El Gobierno federal eliminó o se apresta a hacer desaparecer al menos ocho organismos públicos, algunos autónomos o desconcentrados, que afectan a la población civil o cuya eliminación es contraria a la legislación vigente, de acuerdo con una investigación periodística de Martha Martínez, del diario Reforma.
En todos los casos, el argumento gubernamental es que aplica una política de austeridad.
En los últimos tres años, desapareció el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), el Consejo de Promoción Turística, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Pro México y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, donde se incluyen acciones para parar la violencia contra las mujeres.
Además, están en proceso de extinción el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
La desaparición de estas instituciones implicó la eliminación de algunos servicios que brindaban, sobre todo a la población pobre, vulnerable o específica de mujeres.
Por ejemplo, el INIFED fue sustituido por La Escuela es Nuestra, un programa a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que entrega apoyos de manera directa a padres y madres de familia y directivos de planteles para la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las escuelas, eliminando con ello la supervisión técnica y el análisis de la infraestructura a cargo de expertos que el Instituto ofrecía.
Investigaciones de INEGI y otras señalan que al menos 15.000 escuelas en el país carecen de agua y su infraestructura, tras el abandono por la pandemia, se ha deteriorado: ¿quién las reparará?
Otro ejemplo es el Indesol, que fue extinguido por decreto el 31 de diciembre, pero que desde 2019, con la desaparición del Programa de Coinversión Social, dejó de financiar proyectos de las organizaciones de la sociedad civil encaminados a atender problemáticas específicas de la población en situación de vulnerabilidad o el Paimef, recursos para atajar la violencia de género, que oficialmente será absorbido por la Secretaría de Gobernación.
El politólogo Jorge Javier Romero advirtió que la desaparición de organismos especializados afecta a la población más vulnerable.
Agregó que, paradójicamente, este tipo de estrategias son las preferidas del neoliberalismo para recortar y retraer al Estado.
La extinción de organismos tampoco hace al Estado más eficiente, ya que la manera en la que se está dando, deja huecos enormes en las estrategias de atención a problemas específicos que se habían desarrollado a lo largo del tiempo, aun cuando estas necesitaban ajustes, opinó.
«Su idea de un Estado no corrupto y austero lo que está haciendo es que el Estado se retire de ámbitos en los que históricamente había venido desarrollando capacidades de atención de problemas específicos», afirmó.
Para el académico, un ejemplo es el INALI, cuya fusión con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas dejará en el abandono una tarea que requiere de profesionalización y especialización.
Otro caso, agregó, es el recorte de 44 por ciento al presupuesto de ciencia y tecnología, que puede tener efectos negativos de largo plazo para el país. «No están construyendo un Estado más eficiente, porque no se está reformando el Estado con un proceso de profesionalización, se está haciendo igual de arbitrario y con las mismas características del sistema de botín que había caracterizado históricamente la Administración Pública mexicana», añadió.
Fuente: https://rebelion.org/gobierno-elimina-ocho-organismos-publicos-que-atienden-a-personas-mas-vulnerables/
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