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Viscardi aseguró que, mirando las estadísticas a nivel de frecuencia y gravedad, estos conflictos en las escuelas no deben ser tratados como indicadores de violencia delictiva o violencia social. La socióloga señaló que estas situaciones están apareciendo en lugares muy específicos y se tratan de agresiones por parte de madres a las maestras en Educación Primaria.

“Hay un reclamo muy mal canalizado, lo que se lee como falta de respeto puede ser sentido como falta de respeto hacia ellas (las madres) que devuelven con un golpe, y no significa que la educación no sea importante, significa que no están pudiendo dialogar con las maestras y que tienen expectativas respecto a una buena recepción, una buena nota, y al verlo frustrado evidentemente emergen de la peor manera”.

Viscardi dijo que hay una paradoja a nivel sociedad que consiste en que el agresor puede ser más vulnerable en términos sociales que aquel que fue agredido, siendo “muy complejo” atribuirle un sentido a esa relación de culpabilidad.

“Evidentemente se trata de un adulto que ha cometido una agresión física y eso debe ser señalado. Pero lo que se juega en el ámbito de educación son relaciones de poder, violencias institucionales o violencias sociales: la carencia de trabajo o las expectativas sobre la escuela, que se dan en conflictos en que la parte más vulnerable del vínculo puede ser la más agresiva. No estamos viendo agresiones a maestras a través de la violencia física en la educación de las clases medias y las clases altas, sin embargo, si hablamos con docentes, muchas veces dicen que se sienten presionados, intimidados”, aseguró.

Paros

Viscardi sostuvo que los colectivos comenzaron a situar el problema de la violencia “cada vez más en el centro retrocediendo otros temas de política educativa”. “Se politizó llegando a hacer paros por una agresión que un padre tiene en un centro educativo con la interpretación de que esto es una muestra de vulnerabilidad del trabajo docente”.

Hay varios sectores, con los cuales Viscardi concuerda, que dicen que los paros no son la medida correcta para erradicar el problema sino que está “fortaleciendo sus soportes”. “Pienso yo que el hecho de no suspender la tarea educativa colabora en que disminuya la violencia”, opinó.

“Alterar la jornada diaria y dejar sin educación a los niños no creo que contribuya a la comprensión, contribuye a la culpabilización de todos y a la responsabilización de aquellos que no habrían tenido nunca un actitud de estas características”.

Otra de las cuestiones es que, al acudir al paro como medida, se estigmatiza al agresor o a su núcleo familiar. “Se focaliza al agresor y se sitúa así toda la culpa cuando en realidad se trata de sectores muy vulnerables”, dijo Viscardi.

“No tenemos hoy los mecanismos jurídicos que den una respuesta acertada a este problema. Si vamos a ir a una denuncia y un pedido de respuesta judicial tenemos que innovar a nivel de las medidas judiciales para que estas no contribuyan a estigmatizar al niño, protejan al maestro pero que sean medidas que fortalezcan lo pedagógico, no que debiliten al niño”, expresó.

Pocos recursos.

Viscardi también hizo referencia a la falta de tiempo, debido a la los pocos recursos de la institución, dedicado a tratar los problemas del alumno. “En los casos más duros, evidentemente el caso de un docente que vive de la docencia y tienen todas sus horas allí, en un centro educativo más conflictivo, lo que no tiene es tiempo para resolver el problema, porque su contrato esencialmente es para la clase, no es para conversar con el alumno problemático”.

“Su objetivo es que la clase empiece y termine con determinado programa. Cuando el alumno distorsiona y no se logra una estrategia pedagógica para interesarlo, se lo expulsa. Y empieza ahí la distorsión institucional”, explicó.

“El docente no tiene las condiciones institucionales para poder atender este trabajo tan difícil y reclama medidas de seguridad, rejas, que vengan los padres, que haya un aula especial, todo lo que él no tiene las condiciones de hacer. Y la institución no tiene la cantidad de funcionarios necesarios para atender  estos estudiantes que quedan distorsionando el centro educativo”.

“¿Por qué todo esto recae en la violencia física, en la cuestión de la denuncia y la expulsión? Porque nosotros no estamos pudiendo a nivel educativo recentrar el asunto, ponerlo en los muros de la escuela y redireccionar los recursos, que creo que está claro que deben ser pedagógicos”, concluyó.