Los aspirantes presidenciales proponen estrategias diversas que incluyen ampliar el acceso a la universidad, fortalecer la formación técnica en regiones vulnerables, integrar nuevas tecnologías y renovar la educación pública, junto con incentivos para la permanencia estudiantil y la actualización curricular
Por Dahana Ospina
Expectativas sobre la educación en Colombia apuntan a mayor cobertura, mejor calidad, integración de tecnología y cierre de brechas en todo el territorio nacional. – crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Según una recopilación de El Tiempo, los principales candidatos presidenciales han convertido la crisis educativa en un eje central de sus campañas, con propuestas divergentes en cobertura, calidad y modernización. Frente a una caída pronunciada de la matrícula, altos índices de deserción y bajos resultados en pruebas nacionales e internacionales, los programas apuestan por desde ampliar la educación superior hasta incorporar la inteligencia artificial en la enseñanza.
Iniciativas recientes del Gobierno
Durante la administración de Gustavo Petro, el foco estuvo en la educación superior. La meta oficial fue la creación de 500.000 nuevos cupos universitarios, aunque el mandatario afirmó haber alcanzado ya 400.000, cifra aún no verificada por datos oficiales hasta 2024. El programa ‘Universidad en tu Territorio’ priorizó la apertura de sedes universitarias en regiones apartadas, aunque muchas corresponden a adecuaciones de instalaciones existentes, según reportó El Tiempo
El sistema educativo colombiano enfrenta baja cobertura, alta deserción y desafíos en calidad y resultados académicos. – crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Pacto Histórico: acceso, diversidad y memoria
La fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué propone fortalecer la educación pública en todos sus niveles con mayor presupuesto, calidad e inclusión. El énfasis está en llevar la universidad a territorios rurales históricamente excluidos, mediante la creación de multicampus universitarios independientes o filiales de instituciones existentes, especialmente en regiones como Mompox.
Plantean el fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), en reconocimiento a la diversidad cultural, y la inclusión de apartados sobre memoria histórica y liderazgo social en los textos escolares de historia de Colombia. “Sin memoria no habría reconciliación”, afirman los candidatos, según recogió el medio.
Defensores de la Patria: virtualidad, tecnología y articulación con el sector productivo
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo impulsan una reforma para internacionalizar la educación y conectar los programas con las demandas del sector productivo. Su propuesta incluye la creación de una universidad virtual con acceso a conectividad y computadores gratuitos, así como créditos blandos y programas de méritos para los mejores talentos.
Entre los ejes centrales está la formación en inteligencia artificial, computación cuántica y robótica, además de la capacitación de cien mil jóvenes rurales en emprendimiento, con acceso a crédito y mentoría. Proponen fortalecer la evaluación docente y fomentar la inversión privada en ciencia y tecnología.
Cepeda apuesta por fortalecer la educación pública y la inclusión; De la Espriella propone virtualidad y formación tecnológica. – crédito Visuales IA
Centro Democrático: libertad de elección y formación dual
La fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo prioriza la libertad de elección entre colegios públicos y privados de calidad, con la entrega de 150.000 bonos educativos para los más vulnerables y 187.000 cupos gratuitos en colegios en concesión. El plan incluye la consolidación de supercolegios públicos de excelencia, la actualización de programas en inteligencia artificial y la promoción de liderazgo escolar.
Plantean reformar el Icetex para que los créditos solo se paguen cuando el estudiante esté empleado y en función de su salario, y rescatar el programa Colfuturo para financiar estudios de posgrado en el exterior. Prometen formar a un millón de jóvenes en habilidades digitales, ofrecer cursos gratuitos con internet incluido y articular la educación media técnica con empresas a través de formación dual desde noveno grado.
Dignidad y Compromiso: enfoque STEAM e integración con el mundo del trabajo
Sergio Fajardo y Edna Bonilla consideran que la transformación educativa es esencial para la movilidad social. Sus propuestas se organizan en tres ejes: ampliar el acceso a educación inicial de calidad para niños de cero a cinco años, transformar la educación básica y media con metodologías STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), e integrar la formación técnica y universitaria con el mercado laboral.
Plantean un proyecto nacional de enseñanza de matemáticas y la conversión de las instituciones educativas en comunidades de aprendizaje, con programas de salud mental, convivencia democrática, inclusión y fortalecimiento de la educación rural y etnoeducación.
Valencia promueve la libertad de elección y formación digital; Fajardo impulsa enfoques STEAM; López plantea becas e innovación curricular. – crédito VisualesIA
Con Claudia Imparables: becas, infraestructura y renovación curricular
La propuesta de Claudia López y Leonardo Huerta incluye la transformación del Sena para responder a necesidades regionales, y la creación de una agencia nacional de educación, trabajo y emprendimiento que unifique el sistema posmedia. El eje central es llevar el programa ‘Todos a la U’ a nivel nacional con un millón de becas adaptadas a las necesidades regionales.
Buscan universalizar el preescolar de tres grados, renovar la infraestructura de las sedes oficiales y diseñar un plan especial para educación rural con pertinencia intercultural. Promueven una renovación curricular participativa, la integración de competencias del siglo XXI y la incorporación de la educación socioemocional y la salud mental en las políticas educativas.
Panorama actual: cifras y desafíos estructurales
La situación educativa es alarmante. El Tiempo detalla que la matrícula escolar disminuye a un ritmo cuatro veces superior al de la caída demográfica. Mientras en 2018 la cobertura bruta en preescolar era de 41,3%, en 2024 ese índice bajó a 38,8%. El 55% de quienes inician la primaria logran llegar hasta el último grado, pero solo la mitad de los jóvenes en edad de cursar décimo y once están dentro del sistema.
En educación superior, más de la mitad de los matriculados no se gradúa, con una tasa acumulada de 44,22% según el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (Spadies).
Los resultados en calidad tampoco mejoran. Las pruebas Saber muestran estancamiento, y en las pruebas Pisa de 2022, Colombia quedó por debajo del promedio mundial en matemáticas, lectura y ciencias. El Banco Mundial estima que dos de cada tres niños menores de 10 años no logran comprender textos adecuados para su edad.
El ajuste más significativo recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, mientras que la medida afectó directamente a proyectos edilicios de 13 universidades nacionales.
El Gobierno argentino, a cargo del presidente ultraderechista Javier Milei, oficializó un recorte presupuestario que afecta programas de la Secretaría de Educación y bloquea transferencias para infraestructura universitaria.
El Gobierno nacional recortó 78.768.179.759 de pesos (más de 56 millones de dólares) en partidas asignadas a la Secretaría de Educación y suspendió el envío de fondos destinados a proyectos de infraestructura en universidades nacionales, según consta en los registros de gastos de la administración nacional.
La medida, formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, impacta en programas vigentes y en la ejecución de obras edilicias del sistema educativo público.
Impacto en alfabetización y salario docente
El ajuste más significativo recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una reducción de $35.288.051.713, afectando principalmente las transferencias de fondos hacia las provincias para la ejecución del programa. Asimismo, el Poder Ejecutivo suprimió el Fondo de Compensación Salarial Docente por $8.929.835.294, instrumento encargado de nivelar los sueldos mínimos de los maestros en todo el territorio argentino.
Hace algunos años, mientras cursaba una maestría en Estados Unidos y tomaba una clase sobre descolonización, leí por primera vez algo que me dejó completamente desconcertada: en Argentina hay, y siempre hubo, población afrodescendiente.
Tenía más de veinte años. Había pasado toda mi escolaridad en Buenos Aires. Y, sin embargo, esa parte de la historia nunca había formado parte de lo que aprendí. No era que me la hubieran enseñado mal: directamente no estaba.
Ese momento fue un quiebre. Me obligó a volver sobre mi propia educación y preguntarme: ¿Qué significa crecer en un país donde ciertas presencias han sido sistemáticamente borradas? ¿Cómo se construye una identidad nacional a partir de silencios?
Esa pregunta se volvió aún más concreta cuando recordé una escena de mi infancia escolar, que después se volvió parte de un proyecto (Rodríguez-Fransen et al., 2025). La memoria era algo así:
Era el 25 de mayo, un día para celebrar el inicio de la independencia de Argentina, y ella tenía seis años. Apenas podía contener su emoción mientras su mamá la ayudaba a prepararse para la escuela: vestía una falda colorida, una camisa blanca y un pañuelo en la cabeza; llevaba un canasto con pastelitos. Estaba lista para su gran actuación.
—¿Quién se supone que soy, mamá? —Una negrita. Vendiendo pastelitos en la calle.
No estaba muy segura de quién era ese personaje; solo se sentía aliviada de no tener que ser una “dama antigua”. Nunca le gustaron mucho las princesas, y las damas antiguas se parecían a ellas, con sus vestidos largos y el maquillaje. Además, se suponía que debían comportarse correctamente. Le divertía que su personaje fuera cómico y ruidoso, gritando: “¡pastelitos calientes que queman los dientes!”
A medida que se acercaba el momento de salir al escenario, comenzó a formarse con sus compañeros para que la maestra aplicara los toques finales en sus rostros: debían pintarlos de negro con un corcho. Notó que su amiga Amparo, la única niña de piel morena en la clase, esperaba en la fila detrás de ella. Confundida, le preguntó a su maestra:
—¿Por qué la están pintando si su piel ya es morena?
La maestra simplemente se rió y continuó pintando su rostro. Después de la actuación, la maestra le contó la historia a la mamá de la niña, quien también se rió.
En ese momento no entendí lo que esto significaba. Solo me dio vergüenza que se rieran de mí. Pero como adulta, le encontré otro significado: mi maestra y mi mamá no estaban formadas ni preparadas para dar otra respuesta, para usar esa instancia como momento pedagógico.
El problema: una identidad nacional construida sobre la eliminación
Argentina ha sostenido durante siglos una narrativa de homogeneidad: un país blanco, europeo, y “sin problemas raciales”. Pero esa imagen no es inocente ni natural. Es el resultado de procesos históricos, políticos y educativos que han invisibilizado activamente la presencia afrodescendiente y de otras identidades (Andrews, 1989; Geler, 2016; Ocoró Loango, 2011).
Las investigaciones muestran que esta invisibilización ha operado a través de múltiples mecanismos: omisión en los contenidos escolares, representaciones estereotipadas, y la relegación de las personas afro a un pasado colonial, como si no existieran en el presente (Balsas, 2011; Douer, 2021). En la escuela, esto se vuelve particularmente evidente. Los manuales, los actos escolares y las efemérides han enseñado generaciones enteras quién “pertenece” a la nación y quién no.
En una investigación previa que realicé, entrevisté a estudiantes argentinos sobre los actos del 25 de mayo. La mayoría asociaba esas representaciones con pueblos indígenas, sin reconocer su vínculo con la población afroargentina. Esto muestra hasta qué punto la eliminación ha calado en el imaginario colectivo. No se trata solo de una ausencia de información. Se trata de una forma de organizar la memoria colectiva de un país.
Mi proyecto doctoral: recordar juntas/os para imaginar otras historias
A partir de estas preguntas, desarrollé un proyecto de investigación como parte de mi doctorado en Educación en la Universidad Estatal de Arizona (ASU), en Estados Unidos.
El proyecto propone crear un espacio colectivo donde personas que se identifiquen como afroargentinas y personas que no – incluyéndome a mí misma como investigadora/participante – podamos reunirnos a compartir memorias sobre nuestras experiencias escolares.
El objetivo no es simplemente “recuperar” el pasado, sino entender cómo aprendimos a ver, o a no ver, la diversidad en Argentina, y cómo esas memorias pueden abrir nuevas formas de pensar la identidad, la educación y la justicia.
¿Qué es la metodología de memoria colectiva?
La investigación se basa en una metodología llamada memoria colectiva (o collective memory work), desarrollada inicialmente en el campo feminista (Haug et al., 1987).
Esta metodología parte de una idea clave: nuestras experiencias personales no son solo individuales, sino que están profundamente moldeadas por contextos sociales, históricos y políticos. Las memorias que recordamos – y cómo las recordamos – participan en la construcción de quiénes somos (Crawford et al., 1992; Hawkins et al., 2016).
A diferencia de enfoques tradicionales, la memoria colectiva no busca verificar si los recuerdos son “exactos”, sino explorar qué revelan sobre los sistemas en los que vivimos. Como señalan diversas autoras, recordar es una forma de producir conocimiento situado, encarnado y relacional (Davies & Gannon, 2006; Mnemo ZIN, 2024).
En la práctica, esto implica:
Escribir y compartir recuerdos breves sobre experiencias específicas (por ejemplo, mi memoria sobre el acto escolar del 25 de mayo)
Escuchar las memorias de otras personas
Reflexionar colectivamente sobre patrones, emociones y silencios
Reescribir esas memorias a partir del diálogo
El proceso es tanto analítico como afectivo. A través de él, lo que parecía una experiencia individual comienza a revelar estructuras más amplias: racismo, invisibilización, pertenencia, exclusión. En este sentido, la memoria colectiva no es solo una técnica de investigación. Es también una práctica política y decolonial: una forma de cuestionar quién tiene derecho a producir conocimiento y qué historias cuentan como válidas.
¿Por qué es importante la participación comunitaria?
Este proyecto también parte de una preocupación ética central: evitar la extracción académica. Durante mucho tiempo, las investigaciones han hablado sobre comunidades sin involucrarlas realmente en la producción de conocimiento. Frente a eso, la memoria colectiva propone otra lógica: co-crear conocimiento con quienes participan (Lamborghini et al., 2017).
Esto implica que:
Las personas participantes no son “objetos de estudio”, sino co-investigadoras
Las memorias producidas pertenecen también al grupo
El material generado puede ser utilizado por las/los propias participantes en distintos espacios (escuelas, arte, publicaciones, etc.)
Además, el proceso mismo puede tener un valor transformador. Recordar en colectivo permite cuestionar lo que parecía “normal”, poner en palabras lo no dicho, y abrir nuevas formas de comprensión.
¿Cómo participar?
Estoy invitando a participar en este estudio a personas que:
Hayan completado la secundaria en Buenos Aires, aproximadamente entre 1995 y 2015
Se identifiquen como argentinas/os o afroargentinas/os
La participación incluye:
Un taller presencial de medio día (durante un día del fin de semana en CABA, en el taller de la artista Mirta Toledo)
Actividades de escritura reflexiva, discusión grupal y memoria colectiva
Participación en una actividad artística guiada por la artista argentina Mirta Toledo
Una discusión virtual posterior de aproximadamente 1 hora (opcional)
Consentimiento para grabación de audio con fines de investigación
Compensación y logística
Las personas participantes recibirán:
USD 60 (o equivalente en pesos argentinos)
Almuerzo y refrigerios durante el taller
Viáticos para el traslado al lugar del taller
Contacto
Si te interesa participar o querés saber más, podés contactarme:
vdesimon@asu.edu (+1) 919-748-8488 (WhatsApp)
Este proyecto nace de una pregunta or preocupación personal, pero no es solo mío. Es una invitación a pensar juntas/os qué historias nos contaron, cuáles no, y qué podemos hacer con eso.
Educadores se movilizan en reclamo a la inclusión de estudiantes con discapacidad
Educadores marchan este viernes por inclusión real y contra sobrecarga de trabajo
Los docentes de la Organización de Trabajadores de la Educación-Sindicato Nacional (Otep-SN) se movilizarán mañana viernes 30 de mayo en protesta por la creciente sobrecarga laboral, en reclamo de financiamiento para proyectos educativos y una verdadera implementación de la Ley de Educación Inclusiva.
La convocatoria está marcada para las 07:00 frente al Panteón Nacional de los Héroes, desde donde marcharán hasta el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para entregar su propuesta.
La profesora Blanca Ávalos, dirigente de la OTEP-SN, explicó tras la reunión intersindical de esta semana en el MEC que la ley de inclusión —promulgada en 2022— “no está funcionando” porque la cartera educativa no generó los espacios ni designó a los profesionales necesarios para acompañar el proceso de aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales.
“Nosotros no somos técnicos para hacer los ajustes razonables que exige la ley. Según los artículos 8 y 9, deben estar los siete técnicos que acompañen el proceso, pero eso no se cumple”, expresó Ávalos, quien denunció que las promesas del Ministerio solo “ponen paños mojados” en vez de ofrecer soluciones reales.
La dirigente también cuestionó la falta de financiamiento para los programas que se implementan en las instituciones educativas y aseguró que esto genera una sobrecarga laboral y económica sobre los docentes, especialmente en lo que se refiere a la implementación de ajustes razonables para garantizar la inclusión.
Mencionó también el impacto de otros programas, como el plan Hambre Cero, que, según ella, “repercute negativamente” en el día a día de los educadores.
“Nuestra herramienta es la lucha. Es insistir, es exigir al gobierno de turno que cumpla. Si la Resolución 376 no se puede aplicar por falta de recursos, pedimos que se suspenda o se modifique hasta que haya fondos”, afirmó Ávalos.
Aunque el MEC propuso el martes instalar mesas de trabajo para abordar los reclamos, la OTEP-A considera que eso no justifica suspender la movilización. “Las marchas son necesarias para visibilizar las carencias del sistema y exigir respuestas concretas”.
El V Torneo de Debate Educativo de Andalucía 2025/2026 reunió a 120 alumnos de las ocho provincias andaluzas en Jerez de la Frontera. Durante el lunes 5 y martes 6 de mayo, los estudiantes participaron en sesiones de debate en español, inglés y francés, además de exhibiciones en chino, alemán y portugués, promoviendo el debate como herramienta educativa.
Los alumnos representaron a 24 equipos de Institutos de Enseñanza Secundaria de toda Andalucía. La temática central del debate fue la responsabilidad legal de las plataformas digitales en casos de ciberacoso. Esta pregunta invitó a los estudiantes a reflexionar sobre la convivencia digital y la responsabilidad en las redes sociales, estimulando un pensamiento crítico.
Participación de estudiantes andaluces
El torneo, de carácter formativo y no competitivo, busca fomentar habilidades como investigar, argumentar y escuchar. El objetivo no es el resultado, sino el proceso de aprendizaje en sí mismo. Este enfoque permite a los estudiantes aprender a defender sus ideas mientras respetan las opiniones de los demás, promoviendo un ambiente de respeto y diálogo.
En la categoría de español, el IES Santa Teresa de Jaén se proclamó campeón, mientras que el SAFA San Luis de El Puerto Santa María de Cádiz fue subcampeón. En inglés, el ganador fue el IES Carlos III de Aguadulce, Almería, y el subcampeón fue el IES Ángel Saavedra de Córdoba. En francés, el IES Cristine Picasso de Málaga triunfó, seguido por el IES Alto Conquero de Huelva.
El lunes 5 de mayo se llevaron a cabo las primeras rondas de debate en el Conservatorio Joaquín Villatoro. Además, se realizaron exhibiciones en idiomas como chino, alemán y portugués. El martes 6 de mayo, las sesiones finales y la entrega de reconocimientos tuvieron lugar en los Claustros de Santo Domingo, cerrando así el evento.
La clausura del torneo se convirtió en un espacio de encuentro para estudiantes, docentes, jurado y organización. Este evento no solo celebró el trabajo de los participantes, sino también el esfuerzo de los docentes y centros educativos que impulsan proyectos transformadores.
La caída de la lectura en Argentina refleja una transformación más profunda: la pérdida de control sobre el propio tiempo. Que cueste tanto sentarse a leer no se explica por un problema de hábito, sino de disponibilidad. Entre plataformas diseñadas para retener la atención, jornadas laborales extendidas y precarizadas, y tareas de cuidado no remuneradas, el tiempo para leer se ocupa antes de empezar. Lo que falta no es interés, sino condiciones materiales. La lectura quedó atrapada en una disputa más amplia que —para los autores de este texto— exige dar una batalla en tres frentes.
La crisis de lectura actual no se explica por una “falta de hábito”, sino por el síntoma de una ocupación territorial: el tiempo —el insumo básico para la construcción de sentido— ha sido colonizado por un complejo entramado de precarización laboral, gestión algorítmica y extractivismo atencional. Los datos de la última encuesta nacional de consumos culturalesmuestran que la proporción de la población argentina que leyó al menos un libro (físico o digital) en el año pasó del 57 por ciento en 2013 al 51 por ciento en 2022. A esto se le suman los datos de Cámara Argentina del Libro (CAL): el 80 por ciento de las editoriales declaró haber vendido menos libros durante 2024 y 2025 que en el año previo.
Leer un libro hoy demanda ejercer una violencia deliberada contra la propia agenda. Es una operación de sabotaje contra un sistema que penaliza la improductividad y fragmenta la concentración. Esta crisis no es estética, es de soberanía sobre el propio tiempo. Como sostiene Jonathan Crary, el sistema actual avanza hacia la colonización total de las horas del día, erosionando cualquier intervalo de inactividad como si fuera un residuo a eliminar. El “tiempo improductivo”, escribe, es “una interrupción intransigente del robo de tiempo que el capitalismo ejerce sobre nosotros”.
Leer un libro no es mejor ni peor que otras formas de usar el tiempo libre. Pero tiene algo que la mayoría de esas formas perdieron: exige estar entero. Mientras uno lee, los ojos siguen la línea, las manos sostienen el libro, la respiración se acomoda al ritmo de las frases. No hay pantalla que parpadee, notificación que interrumpa, algoritmo que adivine la página siguiente. Ese tiempo no se fragmenta, no se acelera, no se extrae. Es de uno y no le sirve a nadie más.
La lectura no es una marca de un culto de iniciados. Es una herramienta política y social, un entrenamiento en la demora del juicio. Mientras el algoritmo nos empuja a decidir en fracciones de segundo —me gusta, no me gusta, siguiente—, un libro obliga a sostener una frase, un párrafo o un argumento que puede tardar cien páginas en cerrarse. Ese ritmo pausado es una forma de resistencia cognitiva al cortoplacismo que domina el debate público. La lectura nos prepara mejor para seguir razonamientos complejos, para detectar contradicciones, para no morder el anzuelo de una consigna. En una época donde la política se reduce a titulares y tuits, leer sostiene la posibilidad de pensar de otra manera.
Esa ocupación del tiempo se materializa a través de lo que Nick Srnicek caracterizó como “capitalismo de plataformas”. Las grandes empresas tecnológicas funcionan como nuevas infraestructuras digitales cuya principal materia prima es la extracción masiva de datos de comportamiento, que luego se procesan para predecir y modular nuestras acciones. Shoshana Zuboff acuñó el término “excedente conductual” para profundizar esta idea y describir cómo las plataformas no solo extraen datos sino que fabrican productos de predicción sobre nuestro comportamiento futuro, compitiendo en “mercados de futuros conductuales”. Su diagnóstico es contundente: el poder de estas corporaciones ya no se limita a conocernos, sino a modificarnos.
Ante este panorama, la lucha por la lectura es inseparable de la lucha por la soberanía sobre la atención. La crisis de la lectura no es, en este sentido, una crisis de gustos o de hábitos; es una crisis del propio tiempo, de nuestra disponibilidad hacia y para nosotros mismos, de nuestra capacidad de moldearnos de maneras alternativas.
Para que alguien abra un libro hoy, debe ganar una guerra en tres frentes. No es una metáfora: es una disputa por la base material de la existencia humana. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con jerarquía constitucional, reconoce explícitamente el derecho de toda persona “al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren”, entre otras cosas, “descanso, disfrute del tiempo libre y limitación razonable de las horas de trabajo”.
I. Frente remunerado: la jornada sin muros
El empleo mutó en una “jornada total”. La tecnología eliminó la barrera física de la oficina, pero el marco legal argentino —tras las reformas laborales comprendidas en la ley bases y “modernización laboral”— profundizó este sendero imponiendo nuevas modalidades de flexibilización de la jornada: el banco de horas, la desregulación de la jornada a tiempo parcial, la exclusión del límite diario y semanal para determinadas actividades y la ampliación indiscriminada de las facultades del empleador.
A ello debemos sumar al menos dos factores trascendentales. En primer lugar, el 43 por ciento de los ocupados en Argentina lo hace de manera informal, es decir, unas 8,9 millones de personas sin derechos laborales y, en la mayoría de los casos, en condiciones de mayor precariedad, sin límite legal de la jornada. Y a esto se le suma que, en los últimos ocho años, la cantidad de personas con más de una ocupación aumentó en más de un 40 por ciento, según datos relevados por el Centro CIFRA. Y de los pluriempleados, según estudios del FCE-UBA, más del 60% trabaja en aplicaciones de plataforma.
El derecho a la desconexión
Según estudios realizados por consultoras laborales alrededor del 40 por ciento de los argentinos tiene dificultades para desconectarse del trabajo fuera del horario laboral y casi un 80 por ciento dice estar estresado en su trabajo.
La Ley de Teletrabajo da una respuesta concreta: establece que el empleador no puede remitir comunicaciones fuera de la jornada laboral, que el trabajador tiene derecho a no contestar, regula la desconexión digital e incorpora el derecho a interrumpir la jornada de trabajo por tareas de cuidado. Este derecho alcanza —al menos hasta el 1 de enero de 2027, fecha en la cual quedará derogada por la Ley de Modernización Laboral— a quienes trabajan en relación de dependencia en establecimientos ajenos al empleador, mediante las tecnologías de la información y comunicación, con excepción de quienes lo hagan en forma esporádica u ocasional.
Europa reguló este derecho a través de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital del año 2023, mediante el compromiso de “velar por que toda persona pueda desconectar y beneficiarse de salvaguardias para asegurar el equilibrio entre vida privada y vida laboral en un entorno digital”. En el caso español se encuentra regulado desde 2018 para trabajadores del sector público y privado el “derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”.
Management algorítimico y gig economy
Ya son alrededor de un millón las personas que trabajan como repartidores o conductores de aplicaciones en Argentina según distintas estimaciones. Este crecimiento ocurre en paralelo con el aumento de la desocupación, según datos del INDEC, que aumentó al 7,5% a fines de 2025, el nivel más alto desde la pandemia, afectando a casi 1,7 millones de personas.
Las plataformas digitales de trabajo organizan, controlan y evalúan a sus trabajadores mediante sistemas de gestión algorítmica, tal como lo define la OIT. Los algoritmos miden la productividad, los tiempos de respuesta, la disponibilidad y las calificaciones de los clientes para asignar tareas, rutas y premios o castigos, con una opacidad que impide cuestionar sus decisiones. Quien rechaza pedidos, cancela tareas o se toma días de descanso ve caer su calificación, lo que se traduce en menos ofertas de trabajo, horarios menos rentables, zonas de reparto más alejadas e incluso la desactivación de su cuenta. El resultado es una disponibilidad perpetua: los trabajadores deben estar constantemente conectados y disponibles para no ser expulsados del sistema.
En nuestro país, la Ley de Modernización Laboral establece en su primer artículo que los prestadores independientes de plataformas tecnológicas se encuentran excluidos de la protección de la normativa laboral. También crea un régimen específico para regular sus condiciones de trabajo aunque no garantiza ningún derecho en particular. La norma, además de ir en sentido contrario a todas las regulaciones del mundo (una directiva del Parlamento Europeo establece la presunción de laboralidad en relaciones contractuales mediadas por plataformas), es tan burda que ni siquiera parece entender el sujeto que regula. Si se refiere a trabajadores independientes, entonces no alcanza a ninguno de los trabajadores de plataformas que pretende excluir, porque la totalidad de ellos se manejan bajo las directivas, organización y sanciones de la empresa para la que prestan tareas.
II. Frente no laboral: el extractivismo de la atención
Las plataformas digitales piensan sus interfaces para que sea difícil salir de ellas. Comprar un producto lleva a ver otros; terminar un video lleva a otro que empieza solo; cerrar una sesión requiere encontrar el botón gris entre opciones brillantes. Una arquitectura está diseñada para la permanencia. El promedio de exposición a pantallas en Argentina alcanza las 9 horas diarias. La cifra incluye navegación, redes sociales, streaming, compras y teletrabajo. También incluye el tiempo que se pierde antes de empezar a leer un libro.
Esa permanencia forzada se logra con herramientas de diseño. La legislación europea llama dark patterns (patrones oscuros) a las “prácticas que distorsionan o perjudican la capacidad del usuario para tomar una decisión autónoma”. Algunos ejemplos son el botón de rechazo de cookies en gris y en esquina inferior izquierda, mientras el de aceptar es rojo y ocupa el centro de la pantalla; el scroll infinito, que elimina los puntos de parada natural; la autorreproducción de videos que mantiene al usuario mirando contenido que no eligió; los mensajes del tipo “a otros usuarios también les gustó esto” después de una compra; los temporizadores que indican que una oferta expira en tres minutos; los contadores que exigen una apuesta inmediata para no perder la racha.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) es la normativa marco en la UE. Allí prohíbe las interfaces engañosas o manipulativas. El reglamento está vigente desde febrero de 2024 y aplica a todas las plataformas que operan en territorio europeo, sin importar su lugar de establecimiento. En 2025, la Comisión inició procedimientos contra TikTok por “diseño adictivo” (addictive design). En febrero de 2026, notificó a Meta su conclusión preliminar de que el diseño de Facebook e Instagram violaba la DSA. Las multas previstas alcanzan hasta el 6% del ingreso global anual de la plataforma (un vuelto para los márgenes de ganancia que tienen).
La DSA, sin embargo, es insuficiente. El Parlamento Europeo y organizaciones de consumidores señalan que la norma tiene lagunas en materia de diseño adictivo, cancelación de suscripciones, transparencia en la personalización de precios y protección de menores frente a la gamificación. La Comisión Europea anunció la preparación de una nueva Ley de Equidad Digital (DFA), cuya propuesta se espera para el cuarto trimestre de 2026 y apunta a prohibir expresamente el diseño adictivo y a regular la personalización explotativa. La ley fue objeto de una consulta pública que recibió más de 5 mil respuestas. El 70 por ciento de los consultados apoyó reglas vinculantes sobre patrones oscuros y diseño adictivo.
En Argentina, los dark patterns no están explícitamente mencionados, definidos ni prohibidos por una ley específica. Sin embargo, el marco normativo vigente ofrece algunas herramientas para enfrentarlos, aunque sean indirectas. La Ley de Defensa del Consumidor establece principios que se pueden aplicar a los entornos digitales, como el deber de información clara y la prohibición de prácticas abusivas o engañosas. En el mismo sentido, la Ley de Protección de Datos Personales protege el consentimiento informado, un derecho que los patrones oscuros erosionan al manipular a los usuarios para que acepten condiciones de forma confusa. Pero la ausencia de una ley específica deja un vacío y vulnerabilidad ante estas prácticas de hackeo cerebral y químico que usan los sitios.
Plataformas de apuestas y contenido adulto
Las plataformas de apuestas online presentan la versión más agresiva de ese tipo de diseño. Utilizan sistemas de recompensa variable (ganancias intermitentes impredecibles), notificaciones de “ganancias ficticias” que simulan un premio cuando no lo hubo, contadores de tiempo inverso que presionan para la siguiente apuesta y efectos visuales propios de las máquinas tragamonedas (sonidos, luces, animaciones). Un estudio de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea identificó estas prácticas como violaciones de la DSA cuando no van acompañadas de advertencias claras y mecanismos de límite de tiempo.
El diseño adictivo alcanza su expresión más concentrada en las plataformas de apuestas online. El tamaño de esa industria ayuda a entender por qué invierte tanto en retener usuarios. En 2025, las apuestas online facturaron 210.750 millones de dólares, con una proyección de 620.330 millones para 2035 (Expert Market Research). Es una industria comparable al PBI de países enteros y su motor es la extracción de atención.
En Argentina, las consecuencias ya son visibles. En 2025, el boletín oficial de Sedronar registró un aumento del 27 por ciento interanual en las consultas por juego compulsivo a la Línea 141, el nivel más alto desde que se empezó a medir. La Cámara de Diputados dio media sanción a fines de 2024 a un proyecto de prevención de ludopatía que restringía la publicidad y el acceso de menores, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. El Senado nunca lo trató y la ley perdió estado parlamentario.
Las plataformas de contenido adulto, cómo OnlyFans, operan bajo la misma lógica de extracción. En 2025 procesó pagos por 7.200 millones de dólares, con ingresos netos anuales de alrededor de 1.600 millones, y cuenta con 4,6 millones de creadores en todo el mundo. Su arquitectura de retención es la misma que en el juego: notificaciones, renovación automática de suscripciones, sentido de exclusividad y urgencia. Pero hay un agravante: el tiempo que se pierde en estas plataformas no se recupera cerrando una ventana. La exposición compulsiva al juego o al contenido adulto deja secuelas: ansiedad, insomnio, deterioro de la concentración, culpa. Y esas secuelas no se resuelven solas. Requieren tiempo de tratamiento, de terapia, de reconstrucción de hábitos. Ese tiempo también es tiempo de vida que no nos pertenece del todo. Las personas quedan atrapadas en un doble trampa: primero la plataforma les ocupan horas con su diseño adictivo; después, las consecuencias les exigen más horas para salir. El algoritmo fue eficaz para enganchar, pero el costo de la reparación lo pagan únicamente los usuarios.
La Unión Europea es la única que reguló las plataformas de contenido adulto. Lo hizo con un plande verificación de edad que permite acreditar la mayoría de edad sin almacenar datos biométricos para, al menos, proteger a los menores. Aquí la discusión ni siquiera empezó, ni siquiera en fase de proyecto. En todos los casos —apuestas, contenido adulto, redes sociales— la interfaz está programada para que al usuario le cueste salir. Y cuando lo logra, el daño ya está hecho. Ese daño se paga con más tiempo. Y ese tiempo, también, ocupa nuestra disponibilidad y de nuestros entornos.
Es fundamental garantizar que los espacios culturales sigan existiendo con los recursos que necesitan para un funcionamiento pleno. Bibliotecas populares, programas de fomento, ferias, políticas de adquisición estatal. Lo que se necesita, además de estas grandes iniciativas, es sostenerlas con presupuesto y voluntad política. En Argentina, la Ley de Fomento del Libro y la Lectura (2001) creó el Fondo Nacional del Libro, pero su financiamiento ha sido intermitente. La CONABIP, una red de bibliotecas populares que viene funcionando desde el siglo XIX, hoy depende de partidas que no siempre llegan. Sin recursos, los destinos son el descuido, el vaciamiento y la obsolescencia de sus objetivos iniciales.
Por eso, cuando se desfinancia una biblioteca popular o se degrada un organismo rector de políticas de industrias culturales, no es solo un ajuste administrativo. Es una decisión política sobre qué tipo de tiempo libre vale la pena proteger. Y sin ese andamiaje, la lectura queda librada a la capacidad de las personas de siempre esforzarse más o a la potencia de que plataforma logra imponerse con más fuerza. Dos espacios que, hoy, no están de su lado.
III. Frente no remunerado: el tiempo del cuidado
El tiempo también se pierde antes de llegar a la pantalla. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado —limpiar, cocinar, lavar, ir al supermercado, acompañar al médico, organizar la logística familiar— consume horas diarias. No es trabajo asalariado. Pero ocupa el tiempo.
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del INDEC, relevada en 2021 con una muestra de 24.500 viviendas en todo el país y publicada en 2022, es la única fuente estadística que cuantifica esa ocupación. El 92 por ciento de las mujeres encuestadas realiza trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las mujeres dedican en promedio 6 horas con 31 minutos diarios. Los varones, en cambio, dedican 3 horas con 40 minutos. La encuesta también mide el “tiempo libre”. Las mujeres disponen, en promedio, de 3,1 horas diarias de tiempo libre efectivo. Los varones, 4,6.
Ese trabajo no remunerado tiene valor económico. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación publicó en 2022 el informe “Aportes para la valorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la Argentina”. La metodología tomó las horas declaradas en la ENUT y las valorizó a precios de mercado de servicios equivalentes (servicio doméstico remunerado, cuidado de niños, cuidado de adultos mayores). El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9 por ciento del PBI. En comparación, la industria manufacturera aporta el 13,2 y el comercio el 13 por ciento. El sector más grande de la economía argentina no paga salarios, no tiene registro, no cotiza jubilación. Cada hora que las mujeres destinan a cuidar es una hora que no está disponible para leer, estudiar o descansar.
La brecha salarial de género es otro factor. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género estimó que la brecha salarial promedio es del 27,7 por ciento a desventaja de las mujeres. A menor ingreso, menor capacidad de externalizar el cuidado. El que puede tiene opción de pagar una niñera, una empleada doméstica, una guardería. El que no puede, cuida muchas veces
Volver a la lectura
La caída de la lectura de libros no es un problema de falta de hábito. Es un síntoma. Leer un libro de 250 páginas a un ritmo usual de lectura (una persona promedio lee entre 200 y 250 palabras por minuto) lleva aproximadamente entre 5 y 6 horas. Eso es menos del tiempo que un argentino promedio pasa en pantallas en un solo día. Es menos que las 6 horas y media diarias que una mujer destina a tareas de cuidado no remunerado. Es menos de lo que se pierde en scroll infinito, en notificaciones, en la dificultad de cerrar una sesión porque el botón está en gris. El tiempo para leer existe. Lo que no existe es el tiempo continuo, ininterrumpido, sin interpelaciones.
El problema no se resuelve con autocontrol, apagando el celular una hora antes de dormir. La desconexión individual no cambia la estructura de la jornada laboral, no redistribuye el trabajo de cuidado ni regula los algoritmos. La respuesta es política. Significa negociar en los convenios colectivos el derecho a la desconexión, al igual que se negocia el salario. Significa regular por ley los patrones oscuros y el diseño adictivo, como ya se hizo en la UE. Significa implementar un sistema nacional de cuidados con financiamiento autónomo, como el de Uruguay. El movimiento político sindical y organizado tiene que incorporar estos temas a su agenda.
Ahora bien, dentro del panorama un tanto aciago de estadísticas que señalan una retracción en la lectura, aparece un dato alentador: el repunte de ventas en ciertos sectores que se vio en la Feria del Libro. En un mundo saturado, con estímulos fugaces, la fila para comprar un libro es una fila para comprar tiempo, silencio y profundidad. Lo que este fenómeno pone de manifiesto es que no hay una crisis de deseo, sino una crisis de condiciones. Aparentemente, no hace falta convencer a nadie sobre la importancia o el placer de leer; lo que hace falta es proteger la base material y temporal de permitirlo. Como dijo Milena Busquets hace un tiempo, leer no es sexy, es importante. Y ahora también es, quizás, urgente, para que no caiga como un hermoso animal en extinción cuando la necesitamos más que nunca, cada vez en más manos y en más agendas.En un mundo que diseña cada segundo para ser capturado, monetizado o interrumpido, esa es una forma de insolencia. La lectura no va a salvar al mundo. Pero defender el tiempo para leer es defender la posibilidad de un tiempo que no sea sólo pensado en términos de utilidad, función y productividad. Un tiempo que no implique siempre estar fragmentado, siempre en varios lugares a la vez, entre lo físico y lo virtual, constantemente liminal e interrumpible. En su reflexión sobre inteligencia artificial e inteligencia humana, el papa Francisco señaló que “cultivar aquellos aspectos de la vida humana que van más allá del cálculo es de crucial importancia para preservar una auténtica humanidad, una que parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo una puerta cerrada”.
El docente ha puesto el foco en si realmente los estudiantes aprenden y mejoran en el día a día gracias a esta herramienta
La inteligencia artificial (IA) ya está modificando muchos aspectos de la vida tal y como la conocíamos, incluyendo el ámbito de la educación. En este sentido, tanto los profesores como los alumnos ya se aprovechan de esta herramienta en el horario escolar. Sin embargo, hay profesionales que todavía siguen viendo más inconvenientes que ventajas por el uso de la IA en los colegios.
Este el caso del profesor José Alberto García Avilés, que ha compartidos sus experiencias en el centro escolar a través de X. En este caso, el docente ha puesto el foco en si realmente los alumnos aprenden y mejoran en el día a día gracias a la inteligencia artificial, sobre todo teniendo en cuenta si estarán preparados para el futuro.
«Este curso he dejado de pedir trabajos por ordenador a los estudiantes. Hacen prácticas a mano en clase, debates y exposiciones orales. El cambio ha sido radical. La IA no ‘mejora’ cómo escriben los estudiantes. Al revés. Destruye su capacidad cognitiva», afirma el García Avilés.
De esta manera, el docente menciona que uno de los inconvenientes principales surge cuando los estudiantes deben entregar un texto. «El problema no es solo el plagio o la pereza. Estamos formando a estudiantes que escriben sin pensar… o peor, ya no necesitan pensar para escribir», comenta el profesor en redes.
García Avilés indica que la IA no es una mala herramienta, pero que los niños la emplean «demasiado pronto». En este sentido, el profesor defiende que primero deberían aprender a pensar, en lugar de ayudarse de este tipo de atajos. Además, el docente ha compartido cuáles deberían ser los pasos a seguir en las aulas para no caer en un uso desmesurado de esta herramienta.
Cómo evitar el uso excesivo de IA
En primer lugar, García Avilés incide en que los alumnos deberían escribir «en vivo» dentro de las clases, sin emplear pantallas. Además, estos deberían valorar más el proceso de escritura y no centrarse solo en el resultado final. Por otra parte, también incide en que es importante «pedir reflexiones personales difíciles de fingir, trabajar en borradores y en la reescritura».
El profesor cierra su mensaje con una reflexión, en la que defiende que, pese al auge de la inteligencia artificial, todo aún puede cambiar: «Si todo lo puedes generar en segundos con la IA, el aprendizaje y el pensamiento desaparecen. Aunque la batalla parezca perdida, seamos coherentes. Por nuestros estudiantes».
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