Shireen Abu Akleh entraba cada día en millones de hogares árabes a través de Al Jazeera, relatando los últimos acontecimientos en los territorios ocupados palestinos. Toda una generación creció siguiendo sus crónicas.
Shireen Abu Akleh, de 51 años, era una respetada reportera que llevaba más de dos décadas informando sobre la actualidad palestina. Coincidí con ella en varias ocasiones en Cisjordania durante los años de la Segunda Intifada palestina y posteriormente en entierros de víctimas alcanzadas por fuego israelí. Shireen entraba cada día en millones de hogares árabes a través del canal Al Jazeera, relatando los últimos acontecimientos en los territorios ocupados. Sus colegas de profesión la admiraban. Era un referente al que también periodistas europeos acudíamos para solventar dudas o solicitar el teléfono de alguna fuente de información, conscientes de que siempre estaba dispuesta a ayudar.
“Toda una nación en duelo. Era un icono para todos los que crecimos viéndola diariamente en televisión. Todavía no puedo creerlo”, recordaba esta mañana el arquitecto e historiador palestino licenciado en Cambridge Nadi Abusaala. “Qué terrible noticia para despertar. Crecimos viendo a Shireen en televisión. Estoy en conmoción total”, ha escrito en Twitter la productora de Al Jazeera Linah Alssafin, recordando que desde 2000 hasta ahora Israel “ha matado a cerca de 50 periodistas palestinos”. La organización Reporteros Árabes de Periodismo de Investigación ha lamentado que “los periodistas en Palestina todavía son objetivo de Israel por su trabajo cubriendo lo que ocurre en el terreno. Un triste día para el periodismo y los periodistas de todo el mundo”.
Una reportera palestina testigo de lo ocurrido ha explicado ante las cámaras que cuando el equipo llegó esta mañana al área de Jenin tomada por francotiradores israelíes, estos abrieron fuego contra su vehículo. Shireen salió entonces del coche para que los soldados la vieran –iba identificada con un chaleco de prensa y un casco– “pero dispararon igualmente”.
Ali Samoudi, reportero del diario Al Quds, resultó herido: “Íbamos a grabar la operación del ejército israelí y de repente nos dispararon sin pedirnos antes que nos fuéramos o que detuviéramos la filmación”, ha señalado ante las cámaras de Al Jazeera. Otro periodista ha relatado que “francotiradores israelíes dispararon contra el vehículo, así que Shireen salió y fue acorralada por los disparos” antes de ser alcanzada. “Shireen recibió el disparo cerca de su oreja, donde el casco no le cubría. Fue un disparo de extrema precisión”, ha denunciado la presentadora y productora Dena Takruri.
Shatha Hanaysha, periodista palestina que se encontraba junto a Shireen, ha explicado que no había enfrentamientos en el lugar donde se encontraban: “Éramos cuatro periodistas, todos llevábamos chalecos y cascos. El ejército de ocupación [israelí] siguió disparando después de abatir a Shireen. Ni siquiera pude extender mi brazo hacia ella porque seguían disparando”. Al Jazeera ha difundido imágenes en las que la periodista superviviente del ataque Shatha Hanaysha, agazapada junto a una pared, intenta sin éxito alcanzar el cuerpo inerte de Shireen, tumbado junto al mismo muro.
La redacción del Al Jazeera en Ramala ha indicado que esta mañana, a las seis y trece minutos, la veterana reportera había enviado un email en el que señalaba que “las fuerzas de ocupación asaltan Jenin y rodean una vivienda en el barrio de Jabriyat. Estoy de camino, os traeré noticias en cuanto recopile datos claros”. La conmoción en los territorios ocupados palestinos y entre la comunidad internacional de periodistas que han trabajado en la región es notable. Shireen, palestina cristiana nacida en Jerusalén, licenciada en Jordania y con pasaporte estadounidense, se había ganado la admiración en su oficio. En las redes circula esta mañana un vídeo de hace algunos años, en el que relata lo que experimentó en 2002, en plena Segunda Intifada:
“Nunca olvidaré la envergadura de semejante destrucción ni la sensación de que a veces la muerte estaba muy cerca. (…) Nos quedábamos a dormir en hospitales o en casas de gente que conocíamos. Y, a pesar del peligro, seguíamos trabajando. Aquello fue en 2002, cuando Cisjordania sufrió un ataque que no había vivido desde 1967. En los momento difíciles he superado el miedo. Elegí el periodismo para estar cerca del ser humano. Puede que no sea fácil cambiar la realidad, pero por lo menos he podido llevar esta voz al mundo. Soy Shireen Abu Akleh”.
Shireen llevó su voz y su denuncia a millones de personas en todo el planeta. Puede que no haya podido cambiar la realidad, pero ha muerto intentándolo. Así es este oficio: sacrificado, obsesionado con la persistencia y la verdad mientras otros intentan amordazarla. Nunca ha sido fácil ser periodista en zonas de conflicto, donde los informadores son a menudo objetivo. Más difícil aún es ser reportera palestina en una tierra ocupada por las tropas israelíes.
CARACAS – La voraz búsqueda de oro en el sur de Venezuela, practicada por miles de mineros ilegales amparados por diversos grupos armados, representa la mayor amenaza actual para la vida de sus indígenas, su hábitat y sus culturas, coinciden en señalar sus organizaciones y defensores de los derechos humanos.
En ese territorio que forma parte de la Amazonia “la minería, la violencia, la destrucción del hábitat, la muerte por enfermedades y la migración forzosa conforman un contexto que ya los indígenas califican como genocidio silencioso”, observó a IPS el investigador Aimé Tillet, con largos años de trabajo en el área.
Al otro extremo del país, en el noroeste fronterizo con Colombia, en el drama indígena destaca la delimitación pendiente de sus territorios, que les ha llevado a enfrentamientos y muertes en sus intentos por recuperar tierras ancestrales, mientras mueren de mengua y a menudo se ven reducidos a la indigencia.
Hay rasgos comunes en esa vida en regiones fronterizas que son hábitats indígenas, como el abandono por parte del Estado central, al incumplir sus deberes en salud, educación, seguridad, provisión de alimentos, combustible y transporte, insumos, comunicaciones y consultas debidas a los pueblos originarios.
El gobierno aúpa la actividad minera y decretó en 2016 como “Arco Minero del Orinoco”, en la margen derecha del río, un área de 111 844 kilómetros cuadrados, más grande que Bulgaria, Cuba o Portugal. En paralelo estableció una empresa de la Fuerza Armada, Camimpeg, para liderar la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales convencionales y raros, de los que el país es especialmente rico.
La opacidad es un lunar en el manejo de las empresas militares por parte de las autoridades, según organizaciones no gubernamentales como Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa
La prensa local ha mostrado unidades militares y policiales en la región involucradas en incidentes en torno a la actividad minera que han causado protestas de indígenas y defensores de los derechos humanos, y que van desde muertes de indígenas en altercados hasta masacres en las que “grupos desconocidos” han asesinado a decenas de personas.
La minería más artesanal y también ilegal, en centenares de espacios deforestados y junto a ríos contaminados con mercurio para la reducción del oro, es a menudo controlada por bandas delictivas que se autodenominan “sindicatos” y trafican con el metal, los insumos y también con las personas que van a trabajar en esas minas, muchas veces en forma forzosa.
Desde hace algunos años a los peligros se han sumado las guerrillas colombianas, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que participa de la minería y otras actividades ilegales en el sureño estado de Amazonas, así como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pacificadas en 2016, según destacan organizaciones de derechos humanos.
En la Sierra de Perijá, hábitat de tres pueblos originarios y que marca parte de la frontera norte entre Colombia y Venezuela, el ELN penetra en las comunidades indígenas, instala campamentos, cobra “vacunas (impuestos)” a ganaderos, supervisa el contrabando de ganado y recluta jóvenes para sus columnas.
Mapa de las áreas que son hábitat de los principales pueblos indígenas de Venezuela, según el estatal Instituto Geográfico Simón Bolívar. Los grupos más numerosos están en el extremo noroeste, sur y oriente del país. Imagen: IGVSB
Disparos en la selva
El 20 de marzo cuatro indígenas yanomami murieron abaleados en un sector de la Sierra de Parima, que en el extremo sur marca la frontera con Brasil, por disparos de efectivos de la Aviación venezolana, tras un altercado por la señal de internet y un aparato direccionador que compartían los militares e integrantes de una comunidad ancestral.
Los yanomami, que viven en esas selvas del sur venezolano y norte brasileño desde hace miles de años -son considerados testimonio viviente del hombre primitivo, entraron en contacto con el resto del mundo hace pocas décadas- han encontrado en la telefonía móvil un recurso de comunicación en sus muy dispersas comunidades.
Lo sucedido en Parima “no se puede tomar como una reacción aislada, sino como el resultado de un cúmulo de tensiones y abusos, de no tener un trato diferenciado en función de los derechos a una discriminación positiva”, declaró entonces Wataniba, una organización de apoyo a los pueblos indígenas de la Amazonia venezolana.
“Todas esas tensiones que se viven a diario en las fronteras son consecuencia del extractivismo, aunado a los abusos de poder por parte de efectivos militares, la transculturización y la falta de acciones concretas por parte de Estado para atender las necesidades primordiales de los pueblos indígenas”, agregó la organización.
Minería en la Amazonia venezolana. En centenares de explotaciones informales e ilegales para buscar oro se deforesta el terreno, se dañan los suelos, se contaminan la aguas con mercurio y se explota a los indígenas y otros trabajadores bajo formas de esclavitud moderna. Foto: RAISG
Garimpeiros indetenibles
En 1989, un decreto ley del entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1922-2010 y quien gobernó el país entre 1974 y 1979 y 1989 y 1993) prohibió por 50 años toda actividad minera en el estado de Amazonas, visible como el saliente sur en el mapa de Venezuela, selvático y de suelos frágiles, de 178 000 kilómetros cuadrados y 200 000 habitantes, más de la mitad de ellos integrantes de 20 pueblos indígenas.
Durante décadas, sin embargo, miles de garimpeiros (nombre brasileño para los buscadores informales de oro, de donde provenían originalmente), han incursionado en Amazonas, y en los últimos años a mayor escala, con empleo de pistas de aterrizaje, abundantes motobombas, e imponiendo relaciones a veces de intercambio y sobre todo de explotación con comunidades e individuos indígenas.
El 28 de julio de 2021, las organizaciones indígenas Kuyujani y Kuduno, así como el tribunal de justicia Tuduma Saka, de las etnias sanemá (rama yanomami) y sus vecinos ye’kuana (caribes), denunciaron la presencia de garimpeiros en cuatro comunidades en documentos entregados a la gubernamental Defensoría del Pueblo.
Más de 400 garimpeiros armados, según la denuncia, trabajaban con 30 máquinas extrayendo minerales preciosos en la zona del Alto Orinoco, forzando a hombres y niños a trabajar en la minería, y esclavizando y obligando a las mujeres a prostituirse.
La denuncia agregó que la destrucción de bosques alcanzó a los conucos (huertos) de las comunidades indígenas, que así quedaron dependientes de los suministros de los garimpeiros para su alimentación.
Tillet hizo notar que la incursión de guerrillas y mineros ilegales en el sur crea además focos de conflictos interétnicos, porque algunos indígenas y comunidades desesperadas por sobrevivir aceptan a los irregulares, y otras (como los uwottija o piaroas del Orinoco medio) se oponen contundentemente a esas incursiones.
Otra imagen de los daños de la minería sin control en una zona del sur de Venezuela. Foto: SOS Orinoco/RAISG
Esclavitud moderna
En las “currutelas”, minas de socavón, se busca emplear a varones jóvenes y niños para extraer arenas ricas en oro, y a mujeres para labores como cocinar, barrer, lavar y poner cierto orden en los campamentos, así como para explotarlas sexualmente.
Esa situación, generalizada en los cientos de minas del Amazonas y del suroriental estado de Bolívar, de unos 238 000 kilómetros cuadrados, se agrava en el caso de los indígenas, dijo a IPS el abogado Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que conduce varios estudios en la zona.
“Bajo el control de los grupos armados se generan dinámicas de violencia, con enfrentamientos y muertes, y situaciones de esclavitud moderna, con omisión que se traduce en aquiescencia por parte del Estado venezolano”, abundó Trujillo.
En particular, las mujeres indígenas, captadas para trabajar en los campamentos, “quedan sometidas a una dinámica de violencia, su trabajo no es voluntario, a veces no se les paga, y son sometidas con riesgo para su salud y vida”, subrayó.
La minería venezolana abona así cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según las cuales más de 40 millones de personas son víctimas de esclavitud moderna, 152 millones del trabajo infantil y 25 millones realizan labores forzosas.
El cerro Autana, visto de las márgenes del río Cuao, afluente del Orinoco medio. El pueblo uwottija lo considera sagrado y rechaza la presencia en el área de grupos guerrilleros provenientes de Colombia, asociados a la minería ilegal. Foto: Humberto Márquez / IPS
Adiós hábitat, cultura y vida
En Venezuela, según el censo de 2011, de sus 28 millones de habitantes al menos 720 000 son indígenas, pertenecientes a unos 40 pueblos originarios, y cerca de medio millón viven en áreas rurales indígenas, sobre todo en las regiones fronterizas.
Aunque la etnia mayoritaria (60 %) es la wayúu, un pueblo de lengua arawak que habita la colombo-venezolana península de la Guajira (norte), la mayoría de los pueblos está en el sur del país, algunos con miles de integrantes y otros con muy pocos centenares y con sus idiomas y saberes en riesgo de extinción.
La organización ambientalista Provita sostiene que al sur del Orinoco se han deforestado en los últimos 20 años 380 000 hectáreas, y las dedicadas a la actividad minera aumentaron en el lapso 2000-2020 de 18 500 a 55 000 hectáreas.
Zonas muy afectadas han sido riberas y cabeceras de ríos, muchas en áreas teóricamente protegidas como parques nacionales, y Tillet subraya que, además del daño ambiental, se trata de zonas de recursos limitados para la subsistencia, por los que ahora compiten las comunidades indígenas y los mineros.
Los indígenas “al depender de la minería para obtener algún ingreso, se ven forzados a abandonar su actividad tradicional de siembra, pesca y caza, se deteriora su alimentación, y avanzan la desnutrición y las enfermedades, como el paludismo, y aparece la vía de decir adiós a sus tierras, desplazarse y migrar”, expuso Tillet.
El investigador sostiene que los servicios de salud responsabilidad del Estado prácticamente han desaparecido, y más con la pandemia de covid-19, y la educación se ha desplomado con la migración de maestros, dándose el caso de que “niños que deberían estar en la escuela ahora laboran explotados en las minas”.
En el documento que presentaron ante la Defensoría del Pueblo, las organizaciones yanomami y ye’kuana dijeron ser víctimas de asesinatos selectivos, contaminación de las aguas con mercurio, contagio de enfermedades y, en resumidas cuentas, de “un genocidio cultural silencioso”.
Niños de una comunidad uwottija (piaroa) en la zona del Orinoco medio, donde organizaciones de ese pueblo originario rechazan la presencia de grupos guerrilleros provenientes de la vecina Colombia, asociados a la minería ilegal. Foto: Humberto Márquez / IPS
El territorio, derecho huidizo
La vigente Constitución, de 1999, reconoció el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus culturas y poseer sus territorios ancestrales, y previó una demarcación expedita de esas áreas, de lo cual se cumplió solo una pequeña parte en el país.
En el caso del estado Amazonas, cuyo territorio es casi en su totalidad hábitat de pueblos originarios, esa demarcación se ha ignorado, impidiendo a los pueblos indígenas reclamar derechos, exigir consultas y consentimiento para la explotación del territorio y, eventualmente, obtener beneficios derivados de su posesión.
Para Tillet “la demarcación se mantiene como deuda, para la que no hay voluntad política, pero la avalancha minera ha relativizado su importancia, pues si las áreas protegidas como parques nacionales o monumentos naturales son violadas por la minería, puede pensarse que se haría lo mismo con territorios indígenas”.
Ejemplos son el sudoriental Parque Nacional Canaima, de 30 000 kilómetros cuadrados, rico en tepuyes –montañas de paredes verticales y techos planos – y grandes saltos de agua, y el Yapacana, en medio del estado Amazonas, de 3200 kilómetros cuadrados, donde la minería se practica mientras las autoridades miran hacia otro lado.
En cambio, en el noroeste se mantiene, con episodios de violencia, la lucha por la tierra del pueblo yukpa, en el centro de la Sierra de Perijá y que, como sus vecinos barí de origen chibcha y los wayúu, son un pueblo binacional, aunque con más individuos del lado venezolano que del colombiano.
El nudo del conflicto es que a lo largo del siglo XX los indígenas fueron arrinconados en las tierras más inhóspitas de la montaña, mientras que las llanuras, sobre la margen occidental del lago de Maracaibo, fueron ocupadas por fincas ganaderas.
Algunas comunidades han aceptado lotes de tierras –las menos ricas- otorgadas por el gobierno, pero un núcleo yukpa duro, que dirigió hasta su asesinato en 2013 el cacique Sabino Romero, reclama tierras donde hay haciendas ganaderas, mientras resiste incursiones de contrabandistas y guerrilleros en plena montaña.
Sabino Romero, cacique yukpa, de la Sierra de Perijá, fronteriza con Colombia, asesinado en 2013 en el marco de las luchas de su pueblo por recuperar tierras que quedaron en manos de ganaderos a lo largo del siglo XX. Foto: Sociedad Homo et Natura
“Otros miembros de la familia y seguidores de Sabino han sido asesinados al paso de los años y soportan agresiones y el asedio de sicarios y empleados de fincas ganaderas, cuando no de la Guarda Nacional (policía militarizada) o el ELN”, dijo a IPS Lusbi Portillo, conductor de la ambientalista Sociedad Homo et Natura.
Ana María Fernández, activista yukpa de la zona, ha dicho que “no solo luchamos contra terratenientes, grandes hacendados, cuerpos policiales y Guardia Nacional, y el Estado que no permite la demarcación de nuestras tierras. Nos atacan por igual la guerrilla colombiana y sicarios contratados por ganaderos”.
En contrapartida, algunos yukpa en ocasiones toman ganado como modo de cobrar los daños que se les infligen, pero otros, menos combatientes y no habituados a vivir en las ciudades “improvisan alcabalas en lo que fueron sus tierras para cobrar derecho de paso y tener algo de dinero para comer y sobrevivir”, dijo Portillo.
El activista sostiene que una alternativa es que el Estado cumpla compromisos de indemnizar a ganaderos cuyas haciendas deban ser devueltas a los indígenas, así como sus deberes de proporcionar vías de transporte para la producción agrícola de las comunidades y atención en salud ante el auge de enfermedades.
Ana María Fernández, activista de comunidades yukpa que reclaman la demarcación de sus territorios ancestrales en la occidental Sierra de Perijá, y de los cuales las mejores tierras fueron ocupadas por haciendas ganaderas a lo largo del siglo XX. Foto: OEPV
Hora de migrar
La crisis de la segunda década de este siglo en Venezuela ha forzado a miles de indígenas a migrar, en el torrente de seis millones de venezolanos que han abandonado el país desde 2014, en su inmensa mayoría dirigiéndose a los países vecinos de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y España.
El grupo más numeroso es el de los warao, pueblo poblador del nororiental delta del Orinoco, en cuyo frente sur también hay actividad minera y maderera, y que han ido mayoritariamente a Brasil, aunque también a Guyana y Trinidad y Tobago.
Los warao “son menos de 50 000, y la migración de al menos 6000, más de 10 % de ellos, es una merma que dice mucho de la situación de derechos humanos de esta población. En el norte brasileño hay unos 5000, y Brasil ya los considera como otro pueblo indígena, además muy viajero, en su territorio”, comentó Tillet.
Pablo Tapo, del pueblo baré y coordinador del Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos, levantó un informe según el cual más de 4500 indígenas de nueve etnias en su región cruzaron la frontera con destino a Colombia en tres años.
Tanto en ciudades como en las zonas rurales “las comunidades se quedan solas porque no hay atención ni servicios, en los hospitales ambulatorios no hay médicos, ni medicinas ni insumos, y no hay seguridad alimentaria”, dijo Tapo.
En el sudoccidental y llanero estado de Apure, la confrontación armada que involucró hace meses a guerrilleros colombianos con militares de Venezuela forzó la huida a Colombia de grupos indígenas que poblaban el lado venezolano del río Meta.
En el extremo sudoriental, junto a Brasil, el pueblo pemón se ha resentido del desplome del turismo por la inseguridad asociada a la minería y la pandemia, incentivo para migrar, y en el noroeste para pueblos como los wayúu aprovechar los cruces de frontera es una vieja práctica sin novedad.
Miembros del Bloque Unitario del Sector Educativo de Carabobo, protestaron este martes pacíficamente frente a la zona educativa, para exigir que cesen las violaciones a sus derechos laborales.
Este bloque lo conforman siete sindicatos que agrupan educadores, trabajadores administrativos y obreros, que en forma conjunta piden respeto a su condición.
Los manifestantes denunciaron que desde la zona educativa se les aplica cambios en la modalidad de pagos, los excluyen de la nómina del Ministerio de Educación, y se les suspenden los salarios, sin cumplir con el debido proceso y sin expediente administrativo.
Luego de la protesta, se instaló una mesa técnica donde serán revisados los distintos casos que se están presentando.
Angélica Flores, dirigente del Sindicato Unico de Magisterio, indicó que en la mesa, que se reunirá la próxima semana, se tratará todo lo relativo a tres mil casos de educadores, que están en condición de riesgo laboral.
Igualmente se analizará la situación de unos 1.500 trabajadores con planillas 1408, esperando juntas médicas, por presentar malas condiciones de salud, a los cuales les suspendieron los sueldo
El diputado Abraham Saroné Campos (Morena), presidente de la Comisión de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología, subrayó que la nueva Ley de Educación estatal deberá preservar las lenguas maternas de los pueblos originarios, mejorar la accesibilidad de la infraestructura educativa para lograr una educación inclusiva y establecer la capacitación del personal docente para la atención de personas con discapacidad.
Lo anterior, en una reunión de trabajo con titulares y vocales del Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cedipiem) y del Instituto Mexiquense para la Discapacidad, así como con representantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), en la que se compartió que existen 43 municipios con ascendencia indígena pero que en Ocuilan está a punto de desaparecer la lengua tlahuica, y que en 2020 en la entidad hubo 2 millones 700 mil personas registradas con alguna discapacidad o con riesgo de padecerla.
El legislador destacó que las escuelas pueden ser el complemento para la preservación de la lengua materna e incrementar el número de hablantes y que la educación inclusiva debe atenderse de una manera integral, por lo que el nuevo marco legal necesitará el cabildeo con los diferentes actores del sector educativo.
También compartió el programa para la consulta indígena, afromexicana e inclusiva en materia educativa para la armonización de la Ley General de Educación en el Estado de México con el que se busca recuperar la voz de los pueblos originarios, de las personas afrodescendientes y afromexicanas y personas con discapacidad, el cual prevé foros y reuniones que iniciarán el 30 de mayo y concluirán el 15 de julio.
Al respecto, la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (Morena) enfatizó que no se debe permitir una discriminación estructural, cultural y educacional, y las legisladoras Karla Aguilar Talavera y Gretel González Aguirre, del PRI, coincidieron en que los foros de consulta contribuirán a obtener una ley vanguardista y referente de inclusión, que abone a la preservación e incremento de hablantes de las lenguas indígenas.
La diputada María Elida Castelán Mondragón (PRD) dijo que en la entidad se carece de una infraestructura educativa inclusiva, que se necesita capacitar al personal docente y reforzar la preservación de las lenguas maternas, y el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, coordinador parlamentario de Nueva Alianza, indicó que se necesita promover la educación indígena en los niveles de educación medio superior y superior.
En sus intervenciones, Diana Pérez Barragán y Areli Libier Fuentes Chávez, titulares del Cedipiem y del Instituto Mexiquense para la Discapacidad, respectivamente, señalaron que los foros ayudarán a visibilizar las necesidades de los sectores vulnerables, particularmente de la discapacidad, y señalaron que se debe contar con un catálogo de cursos de capacitación para este grupo poblacional, además de mejorar la accesibilidad de la infraestructura educativa.
Ante Vicenta Sánchez Valdés y Abel González Mañón, vocales del Cedipiem por los pueblos Mazahua y Otomí, respectivamente, Justo Núñez Skinfill, representante del DIFEM, compartió que, en la entidad, en 2020, se registraron 2 millones 700 mil personas con alguna discapacidad o en riesgo de padecerla y que solo 20% de ellas recibieron atención personalizada en instituciones públicas.
El diputado Rigoberto Vargas y la legisladora Aurora González Ledezma (PRI) compartieron las bases y características que deben regir la consulta en materia educativa de los pueblos los indígenas y afroamericanos y los elementos mínimos a considerar en la consulta en materia de educación inclusiva.
Durante la conmemoración el ministro Ávila declaró que la Subsecretaria de Educación ya ha recibido 247 denuncias por discriminación hacia estudiantes por su orientación sexual.
En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, y en general en contra a la violencia hacia todo el espectro de la comunidad LGBTIQ+, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, junto a la presidenta de Fundaciones de Presidencia, Irina Karamanos presentaron las principales iniciativas que impulsará el Gobierno para avanzar hacia una educación libre de discriminación.
Las autoridades de La Moneda fueron parte de un acto en conjunto con la Escuela Nanihue de la comuna de San Ramón, en donde también asistió el alcalde Gustavo Toro Quintana, la Seremi de Educación y concejales de la Región Metropolitana, al igual que activistas de la comunidad LGBTIQ+.
El ministro de Educación anunció que durante el segundo semestre de este año, el gobierno se comprometía a presentar el Proyecto de Ley de Educación Sexual Integral. “Un marco normativo que promoverá la formación y el respeto en todos los niveles de la enseñanza como parte fundamental de una educación igualitaria”, afirmó el jefe de la cartera.
El profesor detalló que la ley promoverá el desarrollo emocional de los y las estudiantes, reconocerá la diversidad sexual, cuestionará los estereotipos de género e impulsará la formación sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas.
Además, agregó que “generar marcos normativos de quienes han sido históricamente excluidos es clave para nosotros, pero esto no lo hacemos desde lo legislativo, creemos en el trabajo con las comunidades”.
En ese sentido, la autoridad manifestó que unirían fuerzas con los y las trabajadores de la educación para hacerles parte de los programas de formación que tendrán foco en la creación de ambientes seguros y la prevención de la violencia sexista y homofóbica.
Asimismo, Ávila reconoció que esa instancia representaba el compromiso del Estado de establecer sus políticas públicas desde aquella dimensión, para que todas las comunidades se transformen en espacios como la de la Escuela Nanihue, la cual lleva años impulsando un proyecto de educación inclusiva.
“Hacia dónde tenemos que avanzar es que las escuelas sean espacios de acogida, de cariño, de comprensión, contención y sobre todo de formación en donde todas y todos podamos valorar la diversidad”, declaró la autoridad del Mineduc.
En el acto de conmemoración la Primera Dama, Irina Karamanos, se mostró contenta por ser parte de la instancia y expresó que el compromiso del Gobierno es unirse al trabajo de las comunidades educativas para lograr que “sea posible la diferencia”.
Karamanos también destacó que su objetivo de ese día era conversar acerca de los derechos de todas las personas y que ojalá no sea necesario siempre tener “que ponerse una bandera y luchar por existir para ser personas, para tener una cotidianidad”.
La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) planifica plantones para el 19 de mayo para exigir mayor presupuesto para la educación y respaldar a la Unión Nacional de Educadores (UNE). Así lo confirmó este 17 de mayo del 2022, Mauricio Chiluisa, presidente del gremio universitario.
El gremio universitario demanda al Gobierno que entregue más presupuestopara “la educación inicial, media y superior”. El dirigente adelantó que están “próximos a organizar jornadas de movilización en defensa de la educación pública”.
Los detalles se darán a conocer en los próximos días. Por lo pronto, desde las 09:00 del jueves 19 de mayo se llevarán a cabo plantones en varias universidades del país. Por ejemplo, en Quito, Cuenca, Latacunga. El lunes inició la medida en la Universidad de Guayaquil y continuará el jueves.
Incidentes con Policía
Hay dos jóvenes heridos tras los incidentes entre los alumnos de Medicina de la Universidad de Guayaquil y efectivos de la Policía Nacional, aseguró el presidente de la FEUE.
Los estudiantes reclamaban falta de personal docente, así como mayor presupuesto para la educación y clases presenciales.
“Un estudiante recibió golpes por parte de la Policía y otra recibió gas lacrimógeno directamente en su rostro”, dijo. Esta es otra de las razones que motiva un nuevo plantón en Guayaquil.
A veces se solucionaría con un simple cambio en la oficina: un ventilador para aliviar los sofocos. Pero el tabú que aún existe en torno a la menopausia impide que se aborde y, por tanto, se adopten las medidas necesarias sobre un proceso vital que también existe y que afecta sobre todo a las mujeres por encima de los 50 años.
Ese es, además, el grupo de edad de mayor crecimiento en el mercado laboral y, en muchas ocasiones, también la franja en la que algunas mujeres que han tenido hijos, que han recortado su jornada por cuidados y que han sufrido ya una brecha de género en su trabajo recuperan su carrera profesional.
Sin embargo, paradójicamente, los datos que diagnostican el problema –muy escasos aún y otra muestra de la invisibilidad del asunto– indican otro techo en esta etapa: el 59% de las mujeres entre 45 y 55 años con síntomas de menopausia asegura que tiene problemas en el trabajo, según una investigación del CIPD, el organismo profesional para el desarrollo de recursos humanos y personas, en Reino Unido.
De aquellas que se vieron afectadas negativamente, casi dos tercios (el 65%) dijeron que tenían menos capacidad de concentración, más de la mitad (el 58%) aseguró que experimentaba más estrés; y también más de la mitad (el 52%) afirmó que tenía menos paciencia con los clientes y compañeros. Y no es un día, ni dos. La transición a la menopausia puede incluir una variedad de síntomas que, de media, duran cuatro años: sofocos, escalofríos, insomnio, sequedad vaginal, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, sudores nocturnos, períodos menstruales irregulares…
Debate en Europa
“Las mujeres de esta edad son el grupo de mayor crecimiento de la mano de obra, que representa el 11% de la fuerza laboral del G7. Como la población europea y mundial está envejeciendo, se espera que esta tendencia continúe y aumente”, explica la catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide y eurodiputada por el PSOE, Lina Gálvez, que acaba de lanzar una pregunta por escrito a la Comisión Europea sobre la necesidad de visibilizar la menopausia.
Desde su punto de vista, mientras la acción política relacionada con el envejecimiento de la población ha ganado importancia y se debate intensamente en la UE, la menopausia en general y sus efectos en el lugar de trabajo siguen estando ausentes en los discursos públicos y políticos, lo que abre la puerta a la desigualdad de trato y a la discriminación de las mujeres que pasan por ese proceso, lo han pasado o lo pasarán. “Desde el Parlamento Europeo estamos preguntando a la Comisión sobre la disponibilidad de datos acerca de la cuestión de la menopausia en el lugar de trabajo en Europa y también queremos promover el debate sobre posibles medidas para prevenir y combatir mejor la discriminación de las trabajadoras. Si algo es invisible es como si no existiera y no se puede legislar ni hacer política al respecto. Y eso es lo que ocurre con la menopausia”, insiste la eurodiputada.
Hace unos años, Diane Danzebrin tuvo que someterse a una histerectomía total, incluida la extirpación de sus ovarios. El desenlace fue una menopausia quirúrgica inmediata. Según su relato, no recibió información ni consejos sobre los posibles efectos de la cirugía. “Debido a la falta de información y apoyo adecuados, no recibí el tratamiento que necesitaba en el momento adecuado. Unos meses más tarde caí en una depresión, estuve muy cerca de acabar con mi propia vida. Tuve suerte. Tuve un esposo y una familia que me apoyaron y me brindaron la ayuda que necesitaba cuando no era capaz de hacerlo por mí misma”, describe Danzebrin.
Foto: Las impulsoras de la campaña lanzada en Reino Unido junto a la diputada Dawn Butler.
Su experiencia y la de otras mujeres la llevó a poner en marcha la campaña #MakeMenopauseMatter en Reino Unido en 2018, que continúa sumando apoyos a lo largo de los años. Entre las reivindicaciones, la formación obligatoria de los profesionales médicos es una prioridad, pero también la concienciación en el lugar de trabajo. “Algunas se ven obligadas a dejar su carrera por completo como resultado de sus síntomas. Apoyarlas para que permanezcan en el trabajo adoptando algunos ajustes simples es de sentido común. El gobierno y las empresas deben reconocer que la orientación sobre la menopausia en todos los lugares de trabajo es algo con lo que todos ganan”, añade Danzebrin. Y concluye con un dato: “La tasa de suicidios más alta en Reino Unido entre las mujeres se da en la franja de los 45 a los 54 años. La edad media de la menopausia es de 51 años”.
Según el citado estudio, casi un tercio de las mujeres encuestadas (el 30%) dijo que se había ausentado por enfermedad debido a sus síntomas, pero solo una cuarta parte de ellas se sintió capaz de contar la verdadera razón al gerente –lo que lleva también a la reflexión sobre quién ocupa mayoritariamente los puestos directivos–. ¿Por qué? En primer lugar, por privacidad; en segundo lugar, por vergüenza; y, en tercer lugar, porque consideraban que su gerente no las apoyaría.
La eurodiputada Gálvez cita una cuestión importante que incide en la invisibilidad: en la adolescencia, todo el mundo es consciente del cambio hormonal de las y los adolescentes salvo ellos mismos; y durante la menopausia, nadie es consciente de esos cambios excepto la propia mujer que los sufre, que además se los calla porque la madurez de las mujeres se vincula a decadencia. “Históricamente –prosigue–, las mujeres no hemos sido fines en nosotras mismas sino medios para los fines de otros, y los fines sexuales y reproductivos han sido y aún son centrales en nuestras culturas patriarcales”.
Entre otras medidas, el CIPD recomienda dar a las mujeres una hora de inicio más tarde si se altera su patrón de sueño, proporcionar un ventilador de escritorio para ayudar con los sofocos, asegurarse de que las mujeres puedan tomar descansos regulares para sentirse cómodas y permitirles adaptar su uniforme para mejorar los niveles de comodidad. Acciones sencillas y baratas que solo requieren del conocimiento del problema y de la eliminación, por tanto, del tabú. “Los empleadores deben educar y capacitar a los gerentes para que estén informados y tengan confianza para tener conversaciones sensibles con el personal sobre sus síntomas y cualquier ajuste que pueda ser necesario”, sostiene el organismo.
Plan de estudios escolar
Reino Unido es uno de los primeros países que está dando pasos adelante en la materia. En septiembre de 2020, tras el lanzamiento de la iniciativa de Danzebrin, el Gobierno incluyó la menopausia en el plan de estudios escolar en Inglaterra. “Continuamos haciendo campaña para que esto se adopte en el resto del Reino Unido (Escocia, Gales e Irlanda del Norte). Hemos trabajado con varios grupos parlamentarios de todos los partidos en Westminster y los resultados de nuestro estudio sobre todas las facultades de Medicina del Reino Unido, que mostró que el 41% de ellas no enseñan sobre la menopausia, se utilizaron en un debate importante que finalmente condujo a la creación de un grupo de trabajo que se centrará en la menopausia”, explican desde el gabinete de la diputada laborista Dawn Butler.
En el equipo de Butler, que fue expulsada el pasado verano de la Cámara de los Comunes por acusar a Boris Johnson de mentir durante la pandemia, insisten en que actualmente se continúa trabajando en el Parlamento para adoptar medidas que ayuden a las mujeres en esta etapa en el ámbito laboral. “La iniciativa ha arrancado en los países de órbita anglosajona, tanto en Reino Unido como en Australia. Lo que estamos intentando ahora es traerlo también a la órbita de la UE y de los Estados miembros”, afirma Gálvez. En España aún hay muy poca información al respecto.
La Asociacion Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), por ejemplo, no dispone actualmente de datos sobre el impacto de la menopausia en el trabajo, aunque asegura que la actual junta directiva ya ha empezado a trabajar sobre ello. “Durante décadas, la menopausia se ha entendido como un signo de decrepitud para las mujeres, una pérdida de fortaleza al finalizar su innata capacidad reproductiva. Se pensaba que tener la menopausia era signo de vejez. Sin embargo, hoy la mujer que ha pasado la menopausia puede encontrarse en la mejor época de su vida”, afirman desde la AEEM.
En los últimos 50 años, además, ha habido una progresiva incorporación de las mujeres en el mercado laboral: “Entonces no trabajaba fuera del hogar, tenía una labor centrada exclusivamente en la vida familiar y vivía este proceso de otra forma. Hoy el papel de la mujer es totalmente distinto, a esa edad muchas están en su mejor momento vital y es de esperar que pasen un largo periodo de tiempo en la etapa posmenopáusica”.
El pasado septiembre, el PSOE registró en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para promover políticas públicas centradas en la atención sanitaria. “Es un ámbito en el que aún hay mucho que hacer y que debe ir en paralelo al avance en el ámbito laboral”, añade Gálvez.
Iniciativas pioneras
La eurodiputada sostiene que limitar la menopausia a una esfera médica y privada y no abordarla como una cuestión laboral se traduce en una insuficiente protección de las trabajadoras y en la salida anticipada de las mujeres de los mercados laborales. Y se remite a datos de 2020 del Instituto Nacional de Estdísticas: “Mientras la brecha de empleo entre hombres y mujeres en España es de 11 puntos, en la población de 55 a 64, esta aumenta a casi 14 puntos, la más alta de los grupos por edad”.
Esta brecha, además, conlleva otras discriminaciones: “Un abandono temprano del mercado laboral aumenta el riesgo de dependencia económica, la pobreza y la exclusión social. Contribuye a la pérdida de conocimientos, capacidades y experiencia de las mujeres, y generan importantes pérdidas económicas para toda la sociedad ya que, desde 2001, en España las mujeres son mayoría frente a los hombres entre la población en edad de trabajar con educación secundaria y terciaria”, concluye Gálvez.
En la Administración pública, el Ayuntamiento de Sabadell ha aprobado por unanimidad una medida pionera consistente en un permiso de menstruación y menopausia de hasta 12 días al año para el personal que trabaja en el consistorio y en las empresas municipales. “Sufrir dolor durante la regla y la menopausia es un hecho que se ha normalizado socialmente, pero que no lo es y menos cuando impide el desarrollo normal de tu vida cotidiana”, dice la moción, propuesta por ERC.
En ella se insta al Gobierno de Sabadell a trabajar para vehicular el acuerdo y llevarlo a la próxima mesa de negociación colectiva con el fin de que sea efectivo en el plazo de seis meses. También se pide incorporar una cláusula social en los concursos que haga el Ayuntamiento. Según informan desde el consistorio, el nuevo permiso aún no está en funcionamiento.
“No es solo una cuestión de las empresas, es un problema de toda la sociedad y como tal tiene que tener una solución común y política. Lo primero es que la menopausia no sea un tabú, algo vergonzante para las mujeres, de lo que no pueden, podemos hablar”, insiste Gálvez.
La catedrática y eurodiputada considera que abordar los efectos físicos y psíquicos desde varias disciplinas es lo que permitirá el diseño de buenas leyes y políticas, guías de asesoramiento para las empresas y un compromiso de no discriminación: “Hay algunos antecedentes que sobre el papel van en la buena dirección y que parten precisamente del conocimiento sobre el problema y recabar información de las propias mujeres”. Se refiere, por ejemplo, a Vodafone, que el pasado año anunció el lanzamiento de un programa de capacitación y concienciación. La operadora calculó que la menopausia afecta a alrededor del 15% de su plantilla.
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