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Europa/España/02 Agosto 2018/Fuente: El país

Un anteproyecto de ley derogará el aumento del ratio de alumnos y de horas lectivas de los profesores, y acelerará las sustituciones de los docentes

Reducir las horas lectivas de los profesores o el número de alumnos por clase y acelerar las sustituciones por baja. El Gobierno quiere desactivar con estas medidas algunos de los ajustes más polémicos aprobados por el Gobierno del PP en plena crisis. Para eso, prepara un proyecto de ley que permitirá revertir los recortes educativos a partir del curso 2019-2020 si obtiene respaldo suficiente. El gasto educativo ha caído más de 7.000 millones —un 13% menos desde 2009, agudizado por los recortes— y se han perdido unos 30.000 profesores, según los sindicatos, que critican que las mejoras no se apliquen ya.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció este lunes un anteproyecto de ley que dará marcha atrás a tres puntos claves del Real Decreto Ley 14/2012, aprobado por el polémico exministro de Educación José Ignacio Wert en 2012 y mantenido en el tiempo por su sustituto, Íñigo Méndez de Vigo. El primero de esos puntos permite un aumento de hasta en un 20% del número de estudiantes por aula —de 27 a 30 en primaria, de 30 a 36 en secundaria obligatoria—. El segundo aumenta la parte lectiva de la jornada de trabajo de profesores de centros públicos y concertados (privados sostenidos con fondos públicos) hasta al menos 25 horas en primaria, cuando antes este era el máximo, y 20 en secundaria, donde la horquilla iba de 18 a 21 horas. El último punto establece que los profesores titulares de baja sean sustituidos a partir del décimo día de ausencia.

Estas medidas, aplicadas con distinta intensidad en las diferentes comunidades autónomas, provocaron la convocatoria de dos huelgas generales, en 2013 y en 2017. Su rechazo ha estado presente además en todas las movilizaciones de la marea verde —la movilización de la comunidad educativa contra los ajustes del PP y su Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)— de los últimos años.

La norma, anunciada el lunes por la ministra Isabel Celaá en la conferencia sectorial de Educación, tiene que seguir ahora los cauces habituales de una ley ordinaria. Fuentes del Gobierno señalan que los recortes se aprobaron a través de real decreto ley porque se podía justificar la urgencia debido a la mala situación económica de entonces. Y añaden que, esa falta de urgencia y la mejora económica, provocan que ahora se tenga que tramitar como ley ordinaria. Aunque se aprobara mañana mismo, sería complicado modificar las programaciones escolares (los horarios, las aulas y el reparto de profesores) que quedan cerrados en julio para que los cambios se aplicaran el curso que viene. Una de las tres medidas, cubrir las bajas antes de 10 días, sí se podrá aplicar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno cree que su propuesta podría llegar al Consejo de Ministros en septiembre o, “a más tardar”, en octubre. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que solo cuenta con 84 diputados de los 350 de la cámara, esperan cosechar el respaldo suficiente. Al tratarse de una ley ordinaria, requiere más votos a favor que en contra, no mayoría absoluta.

Las cinco comunidades autónomas del PP —Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja— se levantaron el lunes de la mesa de negociación. Lo justificaron por la falta de organización y de fondos aunque aseguran que apoyan que se reviertan los recortes. Los sindicatos prometen estar vigilantes. “No creo que esta medida tenga dificultades para salir, porque se han comprometido muchos partidos”, señala Maribel Loranca, responsable de enseñanza de UGT. “Los que no voten a favor tendrán que dar explicaciones a toda la comunidad educativa”, añade.

Para CC OO, la medida del Gobierno va en la buena dirección pero llega tarde. “Los recortes han masificado las aulas, han retrasado de forma muy inconveniente la cobertura de sustituciones de profesores y han dificultado el funcionamiento de los centros”, explica el secretario de Enseñanza de Comisiones, Paco García. “Habría que hacer un esfuerzo para que estas medidas puedan empezar a notarse el curso que viene”, añade. Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato de enseñanza ANPE, cree también que los recortes deberían haber sido derogados mucho antes. Y pide una implantación de estas políticas en todo el Estado, para evitar desajustes entre comunidades.

Lo cierto es que ese desajuste ya existe. Comunidades como Andalucía, Cantabria, País Vasco, Navarra o Cataluña ya habían empezado a reducir las horas lectivas de sus docentes o a rebajar las ratios de alumnos (lo que se aprobó con Wert era una horquilla de máximos y mínimos). El anteproyecto de ley da seguridad jurídica a las autonomías que quieran revertir los recortes, pero no supone un apoyo económico por parte del Gobierno. “Si el Gobierno central tuvo facultad para imponer recortes debe tenerla ahora para garantizar que esta iniciativa se pueda a llevar a cabo económicamente”, critica el responsable de ANPE.

La polémica Lomce

A los recortes de 2012 les siguió, un año después, la Lomce, que el PP sacó adelante cuando contaba con mayoría absoluta pero sin el apoyo de ningún partido en todo el arco parlamentario. Solo Unión por el Pueblo Navarro (UPN) se abstuvo. Entre las medidas más polémicas estaban las reválidas, exámenes externos al final de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato que había que aprobar obligatoriamente para pasar de ciclo. El propio Mariano Rajoy dejó en suspenso estos exámenes, una propuesta contestada desde la comunidad educativa, mientras estaba aún en el Gobierno.

Celaá anunció, en cuanto llegó al Ministerio de Educación, que el Gobierno estaba decidido a “descargar la Lomce de los aspectos más denostados por la comunidad educativa” y volver a una educación que “sea un ascensor social”. En su primera entrevista con EL PAÍS adelantó que acabaría con las reválidas, suprimiría los itinerarios que separan a los alumnos desde los 13 años y que la asignatura de Religión dejaría de contar para la nota media y que habría una nueva asignatura, obligatoria, para enseñar valores civiles y éticos. Celaá anunció también su intención de eliminar el principio de “demanda social”, por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados. Sus palabras indignaron a las escuelas católicas.