El llamado es para 500 mujeres de entre 18 y 30 años que tengan terminado el ciclo básico secundario.
El programa del Plan Ceibal llamado Jóvenes a Programar incorporó a sus propuestas habituales un llamado a 500 mujeres de entre 18 y 30 años que tengan ciclo básico secundario culminado. Los cursos no tienen costo de inscripción.
Según indica el portal de Presidencia, en las dos primeras ediciones del programa (2017 y 2018) egresaron 1.500 estudiantes. Además, se afirma que las clases son dictadas por referentes de las empresas tecnológicas más importantes de Uruguay.
En este sentido, las estudiantes que ingresen al programa aprenderán a realizar testeos de software. Además, recibirán clases de inglés y adquirirán competencias transversales.
Al finalizar el curso, el Servicio de Intermediación Laboral de Jóvenes a Programar ayudará a las estudiantes a ponerse en contacto con las empresas del sector cuando surja una vacante laboral.
El ministro de Educación, Daniel Alfaro, anunció desde Yurimaguas (Loreto), la aprobación de la «Política de atención educativa a la población de ámbitos rurales»
A fin de impulsar el desarrollo de las poblaciones rurales, el Gobierno aprobó una política de atención educativa para este ámbito que fija varias metas al 2030, entre ellas, que el 60% de estudiantes de educación secundaria alcance aprendizajes de manera satisfactoria y el incremento de 53% a 90% en la culminación de la educación básica de calidad.
El ministro de Educación, Daniel Alfaro, anunció desde Yurimaguas, región Loreto, la aprobación de la «Política de atención educativa a la población de ámbitos rurales«, mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
Alfaro dijo que esta es la primera vez que se establece una política nacional para la población del ámbito rural, la cual busca garantizar la educación básica de sus habitantes; mejorar los logros de aprendizaje, el desempeño docente y las condiciones de infraestructura, así como reducir la deserción escolar.
En el colegio Santo Tomás, el titular de Educación evaluó los resultados de las Redes Educativas Rurales, iniciativa implementada este año en 5 regiones con el objetivo de fortalecer la gestión de las escuelas que las integran.
Este plantel integra una de las 25 redes educativas que funcionan en la región. En la actualidad, hay un total de 50 redes en el país, las cuales se encuentran en Áncash, Loreto, Ucayali, Apurímac y Huánuco.
El funcionario afirmó que tanto las redes educativas, el mapa etnolingüístico, las escuelas de secundaria con residencia y otros avances de la educación intercultural bilingüe serán potenciados con la política rural.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha dicho hoy que confía en que la reforma educativa con la que se pretende derogar la Lomce inicie su trámite parlamentario en enero.
El primer paso para ello lo ha dado el Consejo de Ministros con la «primera lectura» del anteproyecto de modificación de la LOE socialista de 2006 que a su vez fue reformada por el PP con la Lomce de 2013.
La reforma liderada por Celaá, y que cuenta ya con críticas de los grupos parlamentarios y de la comunidad educativa, «supone una modernización y no un cambio del sistema educativo», ha explicado la también portavoz del Gobierno.
Se trata de un texto «respetuoso con la Constitución», ha añadido la ministra, que ha especificado que ahora es momento de consultas ya que faltan los dictámenes del Consejo Escolar del Estado y otros para poder incluir enmiendas al anteproyecto.
La nueva norma que sustituirá a la Lomce o «ley Wert» afecta solo a la educación no universitaria: 8.179.539 estudiantes de Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y otros programas formativos.
También afecta a 701.373 docentes y a 28.531 centros de enseñanzas de régimen general no universitarias, de los que 19.112 son públicos y 9.419, privados.
Celaá ya presentó su reforma en noviembre a los grupos parlamentarios del Congreso, lo tiene que hacer a las comunidades en Conferencia Sectorial y ayer mismo concluyó el trámite de información pública del anteproyecto, que se denomina de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
Por su lado, los principales sindicatos de docentes, CCOO, ANPE, STES, CSIF y UGT, han demandado esta semana una participación real del profesorado en la reforma educativa después de reunirse con representantes del Ministerio.
CCOO ha pedido más celeridad para derogar la Lomce, es decir, que se haga a través de un real-decreto ley.
STES ha pedido más consenso sobre la norma porque sino la ley «tendrá su caducidad asegurada».
ANPE ha calificado la reforma de «solo una contrarreforma de la Lomce y no la reforma global y profunda que necesita la educación en España».
CSIF cree que el anteproyecto «no da estabilidad al sistema y no recoge un currículo básico en todo el país, ajustado a criterios pedagógicos y científicos, ni unas horas lectivas mínimas, especialmente de castellano».
UGT ve «imprescindible» que la reforma incluya una memoria económica.
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) critica la falta de diálogo de Celaá y que el texto no garantice los conciertos y ningunee la enseñanza de la religión.
La reforma educativa de Celaá persigue, entre otros objetivos, que los alumnos de Primaria y Secundaria estudien Valores Cívicos y Éticos, que la Religión no sea computable, y que el Bachillerato sea más flexible y se pueda superar con una asignatura suspensa.
Además, se eliminan las reválidas, aunque habrá evaluaciones de diagnóstico muestrales; se recupera la anterior prueba de acceso a la Universidad.
Los contenidos básicos del currículo serán diseñados por el Gobierno y se tendrán que cumplir en un 55 % de los horarios escolares en las comunidades que tengan lengua cooficial y en un 65 % en aquellas que no la tengan.
Las Administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas.
Respecto a los centros concertados, se elimina la «demanda social» para su oferta. Se establece que la programación debe asegurar la existencia de plazas públicas suficientes. Corresponde a las comunidades el desarrollo del régimen de conciertos a partir de la regulación general establecida por el Gobierno.
De la población que llega a las aulas, nueve de cada diez tienen un bajo desempeño y no alcanzan el nivel mínimo de conocimientos y habilidades en lectura, matemática y ciencias. Los datos fueron revelados durante la presentación de la prueba internacional Pisa para el Desarrollo (Pisa-D), en la que Guatemala participó por primera vez.
En esta evaluación se involucraron países de medianos y bajos recursos, en similares condiciones socioeconómicas, políticas e infraestructura. En la lista se encuentran Honduras, Panamá, Ecuador, Paraguay, Zambia, Senegal, Camboya y Bután.
La prueba se efectuó a 5 mil 100 estudiantes de establecimientos públicos y privados del área rural y urbana durante el 2017. Los resultados señalan que los jóvenes no llegan al mínimo del promedio de conocimiento esperado. Cuando el puntaje aceptable debería ser 400, los alumnos guatemaltecos obtuvieron un resultado de 369 puntos en lectura; y siete de cada diez jóvenes mostraron un bajo desempeño en dicha materia.
Las cifras en ciencias tampoco son alentadoras, pues el puntaje fue de 365 sobre un mínimo aceptable de 400, y se reporta que siete de cada diez estudiantes tienen un nivel inferior al promedio de las pruebas. Los números más bajos están en matemática, con 334 puntos, y acá nueve de cada diez no consiguió superar el desempeño básico establecido en los estándares internacionales de educación que representa Pisa-D.
387 mil 167 población de 15 años esperada, según el Instituto Nacional de Estadística 2017.
En la escuela se evidencian las diferencias de desempeño entre mujeres y hombres, que muchas veces están reforzadas por lo que dicta la sociedad, que las relega áreas donde no desarrollan su habilidad numérica. De esa cuenta, ellas alcanzaron mayor puntaje en lectura, 375, 12 puntos más que los varones. En el tema de matemáticas, ellos tienen un promedio de 340 puntos, 12 por arriba de las niñas. En ciencias, los varones alcanzaron 367 puntos, y las mujeres 362.
El bajo desempeño de los estudiantes guatemaltecos guarda similitudes con Honduras y Paraguay que reportan datos similares, pero se ubica al país por arriba de Camboya y Zambia. Al comparar los resultados con países de Latinoamérica, Guatemala tiene las cifras más bajas junto a República Dominicana.
Los resultados son poco alentadores, pero el informe presentado señala que más allá de las cifras y del ordenamiento jerárquico de los países involucrados, es necesario centrarse en la información que permite conocer quiénes son los estudiantes, qué sienten, cómo perciben su contexto, además de las condiciones en que se encuentran en las aulas.
De acuerdo con Veronica Spross, de Empresarios por la Educación, el que Guatemala haya participado en las pruebas Pisa-D permite obtener información valiosa para generar políticas y estrategias para mejorar la calidad educativa en el país. “Es necesario fortalecer el nivel medio, la transformación es urgente y necesaria, los jóvenes deben poder tener acceso a una educación para la vida”, refirió, pues los resultados que arroja la evaluación reitera las deficiencias de los estudiantes ya conocidas en las pruebas de graduandos que se realizan cada año.
Entre rural y urbano
La brecha entre el área rural y urbana continúa. El 26% de la población estudiantil que fue parte de Pisa-D está localizada en zonas rurales, y su desempeño fue menor de quienes estaban en zonas urbanas. Los primeros obtuvieron 62 puntos menos, que equivale a un rezago de dos años de escolaridad comparado con quienes habitan en las áreas urbanas.
183 mil 780
personas de 15 años en el nivel medio, según el Anuario Estadístico del Mineduc 2017.
Aquí influye la brecha existente entre hombres y mujeres, así como nivel económico, social y cultural, entre otros. Pero también influye el poco acceso a recursos materiales y didácticos que desfavorecen a las escuelas rurales. Los centros educativos del área rural tienen menos disponibilidad de estos recursos que una escuela urbana de Senegal, revela el informe.
Repiten a las aulas
Otro tema que llama la atención en los resultados de Pisa-D es la elevada tasa de repitencia, que Guatemala tiene la más alta de la región. El país se encuentra en el cuarto puesto de los que reportan las mayores cifras, y está por detrás de Senegal, Zambia y Colombia.
104 mil personas de 15 años fuera de la escuela.
Al analizar los datos se encontró que el 36% de los evaluados señaló que habían repetido un grado, al menos una vez en primaria o secundaria estuvieron en el mismo grado.
Las diferencias de género son evidentes, pero en este caso favorece a las niñas, pues cuatro de cada diez hombres repitieron el año escolar, mientras que en el caso de ellas fue de tres de cada diez.
Por otro lado, los estudiantes que hablan un idioma diferente repiten más, un 42%, en comparación con quienes hablan el mismo idioma en la escuela y en casa, que representa el 36%.
Poca inversión
De acuerdo con el director de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Andreas Schleider, una de las grandes preocupaciones es la baja inversión que Guatemala destina a Educación, lo que explicaría los bajos resultados obtenidos en la prueba Pisa-D.
«Lo que queda muy claro es que Guatemala invierte mucho menos en la educación en comparación de otros países alrededor del mundo», refirió. «El dinero no garantiza la educación, sin embargo, si es una base para los mejores resultados con respecto a educación», agregó.
Por cada estudiante que cursa hasta el nivel básico el país gasta US$6 mil 104 (Q47 mil 183.92, al tipo de cambio de referencia de Q7.73), una cifra que está muy por debajo del promedio de países de Latinoamérica que fueron parte de las pruebas Pisa 2015 y Pisa-D, que invirtieron US$26 mil 633 (Q205 mil 873.09).
Pruebas Pisa-D
Fue durante el 2017 que se desarrolló la evaluación internacional, que tuvo como fin medir las capacidades de los estudiantes para entender y resolver problemas reales a partir de la aplicación de conocimientos de ciencias, lectura y matemática. De esa cuenta se partió de la pregunta ¿qué saben hacer los jóvenes dentro fuera del contexto escolar antes de ingresar al mundo laboral?
El resultado de las pruebas busca proveer de insumos para identificar factores escolares que mejoren la calidad y la equidad en el sistema educativo, y apoyar a cada país en la creación de nuevas políticas que permitan un cambio positivo en la educación.
Óscar Hugo López, ministro de Educación, mencionó que Pisa-D será un elemento «clave» para los proyectos que se deberán implementar en los próximos años, para reducir las brechas que se han identificado en el estudio.
Entre esas acciones está la profesionalización de los profesores que trabajan en el nivel medio, en este punto ya se trabaja en la especialización en matemáticas, comunicación y lenguaje, ciencias sociales y de liderazgo.
Otro aspecto es la adecuación curricular -de 15 se modificó a 10 cursos-. «Se están haciendo los estudios para llevar los programas de apoyo al nivel medio (valija didáctica, útiles escolares, becas de estudio y programa de alimentación escolar)», dijo López.
Las medidas se implementarán con mayor énfasis en áreas donde los estudiantes están presentando más dificultades: las áreas rurales.
Dos meses de paro, 13 marchas masivas y 16 sesiones de diálogo ha sido el saldo de uno de los movimientos sociales de mayor adhesión e impacto en la historia de Colombia.
Los estudiantes que llevan 65 días de paro y el Gobierno colombiano llegaron este viernes a un primer acuerdo para fortalecer la educación superior, que tendrá un aumento presupuestal de más de 4,5 billones de pesos. Sin embargo, la propuesta será evaluada en asambleas estudiantiles para luego decidir si se levanta el paro.
«En todo el proceso de negociación hemos dejado claro que queremos que se salve el segundo semestre de 2018; sin embargo, la decisión sobre el mecanismo de movilización, tanto el actual como los siguientes, corresponde a cada una de las asambleas estudiantiles. Nosotros nos comprometemos a llevar el acuerdo a cada una de las universidades públicas para que sea socializado», explicó Santiago Gómez, vocero de la Unees Antioquia.
Por su parte, el Gobierno de Colombia aseguró que, tras llegar a un acuerdo en conjunto, los estudiantes universitariospusieron fin al paro que durante dos meses han llevado a cabo ante la crisis educacional que existe en el país.
Si bien aún no se conocen los detalles del mismo, la administración de Iván Duque precisó que la principal de las medidas del acuerdo es el aumento del presupuesto para el fortalecimiento de la educación superior pública en más de 4,5 millones de pesos colombianos (1.418 millones de dólares) en los próximos cuatro años.
Recursos que, a partir de 2019, comenzarán a aumentar paulatinamente. A la cifra, se suman otras inyecciones económicas que vendrán de la renta sobre los excedentes del sector cooperativo destinados a educación superior pública.
#ÚltimaHora Estudiantes y Gobierno Nacional llegaron a acuerdo para salvar la #EducaciónPública 4.5 billones prometió adicionar el presidente @IvanDuque. Se Levanta Paro Nacional de la comunidad universitaria.
La Presidencia colombiana señaló que el acuerdo mutuo se logró «producto de los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Nacional y las comunidades educativas de las diferentes Instituciones de Educación Superior públicas, que han trabajado para buscar y construir soluciones a la situación actual y su fortalecimiento».
Los diálogos entre las autoridades del Gobierno y los estudiantes, continuarán para garantizar la efectividad de los acuerdos logrados, afirmaron desde el ejecutivo.
Me alegra profundamente darle esta buena noticia al país: a través del diálogo logramos un acuerdo responsable con estudiantes y profesores. Hemos destinado más de $4.5 billones de pesos adicionales para la Educación Superior Pública en este cuatrienio. #PactoPorLaEducación
Hasta el momento, los líderes estudiantiles no han dado declaraciones de manera oficial.
Dos meses de paro, 13 marchas masivas y 16 sesiones de diálogo ha sido el saldo de uno de los movimientos sociales de mayor adhesión e impacto en la historia de Colombia.
El cese de las protestas por parte de las y los universitarios implicaría un respiro para IvánDuque tras pocos meses de mandato presidencial en medio de un auge histórico de demandas y protestas populares.
El operativo principal se efectuó en la escuela donde en 1999 ocurrió la masacre que dejó 15 fallecidos.
Un intenso operativo lleva a cabo la policía de Colorado, Estados Unidos, por la presunta presencia de una «persona sospechosa» en la Escuela Secundaria de Columbine.
Producto de la amenaza, cerca de 24 escuelas del mencionado estado fueron cerradas por las autoridades, mientras la policía realiza labores de rastreo e investigación para determinar la veracidad de la emergencia.
Según relató el portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, se recibió «una llamada telefónica con una amenaza de múltiples dispositivos explosivos dentro de la escuela. La persona decía estar escondida afuera con una pistola. El perímetro fue registrado y asegurado. No se encontró a nadie».
EVITAR EL ÁREA
A modo de prevención, las autoridades policiales indicaron a las personas que eviten el área cercana a la Secundaria Columbine, mientras se realizan las labores.
Paralelamente, la policía indicó a los apoderados que no se acerquen a buscar a su hijos, puesto que no se les permite la salida de los recintos educacionales.
La secundaria Columbine quedó en la historia de Estados Unidos por la masacre que tuvo lugar en 1999, cuando dos jóvenes ingresaron armados al recinto y asesinaron a 12 alumnos y un profesor, para luego quitarse la vida.
Agencias gubernamentales y organismos comunitarios inciden sobre un posible incremento de las intoxicaciones de menores tras la legalización del cannabis
La legalización del cannabis recreativo en Canadá, que entró en vigor el pasado 17 de octubre, ha encendido las alarmas entre instituciones públicas y asociaciones civiles por un posible incremento de intoxicaciones en niños que consuman accidentalmente la hierba o sus derivados. Es por ello por lo que recomiendan, entre otras medidas, almacenar estos productos en lugares seguros en los hogares. La nueva reglamentación permite la posesión de un máximo de 30 gramos. Las personas mayores de 18 o 19 años (según la disposición de cada provincia) pueden adquirir hierba seca, cigarrillos liados, aceites y atomizadores en sitios autorizados. Sin embargo, la venta de comestibles a base de cannabis aún no está permitida. El Gobierno federal estudia abrir este mercado el próximo año.
“Aún es muy temprano para publicar datos sobre intoxicaciones en niños tras la legalización. Creemos que estarán disponibles en unos tres meses. Hay que precisar que se dieron numerosos casos cuando la marihuana era ilegal. Es un tema que merece especial atención”, comenta a este diario un portavoz de la Oficina de salud pública de Montreal. Desde hace algunos años, medios canadienses han informado sobre el consumo accidental entre infantes en diversas ciudades, principalmente por golosinas y galletas elaboradas a base de cannabis, aunque también algunos niños a edad muy temprana se llevaron a la boca la hierba seca. Cabe destacar que estos casos se duplicaron en Colorado a raíz de la legalización en 2014.
En julio, un niño de cuatro años fue hospitalizado en Halifax (Nueva Escocia) tras haber ingerido trozos de una barra de chocolate que contenía cannabis. De igual forma, una menor recibió asistencia médica a principios de octubre en Vancouver (Columbia Británica) luego de comer varios ositos de gominolas –con fuertes concentraciones de THC- que halló en el asiento trasero de un vehículo. Según cifras oficiales, 24 niños menores de cinco años visitaron las salas de urgencias en 2017 en las provincias de Alberta y Ontario por esta situación. Los menores presentaban somnolencia, náuseas, palidez, convulsiones y alteraciones motrices, entre otros efectos.
Un punto del nuevo marco legal criticado por diversos expertos en salud pública ha sido justamente no haber autorizado la venta legal de los comestibles a base de cannabis desde el 17 de octubre, dejando aparcado el tema para el próximo año. La razón es que se podrían establecer mecanismos para evitar su consumo accidental. Por ejemplo, exigir a la industria empaques de difícil apertura y sin elementos llamativos. Actualmente –y como sucede desde hace varios años- estos productos se adquieren en el mercado negro.
El Ministerio de Salud de Canadá estableció que la hierba seca y demás presentaciones cannábicas que ya se pueden adquirir legalmente deben estar empaquetadas y contener la inscripción “No se deje al alcance de los niños” en inglés y francés, las dos lenguas oficiales del país. Asimismo, no se permite el uso de materiales metálicos o brillantes en sus envolturas. El ministerio recomienda a las personas no consumir la hierba en presencia de un menor. También pide que los productos se guarden en lugares de difícil acceso para los niños (como debería ocurrir normalmente con los medicamentos y el alcohol) y, de preferencia, bajo llave. Otros organismos piden de igual forma que los padres tengan cuidado si deciden preparar comestibles a base de cannabis en el hogar, ya que no se pueden notar las diferencias a simple vista respecto a los que se cocinan con otros ingredientes.
“La ingesta accidental de cannabis por parte de los niños es un problema muy serio de salud pública, tema largamente documentado en numerosos estudios”, declaró Steve Podborsiki, presidente de Parachute, una semana antes de la entrada en vigor de la legalización. Parachute, organización canadiense dedicada a la prevención de accidentes, también recomienda almacenar la marihuana y sus productos derivados en sitios seguros, además de eliminar cualquier resto en los hogares, informar a amigos y familiares sobre esta problemática y tener al alcance los números telefónicos para servicios de urgencia.
La Sociedad Canadiense de Pediatría y la Agencia de Salud Pública de Canadá comenzaron hace unas semanas un estudio, que cubrirá los primeros dos años de la legalización, para documentar los casos de intervención médica por intoxicaciones severas de cannabis entre menores. Este ejercicio incluye tanto el uso recreativo entre los adolescentes como la ingesta accidental en niños.
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