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Por Víctor Cárcamo Silva/ institutobautistavanschouwen/23-01-2019

El debate por la selección de estudiantes en los denominados “liceos emblemáticos” en torno al denominado “Proyecto admisión justa”, ha puesto en el centro de la discusión las concepciones implícitas tras el modelo educacional chileno y nos abre a repensar los niveles de inclusión en nuestra sociedad y, junto con ello, el rol que el sistema escolar cumple en nuestro país.

No es posible separar la discusión en torno a la selección en el ingreso de estudiantes a un determinado colegio, como si en sí misma fuera la solución al problema de la promoción de estudiantes hacia la educación superior. En base a lo datos arrojados por el DEMRE a partir del último proceso de selección universitaria, de los 50 colegios con mejores puntajes obtenidos en la PSU, sólo dos son municipales y ninguno de ellos es particular subvencionado(1). Este dato no sería particularmente dramático si es que de él no se desprendiera como una nefasta consecuencia, que tan solo el 30% de los estudiantes de provenientes de establecimientos municipales quedó seleccionado para proseguir sus estudios de educación superior(2).

La gran defensa en la irrupción de otros sectores como oferentes en la educación, en los marcos de la “libertad de enseñanza”, fue el aumento de la matrícula y la posibilidad de superación de la pobreza, cuestión que los datos demuestran como un total fracaso. Si bien es cierto que los niveles de cobertura a nivel escolar son mayores, cabría preguntarse para qué están siendo formados nuestros jóvenes y, si no pueden elegir dónde educarse, en qué se traduce para ellos aquella “libertad”.

La comprensión de la educación como una industria(3), vale decir, como un nicho de negocios o un sector susceptible al “emprendimiento” desde el cual se pueden obtener ganancias, han sido por décadas parte estructural del marco que regula la labor educativa en nuestro país. Esto se expresa en acuerdos de larga data, como el debilitamiento de la presencia estatal en el sector público, la municipalización, el aseguramiento de financiamiento público para los sostenedores privados (particular subvencionado), que dicho sea de paso está condicionado al desempeño y asistencia de los estudiantes al establecimiento, lo que concuerda con la necesidad del sostenedor de seleccionar a aquellos estudiantes que le puedan asegurar el alcanzar mejores resultados en las pruebas estandarizadas y con ello obtener los fondos necesarios para la “prestación del servicio”.

Si bien el fin de la selección propuesto como “herencia” iba en una dirección correcta, la gran mayoría de los planes impulsados por la anterior administración no buscaban cambiar las lógicas de la “industria de la educación”, sino que muchas de ellas la perpetúan. Sería muy iluso de nuestra parte el pensar que la propuesta de conformación de los servicios locales en torno a direcciones zonales que contarían con presencia del empresariado local, fuera un intento de cambiar la matriz productiva de nuestro país con participación activa de las comunidades educativas o de las entidades sociales presentes en un territorio. Dicho esfuerzo, más bien, tenía como fin asegurar a la industria la obtención de mano de obra barata y calificada en el territorio aledaño a su labor(4).

Francisco Zariqueiey, así como diversos estudios en neurociencias, señala que los estudiantes con mayores capacidades alcanzan desempeños de mayor complejidad cuando enseñan o le explican a otros, pues son habilidades de un nivel superior las que deben poner en práctica(5). Sería importante avanzar la discusión en torno a lógicas que permitieran asegurar alcanzar mejores aprendizajes en el aula, de manera que la integración de estudiantes con distintos niveles de desempeño, con variadas necesidades para la facilitación de su desarrollo cognitivo y, por qué no con distintas realidades sociales, enriquezcan las experiencias educativas, generando mayores niveles de inclusión, no sólo a nivel del aula; sino que ayude a la rearticulación de un tejido social,  ya no sólo a nivel económico, sino también cultural, pues la realidad del sector público ya da cuenta de la presencia de un sin número de niños-estudiantes que migran al interior de nuestro país.

Con todo, el contar con mayores recursos para el desempeño del profesorado, el aumento de los tiempos de preparación para el trabajo en el aula, o el mejorar las prácticas de inclusión de estudiantes de distintos sectores en nuestro establecimientos, parecen fuera de toda discusión.

Lamentablemente, los problemas de segregación social derivados del concebir el ejercicio de un derecho como si fuera una industria, no son exclusivos del ámbito educativo, sino que son parte estructurante de un estado concebido bajo el principio de la subsidiariedad, sólo que a ratos muchos de los que se hacen parte del litigio parecen olvidarlo.

Víctor Cárcamo Silva
Instituto de Ciencias Políticas Bautista Van Schouwen

*Fuente: https://institutobautistavanschouwen.wordpress.com/2019/01/15/la-industria-educativa-y-la-segregacion-social/?fbclid=IwAR0STHdh2-OCZP0yOG3cmLSF-qxAU4lCHZYZzod77d7TyIJJo8aArUv_kW0

*Fuente de la imagen: https://www.unoentrerios.com.ar/hoy-hoy/privatizacion-educativa-una-politica-estado-n1677843.html