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Chile: Declaración pública Comunidades Científicas Regionales rechazan Reglamento de Comités Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo

El Gobierno promulgó el 10 de julio el reglamento que constituye los Comités de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. El espíritu del legislador fue que, la y los Gobernadores Regionales contarán con una instancia asesora, con capacidad técnica y científica en la formulación de políticas para el desarrollo de capital humano avanzado, investigación y equipamiento científico, apoyar la innovación, el desarrollo y la transferencia a diversos sectores públicos, privados, sociales y productivos, entre otras dimensiones y actores del desarrollo regional.

Quienes hemos dedicado nuestra vida a la generación de conocimientos útiles al desarrollo regional y nacional señalamos nuestro apoyo a cualquier iniciativa que ayude al fortalecimiento del conocimiento y la institucionalidad científica territorial. Sin embargo, el reglamento promulgado merece observaciones de forma y fondo, tal como lo han planteado, en una reciente declaración la y los rectores de las Universidades Regionales.

En una medida que no compartimos, la definición del reglamento no consideró la opinión de las comunidades científicas regionales y tampoco de las/los Gobernadores Regionales, autoridades a las que están llamadas a asesorar. Impone un formato único y homogéneo, obviando la diversidad en tamaño y especialización que tienen los ecosistemas científicos territoriales y las necesidades e idiosincrasias propias de cada región. No considera la contribución específica y diferencial de las instituciones en masa crítica, infraestructura, publicaciones, vinculación con el entorno, reconocimiento nacional e internacional, entre otros. Y tampoco distingue, instituciones de la región respecto de otras que tienen presencia circunstancial en ese territorio, a veces por motivaciones de mercado.

El reglamento desconoce antecedentes elementales del desarrollo de los territorios y, por ende, no comprendemos por qué son marginadas de ese Comité instituciones que han sido y son parte constitutiva de la región, de su historia, presente y futura.

Estas universidades son las que forman mayoritariamente los y las técnicos. profesionales e investigadores en sus territorios. Han creado programas de magíster y doctorados, vitales para el quehacer científico y tecnológico regional, y promueven programas de docencia e investigación en especialidades médicas y ciencias de la salud.

En varias regiones estas instituciones son las principales, y a veces únicas, generadoras de conocimiento científico, técnico e innovación tecnológica y social, disponiendo de centros, laboratorios y equipos especializados. Capacidades y saberes que, incubados en las universidades, siempre han sido compartidos con el entorno y alimentado las políticas públicas nacionales y locales.

Bajo la actual pandemia se constituyeron en la principal instancia de apoyo al aparato público de salud, realizando investigaciones con contrapartes nacionales e internacionales, haciendo exámenes PCR, diseñando equipos de alta complejidad, elementos de protección personal y materiales diversos, colaborando en las estrategias del gobierno y propuestas del congreso a través de mesas consultivas de expertos/as, entre otras actividades de relevancia.

La Red Científica Nacional, de la que habla la autoridad, son las universidades regionales. Las mismas que un reglamento elaborado con demasiada premura y sin participación, podría marginar.

Son ellas, las que generan conocimientos en áreas tan diversas como medio ambiente y astronomía, migración y sismología, desarrollo urbano y paleontología, estudios de opinión y minería, pueblos originarios e inteligencia artificial, salud pública y epidemiología, educación e inclusión, humanidades y ciencias sociales, entre otras.

Investigaciones que les permiten contribuir con más del 40% de las publicaciones científicas en Chile y el 50% de los fondos del estado destinados a investigación y desarrollo tecnológico.

En virtud de la relevancia del tema aquí planteado y en nuestra calidad de profesionales y directivos (as) de la ciencia, solicitamos formalmente que se revise y genere un cambio explícito, en el que se incorpore a las universidades regionales en dicho reglamento, tarea para lo cual comprometemos desde ya, el aporte de las 22 universidades regionales que conforman AUR.

Comisión de Vicerrectorías de Investigación
Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR).

Fuente: http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/declaracion-publica-comunidades-cientificas-regionales-rechazan-reglamento-de-comites-regionales-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-para-el-desarrollo

 

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Alta representante de ONU alerta sobre desigualdad educativa mundial

La secretaria general adjunta de ONU, Amina Mohammed, alertó hoy que la crisis generada por la pandemia de Covid-19 conduce a una mayor desigualdad educativa y un aumento del trabajo y el matrimonio infantil.
En su video mensaje a la Cumbre Mundial sobre Educación, la cual sesiona en su mayoría de manera virtual, señaló que una recuperación efectiva de la pandemia requiere inversiones en la formación de maestros, en aprendizaje digital y en sistemas más aptos para el futuro.

Ahora estamos en medio de una crisis educativa: hace un año más del 90 por ciento de los estudiantes del mundo (unos mil 600 millones de jóvenes) no iban a la escuela y actualmente, unos 156 millones siguen afectados por los cierres de esos centros, detalló.

Lamentablemente, agregó la alta representante de la ONU, es posible que casi 25 millones de niños y adolescentes nunca regresen a las aulas.

Por ello es tan importante la Alianza Mundial para la Educación, la cual es una oportunidad para evitar la reversión de los progresos alcanzados anteriormente en esas áreas, aseveró.

Según recordó Mohammed, la educación es fundamental para el logro de la Agenda 2030, como un derecho humano, un bien público mundial y como basamento de sociedades más inclusivas, resilientes y sostenibles.

‘Asegurémonos de que todos los jóvenes reciban la educación que se merecen’, destacó la diplomática nigeriana al concluir su mensaje a la cita.

La cumbre está centrada en el financiamiento de la Alianza Mundial para la Educación 2021-2025 y de acuerdo con sus organizadores, aparece como una plataforma oportuna para que los países e integrantes de la sociedad civil diseñen un camino a seguir de cara a transformar los sistemas de enseñanza.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465810&SEO=alta-representante-de-onu-alerta-sobre-desigualdad-educativa
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Paraguay: Ministro de Educación proyecta clases en horarios extendidos para el 2022

El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, mencionó que plantea para el próximo año lectivo, clases con horario extendido para el sector público y buses escolares gratuitos.

Como parte del inicio del proyecto Transformación Educativa, el ministro Brunetti adelantó que algunas de las proyecciones para el 2022 son instalar las clases con horario extendido para el sector público y buses escolares gratuitos.

En marco a las  jornadas extendidas se prevén desarrollar clases de artes, idiomas, prácticas de deportes, o brindar talleres educativos, según un informe de IP.

“Estamos trabajando ya con el BID y PNUD para implementar el transporte escolar. Un sistema que va a permitir que buses de algunas localidades pasen a buscar a los alumnos de sus casas para llevarle a las escuelas”, finalizó el titular de Educación.

Fuente: https://www.rdn.com.py/2021/07/29/ministro-de-educacion-proyecta-clases-en-horarios-extendidos-para-el-2022/

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Italia comenzará a aplicar el pase sanitario en cafés, cines y museos el 6 de agosto

El gobierno italiano ha decidido generalizar el uso del pase sanitario, el llamado “green pass”, para permitir el acceso a restaurantes, museos o estadios. Está evaluando la posibilidad de volverlo obligatorio en escuelas, oficinas y transportes.

A partir del próximo viernes 6 de agosto, el certificado sanitario de coronavirus será como un pase especial para moverse con libertad en Italia. Habrá que mostrarlo para ir al cine y al teatro, entrar a los museos y al estadio, pero también para comer dentro de un restaurante o sentarse en un bar.

No será obligatorio aún para viajar en tren o en avión, aunque el gobierno italiano, que acaba de introducir esta medida, está estudiando cómo aplicar la obligación en tres sectores: escuelas, transportes y en el trabajo.

“Invitar a no vacunarse es invitar a morir”

El mensaje del primer ministro Mario Draghi es que hay que vacunarse. Casi la mitad de la población italiana ya ha completado su esquema de inmunización. Pero en Torino por ejemplo miles de personas manifestaron sin mascarillas contra esta nueva medida, criticada como una decisión de dictadura.

La obligatoriedad del certificado sanitario el gobierno la adoptó para evitar cierres, ante la pequeña ola de contagios en crecimiento y la agresiva variante Delta. “Invitar a no vacunarse es invitar a morir”, dijo Draghi, liquidando las dudas de Matteo Salvini, aliado de derecha del gobierno de unidad nacional, que todavía no se ha vacunado.

Fuente: https://www.rfi.fr/es/europa/20210723-italia-pase-sanitario-green-pass-covid-restricciones-restaurantes-museos-cines-estadios

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Estudio: Perú, Chile y Colombia, los países donde hubo más pérdida de empleo para mujeres

En países latinoamericanos se estima que al menos 24 millones de empleos se perdieron a raíz de la pandemia y de esta cifra más de la mitad fue de personal femenino.

Con la llegada de la pandemia, la brecha existente entre hombres y mujeres en el ámbito laboral aumentó significativamente. Millones de mujeres perdieron su trabajo o tuvieron que dejarlo debido a la carga de tareas domésticas que trajo la pandemia. Conforme a la situación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó recientemente un balance que evaluó la situación del desempleo de las mujeres en la región.

 

El informe asegura que hubo varias tendencias preocupantes en el mercado laboral para Latinoamérica, pues entre 2019 y 2020 el desempleo femenino aumentó 32%, frente a 31% en las cifras de hombres.

Con respecto a los países más afectados, se estima que Perú, Chile y Colombia reportaron las cifras más altas de desocupación femenina, aunque Colombia fue el país que tuvo un mayor crecimiento en el desempleo de este género, pues registró una cifra de 24% y un aumento de 11%, con respecto a la cifra de hombres. Además, el estudio demostró que junio fue el mes con mayores perdidas en el mercado laboral femenino con más de 13 millones de empleos perdidos por la crisis sanitaria.

En el caso colombiano, según cifras del Dane, mientras que para 2017 cerca de 33% de mujeres participaban en trabajos remunerados el país, para 2021 la cifra cayó a 4,9%, registrando una participación de 28%. Con respecto a las horas laborales. En promedio, un hombre dedicó a diario siete horas para actividades de trabajo remunerado, a diferencia de las mujeres que emplean nueve horas de su tiempo, en promedio.

En cuanto a las actividades de trabajo no remunerado, las mujeres predominaron en las cifras, pues entre enero y abril de este año 94% de mujeres participó de estas actividades, mientras que los hombres solo participaron 59%. El grupo femenino destinó hasta 10 horas de su tiempo en cuidado del hogar, con dos horas en suministro de alimentos, a diferencia de los hombres que solo destinaron seis horas y una hora respectivamente.

En otros países de la región como Paraguay y México hubo cambios muy superiores entre el empleo masculino y femenino, pues la brecha apuntó a 19% y 10%, respectivamente. En países como Argentina y Ecuador también se registraron diferencias entre la participación de hombres y mujeres, aunque con diferencias menores de 5%.

Con respecto a las mujeres empresarias de firmas pequeñas y medianas, estas sufrieron los impactos de la crisis en mayor medida, pues sólo 29% de los negocios de los hombres fueron cerrados, a diferencia del 40% de cierres que hubo en las empresas lideradas por mujeres.

Según Natalia Suárez, consultora en The Bonding, paridad de género, la preferencia de las empresas en hombres se da debido a que las mujeres tienden a destinar mucho más tiempo al cuidado del hogar o de sus hijos, por lo que esto podría afectar la productividad de las corporaciones.

“Las compañías tienden a considerar que contratar mujeres a veces disminuye el tiempo de trabajo en el que están en la empresa, como por ejemplo, las licencias de maternidad, en las que no se cuenta con el tiempo de la empleada pero si se debe remunerar de la misma forma”, agregó

Con base en estos resultados que demuestran una brecha de genero laboral fuerte, sobre todo en países como Perú y Colombia, el BID plantea que se deben repensar los tratamientos tradicionales de las políticas e incluir la dimensión de género como un componente central en los planes de reactivación.

También, señala la importancia de implementar políticas acompañadas de mejores datos, para visibilizar las dificultades reales que enfrentan las mujeres en el mercado laboral.

Fuente: https://www.larepublica.co/globoeconomia/peru-chile-y-colombia-los-paises-donde-hubo-mas-perdida-de-empleo-para-mujeres-3206383

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Desde la CLADE, Nelsy Lizarazo: “La EPJA continúa ocupando lugares muy secundarios en las agendas de los Estados”

Durante consulta subregional de la UNESCO hacia la CONFINTEA VII, representantes de organizaciones como CLADE, CEAAL y DVV presentan sus análisis sobre el contexto de la EPJA en América Latina y el Caribe y los desafíos para que se garantice esta modalidad educativa como un derecho humano.

Repensar la alfabetización desde un lugar de mayor complejidad, alcance y pertinencia para los tiempos actuales y las necesidades de los grupos más vulnerables; abandonar, definitivamente, todo enfoque asistencia y remedial de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y asegurar ofertas de EPJA flexibles, trabajando en perspectiva intersectorial y de articulación territorial. Esas fueron algunas de las recomendaciones de Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), durante el primer día (28/7) de la Consulta subregional en América Latina Camino a CONFINTEA VII, organizada por la UNESCO. El evento reunió representantes de los Estados de América Latina y el Caribe y de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la CLADE, el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos (DVV) International y el Consejo Latinoamericano de Educación Popular (CEAAL).

El primer día de la Consulta, que es parte del proceso preparatorio a la Conferencia Internacional de Educación para Adultos (CONFINTEA) VII, se desarrolló alrededor de debates y reflexiones sobre las nuevas comprensiones acerca de la EPJA a la luz de los acuerdos de la CONFINTEA VI. Abordó también el lugar que ocupa la alfabetización desde el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, los desafíos y respuestas generadas ante el contexto de pandemia desde la EPJA y su relación con el logro de los objetivos de la Agenda 2030. Otros temas enfatizados fueron la recuperación postpandemia y la superación de desigualdades, la atención a la diversidad, la intersectorialidad y su relación con la formación integral de las personas.

Según Nelsy Lizarazo, todavía hay mucho por hacer para que la EPJA sea garantizada como un derecho humano y uno de los desafíos pendientes es que esta modalidad educativa “continúa ocupando lugares muy secundarios en las agendas de los Estados: hay fragmentación institucional, los financiamientos son marginales, las ofertas, limitadas, hay un desconocimiento de los sujetos de derecho, con excepciones notables en algunos sistemas públicos de educación y, sobre todo, con excepciones que provienen del lugar de la educación no formal, comunitaria y popular”.

Para Eva König, directora regional Sudamérica de la DVV, hay que impulsar una “nueva comprensión de la EPJA”. Ella afirma que ha habido avances para garantizar la EPJA como un derecho humano, pero que, en lo que se refiere a la participación, la EPJA sigue invisible. “Falta un enfoque de aprendizaje. Todavía no se comprende la educación de personas jóvenes y adultas desde un componente integral”.

La directora regional de la DVV resaltó también la importancia de la EPJA para la garantía de otros derechos humanos. “El futuro está marcado por el fuerte impacto de la pandemia y los desafíos deben ser tratados como una visión hacia el futuro. Invertir en la EPJA requiere invertir en las matrices y el aprendizaje a lo largo de la vida tiene un valor central. La EPJA atraviesa y aporta a todos los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible]: salud, medio ambiente, desarrollo económico, participación, etc.”.

Noel Aguirre, de CEAAL, defiende una EPJA vinculada a las potencialidades productivas de las regiones. “No solo lo relativo a lo ‘manual’, sino al trabajo intelectual. La EPJA es importante para replantear los modelos de desarrollo en nuestros países, así como la relación con la ciencia y la tecnología”.

Para él, se desconoce el valor social de la EPJA para la vida y el cumplimiento de los ODS. “En el mejor de los casos se da prioridad a la EPJA formal y se ignora toda la riqueza y los aportes de la EPJA no formal. Queda mucho por trabajar en su cobertura, calidad y junto a ella la pertinencia cultural y relevancia social, así como es necesario desarrollar su institucionalidad con identidad propia y con financiamiento suficiente”.

Como producto de la pandemia, Noel Aguirre explica que la EPJA fue afectada como el conjunto de los sistemas educativos de los países de América Latina y el Caribe. “Por ejemplo, [la EPJA] recibió los impactos de la suspensión de las clases presenciales (160 millones de estudiantes) y de la desigualdad manifestada por la brecha digital: acceso a la internet, dispositivos y plataformas digitales, así como sobre su uso pedagógico”.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2021/07/nelsy-lizarazo-la-epja-continua-ocupando-lugares-muy-secundarios-en-las-agendas-de-los-estados/

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Derechos Humanos y biodiversidad: 10 compromisos que deben asumir los Estados según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Detener la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad que esta trae de la mano es una responsabilidad compartida. La ciudadanía en su conjunto debe comprometerse en pos del cuidado del planeta. Sin embargo, es indispensable también que las administraciones lleven la delantera en esta temática. La implementación de políticas públicas tendientes a la protección medioambiental es imprescindible, para esto, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha recopilado una serie de compromisos a los que deben responder los Estados.

La pérdida de biodiversidad sin precedentes, la contaminación, el cambio climático y el aumento de las enfermedades zoonóticas han puesto de manifiesto la relación simbiótica entre los seres humanos y la naturaleza. La irrupción de la pandemia de coronavirus lo ha dejado aún más en evidencia. El derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, así como otros derechos humanos, solo pueden alcanzarse allí donde la biodiversidad prospere y los ecosistemas sean saludables.

De este modo, resulta indisociable la protección de la biodiversidad de los Derechos Humanos. Para lo cual existen ya una seria de obligaciones estatales vinculadas tanto a los derechos humanos como a la biodiversidad provienen de leyes internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).  De este modo, de acuerdo con estos compromisos y las responsabilidades que engloban, los Estados están obligados a cumplir con algunos aspectos clave, a saber:

1. Abordar la pérdida de biodiversidad y hábitat, y prevenir sus impactos negativos sobre los derechos humanos:  Los Estados deben tomar medidas urgentes para abordar estos desafíos. Esto incluye poner fin a la deforestación, proteger y conservar tierras y océanos, avanzar hacia patrones sostenibles de producción y consumo, combatir el cambio climático y la contaminación, prevenir la introducción de especies exóticas invasoras, y proteger la tenencia de la tierra y el uso de recursos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y las niñas.

2. Garantizar la igualdad y la no discriminación: Debido a que afecta a algunos de manera más aguda que a otros, la pérdida de biodiversidad puede aumentar las desigualdades que ya existen entre individuos, grupos e incluso generaciones, ya que las generaciones futuras heredarán los resultados irreversibles de la degradación ambiental. Por lo tanto, las acciones para abordar la pérdida de biodiversidad y hábitat deben considerar la edad, el género y vulnerabilidades como la pobreza, la discapacidad o la marginación, y no exacerbar las disparidades existentes.

3. Proteger los derechos de los pueblos indígenas: Estos se ven muy afectados por la pérdida de biodiversidad y se encuentran entre los actores mejor posicionados para prevenirla. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma el derecho de estos pueblos a conservar y proteger sus tierras, territorios y recursos. Esto significa que las acciones de conservación con potencial impacto sobre los derechos humanos deben tomarse en consulta con los pueblos indígenas y con su consentimiento libre, previo e informado, y deben apoyar su participación en la gestión y apropiación de los esfuerzos correspondientes.

4. Proteger a los defensores de los derechos ambientales: Aquellos que protegen la biodiversidad, los hábitats, los medios de vida que dependen de la naturaleza y los derechos humanos han sido objeto de amenazas, violencia, criminalización y represalias, particularmente las mujeres y niñas y los indígenas. Instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos requieren que los Estados respeten, protejan y cumplan los derechos de los defensores ambientales a la participación, el acceso a la información y a las libertades de expresión, reunión y asociación. Los Estados también están obligados a tomar medidas contra las amenazas a la vida o el bienestar de los defensores ambientales, brindar acceso a la justicia y reparación efectiva cuando se violen sus derechos y realizar investigaciones oportunas en las cuales los responsables de actos de violencia e intimidación sean procesados.

5. Asegurar una participación significativa e informada, incluso en la gobernanza de la tierra y los recursos:  El derecho a la participación libre, activa, significativa e informada en los asuntos públicos está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo y otros instrumentos internacionales, acuerdos ambientales multilaterales, y leyes y políticas nacionales. Esto significa que los Estados deben proporcionar información pública sobre la biodiversidad en un lenguaje y formato accesibles; prever y facilitar la participación pública, teniendo en cuenta las barreras que enfrentan los pueblos indígenas, las comunidades locales, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situación de marginación; y llevar a cabo de manera transparente y responsable toda la formulación de las políticas relacionada.

6. Proteger contra los daños a los derechos humanos relacionados con las empresas debido a la pérdida de biodiversidad: Como se refleja en los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Esto incluye evitar su infracción a través de la pérdida de biodiversidad y facilitar la reparación de cualquier daño causado o con el cual se haya contribuido. Según el derecho internacional, los Estados están obligados a proteger contra los abusos de los derechos humanos por parte de las empresas y deben exigir una evaluación de todos los impactos sociales, ambientales y de derechos humanos de los proyectos que puedan afectar la biodiversidad. Cuando se producen abusos contra los derechos humanos, incluidos los que resultan de la pérdida de biodiversidad y hábitat, los Estados deben responsabilizar a las empresas y garantizar que los afectados tengan acceso a un recurso efectivo.

7. Asegurar la cooperación regional e internacional: La protección eficaz de la biodiversidad requiere cooperación y solidaridad internacionales. Los instrumentos de derechos humanos piden a los Estados cooperar en la realización de todos los derechos humanos, abordando las brechas en la protección y los daños transfronterizos y extraterritoriales. Además, la capacidad de los países en desarrollo para implementar sus compromisos de diversidad biológica depende del intercambio de recursos y de las transferencias de tecnología de los países desarrollados. Por lo tanto, los Estados deben establecer y fortalecer mecanismos y recursos para abordar las causas y los impactos transfronterizos de la pérdida de biodiversidad y hábitat.

8. Movilizar eficazmente los recursos adecuados para prevenir los daños a los derechos humanos causados por la pérdida de diversidad biológica: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales requiere que los Estados dediquen el máximo de recursos disponibles al cumplimiento de este conjunto de derechos. Esto incluye la protección de la biodiversidad, porque la biodiversidad es necesaria para garantizar ecosistemas saludables, y a su vez estos son necesarios para garantizar los derechos a la vida, la salud y los medios de subsistencia de miles de millones de personas en todo el mundo. Los Estados están obligados a actuar tanto individual como colectivamente, por lo que la cooperación internacional y la asistencia financiera son imperativas.

9. Garantizar que todos disfruten de los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones: Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos tienen derecho a disfrutar de los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma el valor de los sistemas de conocimientos tradicionales y los enfoques holísticos y el CDB compromete a los Estados a respetar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales hacia la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. En particular, los Estados deben apoyar el uso de los conocimientos tradicionales con el consentimiento de los pueblos indígenas interesados, garantizando que los beneficios económicos se compartan de manera equitativa, y deben apoyar la transferencia de métodos y tecnología para una respuesta internacional eficaz a la pérdida de diversidad biológica.

10. Garantizar la educación con respeto a la naturaleza: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho de toda persona a la información y la Convención sobre los Derechos del Niño pide que la educación fomente el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el medio ambiente natural. Comprender los derechos humanos y el medio ambiente es fundamental para garantizar la dignidad humana, el bienestar y la supervivencia, y requiere de la participación informada de todas las personas. Por lo tanto, los Estados deben garantizar el derecho de todas las personas a la educación, poniendo en el centro el respeto por la naturaleza y a la información necesaria para protegerla.

Fuente: https://diarioresponsable.com/noticias/31566-derechos-humanos-y-biodiversidad-10-compromisos-que-deben-asumir-los-estados

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