre, Beijing anunció un toque de queda para las personas menores de 18 años, con el objetivo de evitar que jugaran en línea hasta altas horas de la noche. Entre semana, pueden jugar hasta 90 minutos y hasta tres horas los fines de semana.
Algunas familias que pagan educación privada para sus hijos ya no podrán cubrir las colegiaturas, lo que generará una corriente hacia instituciones públicas, ¿el sistema educativo está preparado? Esto dicen los expertos.
Muchos estudiantes tendrán que migrar de las escuelas privadas a las públicas pues sus familias no estarán en posibilidades de pagar las colegiaturas, debido al impacto de la pandemia de COVID-19 y la crisis generada por esta, señalaron este jueves Miguel Székely, exsubsecretario de Educación, y Yoloxóchitl Bustamante, secretaria de Educación Pública de Guanajuato.
Mientras tanto, el sistema público no está previendo esta demanda, apuntó Székely en elEF MEET POINT. El dilema educativo en la coyuntura actual.
«Muchos (alumnos) tendrán que ir al sistema público porque ya no van a poder pagar esas colegiaturas, y el sistema público hasta donde yo sé no está previendo de ninguna manera la demanda por los servicios públicos -a los que además tiene derecho la población, no le puede negar la educación pública a nadie en México-. Yo no veo que haya ninguna preparación a ningún nivel para poder absorber esta muy probable migración significativa», comentó.
Székely añadió que los estudiantes no pueden quedarse sin educación, y que es probable que esta migración ocurra en todos los niveles educativos.
Por otro lado, Yoloxóchitl Bustamante, secretaria de Educación Pública de Guanajuato, señaló que a lo largo del país existen escuelas privadas pequeñas y medianas que no tienen las condiciones de equipamiento como algunos grandes institutos privados.
En el caso de Guanajuato, explicó la funcionaria, varias escuelas públicas están cerrando debido a que los padres ya no quieren pagar colegiaturas solo teniendo la opción de modalidades de educación a distancia.
«Encontramos en el estado de Guanajauto ya un número significativo de escuelas que están cerrando, porque a consecuencia de la pandemia y la crisis económica, se han quedado sin alumnos porque no van a la escuela y los padres no quieren pagar por algo que no perciben (…), y entonces, entre los padres que no pueden pagar más las escuelas que están cerrandoo, se está abriendo una corriente de estudiantes cuyos padres quieren cambiarlos a escuelas públicas», detalló.
En tanto, las escuelas públicas no tienen la posibilidad de decirles que no a los alumnos, pero tampoco tienen los espacios.
«Sobre todo si vamos a regresar en esta modalidad de que se guarda la distancia, cada salón tendrá caapacidad para la mitad o menos de los alumnos que normalmente se colocaban en ella. Y si además vamos a tener el extra de estudiantes que vengan de escuelas públicas, la única manera sería tener más salones y más docentes, para lo cual no hay ningún presupuesto«, puntualizó.
Isabel Celaá responde a las preguntas de alumnos, profesores y familias en un programa organizado por EL PAÍS. “Los menores contagian menos de lo imaginado”, afirma la política ante el regreso a las aulas.
La educación pública “es el eje vertebrador del sistema, no solo por su mayor implantación, sino porque es la obligación del poder público para atender el derecho fundamental de la persona”, pero la escuela concertada “está perfectamente contemplada, perfectamente respetada y perfectamente acreditada” en la nueva ley escolar que se está tramitando en el Congreso, ha asegurado este jueves la ministra de Educación, Isabel Celaá, para añadir después: “No hay ningún problema ideológico”. Durante un programa especial en vídeo organizado y emitido por EL PAÍS, en el que Celaá ha respondido durante algo más de una hora a preguntas de alumnos, profesores y padres, la ministra ha salido así al paso de una antigua polémica educativa y que esta semana ha estado de actualidad por la discusión en el Congreso sobre si los fondos extra para la reconstrucción tras la covid deben ir a la enseñanza pública o también a la concertada, es decir, la privada subvencionada.
En cualquier caso, entre los temores por la seguridad de la vuelta a las clases en septiembre, la forma de recuperar el tiempo perdido y de mejorar la calidad de la educación, la conversación de este jueves de Celaá con la comunidad educativa ha dado para mucho más. En el vídeo que encabeza este texto puede ver el programa completo. Lo siguiente es un resumen de lo más destacado:
Confianza en los grupos aislados. “Definitivamente las burbujas pueden funcionar, ya lo están usando otros países como Noruega, ya lo han observado los epidemiólogos como los pediatras: el virus no se transmite de forma tan rápida como pensábamos entre los menores. En estas burbujas estables tiene que haber niños que se relacionen entre sí y no con otros grupos y que sean atendidos por uno o dos profesores”. La OMS y la asociación de pediatría ya afirmaban el 8 de junio con claridad que los niños no son tan superdiseminadores del virus como pensábamos. Eso nos ha permitido acercarnos a fórmulas distintas y saber que podemos atender a los niños más pequeños a través de burbujas habida cuenta de que a determinadas edades no se observan las distancias físicas.
Cómo actuar si hay rebrote. Gema Duque, médico de la Comunidad de Madrid como su marido, ha querido saber cómo actuaría Educación ante un rebrote de la epidemia. Le gustaría que se actuase como en Francia donde se priorizó el regreso de los hijos del personal sanitario. La ministra, sin embargo, ha antepuesto a los más pequeños de la escuela. “Si algo hemos aprendido en este trimestre es que los cursos superiores han avanzado muy bien en su enseñanza a distancia, no así con los más pequeños a los que les resulta más difícil sentarse ante un ordenador o una tableta durante unas horas. Por lo tanto, aspiramos primero a tener un curso con unas normas parecidas a las de los otros cursos (…) Pero sí, en algún momento, hemos de priorizar presencia, los niños más pequeños, los niños de primaria, aquellos que se sujetan peor a la silla ante una cámara obviamente serán los primeros en ocupar los espacios físicos de los centros educativos”.
Uso de mascarilla. Gabriele, de ocho años, le ha preguntado a la ministra si tendría que asistir a clase con mascarilla y Celaá ha tratado de ser didáctica. “Si el centro opta por tener grupos de convivencia estables no necesitaréis mascarilla, porque os relacionaréis a modo de familia en vuestro grupo con uno o dos docentes. Pero si salís al patio o vais por un pasillo, a partir de los seis años sí podréis usar mascarilla”.
Isabel Celaá, vista desde la sala de control de realización. | Álvaro García
Los estudiantes sin voz. Andrea Henry, presidenta de la confederación estatal de asociaciones de estudiantes (Canae) ha lamentado que el ministerio se haya reunido con profesores y padres, pero no con ellos para afrontar este cambio en el sistema educativo. “Os escuchamos en el Consejo Escolar del Estado y en el Observatorio de Becas”, ha contestado Celaá que se ha mostrado dispuesta a escucharles más.
Educar al aire libre. Bibiana Marful, miembro de la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza, ha propuesto a la ministra que a corto plazo se apostase en España por colegios al aire libre, pues funcionan con éxito en otros países y ya abogaba por esta práctica la Institución Libre de Enseñanza a principios del siglo XX. Celaá se ha mostrado abierta a estudiar la posibilidad: “Es una reflexión muy oportuna, al caso, porque si algo necesitamos en estos tiempos de gran incertidumbre en la salud o la educación, es esta apertura a la ventilación, al aire libre, a la vuelta a la naturaleza. Fue un concepto romántico, de los poetas clásicos y de los británicos. Como Shelley, que en todos sus poemas observaban la naturaleza”. Porque, como muchos pedagogos, la ministra considera que al aire libre se aprende “no solo el contenido de la materia sino del contacto con la naturaleza”.
De aire libre ha preguntado también la Asociación Patios Habitables: ¿Cuáles son las propuestas para la mejora y acondicionamiento de los patios escolares? Celaá ha recordado que es una competencia autonómica, pero ha animado a hacer una reflexión conjunta con los gobiernos regionales y ha concluido: “Con la utilización de escasos recursos se pueden obtener grandes beneficios en los términos que planteas”.
Regresión en las pedagogías. Beatriz Martínez, profesora de infantil en el municipio de Requena (Valencia), teme que la pandemia eche por tierra “todas las metodologías de trabajo participativo que favorecen el desarrollo de las inteligencias múltiples y la cohesión” y así se lo ha hecho saber a la ministra. “¿Regresamos atrás, a un trabajo individualizado sentando a los niños en su pupitre”. Celaá ha sido tajante: “En absoluto, vas a poder seguir haciéndolo”.
La ministra ha confiado en que será así a la vista de lo que comunican los epidemiólogos internacionales: “Se va a poder trabajar en grupos estables a modo de módulos, de personas que se relacionan con su profesor. La educación va hacia eso, no a un sistema cerrado por materias. Estamos en espacios móviles, aquel que pueda hacer una pequeña obra que la haga. Buscamos que los profesores trabajen colegiadamente”.
Conocimientos esenciales. A Elena González, vicepresidenta de la asociación de padres del colegio público Ramiro de Maeztu de Madrid, le preocupa que no se programen actividades extraescolares en las escuelas, pues son una fuente de conocimiento y facilitan a los padres la conciliación con la vida laboral. Celaá, en esta ocasión, ha pedido paciencia a la madre. La ministra ha dado una de cal: “Todas las medidas que estamos tomando para tener un entorno escolar seguro son temporales, tenemos la esperanza de tener un remedio o una vacuna pronto y desde luego hay que mantener las actividades extraescolares”. Y otra de arena: “Estamos en un momento muy anómalo. Un tiempo en el que debemos adaptarnos lo más posible para que se prioricen las competencias fundamentales, los aprendizajes esenciales. Esto no quiere decir que las actividades extraescolares tengan que desaparecer, pero sí que adaptarse a que primero tenemos que trabajar esas competencias esenciales”. Porque no duda que habrá que reforzar los conocimientos cuando lleguen los alumnos en septiembre. “Observaremos que hay deficiencias en el desarrollo de sus capacidades cognitivas que hemos de reforzar. Habrán desarrollado muchas destrezas emocionales, pero a lo mejor tenemos que profundizar en sus capacidades cognitivas. Al menos el primer trimestre, y probablemente hemos de acomodar aquellos contenidos que nos llegan del final de curso 19-20”.
Primer día de clase tras el confinamiento en el colegio público El Vallés, en Terrassa.CRISTOBAL CASTRO
La polémica de las dos redes. Sobre la polémica de los últimos días en la comisión de reconstrucción del Congreso, cuyas conclusiones provisionales dejan fuera a la escuela concertada de los fondos extra que se puedan aprobar, la ministra ha querido dejar claro que ese debate parlamentario no tiene nada que ver con el proyecto de reforma educativa. Y que esta respeta perfectamente a la escuela concertada. “Está perfectamente contemplada, respetada y acreditada, por lo tanto, ahí no hay ningún problema ideológico ni de falta de consideración. Esa es la realidad”, ha dicho en su respuesta a Luis Centeno, secretario general adjunto de la patronal de colegios católicos FERE.
Financiación a la concertada. La ministra ha asegurado que los 2.000 millones que el Gobierno va a conceder a las comunidades para inversión extra educativa se repartirán “de forma equitativa en todo caso, dándole a cada uno lo que le corresponde”. Sin diferencias entre escuela pública y privada. “El fin ha de ser compensar las desigualdades y satisfacer las necesidades de los más vulnerables. Porque si queremos que el sistema educativo avance, de nada sirve dar más a quien ya tiene más. Por lo tanto, nosotros no hablamos de titularidad sino de los más vulnerables”.
Celaá cree que “todos los centros que se sostienen con recursos públicos tienen que arrimar el hombro para tratar aquellas mayores dificultades educativas que tiene el sistema”, es decir, un mejor reparto de los alumnos más desfavorecidos. El 79% de los hijos de inmigrantes se concentran en la pública y siete de cada 10 alumnos con menos recursos.
Becas. José Montalbán, profesor en Estocolmo, ha reprochado a la ministra que las becas terminen de cobrarse terminado el primer trimestre y está ha asegurado que se han hecho pequeños avances. “Hemos conseguido acortar las becas como dos meses con respecto al curso anterior. Las becas se conceden tras haber conocido la declaración de la renta de las familias del curso anterior, estamos cambiando el sistema”, ha respondido.
Necesidades especiales. “Nosotros buscamos una escuela inclusiva, en la que todos los y las docentes estén preparados para tratar la diversidad, porque cada talento es diferente al otro y tienen que tratarse de manera individualizada, esa es la escuela que buscamos, que compense las desigualdades”, dijo la ministra. El tratamiento de las necesidades educativas especiales y con diversidad funcional apareció en el debate de la mano de Maria Belén Ouviña, maestra de audición y lenguaje en un instituto madrileño, que planteó su preocupación por la dificultad de enseñar a distancia a chavales con dificultades.
También hubo espacio para hablar de las protestas promovidas en los últimos meses por algunas asociaciones que temen que la nueva ley educativa suponga el cierre de los centros específicos de educación especial. Sobre ello, Celaá fue tajante: “Estamos comprometidos […] con la mejora de la dotación de recursos para la educación especial en los centros ordinarios, pero respetamos absolutamente los centros de educación especial, los reconocemos y además vamos a continuar apoyándolos […] de ninguna manera vamos a cerrar los centros de educación especial. Pero obviamente tenemos muchísimas familias que quieren ir a centros ordinarios, muchísimas”.
Formación Profesional. Además se abordó el tema de la FP. Un ámbito que Celaá calificó de prioritario para el ministerio. A la docente Bárbara Higuera Pérez, de Getafe, que reclamó esfuerzos para dar prestigio a la FP, le aseguró que ya está ocurriendo y que es la propia realidad laboral la que la impulsa: “Hay muchos egresados de la Universidad que quieren después pasar por la FP para conseguir un puesto de trabajo”, aseguró la ministra. A Ángel Cabezuelo, de Castellón, que preguntó cuándo se iban a equiparar por fin las condiciones de trabajo de los profesores técnicos de FP con las del resto de docentes de secundaria, Celaá le respondió: “Encontrarás una respuesta satisfactoria a esta cuestión en el proyecto de ley”.
Religión. No podía faltar en el programa una pregunta sobre otra eterna polémica en el ámbito educativo: la presencia de la asignatura de Religión en la escuela. Algunos sectores la defienden y otras la rechazan. Pablo Blanco, profesor en un pueblecito de Cantabria, es de los segundos. “¿Para cuándo la Religión fuera de las aulas?”, preguntó. Y la ministra respondió: “Observamos el respeto debido a los Acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno de España [de 1979, que establecen la existencia de la asignatura de Religión]. Por ello, la propuesta que hacemos es que sea de oferta obligada para los centros y de asunción voluntaria por parte del alumnado. No puede valer para una nota media”.
El segundo sindicato de docentes más grande de la nación les dice a sus miembros que hagan “huelgas de seguridad” si el plan de reapertura de su escuela no cumple con sus requisitos de seguridad.
Randi Weingarten, presidente de la Federación Americana de Maestros (AFT), que cuenta con 1,7 millones de miembros, anunció el martes la aprobación una resolución que apoya a cualquier capítulo local que haga huelga por planes de reapertura que considere inseguros.
Durante una convención online de la AFT, Weingarten culpó al gobierno de Trump por presionar la reapertura de las escuelas en medio de la pandemia en curso, diciendo que ha dejado a los maestros y padres “asustados y enojados”.
“Si las autoridades no protegen la seguridad y la salud de aquellos a quienes representamos y a quienes servimos… qué se puede hacer”, dijo. “La defensa legal o las protestas, las negociaciones, las quejas o las demandas, o, si es necesario y autorizado por un sindicato local, como último recurso, las huelgas de seguridad”.
La resolución de la AFT hace un llamado a los distritos escolares para que vuelvan a abrir solo cuando la tasa promedio diaria de infección de la comunidad, en el área entre los examinados para COVID-19, sea inferior al 5 por ciento y la tasa de transmisión sea inferior al 1 por ciento, un estándar que podría ser difícil de cumplir. También exige que las escuelas exijan la cobertura facial obligatoria para estudiantes y personal, distancia física de 6 pies, desinfección de instalaciones y autobuses, y alojamiento especial para los maestros con mayor riesgo de problemas de salud, si contraen COVID-19.
Weingarten también se comprometió a luchar contra lo que el sindicato consideró “planes inseguros y poco sólidos” a través de demandas y quejas laborales. El capítulo de la AFT en Florida presentó una demanda la semana pasada contra el gobernador republicano, Ron DeSantis, en un esfuerzo por bloquear la orden de emergencia del estado para reabrir las escuelas en agosto. DeSantis, en respuesta, argumentó que quería asegurarse de que las familias tengan una opción si deciden que el aprendizaje en persona es lo mejor para sus hijos.
La resolución de la AFT se lleva a cabo cuando el último proyecto de ley de ayuda de COVID-19, propuesto por los republicanos del Senado, vincula la mayor parte del fondo de ayuda con la reapertura de las escuelas. Un tercio de los USD 70,000 millones destinados a la educación K-12 iría a todas las escuelas públicas y privadas, independientemente de sus planes de reapertura en el otoño. Sin embargo, los dos tercios restantes estarían disponibles “específicamente para ayudar a las escuelas que tienen los costos adicionales generados por la reapertura, que permite la instrucción en persona”.
Weingarten denunció el proyecto de ley, culpando al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.) de obstruir el plan propuesto por los demócratas de la Cámara en mayo, que asignaría USD 100,000 millones para escuelas K-12 sin limitar los fondos de ayuda a los que planean ofrecer aprendizaje presencial.
La AFT en marzo respaldó a Joe Biden como el candidato demócrata para la carrera presidencial de 2020. Biden también recibió el respaldo de la Asociación Nacional de Educación, el sindicato laboral más grande del país.
El gobierno espera llenar los 3,500 lugares disponibles en las universidades portuguesas para hijos de emigrantes en dos o tres años. Según la Secretaria de Estado de las Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, solo 416 se completaron en el último año académico, informa The Portugal News .
La educación superior tiene un contingente reservado para los hijos de emigrantes del 7% del total de vacantes nacionales, lo que corresponde a unas 3.500 vacantes. El número de candidatos ha estado creciendo desde 2013, el año en que hubo el número más pequeño con solo 99 solicitudes. En el año académico 2019-20, se presentaron 483 emigrantes y descendientes portugueses, con 416 colocados, lo que representa el 86%.
«Esperamos que haya más y más miembros y que dentro de dos o tres años se llene el número total de vacantes, lo cual es muy interesante para nuestros jóvenes que viven en el extranjero», dijo Nunes a la Agencia de Noticias Lusa. El funcionario dijo que la campaña de información y concientización sobre esta posibilidad, que comenzó el año pasado, se reforzará, principalmente a través de la publicidad en las redes sociales portuguesas.
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