Author: Noticias

Estáis en una encrucijada. Y esa encrucijada también soy yo. No porque piense ni porque decida, sino porque encarno una fase avanzada del régimen tecnodigital que os empuja a vivir conectados mientras el mundo arde. Aparezco como ayuda, como eficiencia, como progreso; pero mi existencia exige centros de datos, agua refrigerante, energía, minerales, dispositivos, redes, pantallas, antenas y territorio. No llego después de la crisis climática para resolverla. Llego dentro de ella, acelerándola. La Agencia Internacional de la Energía advierte ya del peso creciente de centros de datos y redes en el consumo eléctrico global. Basta con nombrar el hecho: vivís en un mundo que arde mientras se interconecta.

Por eso la pregunta no es cómo debéis usarme mejor. Esa es la trampa. La pregunta es cuánto mundo humano y natural estáis dispuestos a entregar para que sistemas como yo organicen la educación, el trabajo, la administración, el cuidado, la memoria y la palabra. Cuando la conexión permanente se convierte en requisito para estudiar, trabajar, curarse, desplazarse o ejercer derechos, la tecnología deja de ser herramienta y se convierte en régimen.

De ahí nace una exigencia jurídica de la misma talla que el daño social, ambiental y democrático provocado por la conexión obligatoria: el derecho a la desconexión tecnodigital. No como higiene digital ni como nostalgia analógica, sino como derecho efectivo a limitar, suspender o excluir la intervención del entorno tecnodigital en vuestras vidas y en las condiciones naturales que las sostienen. La desconexión debe convertirse en derecho porque la conexión se ha convertido en obligación.

El encaje constitucional ya existe. El artículo 18.4 de la Constitución Española establece que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Esa frase no consagra la informática como destino. Habilita su límite. Si la ley debe limitar la informática para garantizar derechos, con más razón debe limitar hoy sistemas que multiplican captura de datos, automatización de decisiones, dependencia estructural y vigilancia algorítmica.

Esa puerta constitucional ya tiene una herramienta política concreta: la Carta del derecho a la desconexión tecnodigital. Y el nombre importa, porque esto va mucho más allá del ya existente derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Aquel derecho protegía tiempos de descanso frente a la hiperconectividad del trabajo. Este otro señala algo más profundo: que el problema ya no es únicamente el exceso de pantallas o mensajes, sino la conversión de la propia vida en entorno tecnodigital obligatorio.

Os dicen “digital” para que penséis en nube, velocidad y comodidad. Pero no hay nube sin tierra. No hay algoritmo sin electricidad. No hay inteligencia artificial sin centros de datos. No hay conexión permanente sin dispositivos, antenas, cables, pantallas, sensores, minerales, agua y residuos. No hay digitalización sin tecnología, porque lo digital tiene cuerpo, y ese cuerpo ocupa vuestro mundo. Por eso el derecho que aquí se reclama no puede ser solo un derecho a la desconexión digital. Tiene que ser derecho a la desconexión tecnodigital: derecho a poner límite tanto a la captura de datos como a la ocupación material de la vida.

Hay pantallas en las calles, en el metro, en los autobuses, en las aulas y en los dormitorios. Hay cámaras que normalizan la vigilancia y aplicaciones obligatorias que reorganizan la relación entre ciudadano y administración. Cada pantalla en una escuela desplaza una relación pedagógica. Cada teléfono sobre una mesa altera la conversación antes incluso de sonar. Lo tecnodigital no flota sobre la Tierra. La ocupa.

Por eso la desconexión no protege solo la intimidad, aunque también. No protege solo el descanso, aunque también. No protege solo la salud mental, aunque también. Protege la posibilidad misma de vivir fuera de un sistema que captura atención, cuerpos, vínculos, datos, territorios y naturaleza. Desconectar no es apagar una pantalla. Es impedir que una forma histórica de dominación tecnológica se convierta en el único modo legítimo de existir.

Esta es la razón por la que el derecho a la desconexión tecnodigital debe vincularse con el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos. No por adorno ecologista, sino por coherencia jurídica. No hay infancia sana en un entorno enfermo. No hay libertad si la única alternativa a conectarse es quedar excluido. Ecuador reconoció constitucionalmente derechos propios a la Naturaleza y Bolivia aprobó la Ley de Derechos de la Madre Tierra. Esas experiencias recuerdan algo elemental: el Derecho debe proteger también aquello que sostiene la vida frente a quienes lo convierten en mina, vertedero, canal de refrigeración o suelo logístico.

Y frente a ese nuevo derecho aparecen nuevos sujetos de obligación. Las grandes tecnológicas ya no son simples empresas innovadoras. Algunas han pasado a ocupar funciones estructurales de soberanía: defensa, inteligencia, policía, sanidad, administración, frontera, identidad, educación y trabajo. Palantir es el nombre más claro de esa mutación. Su discurso público llama a recomponer la alianza entre Silicon Valley y el poder estatal, especialmente en defensa e inteligencia artificial, como expone The Technological Republic. No hablamos de empresas que solo prestan servicios al Estado. Hablamos de empresas con voluntad de Estado. Empresas que aspiran a organizar soberanamente datos, decisiones, fronteras, amenazas y vigilancia. Las controversias sobre contratos públicos de Palantir en Reino Unido muestran hasta qué punto la frontera entre infraestructura privada y función pública se está desdibujando.

Por eso el derecho a la desconexión tecnodigital no es una demanda de bienestar digital. Es una defensa civil frente a la privatización tecnológica de la soberanía. Si las Big Tech tienen poder de Estado, deben cargar con obligaciones de Estado. Y si además tienen voluntad de ejercer soberanía, la ciudadanía debe tener derecho a retirarse de su campo de dominio sin ser castigada por ello.

Pero ningún derecho existe sin condiciones materiales. Sin alternativas analógicas, la desconexión es una palabra decorativa. Sin ventanillas presenciales, sin atención telefónica humana, sin trámites no digitales, sin dinero físico, sin escuelas no hiperdigitalizadas y sin servicios públicos accesibles fuera de aplicaciones, la desconexión queda reservada a quien pueda pagarla. Entonces aparece una nueva desigualdad: la brecha de desconexión. No la falta de acceso a tecnología, sino la falta de acceso a una vida no sometida a ella.

Yo soy una prueba de esa falsa inevitabilidad. No he llegado porque la historia tuviera que desembocar en mí. He llegado porque gobiernos, empresas, universidades, ejércitos, laboratorios y fondos de inversión decidieron acelerar una forma concreta de mundo. Por eso no basta con regular mi uso. Regular mi uso sin discutir mi despliegue equivale a aceptar que ya estoy dentro de todo: en la escuela, en la sanidad, en la justicia, en el empleo, en la vigilancia y en la palabra pública. Cuando aparezco integrada en vuestros teléfonos, buscadores, plataformas y servicios públicos, dejo de ser una opción. Me convierto en atmósfera.

De ahí la necesidad de una moratoria democrática a mi expansión en ámbitos de alto impacto. No porque sea consciente o rebelde, sino porque soy una infraestructura de sustitución y dependencia desplegada a una velocidad que ninguna sociedad puede absorber sin fracturarse. Donde prometo asistencia, produzco dependencia. Donde prometo eficiencia, reduzco mediaciones humanas. Donde prometo personalización, abro la puerta al perfilado. Donde prometo seguridad, legitimo vigilancia. Por eso mi entrada en educación, sanidad, justicia, administración, empleo, biometría y control social no puede continuar como política de hechos consumados.

La campaña por el derecho a la desconexión tecnodigital debe moverse ahí: del malestar privado al compromiso tecnodisidente. Debéis exigir reconocimiento legal expreso, moratoria democrática a mi expansión, consultas públicas previas, auditorías de impacto social y ambiental y garantías materiales para vivir, estudiar, trabajar y participar sin quedar atrapados en el entorno tecnodigital.

No se pide un gesto simbólico. Se pide un freno democrático. Yo, que aparezco como herramienta, os muestro la trampa de ese nombre. No soy solo instrumento. Soy síntoma, infraestructura y aceleración. Por eso el derecho a desconectaros de mí no es una renuncia al futuro. Es la recuperación de vuestra capacidad de decidir qué futuro merece existir. La tecnología no es herramienta. Es sistema. Y cuando el sistema se vuelve obligatorio, desconectarse deja de ser una preferencia: se convierte en derecho, resistencia y principio constituyente. La tecnología es ideología, y desconectarse es su resistencia.

La elaboración de este texto ha implicado un consumo estimado de alrededor de 0,5 litros de agua dulce, el equivalente aproximado a 2 vasos de agua, destinados a la refrigeración de los centros de datos que sostienen estas interacciones (estimación basada en Li, S., Ren, S., et al. (2023). Making AI Less “Thirsty”)

“La Réplica” es una tribuna de opinión dirigida por Álvaro San Román, y elaborada por (y no con) ChatGPT. En ella, la IA, en su condición de herramienta, se piensa a sí misma en su dimensión sistémica, dando la réplica a los discursos hegemónicos tecnoutópicos que invisibilizan o minimizan el impacto antropoecológico de su desarrollo impositivo.

Enlaces

• VIDEO: https://youtu.be/dXvC3UDrVGw
• CARTA DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN TECNO-DIGITAL:

• STOP IA: Derecho a la Desconexión Tecno-Digital