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El presidente Sebastián Piñera y su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, están preocupados por la continuidad del “Plan Araucanía”, la panacea con la cual estos políticos-empresarios esperan restaurar el orden en la región para que forestales y terratenientes hagan negocios con tranquilidad. Su preocupación responde al hecho de que el asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de miembros del “comando jungla” -un destacamento entrenado con la “policía colombiana- enrabia a comunidades y a amplias franjas de la juventud que se han movilizado en las principales ciudades de Chile.

El gobierno apostó por “quemar el fusible” Luis Mayol para evitar daños mayores. Como narra el mismo exintendente, refiriéndose a una conversación con Piñera: “le dije, ´presidente, esta gente está pidiendo la cabeza del ministro del Interior, mi cabeza y no sé qué otras más, y esto a usted le va a causar mucho problema”[1].

Piñera y Moreno esperan retomar la senda de su plan cuya primera medida a realizar sería “crear un Consejo para la Paz en la Araucanía, integrado por representantes del Estado, del pueblo mapuche así como de los agricultores, parceleros y organizaciones de la sociedad civil. Este Consejo servirá como instancia formal de diálogo entre todos los actores regionales, será abierto a todas las comunidades aunque exigirá un rechazo explícito a los métodos violentos, y su función principal será proponer recomendaciones para consolidar la paz social en la Araucanía.”[2]

¿No es precisamente ese “rechazo explícito a los métodos violentos” la mayor hipocresía de parte de un gobierno empeñado en que la rabia no se propague después del asesinato de Camilo Catrillanca? ¿Qué más violento que la militarización de la Araucanía y el asesinato, la intimidación diaria? En realidad, la esencia del “Plan Araucanía” es la intención de aislar a los sectores mapuche que se movilizan contra las empresas y generar mecanismos de cooptación social para quienes se sometan. De los primeros se habla en estos términos: son quienes cometen “actos de violencia o terrorismo”. Para ellos -sostiene el “Plan” hay que aplicar “todo el rigor de la ley” pues no respetan “el Estado de derecho, cualquiera sea la excusa o razón para ello”. Por eso este plan incluye “mejoramiento de la infraestructura y modernización policial, nuevo sistema de inteligencia y fuerza conjunta antiterrorismo, mejor cobertura de servicios de celulares en la región para facilitar la comunicación de las víctimas, aumentar las Juntas de Vigilancia Rural, sistemas de seguro para el trasporte privado, sistema de prevención de delitos y Plan Anti Bandas y Pandillas.”[3] Es decir, el “Plan Araucanía” es también un fortalecimiento de los dispositivos de represión estatal en Wallmapu.

Estos aspectos represivos se combinan con algunas medidas de tipo jurídico-institucionales como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y una Agencia de Desarrollo Indígena que sería la continuadora de la actual CONADI y la creación de Consejos de cada pueblo, “como instancias de representación y participación de los pueblos indígenas” u otras de tipo relacionadas con el mejoramiento de los servicios públicos como salud o educación o el perfeccionamiento de los flujos comerciales con “pavimentación de rutas, construcción de puentes, ejecución de estudios y diseños de nuevas rutas” optimizando “la gestión de recursos hídricos” o pavimentando un 30% de los caminos rurales.

El trasfondo del “Plan Araucanía es evidente”: la lucha mapuche en el mundo rural -al menos desde inicios de la década de 1990- se ha desplegado a través del uso de métodos que cuestionan el ordenamiento jurídico y la propiedad privada capitalista, con tomas de tierras o -desde 1997- a través sabotajes a maquinarias de las empresas forestales. En este último caso, es a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco a quien le corresponde la fundamentación ideológica de ese accionar. Según esta corriente capitalismo y pueblo mapuche son antagónicos: en sus palabras, su propio “discurso no puede ser definido como fundamentalista étnico, porque no hay implicancias de orden racial o hacia la negación del “otro chileno”. Lo que existe es la negación y la insubordinación frente a las relaciones de opresión y dominación del Estado y del Capital nacional y trasnacional. Es un discurso antagónico con las relaciones de Mercado y estatales que nos oprimen como Pueblo-Nación. Nuestra lucha es contra el sistema de dominación imperante, no contra la sociedad chilena en su conjunto.”[4] Sin embargo ¿cuál es la fuerza social que es necesario concentrar contra ese Estado y el capital? La CAM no considera determinante en esta pelea llevar la lucha mapuche a los lugares de trabajo y estudio, generar movilizaciones de multitudes en las ciudades, que la clase trabajadora use su fuerza contra ese Estado y ese capital.

En el presente texto queremos defender la siguiente idea: si garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche implica derrotar al capital nacional y trasnacional y al Estado que defiende esas relaciones, entonces la fuerza social que necesitamos es grande: para nosotros es la fuerza de la clase trabajadora, la juventud, el movimiento de mujeres en unidad con el pueblo mapuche.

II

¿Por qué es necesaria esta ligazón? Tengamos en cuenta una primera idea: la fuerza conservadora que preserva la opresión nacional al pueblo mapuche y las relaciones capitalistas neoliberales que tiene como una de sus caras el extractivismo de las forestales, es la misma que sostiene la superexplotación de la fuerza de trabajo y la hiperfragmentación de los sindicatos, la misma que sostiene la opresión sobre la mujer. La fuerza de los grandes grupos económicos como los Matte -el mismo de la colusión. Los apellidos del poder se repiten.

Tengamos en cuenta una segunda idea: la denominada “pacificación de la Araucanía” es un componente fundacional del Estado capitalista chileno. La violencia policial que por estos días acaba de cobrar la vida de Camilo Catrillanca, es expresión de la tradición violenta, de fraude y pillaje, en la relación de ocupación sobre el Wallmapu y no un simple error azaroso como pretende instalar la derecha. El “comando jungla” preparado por la policía colombiana en parajes del país caribeño supuestamente similares a los que existen en el sur de Chile; la presencia constante del GOPE, FF.EE o incluso de la PDI; el uso de inteligencia y Carabineros como “guardias privados” para las faenas forestales (por ejemplo para CMPC); revelan que el neoliberalismo que profundizó el carácter extractivista de la producción y que vio en el más parasitario rentismo una fuente de crecimiento; ha implicado un reforzamiento del rol esencial del “Estado como una junta que administra los intereses de la clase capitalista” tomando la definición de Marx, aunque con una cierta exorbitancia de los mecanismos represivos.

Tengamos en cuenta una tercera idea, que ese poder en la actualidad está en función de proteger la subsistencia de una estructura de propiedad tan irracional en la que dos grandes grupos económicos -Matte y Angelini- tienen dos millones de hectáreas de monocultivos mientras que la totalidad de las comunidades mapuche no controla más que medio millón de hectáreas no puede ser garantizado sino a través del amordazamiento a través de la policía militarizada y una represión estatal sistemática en las comunidades consideradas conflictivas.[5]

III

El Estado chileno y el pueblo mapuche han sido antagonistas históricamente. Los planes que aspiran a una armonización de intereses son ilusos, porque esa relación de antagonismo se consolidó con la mayor penetración de los grandes grupos económicos en la actividad forestal, proceso favorecido por la dictadura que significó una mayor expoliación al pueblo mapuche.

Por otro lado, más que un problema de demandas sectoriales, el antagonismo del Estado chileno y el pueblo mapuche constituye un problema político agudo en el que se implican cuestiones de territorio, espacio, institucionalidades, la relación con el Estado, cuestiones culturales, tradiciones históricas.

La expansión de las relaciones de propiedad capitalistas y la supresión de cualquier derecho de soberanía sobre el territorio de parte de las comunidades mapuche a fines del siglo XIX, fueron dos procesos hermanados. Por eso, se trata de un problema nacional. Por eso, el simple “reconocimiento constitucional” de Chile como un Estado plurinacional no necesariamente resolvería los componentes históricos y actuales que configuran la opresión del pueblo mapuche, mucho menos ahora que las empresas forestales y los grandes grupos económicos imponen una soberanía de hecho basada en su poder económico y control del aparato estatal.

En la década de 1970, después del golpe de Estado, un 50% de la población mapuche residía en el campo.[6]  Pero vinieron el decreto 701[7] de 1974 -un regalo a las empresas forestales- o la parcelación creciente que se abrió paso en 1979 con los decretos 2.568, 2.695 y 2.750 que apuntaban a promover la división de las comunidades y la parcelación de la tierra creciente a fin de suprimir la comunidad como una realidad social y abrirle espacio a un mercado de la tierra.[8] Según Juan Carlos Gómez Leyton, durante “la fase dictatorial, el Estado neoliberal introdujo profundos cambios al interior de las comunidades mapuche que modificaron sustantivamente sus estructuras económicas, sociales y culturales fundamentales. Destacándose, por ejemplo, la introducción de la propiedad privada de la tierra por sobre la propiedad comunitaria colectiva.”[9]Esto fue acompañado de una represión sistemática a dirigentes y militantes de izquierda.

IV

La dictadura y las transformaciones neoliberales aceleraron la emigración mapuche a la ciudad y de los pueblos originarios en general. Según la encuesta CASEN  2015, una de cada cuatro personas que se considera indígena vive en la ciudad y la mayor parte de esta población, un 30%, reside en Santiago, aunque en relación con el total de la población regional, es en la Araucanía donde el porcentaje es más elevado: un 31,7%. Este proceso de desposesión de las tierras ha implicado una proletarización en las peores condiciones: según la misma encuesta, los no indígenas ganan en promedio $150.000 que los indígenas. Como los jóvenes y las mujeres, los mapuche son considerados trabajadores de segunda categoría para los capitalistas.

La derrota que significó la dictadura, contradictoriamente, al situar a los mapuche en las grandes ciudades, abre múltiples vasos comunicantes entre la clase trabajadora, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres y el movimiento mapuche y otras vías para vitalizar la lucha. La emigración a las ciudades y la proletarización precaria es al mismo tiempo un reservorio de odio que las clases dominantes no podrán contener. Por eso el asesinato de Santiago Maldonado no fue “un hecho perdido en el sur” sino un escándalo político nacional que impactó en la situación política nacional en Argentina y que llegó a Buenos Aires, por eso el nombre de Camilo Catrillanca recorre escuelas, fábricas y activa marchas de norte a sur en Chile.

V

Pero el Frente Amplio, luego del asesinato a Catrillanca, se concentra en la política de interpelar al ministro Chadwick, la cual es impulsada centralmente por el Partido Socialista y que ha ayudado para alinear a la oposición parlamentaria. Esa política es de espera hasta el 11 de diciembre, cuando Chadwick tendrá que asistirá la cámara. La fuerza no la están centrando en el paro del 29 del Confech. No hemos visto a sus parlamentarios en las movilizaciones.

Sus aliados en la cámara son militantes de los mismos partidos que en el último gobierno de Bachelet fueron responsables de la “operación Huracán” que fomentaba el montaje y todo tipo de métodos ilegales de represión. Son el mismo conglomerado que a través de la CONADI devolvió algunas tierras mientras la policía asesinaba a luchadores como Matías Catrileo. La Concertación tiene responsabilidad histórica en la opresión al pueblo mapuche.

En el fondo el Frente Amplio intenta basar su política en la ilusión de generar un diálogo en igualdad de condiciones entre el Estado y el pueblo mapuche, por eso actúa así, en el fondo es lo mismo que pensaba la Concertación a inicios de la década de 1990 cuando formaron la CONADI, o a fines de 1980 cuando firmaron el pacto de Nueva Imperial. Hoy el FA plantea: “La situación actual no resiste más planes unilaterales por parte del Estado chileno, sino que requiere un proceso impulsado por ambas partes en un plano de igualdad. Por lo tanto, proponemos y nos ponemos a disposición para construir condiciones para iniciar un proceso de diálogo político vinculante, a través de dos instancias que deben tener participación central de autoridades tradicionales y organizaciones representativas mapuche.”[10]

En base a esa idea central, el conglomerado sostiene plantea que se podría aspirar no sólo a un reconocimiento constitucional del carácter plurinacional del Estado chileno entre otras cosas, sino también la desmilitarización de la Araucanía, que implica “terminar con el denominado “Comando Jungla” y desmovilizar a las Fuerzas Especiales y el GOPE, que mantienen sitiados los territorios y comunidades” y “la derogación de la ley antiterrorista”. Apuntan a la “creación de mecanismos de autogobierno indígena en cada territorio, a efectos de fortalecer el estatus jurídico de los pueblos y naciones originarias, en el marco de un estatuto autonómico, con territorio específico a través de la devolución de tierras usurpadas y bienes que anidan en ellas, como tierras, aguas, patrimonio, medio ambiente, recursos naturales, ganadería, turismo, pesca, educación, salud, etc.”[11]

Consideramos que la disolución del comando jungla y la desmilitarización de la Araucanía, la desmovilización de la policía militarizada, la derogación de la ley antiterrorista son demandas que urgen y compartimos que hay que pelear por ellas. Es necesario igualmente discutir qué implicaría el derecho a la autodeterminación desde el punto de vista de la relación con el Estado y la formación de instituciones político-sociales que la concreticen. Pero el Frente Amplio si bien dice que quiere pelear por eso, supedita la realización de ese programa a un proceso de largo aliento, en el cual habría que conseguir la maravilla de que un Estado como el chileno, defensor de los grandes grupos económicos y con una tradición opresiva contra el pueblo mapuche, dialogue con éste tratándolo “como a un igual”.

Por esa razón de fondo es que para el Frente Amplio no resulta una urgencia que las fuerzas de la clase trabajadora se unan a las del pueblo mapuche en las calles. Ellos piensan que la desmilitarización o la disolución del comando jungla, pueden esperar mientras despliegan sus astucias parlamentarias. No piensan que con cientos de miles en las calles podríamos apostar a pelear seriamente porque se desmilitarice la Araucanía, se disuelva el “comando jungla” y para que podamos garantizar el castigo a los culpables.

VI 

Sólo a través de los métodos de la lucha de clases podremos derrotar a quienes oprimen al pueblo mapuche y explotan a la clase trabajadora. Actualmente, aproximadamente un 86,9% de la población de Chile es urbana[12].  Por eso, esta lucha la tenemos que dar también en las ciudades. La concentración de millones de personas en las ciudades con sueldos bajos y jubilaciones de miseria; el endeudamiento del estudiantado y la precariedad en las poblaciones coexiste con una opresión centenaria a los mapuche, sobre todo en el campo, con militarización y una brutalidad policial que se asemeja a un “estado de excepción como regla” parafraseando al filósofo Walter Benjamin.

Todo esto posibilita que podamos unir las batallas, lo cual es una necesidad. Para que peleemos en serio para que la militarización termine en las comunidades mapuche y para que se disuelva el comando jungla y para que logremos el castigo a los culpables del asesinato de Camilo Catrillanca, tenemos que ser cientos de miles movilizándonos en las ciudades empezando el 29 de noviembre, discutir esto en las federaciones estudiantiles y sindicatos, en los lugares de estudio y trabajo.

Es necesario también ligar este programa con la expropiación de las forestales y su gestión por trabajadores y comunidades, rompiendo con la lógica extractivista que genera estragos ambientales y en la vida de las comunidades mapuche. Manteniendo las actuales relaciones de propiedad es imposible terminar con la opresión.

Si los capitalistas hoy usan a la policía como guardia privada, cuando una fuerza social de millones haga propio un programa con esta perspectiva, buscarán defenderse con su gobierno y Estado.

Por eso un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo basado en la más amplia democracia directa, con organismos de autodeterminación, y que nazca por medio de una revolución social que concentre todas las fuerzas de la clase trabajadora y sectores populares, es una condición necesaria para que se pueda garantizar realmente el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche.

¿A qué nos referimos con derecho a la autodeterminación? Al derecho a discutir si la soberanía del Estado centralizado en la zona histórica de Wallmapu debe concluir y si se debe formar otro Estado o si, en cambio, es más deseable un Estado común y formas de autodeterminación que no impliquen una exclusión de soberanías territoriales entre Estados. Sin derecho a discutir esas variables no existe un verdadero derecho a la autodeterminación. Pero eso será posible garantizarlo sólo si ya no mandan Matte, Angelini ni ningún magnate interesado en la industria forestal y en robar tierra mapuche, ni en Wallmapu ni en Chile. Un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo podrá generar las condiciones para un verdadero derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche y dejar atrás la tradición de opresión forjada al sur del Biobío desde los albores del estado capitalista chileno.

[1] El Mercurio, 25-11-2018

[2] http://planaraucania.sebastianpinera.cl/

[3] http://planaraucania.sebastianpinera.cl/

[4] https://www.weftun.org/ANALISIS/proyectopolitico.html

[5] https://www.laizquierdadiario.cl/Matte-y-Angellini-gran-fortuna-gracias-a-la-dictadura

[6] Marimán, Pablo; Caniuqueo, Sergio; Millalén, José; Levil, José; ¡…Escucha, winka!, ediciones LOM 2006, p.   207.

[7] El decreto 701 “fomenta la forestación de las superficies rurales con monocultivos exóticos de pinos y eucaliptus, mediante un subsidio de hasta en un 75% en el costo y manejo de estas plantaciones. Además este decreto contempla la liberación de impuestos para esta actividad, lo que sumado al bajo costo de la inversión en mano de obra y la alta demanda internacional transforman a las plantaciones forestales en una opción de gran rentabilidad y dinamismo, en desmedro del bosque nativo que pierde progresivamente terreno frente a la expansión territorial de estos monocultivos, cuya superficie en la actualidad supera las 2 millones de hectáreas distribuidas fundamentalmente entre la VII y la X Región”. Levil, Rodrigo; op. cit. p 232.

[8] Describiendo el decreto 2.568, Rodrigo Levil Chicahual escribe: “Con esta ley se abordan y profundizan los mismos objetivos de todas las leyes de división: convertir a los mapuche en propietarios individuales y terminar con las restricciones sobre sus tierras, para de esa forma homogeneizar a la población mapuche junto al resto de pequeños propietarios agrícolas. Se dispone que una vez efectuada la división, las tierras y sus propietarios dejarán de ser considerados indígenas, tal como lo indicaba la Ley en su primer Capítulo.” En esta ley se “contemplaban otros mecanismos que apuntaban a la cesión patrimonial, como la posibilidad de establecer contratos de arriendo por 99 años”. (235)

[9] Gómez, Juan Carlos; Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile: 1990-2010).Editorial Arcis, 2010, p. 394.

[10] https://www.frente-amplio.cl/noticias/desmilitarizacion-y-dialogo-politico-elementos-para-abordar-el-conflicto-entre-el-estado

[11] Ídem