Gremios universitarios denuncian la exclusión de jubilados en el pago de bonos y exigen salarios dignos, mientras que docentes de Miranda, Lara, Táchira y Mérida aseguran que mantendrán la organización y las protestas hasta lograr reivindicaciones laborales y el respeto a sus derechos.
Equipo de corresponsales
Mientras el país enfrenta las consecuencias de la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio, gremios universitarios y docentes de distintas regiones del país advierten que la crisis laboral del sector educativo se continúa profundizando. Representantes de asociaciones de profesores y de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) aseguran que las dificultades derivadas de la emergencia no pueden invisibilizar los reclamos por salarios dignos, seguridad social y el respeto a los derechos laborales.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) emitió un comunicado en el que cuestionó la actuación del Ejecutivo en materia laboral. El gremio rechazó que el bono de Responsabilidad Profesional, cancelado el pasado 30 de junio, excluyera a docentes jubilados, contratados y a tiempo convencional.
También criticó que el denominado «Bono Especial de Vacaciones», equivalente a unos 65 dólares al tipo de cambio del 8 de julio, fuera anunciado en dos pagos, previstos para el 10 y el 25 de julio.
«En momentos como el actual, la responsabilidad del Estado con sus trabajadores debe ejercerse con empatía y máxima responsabilidad», señaló la asociación.
Para el gremio universitario, repetir la exclusión de los jubilados en este beneficio «no solo es ilegal, sino esencialmente inhumano», al tiempo que recordó que la tragedia derivada de los terremotos ocurre en medio de una crisis social preexistente que también requiere atención.
Por ello, exigieron el pago del bono de Responsabilidad Profesional para todos los universitarios y que la bonificación vacacional sea cancelada en una sola fecha.
En Miranda mantienen la organización gremial
Esta determinación también se refleja en el estado Miranda, donde los educadores aseguran que su lucha gremial no se va a detener a pesar del silencio institucional y los intentos de amedrentamiento.
Los representantes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en la entidad, junto a otras organizaciones gremiales, confirman que las bases magisteriales se mantienen unidas y firmes en sus reclamos.
Al respecto, el profesor René Zapata, secretario de organización de la FVM para el eje Tuy-Guaicaipuro, explicó que el descontento es absoluto debido a sueldos devorados por la inflación, la falta de seguridad social y la asignación de bonos que no cubren la canasta básica.
Ante esta realidad, Zapata recalcó que la ruta sindical sigue clara y advirtió que, si el Ejecutivo nacional persiste en ignorar las solicitudes del sector, la base trabajadora mantendrá su organización de cara a la convocatoria de un paro nacional.
Esta postura se extendió hacia la región de Barlovento. Roymer Durán, presidente de la FVM en el municipio Acevedo, sostuvo que la unificación de los maestros rurales y urbanos en una misma exigencia de dignidad laboral es total.
Asimismo, el dirigente recordó que el derecho a la movilización está amparado legalmente y aseguró que no abandonarán las calles hasta lograr la firma definitiva de la convención colectiva.
En Lara: «el sector gremial sigue de pie, con la dignidad intacta»
En Lara, el sector educativo mantiene su lucha por reivindicaciones laborales. Deborah Velásquez,presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Apucla), advirtió que no cesarán en la exigencia de salarios dignos, tras cuatro años de congelamiento desde su migración al Sistema Patria.
Velásquez señaló que, ante una economía dolarizada, el gobierno ha respondido con una política de bonificación que no incide en prestaciones sociales ni en bonos vacacionales o navideños. Asimismo, denunció que la reciente prima de profesionalización excluye a los jubilados, ignorando su meritocracia y trayectoria académica.
«No es que queremos exigir algo que no nos corresponde, nos corresponde. Y por eso la firmeza y la objetividad que tenemos en esta lucha inédita para los trabajadores», recalcó.
Pese a décadas de acciones, incluyendo la histórica marcha a pie de Barquisimeto a Caracas en 2013 y la entrega constante de documentos, la respuesta gubernamental ha sido la indiferencia.
«El gobierno aplica una política de oídos sordos: no escucha, no atiende y no resuelve», lamentó Velásquez.
No obstante, frente a la pulverización del poder adquisitivo, reafirmó el compromiso gremial. «Tras 27 años de lucha, seguimos de pie y con la dignidad intacta hasta alcanzar las reivindicaciones que nos corresponden por derecho, constitucionalmente».
En Táchira y Mérida: no se nos puede olvidar luchar por un salario digno
En Mérida, dirigentes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) destacaron al equipo de El Pitazoque, aunque la emergencia actual es prioritaria, la exigencia salarial sigue siendo clave para el bienestar del sector educativo.
«A nosotros no se nos ha olvidado, ni se nos puede olvidar jamás, que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos; por un salario digno, como establece la Constitución en su artículo 91, que cubra las necesidades básicas del docente», manifestó Lucybel Rivera, dirigente del magisterio.
Asimismo, denunció que, a pesar de que la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en más de 785 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), los docentes apenas ganan entre 1 y 3 dólares mensuales.
«Necesitamos como 400 salarios para cubrir la canasta básica y la canasta alimentaria (…) Nosotros nos ganamos el título y tenemos años de servicio. Por ejemplo, yo ya tengo 28 años, pero no me jubilo porque dependo del bono de guerra, que lamentablemente no es salario. Una miseria para todos los venezolanos», afirmó.
Por su parte, Ramón Alí Contreras, presidente de la FVM en Mérida, señaló que la crisis de los servicios públicos y las condiciones laborales impactan en la estabilidad emocional de los maestros, una situación que también repercute en el proceso de enseñanza.
«Queremos vivir una vida digna que nos permita responder a los alumnos, quienes necesitan nuestra atención. Un maestro que no coma bien, que no se recrea y que tenga los servicios básicos cortados, se siente afectado psicológicamente y eso no estimula tampoco al niño, quien también siente esa realidad», expresó.
Evencio Zenón, representante gremial del Táchira, resaltó la necesidad de reinstitucionalizar el país para que la crisis económica del país pueda tener una mejor gestión y realmente sean solucionados los problemas de los empleados públicos.
Además indicó que es necesario que, pese a la tragedia de La Guaira, se hable sobre la convocatoria de elecciones porque ya se cumplieron los 180 días de la ausencia de Nicolás Maduro, por lo que se deben establecer los mecanismos que permitan que haya nuevas autoridades en Venezuela: «ya el interinato terminó, necesitamos nuevas autoridades», sentenció.
Zenón recordó que los empleados públicos perciben menos de un dólar mensual como sueldo y que los bonos les ayudan, pero no son salario y no tienen incidencia en sus beneficios laborales.
Los gremios coinciden que la emergencia nacional no puede convertirse en una razón para postergar las reivindicaciones laborales del sector educativo. Mientras esperan respuestas del Ejecutivo, docentes universitarios y de educación básica reiteran que mantendrán la organización gremial y las acciones de protesta hasta lograr mejoras salariales, el cumplimiento de la contratación colectiva y el reconocimiento de sus derechos laborales.
Educadores continúan con la exigencia de salarios dignos: «la lucha sigue en pie»
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