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Más de 278 millones de menores de edad en el mundo estarán desescolarizados para 2026 si continúa el déficit de financiación al desarrollo y a las emergencias humanitarias. Los ejemplos de Afganistán, Bangladés, Bolivia y el Sahel ponen rostro a esta tragedia.

Ana Puentes

El regreso a clases en los países con crisis humanitarias no ha sido, históricamente, tarea fácil. Pero este 2025 será aún más complejo: a los deberes incumplidos en financiación a la ayuda y en protección a la infancia, se suman los recortes de cooperación internacional, los daños humanos y materiales que dejan múltiples desastres y los golpes de las crisis económicas de los últimos meses.

Unicef, en un informe reciente, calcula que seis millones de niños más podrían quedar sin escolarizar a finales de 2026, que se sumarían al total de 272 millones de menores que en estos momentos no tienen acceso a la educación. El mismo documento prevé que la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a la educación se reducirá en 3.200 millones de dólares (2.726 millones de euros), un 24% con respecto a 2023. Las regiones más afectadas serán África Occidental, Central y Norte y Oriente Próximo, donde además confluyen los estragos de la violencia, la pobreza y el cambio climático.

El mundo también “suspende” en la financiación de necesidades humanitarias. La ONG Educo alerta, a partir de datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de que el sector de la educación en contextos de emergencias (conocida como EeE), solo ha conseguido 344 millones de dólares con los que apenas cubre un 13,5% de las necesidades educativas identificadas. Aunque la Unión Europea ha sido el principal financiador de EeE (aportando un 43% de los fondos), la salida de EE UU (que financiaba otro 17%) supondrá un duro golpe a las cuentas de la educación.

Este es el panorama del regreso a clases en algunos países o regiones de África, Asia y América Latina.

El Sahel: acorralado por la violencia y las inundaciones

Los niños de Burkina Faso, Níger y Malí, algunos de los países que conforman la región africana del Sahel, volverán a clase en octubre. Eso, si todo sale bien. Edouard Ndeye, director regional de Educo allí, explica que el inicio de clases puede, en ocasiones, retrasarse a noviembre o diciembre como consecuencia de las inundaciones y la “falta de organización del sistema”. “En los últimos años, hemos sufrido graves inundaciones que han afectado a las clases porque las escuelas se utilizan como refugios para la población afectada o, simplemente, se vuelven inaccesibles”, afirma Ndeye. El año pasado entre junio y septiembre, por ejemplo, las lluvias torrenciales dejaron a su paso cerca de 550 muertos, más de dos millones de damnificados y daños en infraestructuras en Chad, Níger, Nigeria y Malí. Por el desastre, los ministros de Educación de Malí y Níger ordenaron el aplazamiento del inicio de clases a noviembre, retrasando el acceso a la educación a 8,5 millones de niños.

Tampoco es sencillo garantizar el acceso o la permanencia en las clases en la región epicentro del terrorismo mundial. La inseguridad en el Sahel Central ha desplazado a más 2,9 millones de personas ―la mitad de ellas son niños― y más de 8.000 escuelas han cerrado, según reportó Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel en abril. Burkina Faso era uno de los países más afectados, con 5.000 centros educativos suspendidos y 430.000 alumnos fuera de las aulas. con De acuerdo con Ndeye, también hay un déficit de maestros que no pueden o temen entrar en algunas zonas por la violencia.

Y no hay fondos para atender esta crisis. El llamamiento de Unicef para los niños del Sahel Central es de 489,7 millones de dólares, pero a junio la financiación apenas llegaba al 7%. “Hace unos años el Sahel tenía atención internacional. Pero desde que estallaron los conflictos en Ucrania y Gaza, esa atención se quebró”, lamenta Edouard Ndeye, director regional de Educo en el Sahel, donde la ONG tiene presencia en tres países. “Los problemas globales repercuten realmente en nuestra capacidad de intervención como actores internacionales sobre el terreno”, afirma Ndeye.

Dos adolescentes estudian por la radio, en Burkina Fasso, como alternativa cuando las clases presenciales no son posibles

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Bangladés: menos fondos en el segundo país con mayor trabajo infantil

Los recortes a la ayuda internacional han golpeado con fuerza el nuevo curso en Bangladés, que empieza en enero. “Por ejemplo”, dice un informe de Educo, “Unicef se ha visto obligado a cerrar más de 6.400 centros de aprendizaje en los campamentos de Cox’s Bazar [uno de los campos de refugiados más grandes del mundo] lo que deja a unos 300.000 niños refugiados rohingya en riesgo de perder su educación”.

Hamid Abdul, director de Educo Bangladés y especialista en el sector de ONG desde hace unos 30 años, advierte de que el cierre de USAID ha supuesto el fin de un centenar de proyectos educativos y problemas operativos para distintas organizaciones que tratan de mantener a flote este derecho en un país sacudido en 2024 por la caída de la primera ministra Sheikh Hasina, que estuvo en el poder por casi 20 años. “El premio Nobel Muhammad Yunus, líder del gobierno provisional, conoce el sector de las ONG y los donantes y ha tratado de recuperar [recursos] y hablar con las agencias”, afirma Abdul, pero reconoce que aún hay incertidumbre.

El experto asegura que el coste de la educación ha subido para las familias y que las más pobres se ven obligadas a elegir “entre la supervivencia y la educación”. El coste por estudiante en Primaria subió hasta un 25% y en Secundaria, hasta un 51%, sostiene. Esto es problemático en un país donde la tasa de absentismo ya es alta. Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil (NCLS) de 2022, el 47% de los niños en el país no asisten a la escuela, que es obligatoria desde 1990. Los que no están en las aulas, están trabajando. En el país, 3,54 millones de niños apoyan económicamente a sus familias.

Una niña en el campo de refugiados de Cox’s Bazar aprende a coser.

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Afganistán: otro curso sin ellas

Este curso en Afganistán, que suele comenzar en marzo, coincidiendo con la primavera y el año nuevo persa, más de 2,2 millones de niñas no han podido ejercer su derecho a la educación por cuenta de las restricciones del régimen talibán, que retornó al poder en 2021 y que prohíbe el acceso a la educación formal a las mujeres a partir de sexto grado. Si las restricciones se mantienen, la cifra subirá a más de cuatro millones de afectadas para el año 2030, según cálculos de Unicef.

“Hay pocas esperanzas de que las escuelas vuelvan a abrir”, lamenta Fabio Checcacci, jefe de país en Afganistán de la ONG WeWorld, en una llamada telefónica con este diario. “La mayoría de las niñas [a partir de grado sexto] han recurrido a cursos privados, donde estudian materias como informática, inglés, pintura y costura. Sin embargo, con el endurecimiento de las restricciones, cada vez se ha vuelto más difícil el acceso”, explica Checcacci. Si bien en Afganistán hay alternativas como los cursos privados, las madrasas ―escuelas privadas, ahora con un sello fuertemente religioso―, las escuelas clandestinas, clases virtuales o transmisiones de contenido educativo por televisión estás no son accesibles a toda la población. “Estas opciones funcionan, pero es algo que no todos pueden hacer por falta de dinero o de acceso a internet”, dice Checcacci.

«Hay pocas esperanzas de que las escuelas vuelvan a abrir»

Fabio Checcacci, jefe de país en Afganistán de WeWorld

En Afganistán, un 80% de las niñas y mujeres afganas están excluidas de la educación y el trabajo, según el último Índice de Género de Afganistán, publicado por ONU Mujeres. Esto, a su vez, profundiza la brecha de género. Solo el 24% de las mujeres forma parte de la población activa, frente al 89% de los hombres.

Para los varones tampoco se vislumbra un futuro mucho mejor. “El sistema para los niños ha continuado bajo nuevos controles ideológicos. Los talibanes han ampliado considerablemente la enseñanza religiosa y han reformado el plan de estudios: se han eliminado materias seculares como los derechos humanos, la igualdad y el pluralismo, y ahora la enseñanza hace hincapié en contenidos religiosos alineados con la ideología talibán. En las escuelas y universidades que permanecen abiertas a los estudiantes varones, se aplica una disciplina estricta”, detalla Checcacci.

Este curso, además, se ha enfrentado al retorno masivo de refugiados afganos desde países como Pakistán e Irán. Desde septiembre de 2023, más de cuatro millones de afganos han regresado y, de estos, 1,5 millones lo han hecho en 2025, presionados por la decisión de Pakistán de no extender la estadía de refugiados. Esto supone una presión en el sistema educativo. “Muchas comunidades ya se enfrentan a aulas abarrotadas, falta de profesores y materiales didácticos limitados”, sostiene el director de WeWorld en Afganistán.

Adicionalmente, el terremoto que sacudió la provincia de Kunar el 31 de agosto, no solo dejó un saldo de 2.200 muertos, sino daños en al menos 40 escuelas de la zona.

Bolivia: el sarampión y los incendios regresan a los niños a la virtualidad

En Bolivia, la crisis económica, un brote de sarampión y los incendios han puesto en aprietos la educación de niños y adolescentes y auguran regresos a clases cada vez más difíciles. Desde 2023, el país está sumido en una crisis cambiaria y problemas en la industria petrolera que han llevado la economía al límite con una inflación acumulada de más del 17%, según el dato más reciente del Banco Central de Bolivia. Viviana Farfán, directora de Educo Bolivia, explica que algunos niños y adolescentes se han visto obligados a abandonar la escuela para trabajar y ayudar a la economía familiar. Oficialmente, el Ministerio de Educación reporta un abandono escolar del 2,83% con corte a 2023; sin embargo, Farfán sostiene que la cifra ha incrementado.

Una niña asiste a su clase de dibujo en Bolivia.

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El otro gran dolor de cabeza para la educación escolar es el sarampión que, según Farfán, ha aumentado como consecuencia de la reticencia de las familias a completar los esquemas de vacunación de los pequeños. En junio, el Gobierno declaró la emergencia sanitaria nacional por el incremento de casos. A agosto, se registraban 254 casos activos en el país; de estos, el 85% se han diagnosticado en niños y jóvenes entre los 1 y 19 años. Si un distrito educativo detecta una subida de contagios, puede pedir suspensión de clases presenciales y enviar a los alumnos a la virtualidad. “Esto es un problema en un país en el que no todos tienen celulares o tablets. Muchos tampoco tienen el dinero para pagar los créditos de megas. Eso limita sus posibilidades de acceder a la educación”, afirma Farfán.

Para rematar, los incendios en el país suramericano también han llevado a la cancelación de las clases presenciales. En 2024, el país vivió una serie de incendios forestales que arrasaron con 12,6 millones de hectáreas, según datos de la Fundación Tierra. Solo en agosto de 2025, el Gobierno confirmó más de 700 focos de calor activos. “Aunque las quemas ocurren lejos de las ciudades grandes, el humo llega hasta las ciudades, afectando la calidad del aire. En algunos casos, se han cerrado escuelas y aparece el mismo problema de las clases virtuales”, agrega Farfán.

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