La Policía allanó hoy la Universidad Mayor de San Marcos en Perú y desalojó y detuvo a cientos de estudiantes y manifestantes llegados del interior, lo que dio pie a diversas expresiones de condena.
Un carro blindado forzó la reja de la puerta principal cerrada por los alumnos que el miércoles último tomaron la Ciudad Universitaria para alojar allí a grupos de provincianos que arribaron para participar al día siguiente en una jornada de protestas por la renuncia de la presidente Dina Boluarte.
Tras el blindado entraron los policías y registraron las instalaciones y, según fuentes estudiantiles, detuvieron personas hasta en los alojamientos en los que viven permanentemente alumnos becados, mientras un helicóptero de apoyo sobrevolaba el campus.
Voceros de la Federación de Estudiantes de la principal universidad del país y la más antigua de América calificaron como ilegal la intervención por no contar con permiso del centro, pese a lo cual la rectora, Jeri Ramón, avaló la intervención.
La autoridad académica, que se opuso desde un primer momento a alojar a los marchistas, al afirmar que la universidad es un bien público y la Policía tiene puede actuar conforme a sus facultades.
Un comunicado de la institución docente sostuvo que la Policía actuó ”de oficio” (por su iniciativa), en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno ante las protestas sociales.
La abogada de derechos humanos Cruz Silva declaró que la actuación policial es nula por ilegal, pues no contó con la presencia de fiscales, lo que confirmaron fuentes del Ministerio Público, al señalar que acudieron horas después de consumada la intervención.
Por su parte, la congresista Sigrid Bazán, que junto a otros legisladores progresistas acudió a San Marcos preocupada por la situación de alumnos y marchistas -los que quedan, porque parte de ellos han retornado a sus pueblos-, contrastó la operación policial con los pedidos de diálogo de la presidenta Boluarte.
La excandidata presidencial Verónika Mendoza condenó el allanamiento y lo calificó como “inaceptable y riesgoso acto propio de una dictadura
La legisladora Sigrid Bazán indicó que la mandataria cierra la posibilidad de diálogo “al elegir la violencia como camino fácil”, rechazó la represión y exigió respeto a los derechos humanos, y la excongresista Indira Huilca condenó “el accionar repudiable de Dina Boluarte y la rectora Jerí”.
“Es una muestra más del autoritarismo del régimen y su desprecio por la protesta. Los tanques no van a frenar las legitimas demandas populares”, aseveró la exministra de la Mujer, Anahí Durand.
El parlamentario Jaime Quito, del Partido Perú Libre, afirmó que el allanamiento ejecutado que llamó “las amenazas de las autoridades universitarias afines a la dictadura de Dina Boluarte”.
Decenas de miles de profesores de la escuela pública de todo Portugal han marchado este sábado en Lisboa para demandar mejoras en el modelo educativos y en los salarios.
También contra la alteración de los procesos de selección. Esta marcha se suma a las continuas concentraciones, cartas abiertas y huelgas convocadas en las últimas semanas que han tenido lugar en todo el país.
Está previsto que las movilizaciónes duren como mínimo hasta finales de enero y afecten a miles de alumnos. Este 20 de enero el Sindicato de Todos los Profesores se reúne con el ministro de Educación.
Los manifestantes, convocados por el Sindicato de Todos los Profesionales (STOP) luso en la céntrica plaza de Marqués de Pombal, han pedido la dimisión del ministro de Educación, João Costa, y que el Gobierno del socialista António Costa escuche sus peticiones tras «cerca de 20 años de retraso» en la aplicación de mejoras.
«Esta es una marcha abierta a profesores, alumnos, padres y cualquier miembro de la sociedad civil interesado en la defensa de la Escuela Pública de calidad», explicó a EFE Carla Piedade, dirigente nacional de STOP, quien afirmó que «hay un descontento muy grande» en el país en un momento en el que la inflación ha alcanzado niveles récord en 30 años (diciembre cerró en el 9,6%).
Estableció el 2008 (marcado por reformas educativas y recorte de gastos públicos) como el año en el que el empeoramiento aceleró y afirmó que desde entonces los gobiernos han aplicado «una política del silencio, el rechazo a negociar y la imposición de medidas».
«Desde 2008 hasta ahora lo que ha ocurrido han sido sucesivos ataques y este es el momento de decir no más. Basta», añadió.
Aunque no hay cifras cerradas, los organizadores del acto esperaban la presencia de más de 50.000 personas.
Los participantes de la protesta han recorrido la Avenida Liberdade cargados de carteles donde se leía «Basta», «Respeto» y «Luchando también estamos enseñando», entre otros, en un momento en el que el Gobierno propone alterar el mecanismo de reclutamiento y movilidad de los docentes.
El punto final de la marcha ha sido la turística Plaza del Comercio, donde han instalado un escenario donde han repetido sus reclamos y han cantado lemas como «La Escuela Pública jamás será vencida».
Entre ellos estaba Claudia Martins, una profesora llegada en autocar desde Oporto junto a un grupo de más de 300 personas: «Estamos aquí en Lisboa porque en Portugal la Educación llegó al límite de mucha burocratización», alegó a EFE.
Otra profesora, Emanuela Costa (llegada del distrito de Setúbal), cree que «el Gobierno entiende» las dificultades del sector y que «hay una situación económica difícil» que complica atender sus peticiones, pero han llegado al límite.
«Creo que hemos sido una clase pacífica pero ahora hemos aprendido a luchar y a estar unidos. Puede ser que conquistemos alguna cosa», valoró.
En medio del sopor veraniego y vacacional que suele cubrir las conciencias de muchas personas, se desarrolla un drama que los grandes medios de comunicación han ignorado casi por completo. Desde hace alrededor de un mes y medio, los presos mapuches de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) están en huelga de hambre para exigir el cumplimiento de demandas muy acotadas referidas a derechos consagrados. Ellos no están exigiendo su libertad, sino protestando por el abuso de la prisión preventiva como condena previa por ser mapuches y militantes de la CAM, exigiendo al mismo tiempo, condiciones carcelarias de acuerdo a la normativa internacional para miembros de pueblos originarios, más precisamente que su encarcelamiento sea en recintos cercanos a sus domicilios y familias como dice el propio Reglamento de Gendarmería de Chile, a fin de poder recibir visitas frecuentes de sus familiares. Lo que implica su traslado Inmediato a Temuco en cumplimiento del Fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que lo ordenó.
Cabe recalcar que las demandas de estos presos no suponen la obtención de ningún privilegio, su cumplimiento por parte de la autoridad tampoco implicaría infracción alguna a las leyes, convenios y normativas vigentes. Muy por el contrario, el Estado de Chile está obligado a respetar sus compromisos internacionales respecto de pueblos originarios, puesto que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 9, numeral 2 establece que «las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia», agregando a continuación que «en este sentido, y dado el especial vínculo de los pueblos originarios con sus comunidades, tierras, territorios y recursos naturales, la privación de libertad debe considerarse de manera restrictiva, en atención al impacto diferenciado que genera desarraigar a quien adscribe a un pueblo originario». Y como para que no queden dudas, el artículo 10 del mismo Convenio dispone que «cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas sociales y culturales», precisando que «deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento».
Aunque estas y otras normas y directrices referidas al trato de los presos pertenecientes a pueblos originarios han sido confirmadas por distintas instancias internacionales a las que el Estado Chileno se ha adherido y dice respetar, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la práctica son violadas cotidianamente en nuestro país. Independientemente de la valoración que se tenga de la estrategia, las tácticas y métodos de lucha empleados por los comuneros encarcelados, un deber de conciencia de la ciudadanía democrática apegada a los valores universales de los Derechos Humanos, debería traducirse en exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones legales y compromisos internacionales.
Las 50 mujeres que fueron secuestradas por terroristas armados entre el jueves 12 de enero y el viernes 13 de enero en el departamento burkinés de Arbinda, en el norte del país, han sido encontradas, según ha podido saber la agencia de noticias AIB.
El gobernador de la región del Sahel, el coronel Rodolphe Sorgho, anunció en un comunicado fechado el 16 de enero que, desde su desaparición, las autoridades habían llevado a cabo una búsqueda para dar con las mujeres «sanas y salvas», recalcan los medios locales.
Un grupo de 41 mujeres fueron secuestradas cuando se dirigían al monte, a cuatro kilómetros de la ciudad, en busca de hojas y frutos comestibles. Un día más tarde, un segundo grupo, de quince mujeres, corrió la misma suerte en las mismas circunstancias.
Más tarde, se conoció que hubo un tercer grupo de mujeres secuestradas, elevando la cifra de personas en paradero desconocido a casi 80, según informó Radio France Internationale, aunque esta cifra no fue confirmada por las autoridades.
La Secretaría general de la ONU, presidida por António Guterres, condenó el martes el secuestro a la par que instó a las autoridades de Burkina Faso a no escatimar en esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia, según informó su portavoz, Farhan Haq, en un comunicado.
Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, también pidió en un comunicado el lunes la liberación de las mujeres burkinesas secuestradas en la provincia de Soum.
El departamento de Arbinda ha estado bajo bloqueo terrorista durante varias semanas, teniendo lugar de manera reiterada enfrentamientos entre las fuerzas del Ejecutivo de Burkina Faso y dichos grupos armados.
El 20% de los estudiantes franceses vive por debajo del umbral de la pobreza. El aumento del precio de los alimentos y de las facturas de energía agrava su situación. Y sin embargo, Francia concede más ayudas económicas a los estudiantes que muchos otros países europeos.
Nuestra reportera Valérie Gauriat se reunió en París, Rennes y Lyon con algunos de los que luchan por llegar a fin de mes, así como con las asociaciones que les apoyan.
De la covacha a la crisis energética
Los ojos de Baptiste y Mustafa se iluminan al ver los kiwis en su bolsa de la compra. «Los kiwis son un lujo», explica Batiste. Son dos de los mil estudiantes que participaron en el reparto de alimentos organizado en París por COP1, una asociación estudiantil creada durante la pandemia para apoyar a los estudiantes necesitados.
JR A’Weng, director general de COP1, dice que no pensaba que organizarían distribuciones de alimentos después de los cierres covídicos. Pero con la subida de la inflación, «cada vez es más difícil para los estudiantes hacer frente a la situación, y existe una verdadera inestabilidad financiera».
Mayor riesgo de fracaso escolar
Elodie suspendió sus exámenes dos veces en Lyon durante los cierres covid, por lo que perdió su beca. Empezó una nueva vida en Rennes (Bretaña). Pasó un mes en su coche antes de encontrar alojamiento para estudiantes. Aquejada de varias discapacidades, sus gastos médicos, sólo parcialmente cubiertos por la seguridad social, se comen su pequeño presupuesto. Su situación repercute en sus estudios.
» Me duermo durante las clases, falto a clase para ver a un asistente social o para ir a la distribución de alimentos», cuenta.
En Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, la federación de asociaciones de estudiantes, Gaelis, gestiona una llamada tienda solidaria donde los estudiantes pueden comprar productos al 10% del precio de mercado. Su presidenta, Laure Morin, explica: «La falta de seguridad económica que constatamos entre los estudiantes es una enorme carga mental para ellos. Los estudiantes se ven obligados a trabajar. Y si los estudiantes trabajan más de 12 horas paralelamente a sus estudios, tienen tres veces más probabilidades de suspender. »
La bonificación para los trabajadores del sector educación en Venezuela cubre solo el 6,5 % de la canasta básica alimentaria familiar en ciudades como Maracaibo. Los docentes consideran que esa asignación especial es “una burla” y exigen mejores salarios.
Los educadores venezolanos recibieron en las últimas horas una bonificación especial equivalente a poco menos de 30 dólares del gobierno de Nicolás Maduro, en una medida contra lo que el chavismo llama una “guerra económica” de presuntos agentes extranjeros e internos contra su modelo político.
El oficialismo anunció el domingo pasado el depósito de 580 bolívares a los integrantes de las nóminas del sector educación mediante una plataforma de bonos denominada Patria. El monto es igual a 29,5 dólares según la tasa oficial de cambio del lunes de 19,66 bolívares por dólar estadounidense.
La asignación monetaria a decenas de miles de maestros, empleados y obreros de los diferentes niveles educativos dependientes del poder ejecutivo nacional ocurre en medio de unaola de protestas de ese gremioen los principales estados de Venezuela.
El lunes, un día después de la conmemoración nacional del Día del Educador, proliferaron las críticas de los educadores a la bonificación.
“No quiero bono, no quiero CLAP (una caja de alimentos subsidiados por el gobierno venezolano), yo lo que quiero es un sueldo digno ya”, se escuchó repetir a los manifestantes en regiones como Caracas, Bolívar y Zulia.
Los docentes, obreros, empleados y trabajadores administrativos del sector educativo venezolano demandan que el Estado homologue sus sueldos hasta una cifra que les permita costear, por lo menos, la canasta básica alimentaria.
El gobierno madurista determinó en marzo de 2022 que los salarios de los maestros adscritos a sus nóminas fueran entonces de entre 89 y 106 dólares, si bien serían pagados en bolívares a la tasa oficial de cambio. Esas remuneraciones, sin embargo, se depreciaron desde entonces hasta superar a duras penas los 20 dólares al mes para esos docentes.
Ayuda insuficiente
El salario al que aspira el gremio educativo hoy ronda los 474 dólares, lo que cuesta alimentar a una familia de cinco miembros, de acuerdo con una investigación publicada en noviembre por un organismo dependiente de la Federación Venezolana de Maestros.
Como colofón, ocurre que el costo de la canasta básica alimentaria se incrementa en algunas ciudades como Maracaibo, en el occidente del país, cerca de Colombia. Alimentar a una familia allí costó en diciembre como promedio 8.876 bolívares, es decir, 514 dólares.
Hay un extenso camino por recorrer para lograr que los agentes económicos en nuestro país cuenten con ingresos suficientes”
Gustavo Machado, economista venezolano
El bono depositado desde el domingo a los educadores equivale al 6,5 % del costo de la canasta básica alimentaria familiar en la capital del estado más poblado de Venezuela, Zulia, subraya el economista y docente universitario Gustavo Machado.
“Nos da una idea del extenso camino por recorrer para lograr que los agentes económicos en nuestro país cuenten con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades, siendo en primera instancia necesario alcanzar un elevado nivel de consenso social para maximizar las posibilidades de avanzar por la ruta más adecuada”, comentó a la Voz de América.
El reciente depósito en las cuentas de los docentes y empleados del gremio educativo se concreta luego de un año en el que Venezuela registró la peor inflación de América y una de las más notorias en todo el mundo, de 305,7 %, de acuerdo con los registros del opositor Observatorio Venezolano de Finanzas, a falta de cifras recientes del Banco Central.
Bonificación insuficiente para maestros venezolanos. 1
Bonificación insuficiente para maestros venezolanos. 2
¿Cuánto cuesta la comida?
El lunes, un cartón de 30 huevos costaba 6,1 dólares, un precio similar al kilo de carne de res de primera. Apenas 200 gramos de pechuga de pavo rebanada costaban 4,3 dólares en un supermercado de Maracaibo, mientras un litro de aceite reflejaba un precio de 5,69 dólares.
Un kilo de pasta costaba 2,3 dólares a inicios de semana y era necesario invertir entre 1,3 y 1,5 dólares por la misma cantidad de un arroz blanco y una harina de maíz. Un kilo de pollo entero costaba cerca de 4 dólares por kilo, al mismo tiempo que 900 gramos de mayonesa tenía un precio marcado en un mercado del norte marabino de 9,5 dólares.
El queso blanco es uno de los productos más caros. Un solo kilogramo de su versión mozzarella premium costaba 9,6 dólares y el semiduro estaba disponible por 10 dólares.
Con esos precios, según la tasa de cambio de 19,66 bolívares, un docente invertiría su bono de 29,5 dólares en tan solo un kilo de carne, otro de pollo entero, uno más de pasta, harina y arroz, 500 gramos de queso y un poco de jamón rebanado.
“Este bono representa una burla, el desprecio que tiene el gobierno de Venezuela a la educación. Es un absurdo”, expresó a la VOA la profesora de la Universidad del Zulia, Molly González, quien hasta inicios de año era la líder de su gremio en esa institución.
Disponer de poco menos de 30 dólares en un mercado o panadería de Venezuela “no representa absolutamente nada” en beneficio de las alacenas de los docentes, opina. “¿Qué puedes comprar tú con 20 dólares en una Venezuela dolarizada totalmente?”, cuestionó González. Una familia de 4 miembros no puede resolver su problema alimentario con 20 dólares”, aseguró.
Tanto la bonificación especial de las últimas horas como las protestas constantes de los docentes venezolanos ocurren en momentos en los cuales el poder ejecutivo de Maduro ha anticipado que anunciará en breve medidas económicas relevantes.
Los expertos independientes han interpretado esa previsión gubernamental, hecha por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, como la antesala a un nuevo aumento del salario mínimo en Venezuela, que hoy apenas ronda los 6,6 dólares por mes o 130 bolívares.
Como lo apunta Carmen Teresa Márquez, presidenta electa de la Federación Venezolana de Maestros, los profesores de todos los niveles educativos esperarán tales decisiones en la calle, exigiendo pacíficamente la asignación mensual de un sueldo “digno”.
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