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México: Dinamismo de género ha invisibilizado problemáticas de la población LGBT+ en movilidad

*Si bien ha habido un gran avance en conocer las dinámicas de movilidad de los distintos grupos migratorios, aún falta profundizar en aquellos considerados en situación de vulnerabilidad como son las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+.


Directores de instituciones que apoyan a grupos pertenecientes a la comunidad LGBT+ y académicos estudiosos del tema, dialogaron a través del conversatorio “Migrantes LGBT+ en contexto de movilidad: Retos, desafíos y resiliencia”, el panorama de las necesidades específicas de atención de esta población y los principales retos a los que se enfrentan.

El diálogo tuvo como fin conocer por medio de distintos actores que trabajan con migrantes pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ, las dinámicas que emprenden una vez que se encuentran en territorio mexicano, como su travesía en el país, que tiene como finalidad cruzar a los Estados Unidos de América, los desafíos que encuentran y como convierten los mismos en oportunidades para desarrollar su resiliencia migratoria.

Rosemberg López Samayoa, presidente fundador y coordinador general de Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA A. C. dijo que, la población LGBT+ migrante era un tema invisibilizado, a partir del año 2014, se empezó a tener más información sobre estos flujos en Tapachula.

Fue así, como a través de la organización, buscaron estrategias de acercamiento. Junto a organizaciones de El Salvador, Honduras, Guatemala y México visibilizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicha problemática migratoria.

Ser LGBT y viajar en la caravana migrante de América Central. Cortesía: Agencia presentes

Sin embargo, al no tener información hicieron un estudio exploratorio con El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) para conocer lo que pasaba con estas poblaciones migrantes. Posterior a ello, le dieron seguimiento a partir de la comunicación por medio de redes sociales, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Notaron que, había problemáticas que las instituciones tampoco atendían. En respuesta, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA buscó mejores condiciones y estrategias de acercamiento.

López Samayoa indicó que han documentado con población que proviene de El Salvador, Honduras y Guatemala. Sin embargo, hubo un aumento de las diferentes nacionales, algunas de las causas son por la ola de violencia, orientación sexual, identidad y expresión de género, persecución de pandillas, no aceptar ser mulas dentro de las cárceles, nulas oportunidades de un trabajo digno, discriminación y xenofobia.

En el tema de VIH, por ejemplo, Cuba dice ser pionero en la salud, pero tiene a mucha población con VIH migrando porque no tienen medicamentos antirretrovirales, y si los tienen son de segunda o tercera generación. En México, han encontrado otro tipo de oportunidades tanto de trabajo como de salud, expuso el presidente la asociación.

Reafirmo que, la población LGBT+ en movilidad vive invisibilizada y desvalorizada, siguen documentando un dinamismo de género donde pareciera ser que solo migran hombres y mujeres, y la comunidad no ha sido cuantificada ni hay un registro sobre sus diferentes necesidades.

Asimismo, dijo que esta la segmentación social por nacionalidad dentro de las políticas públicas, se omiten muchas de sus necesidades, sobre todo porque parece ser que la migración se ve muy general cuando tiene sus propias particularidades.

Cuando se tratan a las personas por nacionalidades se tiene que tomar en cuenta su interculturalidad, parece ser que no se toma en cuenta. Otra situación es la dificultad en su ingreso a México, a los peligros que se encuentran, la población LGBT+ tiene que cruzar por el río Suchiate, cuando vienen en caravanas se invisibilizan y buscan otras condiciones, dijo el presidente.

Compartió que, en octubre de 2018, siguieron a la caravana que ingresó, les pareció impresionante las condiciones en las que llegaron, fue diferente a la parte de ser tratados como hombres y mujeres, y no diferenciar estas situaciones y necesidades de la población LGBT+.

López Samayoa reconoció que es de suma importancia hablar de lo que ocurre dentro de las Estaciones Migratorias, donde la población LGBT+ tiene que pasar por atrocidades como abusos sexuales, extorsión, robo y humillaciones constantes.

Aunado a ello, la constante violación a sus derechos humanos, la no separación y la falta de conciencia de lo que puede llegarle a suceder a las mujeres trans, gays y la niñez no acompañada con orientación e identidad LGBT+.

Por su parte, Óscar Salvador Torres, antropólogo social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Ciudad de México, comentó que descubrió en internet un grupo de jóvenes indocumentados, sobre todo gays y lesbianas en Estados Unidos, quienes se hacían llamar UndocuQueer.

Desde ese entonces, el antropólogo profundizo en el tema, en Tijuana tuvo contacto con la caravana y las personas LGBT+. En la actualidad, a conversa con migrantes venezolanos gays, quienes sufren discriminación porque son vistos como hipersexuados o dedicados al trabajo sexual.

La realidad que vive la población LGBT migrante, solicitante de asilo y refugiada. Cortesía: Observatorio Lgbt

Salvador Torres mencionó que, se suele dar por sentado que las personas migrantes tienen una identidad de género sexual construida, pero no todas asumen esa conciencia, ya que las identidades fluyen a través de las edades.

Al entrevistar a personas que migraron en su niñez, dijo que estas se dan cuenta que pesaba más su condición de migrantes indocumentados que la de género sexual, eso lleva a pensar que depende de la condición y que no todo lleva a la victimización o revictimización.

El tema de la sexualidad es incómodo, pero es aprovechado por la comunidad para sobrevivir del estigma del que son sujetos, si a eso le suman que son migrantes se complica, agregó el antropólogo.

Acerca de la niñez acompañada y no acompañada, señaló que es un tema recurrente de las caravanas, al no haber una sensibilidad a escala del gobierno para lidiar con ellos. Falta una reflexión colectiva de cómo son vistos respecto a su sexualidad, si pesa más su condición de niñez que la de LGBT+.

Enfatizó la existencia de movimientos a escala global para que las personas trans puedan ir decidiendo desde menores, en ese mismo contexto debería indagar sobre cómo se configura una identidad de género, pues los infantes no lo ven desde la practica sexual, sino de sentirse diferentes.

En este sentido, resaltó que valdría la pena preguntar ¿Habría que separar a los seres humanos desde la niñez entre heterosexuales y no heterosexuales o colectivos LGBT+?, sobre todo porque la identidad es una construcción continua que nunca termina, pero que en la adultez se decide.

No hay una sensibilización de cómo tratar a la niñez que se ya se está identificando como LGBT+, lo que si puede ser más sencillo es ver como las familias que albergan a esta niñez abordan la situación, porque lo que se ha reportado es que la misma familia es el núcleo expulsor de estas personas migrantes, luchar con la hipersexualización del colectivo LGBT+, y como todo esto, nos lleva a dividir categorías que son necesarias, pero viéndolo desde una manera integral, expuso el antropólogo.

Lax solicitantes de asilo fueron participantes de Caravana Arcoíris 17. Cortesía: The Trans Agenda for Liberation

Salvador Torres destacó la importancia de ver lo integra pertenecer a este colectivo, sobre todo con el tema de las drogas que se vincula con las culturas sexuales, en especial en las grandes ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana.

También, darle prioridad a la pandemia del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en las “ciudades santuarios” que son heterosexistas. Es decir, recibir por el hecho de ser migrante, sin pensar en las necesidades identitarias, sexuales o de salud.

A su vez, Said Slim, coordinador de Proyectos Integración Social Verter A. C. indicó que los acercamientos son de primera mano, con servicios de alcance comunitario: temas de salud sexual y reproductiva como de derechos humanos. Otra manera, son los demás albergues y al pertenecer a una Red Migrante crean alianzas con otras organizaciones.

El coordinador dijo que, las personas que migran hacia Estados Unidos, en especial de México y otros países de Latinoamérica lo hacen por motivos económicos, por el tema LGBT+, y otras cuestiones.

Comentó que, las poblaciones llegan a la Frontera Norte con un desgaste tremendo por las horas, días o semanas de viaje. Hay gente que viene desde la migración interna: Chiapas, Puebla y Oaxaca, hasta la externa: África, Rusia, Centroamérica, Sudamérica y El Caribe.

CIDH presenta el informe temático:
«Violencia contra Personas LGBTI en América». Cortesía: OAS

Además, parece ser que es la última puerta que tienen que tocar al llegar, se acomodan, contactan a sus familiares, contemplar el pedir recursos de abogacía y protección. En la particularidad de ser población LGBT+, hay personas que necesitan tratamiento, al tener mayor prevalencia en el tema de las infecciones de transmisión sexual, se combinan con las epidemias locales como Hepatitis C, Covid y las drogas.

Sobre las personas que realizan trabajo sexual, señaló que en el caso de los hombres pertenecientes a la comunidad LGBT+, son captados por hombres o mujeres en Mexicali, en un intercambio de alimento, techo, dinero o consumo de drogas.

En el caso de las mujeres, este trabajo es más reconocido, suelen estar en hoteles, bares y cantinas. Además, en la Frontera Norte se da esa “punta de lanza” para iniciar una transición en su cuerpo, por el acceso a dinero, contactos o porque no viven el acoso y discriminación de sus lugares de origen.

«Migro para poder ayudar a mi mamá y a mi familia, porque mi casa se está cayendo a pedazos». Cortesía: Agencia Presentes

Slim reconoció que, no existe un protocolo de atención para la comunidad LGBT+ por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) o de las Estaciones Migratorias, pero disponen uno de la Secretaría de Salud.

Ante este contexto, destacó que deben impulsarse nuevos protocolos de atención, así como usar y aplicar los que ya existen, además visibilizar a la población que están en tránsito migratorio en el diseño, estructuración, implementación y evaluación de políticas.

En el Frontera Norte, se ve mucho el tema de las drogas, donde las personas que migran y además son parte de la comunidad LGBT+, consumen estas sustancias licitas e ilícitas, se necesitan intervenciones para el abordaje de esta problemática, concluyó el coordinador.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/10/dinamismo-de-genero-ha-invisibilizado-problematicas-de-la-poblacion-lgbt-en-movilidad/

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Leonardo Tello Imaina: El impacto de la crisis en la educación indígena de la Amazonía

La crisis económica por la pandemia profundizó aún más las brechas en las comunidades indígenas de Loreto. Las familias debieron comprar celulares para que los niños estudien, pero no todos accedieron al programa estatal Aprendo en Casa. “Antes de la pandemia el sistema educativo ya era desigual e injusto con los pueblos indígenas. Es urgente que las autoridades promuevan una mejor educación”, dice en esta columna el periodista kukama.

La educación en la región Loreto es de muy baja calidad. Antes de la pandemia los medios de comunicación de Nauta denunciaron que los docentes no acudían a sus puestos de trabajo y que las escuelas estaban desatendidas por las autoridades. Con la crisis sanitaria por la Covid-19 el problema se agudizó.

Cuando el gobierno decretó el estado de emergencia durante la primera ola, muchas comunidades indígenas quedaron desatendidas por el Estado. Faltaban los alimentos y las medicinas también escaseaban en los puestos de salud. Las comunidades afectadas por la contaminación petrolera fueron las que más sufrieron en el contexto de la emergencia sanitaria.

Los primeros bonos otorgados por el gobierno, como ayuda para paliar la crisis económica, causaron desorden en las comunidades. Los niños indígenas necesitaban alimentarse y sus padres también debían pensar en cómo adquirir medicinas para sus enfermos. Y de pronto comenzó el programa “Aprendo en casa”. Sin mucha información, los padres tuvieron que comprar celulares para que sus hijos se conecten a las clases virtuales.

Algunas familias pudieron adquirir esos equipos en la ciudad de Nauta, ubicada a dos horas por carretera o doce por río desde la capital de la región. Pero no eran las únicas necesidades. También les hacía falta comprar un galón de gasolina diario en la ciudad para los generadores eléctricos. Solo así los niños podían seguir las clases. Eran pocos los estudiantes indígenas que accedían a clases mediante ese programa estatal.

ANTES DE LA PANDEMIA EL SISTEMA EDUCATIVO YA ERA DESIGUAL E INJUSTO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS».

En las ciudades amazónicas, donde la mayor parte de la población es indígena, las madres y los padres de familia se han convertido en docentes de sus hijos. Los profesores solo se dedican a enviarles tareas con poca orientación y pautas para su desarrollo. Las tablets, que llegaron al final de la segunda ola de la pandemia, vienen construyendo una generación de estudiantes alejados de la realidad. Los convierten en posibles víctimas de acoso sexual o trata de personas, como ocurrió con dos niñas de Nauta y Cuninico (distrito de Urarinas), que en agosto fueron captadas mediantes las redes sociales por personas mayores.

Si antes de la pandemia el sistema educativo era desigual e injusto con los pueblos indígenas, con la crisis sanitaria esas brechas se hicieron aún más profundas. Los recursos económicos, insuficientes desde antes de la pandemia, terminaron en manos de funcionarios que se aprovecharon de la situación y agravaron la vida de las poblaciones indígenas.

Es el caso de Ladislao, un niño de 5 años, que vive en la junta vecinal “El Mirador” de Nauta. El pequeño tiene una muela que no lo deja dormir. Además, no puede atender las clases debido a que sus padres  —que trabajan vendiendo golosinas en las calles de Nauta— no han podido comprarle un celular. No tienen dinero para los analgésicos. El Sistema Integral de Salud (SIS) no lo atiende todavía. Llora cogiéndose la carita.

A él no le contaron, pero algún día sabrá que el dinero con que debieron atenderlo para aliviarle el dolor de muela, se lo llevó un funcionario del gobierno. Entonces toca volver a las plantas medicinales. La escuela tendrá que esperar. La desigualdad para Ladislao y otros niños indígenas se ha expuesto más durante la pandemia.

Es urgente que las autoridades promuevan una educación de calidad, sin discriminación, sin exclusiones de los pueblos indígenas. Niños como Ladislao necesitan toda la atención del Estado peruano.

Fuente: https://ojo-publico.com/3078/el-impacto-de-la-crisis-en-la-educacion-indigena-de-la-amazonia

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Estados Unidos: 48 horas dan a 8 Juntas Escolares de Florida para eliminar mandato de mascarillas en escuelas

Si estos no acatan la nueva orden del Departamento de Salud de Florida, sus salarios se verán afectados.

Al menos 8 Distritos Escolares del estado del sol están bajo amenaza de retención de sus sueldos si no levantan el requerimiento del uso obligatorio de cubrebocas en sus planteles, medida que han tomado para mitigar la propagación del COVID-19 en las aulas.

Las Juntas Escolares de los condados Orange, Brevard, Miami-Dade, Duval, Leon, Alachua, Broward y Palm Beach tienen 48 horas para eliminar sus mandatos de mascarillas en sus escuelas para cumplir con la nueva normativa del Departamento de Salud de Florida, la cual prohíbe que se exijan los tapabocas en las instituciones. Si no lo acatan, sus salarios se verán afectados.

Además de retenerles los sueldos a los miembros de estos entes escolares, también perderían los fondos federales de compensación.

La Superintendente Escolar del condado Orange, Barbara Jenkins, defiende las acciones tomadas en sus planteles para «proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes», así como del personal.

Sin embargo, a pesar de querer cuidar del coronavirus a los alumnos y trabajadores, el condado Orange ha recibido una demanda de un grupo de padres que consideran que se les debe permitir tomar la decisión de enviar o no con mascarillas a sus hijos a las aulas.

Uno de los querellantes, explicó que su hijo sufre de constantes dolores de cabeza por no tener buena respiración al usar la mascarilla.

Aunque el mandato de mascarillas en el condado Orange se extiende hasta el próximo 30 de octubre, la Junta Escolar de esta entidad deberá tomar una decisión dentro de las próximas 48 horas o sus sueldos serán retenidos.

Fuente: https://noticiasya.com/san-diego/2021/10/08/48-horas-dan-a-8-juntas-escolares-de-florida-para-eliminar-mandato-de-mascarillas-en-escuelas/

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“Hasta aquí llegué”: el sindicalista Fernando Gambera se desafilió del Partido Socialista

Cuestionó algunas estrategias “muy lejanas al legado socialista”, en particular la decisión de impulsar la candidatura de Civila “justificada en una política de alianza”

Fernando Gambera, secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), anunció días atrás que apoyaría la candidatura de Fernando Pereira a la Presidencia del Frente Amplio (FA).

En una carta dirigida a Civila, a la que accedió la diaria, Gambera manifestó que el partido “viene en un derrotero de decisiones y posicionamientos que resultan ajenos, al menos a quien suscribe, formado en aquel documento de democracia sobre nuevas bases”.

El dirigente de AEBU explicó que algunas decisiones “táctico políticas” no las ha compartido, pero las ha acatado. “Y en otras estratégicas que son muy lejanas al legado socialista que forman mi esencia y que a mi entender niegan la rica historia y autoconstrucción de nuestro PS”.

Se refirió en particular a la disputa por la presidencia del FA y cuestionó la decisión de impulsar a Gonzalo Civila como candidato, “justificada en una política de alianzas” —entre ellas, con La Amplia, liderada por la intendenta de Montevideo Carolina Cosse—, que no lo representa “en absoluto”. Este punto “hace ya público y notorio que hasta aquí llegué”, dijo Gambera y agregó: “Por ello pido ser dado de baja y dejar de ser afiliado. Como decía el Zita… ’que pena que no me duela el dolor’. Con esa pena y más socialista que ayer y menos que mañana, te mando un abrazo”, concluyó.

El jueves, en diálogo con El Observador, se refirió a la candidatura de Fernando Pereira para la presidencia del FA, dijo que “hubiera querido que Fernando durara más en el PIT-CNT”, y agregó: “Si lo perdemos en la central, lo quiero ganar como presidente del Frente Amplio. Va de suyo que en diciembre voy a votar a Fernando”.

Sostuvo que dará “los debates internos” en el PS si es necesario, “pero esto termina siendo mi postura personal, no sería honesto si no lo admitiera”, concluyó.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/10/hasta-aqui-llegue-el-sindicalista-fernando-gambera-se-desafilio-del-partido-socialista/

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Concurso y convocatoria: Pandemia de Covid 19, captura del Estado y los efectos en la desigualdad económica y climática en América Latina y Caribe

Los países de América Latina y el Caribe ya venían experimentando escenarios de austeridad fiscal, con recortes presupuestarios importantes y privatizaciones en servicios públicos, antes del inicio de la pandemia del Covid 19. En este sentido, resaltan las vías de flexibilización y vulneración de políticas/normas ambientales y laborales para favorecer la inversión de grandes empresas privadas (sobre todo del sector agropecuario e hidrocarburos) en contextos que carecían de robustas políticas: regulatoria y tributaria.

Con la pandemia, hemos percibido aumentos significativos de pobreza y desigualdad y otros efectos asociados al desempleo en la región, el hambre y la crisis climática que afecta a nuestros países. Como respuesta apremiante, algunos gobiernos empezaron con paquetes de estímulo a la economía y de protección social focalizada; pero estas políticas se mostraron insuficientes, dejando una gran parcela de la población sin asistencia y forzando condiciones de pauperización creciente en la región.

Al mismo tiempo hemos presenciado el aumento en la concentración de la riqueza. Según nota recientemente publicada por el Subsecretario Adjunto de la ONU: “En conjunto, vemos que, durante la pandemia, el número total de multimillonarios en ALC aumentó en 31 y su patrimonio neto combinado aumentó en $196 mil millones, esto es aproximadamente el tamaño de la economía de Ecuador. Es decir, el acervo de riqueza de los multimillonarios en ALC, medido por la lista de Forbes, ha crecido más del 40 por ciento durante el COVID-19 hasta ahora.[1]

A estas dificultades se suman prácticas asociadas con la captura del Estado y los privilegios que detentan determinados sectores tanto en el campo económico, como en materia ambiental. Ejemplos de esto podría ser la manutención y ampliación de privilegios fiscales y la flexibilización de normas y baja fiscalización en materia de protección del ambiente, así como el apoyo a grandes empresas e inversiones privadas que impulsan un modelo de desarrollo basado en la profundización de la desigualdad y la explotación de recursos naturales.

Algunos temas sugeridos para Justicia Económica:

  • Compromisos asumidos por los países para “pagar” los créditos a los que tuvieron acceso con la finalidad de enfrentar la crisis socioeconómica durante la pandemia de Covid 19.
  • Captura de los sistemas públicos de: salud, educación, pensión, entre otros.
  • La desigualdad y las brechas de género en materia de cuidado/alternativas desde los feminismos en la región, desde la economía informal, popular y solidaria.
  • La captura de las políticas en materia de inversión en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de sistemas productivos en la región.

Algunos temas sugeridos para Justicia Climática:

  • Políticas y alternativas propuestas para la recuperación del entorno social, económico y ambiental tras la crisis abierta por la pandemia del Covid 19.
  • Captura política en iniciativas que impulsan la trasparencia, participación y ejercicio pleno de la sociedad civil en el control y protección de los territorios y bienes comunes, por ejemplo, alrededor del Acuerdo de Escazú.
  • Políticas ambientales y protección de los derechos de poblaciones indígenas y/o afrodescendientes (principalmente mujeres y jóvenes) para enfrentar los desafíos de la pandemia y los efectos de crisis recurrentes en los territorios.
  • Posibles impactos (uso de la tierra) y conflictos derivados de los compromisos asumidos por los gobiernos de la región en materia de Cero Neto y compromisos nacionalmente determinados (NDCs), así como mecanismos para financiar la mitigación y los planes nacionales de adaptación.

[1] (https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/covid-19-and-wealth-at-the-top–more-and-wealthier-billionaires-.html)



NORMAS DEL CONCURSO


Cierre de inscripción: 29 de octubre de 2021 (Argentina)
Publicación de ganadores/as: diciembre de 2021
Realización del proyecto: 20 de diciembre de 2021 al 20 de mayo de 2022
Presentación del resumen ejecutivo: 2 de mayo de 2022
Presentación del informe final: 31 de mayo de 2022

Los resultados serán publicados en el sitio web de CLACSO. Los/as ganadores/as serán contactados/as por correo electrónico.

Consultas: capturadelestado@clacso.edu.ar

Fuente: https://www.clacso.org/pandemia-de-covid-19-captura-del-estado-y-los-efectos-en-la-desigualdad-economica-y-climatica-en-america-latina-y-caribe/

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Paraguay: los trabajadores ganan las calles. Médicos, docentes y campesinos, en lucha.

En el marco del debate del presupuesto 2022 en la nación guaraní, los trabajadores de la salud y los docentes han salido a las calles a reclamar sus derechos.

Más de 3 mil profesionales, nucleados en el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), iniciaron una huelga el 28 de septiembre en demanda de un aumento presupuestario que permita lograr una equiparación en el sector, dado que las jornadas son desiguales. Reclaman una reducción de la carga horaria, o en su defecto el pago de las horas que no les están abonando. La huelga, que se extenderá hasta el día 11, ha incluido movilizaciones diarias a las sedes ministeriales.

El desprecio del gobierno de Mario Abdo Benítez por la salud pública se evidenció en la calamitosa gestión de la pandemia, marcada por la falta de insumos, sueldos atrasados, el colapso hospitalario y un sistema de vacunación vip, que privilegió a funcionarios y empresarios, mientras la población no podía inmunizarse. Todo esto condujo, en uno de los picos de los contagios, a la rebelión de marzo, que el presidente sobrevivió debido al amparo de las distintas fracciones del Partido Colorado.

En simultáneo a la actual lucha de los médicos, los docentes están reclamando un aumento del 16%. Ante la falta de respuestas del gobierno, iniciaron una huelga el 1 de octubre. Ese día, además, 10 mil trabajadores del sector marcharon en Asunción (La Nación Paraguay, 5/10). La medida de fuerza entró en cuarto intermedio este jueves, pero se reanudaría el viernes. Están programadas acciones hasta el día 15.

https://www.facebook.com/100000400064996/videos/854932065214402/

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, amenazó con vetar el presupuesto si se contemplaran los reclamos de los trabajadores. Pero mientras se retacea el aumento en salud y educación, los fondos para pagarle a bonistas y organismos financieros internacionales suben un 25%, en el caso de las llamadas entidades descentralizadas (como la eléctrica Ande), y 9% en el caso de la administración central (ABC Color, 8/9).

La lucha de médicos y docentes plantea la necesidad de un paro general de las centrales sindicales, que sea el puntapié de un plan de lucha nacional. Si ganan estos sectores, se abren mejores perspectivas para todo el movimiento obrero.

El problema de la tierra

Además de las luchas salariales, los campesinos e indígenas se movilizaron la semana pasada en Asunción, dado que el Congreso aprobó una norma infame que aumenta los montos de las penas por las tomas de tierra, que pueden llegar ahora hasta los 10 años de cárcel. En la nación guaraní hay 300 mil familias campesinas sin tierras y el 2% de la población concentra el 85% de la mismas (La Tinta, 6/10).

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), la élite terrateniente se apropió irregularmente de 7 millones de hectáreas. Posteriormente, hasta 2003, se quedó con un millón de hectáreas adicionales (ídem). Estas tierras pertenecían al Estado o a comunidades campesinas u originarias, que fueron desalojadas. Entre los favorecidos estuvieron familiares del presidente actual y del expresidente Horacio Cartes, al igual que algunos de los senadores que impulsaron el proyecto de ley, bendecido por la Asociación Rural de Paraguay (ARP), la Asociación de Productores de Soja y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). Fue aprobado con los votos de congresistas colorados y algunos liberales.

A la par de la apropiación latifundista, avanza en forma acelerada la deforestación y se persigue a quienes luchan por su derecho a la tierra. Desde 1989, según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), hubo 126 asesinatos (ídem).

La norma represiva que busca consolidar el dominio inicuo de los terratenientes fue promulgada por Abdo Benítez en apenas 24 horas. Se plantea la lucha por su anulación y por la confiscación de la oligarquía terrateniente para satisfacer los reclamos de tierra de campesinos e indígenas.

Paraguay se encamina a elecciones municipales este domingo, pero de ellas no saldrá ninguna respuesta a los grandes problemas de las masas. Estos demandan la organización independiente de trabajadores, campesinos e indígenas, en un plan de lucha unificado, para derrotar al gobierno reaccionario de Abdo Benítez.

Fuente: https://prensaobrera.com/internacionales/paraguay-los-trabajadores-ganan-las-calles/

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«Hambre y olvido»: Más de 16.000 niños están en riesgo de desnutrición en La Guajira colombiana

Según una investigación periodística, al menos 29 niños han muerto en esa región este año por causas asociadas a la falta de alimentos.

Un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La Guajira, región nororiental de Colombia, según los datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Yaneris Cotes, directora del ICBF en La Guaijira, detalló a Noticias Caracol que tras una evaluación a unos de 84.000 niños, de entre 0 y 5 años, el instituto pudo determinar qué población ya padece la desnutrición o está en riesgo de sufrirla.

Según ese mismo medio local, la situación también ha provocado la muerte de 29 menores de edad, en lo que va de año, por causas asociadas a la desnutrición en ese departamento, donde viven las poblaciones indígenas wayúu, así como los kogi, ika, kankuamo y los wiwa.

Pilar Redondo, nutricionista de la Fundación Aporta tu granito en La Guajira, ubicada en el municipio Uribia, comentó que este año han recibido a 131 niños con desnutrición, muchos de ellos graves y con signos marcados «tipo marasmo, que es cuando la piel está pegada a los huesos«.

También fue consultada Liliana Fernández, una madre wayúu que lleva a su hija a este centro de asistencia nutricional porque no puede producir suficiente dinero para proveer la alimentación de la pequeña. Además, en la región escasean el agua potable y la gasolina.

Ante la situación, el movimiento Guajira Resiste, una organización que se ha dedicado a denunciar las vulnerabilidades que sufre esta población colombiana, se ha declarado en «huelga de hambre» y mantiene una protesta pacífica que el jueves se instaló en la plaza Bolívar de Bogotá, el «epicentro político de toma de decisiones del país», para que el Estado colombiano tome acciones definitivas contra «el hambre y olvido».

La gravedad de la situación en La Guajira fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, cuando solicitó al Estado colombiano la adopción de «medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira», ya que para ese momento se registraban 4.770 niños muertos en un plazo de ocho años.

«Vulneración generalizada»

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia constató que en el departamento de La Guajira se presentaba una «vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayúu».

Una sentencia derivada de la Corte sostenía que la responsabilidad sobre estos hechos recaía en organismos e instituciones del Estado, como la presidencia de la República y los ministerios de salud, vivienda, agricultura, así como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.

Por esto, la Corte ordenó a la presidencia, para entonces a cargo de Juan Manuel Santos, que en 48 horas debía «iniciar o continuar», según fuera el caso, un plan de acción para atender la crisis. De no cumplir con la medida, los responsables cometerían desacato al amparo de tutela.

En agosto de este año, la Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió al Gobierno de Iván Duque que explicara las medidas preventivas que se han adoptado en materia sanitaria para evitar las muertes de niños de La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición, además de otras condiciones de vida, como pobreza y marginalidad.

La Corte también le pidió al Gobierno que explicara por qué afirmaba que se habían reducido las muertes de menores, si aún persisten los fallecimientos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la sentencia T-302 de 2017.

«Uno de los mayores problemas»

De acuerdo al informe «Desnutrición en la primera infancia: Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables», presentado a mediados de septiembre por la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró a 54.693 niñas y niños menores de cinco años, con desnutrición aguda en Colombia, una situación que deja «graves consecuencias físicas, psicológicas y cognitivas irreversibles, que afectan su desarrollo integral».

En 2020, señala el estudio, hubo 9.902 niños con desnutrición aguda, de los cuales 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) tienen de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).

«La desnutrición infantil es uno de los mayores problemas para la primera infancia en Colombia, e incide negativamente en las posibilidades de construir un país con bases sociales, económicas y culturales sólidas. En esa medida, la solución pasa por la articulación de los actores responsables y la comprensión de las causas y consecuencias de esta enfermedad», cita el informe de la Defensoría.

El estudio añade que la pobreza y las desigualdades sociales también «afectan la sobrevivencia de los hogares donde se concentra la primera infancia» y truncan la accesibilidad a los servicio básicos, lo que hace que el desarrollo integral de la vida y el efectivo ejercicio de los derechos humanos fundamentales se vean truncados.

Los grupos más afectados por inseguridad alimentaria son los que habitan en «zonas rurales y dispersas», entre ellos están las mujeres cabeza de familia, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que también se ven afectados por el desempleo, la falta de oportunidades y bajos niveles de acceso a la escolaridad.

«La desnutrición crónica sigue afectando a niñas y niños en los diferentes departamentos y municipios del país, tal como lo señalan los resultados del Índice de Desnutrición Crónica realizado por la Fundación Éxito», señala la Defensoría, que detalla que el problema nutricional afecta a 626 municipios de los 1.076 que hay en el país.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/406399-ninos-riesgo-desnutricion-guajira-colombia-persiste

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