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Argentina: «No vamos a permitir que los estudiantes se conviertan en trabajadores precarizados»

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Por: Christopher Loyola

Mientras María Eugenia Vidal busca desde el Congreso extender la medida a todo el país, estudiantes y docentes continúan resistiendo a la propuesta porteña de pasantías laborales obligatorias en el último año del colegio secundario.

El reciente anuncio del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no tardó en generar malestar entre la comunidad educativa y despertó fuertes críticas también de legisladores y diputades de la oposición, así como de intelectuales y grandes figuras del ámbito educativo. Tanto estudiantes como docentes rechazan de plano la idea de implementar pasantías laborales de carácter obligatorio en el último año de las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta no es algo novedoso, ya que forma parte de los lineamientos esbozados por el Ministerio de Educación a cargo de Soledad Acuña en un power point allá por el año 2017. Cabe recordar que dicha propuesta, conocida como Secundaria del Futuro, fue rechazada también en su momento por centros de estudiantes y sindicatos docentes, generando un conflicto que provocó la toma de decenas de escuelas. «En 2017 nos enteramos de la Secundaria del Futuro porque se filtró un documento, si es por el Gobierno de la Ciudad no habría ninguna instancia de diálogo con las comunidades educativas sobre este proyecto, y hoy nos encontramos con lo mismo», expuso Trini Villafañe, estudiante de 5° año del Osvaldo Pugliese e integrante del Centro de Estudiantes.

Algo en lo que coinciden estudiantes y docentes es en la falta de comunicación, información y participación que prima en las decisiones que toma el Gobierno de la Ciudad. «Asistimos a un anuncio propagandístico donde en las escuelas no hay ningún tipo de precisión sobre cómo piensan llevar adelante una medida que es obligatoria para todos los quintos años, lo que implica que habrá 30 mil estudiantes haciendo pasantías», apuntó Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, en diálogo con El Grito del Sur. «Esto abre una serie de interrogantes sobre cómo están pensando la implementación, sabiendo que a nivel presupuestario no hay ninguna partida especial para este plan», agregó.

Por su parte, el secretario de Educación Secundaria de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Marcelo Parra, expresó: «Nos sorprende por lo que anuncian y por lo que no anuncian. Es decir, anuncian una cantidad de situaciones alrededor de las prácticas educativas, como por ejemplo que van a restar 120 horas cátedra de las materias que tienen las y los estudiantes. Y, por otro lado, nos preocupa la obligatoriedad que someten a las y los estudiantes, cosa que va contra la propia ley de prácticas educativas de la Ciudad». Y siguió: «No sabemos quién va a hacer el seguimiento de los y las estudiantes, cómo van a ser los espacios pedagógicos, cuáles son los contenidos, qué docentes van a acompañar a los estudiantes, y otra cantidad de situaciones que son realmente preocupantes».

La Secundaria del Futuro fue una propuesta del Gobierno de la Ciudad que empezó a implementarse en 2018, luego de un fuerte conflicto entre la comunidad educativa y las autoridades porteñas. Finalmente, aquellos y aquellas estudiantes que estarán cursando su último año en el ciclo lectivo 2022 deberán cumplir con las pasantías laborales obligatorias que formaban parte de la propuesta inicial de la cartera educativa. Hasta el momento no se habían registrado en las escuelas grandes cambios por fuera de la implementación de pantallas y dispositivos electrónicos, así como una serie de elementos que llegaron a las escuelas, continuando con «la política del marketing» de la administración Pro. «En mi colegio, por ejemplo, las aulas de los primeros y segundos años tienen pantallas pero nunca terminó de concretarse el proyecto de Secundaria del Futuro que venían a proponernos», contó Maica Colantoni, presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela de Música «Juan Pedro Esnaola».

Colantoni es una de les casi 30 mil estudiantes que el año que viene deberá cumplir con las pasantías laborales obligatorias y, consultada por este medio, opinó: «Lo último que necesitamos es que nos saquen horas de clase para mandarnos a laburar gratis, seguramente con los propios amigos con los que Larreta hace negocios todos los días. Se nota que no saben en qué andamos: todavía necesitamos recuperar contenidos de la virtualidad, queremos herramientas para reforzar nuestra revinculación y además hay condiciones básicas que ya históricamente no están garantizadas, como la higiene, la infraestructura, la comida».

«Ellos hacen una interpretación muy parcial de la realidad y vinculada al mundo empresarial. De hecho esta propuesta de la Ciudad de Buenos Aires fue bien vista por Funes de Rioja, hubo una reunión anticipatoria con él antes del anuncio», dijo Parra en relación a las intenciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con esta medida y su relación con sectores del empresariado como Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Y, en ese sentido, advirtió: «No vamos a permitir que los estudiantes, en el marco de lo que puede ser una actividad escolar y pedagógica, se transformen en trabajadores precarizados, porque no debería ser ésta la propuesta de las prácticas».

La dirigente de Ademys también se pronunció en tal sentido y criticó que «se juegue con las expectativas de estudiantes y familias», frente a un contexto de «creciente desocupación y precarización de la juventud». «Esto se da en un marco donde su propio espacio político está promoviendo reformas laborales, y lo han utilizado incluso como plataforma electoral, que precarizan aún más las condiciones de los trabajadores», resaltó. Y añadió: «Esta reforma en el nivel secundario, con la que el gobierno porteño ya viene intentando avanzar desde hace años, tiene que ver con las reformas generales que intentan vincular a la educación al mercado laboral, olvidando otras de las funciones fundamentales de la educación como puede ser, entre otras cosas, preparar a les estudiantes para una formación terciaria o universitaria».

El desempleo joven fue uno de los grandes temas que se puso sobre la mesa a la hora de captar el voto joven en las últimas elecciones de medio término, y la coalición de Juntos parece querer ahora tomar esa situación para proponer la implementación de pasantías laborales obligatorias para los y las estudiantes del último año del secundario en todo el país. Así lo expresó la diputada nacional electa por la Ciudad de Buenos Aires y ex-gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a través de sus redes sociales.

«No llama la atención, sobre todo por las declaraciones que tuvo la ex-gobernadora en relación a la posibilidad de acceso a las universidades. Claramente se avanza hacia lo que el gobierno de Juntos por el Cambio en la Ciudad viene implementando hace muchos años, que es aumentar la brecha educativa. Entonces habrá un sector que va a acceder a un tipo de educación con posibilidades de continuar sus estudios y otro sector que va a hacer su formación como mano de obra barata para los empresarios», respondió Mariana Scayola ante la consulta de El Grito del Sur por el anuncio de Vidal.

En tanto, Marcelo Parra señaló: «Pensar que las prácticas educativas en el ámbito laboral van a generar condiciones para que esos y esas estudiantes consigan trabajo es delirante».

Por último, en relación a las medidas que tomará la comunidad educativa frente a los anuncios del Gobierno de la Ciudad, la presidenta del Centro de Estudiantes del Esnaola subrayó: «Lo lanzan a fin de año porque saben que no tenemos tanto margen de acción como para tomar los colegios». Si bien la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), que nuclea a los centros de estudiantes de la Ciudad, aún no pudo reunirse, Maica Colantoni opina que «no tenemos que ir con un no rotundo a las pasantías sino ir a discutir el cómo, dónde, para qué y para quién, porque es una realidad que los pibes necesitamos acercarnos al mundo del trabajo y estaría bueno que las escuelas nos lo faciliten, pero no con negociados y acuerdos neoliberales de por medio».

«Estamos a la expectativa de ver cómo continúa, no tenemos definida aún ninguna medida de fuerza pero lo que sí tenemos en claro es que nos vamos a oponer a que las y los estudiantes se transformen en trabajadores precarizados o sin sueldo, que además no es la función que deben cumplir las prácticas en el quinto año, y tampoco vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores de la educación en el marco de sus puestos de trabajo», sumó el representante de la UTE por parte de los sindicatos.

Fuente de la información e imagen: https://elgritodelsur.com.ar

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Los 20 grandes éxitos de este 2021 que se acabó

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A vueltas con el nuevo currículo y las competencias

Las competencias, eje vertebrador del modelo curricular de la Lomloe

«Lo esencial son las competencias»: una historia de la reforma curricular

Luengo y Moya: “El equilibrio que propone la Lomloe entre comprensividad e inclusividad va a evitar las repeticiones de curso”

Carles Barquero: «La enseñanza demasiado orientada a lo práctico, a las competencias, quita una parte importante de lo que es la sustancia de la educación»

Pascual Gil: «Hay que vaciar las facultades de Educación de pseudociencias»

 

Equidad e inclusión

Redes, formación en el centro y horas para coordinación: la pequeña (gran) utopía navarra

Las niñas de altas capacidades son invisibles al sistema

Cuando el capacitismo social te echa de la escuela

Infancias trans, entre la realidad y el debate

Racismo en las aulas: una realidad incómoda

Segregación

Cheques de inequidad y desmantelamiento de la escuela pública

Cheque escolar: ¿qué comunidades lo aplican?

Ley Maestra: otra vulneración de la legislación educativa

Qué tiene que ver Boston con la escolarización en España y la segregación escolar

De todo un poco

¿Por qué lo llaman esfuerzo cuando quieren decir sacrificio?

Si impartes clases magistrales, lo estás haciendo mal

La Escuela de la República: memoria de una ilusión

Charo Morán: «La competencia ecosocial nos parece clave en la situación de emergencia climática en la que estamos»

 

Soraya Calvo: «La educación sexual no es ideología»

 

 

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España: La covid persistente y sus más de 200 secuelas ya tienen definición oficial

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La falta de una descripción médica aceptada por la OMS complicaba la vida a millones de personas que aún sufren por el coronavirus meses después de curarse

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya tiene una definición para una de las caras más intrigantes y de mayor impacto del coronavirus: la de aquellos millones de personas que una vez superada la covid siguen sufriendo sus secuelas durante meses. Un grupo de expertos liderado por investigadores españoles ha logrado, con la participación de enfermos y sus médicos, un acuerdo para describir la covid persistente. La cuestión del nombre tiene su relevancia. Además de saber qué es lo que tienen, los afectados podrán ver reconocidas bajas por esta nueva condición, los facultativos acelerar su diagnóstico y los científicos afinar en sus estudios sobre la covid persistente.

En el verano de 2020 empezaron a conocerse extraños casos de personas que habían superado la covid, pero arrastraban secuelas diversas. Unos seguían con anosmia, la pérdida de olfato. Algunos relataban dolores musculares y un cansancio casi infinito. Y en otros casos contaban cómo olvidaban el párrafo que acababan de leer. Lo más intrigante es que, como decía entonces un experto, allí donde pudieron hacerles pruebas cognitivas, “no vemos ni rastro de la enfermedad”. Con el paso del tiempo, a este conjunto de síntomas lo llamaron covid de larga duración, long covid o, especialmente en Estados Unidos, PACS, acrónimo en inglés de síndrome poscovid. En España se fue imponiendo covid persistente. Pero faltaba definir esta nueva condición clínica.

Joan Soriano, médico epidemiólogo del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, ha liderado un grupo de expertos internacionales que han consensuado la primera definición de covid persistente. El panel está impulsado y respaldado por la OMS y ha publicado las conclusiones de su trabajo en la revista The Lancet Infectious Diseases. La descripción oficial a partir de ahora, traducida del inglés, establece que la covid persistente es la condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, generalmente tres meses después del inicio, con síntomas que duran al menos dos meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo.

“La definición no incluye un listado de secuelas, porque tenemos ya más de 200 síntomas diferentes”, dice Soriano, investigador del Ciberes (Centro de Investigación Biomédica en Red en enfermedades respiratorias). No habría sido fácil decidir cuáles incluir y cuáles dejar fuera. Y no se puede descartar que aparezcan nuevas. En la definición mencionan los síntomas más comunes que incluyen, entre otros, fatiga, dificultad para respirar y disfunción cognitiva. El texto también recoge que pueden ser de nueva aparición después de la recuperación inicial de un episodio agudo de covid o persistir desde la enfermedad inicial. Es decir, pueden ser secuelas o síntomas en sí, una distinción que el coronavirus ha complicado.

Soriano recuerda que la cuestión del nombre y de tener una buena definición no es banal. “Es importante para la cobertura de los seguros o para una baja por enfermedad”, comenta. Es clave desde el punto de vista estadístico. Según lo que contenga esa definición clínica, la prevalencia de la covid persistente será una u otra. Por ejemplo, algunos estudios han estimado que entre el 10% y el 20% de los hospitalizados por covid salieron con el alta del hospital, pero también con secuelas que les duraron meses o incluso aún las tienen. Y también es fundamental para enfocar la investigación.

Como dice la vicepresidenta y responsable de investigación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez-Ledo, “a día de hoy no sabemos la causa ni hay una prueba diagnóstica que identifique quién tiene covid persistente y quién no”. Esto ha complicado el proceso de designación de la enfermedad, pero también su propio diagnóstico por parte de los médicos. Para lo primero, la OMS ha recurrido al método que llaman Delphi. Aquí se busca una definición por consenso mediante una serie de rondas en la que participan tanto expertos como pacientes o sus médicos que van estrechando el cerco hasta lograr una descripción médica que convenza a todos. La intervención de los afectados aquí es clave, estando ante un nuevo síndrome sin origen claro y formas objetivas de medir la cantidad, variedad e intensidad de los síntomas o secuelas. En el caso de la covid persistente han participado 265 personas, entre afectados, facultativos, científicos y personal técnico de la OMS.

Esta definición oficial no incluye los casos de covid persistente en niños. Aunque raros, también existen, pero como dice Soriano, “que un niño no pueda ir al colegio o jugar es de otra categoría; es tan diferente a la covid persistente de los adultos que los hemos dejado fuera”.

Fuente. https://elpais.com/ciencia/2021-12-28/la-covid-persistente-y-sus-mas-de-200-secuelas-ya-tienen-definicion-oficial.html

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Salhaketa Nafarroa: Contra las violencias que atraviesan la vida y la salud de las mujeres presas en España

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A la violencia de género que sufrimos todas las mujeres, por el hecho de serlo, se suman, en el caso de las mujeres presas, todas las violencias que inflige el sistema penal y penitenciario patriarcal.

El pasado día 8 de noviembre murió una mujer presa en la cárcel de Pamplona. Las reacciones ante la noticia fueron múltiples, apuntaban a la gravedad de las muertes en prisión y reclamaban explicaciones sobre cuál fue la respuesta institucional y sanitaria en esta situación. Sin embargo, al día siguiente, la atención mediática cambió rápidamente el foco, dejando una vez más a un lado la denuncia de la situación estructural de desatención y abandono que sufren las personas presas y, en concreto, las mujeres encarceladas.

La problemática en torno a la protección de la vida y la salud física y mental de las mujeres presas, atravesada por continuas y diversas violencias, comienza ya antes de su propio ingreso en prisión. Como consecuencia de la continua violencia a la que nos vemos expuestas las mujeres en esta sociedad misógina, un estudio reciente constató que entre el 70 y el 75 por ciento de las mujeres encarceladas habían sido víctimas de violencia de género grave. Sin embargo, según el reciente Informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), cuando una mujer ingresa en prisión, no se atiende a esta particular problemática ni ofreciendo información ni reconocimientos médicos de violencia sexual ni ningún tipo de asistencia psicológica, como prescriben las Reglas de Bangkok para la protección internacional de las mujeres privadas de libertad.

Una vez dentro de las cárceles, las condiciones de vida en prisión no hacen sino empeorar la salud de todas las personas que son encarceladas. En el caso de las mujeres, se añaden violencias concretas que contribuyen a ese empeoramiento de la salud. Uno de esos elementos que sin duda tiene consecuencias negativas en la salud de las mujeres es el doble estigma que soportan cuando delinquen, acusadas de delincuentes y de “malas mujeres” por haber violado, no solo su rol de “ciudadanas obedientes”, sino también el de mujeres no violentas y cuidadoras. Es la “doble condena” —y la doble violencia— que se impone a las mujeres que delinquen.

Además, dado el bajo porcentaje de mujeres encarceladas (alrededor del 7 por ciento del total de la población penitenciaria) y dada la configuración patriarcal del sistema carcelario, las mujeres son invisibilizadas y ocupan una posición marginal, que hace incrementar para ellas la dureza de la cárcel. Normalmente, las mujeres son encarceladas en prisiones hechas para hombres, donde ocupan un anexo a la prisión y, habitualmente, por la escasez de espacios de reclusión para mujeres, se ven obligadas a aceptar condiciones de encarcelamiento especialmente exigentes (como ocurre en la cárcel de Pamplona, cuyo módulo de mujeres es un Módulo de Respeto), e incluso, a alejarse cientos de kilómetros de sus lugares de arraigo. Estos elementos añaden violencias a las mujeres presas y tienen consecuencias negativas muy graves en su salud física y mental. De hecho, si la tasa de suicidio aumenta para las personas privadas de libertad respecto de la población en general, este porcentaje es aún mayor cuando se trata de mujeres encarceladas.

A pesar de la especial vulnerabilidad de las mujeres presas en términos de salud y calidad de vida, la atención sanitaria en las cárceles del Estado español es absolutamente lamentable. Son innumerables las críticas que se pueden hacer al respecto. Para empezar, que en la atención médica priman el orden y la seguridad sobre los criterios sanitarios, y que faltan profesionales sanitarias, ya que ni siquiera se cubren las plazas previstas y esto impide que pueda darse una atención sanitaria adecuada.

Otro problema fundamental es la atención a la salud mental y el funcionamiento de los protocolos de prevención de suicidios. Las cárceles del Estado español están llenas de personas con problemáticas de salud mental, previas a la entrada en prisión o desarrolladas durante el cumplimiento de la condena. La estancia en la cárcel no hace sino aumentar este sufrimiento psicológico, siendo frecuentes los episodios de autolesiones e intentos de suicidio. Sin embargo, prácticamente no existen vías para que quienes sufren trastornos mentales accedan a recursos adecuados de atención psiquiátrica y, en las cárceles, la mencionada perspectiva de orden y seguridad y la falta de medios sanitarios hace que las respuestas a los episodios sean de carácter punitivo en lugar de terapéutico, implicando incluso sanciones disciplinarias, como denuncia el CPT en su informe.

Cuando una persona muestra signos de querer acabar con su vida y se activa el protocolo de prevención de suicidios, la principal (si no la única) medida que se toma es encomendar a otra persona presa que actúe como observadora, como “presa sombra”, acompañando a la persona las 24 horas y vigilándola. Esta medida resulta aberrante: no se ofrece a la persona la atención profesional que requiere y se impone a la “presa sombra” —a menudo, coaccionada— la responsabilidad de atender y sostener esta compleja situación, pudiendo afectar negativamente a su salud mental y física. Esta práctica debe desaparecer y, como —una vez más— recomienda el CPT, estas situaciones se tienen que atender por personal sanitario capacitado.
No pretendemos abarcar en este texto la multiplicidad y la gravedad de violencias que soportan las mujeres presas y la afectación en su salud y en su vida. Sería una tarea imposible.

Lo que pretendemos es contribuir a volver a poner el foco en el lugar correcto. ¿Quién protege a las mujeres presas de las múltiples violencias a las que están expuestas en el sistema penitenciario? ¿Cómo asume el Estado su responsabilidad de garantizar la salud y la vida de las mujeres presas? ¿Qué va a hacer el Gobierno de Navarra? Tras la asunción de la competencia de la sanidad penitenciaria, tiene la obligación de garantizar la salud y la vida de las personas presas en la cárcel de Pamplona. La sociedad civil tenemos el deber de permanecer atentas y reivindicativas. Es por eso por lo que las denuncias de las violencias contra las mujeres tienen que incluir a todas ellas.

Fuente: https://rebelion.org/contra-las-violencias-que-atraviesan-la-vida-y-la-salud-de-las-mujeres-presas-2/

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Ex ministro de educación en Haití aboga por intervención militar para sofocar a pandillas en el país

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El exministro de Educación de Haití y director de la Iniciativa de la Sociedad Civil, Rony Desroches, abogó hoy por una intervención militar para sofocar las bandas armadas que operan con impunidad.

Desroches consideró que el actual clima de inseguridad está relacionado con las disputas políticas de los últimos años, además de la mala gobernanza que prevalece en la nación caribeña, aseguró el político.

“Actualmente existe una desproporción de la inseguridad y se requiere necesariamente una intervención militar para desmantelar las bandas”, dijo en declaraciones replicadas por la plataforma digital Vant Bef Info.

También defendió un mejor trato y condiciones de trabajo para la Policía y las Fuerzas Armadas, mientras llamó a los actores políticos y económicos a dejar de financiar la violencia en el país.

“Es la primera vez que el secuestro alcanza tal nivel en el país. Muchas familias han sido descapitalizadas por este fenómeno, que ha afectado a todos los niveles de la sociedad, así como a los extranjeros”, lamentó.

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos registraron más de mil secuestros durante 2021, mientras otras 20 mil personas tuvieron que huir de sus viviendas en Martissant, en la salida sur de Puerto Príncipe, tras los enfrentamientos entre las pandillas por el control del territorio.

La víspera en la misma zona individuos armados abrieron fuego contra dos buses de transportación colectiva, matando en el acto a cuatro personas, mientras igual número fueron trasladados de urgencia al hospital.

Fuente: https://www.elpais.cr/2021/12/28/abogan-por-intervencion-militar-para-sofocar-a-pandillas-de-haiti/

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Según los últimos datos, el desempleo en Brasil alcanza a casi 13 millones de personas

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El índice de desocupación del último trimestre cayó, pero el nivel de ingresos también sigue bajando.

La tasa de desocupación del trimestre agosto-octubre cayó 2,5 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado, de acuerdo a datos difundidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Según la última medición, el desempleo alcanzó 12,1%, en números absolutos 12,9 millones de personas.

Los datos oficiales, consignados por el portal Brasil de Fato, indican además que el trabajo informal representa 40,7% de la población ocupada. Esto significa que aproximadamente 38,2 millones de brasileños realizan sus tareas sin derechos laborales y sin ningún tipo de cobertura.

Además, el pequeño repunte en el índice de empleo no representó una mejora en los ingresos laborales. Según la Encuesta Nacional Continua de Hogares, los ingresos reales cayeron 4,6% en el semestre y 11,1% en lo que va del año. Entre los trabajadores con contrato laboral, la reducción de los ingresos mensuales fue 8% y entre los informales fue 11,9%. En todos los rubros de trabajo tenidos en cuenta por el IBGE también disminuyeron los ingresos: trabajador doméstico (-5,1%), trabajador del sector público (-10,6%), empleador (-15%) y autónomos (-4%).

En la comparación anual tampoco hubo crecimiento de ingresos en ningún grupo de actividad relevado por el IBGE. Por el contrario, en seis de ellos hubo reducciones: Industria (-16,1%), Construcción (-7,4%), Comercio, reparación de vehículos de motor y motocicletas (-10%), Información, comunicación y actividades financieras, inmobiliaria, profesionales y administrativos (-9,3%), Administración Pública, Defensa, Seguridad social, Educación, Salud humana y Servicios sociales (-11,6%) y Servicios domésticos (-5,1%).

Además, los datos muestran que los trabajos formales continúan creciendo mucho menos que los informales. En octubre, según el IBGE, mientras que el primer grupo creció 8,1% en un año, el segundo lo hizo en 19,8%.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2021/12/segun-los-ultimos-datos-el-desempleo-en-brasil-alcanza-a-casi-13-millones-de-personas/

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Discriminación, hostilidad y racismo: el día a día de migrantes en Tijuana, México. Estudio

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La discriminación basada en documentos, hostilidad y racismo fueron una parte inexorable de la vida diaria de los migrantes durante la pandemia en Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, que se ha convertido en una puerta para las personas que buscan refugio y asilo. Esta es una de las revelaciones de un estudio realizado por Espacio Migrante y Haitian Bridge Alliance con apoyo de Refugees International durante 2020 y mediados de 2021.

Luego de hacer una encuesta con 335 migrantes, sobre todo a centroamericanos, haitianos y africanos, determinaron que la población migrante en Tijuana, sobre todo las personas negras y no hispanohablantes, han enfrentado una mayor barrera institucional para tener acceso a documentos que les permitan trabajar, pagar un alojamiento y disfrutar de servicios públicos.

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“El aumento de la hostilidad hacia los migrantes sigue la línea de tiempo de la militarización de la aplicación de la ley de inmigración en México y las leyes de inmigración durante la administración Trump, políticas que obligaron a más migrantes a permanecer en las ciudades fronterizas, a menudo en condiciones de mayor precariedad, vulnerabilidad y mayor visibilidad”, dice el informe It’s very hard to have rights.

Documentación. El estudio señala que la población migrante que está en Tijuana carece de documentos para poder trabajar y conseguir alojamiento. Entre los indocumentados, que en su mayoría son africanos y haitianos, solo recibieron visas de tránsito para viajar al Norte y ya han expirado.

  • Hay haitianos que iniciaron un proceso de refugiados con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Chiapas y recibieron visas humanitarias. Pero mientras esperan la adjudicación como refugiados, no han podido renovar sus tarjetas humanitarias en Tijuana.
  • Para los haitianos también renovar documentos cada año es un proceso que genera estrés y ansiedad. Algunos se sintieron abrumados por la difícil, si no imposible, tarea de obtener documentos oficiales de Haití y tener que pagar tarifas cada vez que renovaron sus tarjetas. También describieron sus interacciones con el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) como confusas, debido a la falta de información disponible en su idioma.

Racismo. Desde 2019 ha habido un cambio en la percepción de los migrantes negros, debido a las políticas fronterizas que llevaron a que se quedaran mucho más tiempo en las ciudades fronterizas, afirma el estudio. “Los inmigrantes negros han llegado a ser percibidos como degradantes o contaminantes de la ciudad y como objetivos fáciles de que no recibirán protección de la policía”, explica.

  • Como ejemplo, señala que en una conversación con un grupo focal descubrieron que algunos mexicanos hacen uso de palabras como “masisi” en haitiano o “mayate” en español (ambas palabras se refieren al termino “maricón”) como insultos a migrantes negros. “Tales comentarios sobre el género, la sexualidad y la extranjería de los hombres negros se utilizan claramente para disminuir a los hombres negros frente a las normas mexicanas de masculinidad, y este caso ilustra la interconexión de varias formas de discriminación y estereotipos”, agrega el estudio.

Y la pandemia… El confinamiento que derivó la primera oleada de casos de covid-19 en todo el mundo también afectó de forma especial a los migrantes.

  • Empleo: De menos del 10% de los migrantes haitianos y africanos que estaban empleados durante el apogeo de la pandemia, 73% trabajaba en el mercado laboral formal y, por lo tanto, estaban empleados en empresas e industrias consideradas esenciales. Del 22 por ciento de los centroamericanos con un empleo remunerado durante la cuarentena, casi la mitad (47%) trabajaba de forma independiente o “fuera de los libros”. Muy pocos migrantes encuestados podían trabajar desde casa: africanos (11%), haitianos (19% y centroamericanos (9%).
  • Alojamiento: 97% de los africanos, 96% de los haitianos y 97% de los latinoamericanos y centroamericanos dijeron que la pandemia les había dificultado cubrir sus gastos de vivienda. El alquiler es una preocupación central en parte porque la mayoría de los migrantes encuestados vive en el centro, donde tienen más fácil acceso a la frontera y al transporte, pero donde los alquileres tienden a ser más altos.
  • Un dato del estudio es que los africanos no suelen quedarse en refugios, algunos por motivos religiosos, por lo que carecen de acceso a importantes redes de intercambio de recursos e información de las que disfrutan los haitianos y latinoamericanos que permanecen en albergues. A raíz de esta información, el informe sugiere que los trabajos para apoyar a los migrantes deben ir debe ir más allá de los albergues; de lo contrario, los africanos permanecerán invisibles y quedarán excluidos.
  • Acceso a la salud: Muchos migrantes y solicitantes de asilo en Tijuana, especialmente si eran negros o no hablaban español, no podían acceder a la atención médica necesaria. Las mujeres negras, especialmente si están embarazadas, sufren un absoluto desprecio por sus necesidades.

Recomendaciones. Espacio Migrante y Haitian Bridge Alliance enfatizan cinco demandas generales de los funcionarios e instituciones mexicanas:

  • Cumplir las “sólidas, pero rutinariamente ignoradas” leyes de derechos humanos del país y que trabajen juntos para desarrollar mecanismos para que los migrantes accedan a derechos
  • Normalizar la disponibilidad de información en los idiomas de los grupos de migrantes como práctica gubernamental y entre las organizaciones de la sociedad civil
  • Los gobiernos federales, estatales y municipales, junto con las organizaciones de la sociedad civil, incluyan el origen nacional como métrica para evaluar el acceso a los servicios y los datos de salud, educación y empleo
  • Capacitación en normas de derechos humanos, antirracismo y competencia cultural a los profesionales que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, gobierno local, servicios de inmigración y refugiados, atención médica y educación.

Fuente: https://eltiempolatino.com/news/2021/dec/29/discriminacion-hostilidad-y-racismo-el-dia-a-dia-de-migrantes-en-tijuana/

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