Por: CLACSO.
América del Sur/ Bolivia/ 11.11.2019/ Fuente: desinformemonos.org.
El levantamiento del pueblo boliviano y de sus organizaciones fue lo que en última instancia provocó la caída del gobierno. Los principales movimientos exigieron la renuncia antes de que lo hicieran las fuerzas armadas y la policía. La OEA sostuvo al gobierno hasta el final. La crítica coyuntura que atraviesa Bolivia no comenzó con el fraude electoral, sino con el sistemático ataque del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera a los movimientos populares que los llevaron al Palacio Quemado, al punto que cuando necesitaron que los defendieran, estaban desactivados y desmoralizados.
1.- La movilización social y la negativa de los movimientos a defender lo que en su momento consideraron “su” gobierno fue lo que provocó la renuncia. Así lo atestiguan las declaraciones de la Central Obrera Boliviana, de docentes y autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), de decenas de organizaciones y de Mujeres Creando, quizá la más clara de todas. La izquierda latinoamericana no puede aceptar que una parte considerable del movimiento popular exigió la renuncia del gobierno, porque no puede ver más allá de los caudillos.
La declaración de la histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cercana al gobierno, es el ejemplo más claro del sentimiento de muchos movimientos: “Presidente Evo ya hiciste mucho por Bolivia, mejoraste la educación, salud, le diste dignidad a mucha gente pobre. Presidente no dejes que tu pueblo arda ni te lleves más muertos por encima presidente. Todo el pueblo te va a valorar por esa posición que tienes que tener y la renuncia es inevitable compañero Presidente. Tenemos que dejar en manos del pueblo el gobierno nacional”.
2.- Este triste desenlace tiene antecedentes que se remontan, en apretada síntesis, a la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011. Luego de esa acción multitudinaria, el gobierno empezó a dividir a las organizaciones que la convocaron.
Mientras Morales-García Linera mantuvieron excelentes relaciones con el empresariado, dieron un golpe del Estado contra el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), dos organizaciones históricas de los pueblos originarios. Mandaron a la policía, echaron a los dirigentes legítimos y atrás llegaron, protegidos por la policía, los dirigentes afines al gobierno.
En junio de 2012 CIDOB denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia”. Un grupo de disidentes con apoyo del gobierno desconocieron a las autoridades y convocaron una “comisión ampliada” para elegir nuevas autoridades.
En diciembre de 2013, un grupo de disidentes de CONAMAQ, afines al MAS, tomaron el local, golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas autoridades pudieran recuperarla. El comunicado de la organización asegura que el golpe contra CONAMAQ se dio para “aprobar todas las políticas en contra del movimiento indígena originario y del pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada”.
3.- El 21 de febrero de 2016 el propio gobierno convocó un referendo para que la población se pronunciara a favor o en contra de la cuarta reelección de Morales. Pese a que la mayoría dijo NO, el gobierno siguió adelante con los planes de reelección.
Ambos hechos, el desconocimiento de la voluntad popular y la expulsión de las legítimas direcciones de movimientos sociales, representan golpes contra el pueblo.
Más grave aún. En la mañana del miércoles 17 de febrero, días antes de la celebración del referendo, una manifestación de padres de alumnos llegó hasta la alcaldía de El Alto. Un grupo de cien manifestantes ingresó por la fuerza al recinto provocando un incendio en el que murieron seis personas. Los manifestantes que se escudaron en la movilización de los padres pertenecían al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Este es el estilo de un gobierno que denuncia “golpe” pero una y otra vez ha actuado de forma represiva contra los sectores populares organizados que enfrentaron sus políticas extractivistas.
4.- Las elecciones del 20 de octubre consumaron un fraude para la mayoría de las personas en Bolivia. Los primeros datos apuntaban hacia una segunda vuelta. Pero el conteo se detuvo sin explicación alguna y los datos que se ofrecieron al día siguiente mostraban que Evo ganaba en primera vuelta, ya que obtenía más de 10% de diferencia aunque no llegara a 50% de los votos.
En varias regiones se producen enfrentamientos con la policía, mientras los manifestantes queman tres oficinas regionales del tribunal electoral en Potosí, Sucre y Cobija. Las organizaciones ciudadanas convocan a una huelga general por tiempo indeterminado. El día 23, Morales denuncia que está en proceso “un golpe de estado” por parte de la derecha boliviana.
El lunes 28, se intensifica la protesta con bloqueos y enfrentamientos con la policía, pero también entre simpatizantes y opositores del gobierno. Como en otras ocasiones, Morales-García Linera movilizan a las organizaciones cooptadas para enfrentar a otras organizaciones y a personas que se oponen a su gobierno.
El 2 de noviembre se produce un viraje importante. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que mantenía una alianza con el gobierno de Morales, Luis Fernando Camacho, llama al ejército y a la policía a “ponerse del lado de la gente” para forzar la renuncia del presidente, invocando a dios y la biblia. El viernes 8 se amotinan las primeras tres unidades policiales en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y los uniformados fraternizaron con los manifestantes en La Paz. Dos días después, con un país movilizado, el binomio ofrece su renuncia verbal, que no escrita.
5.- En este escenario de polarización, debemos destacar la notable intervención del movimiento feminista de Bolivia, en particular el colectivo Mujeres Creando, que encabezó una articulación de mujeres en las principales ciudades.
El 6 de noviembre, en plena polarización violenta, María Galindo escribió en el diario Página 7: “Fernando Camacho y Evo Morales son complementarios”. “Ambos se erigen en representantes únicos del ‘pueblo’. Ambos odian las libertades de las mujeres y la mariconada. Ambos son homofóbicos y racistas, ambos usan el conflicto para sacar ventaja”.
No sólo exige la renuncia del gobierno y del tribunal electoral (cómplice del fraude), sino la convocatoria de nuevas elecciones con otras reglas, donde la sociedad esté involucrada, para que “nadie necesite nunca más de un partido político para ser escuchad@ y para hacer ejercicio de representación”.
La inmensa mayoría de las personas que habitan Bolivia no entró en el juego de la guerra que quisieron imponer Morales-García Linera cuando renunciaron y lanzaron a sus partidarios a la destrucción y el saqueo (en particular en La Paz y El Alto), probablemente para forzar la intervención militar y justificar así su denuncia de un “golpe” que nunca existió. Tampoco entraron en el juego de la ultraderecha, que actúa de forma violenta y racista contra los sectores populares.
6.- La izquierda latinoamericana, si es que aún queda algo en ella de ética y dignidad, debemos reflexionar sobre el poder y los abusos que conlleva su ejercicio. Como nos enseñan las feministas y los pueblos originarios, el poder es siempre opresivo, colonial y patriarcal. Por eso ellas rechazan los caudillos y las comunidades rotan sus jefes para que no acumulen poder.
No podemos olvidar que en este momento existe un serio peligro de que la derecha racista, colonial y patriarcal consiga aprovechar la situación para imponerse y provocar un baño de sangre. El revanchismo político y social de las clases dominantes está tan latente como en los últimos cinco siglos y debe ser frenado sin vacilaciones.
No entremos en el juego de la guerra que ambos bandos nos quieren imponer.
Fuente de la noticia: https://desinformemonos.org/bolivia-un-levantamiento-popular-aprovechado-por-la-ultraderecha/
América del Sur/ Chile/ 11.11.2019/ Fuente: Eduardo González corresponsal OVE


América del Norte/ México/ 11.11.2019/ Fuente: CNTE.
América del Sur/ Chile/ 11.11.2019/ Fuente: www.cooperativa.cl.
Así lo confirmó el presidente del magisterio, Mario Aguilar, para terminar con la «industria educativa».
También se sumarán los secundarios y universitarios a la convocatoria.
El Colegio de Profesores convocó para este martes un paro nacional para exigir al Presidente Sebastián Piñera que cumpla con las demandas del gremio y la ciudadanía.
El paro, que reunirá a personal del Ministerio de Educación, organizaciones de estudiantes secundarios y universitarios, se sumará a la huelga nacional organizada por la mesa de unidad social.
«La convocatoria se ubica en el contexto de las reivindicaciones de la ciudadanía, donde la educación ha jugado o ha estado en un papel muy central, en los carteles, en los gritos, en las demandas de la ciudadanía, la demanda porque la educación de mercado se termina en Chile», dijo el presidente del magisterio, Mario Aguilar.
Además piden que «se termine la industria educativa y que lo que exista sea una educación pública en todos sus niveles desde educación inicial hasta educación superior priorizada, fortalecida y apoyada realmente».
«Está en el centro recuperar la educación como un derecho social y que deje de ser un bien de consumo, como ha dicho reiteradamente el Presidente Piñera. Que se termine la industria educativa y que lo exista sea una educación pública en todos sus niveles, desde educación inicial hasta educación superior, priorizada, fortalecida y apoyada realmente», enfatizó el líder gremial.
Esto se suma a la marcha convocada por el gremio para este lunes a las 11 horas que se trasladará desde Plaza Baquedano hasta Los Héroes.
Estudiantes evalúan radicalizar demandas por abusos policiales
En paralelo, desde el alumnado, la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Nicole Martínez, dijo que «hemos tomado la decisión de evaluar la radicalización de nuestras demandas, porque no vamos a tolerar que un compañero haya quedado ciego por las mutilaciones que está efectuando la fuerza policial de Chile».
La dirigenta estudiantil se refiere a la difícil situación ante la que se enfrenta Gustavo Gatica, alumno de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), que sufrió severas heridas en sus dos ojos.
«Esa es razón suficiente para que los y las estudiantes a lo largo de todo Chile, secundarios y universitarios, radicalicemos nuestras demandas, pues no vamos a permitir que se quiera cocinar por la cocina una salida antidemocrática mientras los carabineros nos están disparando y mutilando en las calles», subrayó Martínez.
«Estamos profundizamente decepcionados por lo que ha hecho el Gobierno de Sebastián Piñera», manifestó la vicepresidenta de la FECH.
Fuente de la noticia: https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20191110/pags-amp/20191110133520.html
América del Sur/ Venezuela/ 11.11.2019/ Fuente: elperiodiquito.com.
Según cifras del gremio, en 2018 cerca de 172.000 docentes renunciaron a su puesto de trabajo
Después de dos jornadas de paro nacional en octubre, los maestros inician esta semana con una nueva agenda de paralización, esta vez por 72 horas que comenzarán a contarse desde mañana hasta el próximo jueves, aunque algunos empezarán desde hoy.
Euribíades Verdú, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, fue la encargada de dar a conocer la información la semana pasada, a su salida de una reunión con las ocho federaciones del magisterio nacional, en donde acordaron radicalizar acciones, en caso de no encontrar respuestas con esta nueva jornada.
Los docentes han recalcado que, aunque el Ministerio de Educación ha querido saldar deudas con el gremio, las conversaciones con el titular de la cartera, Aristóbulo Istúriz, no han dado los resultados esperados. Aseguran que la deuda desde octubre de 2018, es de 220%, lo acumulado por concepto de incremento salarial.
“Han dado manifestaciones de querer solucionar el problema, pero no podemos creer en promesas. Siguen sin dar una fecha y tenemos que hacer presión”, expresó Verdú.
Sobre el temor a represalias del Ministerio de Educación si los maestros se ausentan de las escuelas, Verdú aseguró que “no va a ver ningún tipo de sanción para los docentes que mantengan la lucha por la convención colectiva”. Esto, de acuerdo con un compromiso que adquirió Istúriz con las federaciones.
Aseguran que la lucha no es solo salarial, sino en exigencia de mejoras en las condiciones de los planteles “que cada día se quedan sin su recurso humano”. Según cálculos de Unidad Democrática del Sector Educativo, en 2018 cerca de 172.000 docentes renunciaron a su puesto de trabajo, lo que representa 20% de la planta de educadores en el sector público.
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Andrea Chávez
“Siempre que hay paro pongo a mis hijos a leer y a estudiar. Luego los dejo jugar para equilibrar entre el entretenimiento y los estudios”. |
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Williams Mogollón
“Nosotros a veces enviamos a nuestros hijos a actividades complementarias para evitar que estén todo el día ociosos”. |
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Yolermi Gutiérrez
“Llevaré a mis hijos a tareas dirigidas. También los pongo a leer para que vayan practicando y no lleguen perdidos a clase”. |
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Jaime Ayala
“Podremos a los niños a leer y quizás salir a un parque a divertimos un poco para pasar un buen rato, a pesar de las dificultades hay que hacer algo positivo”.
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Fuente de la noticia: https://elperiodiquito.com/noticias/110471/Educacion-venezolana-entra-en-un-nuevo-paro
América del Sur/ Paraguay/ 11.11.2019/ Fuente: www.abc.com.py.
El Senado aprobó con modificaciones el proyecto que modifica en gran medida la actual ley de adopciones. El documento establece una protección especial a las familias y simplifica los trámites. De esta manera, se disminuyeron los plazos de los procesos de adopción, que quedaron en 8 meses para los familiares cercanos y 11 meses y medio para aquellos que no lo son.
Al inicio de la sesión extraordinaria de este martes se decidió levantar el tratamiento de código (mediante el cual se estudian solamente los puntos observados y no cada artículo) del proyecto en cuestión, para incluir las modificaciones sugeridas por las comisiones asesoras.
La senadora Desirée Masi (PDP) contextualizó las modificaciones que se hicieron a la actual ley. Explicó que si familiares cercanos pueden hacerse cargo de la adopción, el proceso se reduciría a ocho meses. Sin embargo, si no, con la nueva ley el proceso podría darse en once meses, en comparación al promedio de siete años que transcurren ahora.
Los requisitos, dijo Masi, son iguales a los de la actual ley de adopción: un mínimo de 25 años y un máximo de 60 años de diferencia con el adoptado. En el caso de las parejas, se tiene en cuenta la persona de menor edad. Además, se debe constatar la idoneidad y solvencia de los solicitantes.
En su momento el senador Fernando Silva Facetti manifestó que “se establece claramente procedimientos, responsabilidades, objetivos. Va a ser un proyecto de ley no perfecto, pero fue consensuado y va a ser de gran utilidad». «El criterio es de familia, cariño, seguridad, transparencia con los plazos y las responsabilidades. Los primeros mil días de la niñez son los decisivos (…) La sociedad debe formar gente de bien (…) y la legislación no puede ser un impedimento para la felicidad de las personas”, agregó.
Los artículos referidos a los plazos y los requisitos para la adopciones fueron aprobados sin modificaciones.
Igualmente, con este proyecto se disminuyeron los plazos para localización de las familias de origen de los niños y niñas que estén en condiciones de adopción, así como los plazos judiciales para que los tiempos de cuidado alternativo duren lo menos posible. También se da la posibilidad a las familias acogedoras a adoptar.
Entre los otros artículos aprobados figuran los referentes al establecimiento de sanciones para los procesos judiciales. Igualmente, se incluyó un subsidio para las familias que acogen a los niños y como requisito, obtener una declaración de idoneidad, que será emitida por un equipo técnico.
El proyecto de ley “de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula los cuidados alternativos y la adopción” fue presentado por los senadores del PDP Pedro Arthuro Santa Cruz y Desirée Masi, además de Enrique Bacchetta (ANR, Añetete), Víctor Ríos (PLRA), Gilberto Apuril (Hagamos), Georgia “Nani” Arrúa (PQ), Sergio Godoy (ANR, HC) y Esperanza Martínez (Frente Guasu).
Con la media sanción brindada por el Senado, el documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su consideración.
