ElMundo/23 de junio de 2016/Por: Teresa López Pavón
23/06/2016 00:46Al menos una veintena de profesores han tenido que realizar a lo largo del último curso jornadas superiores a las establecidas por la Ley en los centros educativos, o sea, por encima de las 25 horas semanales de horario regular. Aunque se trata de datos ofrecidos a los sindicatos integrados en la Junta de Personal Docente de Sevilla, éstos consideran que son sólo cifras aproximativas, pues ni siquiera la Delegación de Educación es capaz de ofrecer una fotografía exacta de la situación que existe en los institutos públicos andaluces, según ha reconocido a los sindicatos el jefe de la Inspección de Sevilla, Alberto Moreno. El conflicto por los horarios docentes se originó después de que la Consejería de Educación dictara una orden en 2010 en la que se permitía a los directores de los centros imponer horarios de más de 25 horas regulares a sus profesores, pese a que la norma estatal fija las 25 horas como un máximo.El recurso interpuesto al respecto por el sindicato USTEA y el procedimiento abierto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llevaron a la Consejería a rectificar esa orden, trasladando en septiembre de 2015 a los directores de los centros la responsabilidad de ajustar los horarios a la ley. Aunque, eso sí, sin ampliar las plantillas. Ya entonces, los sindicatos advirtieron que, si no se dotaba de más personal a los centros, y después de que los recortes hubieran provocado la supresión en Andalucía de hasta 4.000 puestos docentes, las instrucciones remitidas a los directores serían imposible de asumir, salvo que para ello se modificara la consideración de algunas tareas, tal y como se había planteado desde la propia administración. Por ejemplo: reduciendo las horas dedicadas a la coordinación en los departamentos, lo cual constituía «un nuevo fraude de ley», a juicio de los sindicatos.A lo largo de todo el curso, los representantes sindicales han intentado recabar información oficial para conocer si de nuevo se estaban imponiendo horarios irregulares a los profesores, tal y como era su sospecha por la información recabada en los centros.
Durante meses, no hubo ninguna respuesta por parte de la administración que, sólo cuando se anunció que se denunciaría el caso a los medios, ofreció unos datos «incompletos e inexactos». En cualquier caso, para la Junta de Personal, esos datos suponen el reconocimiento expreso de que sigue habiendo incumplimientos en las plantillas. Además, el secretario de la delegación territorial de Sevilla trasladó a los sindicatos que se exigiría responsabilidades a los directores de los centros, a pesar de que la delegación ha reconocido que las instrucciones eran «de imposible cumplimiento», según anota CGT.
Esta «grave situación» -afirmó ayer la Junta de Personal- «no ha sido denunciada ni por la Delegación de Educación ni por el Servicio de Inspección, quien responsabiliza a la Consejería de haberle ocultado los datos y, por lo tanto, de haber provocado una cadena de desinformación a las organizaciones sindicales». Presiones a los sindicatosPara la Junta de Personal Docente (no universitario) de Sevilla – que representa a maestros y profesores de toda la provincia y está compuesta por los sindicatos CSIF, USTEA, ANPE, CCOO, UGT, APIA, PIENSA y CGT-, la negativa de la administración a ofrecer de manera rigurosa toda la información relativa a los horarios de los docentes atenta contra su derecho a la libertad sindical.
Por todo ello, las organizaciones sindicales «se reservan el derecho a emprender cuantas iniciativas redunden en la defensa de los derechos de los docentes a quienes representan», según expresan en un comunicado conjunto.Pese a que fue el pleno de la junta de personal el que decidió por unanimidad hacer pública su denuncia, sólo tres de las organizaciones representadas en el mismo (CGT, PIENSA y APIA) participaron ayer en la rueda de prensa convocada para trasladar la situación a los medios de comunicación.A este respecto, CGT informó de que, en los últimos días, se habían recibido llamadas telefónicas por parte de altos cargos de la delegación «invitando» a sus delegados a no participar en el encuentro, dado que se produce «en plena campaña electoral», según le advirtieron. CGT quiso poner de manifiesto que «las presiones no son admisibles y que el nerviosismo de algunos no puede ni debe marcar las relaciones dentro de la Administración pública andaluza».
Tomado de: http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/06/23/576ae218268e3ea13e8b4601.html
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