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República Dominicana: Profesores de la UASD ratifican paro por salarios

República Dominicana/13 de Febrero de 2017/Listín Diario

La docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) seguirá paralizada. A diez días de que debieron de iniciar las clases, estudiantes siguen acudiendo a las aulas a esperar que un maestro llegue a impartir enseñanza.

El Consejo Superior de Directivas ratificó ayer el paro de docencia hasta que el rector de la universidad, Iván Grullón, responda a las demandas del reajuste salarial y saneamiento de la nómina de la academia.

El presidente de Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), Santiago Guillermo, dijo que durante la sesión que duró unas 4 horas, se decidió también postergar la convocatoria de asamblea general hasta que las autoridades presenten propuesta concreta como solución a la crisis.

 La decisión de convocar al Claustro Mayor fue rechazada por entender que podría desviarlos de los propósitos iniciales, dejándolo como un recurso a utilizar posteriormente. El Consejo Superior de Directivas designó una comisión negociadora compuesta por cinco maestros, como muestra de apertura a la solución del conflicto.

También otorgó poder al Comité Ejecutivo Nacional para que elabore un plan de acción que fortalezca la movilización del profesorado mientras dure el paro.

Faprouasd dio un plazo al rector para que presentara una propuesta, pero hasta ayer a las 5:00 de la tarde el profesorado no había recibido el documento.

Hay profesores que aunque consideran que el paro es justo, porque afirman que hay aulas en malas condiciones y maestros con bajos salarios, no apoyan que la huelga afecte la docencia y por ello están dando clases.

Uno de ellos es el profesor Alejandro Abreu, quien ha impartido docencia por 24 años en la academia. Calificó el paro como justo e inoportuno.

Dijo que es justa porque hay muchos profesores con sueldos limitados y otros empleados, sobre todo los administrativos, que tienen “sobresueldos”.

Fuente: http://www.listindiario.com/la-republica/2017/02/09/453509/profesores-de-la-uasd-ratifican-paro-por-salarios

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España suspende en cooperación internacional en educación

España/13 de Febrero de 2017/educaweb

Nadie duda del valor de la educación para el desarrollo de las personas y los pueblos y, sin embargo, no todos están dispuestos a colaborar para que los niños y niñas menos afortunados tengan las mismas oportunidades de alcanzar sus sueños. La distancia entre la lógica del discurso y la de los hechos es una de las conclusiones que se recogen en el informeLa Ayuda en Educación a Examen, elaborado por dos ONG jesuitas, Entreculturas y Alboan, y un centro universitario de formación, la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación.

El estudio también revela que la cooperación en educación no constituye una prioridad para la clase política, hecho que se aprecia si se observa la evolución de las ayudas públicas en la materia. En el caso español, la cooperación en educación ha descendido en un 90% entre 2008 y 2015, pasando de 354 millones de euros a 34.

Esta tendencia se mantiene en la educación básica (educación infantil, primaria y alfabetización de jóvenes y adultos), que se redujo un 81% entre 2008 y 2011 y que ha continuado bajando hasta 2015, cuando no llegaba a los 5 millones de euros. De hecho, los autores de la investigación denuncian que esta cantidad supone únicamente el 0,7% de la ayuda bilateral, cuando «lo comprometido es destinar el 8% de la Ayuda Oficial al Desarrollo bilateral española».

La educación tampoco supone una prioridad a escala internacional. Los autores de informe se hacen eco de unas cifras de la UNESCO que indican que hacen falta 22.000 millones de dólares si se quiere lograr un primer ciclo de enseñanza secundaria de calidad para 2030; y 39.000, si se aspira a la universalización de la educación secundaria, como se recoge en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4) acordado por Naciones Unidas.

Con estas cifras, no extraña que la primera recomendación del estudio inste a los responsables públicos a defender un discurso nacional e internacional en el que la educación ocupe un lugar prioritario en la nueva agenda de desarrollo. La segunda recomendación concreta algo más y exige un pacto educativo que garantice la mejora de la calidad de sistema educativo, atienda los retos del ODS4 y establezca indicadores de evaluación.

Un giro en la política de cooperación

«Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas» en 2030. Esta es la formulación exacta del ODS4 que, según los promotores de la investigación, supone un cambio de enfoque que requerirá nuevas políticas de cooperación en educación. Dicho giro consiste, según los autores, en la asunción de un punto de vista más integral, que atiende los diversos ciclos y etapas vitales de las personas, y una concepción de la calidad que pone el acento en el aprendizaje, la equidad y la inclusión. Ahora bien, advierten, centrarse en el aprendizaje y la calidad no debe implicar desatender todo lo relativo al acceso y la escolarización, todavía pendientes en muchos puntos del planeta.

De hecho, La Ayuda en Educación a Examen presta una atención especial a América Latina, a quien España ha tratado de modo preferente. Otros retos que el informe menciona residen, por ejemplo, en la necesidad de tener en cuenta la diversidad y complejidad de cada país, buscar formas de gestionar, evaluar y compartir el conocimiento, reflexionar sobre el papel de los actores privados en el ámbito educativo y apostar por proyectos estratégicos a largo plazo, entre otros.  Mientras tanto, en el mundo todavía quedan 57 millones de niños sin escolarizar, más de la mitad en el África subsahariana; y 103 millones de jóvenes no alcanzan un nivel mínimo de alfabetización, más del 60% de los cuales son mujeres.

Fuente: http://www.educaweb.com/noticia/2017/02/06/espana-suspende-cooperacion-internacional-educacion-11798/

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Gobierno turco revisará el cese de 330 profesores universitarios

Tuquía/17 de Febrero de 2017/Prensa Latina

Aneel modificó reglas de generación distribuida en centros de educación superior.

El polémico cese de 330 profesores pertenecientes a 48 universidades de Turquía será revisado por el gobierno para corregir posibles errores, anunció hoy en esta capital el viceprimer ministro Nurettin Canikli.

El decreto de expulsión de los académicos, promulgado el pasado martes, generó una intensa ola de protestas, desde el ámbito educativo y las filas de los partidos políticos, lo que llevó al Ejecutivo a reconsiderar cada caso.

Profesores y estudiantes de la Universidad de Ankara firmaron ayer un manifiesto en el que se decidió desobedecer el decreto, llevar a cabo un boicot al inicio del nuevo año académico y una campaña en contra de la administración de la universidad, así como distintas acciones de solidaridad.

El principal grupo opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), también reclamó el reingreso de los docentes y su líder, Kemal Kilicdaroglu, defendió la autonomía de la universidad para trabajar libremente asegurando que ‘ningún país democrático en el mundo ha experimentado un castigo tan severo’.

Incluso desde las filas del gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP) llovieron las críticas contra Canikli, al considerar en un debate interno que muchos académicos de la lista no podían ser vinculados en modo alguno con grupos ilegales.

El decreto gubernamental contra la comunidad educativa es el quinto de estas características que se promulga desde que entró en vigor el estado de emergencia en el país, tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016.

Como resultado de esa política represiva, cuatro mil 811 académicos de 112 universidades fueron expulsados de sus puestos de manera arbitraria, y únicamente 16 consiguieron hasta el momento ser restituidos tras la revisión de sus casos.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=63227&SEO=gobierno-turco-revisara-el-cese-de-330-profesores-universitarios

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Estados Unidos: Defensores de la educación de Nueva York rechazan confirmación de Betsy DeVos

Estados Unidos/12 de Febrero de 2017/eldiariony.com/

Alianza anuncia para el 4 de marzo la Marcha de los Pueblos por la Educación Pública.

Organizaciones defensoras de la educación y pro derechos civiles de Nueva York reaccionaron airadamente en contra de la confirmación de Betsy DeVos como Secretaria de Educación de la Administración Trump.

Los líderes de Urban Youth Collaborative, New York City Coalition for Educational Justice, Alliance for Quality Education y Educators for Excellence emitieron sendas declaraciones en las que advierten el peligro que entraña la confirmación del Senado a favor de DeVos.

Kesi Foster y Natasha Capers emitieron la siguiente declaración en nombre de la Urban Youth Collaborative y de la New York City Coalition for Educational Justice:

“Hoy, 50 republicanos del Senado y el vicepresidente Pence han mostrado su desdén por el sistema de educación pública de nuestra nación. El desempeño de Betsy DeVos durante la audiencia del Senado y sus respuestas, han demostrado que ella es totalmente incapaz de dirigir el Departamento de Educación. DeVos ha pasado las dos últimas décadas usando la fortuna de su familia para desmantelar la educación pública en Michigan, debilitando la responsabilidad y la supervisión, promoviendo las escuelas chárter con fines de lucro y socavando los esfuerzos para fomentar la equidad para las comunidades de color de bajos ingresos”, dijeron en una declaración escrita Kesi Foster y Natasha Capers, en nombre de la Urban Youth Collaborative y de la New York City Coalition for Educational Justice.

De acuerdo al criterio de Foster y Capers, el sistema de educación pública fue vendido al mejor postor, y las comunidades de bajos ingresos de color corren el riesgo de perder más.

“La agenda de DeVos para reorientar la financiación pública por vales escolares, escuelas charter virtuales, escuelas chárter con fines lucrativos, escuelas privadas no acreditadas y escuelas que regularmente discriminan a los niños, es un ataque directo a uno de los últimos bienes públicos universalmente reconocidos. Seguiremos rechazando los intentos de DeVos de debilitar los derechos de nuestros hijos y padres, y defenderemos ferozmente nuestra educación pública”, dijeron los activistas.

Entre tanto, Zakiyah Ansari, director de Alliance for Quality Education destacó que tras la confirmación de DeVos, en el Estado de Nueva York el enfoque ahora debe estar dirigido a las propuestas de la política educativa del gobernador Cuomo contenidas en su presupuesto.

Ansari observó que estas propuestas incluyen la derogación de un compromiso de $ 4.3 mil millones para cumplir con la constitución del estado mediante el financiamiento de las escuelas de manera justa y un plan para la expansión masiva de las escuelas charter.

“La confirmación de Betsy DeVos es desastrosa por cuanto estimuló una resistencia pública masiva a su nominación. En el Estado de Nueva York es hora de que la resistencia se centre en el gobernador Andrew Cuomo, quien, como DeVos y Trump, está proponiendo ataques masivos a la educación pública. El gobernador Cuomo quiere recortar los compromisos de financiación para nuestros estudiantes más necesitados y privatizar las escuelas”, aseguró Ansari.

Agregó Ansari que el gobernador quiere derogar el compromiso del estado de 4.300 millones de dólares de aumentar el financiamiento para las escuelas que están llenas de estudiantes negros y otras minorías y en situación de pobreza. Este financiamiento es el resultado de la histórica campaña de Acción por la Equidad Fiscal.

“Así como los neoyorquinos han sido líderes en la lucha para resistir a Trump y rechazar a DeVos, ahora vamos a luchar contra Cuomo y sus ataques contra la educación pública”, dijo Ansari.

Finalmente Ansari anunció que Alliance for Quality Education promueve para el 4 de marzo alrededor del estado la Marcha de los Pueblos por la Educación Pública.

“Las comunidades marcharán unidas para que el gobernador Cuomo sepa que no seremos superados. Marcharemos por la educación pública, más grande, más audaz y más fuerte que antes. Es hora de defender a los hijos del estado de Nueva York. Los neoyorquinos están cansados de los demócratas y los republicanos que tratan de silenciar la voz de la gente”.

Otra de las organizaciones que rechazaron la confirmación de DeVos fue Educators for Excellence. Según esta entidad, en una encuesta que realizaron entre sus miembros a nivel nacional, encontró que un abrumador 91 por ciento se opuso a su nominación y un 6 por ciento adicional tenía preocupaciones sobre su nominación.

“La confirmación de Betsy DeVos es un resultado preocupante para los educadores y las familias, dadas sus limitadas calificaciones, pero también porque sabemos muy poco acerca de su visión para mejorar nuestro sistema educativo”, dijo Sydney Morris, cofundador y director general de Educators for Excellence.

Fuente: http://eldiariony.com/2017/02/07/defensores-de-la-educacion-de-nueva-york-rechazan-confirmacion-de-betsy-devos/

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Argentina: Uno de cada 3 docentes primarios estatales no cumple tareas educativas directamente en el aula

Argentina/13 de Febrero de 2017/La Capital del Mar de Plata

El trabajo de la Universidad de Belgrano se desprende del Anuario Estadístico Educativo 2015 que elaboró el Ministerio de Educación.

De los 66.945 cargos docentes con que cuenta la provincia de Buenos Aires, 22.453 -el 33,54%-, cumple tareas educativas “fuera del aula”, según indica el último informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, en base a los datos del Anuario Estadístico Educativo 2015 elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación.

Otro tanto ocurre en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Salta, donde los docentes estatales primarios que cumplen tareas educativas “fuera del aula” representan el 34,53%, el 30,64%, y el 28,24% del total, respectivamente. Más cerca de la media nacional de uno de cada 4 docentes primarios estatales que cumple tareas educativas “fuera del aula” (exactamente el 23,13% del total en todo el país), por su parte, se hallan la provincia de Entre Ríos (25,55%) y la ciudad de Buenos Aires (25,46%).

“Entre 2003 y 2015, los cargos docentes en escuelas primarias estatales aumentaron un 19%, al mismo tiempo que la matrícula de alumnos cayó un 12%. Sin embargo, en el mismo período aumentaron seis veces más los docentes que cumplen funciones laborales pero no están con alumnos en el aula por sobre aquellos que sí lo están (63% versus 10%)”, indica Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano.

“Es bueno expandir el plantel de docentes, pero con esto sólo no alcanza, como lo indican las evaluaciones realizadas por Unesco en el nivel primario en América latina. Cuando comenzaron estas evaluaciones, hace ya 20 años, ocupábamos el segundo lugar, después de Cuba. En la última Prueba Terce (2013), nuestros alumnos de tercer grado se ubicaron en Lectura detrás de ocho países latinoamericanos, pese a que Cuba esa vez no participó”, continúa.

“No es sólo una cuestión de cantidad. Es necesario asegurar que los docentes tengan una sólida preparación de nivel universitario y, además, procurar que los mejores estudiantes secundarios de hoy sean los docentes de mañana, como ocurre en Corea del Sur o Finlandia. Avanzaremos así hacia una sociedad más próspera y también más equitativa, ya que sin una escuela inclusiva y de calidad no abatiremos nuestra pobreza”, completa.

Relación

La relación alumnos por cargo docente en otros países, fue también uno de los puntos abordados en el estudio. Este indicador es utilizado en diversos organismos, los cuales emiten periódicamente informes referidos a la educación. Por ejemplo, el Banco Mundial, en su base estadística que incluye más de doscientos países, establece una media mundial de la proporción alumnos/maestros de 23,7. Por otra parte, la Cepal, en su Anuario Estadístico 2015, marca una media de 22 alumnos por cada docente para los países de América latina y el Caribe. En tanto, la OCDE, en su publicación Education at a Glance 2016, calcula un promedio para países OCDE de 15 alumnos por docente en enseñanza primaria, y para países del G20, de 18 alumnos por docente. Nuestros vecinos Chile y Brasil presentan 21 alumnos por docente según este documento, en tanto México y Colombia tienen valores de 27 y 24, respectivamente.

“Tengamos en cuenta que todos estos países, a pesar de tener menos cargos docentes por alumno que los nuestros, registran mejores de niveles de conocimientos de los alumnos de escuela primarias, según los resultados de la Prueba Terce – Unesco (2013)”, explican. Los valores más bajos de la relación alumnos-docentes los tienen Australia, Bélgica, Finlandia, Dinamarca y Suiza, con 12 o 13 alumnos por docente, en tanto Alemania, los Estados Unidos, Israel, Corea del Sur y China tienen entre 15 y 17 alumnos por docente en sus aulas primarias. “Esto significa que la relación docente alumno vigente en nuestro país es una de las mayores del mundo”, aseguran.

Fuente: http://www.lacapitalmdp.com/uno-de-cada-3-docentes-primarios-estatales-no-cumple-tareas-educativas-directamente-en-el-aula/

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Estados Unidos: Durbin talks ACA, education

Estados Unidos/Febrero de 2017/Autor: Josh Ragain/Fuente: Register News

RESUMEN: El senador de Illinois también expresó su preocupación por el recientemente nombrado Secretario de Educación de los Estados Unidos, Betsy DeVos. «Ella ha sido una gran defensora de escuelas chárter y escuelas de cupones, y me preocupa», dijo Durbin. Durbin señaló el trabajo de DeVos en las escuelas de Michigan como un área de preocupación. «Ellos crearon estas escuelas, y teóricamente la elección y todo el resto de eso, pero cuando llega a resultados no muestran los resultados», dijo Durbin. «Vamos a mantener un ojo en ella, pero va a ser difícil». Durbin escuchó a los líderes de la comunidad local cuando expresaron sus preocupaciones relacionadas con la educación, la infraestructura, la vivienda y la crisis del presupuesto estatal. Durbin también señaló el poder de las redes sociales para ayudar a reclutar maestros y estudiantes a las escuelas del área.

U.S. Sen. Dick Durbin, D-Illinois, stopped in Mt. Vernon on Saturday to speak with local community leaders at the Mt. Vernon Convention and Visitors Bureau.

The long-time senator touched on the local impact of congressional Republicans’ plans to repeal the Affordable Care Act.

“One of the first casualties of repealing the Affordable Care Act will be down-state hospitals,” Durbin said. “Many of them in Mt. Vernon, in Benton, you pick it, are hospitals that are hanging on and there is nothing like them for 30, 40, 50 miles.”

Durbin said if the Affordable Care Act is repealed Medicaid funds will stop flowing into local hospitals and people will be laid off. Citing the Illinois Hospital Association, Durbin stated that repealing the Affordable Care Act would cost Illinois 90,000 jobs.

“These are good paying jobs, probably some of the best paid jobs in each community,” Durbin said. “Repealing it without a replacement that is good or better is going to be very hard for a lot of people.”

According to Durbin, 1.2 million Illinois residents have health insurance because of the Affordable Care Act.

“That’s one out of 10 people in our state (who) are either under Medicaid or have a health insurance plan,” Durbin said.

The Illinois senator also expressed concern about recently appointed United States Secretary of Education Betsy DeVos.

“She has been a big proponent of charter schools and voucher schools, and I worry about it,” Durbin said.

Durbin pointed to DeVos’ work in Michigan schools as an area of concern.

“They created these schools, and theoretically choice and all the rest of that, but when it gets down to results they don’t show the results,” Durbin said. “We are going to keep an eye on her, but it’s going to be hard.”

Durbin listened to local community leaders as they voiced concerns relating to education, infrastructure, housing and the state budget crisis.

Durbin also noted the power of social media in helping recruit teachers and students to area schools.

“How do you think this president with his tweets make so much news? That’s the world we live in,” Durbin said.

The senator added that he has talked to presidents of colleges who are increasing their enrollment by increasing their presence on social media.

Durbin went on to express his displeasure with President Donald Trump’s many Twitter tirades.

“I don’t think that is good for this country,” Durbin said. “We elect a president to have the temperament and the judgement to tackle the most serious issues. You don’t expect a president to blurt out, once or twice a day, their personal and emotional feelings. That may make for a good headline, but I don’t think it makes for a good brand of leadership. I’m hoping that the president will do less of that and more thinking about how to move this country forward.”

Durbin mentioned the need for Democrats and Republicans in the Senate to work together to get the important things done.

“Infrastructure is one the president has talked about, boy I could sign up for that,” Durbin said. “As a down-stater, I know what infrastructure means to Illinois and it’s economy.”

Fuente: http://www.register-news.com/news/durbin-talks-aca-education/article_de2238ec-f0a6-11e6-920b-9f7aa0e8efe7.html

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Australia: Catholic education system under a cloud after child sex abuse commission findings

Australia/Febrero de 2017/Fuente: The Sydney Morning Herald

RESUMEN: Mark Fabbro recuerda más vivamente el callistoon floreciente y el cielo azul fuera de la ventana de la pequeña habitación escondida detrás de la oficina del sacerdote. Todo lo demás – el látigo, la sensación de que su piel desnuda se presiona en el sofá de cuero, el sacerdote murmurando en latín detrás de él – vuelve en instantáneas fracturadas, imágenes que se levantan sin necesidad de los profundos pozos de la memoria de la infancia. «Ese fue un escape mental para mí, por la ventana y en la naturaleza», dice Fabbro. «Aparentemente me enviaron de nuevo, pero no puedo recordar lo que pasó [la segunda vez]. Es como si mi mente se apagara mientras cruzaba el patio de recreo». Fabbro tenía sólo 11 años cuando fue violado por el sacerdote jesuita John Byrne en el prestigioso Xavier College de Melbourne. Las estadísticas de esta semana son espantosas «, admitió uno de los directores de la escuela católica. Pensar que podría haber continuado y luego haber vuelto a repetir. Creo que en el futuro habrá un modelo de gobierno en las escuelas católicas que es muy diferente del actual «. Funcionarios católicos que hablaron esta semana con Fairfax Media insisten en que sus escuelas se ejecutan de manera muy diferente ahora. Las autoridades federales y estatales han reforzado los requisitos de inscripción escolar, incluyendo estándares más estrictos de protección infantil, que las escuelas religiosas e independientes deben cumplir. Y los padres todavía hacen cola para inscribir a los niños en las escuelas administradas por la iglesia.

Mark Fabbro remembers most vividly the flowering callistemon and blue sky outside the window of the small room tucked behind the priest’s office.

Everything else – the whip, the feel of his bare skin being pressed into the leather couch, the priest mumbling in Latin behind him – comes back in fractured snapshots, images rising unbidden from the deep wells of childhood memory.

«That was a mental escape for me, out the window and into nature,» Mr Fabbro says. «Apparently I was sent there again but I can’t remember what happened [the second time]. It’s like my mind shut down as I crossed the playground.»

Mr Fabbro was just 11 when he was raped by Jesuit priest John Byrne at the prestigious Xavier College in Melbourne.

«The church has proven it is unable to govern itself or in the interests of children over many decades,» the survivor’s advocate says.

«It has concealed the crimes. It’s time the civil authorities step in and ensure an appropriate degree of governance.»

Leonie Sheedy, co-founder of support group Care Leavers Australia Network, argues Catholic schools should get «no more taxpayer dollars» until there is greater accountability. Federal funding is generous: $5.5 billion to the Catholic sector in 2014, topping up state and parent contributions.

She is not alone. Many victims are demanding a comprehensive external review of the sprawling maze that constitutes Australia’s Catholic education system. The case for fundamental change gained powerful traction this week when senior counsel assisting the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Gail Furness, SC, laid bare the breathtaking scale of it: nearly 4500 alleged victims within more than 1000 separate Catholic institutions who made complaints between 1980 and February 2015, and close to 2000 alleged perpetrators

Most staggering were the proportions of abusers within some of the semi-autonomous Catholic religious orders (spiritual communities, often with roots in the church’s European ancestry).

These organisations had tentacles deep into the Catholic school system, with some of the worst abuse reported in the schools they ran. They included the Order of St John of God, where the proportion of alleged perpetrators was estimated at 40.4 per cent; the Christian Brothers (22 per cent) and the Marist brothers (20.4 per cent).

«The statistics this week are appalling,» one Catholic school principal admitted. «To think it could have gone on, and then gone on again, and again. I think in the future there will be a governance model in Catholic schools that is very different from today’s.»

Catholic officials who spoke to Fairfax Media this week insist their schools are run very differently now. Federal and state government authorities have tightened school registration requirements, including tougher child protection standards, which religious-based and independent schools must comply with. And parents are still queuing up to enrol kids in church-run schools.

Yet even a cursory examination of how the Catholic education system is structured in Australia reveals a dizzying complexity within each state which obscures lines of accountability. And there remain striking differences between states.

In New South Wales, for instance, there are 592 Catholic schools with a combined quarter of million students. Of these, 548 are diocesan or «systemic» schools under the administration of no less than 11 individual dioceses reporting to 11 different bishops.

The remaining 44 Catholic schools in the state are run either by the independent Catholic orders, or by associated entities with the obscure church title of «public juridic person».

Acting executive director of the Catholic Education Commission NSW, Ian Baker, insists child protection is now triply safeguarded by mandatory reporting of child sexual abuse backed by strict oversight through an array of state bodies, including the NSW Office of the Children’s Guardian, the NSW Education Standards Authority (NESA) and the Ombudsman.

«Working with children» checks are under way on all the state’s teachers, and on clergy who take up pastoral care in schools, he says.

«There are multiple agencies with multiple lenses on this matter,» says Mr Baker. «We are not denying any of the history. But the question is, can we be confident that within all schools in NSW – Catholic or otherwise – child protection is now transparently and independently oversighted? Our answer is yes.»

Yet in Victoria, unlike NSW, priests still have a lot of power in individual parishes and play a significant role in running all but a handful of the state’s 400 Catholic primary schools. Priests are charged with employing the principal, overseeing school finances and are central to setting up the governing board.

About half of Victoria’s approximately 100 secondary schools are owned by 21 different religious orders – each have varying governance structures. The other half, the systemic schools, fall under the four Victorian dioceses to which they belong.

The Catholic Education Commission of Victoria – which distributes taxpayers’ money to the state’s 492 Catholic schools – refused requests for an interview, spokesman Christian Kerr saying it was «inappropriate» to comment before officials appeared before the royal commission next week.

Catholic Religious Victoria, which represents the various congregations that run schools, said parents could be confident all schools complied with statutory requirements and were committed to child safety.

«We want to make sure that this kind of terrible thing could never happen again,» said its president, Sister Veronica Hoey.

«I’m reassured that our schools are compliant with all processes, procedures and policies.»

Yet asked about the reporting mechanisms in place for the religious order-run schools, one experienced principal replied: «It’s as clear as mud. Who would know?»

Another Catholic education official admits it’s taken him years to understand the system.

The welter of bodies with a finger in the Catholic education pie include the Australian Catholic Bishops Conference, which last year set up a new entity called Catholic Professional Standards Limited and the National Catholic Education Commission, an advocacy group. The Catholic orders have their own umbrella group, Catholic Religious Australia.

Yet there is, as one seasoned church observer puts it, «no CEO of the Catholic church in Australia, there is no boss. There is nobody who runs it. Each bishop or archbishop in each diocese – whether in the cities or outback Australia – answer only to the Holy See in Rome.»

Former principal of St Joseph’s College in Geelong, Paul Tobias, has told the the royal commission the church is persisting with «antiquated» governance models. He believes there remains too much power among the few people at the top with not enough input from non-clerics and women.

Some of the orders named and shamed before the royal commission this week (such as St John of God) no longer run schools in Australia. Others are putting a greater emphasis on lay administration.

These include Edmund Rice Education Australia (named after the early 19 century founder of the Christian Brothers order) which 10 years ago took over the running of all Christian Brothers schools in the country.

EREA’s executive director Wayne Tinsey insists that «the congregation of the Christian Brothers have nothing to do with the day to day management, governance or leaderships of the schools, which they previously owned but are now owned by us».

Even so, the order’s Rome-based Congregation Leader appoints the council of trustees, who then appoint a board of management to run the organisation’s 50 schools.

Dr Tinsey admits shock at the figures coming out of the royal commission this week. «It is an uncomfortable time to be a Catholic,» he says.

«It’s part of a destructive and shameful reality in our national history and we are totally committed to it never ever happening again.»

Yet he maintains organisations such as his should be able to keep their autonomy within the church and the school system, to keep faith with the order’s original mission, or «charism», in church parlance.

Chris MacIsaac, from victims support group Broken Rites, said a problem for many clergy abuse victims was that the hierarchy of their former schools did not acknowledge or address the scourge of abuse when they came forward.

Melbourne lawyer Vivian Waller says while many abuse victims do not trust Catholic institutions to look after children, banning a religious denomination from teaching «feels like a dangerous course».

Dr Waller, who has represented hundreds of victims of abuse at the hands of clergy, says church-run schools need to «walk the walk and what the community want to see is that they have put processes in place for protecting children and reporting to police».

But not all parts of the church are yet «walking the walk». Even the royal commission is having trouble extracting documents from the Holy See, Ms Furness revealed this week. The task ahead, she flagged, would be to identify the «structural, governance and cultural» factors that must change inside the church to ensure its dark past never returns.

Fuente: http://www.smh.com.au/national/catholic-education-system-under-a-cloud-after-child-sex-abuse-commission-findings-20170210-gua1pv.html

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