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Foreign Students Bring $20 Billion to Australia

Australia/Noviembre de 2016/Autores: John Ross y Julie Hare/Fuente: Inside Higher Ed

RESUMEN: El valor de la educación internacional para Australia ha superado los 20.000 millones de dólares australianos (14.800 millones de dólares EE.UU.), lo que confirma la posición de la industria como la tercera fuente de ingresos del país y la mayor exportación de servicios. Nuevas cifras de la Oficina Australiana de Estadísticas muestran que la educación internacional ha eliminado un cóctel de problemas -incluyendo un alto dólar australiano, administración de visas oficiosas y ataques contra estudiantes extranjeros- para publicar un nuevo récord de ingresos.Los expertos dicen que el resurgimiento podría acelerar, si la exitosa campaña presidencial de Brexit y Donald Trump llega a los dos mayores competidores de Australia. Las cifras publicadas la semana pasada mostraron que el crecimiento en el número de estudiantes chinos matriculados en instituciones de Estados Unidos el año pasado fue el más bajo en una década.

International education’s value to Australia has surged past 20 billion Australian dollars ($14.8 billion U.S.), confirming the industry’s status as the country’s third-biggest earner and easily the largest export of services.

New figures from the Australian Bureau of Statistics show that international education has shrugged off a cocktail of problems — including a high Australian dollar, officious visa administration and attacks against foreign students — to post a new revenue record.

Experts say the resurgence could accelerate, if Brexit and Donald Trump’s successful presidential campaign stem student flows to Australia’s two biggest competitors. Figures released last week showed that the growth in the number of Chinese students enrolling at U.S. institutions last year was the lowest in a decade.

Australia’s international education exports totaled 20.3 billion Australian dollars ($15 billion) last financial year, an 8 percent rise compared with 2014-15.

The figure includes fees and onshore spending on goods and services such as food and accommodation, as well as royalties, consultancies and other related services.

Most of the income came from foreigners studying at universities, with the higher education sector attracting about 14 billion Australian dollars ($10.4 billion).

Vocational training institutions earned about 3 billion Australian, English language colleges 1 billion and schools 800 million ($2.2 billion, $740 million and $592 million, respectively).

Universities Australia, which represents institutions, said international education helped sustain Australian living standards, supporting more than 130,700 jobs.

It said more than 320,000 students from 130 countries were currently studying in Australia’s universities.

“Through the exchange of students on a grand scale, we’re forging relationships that underpin our future diplomacy, trade, business links, cultural insight and personal connections,” said Universities Australia’s chief executive, Belinda Robinson.

Meanwhile, newly released government data reveal that Australia’s most prestigious universities are continuing to increase dramatically the number of international students they enroll, largely to help cover the costs of research.

While the national average was just shy of 20 percent international student enrollments, last year Melbourne University enrolled 18,384 overseas students — or 31.2 percent of its total enrollment, up from 16,140 the previous year.

Melbourne was followed by the Australian National University, with 28 percent international students.

The University of Sydney, University of New South Wales, Monash University, University of Technology Sydney and RMIT University all had more than one in four students from overseas.

Previous research has demonstrated that international students not only subsidize the teaching of domestic students but also keep afloat the multimillion-dollar research efforts of major universities.

However, Melbourne’s overseas student enrollments pale in comparison with Federation University in Ballarat, where 42.5 percent of students come from overseas, and Gold Coast-based Bond University, with 41.3 percent.

Local undergraduate students contribute 10,440 Australian dollars ($7,729) a year to study business. For international students, fees to study for a business degree next year range from 19,920 Australian dollars ($14,746) at the University of New England to 39,264 Australian dollars ($29,065) at research-intensive Melbourne University.

Phil Honeywood, chief executive of the International Education Association of Australia, warned that any increase in students deciding against the U.S. or Britain could be tempered by increased competition from Canada, China and New Zealand.

Fuente: https://www.insidehighered.com/news/2016/11/23/international-education-20-billion-industry-australia

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Chile: Codicen y gremios fustigan informe crítico de educación

Chile/Noviembre de 2016/Autor: Carlos Tapia/Fuente: El País

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) criticó la forma en que se gobierna la educación en Uruguay. Acusó falta de liderazgo y transparencia. Y advirtió sobre el «corporativismo» docente formando parte de las decisiones. Incluso alentó a «suspender» la representación de estos dentro del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Desde el gobierno y los gremios, lejos de tomar los consejos del organismo, se objetó gran parte de las alertas expresadas por éste.

«La participación docente no garantiza corporativismo, sino especificidad. Autonomía y cogobierno son como José Pedro Varela; estamos hablando de vacas sagradas. Es más, no solo los consejeros docentes deberían ser electos, sino todos», dijo a El País la consejera de Secundaria, justamente en representación de los profesores, Isabel Jaureguy.

El consejero de Primaria electo por los maestros, Pablo Caggiani, en tanto, opinó que «existe una suerte de esquizofrenia» con respecto a la participación de los trabajadores. Y explicó: «Todos hablan del rol de los maestros y de su reconocimiento, pero opinan que no deben estar asociados a la gestión del sistema». Caggiani añadió que la participación de los consejeros electos en el Codicen «garantiza la preservación de la desviación ideológica».

La consejera de la ANEP, Laura Motta, precisó que «como en cualquier cargo, este se puede ejercer en función de un corporativismo o no». Y que en «la experiencia que se tiene hasta ahora esto no ha sido así». Por otra parte, recordó que todos los consejeros son docentes, y que la diferencia está solo en que algunos llegan al cargo por designación del Poder Ejecutivo y posterior venia del Parlamento, mientras que otros son designados mediante elecciones.

El consejero electo por los docentes en el Codicen, Robert Silva, marcó un matiz frente a sus compañeros. «Lo del corporativismo es algo que yo he dicho varias veces, porque replica la representación de las entidades sindicales», precisó. De todos modos, aclaró que no es su caso, puesto que él no fue el candidato preferido por los gremios en las elecciones de los consejeros, y porque aunque es colorado no se presentó como tal. «Yo no represento al gobierno, a ningún partido político, ni a los sindicatos», enfatizó.

Desde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), donde recayó la mayoría de las críticas de la OCDE, Julio Moreira también reivindicó la participación de los docentes en el Codicen y sus desconcentrados. «La acusación que hacen es fuerte. Dicen que los sindicatos somos corporaciones, y que si se nos consulta a nosotros también habría que hacerlo a padres y alumnos. El problema es que los docentes son especialistas en educación, nuestro juicio es calificado, en el caso de padres y alumnos no sé», criticó.

Más reparos.

El capítulo de Uruguay en la Revisión de Recursos Educativos que presentó la OCDE el martes, tuvo 30 páginas, pocos elogios y muchas críticas. En los pasillos de la ANEP y de sus respectivos consejos ayer no se hablaba de otra cosa. Y entre algunos consejeros (y también en sindicalistas) existe preocupación sobre las implicancias del estudio.

La OCDE realiza sus pruebas y sus análisis en Uruguay porque se lo permite el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En la presentación del nuevo informe hablaron varios oradores, entre ellos una especialista de Chile, que comparó los modelos de ambos países. «Yo quisiera saber por qué se hizo esa comparación. Porque temo que estemos ante una nueva reforma como la de (el expresidente del Codicen entre 1995 y 2000, Germán) Rama. Antes queríamos copiar el modelo de España, ahora parece que vamos por el chileno. Al menos los pasajes nos van a salir más baratos», ironizó Jaureguy.

En este sentido también se pronunció Caggiani, que criticó el sistema de vouchers (que se aplica en Chile) para que los padres sean quienes decidan a qué institución educativa pública mandan a sus hijos. Esta propuesta fue mencionada por el presidente Tabaré Vázquez en la campaña electoral, pero luego de una ola de críticas de los sindicatos dio un paso atrás.

«Las regulaciones que maneja la OCDE, que tiene que ver con hacer todo con la lógica del mercado, han fracasado ya en varios países. Esto es algo muy claro, es la propuesta de los vouchers. Acá vamos a tener que peinar y leer bien para ver cuáles son las recetas que plantean», consideró.

«Me gustaría saber qué piensan los actores políticos sobre las recomendaciones que hace la OCDE. Hay cosas que dice el informe que son muy preocupantes. Por ejemplo cuando habla de evaluar las políticas educativas bajo una lógica de costo beneficio. ¿O sea que la educación es buena si egresan más, no si permite varios resultados?», consideró por su parte el sindicalista Moreira.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/codicen-gremios-fustigan-informe-critico.html

 

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Uruguay: Minorías étnicas reclaman inclusión de su historia en programas educativos

Uruguay/Noviembre de 2016/Fuente: La Diaria

Por el pequeño tamaño y la reducida población del país en que vivimos, bien podríamos ser todos parecidos físicamente, de igual color de ojos y piel. Pero por suerte, no. Uruguay goza de una gran diversidad étnico-racial que lo hace muy rico, mucho más si se atienden las discriminaciones y se incluye mediante políticas públicas -además de la actitud consciente de cada uno- a las minorías étnicas. Una delegación uruguaya concurrió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra a rendir cuentas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR); los avances son “sustanciales”, pero queda mucho por hacer.

Uruguay es uno de los 177 estados que han ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965, que procura defender los derechos civiles, culturales, sociales, económicos y políticos, entre otros, de las minorías étnicas discriminadas por su origen. Por esta firma, debe presentar informes periódicos ante expertos independientes en la materia que intercambian con el gobierno para asegurar su correcta implementación.

Ayer, durante la primera de las dos sesiones en las que se está tratando el caso uruguayo, el director nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, tomó la posta para informar sobre el avance -principalmente normativo- en la materia.

La principal referencia fue a la Ley 19.122, promulgada en 2013, que asegura normas para favorecer la participación de la población afrodescendiente en lo educativo y laboral, mediante el reconocimiento, en primer lugar, de que esta ha sido “históricamente víctima del racismo, la discriminación y la estigmatización”. Aun así, algunos indicadores presentados mostraron una magra incorporación de la población afro por parte de los distintos poderes del Estado hasta 2015: 1,7% en el Ejecutivo, 1,1% en el Judicial, 0,4% en los gobiernos departamentales y 0% en el Legislativo.

Visiones propias

La Coordinadora Nacional Afro Uruguaya presentó un informe alternativo ante la CEDR en el que considera que el Estado no ha avanzado en la implementación de acciones que den respuesta a las recomendaciones en la materia. En diálogo con la diaria, Noelia Maciel, representante del colectivo, explicó que en el informe presentado por el gobierno “se habla de actividades que se han realizado pero no se mide el impacto que estas tienen en la población afrouruguaya”.

El “mayor problema” que tiene la comunidad afrouruguaya a raíz del racismo son las desigualdades, sobre todo a nivel socioeconómico. “Vemos que se han desarrollado políticas sociales que han disminuido la pobreza, pero la brecha entre la población blanca y afrodescendiente ha aumentado”, afirmó Maciel. La pobreza -medida por ingresos monetarios- alcanza a 9,7% de los uruguayos, pero si se atiende al colectivo afro únicamente, la cifra trepa hasta 20%.

A su entender, hay cierta “resistencia” por parte del Estado a incorporar el enfoque étnico-racial en el desarrollo de las políticas públicas. “Más allá de que se hagan cosas puntuales, no hay un compromiso de recursos específicos para atender el desarrollo de nuestra comunidad”, afirmó. Lo que se busca es “una política integral que transversalice todas las políticas públicas para abordar el tema de una forma más abarcativa”, y en este sentido una de las fallas es que “cuando se cambia de gobierno no se trabaja con el acumulado anterior”.

Maciel también llamó la atención sobre la falta de una tipificación de la discriminación racial como un delito y, por otro lado, de un “espacio que sirva de centro de referencia para que las personas sepan dónde ir a denunciar una situación de discriminación racial”.

Otro integrante del colectivo, Juan Pedro Machado, mostró a la diaria las carencias en el interior del país, sobre todo “al norte”, donde se concentra una mayor cantidad de afrodescendientes. “Creo que hay que profundizar las políticas, hacerlas llegar y transformarlas en un elemento más práctico”, apuntó, criticando la “macrocefalia” existente en relación con la capital del país.

Por otro lado, Paula Surí, del Clan Choñik, una comunidad indígena conformada por familias que “han rescatado las costumbres de nuestros ancestros charrúas” y que integran el Consejo de la Nación Charrúa de Uruguay, consideró que entre las principales responsabilidades del Estado está la de “reconocer que estamos acá, vivos, y que tenemos una cultura, una lengua y una espiritualidad”.

Asimismo, el colectivo busca el reconocimiento por parte del Estado uruguayo del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la inclusión en los programas educativos de todos los niveles del aporte indígena a lo largo de la historia. “Los niños y jóvenes deben poder acceder a esa cultura ancestral que durante mucho tiempo les dijeron que no existía; no sólo existe, sino que también es nuestra”, afirmó. Maciel dijo que es “fundamental” que “se pueda reconocer al país como multicultural y multiétnico”.

Visiones externas

Luego de la presentación de Graña, los expertos de la ONU procedieron a hacer sus comentarios y consultas. Varios de ellos destacaron el avance, al que calificaron de “fantástico” y “excelente”, pero también abordaron sus faltas.

La mayoría de las consultas tuvieron que ver con la Ley 19.122 y, sobre todo, con el registro de los resultados e impactos de su reglamentación, considerando que “hay un problema real entre la ley y su espíritu”. También se preguntó sobre la implementación en el ámbito privado y acerca de los “castigos” realizados a personas o empresas que hayan incitado al odio. En este sentido, también se abordó la necesidad de contar con “algún organismo” que “vigile los mensajes emitidos por los medios de comunicación”, así como la necesidad de “alguna capacitación” en la materia. Por otro lado, cuestionaron la poca “voluntad política” de ratificar el convenio 169 de la OIT. En cuanto a las minorías indígenas, también se consultó si “se habla del genocidio a los niños” y “cómo se presenta la información” en los planes educativos. El intercambio entre la delegación uruguaya y el comité continuará hoy a las 6.00 (hora local), con las respuestas de los primeros a las consultas y se podrá seguir por http://webtv.un.org.

Fuente: http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/11/minorias-etnicas-reclaman-inclusion-de-su-historia-en-programas-educativos/

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Estados Unidos: Trump’s choice for U.S. secretary of education has history of promoting school choice

Estados Unidos/Noviembre de 2016/Autor: Louis Freedberg/ Fuente: Ed Source.org

RESUMEN: El presidente electo, Donald Trump, ha nombrado a Betsy DeVos, una filántropo multimillonaria con una larga historia de promoción de escuelas autónomas y bonos fiscales para la matrícula de escuelas privadas, para ser secretario de educación en su administración. «Me siento honrado de trabajar con el Presidente electo en su visión de volver a hacer una gran educación americana», escribió en Twitter. «El statu quo en ed no es aceptable.» DeVos, de 58 años, está casado con el multimillonario Dick DeVos, hijo del cofundador de Amway Richard DeVos. Ella viene de una familia adinerada por derecho propio: su difunto padre fue Edgar Prince, un industrial que fundó la Prince Company, un exitoso proveedor de repuestos de automóviles en Michigan. Su hermano Erik fue el controvertido fundador de la firma de seguridad Blackwater. Sin embargo, los representantes sindicales de los maestros eran muy críticos con el nombramiento. «Tomar el dinero público para los vales privados no está de acuerdo con los valores de California», dijo Eric Heins, presidente de la Asociación de Maestros de California.

President-elect Donald Trump has named Betsy DeVos, a billionaire philanthropist with a long history of  promoting charter schools and tax-supported vouchers for private school tuition, to be secretary of education in his administration.

“I am honored to work with the President-elect on his vision to make American education great again,” she wrote on Twitter. “The status quo in ed is not acceptable.”

DeVos, 58, is married to multi-billionaire Dick DeVos, the son of Amway co-founder Richard DeVos. She comes from a wealthy family in her own right: her late father was Edgar Prince, an industrialist who founded the Prince Company, a successful auto parts supplier in Michigan.  Her brother Erik was the controversial founder of the Blackwater security firm.

Teachers union representatives, however, were highly critical of the appointment.  “Taking public money for private vouchers is out of step with California values,” said California  Teachers Association president Eric Heins.

In a similar vein, Ryan Smith, executive director of Ed Trust-West in Oakland which focuses on closing the achievement gap, said, “We would vigorously oppose any agenda that would divert resources from students who need them the most to fund a misguided voucher program.”

The announcement came a day after Michelle Rhee, the former head of public schools in the District of Columbia who now lives in Sacramento where her husband Kevin Johnson is mayor, withdrew her name from contention.

“I have appreciated the opportunity to share my thoughts on education with the PEOTUS,” she wrote in statement posted on Twitter on Tuesday, using the acronym for President-elect of the United States.

During Trump’s campaign, the most specific education proposal he made was to set up a $20 billion fund to provide government-funded vouchers to all low-income children in the United States to attend schools of their choice – whether private schools, charter schools, magnet schools or traditional public schools.

DeVos’ appointment suggests that this will be a campaign promise that Trump will try to follow through on, or at least some version of it.

DeVos has been involved in numerous education organizations and causes, especially in her home state of Michigan. But the issue she is most closely identified with is promoting school choice options, typically outside the public schools.

She is chairwoman of the American Federation for Children, whose mission, sounding strikingly similar to Trump’s campaign declaration on the issue, is to “empower parents, particularly those in low-income families, to choose the education they determine is best for their children.”

She and her husband started a charter school in Grand Rapids, the West Michigan Aviation Academy. In 2000, the couple underwrote an unsuccessful statewide initiative that called for issuing tax-supported vouchers to cover private school tuition. More recently, her husband led an effort in the Legislature to make Michigan a “right to work” state, which would have slashed teacher contributions to unions.

John Affeldt, the education program director at Public Advocates, a public interest law firm headquartered in San Francisco,   said rather than trying to create a “few escape valves” in the non-public school alternatives for some children, “we need to make the system work.”  He said private and parochial schools don’t have the capacity to address all the needs of low-income children.  “We have to make the public schools work for everybody, instead of starving them of resources and blaming them for underperformance,” he said.

What was far less clear until DeVos was selected was where she stood on the Common Core standards, which may have been another factor in her selection.  During the campaign, Trump repeatedly called for a repeal of the standards, calling them a “disaster,” and going after Jeb Bush early in the campaign for his support of the standards.

DeVos has supported a range of organizations that support the Common Core standards, including sitting on the board of the Foundation for Educational Excellence, which was founded by Jeb Bush, and is currently its chairman.  The former Florida governor praised DeVos as an “outstanding pick” who has “long and distinguished history championing the right of all parents to choose schools that best ensure their children’s success.”

She has been subjected to a barrage of criticism from anti Common Core groups for her apparent pro-Common Core stance,.  Some of that criticism was published as recently as the day she was nominated by Breitbart News, the same news outlet previously run by Steve Bannon, Trump’s closest advisor. In response, DeVos appears to have updated her website to say that she is “opposed to the Common Core — period,”  and sent out a tweet to draw attention to her stance within hours of her selection.

In contrast, Rhee’s enthusiastic backing of the standards may have been a crucial factor in her not getting the post, or not being interested in it.

In withdrawing from consideration, Rhee pushed back against other Democrats, including those who would typically be allies, for considering the post.  Shavar Jeffries, president of Democrats for Education Reform.  issued a statement saying that a Democrat who took the top spot in the department “would become an agent for an agenda that both contradicts progressive values and threatens grave harm to our nation’s most vulnerable kids.”

“Interestingly many colleagues warned me against doing so (meeting with Trump),” Rhee wrote in a pointed rebuttal. “They are wrong. Mr. Trump won the election. Our job as Americans is to want him to succeed. Wishing for his failure would be wanting the failure of our millions of American children who desperately need a better education.”

Democrats need no longer worry about one of their own becoming head of a department that Trump has said he wants to eliminate or at the least shrink in size and influence. In DeVos, he has chosen a blue-blood Republican – one who espouses many of the core positions that the GOP has espoused on education in recent years, and many core Democratic  constituencies have opposed.

“In nominating DeVos, Trump makes it loud and clear that his education policy will focus on privatizing, defunding and destroying public education in America,” said Randi Weingarten of the American Federation of Teachers, echoing the statement by the National Education Association Lily Eskelsen Garcia.

Fuente: https://edsource.org/2016/trump-names-betsy-devos-new-u-s-secretary-of-education/573207

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España Méndez de Vigo: Tenemos que hacer lo posible por desarrollar y descubrir el talento de nuestros estudiantes

España/Noviembre de 2016/Fuente: MECD

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha participado esta tarde en el Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea que se ha celebrado en Bruselas.

Durante su intervención, Méndez de Vigo ha resaltado que todos los Ministros de Educación “somos responsables de poner en marcha políticas para descubrir y desarrollar el talento de nuestros estudiantes” y ha puesto como objetivo de esta iniciativa “permitirles alcanzar su pleno desarrollo personal y profesional”.

Méndez de Vigo ha destacado la necesidad de “identificar el talento como primer paso para que los jóvenes puedan desarrollarlo”.

Por ello ha pedido al resto de Ministros de Educación de la Unión Europea que “garanticen que nuestras reformas educativas incluyan medidas que les permitan adquirir y expresar sus diferentes talentos, así como alcanzar su pleno desarrollo personal y profesional”.

Méndez de Vigo ha recordado que “la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa contiene expresamente un apartado dedicado al talento cuando afirma que “Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento”.

En este sentido, ha recordado que el Ministerio está elaborando un Plan de Mejora de la Educación que incorpora la Neuropsicología en los centros educativos. El Plan establece ocho ámbitos de actuación, a desarrollar en tres años, comenzando por la atención a alumnos con dificultades de aprendizaje; alumnos con Talento y Altas Capacidades; y la aplicación de la neurotecnología para todos (nuevas metodologías y estrategias de aprendizaje basadas en las TIC).

La formación del alumno como prevención de la radicalización

El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha vuelto a insistir en la importancia de dar un “enfoque inclusivo a la educación”, de tal manera –ha asegurado- “que podamos afrontar el radicalismo violento a través de la educación”.

Por ello, se ha felicitado porque la Comisión Europea y los Estados miembros hayan acogido la propuesta española de incluir aspectos sobre valores y cultura europeos de manera transversal en los currículos de las asignaturas. Una propuesta que Íñigo Méndez de Vigo hizo en el Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea el pasado mes de noviembre de 2015.

En este sentido, Méndez de Vigo les ha recordado a sus homólogos europeos “la necesidad de incluir refuerzos curriculares en el área de geografía e historia para fomentar los valores y la cultura europeos, haciendo de Europa un espacio común de convivencia y trasladando así un mensaje positivo de integración y tolerancia”.

“En esa formación integral del alumno, es fundamental asegurar la adquisición de competencias sociales, cívicas e interculturales, imprescindibles para prevenir la violencia y el radicalismo desde la infancia”, ha dicho.

Méndez de Vigo ha subrayado que su Departamento ha finalizado la redacción del “Plan Estratégico de Convivencia Escolar”, que ha sido elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para ello, se ha formado un Grupo Técnico en el que también participan otros organismos gubernamentales como el Observatorio del Racismo, la Xenofobia y otras formas de intolerancia (OBERAXE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Tarjeta europea del estudiante

La delegación francesa ha solicitado la creación de una “tarjeta para estudiantes”, un proyecto piloto que está desarrollando con Italia.

Una tarjeta europea de estudiantes permitiría el reconocimiento inmediato de su identidad como tales, de conformidad con los procedimientos específicos de cada país, fortaleciendo el Espacio Europeo de Educación Superior, y facilitando su movilidad en todas sus formas.

Ante esta iniciativa francesa, el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha apoyado la idea considerando que, de este modo, “se facilitaría la movilidad de los jóvenes por Europa y trasladaría el mensaje de construcción de un espacio común”.

“Sería una manera de reconocer un conjunto de servicios y derechos de utilidad para los estudiantes provenientes de otros Estados miembros”, ha dicho.

Fuente: http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2016/11/20161121-bruselas.html

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La “Mujer de hierro” nigeriana del agua y el saneamiento

Nigeria/Noviembre de 2016/Fuente: UNICEF

En las comunidades rurales de Nigeria, la defecación al aire libre es un problema común que ocasiona graves peligros para la salud pública. A continuación le contaremos cómo Zainabu Abubaker, que dirige el departamento de agua y saneamiento del gobierno de su provincia, ha ayudado a que su comunidad esté prácticamente libre de la defecación al aire libre.

“Me llaman la Mujer de hierro, pero no sé por qué”, dice, riéndose, Zainabu Abubakar. “No soy una fiera ni nada de eso, solo hago mi trabajo”.

Zainabu tiene cuatro hijos y vive en el estado de Katsina, al norte de Nigeria. En 2009, el gobernador del estado la nombró directora del Departamento de agua, saneamiento e higiene (WASH) de la zona del gobierno local de Bakori, algo inusual en una región en la que hay muy pocas mujeres responsables de la toma de decisiones.

“Estudié enfermería en la universidad porque siempre me ha apasionado ayudar a mejorar la salud de la comunidad, especialmente la de mujeres y niños. Este es el cargo perfecto para mí”, asegura.

Eliminar la defecación al aire libre

El trabajo de Zainabu es especialmente importante en un país como Nigeria. Según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud de 2013, el 28% de los nigerianos practicaba la defecación al aire libre, mientras que un 37,3% utilizaba letrinas no mejoradas.

Zainabu trabaja muchas horas y dirige un equipo de 96 trabajadores: se trata de uno de los departamentos de WASH más amplios del país. Pero no siempre ha sido así. “Comenzamos como un equipo muy pequeño y con poco dinero, pero luchamos para lograr obtener tanto el presupuesto como los empleados que necesitábamos. Fue necesario mucho trabajo, pero, por suerte, nuestro gobernador nos apoyó. Él confiaba en que una vez que tuviéramos el dinero, habría resultados. Nosotros nos aseguramos de que no lo decepcionaríamos”.

Poco después, Zainabu y su equipo siguieron adelante y pusieron en marcha en el distrito un programa extensivo en materia de agua y saneamiento. Una de las primeras iniciativas del programa fue la de Saneamiento Total liderado por la Comunidad (CLTS). En 2009, esta se consideraba una medida moderna e innovadora que inspiraba a las comunidades a construir sus propias letrinas y eliminar la práctica de la defecación al aire libre: un problema común, especialmente en las zonas rurales. En la actualidad, el programa SHAWN II (Saneamiento, Higiene y Agua en Nigeria) se está llevando a cabo en colaboración con UNICEF y ONG aliadas, y cuenta con la financiación de UK Aid.

El compromiso de la comunidad

En menos de seis años, casi el 90% de las comunidades de Bakori han obtenido el certificado de comunidades sin defecación al aire libre. Esto significa, además, que los residentes han adoptado prácticas como lavarse las manos y que cuentan con acceso a agua segura gracias a la instalación de fuentes de agua nuevas.

“Esta es una de las razones por las que estoy más orgullosa. Está funcionando, y la diferencia es muy visible en las comunidades: la diarrea y los vómitos han disminuido drásticamente en los últimos años. Eso es lo primero que me cuentan cuando visito comunidades sin defecación al aire libre”.

Cambiar la mentalidad es un proceso largo y, por ello, los oficiales de la salud visitan las comunidades con frecuencia para controlar su desarrollo. Después, el equipo de Zainabu revisa atentamente los informes. “Realizo un seguimiento exhaustivo de lo que sucede en las comunidades: las conozco a todas y tengo suerte porque sé que cuento con un gran equipo que las ayuda”.

A pesar de los avances conseguidos, Zainabu aún se enfrenta a dificultades a diario. “La labor de directora puede ser difícil por ser mujer”, asegura. “Esto funciona así, pero yo soy una persona honesta y sé cómo manejar la situación. Espero servir de inspiración para otras mujeres para convertirse en líderes dentro de sus gobiernos. Es necesario que seamos más”, sonríe. “Es difícil, pero tengo claro aquello en lo que creo y estoy luchando para hacer lo mejor por las comunidades”.

Por último, Zainabu espera que otras provincias sigan el ejemplo del gobierno de Bakori. “Todavía queda mucho por hacer en Nigeria”, sostiene. “Espero que en otras provincias también sean capaces de desarrollar departamentos de saneamiento e higiene tan completos como el nuestro. Esto puede traer un cambio real, ya que contamos con los trabajadores y los recursos necesarios para poner en marcha un gran programa. A fin de cuentas, es la voluntad política y el trabajo lo que ayuda a lograr un cambio. Con eso, creo que todo es posible”.

Fuente: https://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nigeria_93327.html

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CEPAL invita a planificar el desarrollo con inversiones que permitan un gran impulso ambiental

Noviembre de 2016/Fuente: CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) invitó hoy a los países de la región a planificar su desarrollo con inversiones que permitan un cambio estructural en sus economías a través de un gran impulso ambiental, según explicó la Secretaria Ejecutiva del organismo regional, Alicia Bárcena, ante Ministros y Viceministros del área de planificación reunidos en Santiago, Chile.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas inauguró en la sede del organismo regional el seminario sobre Condicionantes de la inversión pública en el gran impulso ambiental y en la sostenibilidad del desarrollo. Este encuentro se celebró en el marco de las actividades del Consejo Regional de Planificación (CRP), órgano subsidiario de la CEPAL que orienta las actividades del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

En la apertura también intervinieron Marisela Rivera, Coordinadora General de Inserción Internacional de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) de Ecuador, y Miguel Ángel Moir, Secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de Guatemala, ambos en su calidad de Copresidentes de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación.

“El gran impulso ambiental ofrece la mayor oportunidad de cambio estructural progresivo de todos los tiempos. Abre opciones para una nueva industrialización asociada a una transformación tecnológica y productiva, con senderos bajos en carbono, que sea la base de la generación de empleos de calidad, de mayor crecimiento y de más igualdad, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Como ejemplo de las oportunidades en este terreno, Alicia Bárcena indicó que las inversiones anuales en infraestructura en América Latina han sido bajas (2,2% del PIB) en comparación con las que se registran en economías como China (8,5%), Japón (5%) y la India (4,7%). Asimismo, el nivel de gasto en investigación y desarrollo (I+D) representó en promedio el 0,83% del PIB regional entre 2005 y 2010, frente a la media del 2,5% del PIB alcanzada en los países de altos ingresos y del 1,7% del PIB en las economías en desarrollo de Asia Pacífico.

Por su parte, Miguel Ángel Moir, Secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de Guatemala, indicó que la implementación de la Agenda 2030 requiere vincular las políticas públicas, la planificación del desarrollo y los presupuestos, así como llevar a cabo intervenciones focalizadas en los grupos más vulnerables para transitar hacia la universalización de derechos.

Marisela Rivera, Coordinadora General de Inserción Internacional de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) de Ecuador, señaló en tanto que la redistribución expresada a través de la inversión pública en salud, educación y servicios básicos incrementa la productividad de la economía y permite la construcción de sociedades más justas.

Al término de la inauguración, Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL y Oficial a Cargo del ILPES, ofreció una presentación titulada El gran impulso ambiental para la igualdad y la sostenibilidad del desarrollo, en la que ofreció un panorama de la coyuntura económica global y regional y las propuestas estratégicas del organismo para el desarrollo de América Latina y el Caribe planteadas en el documento Horizontes 2030: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible.

En el encuentro de hoy también participan la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, Olga Marta Sánchez; el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de Paraguay, José Molinas Vega; el Viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana, Yván Rodríguez, y el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo de Bolivia, Harley Rodríguez, así como otros altos funcionarios de gobiernos de la región.

Este jueves 24 tendrá lugar en la CEPAL otro seminario internacional sobre Desafíos de la planificación en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), encabezado por la Red de América Latina y el Caribe de Planificación para el Desarrollo (REDEPLAN), mientras que el viernes 25 se desarrollará la XXVI reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación (CRP) que, junto a Ecuador y Guatemala en la Presidencia, está compuesta además por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tabago.

Fuente: http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-invita-planificar-desarrollo-inversiones-que-permitan-un-gran-impulso-ambiental

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