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Estados Unidos: Cómo el movimiento #MeToo está cambiando la educación sexual en las escuela

América del Norte/ Estados Unidos/ 15.10.2019/ Fuente: www.elnuevoherald.com.

 

La Junta de Educación de California actualizó su marco estatal en mayo para enseñar educación sexual integral que priorice la precisión médica y la sensibilidad hacia las diversas sexualidades.

En Virginia, una medida promulgada en marzo requiere que la educación sexual en la escuela incluya instrucción sobre tráfico de personas.

En Colorado, una ley aprobada esta primavera requiere que cualquier educación sexual que se enseñe en las escuelas públicas del estado sea precisa desde el punto de vista médico, y, en una acción inusual, se derivó $1 millón para solventarla.

La temporada legislativa estatal de 2019 está produciendo una gran cosecha de proyectos de ley de educación sexual en el país, con al menos 79 iniciativas presentadas en las legislaturas de 32 estados y el Distrito de Columbia, según un informe reciente del Guttmacher Institute, una organización enfocada en la investigación de la educación sexual y reproductiva y de defensa de la salud. La mayoría de los proyectos de ley se han dirigido a expandir la educación juvenil en torno a una sexualidad y relaciones saludables, y a reducir el alcance de la filosofía de “solo abstinencia” que se había convertido en parte de muchas clases de educación sexual en las últimas cuatro décadas.

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Pero no fueron solo los estados socialmente liberales los que reconsideraron el enfoque de la educación sexual este año. Varios estados conservadores dieron pasos hacia una educación sexual más amplia que, aunque no es tan abarcadora como la de California, representan cambios importantes que podrían conducir a políticas más completas en el futuro.

En Tennessee, por ejemplo, en donde los republicanos controlan el Senado, la Cámara de Representantes y la gobernación, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que alienta a las escuelas a brindar educación que hable sobre la concientización de la violencia sexual.

Y en Utah, en donde los republicanos tienen una mayoría a prueba de veto en ambas cámaras, el gobernador republicano firmó una ley que permite a los profesores hablar sobre la anticoncepción en las aulas de las escuelas públicas.

Los legisladores de Mississippi, Georgia y Arkansas también intentaron avanzar con proyectos de ley, aunque éstos no fueron aprobados.

El renovado interés en el tema fue impulsado en parte por cambios legislativos durante las elecciones de medio término de noviembre pasado, que pusieron en las bancas a más demócratas, y a más legisladoras; pero también por el movimiento #MeToo, que puso sobre el tapete temas como los ataques sexuales y el consentimiento en una relación sexual.

Aunque las mujeres ocupan menos del 30% de los escaños legislativos estatales, presentaron cinco de cada siete proyectos de ley estatales que actualizan los estándares de educación sexual que se promulgaron el año pasado, según un informe reciente del Center for American Progress, entidad de tendencia izquierdista. Las mujeres también presentaron más de la mitad de los proyectos de ley para modernizar la educación sexual en las sesiones de este año.

“Cuando tengas gente nueva y diferente, tendrás nuevas conversaciones y nuevas ideas”, dijo Elizabeth Nash, gerente principal de asuntos estatales en Guttmacher.

LOS PÁJAROS Y LAS ABEJAS EVOLUCIONAN

Aunque las versiones de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos de los nuevos estándares de educación sexual también se han reintroducido este año, es poco probable que sean aprobadas, según Jennifer Driver, directora de políticas estatales del Consejo de Educación e Información sobre Sexualidad de los Estados Unidos, una organización que aboga por una educación sexual más integral.

Las decisiones sobre estas opciones en los currículos en las escuelas públicas están en gran medida determinadas por los estados. Según Guttmacher, 26 estados no requieren educación sexual, y solo 13 requieren que sea médicamente precisa.

Las actitudes sobre la educación sexual se han polarizado políticamente desde al menos la década de 1960, especialmente sobre si la abstinencia prematrimonial debe enseñarse como el estándar moral o como una de posibles estrategias para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Según el grupo de defensa SIECUS, desde la introducción de los programas de ”solo abstinencia” en 1981, se han gastado más de $2 mil millones en impuestos para difundir esos programas, incluso cuando se han relacionado con un aumento o, en el mejor de los casos sin cambios, en las tasas de embarazos no deseados y ETS.

Pero un aumento en las discusiones públicas sobre el peligro de las relaciones poco saludables está cambiando el juego. Primero fue una serie de episodios muy publicitados sobre violencia en el noviazgo, seguidos de varios episodios de asalto sexual en los campus universitarios, y luego #MeToo, cuando se denunció a hombres poderosos por violencia sexual y acoso. Con cada ola de indignación, los legisladores estatales comenzaron a aprobar proyectos de ley que ordenaban una educación escolar centrada en relaciones saludables, si no en una sexualidad saludable.

“Eso ha puesto más energía en torno a un tema que ha faltado durante mucho tiempo en la educación sexual, que es el consentimiento”, dijo Nash.

Las charlas sobre el consentimiento en las aulas condujeron a conversaciones sobre el control del propio cuerpo y el derecho a información precisa y sin prejuicios sobre la salud y la sexualidad. Y esto ha llevado a los debates sobre educación sexual integral. “No es exactamente un círculo, pero éste es el camino en el que se ha movido el tema”, dijo Nash.

Cuando varias legislaturas estatales se movieron hacia la izquierda con las elecciones de 2018, las ruedas comenzaron a girar rápidamente.

CAMBIANDO LA CONVERSACIÓN EN ESTADOS ROJOS

Dos semanas después de esas elecciones, Jaime Winfree decidió que Georgia necesitaba un proyecto de ley sobre educación sexual.

Winfree, directora de la Coalición de Georgia para el Avance de la Educación Sexual, estaba en una conferencia sobre derechos reproductivos cuando escuchó una presentación Jennifer Chou, abogada de la filial del Norte de California de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

Chou detallaba la aprobación en 2015 de la Ley de Juventud Saludable de California, que exige que las escuelas brinden a los estudiantes de escuela media y secundaria una educación sexual integral que priorice la precisión médica y la sensibilidad ante los diversos valores y creencias sobre la sexualidad. Chou contó en la conferencia que el proyecto de ley fue el resultado de 20 años de cambio incremental.

“Casi me caigo de la silla”, recordó Winfree.

Si el proceso tomó 20 años en California, llevará 200 años en Georgia, pensó Winfree. Pero ambos estados tuvieron que comenzar en alguna parte. Winfree decidió que el primer paso de Georgia debería ser el mismo que el de California: aprobar el requisito de que cualquier educación sexual que se enseñe en las escuelas públicas sea médicamente precisa.

Parecía una venta fácil, pero no lo fue. El proyecto de ley que Winfree y sus colegas ayudaron redactar fue patrocinado por varios legisladores demócratas y finalmente murió en comisión. Dijo que fue decepcionante, pero su pelea está lejos de terminar: Winfree ya está tramando su estrategia de presentación previa para la versión del proyecto de ley del próximo año.

Fuente de la noticia: https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article235477522.html

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Asylum seekers have a right to higher education and academics can be powerful advocates

Oceania/ Australia/ 15.10.2019/ Source: theconversation.com.

 

Australia’s refugee policy has led to a two-track education system. Those processed offshore, and deemed refugees by the time they have arrived in Australia, are entitled to fee support for university. But the almost 30,000 boat arrivals, considered illegal entrants, can only access temporary visas. This means a degree has to be paid in full, making it the impossible dream for most.

Policies limiting education follow a political narrative that labels boat arrivals “illegal”. This narrative is difficult to change without widespread community support.

Groups like the Asylum Seeker Resource Centre are training members of the public in how to talk about people who escape harm, rather than debating the legalities of seeking asylum (“It’s not illegal to seek asylum”). These efforts require a range of community leaders, not just stereotypical activists, to rewrite the narrative.

My PhD research on advocacy communications indicated many academics are unsure of how to support people seeking asylum. Advocacy is often seen as an activity for seasoned activists. But like the campaign to get kids off Nauru, led by Australian doctors, academics can play an important role as thought leaders who can influence the hearts and minds of a younger generation.

The right to education

Education is often interrupted for children in conflict situations and when escaping harm such as war or ethnic persecution.

Children who have arrived by boat and sought asylum in Australia will have experienced even longer periods of education disruption in detention centres. In terms of education, these are suitable only as transitory environments, as they lack adequate teaching staff or resources for longer-term schooling.

Children’s education is interrupted when they flee conflict and spend long periods in detention. Eoin Blackwell/AAP

Australia has no law specifying how long children may be kept in detention. One report estimated this was an average of eight months in 2014, though it can be as long as two to three years.

The Research Council of Australia commissioned research in 2015 to capture the human cost of disrupted and limited education for these children. One Iraqi teen said:

I lost my dad, I lost my brother and I couldn’t stay anymore. I came to be safe here. I came here in 2012. I’m not allowed to work, there are no funds for me to study. When I arrived I was 17. Imagine if you are 17 and you are not allowed to go to school. There are not funds for you to go to school. Now I’m almost 20 […] When can I go to school? When can I go to college? When can I have an education?

An estimated 4,000 children recognised as asylum seekers were in Australian schools in 2015. Under current legislation, they would be denied fee support for university.

Asylum seekers are only entitled to temporary three-to-five-year visas, which require them to pay A$30,000 on average for a degree. This is because Commonwealth-supported degrees are given to citizens or permanent visa holders only.


Improving access to higher education can improve social inclusion and resilience, and help people seeking asylum make a positive contribution to society.

Working migrants are thought to balance an ageing Australian population and shrinking tax base. This is particularly true for recent arrivals from Africa and the Middle East with a high number of children, or second-generation refugees, who will be schooled in Australia.

One study found 80% of these children would be employed in white-collar professions if they earned a bachelor degree or higher. They would also be twice as likely to be employed than if they had only a diploma.

Academics can be activists

Several Australian universities clearly support people seeking asylum. For example, there are 21 full-fee-paying scholarships available to asylum seekers to offset the otherwise impossible costs of a university education.

Other initiatives include Academics for Refugees, with representatives from a number of universities, who want to add their voice to campaign issues. Many academics are using research and teaching to question assumptions and influence students as well as decision-makers.

Academics may not feel confident being advocates, but the potential of a professional voice is clear. #KidsOffNauru was initiated by a group of doctors with access to children in detention. They called on the government to release children on the grounds that long periods of detention were detrimental to their health.

The campaign to get kids off Nauru started with an open letter written by over 5,000 Australian doctors. Lukas Coch/AAP

Medics may be unlikely lobbyists, but they added a credible voice on childrens’ physical and mental safety. Advocacy groups credited the campaign with the release of more than 100 children from detention in 2018, though the Australian government claimed it had already been reducing these numbers.

 


Universities have championed significant improvements for migrants in the past through narratives that challenged dominant political discourse. For example, the 1960s DREAMers movement led to the tabling of the DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors) Act. This would have granted legal status to certain undocumented immigrants who were brought to the US as children and went to school there.

These teens had grown up in the US without permanency. They told stories about their American dream and initiated sit-ins and pray-ins across college campuses. The DREAMers campaign transformed the immigration debate in the US, keeping the plight of undocumented migrant youth on the radar.

There are clear parallels between the Australian and US debates around who deserves a permanent visa, with the education rights that come with it. However, an Australian narrative around the ethics of education access is yet to emerge.

Australian academics can help write this narrative through coordinated advocacy and existing research networks, or creative campus initiatives that give a voice to students impacted by immigration policy.

Academics are well placed to shine a spotlight on the human and economic costs of limiting higher education pathways for people seeking asylum.

Source of the notice: http://theconversation.com/asylum-seekers-have-a-right-to-higher-education-and-academics-can-be-powerful-advocates-121753

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Young Africans face poor job prospects as education deteriorates: report

Africa/ 15.10.2019/ Source: www.reuters.com.

 

The quality of education and training provided by African countries has deteriorated since 2014, leaving many of the continent’s growing population of young people ill-prepared to enter the job market, an influential report said on Tuesday.

The African Governance Report 2019, which uses data from the Ibrahim Index of African Governance (IIAG), the most comprehensive survey of its kind on the continent, found that enrolment and access to education was particularly low in the tertiary sector.

“This has resulted in the burgeoning youth population being faced with increasing struggles when entering the job market,” researchers at the Mo Ibrahim Foundation wrote ahead of a full report due to be published next year. Under 15s now made up the majority age group in Africa, the authors added.

The index rates 54 African nations on criteria such as security, human rights, economic stability, just laws, free elections, corruption, infrastructure, poverty, health and education.

Mo Ibrahim, a Sudanese telecoms tycoon who launched the foundation, said it was down to Africans to confront the issue.

“When it comes to education, really we have a problem,” Ibrahim told Reuters. “When you look at the demographics, and you look at the economic growth, you see that we’re actually falling behind.”

Demographic developments are a hot topic in Africa, which, according to United Nations data, is expected to account for more than half of the world’s population growth between 2015 and 2050. The continent’s population is projected to double by 2050, and could double again by 2100, the U.N. has said.

“If you manage to take care of your young people, that is a wealth. If you fail to do that, it is a burden, a threat,” Ibrahim added.

The report said that while African governments had made some progress in improving infrastructure since 2014, on average they were lagging well behind their ambitions.

“African governments have on average not managed to translate GDP growth into economic opportunities for citizens,” it said. “Progress since 2014 runs behind the rapidly growing working age population.”

The report noted more progress in health and nutrition, saying countries were making strong strides in combating communicable diseases and child and maternal mortality rates.

However, providing affordable quality healthcare for all was still far off and the rising spread of undernourishment was a major area of concern, it added.

Researchers also criticized the lack of key data across the continent, which impedes the ability of policymakers to monitor progress, saying vital population statistics had deteriorated significantly in recent years.

Source of the notice: https://www.reuters.com/article/us-africa-education-report/young-africans-face-poor-job-prospects-as-education-deteriorates-report-idUSKBN1WT2K1

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India’s policy on early childhood education

Asia/ India/ 15.10.2019/ Fuente: www.brookings.edu.

 

Lessons for a gender-transformative early childhood in India

The Delhi government in India recently launched its preschool curriculum for the city’s 10,897 community-based preschool centers. The draft National Education Policy of India, made public in June 2019, dedicates its first chapter to the importance of early childhood care and education and the need to extend the right to education to every child who is three to six years old.

In this video, Samyukta Subramanian, 2019 Echidna Global Scholar, discusses how we must tackle gender inequality in India in the early years through engaging girls, boys, teachers, and parents. 

It is in this context that this paper urges the government to ensure that gender sensitivity is embedded in every initiative of early childhood education (ECE) in India from here onward. Based on interviews with mothers of preschool children in underresourced communities and with teachers as well as observations of government-supported preschool centers, this paper builds the current narrative of the preschool child’s ecosystem; notes the lack of gender-sensitive pedagogy in this space; and makes recommendations for what a gender-transformative approach in ECE in India should entail for men and boys, girls and women, so that India can strive for a more gender-equitable society in the years to come.

Source of the notice: https://www.brookings.edu/research/indias-policy-on-early-childhood-education/

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México: La educación en los pueblos indígenas en total abandono

América del Norte/ México/ 15,10.2019/ Fuente: portavozchiapas.com.mx.

Habitantes de la comunidad Amador Hernández piden la construcción de aulas y una escuela secundaria para que sus hijos continúen sus estudios

Habitantes de la comunidad Amador Hernández el cual está situado en el Municipio de Ocosingo, hacen un llamado para que se garantice el derecho a la educación de niñas y niños indígenas, principalmente el mensaje va dirigido al Secretario Nacional de la educación, Esteban Moctezuma Barragán a quien piden recursos para la construcción de aulas, ya que con las que cuentan dicen que fueron construidas con la cooperación de sus abuelos quienes trabajaron años tras años para lograr esas instalaciones, manifiestan que ahora el gobierno ha abandonado a esa parte del Estado, en esta comunidad hay 540 habitantes.
Cabe mencionar también que en sus declaraciones dicen que después de culminar la educación primaria no continúan sus estudios debido a que las secundarias se encuentran lejos de las comunidades, a pesar que llevan siete años solicitando la construcción de una escuela secundaria no les han atendido sus demandas.
“Nuestros hijos que terminan la primaria nadie sigue con la secundaria porque son comunidades lejanas donde existe la secundaria, hemos solicitado desde hace siete años nadie nos ha hecho caso.”
Los habitantes de la zona pensaron que con la 4T tendrían mejores oportunidades, sin embargo afirman que están peor que las administraciones pasadas, por lo tanto piden a las autoridades que se resuelvan sus peticiones lo más pronto posible, que cuenten con las instalaciones de una secundaria con el personal docente que corresponda.
“Pensamos que con López Obrador iba a dar mejor resultado pero parece ser lo peor, cuenta de la misma por eso señor presidente López Obrador la secundaria exigimos que este mismo año que se haga la creación y que cuente con su personal docente, por eso señor presidente la República no sólo se dice, si no se cumple lo que dice usted que creara nuevas escuelas en las comunidades marginadas desde el nivel infantil, hasta la universidad, ahora que estamos pidiéndole y a nadie les ha importado, presidente de la república, gobernador estado y los secretarios de educación a nivel nacional y estatal, pedimos se nos resuelva a la prontitud nuestras peticiones”.

En sus declaraciones dicen que después de culminar la educación primaria no continúan sus estudios debido a que las secundarias se encuentran lejos

Fuente de la noticia: https://portavozchiapas.com.mx/2019/10/14/la-educacion-en-los-pueblos-indigenas-en-total-abandono/
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Calidad educativa en “peligro de extinción”

América del Sur/ Venezuela/ 15.10.2019/ Fuente: diariodelosandes.com.

 

Venezuela, un país que durante décadas se destacó por su alta calidad educativa, hoy no solamente pone en riesgo esa reputación, sino que además con el paso del tiempo se queda sin profesores con pedagogía y experiencia

Inició en Venezuela un nuevo año escolar desolador, esto tras la grave crisis política, económica y humanitaria que enfrenta el país suramericano. Un reportaje del diario ABC de España reveló que en Venezuela mientras 60% de los estudiantes desertaron, entre 30% y 40% de los profesores decidieron salir del país dejando las aulas vacías.

De acuerdo con cifras extraoficiales, para este período escolar de 2019 – 2020, la población escolar se ha reducido a menos de la mitad. Las razones principales de esta ausencia son la falta de alimentos, medicinas y el paupérrimo poder adquisitivo de los venezolanos.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la población Venezolana (Encovi), 4 de cada 10 niños y adolescentes, entre los 3 y 17 años, dejan de asistir a clases por distintas causas, incluyendo problemas de transporte, apagones o falta de alimentación.

Los más afectados

Javier Tarazona, director de la ONG Fundación Redes, señaló que la deserción escolar afecta más a las ciudades en el interior del país que a Caracas, la capital. Denunció que en más de 1.500 escuelas del territorio nacional el abandono de las aulas fue del 58%, mientras que en los estados fronterizos se eleva al 80%.

No son los únicos

Pero los alumnos no son los únicos que han abandonado las aulas, pues los profesores en el país suramericano se han visto obligados a dejar su labor como docentes para buscar mayores ingresos, o en su defecto salir del país.

Estimaciones de la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela señalan que en el interior del país la diáspora de docentes supera el 40%, mientras que en Caracas ronda el 25%.

Y es que las universidades y escuelas de Venezuela son el espejo real de la crisis en ese país. Los profesionales de la educación están en “peligro de extinción”.

Planes de contingencia

Ante esta situación, las universidades, por ejemplo, contactan a estudiantes de los últimos semestres o recién graduados de las diferentes carreras para que den clases en las materias en las que se han destacado. Mientras que en los colegios, los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria fungen como suplentes mientras las instituciones consiguen reemplazar al maestro titular.

La situación radica en que Venezuela, un país que durante décadas se destacó por su alta calidad educativa, hoy no solamente pone en riesgo esa reputación, sino que además con el paso del tiempo se queda sin profesores con pedagogía y experiencia.

Olga Ramos, miembro de la Asamblea de Educación en Venezuela, explicó que en muchos casos las instituciones educativas han optado por acudir a padres, representantes y miembros de las comunidades para que impartan materias en las que tienen conocimiento.

“Eso en términos reales condena al sistema educativo a bajar la calidad, porque no están garantizando que la persona que está enseñando tiene conocimiento completo de la materia, y además no tienen pedagogía”, señaló.

Ramos explicó que se desconocen las cifras oficiales sobre la deserción de profesores, pero señaló que “sí es alta la cantidad de maestros que se está retirando”.

Explicó, además, que tanto los alumnos como los profesores tienen grandes dificultades para acudir a las escuelas, no solo por la falta de transporte, sino porque el costo de los pasajes “supera los sueldos”. Agrega que debido a la crisis económica ni maestros ni estudiantes se alimentan bien, lo cual les resta rendimiento.

Universidades desiertas

A esto se suma que en los últimos años el 60% de los estudiantes ha abandonado las aulas de las universidades, según datos ofrecidos por los rectores de distintas casas de estudios.

Un estudio de la Escuela de Educación de la UCV revela que al menos millón y medio de estudiantes ha desertado desde 2004 hasta el 2018.

“Yo decidí dejar de dar clases en la universidad, mi salario es muy bajo, el transporte público es muy caro y ya los estudiantes ni están asistiendo”, afirmó una exdocente universitaria de la ULA-Nurr.

La declarante que pidió el anonimato, señaló lo difícil que se ha vuelto ser profesor en Venezuela, pues el salario es paupérrimo y el ambiente estudiantil cada día se deteriora más.

Agregó que la calidad de la educación también se deteriora, porque no tienen cómo exigirles a sus alumnos que hagan trabajos especiales, porque “todo es mucho dinero”.

Plan “Chamba Juvenil”: una estafa

 

Olga Ramos, miembro de la Asamblea de Educación en Venezuela, reveló que ante la falta de profesores en las escuelas, el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por acudir al programa social “Plan Chamba Juvenil” para que jóvenes a partir de los 18 años y sin experiencia impartan diferentes materias en escuelas públicas del país.

“Aunque el ministerio de Educación no reconoce la falta de docentes, está tratando de resolver el problema con la Chamba Juvenil, que no son estudiantes de los últimos años, sino que en su gran mayoría son recién egresados de secundaria que no tienen trabajo y que los insertan en el sistema educativo con solo doce semanas de formación”, denunció.

Ramos afirmó que con este método el Ministerio de Educación está “estafando a los estudiantes”, porque les están entregando títulos de bachiller sin haber logrado los conocimientos, sobre todo con maestros inexpertos sin pedagogía ni conocimientos.

“La Chamba Juvenil funcionaría si el maestro que se está formando en ese programa pasa a ser una especie de preparador acompañante del docente titular, pero eso no está pasando, están colocándolos como maestros de aula”, finalizó.

Fuente de la noticia: https://diariodelosandes.com/site/calidad-educativa-en-peligro-de-extincion/

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Movimiento indígena de Ecuador espera la normalización de las tarifas de combustibles y pasajes para este martes

América del Sur/ Ecuador/ 15.10.2019/ Fuente: actualidad.rt.com.

La organización ha ofrecido una conferencia de prensa, donde, además, pidió la renuncia de los ministros de Defensa e Interior por la represión durante las protestas.

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) espera que desde este martes 15 de octubre se normalicen «todas las tarifas de la gasolina, diésel, pasajes» en el país, tras el acuerdo alcanzado este domingo con el Gobierno.

Este lunes, la CONAIE y las organizaciones regionales que la integran, ofrecieron una conferencia de prensa, donde ratificaron lo conseguido con la administración del presidente Lenín Moreno, que contempla la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883; ese texto establecía la eliminación del subsidio estatal a los combustibles y fue el detonante de las fuertes manifestaciones en todo el país desde el pasado 3 de octubre.

Wambra@wambraEc

Jaime Vargas @CONAIE_Ecuador “queremos informar que se ha DEROGADO el Decreto 883, esperamos que en poco tiempo los precios de combustibles bajen nuevamente”

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Ese decreto, que fue publicado el 2 de octubre, provocó el alza de las gasolinas extra y ecopaís, que pasaron de costar 1,85 doláres a 2,39 por galón; además, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123 %. Con ello, también hubo incrementos de las tarifas de los pasajes provinciales y urbanos y, en muchos lugares, sin autorización estatal, subidas de precios de diferentes productos.

«Tal vez hubo alzas de productos de primera necesidad, eso se tiene que normalizar», dijo en la rueda de prensa Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, y añadió: «eso quiere decir que la lucha no es solo para los hermanos indígenas sino para todos los ecuatorianos».

Hasta el momento no se ha hecho efectiva la derogatoria del decreto 883. El presidente Moreno dijo esta mañana que lo hará «en las próximas horas». Por ende, se mantienen los precios de los combustibles y de las tarifas de pasajes.

Vargas señaló que confían en que los mediadores, que son la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Quito y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, velen y garanticen el cumplimiento del acuerdo alcanzado.

Protestas contra las medidas de austeridad de Moreno, en Quito, Ecuador, 13 de octubre de 2019.

«Sin miedo»

Vargas rescató del diálogo, además de la derogatoria del decreto 883, la postura que tuvo la dirigencia indígena. Además de la CONAIE, en la reunión participaron representantes del Consejo de Pueblos y Organizaciones de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN).

«Dijimos lo que teníamos que decir al señor presidente, sin miedo», señaló el dirigente, quien recalcó: «Ya no somos esos indígenas que nos dejábamos humillar de un Gobierno».

Luisa Lozano, de Mujeres de la CONAIE, resaltó el papel de las féminas en las manifestaciones: «como mujeres indígenas hemos puesto el cuerpo para la lucha, nos hemos enfrentado sin estar tapadas la cara. Le hemos dicho al gobierno aquí estamos las mujeres que luchamos por los derechos colectivos».

Los dirigentes indígenas agradecieron a los medios de comunicación comunitarios e internacionales por la cobertura brindada a las manifestaciones, ante el silencio y parcialidad de las televisoras y periódicos locales.

Renuncia de ministros

Durante los 11 días de protestas, que tuvieron su mayor concentración en Quito, la capital, según un balance de la Defensoría del Pueblo, se registraron siete muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos.

Entre los fallecidos están Inocencio Tucumbi, dirigente de la CONAIE en la provincia de Cotopaxi, en la sierra central del país; y José Daniel Chaluisa, líder de la comunidad de Yanahurco en Pujilí.

Al respecto, Vargas señaló: «la sangre derramada de nuestros hermanos no va a quedar así».

Informó que el movimiento indígena iniciará «procesos legales» contra los ministros del Interior, María Paula Romo; y de Defensa, Oswaldo Jarrín, sobre quienes ha solicitado su salida del Gobierno. «Tienen que pagar por todo este crimen al pueblo ecuatoriano», enfatizó.

«Este diálogo debió suceder antes, no después de los muertos. Se tiene que gobernar el país también con los indígenas, también con los oprimidos», opinó, por su parte, Marlon Santi, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.

Amnistía para el movimiento indígena

Andrés Tapia, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), pidió la liberación inmediata de los miembros y dirigentes de los movimientos indígenas que fueron detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales.

«Tenemos cerca de 100 detenidos, necesitamos amnistía inmediata. No es posible (esas detenciones), porque la violencia fue generada desde el Estado», señaló.

Señaló, además, que han conversado con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que no se «criminalice» a los manifestantes. Desde la Fiscalía General se ha informado que procesarán por «terrorismo» a decenas de personas que fueron detenidas.

El movimiento, además, denunció que los dirigentes indígenas han recibido amenazas, desde el momento en que se anunció el acuerdo con el Gobierno.

Fuente de la noticia: https://actualidad.rt.com/actualidad/330254-movimiento-indigena-ecuador-pronunciamiento-acuerdo-gobierno

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