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Los derechos de la mujer a la tierra siguen plagados de obstáculos en Kenia

Redacción: Rebelión

La Ley de propiedad matrimonial de Kenia discrimina a las mujeres y contraria la Constitución del país, en uno de los obstáculos de las mujeres en sus derechos a la tierra. Menos del cinco por ciento de todos los títulos de propiedad de la tierra en Kenia están en manos de mujeres. Foto: Miriam Gathigah / IPS

NAIROBI, 22 jun 2020 (IPS) – Ida Njeri era una funcionaria con acceso a una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito (Sacco) a través de su empleador, cuando comenzó a interesarse por los préstamos de la institución para adquirir tierras en Ruiru, en el centro de Kenia, junto con su esposo, un consultor privado en el sector de la comunicación.

Ella estaba dispuesta a hacerlo. Parte de su plan a largo plazo para tener una familia era comprar un terreno y construir allí la casa de sus sueños. Pero lo que no se dio cuenta Njeri es que 12 años y tres hijos más tarde, la ley le negaría tener derecho a su derecho a poseer la propiedad matrimonial.

«Como consultor privado, fue difícil para mi esposo unirse a un Sacco. La gente generalmente se une a los Sacco a través de su empleador. Esto hace que sea fácil ahorrar y tomar préstamos porque se necesitan tres personas dentro de su Sacco para garantizar el préstamo», explicó Njeri IPS

«Mi esposo tenía una cuenta bancaria de ahorros, por lo que decidimos combinar mis préstamos con sus ahorros. Para 2016, tenía 45 000 dólares en préstamos. Mi esposo me decía la cantidad necesaria para comprar un terreno y yo pedía un préstamo», agregó, explicando que fue él quien manejó todas las adquisiciones.

Para 2016, la pareja había comprado 14 terrenos diferentes, cada uno de uno de media hectárea. Pero el año pasado, cuando el matrimonio terminó, Njeri descubrió que todos los terrenos comunes estaban a nombre de su esposo.

«Todo el tiempo asumí que la tierra estaba a nuestro nombre. Realmente nunca pensé en ello porque estábamos construyendo conjuntamente nuestra familia. Y peor, todos los recibos de pago de la tierra y los acuerdos de venta también están solo a su nombre», dice ella.

Pero lo más negativo es que había poco que ella pudiera hacer al respecto, dadas las leyes del país.

El ítem tres del artículo 45 de la Constitución de 2010 establece la igualdad durante el matrimonio y el divorcio, y el matrimonio de Njeri fue legal y está registrado, lo que da sustento a que la propiedad de las tierras adquiridas sea conjunta, según la norma de 2014.

Pero existe una Ley de Propiedad Matrimonial, de 2013, que en su sección 7 establece que la propiedad de bienes matrimoniales depende de las contribuciones de cada cónyuge para su adquisición.

«La propiedad matrimonial recae en los cónyuges de acuerdo con la contribución de cualquiera de los cónyuges para su adquisición, y se dividirá entre los cónyuges si se divorcian o si su matrimonio se disuelve de otra manera», establece la sección 7.

Debido a que Njeri no tenía pruebas de haber adquirido conjuntamente la tierra, tras su divorcio quedó sin derecho sobre ella.

El suyo no es un caso aislado de mujeres casadas que luchan por garantizar sus derechos sobre la tierra.

En 2018, se lanzó la Alianza por la Tierra de Kenia (KLA, en inglés), una red dedicada a promover que se ejecuten las disposiciones constitucionales de los derechos de las mujeres a la tierra y la promoción de la igualdad de género, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Alianza es la representante local de Deliver For Good, una campaña global que aplica una perspectiva transversal de género a los 17 ODS y que está impulsada por la organización internacional Women Deliver, que defiende los derechos de las mujeres en el mundo.

Odenda Lumumba, activista por los derechos a la tierra y fundadora de KLA, explica que los datos sobre la propiedad de la tierra apuntan a que persisten grandes disparidades de género, en especial por la intrincada relación entre los sistemas de tenencia de la tierra, los medios de vida y la pobreza.

«Hay muy poco avance hacia que las mujeres kenianas sean propietarias de tierras. Hay muchos obstáculos que superar para ello», dijo Lumumba a IPS.

La KLA realizó una auditoría de la propiedad de la tierra en que analizó aproximadamente un tercio de los 3,2 millones de títulos de propiedad registrados en el país entre 2013 y 2017, el mayor número de títulos de propiedad emitidos en cualquier periodo.

En ella se descubrió que solo 103 043 títulos, 10,3 por ciento del total de los emitidos, se concedieron a mujeres, mientras que 865 095, o 86,5 por ciento, se entregaron a varones.

Hay más disparidades en términos del tamaño de la tierra. De los 10 millones 129 704 hectáreas  que fueron registradas durante ese periodo de cinco años, nada menos que 97,76 fueron tituladas para varones y solo 1,67 para mujeres.

En 2018, la división el país de la Federación Internacional de Mujeres Abogadas (Fida) introdujo un reclamo ante el Tribunal Superior de Kenia, argumentando que la Sección 7 de la Ley de Propiedad Matrimonial era discriminatoria hacia las mujeres e inconsistente y contraria con el artículo 45 de la Constitución.

El máximo tribunal del país desestimó la querella, descartando una distribución equitativa de los bienes conyugales, ya que «abriría la puerta para que una parte se case y salga de ella en caso de divorcio con más de lo que se merece».

Dentro de este contexto, menos del cinco por ciento de todos los títulos de propiedad de tierras en Kenia están en manos de mujeres, que además están en desventaja en la forma en que usan, poseen, administran y disponen de esa tierra, asegura Fida-Kenia.

Pero los especialistas en temas de género alertan sobre el creciente número de hogares que tienen al frente a una mujer, 32 por ciento del total de 11 millones según datos oficiales,  y consideran que esa nueva realidad hace cada vez más urgente garantizar los derechos de las mujeres a la tierra.

«La Ley de Propiedad Matrimonial les da a las mujeres la capacidad de registrar sus propiedades, pero la mayoría de las mujeres no perciben lo importante que es esto, así que más tarde tienen que luchar por acceder a la propiedad, porque se cuidaron de estar registradas como propietarias, dijo a IPS la abogada Janer Anyango, asesora legal del Programa de Acceso a la Justicia de Fida-Kenia.

Fida-Kenia ofrece desde hace 34 años asistencia legal gratuita a al menos tres millones de mujeres y niños. También es otra organización socia de Women Deliver en Kenia.

Anyango dice que en la ley «el significado de ‘contribución’ se amplió para incluir contribuciones no monetarias, pero es difícil cuantificar la contribución en ausencia de pruebas tangibles. En la demanda de 2016, cuestionamos el hecho de que la ley atribuye pasivos por igual dentro del matrimonio, pero no hace lo mismo con los activos».

En 2016, FIDA-Kenia demandó también a la oficina del Fiscal General por no actuar en el tema de las medidas de discriminación contra la mujer, aunque tiene el mandato de hacerlo.

Además de la Ley de Propiedad Matrimonial, las leyes como la de Sucesión buscan respaldar a los conyugues  sobrevivientes, hombres y mujeres, pero siguen sesgadas a favor de los varones, ya que las viudas pierden su «interés vitalicio» en la propiedad si se vuelven a casar, por citar un ejemplo.

Otro es que donde no existe un conyugue o hijos sobrevivientes, el padre de la persona fallecida tiene prioridad en heredar sobre la madre.

Women Deliver reconoce que a nivel mundial las mujeres y las niñas tienen un acceso desigual a la tenencia de la tierra y a los derechos sobre la tierra, creando un negativo efecto dominó sobre el desarrollo y el progreso económico de toda la población.

«Cuando las mujeres tienen derechos garantizados sobre la tierra, sus ganancias pueden aumentar significativamente, mejorando sus habilidades para abrir cuentas bancarias, ahorrar dinero, obtener créditos y realizar inversiones para su beneficio, el de sus familias y sus comunidades”, aseguró a IPS la directora gerente de Política y Abogacía  de Women Deliver, Susan Papp.

Ella subraya que aplicar una mirada de género para acceder «a los recursos es crucial para impulsar el progreso para y con todos durante la pandemia de la covid-19, durante la cual el mundo sigue trabajando en alcanzar los ODS”.

Y a pesar de que los servicios vinculados a los temas matrimoniales han sido suspendidos por la pandemia en la Fiscalía General y en el registro de tierras, las mujeres como Njeri continúan su lucha por que se reconozcan sus derechos legítimos.

Fuente: https://rebelion.org/los-derechos-de-la-mujer-a-la-tierra-siguen-plagados-de-obstaculos-en-kenia/

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Francia activará mecanismo de empleo parcial a largo plazo

Redacción: Prensa Latina

El gobierno francés anunció hoy la activación a partir de 1 de julio de un mecanismo de empleo parcial a largo plazo, para atenuar el impacto en el ámbito laboral de la crisis económica generada por la Covid-19.
La medida fue presentada la víspera en una reunión en el Palacio del Elíseo del presidente Emmanuel Macron con organizaciones sindicales y patronales, al cumplirse tres semanas de un proceso de consultas, en medio de pronósticos de la pérdida este año de alrededor de un millón de puestos de trabajo como resultado de la pandemia.

El dispositivo que comenzará la semana próxima busca evitar los despidos masivos en empresas que verán reducida su actividad, y consiste en la entrega del 84 por ciento del salario a los trabajadores y el reembolso del 80 a las entidades.

Las condiciones para este beneficio serán que las horas de desempleo no excedan un 40 por ciento para cada asalariado y la existencia de un convenio colectivo mayoritario.

De acuerdo con estimados oficiales, el desempleo superaría en Francia un 10 por ciento de su fuerza laboral al terminar el año, al menos dos puntos por encima del comportamiento del indicador en 2019.

Por otra parte, el mecanismo de desempleo parcial utilizado durante la cuarentena, al cual se acogieron más de 13 millones de trabajadores del sector privado, tendrá desde el 1 de octubre otro tratamiento, consistente en el pago del 72 por ciento del salario neto y una compensación del 60 a las empresas, por un período inicial de tres meses, prorrogable una sola vez por otros tres.

En la actualidad, los beneficiados en una entidad afectada por la Covid-19 reciben el 84 por ciento de los ingresos netos.

Aunque en la agenda del mandatario estaban otros temas que generan mucha expectativa, como el seguro de los parados, la formación profesional y el acceso a puestos de trabajo por los jóvenes, la prioridad se centró en el empleo parcial, a partir del complejo panorama imperante.

Según medios de prensa, los sectores de la aeronáutica y el automotor fueron los modelos tomados, los cuales intentan volver a funcionar en un entorno desafiante.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=376744&SEO=francia-activara-mecanismo-de-empleo-parcial-a-largo-plazo
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Argentina: Goodman sostuvo que no están dadas las condiciones para el regreso a las aulas

Redacción: Chubut

El secretario general de Atech, Santiago Goodman, afirmó que no están dadas las condiciones para retomar las clases presenciales. Nación y Provincia evalúan protocolos con intención de retomar posiblemente en agosto. Hubo presentaciones del gremio al Ministerio de Educación. Sigue el reclamo salarial.

Goodman convocó ayer a una conferencia de prensa y exigió precisiones sobre la eventualidad del regreso a las clases, al tiempo que reclamó que se agilice la conformación del Consejo Asesor.
«No están dadas las condiciones para el regreso presencial a las clases», afirmó Goodman. Y sugirió que «hay que aprender de lo que sucedió en otros países que retomaron el ciclo lectivo como Francia, España, Corea, China y Alemania, que después tuvieron que retroceder y suspender las actividades». Insistió entonces el sindicalista del sector docente que «estamos alejados de las condiciones mínimas para regresar en este marco. El Estado no ofrece las garantías necesarias. En Chubut, hay 14.000 docentes activos y 7.000 auxiliares de la Educación que requieren respuestas en todos sus planos».

CLASES VIRTUALES
«Denunciamos que la situación virtual cada vez es más caótica en función de los salarios y por las situaciones precarias de los estudiantes. Desde el gremio, estamos distribuyendo los cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación. Hay una brecha muy grande entre quienes pudieron trabajar virtualmente y quienes no contaron con esa posibilidad», sostuvo el sindicalista de Atech.
Además, informó que presentaron una serie de notas «con las declaraciones de la ministra de Educación, Florencia Perata, y las cuestiones pendientes de la última reunión que incluyen los salarios, incentivos, el aguinaldo». Y agregó que desde Atech «le exigimos a ella que responda sobre esos puntos y que no se desatienda del tema porque es inherente a su cargo y debe responder en consecuencia. Nos enteramos que se terminó de pagar el rango 03 pero no hay cronograma del rango 04 y rechazamos el aguinaldo en cuotas».

RESPALDO DE CTERA
Goodman apuntó que el Gobierno debe poner como prioridad el cumplimiento del pago salarial y garantizar las condiciones de higiene y salubridad en las escuelas. Y afirmó que «desde la Ctera nacional, se repudió el pago de los salarios a estatales de Chubut y se respaldó nuestra lucha».

Fuente: https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-6-24-22-45-0-goodman-sostuvo-que-no-estan-dadas-las-condiciones-para-el-regreso-a-las-aulas

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Bolivia: Ministerio de Educación convoca a dialogar a padres ante protestas por rebaja de pensiones en colegios privados

Redacción: Correo del Sur

«Hablar de una rebaja del 50% significaría una hecatombe», señaló el viceministro Tejada

El Ministerio de Educación convocó este jueves al diálogo a los padres de familia de colegios privados, ante algunas protestas respecto descuento del 6 a 28% en las pensiones escolares, pues exigen que esa rebaja llegue al 50%.

«Hablar de una rebaja del 50% significaría una hecatombe. Los invitamos al Ministerio de Educación para mostrarles las estadísticas, las normas vigentes por los cuales asumimos esa determinación», informó el viceministro de Ciencia y Tecnología, Cristian Tejada, durante una entrevista en RTP.

Tejada consideró que los padres de familia deben entender que el país y el mundo atraviesan por una emergencia sanitaria por esa enfermedad, y que de acceder a su pedido de una rebaja del 50% desembocaría en el cierre del 85% de las unidades educativas privadas en todo el país.

Tejada recordó a los padres de familia que así como es prioridad para ellos dar a sus hijos una educación con calidad, la prioridad del Gobierno nacional es que los estudiantes no pierdan el año escolar.

«No quiero pensar que esto es un tema político, nosotros como Gobierno no pensamos en temas políticos, sino, temas sociales. Si usted padre de familia no me cree, entiendo, hemos vivido 14 años de mentiras, pero nuevamente lo invito (al diálogo)», convocó la autoridad.

En el país rige el Decreto Supremo 4260 que regula cuatro modalidades de educación: presencial, semipresencial, virtual y a distancia, las que deben ser puestas en marcha por los maestros.

En la víspera, el Ministerio de Educación informó que junto a la Asociación Nacional de Colegios Privados llegaron a un acuerdo que establece descuentos del 6 al 28% en las pensiones, que varían de acuerdo con el monto que cobra la unidad educativa, la cantidad de estudiantes y si cuenta con una plataforma virtual, la que estará vigente mientras dure la cuarentena por el coronavirus.

Por otro lado, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, adelantó que sostiene conversaciones con la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y los institutos legalmente establecidos en el país, para llegar a un acuerdo con el pago de las mensualidades.

 Fuente: https://correodelsur.com/sociedad/20200625_ministerio-de-educacion-convoca-a-dialogar-a-padres-ante-protestas-por-rebaja-de-pensiones-en-colegios-privados.html
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REINO UNIDO Las universidades reunidas en UUK-Jisc solicitan reducir las tarifas de publicación académica en un 25%

Europa/ReinoUnido/Timeshighereducation/Por Jack Grove

La presión financiera ‘sin precedentes’ sobre los presupuestos universitarios debería resultar en una reducción de los cargos de suscripción, dice el grupo UUK-Jisc

Las tarifas pagadas a los principales editores académicos deberían reducirse en un 25 por ciento a la luz de las graves consecuencias financieras que enfrentan las instituciones a raíz de la crisis del coronavirus, recomendó un grupo de Universities UK.

En una carta conjunta publicada el 17 de junio, el grupo de estrategia de negociación de contenido UUK-Jisc pidió a los principales editores que reconozcan la «presión extraordinaria sobre los presupuestos, que ya están viendo recortes de hasta el 40 por ciento en algunas universidades».

«Será necesario tomar decisiones difíciles y las cancelaciones [de acuerdos de publicación] en algunas instituciones son una realidad», dice la carta, que fue firmada por Stephen Decent, quien preside el grupo de negociación UUK-Jisc.

Ese grupo, que celebró su primera reunión en febrero, se creó inicialmente para negociar nuevos acuerdos de publicación de acuerdo con las pautas de acceso abierto recientemente anunciadas por UK Research and Innovation.

El profesor Decent, rector y vicecanciller de la Universidad Metropolitana de Manchester , explicó que los recortes recomendados eran necesarios porque «la profundidad del desafío financiero que enfrentan las universidades y sus bibliotecas no tiene precedentes».

En marzo, UUK advirtió que sus instituciones esperaban una pérdida colectiva de £ 790 millones solo para el año académico 2019-20, dada la pérdida de ingresos por alojamiento, comidas y conferencias. El colapso esperado de los ingresos por comisiones internacionales en 2020-21, con un valor de £ 6.9 mil millones anuales, también ejercería una grave presión sobre las finanzas institucionales, agregó.

Sobre el tema de los presupuestos de las bibliotecas, el profesor Decent dijo que la situación se vio exacerbada por la necesidad de «mejorar la gama de contenido disponible en línea para estudiantes, investigadores y personal» que «ejerce una presión extraordinaria sobre los presupuestos».

Con las universidades enfocándose en la entrega de enseñanza en línea en septiembre, las instituciones estaban «examinando qué contenido digital pueden permitirse para mantener el acceso frente a las deficiencias presupuestarias que necesitarán entregar», dijo el profesor Decent.

En la carta, el grupo insta a los editores a trabajar con Jisc para implementar descuentos y medidas para proporcionar precios flexibles que ofrezcan a las instituciones diferentes opciones.

«Nuestro esfuerzo de colaboración debería resultar en la capacidad de reducir el gasto sin una pérdida desproporcionada de contenido, especialmente ahora que muchas universidades revisarán el equilibrio de presupuestos entre el apoyo al aprendizaje digital y la investigación de apoyo», dijo el profesor Decent.

Fuente: https://www.timeshighereducation.com/news/cut-uk-academic-publishing-fees-25per-cent-urge-universities#survey-answer

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Indonesia: Universitarios instan a reducir la matrícula durante la política de «estudiar en casa»

Asia/Indonesia/Jakartapost

Las universidades privadas, los docentes y los estudiantes están instando al gobierno a intensificar sus políticas educativas, criticando que su última asistencia financiera es inadecuada para abordar las preocupaciones del sector educativo durante la pandemia.

Esto sigue al anuncio del lunes del ministro de Educación y Cultura, Nadiem Makarim, sobre una serie de medidas tomadas para ayudar al sector educativo, que incluyen la reducción de las tasas de matrícula universitaria y los requisitos de asistencia operativa escolar (BOS).

«Hemos escuchado no solo de la Comisión X sino también de miembros del público que muchas escuelas y universidades, especialmente las privadas, han sido duramente golpeadas durante la pandemia de COVID-19», dijo Nadiem durante una audiencia con la Comisión X de la Cámara de Representantes, que supervisa la educación.

«Así que la semana pasada, respondimos a estas quejas implementando varias políticas, así como ayuda tangible y real», agregó.

Una nueva política, por ejemplo, permite a los estudiantes de universidades estatales solicitar un pago retrasado de la matrícula, una reducción en las tarifas o un plan de cuotas, dependiendo de su situación financiera. El ministerio alienta a las universidades privadas a hacer lo mismo.

También estipula que los estudiantes que están de licencia o que no toman créditos del curso ya no necesitan pagar las tasas de matrícula, mientras que los que están en sus últimos semestres solo pagarán hasta la mitad de sus tasas de matrícula.

La Asociación Nacional de Órganos Ejecutivos de Estudiantes Universitarios (BEM-SI) sostiene que el gobierno debería haber reducido las tasas de matrícula en todos los ámbitos sin la necesidad de que los estudiantes lo soliciten, diciendo que las tasas de matrícula completas fueron injustamente cobradas por los estudiantes que tenían sus cursos impartidos en línea durante La pandemia.

Los ajustes de la matrícula que se ofrecen ahora ya existían antes de la pandemia, pero generalmente requerirían que los estudiantes pasen por largos procesos administrativos y, a menudo, se rechacen sus solicitudes, dijo.

«La falta de una política para reducir las tasas de matrícula podría reducir la tasa de participación en la educación superior», dijo Lugas Presma de BEM-SI.

«Y hay dos posibilidades: podría aumentar el número de estudiantes que abandonan o se van o puede disuadir a los nuevos estudiantes potenciales de inscribirse debido a las altas tarifas».

El presidente de la Asociación de Universidades Privadas (APTISI), Budi Djatmiko, dijo que el hecho de no amortiguar el impacto de COVID-19 en los estudiantes universitarios podría provocar un aumento en la deserción escolar, lo que podría causar «una generación perdida» como resultado de una educación en peligro.

«Y ese sería el mayor pecado del gobierno», dijo.

Elogió la nueva política del ministerio para asignar Rp 1 billón (US $ 70,6 millones) para ayudar a 410,000 estudiantes universitarios, principalmente en universidades privadas, a pagar sus matrículas.

Sin embargo, el gobierno todavía solo asignó una pequeña porción de su presupuesto total a universidades privadas, dijo. El presupuesto estatal solo destinó el 7 por ciento del presupuesto universitario total para universidades privadas, y el 93 por ciento restante se destinó a universidades estatales, según sus cálculos. Además, solo la mitad del presupuesto general de educación se destina a necesidades educativas.

“Las universidades privadas también son parte de Indonesia. Entonces, ¿por qué están siendo tratados de manera diferente? Dijo, y agregó que el apoyo del gobierno a las universidades privadas era crucial para mejorar el acceso general a la educación superior.

Según Budi, alrededor del 88 por ciento de todas las universidades son universidades privadas de pequeño tamaño con menos de 10,000 estudiantes, mientras que el resto son universidades estatales y grandes universidades privadas.

Mientras tanto, la directora de la Asociación de Maestros de Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, elogió la decisión del gobierno de incluir a las escuelas privadas en sus políticas COVID-19 y modificar los requisitos para que los beneficiarios de las subvenciones alivien la carga de las escuelas primarias y secundarias afectadas por la pandemia.

Antes de la pandemia, los fondos de BOS Afirmasi solo se daban a las escuelas estatales en las regiones subdesarrolladas y remotas, mientras que los fondos de BOS Kinerja se daban a las escuelas estatales de alto rendimiento.

Bajo el nuevo esquema, el gobierno otorga Rp 60 millones por año a más de 56,000 escuelas estatales y privadas en las regiones más afectadas por COVID-19.

Las subvenciones se pueden usar para pagar a maestros con honorarios, financiar necesidades de aprendizaje en el hogar como créditos telefónicos y planes de Internet, comprar artículos sanitarios COVID-19 como jabón y desinfectante o pagar salarios de otros trabajadores escolares.

Pero Unifah dijo que encontró que los bienes adquiridos utilizando fondos BOS a través del sistema electrónico del ministerio llamado SIPLah eran más caros que el precio real y que las escuelas solo podían comprarlos en tiendas designadas.

Por lo general, los fondos también deben pasar por varias instituciones regionales antes de que puedan ser utilizados por las escuelas, según las regulaciones de gestión financiera de cada región.

Aconsejó a los formuladores de políticas que revisaran cómo se delegaba la autoridad para distribuir fondos BOS entre los gobiernos central y regional, a fin de reducir los procedimientos burocráticos y, sin embargo, mantener la responsabilidad.

Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/04/university-bems-urge-nadiem-to-cut-tuition-during-covid-19-study-at-home-policy.html

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España: El profesorado se siente abandonado por las administraciones educativas

Europa/España/Diariodelaeducacion

Los docentes, al menos los más de 5.000 que han contestado a la encuesta y han participado de los grupos de discusión planteados por la investigación Panorama de la educación en España tras la pandemia de COVID-19: la opinión de la comunidad educativa, se sienten abandonados por las administraciones públicas, tanto por el Ministerio como por las comunidades autónomas.

Han tenido que hacer frente, desde el primer día, a una modalidad educativa que no estaba siquiera planteada, con sus propios equipos y con una serie de instrucciones que han sido, en el mejor de los casos confusas, y en el peor, contradictorias. Ahora, a las puertas del verano y las vacaciones y en la antesala del nuevo curso lectivo, defienden la necesidad de la presencialidad. Pero con una serie de garantías mínimas.

Más inversión para formación docente en metodologías activas, en nuevas formas de evaluación, de acompañamiento y seguimiento del alumnado en la semipresencialidad, disminución de ratios o implicación de las entidades locales para la cesión de espacios, una mayor coordinación con los servicios sociales y sanitarios y un largo etcétera son algunas de las claves que ha desvelado este estudio.

Presencialidad

El profesorado, de práctivamente todas las etapas, apuesta por la vuelta a la presencialidad en las aulas. Una presencialidad que ayuda a mejorar la igualdad de oportunidades, la enseñanza individualizada, que garantiza mejor el aprendizaje, que supone mejores explicaciones o que supone usar todo el potencial de los centros educativos.

Pero una presencialidad de dos maneras diferentes y que viene marcada, en buena medida, por la etapa educativa de cada profesional.

Mientras que el profesorado de infantil y primaria apuesta por una semipresencialidad que suponga que todo el alumnado pase diariamente por el centro educativo, dividiendo los grupos de alumnado y en horas alternas, el resto de docentes (ESO, bachillerato, formación profesional o educación de personas adultas) cree que lo mejor sería que la alternancia se hiciera por días, no por horas dentro de la misma jornada.

No obvian, claro, la preocupación de la dificultad que supone duplicar el esfuerzo, atendiendo en clase a unos grupos y las demandas del resto hechas desde sus casas de manera telemática.

La presencialidad debería alcanzarse con una serie de mínimos. Con garantías en cuanto a las medidas de salud y seguridad en los centros, con una apuesta clara por la digitalización y la formación en el uso de las tecnologías. También por una mayor colaboración con los entes locales que, parece, podrían convertirse en la única alternativa para conseguir espacios suficientes para que todo el alumnado pudiera recibir clases presenciales dada la escasez de sitio que sufren los centros educativos, especialmente los públicos. También por una colaboración con los servicios de salud, por la contratación de más personal.

El profesorado encuestado, una vez enfrentado a la dificultad de sostener el sistema educativo desde sus casas, parece tener claro que necesita mejorar en algunas áreas. Tres serían, en concreto: en conocimiento de estrategias de docencia a distancia o semipresencial; en mecanismos de evaluación que fueran justos y adecuados a esta nueva circunstancia, y en procedimientos para fomentar la autonomía del alumnado.

Además, creen que es el momento de que se apueste por un sistema educativo que promueva más la cooperación y la coordinación entre el profesorado. Después de tres meses en los que no han sido pocos los casos en que el sálvese quien pueda no solo ha surgido de las administraciones hacia los centros, sino entre los propios equipos docentes. Tienen claro, quienes han participado en el estudio, que las estrategias de colaboración entre compañeros ofrecen respuestas más eficaces a las situaciones por las que pasan sus estudiantes.

Y es que entre los problemas que temen en el futuro, este de la autonomía de chicas y chicos a la hora de guiar su propio proceso de aprendizaje destaca de una manera u otra. Junto a esto, también han detectado la falta de competencia digital entre el alumnado, la necesidad de una mayor promoción de la salud, de una mejora de la comprensión lectora y, desde luego, la urgencia de una «poda» curricular que permita alcanzar unos mínimos estándares de conocimiento en esta situación.

Fernando Trujillo, profesor de la Universidad de Granada y uno de los artífices del informe, explicaba en la presentación del informe, que el profesorado encuestado y entrevistado siente la preocupación («muy profesional», explicaba Trujillo) por estar a al altura el próximo curso. «Hemos visto, insistía, un profundo ejercicio de responsabilidad profesional intentando hacerlo lo mejor posible» desde el inicio del estado de alarma.

Familias

Las familias han sido otra de las patas de sostén de la educación en estos meses. Han tenido que asumir en muchos casos el papel de docentes, en casa, con escasos equipos y sin conocimientos mínimos.

Ellas también apuestan por la presencialidad y por una mejora de la conciliación, pero no con la mirada puesta en la escuela (o no solo), sino en los centros de trabajo. Ven con preocupación cómo podrá comenzar el próximo curso en una situación presumible de semipresencialidad. Por eso, también defienden una apuesta decidida por la contratación de más profesorado, o de perfiles de educadoras y educadores sociales que puedan apoyar a los equipos docentes en colegios e institutos. También, por supuesto, que haya presencia de personal sanitario en los centros.

Reclaman una mayor dotación para los centros educativos, al tiempo que se den ayudas a las madres que han tenido que dejar sus trabajos para poder dedicarse a las tareas de cuidado y acompañamiento estos meses atrás y una apuesta decidida por la educación de 0-3 años. Y ponen sobre la mesa el transporte escolar. Por mucho que el estudiantado ocupe muy diversos espacios para formar grupos más reducidos, una buena cantidad de ellos van a clase diariamente en transporte escolar. Las familias hablan de la necesidad de que se dupliquen las rutas para poder garantizar un mínimo de distancia social.

Una de las quejas de las familias tiene que ver con la multiplicación de plataformas y vías de comunicación con la que los docentes, los centros, se dirigen a chicas y chicos. Piden unificación y homogeneización de criterios y usos. Algo que podría estar también relacionado con la petición de que los horarios escolares se unifiquen para evitar la llegada de comunicaciones y tareas a cualquier hora del día (y de la noche) así como en fin de semana. Piden las familias que el horario «escolar», al menos, sea conocido por ellas.

Las familias, al igual que el profesorado, reclaman una racionalización del currículo que se imparte así como la utilización de diferentes metodologías activas que pueden pasar desde la gamificación hasta el aprendizaje basado en proyectos.

Conclusiones

Cuatro son las conclusiones que destaca el equipo investigador. Empezando por una mayor inversión que hagan posible dar respuesta a los retos que han surgido en estos meses. Una dotación económica que haga posible la autonomía que se ha esgrimido desde el mes de marzo para dejar a los centros y las familias solos ante la situación.

La comunidad educativa también reclama unas instrucciones claras, al tiempo que piden una mayor confianza por parte de las autoridades en relación a su trabajo. Esto hace referencia a la crítica de un aumento de la burocracia que ha surgido estas semanas y meses.

La tercera conclusión es que, aunque la enseñanza digital parece haber venido para quedarse (como ya se ha intentado en no pocas ocasiones en las últimas décadas), la presencialidad es innegociable para docentes, familias y alumnado.

Y, por último, la educación, como diría aquel, es cosa de toda la tribu. A pesar de que el profesorado tenga la mayor responsabilidad en el proceso de enseñanza, toda la sociedad debe ser consciente del esfuerzo que ha de realizarse el próxmo año, especialmente, para que pueda seguir llamándose educación. Toda la sociedad debe implicarse en la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral, de igual manera que se deben ocupar de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Del accesoi universal a internet o de la mejora de las situaciones sociales de no pocas familias.

En este sentido, Fernando Trujillo, de la Universidad de Granada, explicaba en la rueda de prensa de presentación del informe, que es necesario que las administraciones (y toda la sociedad) comience desde ya a estudiar las maneras de hacer todo esto posible, dado que cada día que se pierde en este sentido, se pagará de una u otra manera, a partir de septiembre.

«Deben favorecerse ya las reuniones para que el profesorado vaya pensando en septiembre, comentaba Trujillo. Y que en septiembre no lleguemos para pensar, sino para ponernos en funcionamiento».

Para el investigador, que se ha mostrado bastante crítico en redes sociales en los últimos meses con la gestión que han hecho las administraciones públicas, tanto el Ministerio de Educación como las consejerías de Educación de las comunidades autónomas, hubiera sido proferible un poco más de silencio en este tiempo.

Para Trujillo, ahora el Ministerio, aunque no tiene las competencias educativas, sí le queda cierto margen de acción. Por ejemplo, proponiendo como ha hecho una inversión de 1.600 millones de cara a septiembre («supongo que habrá razones para que esa inversión no llegue hasta septiembre»), a pesar de que ese mes podría ya ser un poco tarde para la contratación de docentes o la compra de dispositivos dados los tiempos con los que funciona la administración pública. En este sentido ha mostrado su preocupación por el hecho de que esta inversión, no finalista, no recaiga finalmente en la educación, como ya han insinuado algunas comunidades autónomas.

La otra gran tarea del Ministerio de Isabel Celaá sería la de la coordinación. Trujillo ha señalado que ha habido ciertos intentos, aunque infructuosos, o lo suficientemente poco exigentes como para que las comunidades autónomas los hayan asumido sin demasiado problema, a pesar del ruido mediático en muchos casos.

«Como ciudadano, ha dicho, creo que la Administración no ha estado a la altura».

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