Reino Unido/10 de junio de 2016/Autor: El Clarín/Fuente: http://lopezdoriga.com/
El representante británico del “street art” realizó un mural en agradecimiento por bautizar un edificio con su nombre
El misterioso artista británico Banksy, cuya verdadera identidad aún se desconoce, sorprendió a los pequeños alumnos de la escuela elemental Bridge Valley School, de su Bristol natal, al sureste de Inglaterra, con una obra de arte en la que se observa a un niño conduciendo con un palo un neumático en llamas, acompañado de un mensaje en el que saluda y agradece a los alumnos de esa institución.
“Por favor, acepten esta pintura. Si no les gusta, no duden en añadir cosas, estoy seguro de que a los profesores no les importará”, escribió Banksyen una carta que fue encontrada a primera hora del lunes por uno de los trabajadores del colegio.
Por su parte, Geoff Mason director de la escuela, dijo que pretende preservar el mural y no tiene intenciones de venderlo, si bien se estima que, como otras obras del artista urbano, tenga un altísimo valor.
Fue el vocero del artista quien confirmó a la cadena BBC la autoría del mural, como un homenaje a la escuela que dedicó a Banksy una de sus aulas. Y en la misma carta, el pintor agradece que la escuela haya bautizado con su nombre uno de sus edificios tras una votación entre los alumnos y les da un consejo divertido a los niños: “Recuerden, siempre es más fácil lograr que los perdonen que conseguir que les den permiso”.
Seis universidades madrileñas están desarrollando el proyecto “Madrid Sin Barreras” para favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad. Analizan las normativas de accesibilidad en educación, empleo, movilidad y participación con el objetivo de mejorar la regulación existente.
El proyecto de investigación Madrid Sin Barreras, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, tiene una duración de tres años, de 2016 a 2018, y está dirigido por el profesor Rafael de Asís de la UC3M. Además, participan investigadores de la Universidad de Alcalá, la Autónoma de Madrid, la UNED, la Politécnica de Madrid y la Pontificia de Comillas-ICADE.
“Se trata de un proyecto abierto a la sociedad que pretende integrar a todas las personas interesadas y formar a nuevos especialistas en discapacidad, accesibilidad universal, ajustes razonables y apoyos”, explican desde el IDHBC. Para ello, se ofrece un sistema de suscripción para que las personas interesadas se den de alta en la web y puedan informarse de los avances del proyecto o recibir invitaciones para colaborar.
Las personas interesadas se pueden dar de alta en la web e informarse de los avances o recibir invitaciones para colaborar
Otra metodología que se emplea en el proyecto son las denominadas “clínicas jurídicas”, que permiten recibir notificaciones de casos de denuncias y situaciones de posibles discriminaciones para poder abordarlas. De esta manera, el proyecto se nutre de estos casos de estudio para construir una teoría sólida y fuerte sobre los derechos en este ámbito.
El equipo investigador ya está trabajando en la primera fase del proyecto, durante la cual analizan el éxito del III Plan de Acción para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 2012-2015 para elaborar un marco para el diseño de un nuevo plan. Además, estudian la normativa de la Comunidad sobre derechos de las personas con discapacidad para elaborar propuestas alternativas. Este análisis se desarrolla desde cinco áreas temáticas: sanidad y prestaciones sociales; empleo; educación; participación, accesibilidad y conflicto; y deporte, cultura y ocio.
Problemas de discriminación
El proyecto abarca todos los tipos de discapacidad, desde la intelectual a la física, pasando por la psicosocial o la sensorial. “Estas personas se enfrentan a problemas de discriminación que se producen en muchos niveles, aunque el más relevante tiene que ver con la manera en que la sociedad entiende la discapacidad”, comenta Rafael de Asís, responsable del grupo «Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia» del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas (IDHBC).
“Lo que más se necesita, además de cambiar algunas normas, es concienciar y sensibilizar para que se comprenda la diversidad de estas personas y que pueden interactuar en la sociedad de la misma manera que lo hacemos las personas que en teoría no tenemos ninguna discapacidad”, añade.
En la actualidad la sociedad acepta más la diversidad física que la diversidad intelectual, según estos investigadores
En la actualidad la sociedad acepta más la diversidad física que la diversidad intelectual, según estos investigadores. “O dicho de otra manera: el enfoque de derechos, que tiene un alcance limitado en la diversidad física, está prácticamente ausente en la diversidad intelectual”, comenta Rafael de Asís.
“A la persona con discapacidad intelectual se le acepta, pero de manera caritativa. Hace falta dar un paso más y aceptar que las personas con discapacidad intelectual pueden tener los mismos derechos que cualquier otra persona y se les puede reconocer una capacidad igual que al resto de personas, con los apoyos que consideremos razonables”, concluye.
Algunos de los resultados obtenidos hasta la fecha han sido presentados en el primer congreso internacional del proyecto Madrid sin Barreras, celebrado a finales del pasado mes de mayo en la UC3M y centrado en el eje sobre el que se desenvuelve todo el sistema de los derechos de las personas con discapacidad: el diseño universal, la accesibilidad y los ajustes razonables. “No olvidemos que la accesibilidad es condición para el disfrute de los derechos y criterio para evaluar la discriminación de las personas con discapacidad”, señala Rafael de Asís.
El Foro de Sevilla, junto con losparticipantes en la elaboración de un documento de bases para una nueva ley educativa en nuestro país, ve ilegítima la hoja de ruta del Pacto educativo del profesor Marina. La paralización de la LOMCE y la reversión de los recortes son una urgencia para nuestro sistema educativo, demandada recientemente por la Plataforma para la escuela pública y por partidos y colectivos sociales, y aprobada por un parlamento con un gobierno en funciones, que hizo caso omiso en poner en funcionamiento lo que exigía la democracia elegida por los españoles y respaldada por toda la comunidad escolar. Es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aulas.
Una sola persona no puede arrogarse la representación de la sociedad civil para elaborar un libro blanco, que no tiene legitimidad porque no representa a un colectivo, movimiento ciudadano, grupo de profesionales o sector de la comunidad educativa o de la sociedad.
José Antonio Marina, que tuvo el encargo del gobierno del PP para realizar el denominado “Libro blanco de la profesión docente” vuelve ahora, por su cuenta, a proponer una ‘Hoja de ruta para un pacto educativo’, invitando a que la firmen los principales partidos políticos. Ya desde muchos colectivos de educación se le respondió cuando, según afirma, por encargo de una universidad privada (es director de la Cátedra Nebrija-Santander de Inteligencia Ejecutiva y de la Educación), convocó a los partidos para ofrecerles su voluntad de redactar ese pacto educativo. En esta ocasión plantea una ‘Hoja de ruta’ con unas determinadas condiciones que expone en el documento a firmar:
El partido que gobierne tras las elecciones se compromete, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación.
La escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada.
Los partidos firmantes reconocen que el “éxito educativo” es más amplio que el “éxito escolar”.
El sistema educativo debe ayudar a desarrollar al máximo las competencias de todos los alumnos, fomentar una educación cívica y ética, y prepararles para la inserción en el mundo laboral.
Y otros aspectos, que desde su única reflexión formula, obviando el trabajo de análisis y debate públicos y de construcción colectiva, que buena parte de la comunidad educativa ha venido realizando durante los últimos años con redes, organizaciones políticas y sindicales y movimientos y entidades sociales.
Un pacto educativo no surge de un conocimiento experto particular, ni de una sola concepción de ideas que ya han sido rechazadas por la mayoría de la comunidad educativa. Tampoco puede partir de una serie de obligaciones previas que benefician a una determinada forma de pensar y actuar en educación. José Antonio Marina se entromete en caminos que desconoce y se pierde en los senderos del protagonismo más interesado. Parece considerarse el adalid educativo del país sin contar con la ciudadanía, sus movilizaciones, la lucha frente a la LOMCE, las ‘Mareas’ organizadas, su experiencia y conocimiento, sus declaraciones, textos y acuerdos alcanzados.
La educación como ‘bien común’ procede y se agota en la sociedad civil, es ella la que debe marcar el territorio en donde el derecho a la educación se debe definir. Los gobiernos son los gestores y garantes de ese derecho, ningún sujeto aislado, ninguna organización o institución privada puede marcar, por su cuenta y riesgo, las reglas de juego ni la ruta de un pacto que pretenda la estabilidad en el enunciado de ese derecho. Nuestra sociedad es lo suficientemente madura como para definir las reglas y las rutas que demanda a sus representantes. Por favor, no más autoproclamados “salvadores”.
Este proceso no nos parece propio de una sociedad democrática. No concebimos que sea un centro privado y elitista como la Universidad Elio Antonio de Nebrija quien se arrogue la facultad de encargar a una persona (y su equipo, vinculado además en su mayoría a centros privados) la elaboración de un “Libro Blanco sobre el Pacto Educativo” o una “Hoja de ruta para un pacto educativo”. Entendemos que la comunidad educativa y la ciudadanía en general deben ser protagonistas directos en la elaboración de esta Ley y no limitarse a hacerlo a través de un “buzón de sugerencias” como mecanismo de seudoparticipación similar a lo realizado con la LOMCE.
Los colectivos y organizaciones enumeradas en este escrito coinciden en que es necesario un acuerdo educativo, pero desde y con la comunidad educativa. Por eso ha puesto a disposición de los partidos políticos y la sociedad civil un texto (https://porotrapoliticaeducativa.org/) ya consensuado por buena parte de la comunidad educativa. Pero con la sustancial diferencia de que, en este caso, esta propuesta de “acuerdo” ha partido de la sociedad civil. El contenido ha sido elaborado, debatido y consensuado con las respectivas asambleas de colectivos sociales, sindicatos de estudiantes, asociaciones de padres y madres, organizaciones sindicales y partidos políticos. No desde un “laboratorio de ideas” vinculado a un modelo claramente neoliberal de educación y a los intereses de corporaciones privadas. (Acceso a este texto en pdf)
Ciudad de México. Escritores y académicos acudieron al plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen en la Plaza de la Ciudadela, donde se pronunciaron en apoyo del movimiento magisterial que desde hace tres años se ha movilizado en contra de la reforma educativa.
Acompañados por el escritor Paco Ignacio Taibo II, profesores disidentes señalaron que “está es una muestra más de que se han sumado a esta demanda de diálogo, no sólo educadores de diversos estados, padres de familia y alumnos, también organizaciones sociales, sindicales, así como intelectuales, académicos y escritores”, afirmó Francisco Bravo, ex secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México.
Por su parte, el autor de Pancho Villa: una biografía narrativa, señaló que el gobierno tiene una “cerrazón brutal. Han tropezado contra una pared y no se dan cuenta que lanzan una reforma educativa que por más que la revises no tiene nada de educativa, es una reforma burocontroladora y represiva, que además va a crear instrumentos y aparatos que van a crear gasto burocrático”.
Agregó que los maestros disidentes “no están solos” y rechazó que, como afirma la administración federal, “no es una minoría. Eso es una broma, cuando el movimiento crece por todos lados, a pesar de la represión”.
Por ello, anunció que ante la creciente “represión” contra el magisterio, la “intensión es crear una asamblea de intelectuales de apoyo al magisterio”, pues enfatizó que el Estado mexicano “hoy es incapaz de dialogar. Sólo sabe dos cosas: leyes antipopulares y medidas represivas”. Y recordó que un país que “no protege a sus maestros, no merece la pena que se llame así”.
Previo al encuentro entre escritores y docentes, Bravo destacó que el magisterio disidente también ha reunido el apoyo de destacados intelectuales, entre ellos del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova, quienes suscribieron una carta para solicitar al gobierno federal que se abra el diálogo con los educadores disidentes.
La infraestructura es fundamental para el desarrollo y la prosperidad de un país: facilita la actividad económica al fomentar la productividad, la competitividad y el comercio interno y transfronterizo de un país. Pero en América Latina y el Caribe, el nivel y la calidad de la infraestructura son inadecuados, y se ha determinado que son uno de los principales obstáculos para el desarrollo, a pesar de que la red de infraestructura de la región ha experimentado algunas mejoras en la última década.
En nuestro informe regional más reciente se examina el estado de la infraestructura en América Latina y el Caribe y se señalan aspectos clave de las redes de infraestructura en los que podrían introducirse mejoras.
¿Cuál es la situación en la región?
El crecimiento económico y la inversión en infraestructura se refuerzan mutuamente. Por un lado, el crecimiento ayuda a generar los recursos necesarios para financiar la inversión en infraestructura e impulsa la demanda de mejores servicios de infraestructura, mientras que por el otro lado, las mejoras infraestructurales incentivan la actividad económica y estimulan el potencial productivo de un país a lo largo del tiempo. No sorprende entonces que exista una relación positiva entre la calidad de la infraestructura y los niveles de ingreso en los diferentes países (véase el gráfico 1). Pero como se observa en el gráfico, las calificaciones de muchos países de América Latina y el Caribe en materia de calidad de la infraestructura son más bajas de lo que cabría esperar dado su nivel de desarrollo (medido en función del ingreso per cápita relativo). De hecho, la infraestructura de los países de América Latina y el Caribe es de menor calidad que la de países de otras regiones con niveles de ingreso semejantes. Esta brecha es más notoria cuando se la compara con las economías avanzadas.
Nuestro estudio asimismo revela que muchos países de la región tienen redes de infraestructura muy deficientes en comparación con las de sus rivales exportadores (véase el cuadro 2). En la actual coyuntura de débil demanda externa, la pérdida de competitividad atribuible a la calidad de la infraestructura física ha significado un lastre considerable para el crecimiento. Esto pone de manifiesto la necesidad de realizar esfuerzos más concertados para mejorar la calidad de la infraestructura en la región.
Mejorar las instituciones
Los gobiernos cumplen una función importante a la hora de promover la inversión en infraestructura. Pero la gestión de la inversión pública en infraestructura puede presentar desafíos. Los economistas en general coinciden en que hay varios factores que inciden en el nivel, la composición y el impacto de la inversión en infraestructura en la economía, como por ejemplo los mecanismos jurídicos, institucionales y de procedimiento de gestión de la inversión pública. Por esta razón, el FMI ha formulado un marco para evaluar en términos amplios la gestión de la inversión pública. Esta herramienta de evaluación tiene en cuenta las prácticas y los marcos sobre los que se asienta todo el proceso de inversión, y ayuda a identificar ámbitos en los que podrían efectuarse mejoras.
En el caso de América Latina y el Caribe, el marco muestra que en general en la región existen instituciones nacionales y sectoriales de planificación (véase el gráfico 3). Pero en todos los otros aspectos del proceso de inversión pública se observan atributos clave que podrían ser mejorados, sobre todo si se los compara con los de los de las economías avanzadas. Algo que llama la atención es que los resultados de la región son mejores que los de otros mercados emergentes en lo que se refiere a la transparencia en la evaluación, ejecución y gestión de los proyectos. Pero los resultados de la región dejan mucho que desear en términos de disponibilidad de financiamiento y el uso de marcos presupuestarios plurianuales. También es necesario proteger mejor la inversión en infraestructura y mantener el capital en infraestructura existente a lo largo del ciclo económico para preservar de mejor manera la calidad de la infraestructura. Pero aun así, hay algunos países de la región que se destacan por sus resultados relativamente buenos en estas dimensiones (por ejemplo, México por la disponibilidad de financiamiento y Colombia por su proceso presupuestario plurianual).
Más allá de los fondos públicos
El cierre de las brechas de infraestructura no es solo un tema de recursos públicos. Según el análisis detallado que se presenta en el informe, el sector privado ha estado desempeñando un papel cada vez más importante en el suministro de infraestructura, y la política pública puede apuntar a catalizar y apoyar la inversión privada en infraestructura. Se debe alentar la participación del sector privado, por ejemplo, mejorando los marcos regulatorios, facilitando estructuras económicamente sólidas para el cobro de derechos de uso y garantizando la protección adecuada de los contratos. Las asociaciones público-privadas también deben ser una opción si permiten lograr mejoras de eficiencia, pero es fundamental garantizar la gestión activa y el registro transparente de los riesgos a los que están expuestos los presupuestos públicos.
El desarrollo de mercados financieros profundos para bonos de infraestructura y otros mecanismos innovadores de financiamiento también puede facilitar la movilización de recursos para proyectos y al mismo tiempo moderar el riesgo cambiario. Varios países han logrado avances importantes en estos aspectos (por ejemplo, Brasil), y constituyen ejemplos útiles para la región en general.
Si la región de América Latina y el Caribe no continúa mejorando las redes de infraestructura, existe el riesgo de que las deficiencias infraestructurales menoscaben cada vez más el crecimiento y las perspectivas de desarrollo de la región. El fortalecimiento de los procesos y las prácticas de gestión de la inversión pública es importante para garantizar que el dinero de los contribuyentes sea aprovechado de forma eficaz, y la regulación inteligente puede potenciar al máximo la capacidad del sector privado para contribuir al desarrollo de la infraestructura.
“Yo me presenté como candidata y gané; conseguí vencer al miedo de asumir una conducta de candidata”, explica Lucía del Socorro Basante, abogada de 60 años, y única mujer concejal del Concejo de Pasto, en el Departamento [estado] de Nariño, en la zona costera al sur-oeste de Colombia.
Lucía del Socorro Basante en su oficina en Pasto, Nariño. Foto cortesía de la Sra. Socorro Basante
Fue elegida en las elecciones locales de octubre de 2015, tras obtener la diplomatura en Liderazgo Político con Perspectiva de Género impulsado por ONU Mujeres.
Las anteriores elecciones locales celebradas en 2011 habían puesto de manifiesto una representación muy desigual: Nariño tuvo el segundo porcentaje más bajo de candidaturas de mujeres a alcaldías en el país (18 de las 195), estuvo entre los departamentos del país con menos concejalas electas (88 de las 702) y se ubicó entre las asambleas con más baja participación femenina (1 de 13 miembros de la Asamblea).
Para revertir esta situación, ONU Mujeres con el apoyo de la Cooperación Española, puso en marcha en 2015 el proyecto “En Nariño: Más Mujeres, Más Democracia” [1], con el objetivo de fortalecer la participación político-electoral de las mujeres del departamento, especialmente en tres de sus municipios (Pasto, Ipiales y Tumaco), para aumentar su representación al interior de partidos y movimientos políticos locales y regionales en condiciones de igualdad.
“El proyecto nos permitió conocer la realidad objetiva de la participación de las mujeres en política local, a través de cifras y estadísticas; pero lo verdaderamente estratégico fue conocer la trama en la que se sustenta la realidad”, continúa la Sra. del Socorro.
Unas 150 personas —80 por ciento de ellas mujeres— mejoraron sus capacidades para la participación político-electoral en las elecciones de octubre de 2015 luego de dos meses de cursos de formación de candidatas, obteniendo al final un diplomado en Liderazgo Político con Perspectiva de Género.
“Muchas mujeres asistieron al curso de diplomatura para tener más conocimiento pero no tenían intención de ser candidatas”, explica Amanda Montenegro, diplomada. “Mira el ejemplo de nuestra concejala: que me iba a acompañar… Y decía que ella no se veía como candidata y cuando finaliza el diplomado, sorpresa para todas que se lanzó de candidata”.
El proyecto también apuntó a la formación de las estructuras de partido, explica Yuri René Rosero, Secretario Nacional de uno de los principales partidos del país. “Para promover nuevos liderazgos hace falta formación, que cuesta dinero y los partidos de ámbito regional no reciben las subvenciones con las que cuentan los partidos de ámbito nacional”, explica el Sr. Rosero, que participó en calidad de dirigente en numerosas actividades.
La participación de los compañeros de partido es fundamental para incidir en el cambio social, concuerda Anaydu Arteaga, ex candidata al Concejo de Pasto. “Inclusive en el lenguaje, si ellos están entre mujeres tienen que empezar a hablar de ‘las y los’ —eso es importante. Al principio yo no lo entendía, yo decía que habían cosas mucho más importantes que nos debían indignar— más allá que no nos reconozcan con el lenguaje. Pero luego entendí que si no partimos de eso que es lo más simple, menos vamos a llegar a lo más contundente y lo más grueso”.
Las mujeres electas se reunieron para una Cumbre Nariñense de Nuevas Autoridades Locales, realizada el 16 y 17 de diciembre de 2015 en Pasto. Foto cortesía del Fondo Mixto de Cultura.
A través del país, fueron electas 5 gobernadoras (aumentando las mandatarias regionales del 9,38 por ciento en 2011 al 15,6 por ciento en 2015) así como 70 diputadas, 134 alcaldesas y 2.127 concejalas.
El proyecto también contribuyó a generar información estadística sobre la situación de las mujeres en política, identificando los factores que posibilitan y dificultan su liderazgo y representación para fomentar una mayor participación en las elecciones de 2015. Para ello se elaboraron censos y campañas de información pública y sensibilización para promover cambios de actitudes discriminatorias entre votantes y estructuras políticas.
“Es importante generar estrategias que permitan que en las próximas elecciones se eliminen las barreras que históricamente han impedido la plena participación política de las mujeres en Colombia”, asevera Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres en Colombia. “Los cambios no se van a dar por sí solos: es necesario establecer reglas de juego y medidas concretas que promuevan el cambio”.
Agrega que datos recogidos para la revisión de Beijing+20pusieron de manifiesto lo lento e irregular que ha sido el progreso en Colombia, ya que para llegar al 49,4% en los Concejos, si siguiéramos al ritmo que vamos, tendríamos que esperar hasta el año 2075, y para llegar al 50,3% en las Asambleas hasta el 2263.
Para acelerar aún más los esfuerzos en este ámbito y otros, en septiembre de 2015, Colombia se unió a la iniciativa “Demos el paso: Por un planeta 50-50 en 2030” de ONU Mujeres, comprometiéndose a acciones concretas para “Fortalecer los mecanismos de representación democrática y participación electoral, e incrementar la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública”.
Este proyecto es financiado a través de financiamiento básico de ONU Mujeres y del Gobierno de España.
Notas
[1] Implementado por ONU Mujeres con el apoyo de la Cooperación Española, el proyecto busca avanzar en la promoción efectiva del liderazgo y representación política de las mujeres en el Departamento de Nariño. Se articuló con la Alianza por la Transparencia y la Calidad de la Democracia “Nariño Decide”, cuya secretaria técnica está a cargo de PNUD, y se trabajó de forma articulada con entidades públicas como la Secretaria de Género e Inclusión Social de la Gobernación.
– See more at: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/6/in-colombia-training-ushers-more-women-into-politics#sthash.ibPy8thZ.dpuf
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