La nueva ley de convivencia universitaria castiga con una expulsión de hasta tres años al alumno que plagie, falsee documentos, destruya patrimonio o haga novatadas, un régimen disciplinario que será de aplicación para las universidades públicas y privadas.
La nueva ley de convivencia universitaria castiga con una expulsión de hasta tres años al alumno que plagie, falsee documentos, destruya patrimonio o haga novatadas, un régimen disciplinario que será de aplicación para las universidades públicas y privadas.
El anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria deroga el reglamento franquista de 1954 sobre disciplina académica, con lo que esta nueva norma se adecua al «marco constitucional», ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Es una norma que «busca sobre todo vías de mediación» en lugar de la sanción para resolver los conflictos, ha subrayado este martes.
El texto incluye como novedad sobre el anterior borrador la inclusión de las universidades privadas, de modo que el nuevo marco legal será de aplicación tanto para las universidades públicas y sus centros adscritos como para las privadas y sus centros adscritos.
Así, todas ellas habrán de desarrollar sus normas de convivencia con base en los principios contenidos en la nueva ley, que coloca a la mediación como vía principal de resolución de conflictos.
El régimen disciplinario solo entrará en juego cuando las partes rechacen acudir a la mediación y cuando la conducta sobre la que verse el expediente sancionador sea por acoso, violencia de género, fraude o destrucción de patrimonio, o cuando las partes no lleguen a un acuerdo.
La ley clasifica tanto las faltas como las sanciones en muy graves, graves y leves.
Entre las primeras están las novatadas o conductas vejatorias, física o psicológicamente, que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las personas, acosar o ejercer violencia grave contra cualquier miembro de la comunidad universitaria; acoso sexual; falsificar, sustraer o destruir documentos académicos y usar documentos falsos ante la universidad.
Por último, se consideran faltas leves acceder indebidamente a instalaciones universitarias; utilizar los servicios universitarios incumpliendo los requisitos establecidos de general conocimiento; y realizar actos que deterioren de forma no grave los bienes del patrimonio de la universidad. En estos casos, la sanción consistirá en una amonestación privada. De la norma se ha eliminado, según ha informado el diario ‘El Mundo’ la sanción como falta leve a un alumno que copia en un examen a otro.
Con respecto a la prescripción de las faltas y las sanciones, las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Y las sanciones impuestas por faltas muy graves, por faltas graves y por faltas leves, prescribirán, respectivamente, a los tres años, a los dos años y al año.
Tal y como establece el documento, se atribuye a las universidades públicas la potestad de sancionar disciplinariamente las infracciones del estudiantado que quebranten la convivencia o que impidan el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter económico o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. En este sentido, la persona titular del Rectorado será competente para ejercer la potestad disciplinaria.
La Ley aprobada este 7 de septiembre en Consejo de Ministros no sólo será de aplicación para los estudiantes (como establecía el anteproyecto, medida que generó críticas entre los estudiantes), sino también al Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades públicas y sus centros públicos adscritos.
Además, lo dispuesto por la Ley será de aplicación a las universidades públicas del sistema universitario español (y los centros públicos adscritos), pero también a las privadas y sus centros privados adscritos. En su caso, tendrán que desarrollar sus Normas de Convivencia con base en los principios contenidos en la Ley.
Estas Normas de Convivencia deberán garantizar el respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad y la inclusión de los colectivos vulnerables; la libertad de expresión; el derecho de reunión y asociación; la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra; la eliminación de toda forma de violencia, discriminación y/o acoso; la transparencia en el desarrollo de la actividad académica; o la utilización y conservación de los bienes y recursos de la universidad de acuerdo con su función de servicio público, entre otros.
Las universidades, tanto públicas como privadas, incluirán en dichas Normas medidas de prevención y respuesta frente a los casos de violencia, discriminación, y/o acoso, que serán de aplicación al estudiantado, al PDI y PAS
Las aulas de clases volvieron a ser divididas entre mujeres y hombres.
La situación en Afganistán se empieza a ordenar bajo las normas de los Talibán. La academia empieza a mostrar sus primeros cambios en medio de la propuesta educativa del grupo al mando. Se trata de las mujeres que aunque no han sido obligadas a dejar los estudios, se dividió el aula de clase entre hombres y mujeres.
La situación se hizo viral en redes sociales, que por medio de fotografías, dan cuenta de lo que ocurre en el país, incluso tras la retirada de Estados Unidos. De esta forma, entre las nuevas normas se encuentra la separación de los estudiantes universitarios entre hombres y mujeres.
Entre tanto, El Ministerio de Educación Superior de Afganistán, dirigido por los Talibán, aprobó la propuesta que dicta las medidas que deberán cumplir los estudiantes para el nuevo semestre que comienza el lunes. Entre las normas se encuentra:
Todas las estudiantes, profesoras y empleadas deben llevar el hiyab, según como dicta la Sharía
Las mujeres y hombres deben entrar en la universidad por entradas separadas.
Las clases mixtas solo se permiten cuando el número de alumnas es inferior a 15
El aula debe estar dividida por una cortina
Las nuevas clases en las universidades privadas deben estar separadas para hombres y mujeres, indica la propuesta.
Según la propuesta, “todas las universidades están obligadas a designar una zona separada para que las estudiantes realicen sus oraciones“.
La reportera keniana se involucra en sus historias hasta el punto de que ha fundado una librería para resolver la escasez de libros en escuelas de Nairobi y fabrica y reparte jabón para combatir la covid-19
Eriss Khajira, una periodista keniana que se dedica a documentar historias de las comunidades marginales, espera desempeñar un papel a favor del cambio social. Cada vez que escribe un artículo, las personas que entrevista le preguntan si el publicarlo solucionará sus problemas o provocará un cambio. Khajira, que nació en uno de esos barrios, entiende sus preocupaciones. “Nací en el suburbio de Dandora. A pocos metros del vertedero del mismo nombre siempre hay miles de personas rebuscando entre la basura de los habitantes de Nairobi. Entiendo lo difícil que es vivir en un barrio marginal. Sé lo que significa elegir entre comida o alquiler, o no tener nunca lo necesario; entiendo la frustración de contar tus problemas a los periodistas y que no te ofrezcan soluciones”, afirma.
Por eso, junto con otras siete personas fundó en 2019 la biblioteca del Centro Big5 en el barrio de Komarock, en Nairobi. El establecimiento dispone de los materiales de estudio correspondientes al plan de estudios de primaria y secundaria que se utilizan en las escuelas públicas. “He escrito reportajes sobre educación, y un problema común de los barrios marginales es la falta de recursos, como libros de texto. Muchos niños de los suburbios no tienen, y eso limita su rendimiento académico. Van de casa en casa buscándolos para hacer los deberes, lo cual hace que pierdan mucho tiempo”, lamenta la periodista.
Hasta enero de 2021, los alumnos de diferentes colegios acudían a la biblioteca del Centro Big5 a hacer los deberes. También adelantaban las lecciones que luego impartiría el profesor para entender mejor y sacar buenas notas.
Un alumno de secundaria estudia en la biblioteca que ha instalado el Centro Big5 en el suburbio Komarock.RAHAB GAKURU
Khajira explica que se dio cuenta de que la biblioteca estaba demasiado lejos de sus posibles usuarios. La mayoría de los estudiantes caminaba desde otro Estado para acceder a ella. Según la reportera, “la covid-19 nos recordó que necesitábamos un espacio mayor. En 2020 no pudimos abrirla porque era imposible mantener la distancia social. Por eso empezamos a buscar un lugar más amplio y seguro para instalarnos, ya fuese en Kayole, en el suburbio de Soweto, o en la barriada de Umama, en Kamarock”.
El Centro Big5 quería reproducir la idea de uno de sus patrocinadores, My Book Buddy, cuyo objetivo es crear en los colegios bibliotecas especiales para niños desfavorecidos. Khajira recuerda la llamada de Ken Situma, fundador del Centro Educativo Sadedi, en el suburbio de Kayole, para pedirle donaciones de libros. “Fue de lo más oportuna. Habíamos encontrado el local perfecto, más cerca de una de las comunidades que más la necesitaba”.
Situma dice que se enteró de la existencia del Center Big5 por algunos de sus estudiantes. “Nuestro mayor problema es que, cuando un profesor utilizaba un libro de texto para preparar las clases, significaba que un alumno se quedaba sin él para estudiar, así que cuando oí hablar de una biblioteca comunitaria a la que iban para hacer los deberes, me pareció interesante. Me puse en contacto para ver si podían reservar algunos ejemplares para nosotros. Nuestro centro ya está en desventaja comparado con los colegios públicos o los lujosos privados, pero ahora tenemos una cosa menos de la que preocuparnos”.
La Educación, un derecho de unos pocos
La Constitución de Kenia de 2010 reconoce la Educación como un derecho humano básico. En 2012, alrededor del 63% de los niños de dos barrios marginales de Nairobi estaban matriculados en colegios privados económicos de primaria. Se encuentran sobre todo en entornos de bajos recursos y en ellos se ofrece el plan de estudios oficial. En su mayoría no están registrados en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y carecen de las infraestructuras básicas que caracterizan a las escuelas públicas o privadas.
El Centro de Educación Sadedi, que empezó a funcionar en 2017, tiene 76 matriculados. “Cada lunes, de cuatro a cuatro y media, tenemos una sesión de lectura. Animamos a los estudiantes a que lean cualquier libro para promover la lectura porque no queremos que se limiten a leer para aprobar los exámenes, sino que lean para adquirir conocimientos sobre el mundo”.
Situma añade que también animan a los de las escuelas vecinas a que vayan una hora a la biblioteca al acabar el colegio, además de los sábados. “La nuestra es comunitaria. De todas maneras, estamos consultando si podemos cobrar 10 chelines (siete céntimos de euro) por cada alumno de otro centro para ayudar a mantenerla”.
Una biblioteca móvil creada por el Centro Big5 con la colaboración de My Book Buddy.RAHAB GAKURU
En el futuro, Situma espera que el Centro Big5 pueda proporcionarles más libros donados por simpatizantes del proyecto para abastecer de suficientes fondos a la primera biblioteca, así como para encontrar y dotar de otras nuevas a Kayole. En marzo se creó una más en el colegio The Keen Primary de Komarock. Moses cuenta que oyó hablar a sus alumnos del Centro Big5. “Nunca le presté mucha atención hasta que mi amigo Situma, de Centro Educativo Sadedi, me invitó a la presentación. Hablé con Khajira sobre cómo proporcionarnos un servicio parecido, y lo hizo”.
El Keen Primary empezó ofreciendo clases de refuerzo a 12 alumnos durante las vacaciones. Sin embargo, en 2008 se registró oficialmente como colegio. Hoy en día tiene 250 alumnos. “Debido a que somos asequibles, tenemos problemas de espacio, infraestructuras, maestros y materiales. El nuevo plan de estudios introducido por el Gobierno en 2018 supuso gastos adicionales para la compra de libros de texto”.
Según Moses, la biblioteca instalada en su escuela resuelve en parte sus dificultades para comprar nuevos ejemplares. “Siguen siendo insuficientes porque tenemos más o menos un ejemplar de cada asignatura por cada 15 alumnos”. El director agradece que Khajira intente impulsar la lectura en las comunidades marginales ofreciendo un recurso clave. Khajira señala que incluso si los padres pueden permitirse comprar los libros de texto, el alumno puede seguir necesitando una zona acogedora donde estudiar, porque las casas de los suburbios son pequeñas y a veces no tienen electricidad.
Agua y jabón para espantar la covid-19 de los suburbios
El Centro Big5 también ha estado apoyando a las comunidades marginales desde que el Gobierno anunció los primeros casos de covid-19. Armada con una cámara, Khajira visitó el suburbio de Umama, en Komarock, una barriada bastante reciente formada por unos 400 hogares. Lucy, dueña de un de sus comercios, explicaba sus temores y sus esperanzas. “Actualmente no tenemos agua. Un bidón de 20 litros cuesta 20 chelines (14 céntimos de euro) si vas a buscarlo a los vendedores, que tienen un pozo, pero si te lo traen a casa los carreteros, pagas 50 chelines (0,38 euros) por lo mismo. Ahora el Gobierno me exige que compre agua y jabón para los clientes. Creo que en esta comunidad nadie va a dedicar ese dinero a comprar agua para lavarse las manos”, zanja.
El Centro Big5 distribuye agua en el suburbio de Kayole.CENTRO BIG5
Durante su visita, Khajira observó que varios hogares se enfrentaban a los mismos problemas que Lucy, pues es difícil mantener la distancia social entre las familias de más cinco miembros que están compartiendo la misma habitación. “El abastecimiento de agua en estos barrios no es estable. Puede que tengan suministro una vez a la semana, pero también pueden pasar dos sin que les llegue nada. Tienen que decidir si comprarla para su higiene o para usos domésticos como beber, cocinar y hacer la colada. Ninguna de las personas con las que hablé daba prioridad a la compra de jabón y agua para lavarse las manos a menudo sobre la de otros artículos”, añade.
Tras haber documentado varias historias, Khajira decidió ofrecer un pequeño apoyo a esta comunidad a través del Centro Big5 en asociación con The Healthy Teeth Foundation [Fundación para la Salud Dental]. “Cuando era joven, mi madre y yo solíamos hacer jabón líquido, así que pensé que, si lo hacía y lo distribuía, la gente tendría una preocupación menos”.
Además de con una biblioteca, el Centro Big5 ha estado en primera línea apoyando a las comunidades marginales desde que el Gobierno anunció los primeros casos de covid-19
El Centro Big5 empezó haciendo jabón y distribuyéndolo gratis en los suburbios de Umama, Kayole, Soweto y Mukuru. Sus colaboradores se dirigían a los comercios locales, a las madres y a las tiendas de frutas y verduras. La reportera cuenta que cada vez que iba a verlos, le pedían agua y mascarillas. “Adaptamos bidones para que sirvieran de puesto de lavado y los instalamos en lugares públicos con mucho movimiento. También empezamos a suministrar agua con un camión cisterna. Cada semana pasamos por el puesto de lavado para reponer el jabón y el agua, que repartimos entre los puntos que instalamos y las familias necesitadas”, explica.
El Centro Big5 también vendía parte del jabón líquido para ayudar a mantener el proyecto y distribuía mascarillas gratis. Durante su visita, sus miembros explicaban a los habitantes del barrio la importancia de asegurarse de que la covid-19 no entrara en la comunidad. “Temíamos que, si un habitante se contagiaba, la densidad de población intensificase la propagación. Por eso no parábamos de explicarles la importancia de mantener la distancia y lavarse las manos todas las veces que pudieran”, recuerda la reportera.
Algunos sueños se han hecho realidad. Mi dolorosa historia me ofreció la oportunidad soñada de convertirme en cineasta
ERISS KHAJIRA
El Centro Big5 tiene muy pocos recursos, y solo puede ayudar a unas 100 familias. Para hacerlo sostenible, empezó a enseñar a grupos a hacer jabón que luego venden en los barrios porque tiene muchos usos y es más barato que el que se usa en pastillas. “Hemos enseñado a las Kayole Starlets, que están en la primera división femenina de fútbol, a hacer jabón líquido. De momento, los partidos se han suspendido, y ellas necesitan ganar dinero de otra manera”, explica Khajira.
El Centro Big5 cuenta con el apoyo de My Book Buddy, Booksteps, Sams Foundation y Yoga Heart Kenia. Khajira concluye diciendo que es importante que se cuenten las historias de las comunidades marginales, aunque sean desagradables. “A partir de esas historias, algunos sueños se han hecho realidad, y el talento y las innovaciones únicas encuentran una plataforma para crecer. Mi dolorosa historia me ofreció la oportunidad soñada de convertirme en cineasta”.
En 2014, Khajira estrenó su primera película, Dusty Bin Dreams, que la devuelve a su hogar en el mayor basurero de África oriental, el vertedero de Dandora. En medio de todas las dificultades de los suburbios, la directora centra su mensaje en la desesperación y la traición, pero también en la esperanza, la amistad y los sueños de sus amigos de esos barrios marginales.
El porcentaje de las instituciones educativas en las que se han detectado casos del virus corresponde a 0.06 por ciento.
Tras el regreso a clases presenciales en México, 39 escuelas ‘cerraron’ temporalmente por la presencia de casos de COVID. Además, en total suman 88 casos de contagio los que se han detectado en las aulas.
Con ello, el porcentaje de las instituciones educativas en las que se han detectado casos del virus corresponde a 0.06 por ciento.
“Hemos detectado 88 casos (de coronavirus) de escuelas, lo que representaría en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID al 0.06 por ciento. Sin embargo, cabe hacer la aclaración que de estas 88 escuelas, solamente 39 escuelas han cerrado de manera temporal, cada quince días, según lo que se considera como recomendación, por lo tanto sería un 0.03 por ciento lo que se ha cerrado. Eso nos da un buen indicio de que todo lo que se está haciendo en este esfuerzo está bien”, informó este martes Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública.
En tanto, 135 mil 230 centros de educación en el país abrieron sus puertos para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, en cuanto al número de alumnas y alumnos que retornaron a las aulas fue de 12 millones 639 mil 915.
Ante comienzo del ciclo escolar, la titular de la SEP instó a las y los padres de familia a inscribir a sus hijos aun cuando decidan no enviar al menor a la escuela. Esto responde a identificar si hay deserción escolar.
Un llamado urgente para proteger la Amazonía hacen los pueblos indígenas amazónicos representados por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
La COICA pide a las organizaciones sumarse a la iniciativa “Amazonía por la vida: protejamos 80% al 2025”, para establecer un acuerdo global por la selva tropical más grande del mundo.
El acuerdo busca garantizar la protección permanente del 80% de la selva amazónica para el 2025 y así evitar cruzar un punto de inflexión para la Amazonía, hogar de cientos de pueblos indígenas.
Nosotros, los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica, a través de nuestros conocimientos y saberes ancestrales, hemos protegido la Amazonía durante milenios. A esta lucha se han sumado aliados de organizaciones ambientales, de derechos humanos y la comunidad científica.
Hoy, de manera conjunta, hacemos un llamado a un acuerdo global para la protección permanente del 80 por ciento de la Amazonía para el 2025 como medida urgente para detener el punto de no retorno y responder a la crisis planetaria con un cambio transformador. Es el momento para que la comunidad internacional (gobiernos, sociedad civil, corporaciones, etc.) se una a nuestro esfuerzo por proteger el planeta.
La Amazonía es la selva tropical más grande y con mayor diversidad biocultural del mundo. Es el hogar de 511 pueblos indígenas, incluidos 66 grupos que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial. Son más de 300 lenguas que se hablan en esta vasta región que cubre 9 países (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa).
La Cuenca alberga un tercio de las especies de plantas y animales de la Tierra y el 20 por ciento del agua dulce. Funciona como el corazón biológico de nuestro planeta: secuestra y almacena grandes cantidades de carbono, regula el clima continental y global, produce oxígeno y lluvia, impulsa los sistemas climáticos, entre otros beneficios.
Los Territorios Indígenas (TI) –que ocupan físicamente 237 millones de hectáreas en la cuenca del Amazonas- y las Áreas Nacionales Protegidas (NPA) son vitales para proteger la Amazonía.
Juntos cubren cerca del 50% de esta región. Casi la mitad (45%) del bosque intacto en el Amazonas se encuentra en territorios indígenas, un área más grande que Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Noruega y España combinados (FAO -FILAC 2021, p.12-13).
La Amazonía ya ha perdido el 17 por ciento de su cobertura forestal además, un 7 por ciento de sus selvas tropicales se han degradado. Si la deforestación y la degradación combinadas cruzan el umbral del 20 por ciento, los científicos advierten que el sistema alcanzará un punto de inflexión irreversible que puede traducirse en la muerte regresiva de todo el ecosistema. Esto liberaría emisiones masivas de dióxido de carbono y traería consecuencias rápidas y catastróficas para la estabilidad climática global.
Estamos al borde del punto de inflexión o de no retorno. Nuestras acciones en los próximos años determinarán el destino de nuestro planeta durante los próximos milenios. Asegurar la integridad de los sistemas hidrológicos, la biodiversidad y garantizar el rol fundamental de la Amazonía como regulador climático mundial, requiere que al menos el 80 por ciento de sus bosques permanezcan intactos.
Este es un llamado para establecer un acuerdo global para la protección permanente del 80 por ciento de la selva amazónica para el 2025, concertado por todos los gobiernos de la Amazonía y respaldado por los pueblos indígenas y la comunidad mundial.
El Pacto por la Amazonía requiere:
Una visión regional panamazónica que aterrice en un plan estratégico común construido sobre los estrictos lineamientos del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Para lograr el 80% de protección al 2025, cada país amazónico debe desarrollar Planes de Acción Nacionales del Bioma Amazónico (PANBA) para detallar sus compromisos y cumplir con la meta de 80 x 25. El proceso debe contar con la participación plena de la sociedad civil, incluyendo a los pueblos indígenas que hemos sido administradores efectivos de este bioma durante milenios.
El 100% de las tierras indígenas legalmente reconocidas y demarcadas y, la asignación de recursos financieros permanentes que permitan su titulación y ampliación.
La implementación de un modelo de gobernanza con representación política y reconocimiento del rol de los pueblos indígenas en el logro de este objetivo a nivel nacional e internacional.
Una moratoria inmediata sobre la deforestación y degradación industrial de todos los bosques primarios.
La definición de una política forestal y de zonificación que permita la creación de zonas intangibles para áreas que permanecen intactas -sin carreteras y otras zonas exclusivas para actividades industriales.
La restauración de tierras degradadas.
Creación de reservas indígenas o áreas protegidas co-gestionadas, ampliadas para comunidades indígenas y locales1 que actualmente no constan como TIs o ANP y otros territorios (OECM) con las salvaguardas y responsabilidad de los Estados para garantizar la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI).
Detener los impulsores clave de la deforestación actual y futura y las presiones del desarrollo industrial mediante la suspensión de nuevas licencias y financiamiento para la minería, el petróleo, la ganadería, las grandes represas, la tala y otras actividades industriales.
Una Condonación de Deuda condicionada a una moratoria permanente a la extracción industrial en territorios indígenas y áreas protegidas.
Que el sector financiero se comprometa a garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y a poner fin a la deforestación en todas las cadenas de suministro que financian. Transparencia y rendición de cuentas del sector financiero y de las cadenas de valor.
La comunidad internacional debe adoptar políticas y marcos inmediatos que garanticen la afluencia permanente de recursos para lograr este objetivo.
La comunidad internacional dinamice recursos financieros necesarios para cubrir los costos de acceso a los servicios básicos de las comunidades indígenas, consolidar su autodeterminación, y fortalecer la gestión integral de los territorios, medios de vida sostenibles y uso del conocimiento ancestral.
Instamos a los países de la cuenca del Amazonas a declarar el estado de emergencia y detener de inmediato la expansión de actividades industriales destructivas, políticas gubernamentales y subsidios públicos dañinos que permiten una mayor destrucción de los bosques. El estado de emergencia abordaría los factores que impulsan la deforestación y, al mismo tiempo, dejaría espacio para el diseño y la implementación de estrategias dirigidas hacia un cambio transformador perdurable.
Las naciones industrializadas deben reconocer su papel en el cambio climático y el rol trascendental de la Amazonía en la mitigación del mismo y canalizar todos los recursos necesarios para garantizar una transición justa para quienes habitamos el bioma y para sus propios ciudadanos. El momento para la acción es ahora.
Los pueblos indígenas de los nueve países amazónicos invitamos a los gobiernos, científicos, ciudades, instituciones financieras y a todos los sectores de la comunidad global que estén dispuestos a actuar por el planeta, a que se unan y apoyen esta iniciativa. La firma de esta declaración es un primer paso para evitar el punto de no retorno de la Amazonía y proteger el 80% para el 2025.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA y sus organizaciones miembros en los 9 países, a nombre de nuestras naciones y pueblos indígenas de la Amazonía:
AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
APA, Asociación de Pueblos Amerindios de Guayana.
CIDOB orgánica, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano.
COIAB, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña.
CONFENIAE, Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
OPIAC, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.
ORPIA, Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Venezuela).
OIS, Organizaciones Indígenas de Surinam.
FOAG, Federación de Organizaciones Autóctonas de Guayana Francesa.
COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
Para sumar a su organización a la iniciativa solo debe ingresar a este enlace y completar la información requerida: https://bit.ly/2V8PH3c
El secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, dijo hoy que la pandemia empeoró las disparidades educativas entre los estudiantes y consideró al aprendizaje presencial como única vía para cerrar esa brecha.
En una entrevista para The New York Times Magazine, el funcionario especificó que el número de estudiantes negros y mestizos que acceden a la educación presencial es muy inferior al registrado a finales del pasado curso escolar.
Aunque la disparidad existía antes de la Covid-19, desde marzo del 2020 se amplió para muchos estudiantes, alertó Cardona y resaltó que los alumnos deben volver a las aulas cuanto antes, pues es donde mejor aprenden.
La administración del presidente Joe Biden tiene una estrategia para el retorno a clases presenciales que consiste en apoyar a los educadores, directores de escuelas, padres, familias y las comunidades, añadió sin dar más detalles.
La alerta ocurre en medio de la reapertura de las escuelas en gran parte del país, y los crecientes temores a la variante delta del virus, cuya contagiosidad tiene en jaque a los sistemas de salud de varios estados.
Las declaraciones del titular coinciden con los resultados de un informe publicado en junio por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación.
De acuerdo con la investigación, la pandemia ‘profundiza las brechas en las oportunidades educativas en las aulas y campus de nuestra nación, las que recaen desproporcionadamente en los alumnos con mayores necesidades educativas y menores oportunidades’.
Otro estudio del Departamento de Educación Superior de Colorado reveló que las mayores brechas educativas en Estados Unidos persisten entre blancos y latinos.
En la actualidad, el número de latinos con estudios universitarios es de un 30 por ciento inferior al de los blancos, cuyos ingresos son hasta el 50 porciento superiores, según la pesquisa.
La pandemia también golpea con más fuerza a las comunidades marginadas, lo cual corroboran datos acerca de que la Covid-19 afecta desproporcionadamente a los grupos de afroamericanos, hispanos/latinos, asiáticos, nativos de Hawái y otros isleños del Pacífico.
América del Norte/México/10-09-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
El aborto es legal en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y ahora Coahuila; en los estados restantes las penas van desde multas hasta encarcelamiento.
La Suprema Corte de Justicia de México declaró este martes como insconstitucional la criminalización del aborto y se pronunció por vez primera a favor de que las mujeres, y personas gestantes puedan decidir si se realizan o no este procedimiento sin enfrentar cargos penales.
Al pronunciarse sobre la garantía de este derecho sexual y reproductivo, el organismo a través de un comunicado expresó que “es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Por primera vez, la Corte se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.
La Corte, a través de diez votos unánimes respaldando la decisión, declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de privación de libertad a la mujer que interrumpiera voluntariamente su embarazo.
“Al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales a considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta”, precisó la Corte.
Esta decisión propicia que se interpongan acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes locales que criminalizan de múltiples maneras la interrupción voluntaria del embarazo.
Por su parte, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar celebró el fallo reiterando que se debe garantizar la vida de las mujeres, «condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y vida, no solo es profundamente injusto sino abiertamente inconstitucional, proyecta un mensaje estigmatizante y discriminatorip», acotó.
El Movimiento Marea Verde en México subrayó que “ejercer nuestros derechos también significa que nuestras decisiones sean respetadas y respaldadas. Celebramos la decisión de la SCJN de parar la criminalización de las mujeres y personas gestantes en Coahuila y respaldar nuestra autonomía”, refirió el colectivo feminista.
Por su parte el ministro de la Suprema Corte valoró que el Estado debe abstenerse de tomar «una postura paternalista», en una decisión que determina la autonomía que tienen las muejres sobre su cuerpo.
“Un escenario donde las mujeres y personas con capacidad de gestar no pueden plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden restringirse”, afirmó el abogado mexicano.
Hasta ahora, en México el aborto solo es legal en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y ahora Coahuila, pero en los 28 estados restantes las penas van desde la imposición de multas al encarcelamiento.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/mexico-suprema-corte-inconstitucional-criminalizacion-aborto-20210907-0022.html
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