Comença el Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible amb la participació d’Ubach i Vilarrubla
Aquest dimarts comença el Fòrum Polític d’Alt Nivell (HLPF) sobre Desenvolupament Sostenible, que se celebrarà a les Nacions Unides, a Nova York i s’allargarà fins el 16 de juliol. Només les sessions inaugurals i de clausura seran presencials, on hi participarà la Missió Permanent d’Andorra. El tema escollit per aquest any és «la recuperació sostenible i resilient de la pandèmia de la COVID-19 per promoure les dimensions econòmiques, socials i ambientals del desenvolupament sostenible: construir un camí inclusiu i eficaç per a l’assoliment de l’Agenda 2030 en el context de la dècada d’acció i de realització del desenvolupament sostenible».
Maria Ubach, ministra d’Afers Exteriors, participarà en la sessió plenària amb la resta de dirigents internacionals. Andorra anunciarà durant aquest Fòrum la seva intenció de presentar el seu Segon Informe Nacional Voluntari –on cada país explica les seves iniciatives i polítiques nacionals per a l’assoliment de l’Agenda 2030 i la seva implementació– en el marc del Fòrum Polític d’Alt Nivell del 2022 després d’haver presentat al 2018 el primer. D’altra banda, el dimarts 13 la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, participarà de manera telemàtica en la Reunió Mundial d’Educació 2021 organitzada per la UNESCO.
El primer ministro Justin Trudeau condenó los actos vandálicos contra las iglesias
En Canadá ha continuado la quema de iglesias católicas tras el hallazgo de cientos de osamentas de niños indígenas, enterrados de forma clandestina en internados religiosos. El primer ministro Justin Trudeau ha condenado estos actos vandálicos.
Por más de un siglo, los niños indígenas de Canadá fueron forzados a acudir a una serie de escuelas que, en su mayoría, estaban controladas por la escuela católica. Las denuncias sobre el trato inhumano que recibían los menores en aquellas residencias no son nuevas.
En estas instituciones se les cambiaba el nombre y se les impedía hablar en su idioma. Las torturas fueron cotidianas y muchos menores fueron asesinados.
En 2015 una comisión gubernamental concluyó que en aquellas escuelas “se había perpetrado un genocidio cultural”. Sin embargo, el hallazgo de más de mil osamentas en estas escuelas católicas ha provocado una ola de indignación cuyo rostro más violento se ha expresado a través de la quema de iglesias.
El 27 de junio fueron quemadas dos iglesias católicas ubicadas en comunidades indígenas de la Columbia Británica. Días más tarde se registraron incidentes similares en Alberta.
Estos actos fueron condenados por el jefe indígena Keith Crow, líder del territorio donde se encontraba una de las iglesias quemadas.
“Estoy enojado. No veo nada positivo de esto y va a ser difícil. Es devastador. Tenemos católicos devotos aquí en nuestra comunidad. Realmente no quiero ver separaciones en la comunidad”, dijo a la cadena CBC.
Líderes como Crow repudian los crímenes cometidos en las escuelas católicas donde se buscaba acelerar la asimilación cultural de los indígenas canadienses, pero también rechazan estos actos vandálicos.
Justin Trudeau condena los actos vandálicos
El jueves 1 de julio, durante el Día de Canadá, también se registraron actos vandálicos contra estatuas de la reina Victoria y la reina Elizabeth. El primer ministro, Justin Trudeau, condenó dichos actos al día siguiente.
Trudeau, quien profesa la religión católica, declaró que entiende el enojo de la sociedad hacia el gobierno y la iglesia.
Además, pidió al papa Francisco una disculpa formal por los actos cometidos por la iglesia en Canadá. El gobierno canadiense se habría disculpado ya anteriormente por el trato recibido por la comunidad indígena. Sin embargo, afirmó que la quema de iglesias es una acción contraproducente.
“No puedo evitar pensar que quemar iglesias en realidad está privando a las personas que necesitan de duelo, sanación y duelo de lugares donde puedan llorar, reflexionar y buscar apoyo”, declaró.
La ley será remitida a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación y promulgación en el diario oficial de la capital.
La Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, travestis, transexual, transgénero e intersexual)de la Ciudad de México, que tiene como objetivo garantizar y evitar la discriminación contra los miembros de este colectivo, fue aprobada este miércoles por el Congreso de la capital mexicana.
Además, reconoce la diversidad sexual y de género, el derecho al trato digno y sin discriminación en los servicios de salud públicos y privados, a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura, a la certeza jurídica y la participación política, entre otros
Villanueva señaló que, al aprobar esta ley, se ha dado un paso muy importante desde el legislativo local, ya que el proyecto contiene un mandato para la elaboración de “políticas públicas y acciones transversales tendientes a garantizar una mejor calidad de vida de las personas LGBTTTI”.
Además, del “reconocimiento del derecho a la autoadscripción y la existencia jurídica”.
El decreto cuenta con 43 artículos y 12 transitorios y se aplicará de manera supletoria en los siguientes ordenamientos: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Ley de Salud del Distrito Federal; la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, región Caracas, Edgar Machado, señaló que «el 80% de nuestros estudiantes no está preparado para un nivel superior».
Asimismo, indicó en una entrevista a Radio Fe y Alegría que de cada 10 estudiantes, 8 no habrían podido aprobar todos los contenidos enseñados bajo la modalidad de educación a distancia, implementada en Venezuela por la pandemia.
Sostuvo que en «años anteriores, nosotros veníamos haciendo críticas sobre los muchachos que no tenían el nivel para haber pasado al grado superior».
«Esto trae como consecuencia que tengamos una educación mediocre, los docentes no estamos preparados para esas clases a distancia y el Ministerio de Educación hace algunos años eliminó el Departamento de Tecnología Educativa que tenía especialistas que pudieron haber orientado a los docentes», acotó.
Rani Akter, una madre de cinco hijos, suele trabajar como empleada doméstica en el área de Zikatola de Dacca. Cuando estalló la pandemia de coronavirus en Bangladesh en marzo de 2020, sus empleadores le pidieron que no fuera más a sus casas por temor al contagio.
“Perdí mi trabajo en tres lugares, uno tras otro, lo que se convirtió en una pesadilla para mí. Mis empleadores ricos no me permitían entrar a sus casas porque pensaban que yo podría portar el virus invisible”, dijo Akter a IPS.
El esposo de Akter también perdió su trabajo debido al confinamiento y cierre de actividades para frenar la covid-19 y la familia atravesó tiempos difíciles.
“No teníamos dónde ir. Solíamos tener una casa en Mehendiganj, en el distrito costero de Barishal, pero la erosión de la orilla del río se engulló nuestra casa hace ocho años. Por eso nos vimos obligados a quedarnos en la ciudad “, señaló.
Akter comenzó a tocar puertas, buscando trabajo, sin éxito alguno.
“No tuvimos ayuda del gobierno ni asistencia de dinero en efectivo. Pero teníamos que sobrevivir y por eso al principio estuvimos afrontando los gastos familiares con nuestros ahorros. Y cuando se terminaron, comenzamos a pedir prestado a nuestros familiares. Ya hemos pedido 40 000 takas (471 dólares). Estamos recibiendo préstamos de 5000 a 6000 takas (de 58 a 70 dólares) al mes de vecinos y parientes para satisfacer nuestra demanda de alimentos y pagar el alquiler”, comentó Akter.
Dijo que su familia se estaba endeudando y que no sabía cuándo terminaría su sufrimiento.
Shahana Akter, de 20 años, una madre soltera que trabaja como empleada doméstica en la ciudad de Netrakona, también perdió su trabajo cuando comenzó la pandemia. Pero ella fue más afortunada que la mayoría.
“Cuando perdí mi trabajo, pensé en cómo sobreviviríamos mi hijo de cinco años y yo. No tenía ahorros. Pero tuve la suerte de conseguir un nuevo trabajo después de dos meses de confinamiento”, dijo Shahana Akter a IPS.
Millones de trabajadoras domésticas perdieron sus puestos a causa de la covid en este país del sur de Asia.
No hay datos oficiales sobre el número de trabajadores domésticos en el país. Pero según Rezaul Haque, secretario auxiliar del Ministerio de Trabajo y Empleo de Bangladesh, aproximadamente 90 por ciento son mujeres y niñas.
Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2006 estimó que Bangladesh tenía cuatro millones de trabajadores domésticos en un país con una población de 163 millones.
Si bien un estudio reciente del Sindicato Nacional de Trabajadores Domésticos (NDWWU, en inglés) mostró que hay aproximadamente de 2,2 a 2,5 millones de trabajadores domésticos, de las cuales alrededor de 60 por ciento o 1,5 millones eran trabajadores externos y 40 por ciento restante vivía en las casas de sus empleadores.
Según el secretario general de NDWWU, Murshida Akter Nahar, cuando comenzó el primer brote de coronavirus aquí en marzo de 2020, muchos empleados domésticos perdieron sus trabajos sin previo aviso y sin que se les pagara el salario que se les debía.
Se estima que alrededor de 1,2 millones de trabajadores externos, fijos o por días, perdieron sus puestos de trabajo desde marzo de 2020.
Shahana Akter, de 20 años, una madre a cargo sola de su hijo, era empleada doméstica en la ciudad de Netrakona, en Bangladesh. Perdió su trabajo cuando comenzó la pandemia, pero en su caso pudo encontrar otro puesto en el servicio doméstico más tarde. Foto: Rafiqul Islam/ IPS
“Y muchos empleados domésticos fueron expulsados de los hogares de sus empleadores, por lo que tuvieron que sufrir una vida miserable durante el cierre (de actividades) del año pasado. No tenían refugio donde ir ni comida para alimentarse en Dacca. Por eso muchos de ellos se vieron obligados a salir de la ciudad”, dijo Nahar a IPS.
Una vez que se redujeron los contagios, muchos trabajadores domésticos regresaron a la ciudad con la esperanza de ser contratados nuevamente por sus antiguos empleadores. Pero la mayoría no recuperó sus trabajos.
Nahar dijo que los empleados domésticos que habían podido encontrar empleo perdieron sus trabajos cuando la situación del coronavirus comenzó a deteriorarse otra vez en marzo de este año. “Pero no recibieron suficiente apoyo del gobierno”, explicó.
Dijo que muchos empleados domésticos comenzaron a pedir limosna, lo que trajo como consecuencia un rápido aumento de mendigos en las calles de la ciudad.
Mahmuda Begum, de 40 años, vive en una pequeña casa alquilada en la zona de Zikatola de la capital y había trabajado en esa misma área como empleada doméstica. Cuando comenzó la pandemia, perdió su trabajo de la noche a la mañana.
“Perdí mi única opción de sustento debido a la covid. Gasté todos los ahorros que tenía. Ahora no tengo dinero para pagar el alquiler de la casa (el equivalente a 58 dólares mensuales) ni para comprar alimentos y otros bienes básicos. Por eso no tuve otra opción que pedir dinero prestado a un interés alto”, dijo Begum a IPS.
Begum, viuda y madre de dos hijos, dijo que no pagó el alquiler durante cuatro meses y que su familia a menudo tiene que morir de hambre por falta de comida. “No podemos comer tres veces al día”, agregó.
El trabajo doméstico, un sector sin regulación
Los organismos de derechos humanos han estado exigiendo la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que desde su entrada en vigor en 2013 garantiza a quienes trabajan en el servicio doméstico los derechos laborales de cualquier otro empleado formal, así como la implementación de la Política de Protección y Bienestar de los Empleados Domésticos.
En 2015 el gobierno de Bangladesh adoptó esa política de protección para garantizar los derechos de los trabajadores en el servicio doméstico, y ese mismo año debió comenzar un proceso de registro.
“Pero el gobierno aún debe implementar esa política. También estamos exigiendo que las autoridades gubernamentales incluyan el tema del trabajo doméstico en la Ley Laboral que va a ser reformada”, señaló Nahar.
El coordinador de la Red de Derechos de Empleados Domésticos, sostuvo: “Al inicio del confinamiento impuesto en Bangladesh, los trabajadores domésticos enfrentaron mucho sufrimiento. Alrededor del 30 por ciento de ellos, que perdieron el trabajo, se vieron obligados a regresar a sus aldeas y los que estaban en la ciudad no tenían trabajo. La mayoría de ellos no obtuvo ningún apoyo del gobierno”.
Dijo que muchos se encontraban ahora en una situación difícil porque no podían pagar el alquiler y estaban atrapados en deudas. Agregó que esto también provocó un rápido aumento de las disputas familiares.
Hossain, otro dirigente sindical, dijo que en la actualidad es imposible garantizar los derechos de los trabajadores domésticos y sugirió incorporarlos en un marco legal para determinar sus derechos.
Haque, por su parte, dijo que el gobierno distribuyó asistencia en efectivo y alivio entre los desempleados mediante listas especiales. Pero aclaró que no existía un plan de protección social específico para los empleados domésticos, ya que trabajaban en el sector informal.
Haque consideró que si se aprobaba la Ley de Política de Protección y Bienestar de los Trabajadores Domésticos, se podrían determinar los derechos de este tipo de trabajadores.
“Continúan las conversaciones con las partes interesadas en formular una ley que garantice los derechos de los trabajadores domésticos”, indicó Haque.
L’ambassadeur de Turquie au Sénégal, Ahmed Kavas, a réclamé jeudi l’effectivité du transfert à la Fondation Maarif des bâtiments du groupe scolaire Yavuz Sélim dont les écoles ont été fermées depuis 2017 sur décision du gouvernement sénégalais.
Le diplomate turc a exprimé cette demande lors d’une visite d’une délégation de parlementaires sénégalais à l’école Maarif de Dakar.
«Les bâtiments de Yavuz Sélim au Sénégal financés par des donateurs de la Turquie n’appartiennent à aucune personne, ni à une ONG. Cela appartient au peuple turc», a précisé Ahmed Kavas, l’ambassadeur de Turquie au Sénégal.
Le diplomate estime que le transfert des écoles Yavuz Selim à la Fondation Maarif a été fait à l’exception des bâtiments de l’école située derrière le Samu national, sur les deux allées de Liberté 6.
Aussi préconise-t-il le transfert de propriété à «Maarif», indiquant que le terrain appartient à l’Etat sénégalais. «C’est un bail de 30 ans», a-t-il rappelé.
Il assure qu’au Tchad, au Niger et dans d’autres pays, ce travail entre les deux entités est effectif.
«Au Tchad, deux bâtiments ont été transférés à l’école +Maarif+ par l’Etat tchadien depuis trois ans. Au Niger, c’est pareil. Dans 40 pays, c’est déjà régularisé, sauf au Sénégal où il reste les bâtiments», précise-t-il.
Mahmut M. Ôzdil, membre du conseil d’administration de la Fondation Maarif de la Turquie, estime que «le statut juridique du bâtiment pose problème».
«C’est un bâtiment financé par des dons du peuple turc, mais qui a été vendu à un privé qui, depuis quatre ans, ne paie pas la redevance annuelle due à l’Etat sénégalais. L’absence de paiement d’une année devait aboutir à une expropriation», explique-t-il, signalant que la procédure est bloquée depuis lors.
«(… ). On est prêt à coopérer avec l’Etat sénégalais, on attend une solution depuis trois ans», a-t-il insisté.
Ayant bien compris le problème entre la fondation «Maarif» et Yavuz Sélim, les parlementaires ont indiqué qu’ils comptent évoquer la question dans leur compte rendu qui sera fait au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et au chef de l’Etat, Macky Sall, pour les sensibiliser à ces questions.
«Ils nous ont parlé du vieux dossier de Yavuz Sélim, une école qui est fermée aujourd’hui et qui aurait pu bénéficier aux Sénégalais. Ce sont des questions posées que nous allons étudier avec nos partenaires turcs, pour voir qu’elle solution apporter», a réagi le président du groupe parlementaire «Benno Bokk Yaakaar», Aymérou Ngingue.
«Nous sommes tenus de prendre en charge ces problèmes, de les étudier et de voir s’il y a des pistes de solutions que nous allons proposer à notre gouvernement», a-t-il ajouté.
Il a rappelé que le Sénégal est un pays souverain et que sa politique étrangère est définie par le chef de l’Etat qui la confie au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.
Aujourd’hui, la Fondation «Maarif» Dakar est en location à liberté 6 extension où, selon le directeur de son école, elle paie 10 millions de francs CFA par mois, ce qui a un impact sur le coût de la scolarité pour les élèves.
Les écoles «Maarif», implantées à Dakar, Saint-Louis et Thiès, compte 850 élèves avec un personnel sénégalais composé de 200 agents, dont 10 Turcs.
El fondo de la ONU alerta de que dos terceras partes de los profesores del país no tienen salario fijo.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha alertado este lunes de la catastrófica situación educativa a la que se enfrentan hasta seis millones de niños en Yemen, donde el número de niños sin escolarizar se ha duplicado desde el inicio de la guerra en 2015, muy en parte por la enorme crisis a la que se enfrentan los profesores del país, dos terceras partes de los cuales no tienen salario estable.
De momento, algo más de dos millones de niñas y niños en edad escolar ya no van al colegio en el país a causa de la guerra, según apunta el Fondo en su informe «Educación interrumpida: impacto del conflicto en la educación de los niños y niñas en Yemen», publicado hoy.
«El acceso a una educación de calidad es un derecho básico para todos los niños, incluidas las niñas, los niños desplazados y los que tienen una discapacidad», ha señalado el representante de UNICEF en Yemen, Philippe Duamelle.
«El conflicto», añade, «tiene un impacto abrumador en todos los aspectos de la vida de los niños; el acceso a la educación proporciona una sensación de normalidad a los niños, incluso en los contextos más desesperados, y los protege de múltiples formas de explotación».
El documento resalta las «nefastas consecuencias» que esperan al país «cuando los niños y niñas no están en la escuela y las niñas se ven obligadas a contraer matrimonio precoz, donde permanecen atrapadas en un círculo de pobreza y potencial desaprovechado».
En este escenario, los niños y niñas son más vulnerables a verse forzados a realizar trabajo infantil o a ser reclutados para los combates. Más de 3.600 niños y niñas en Yemen han sido reclutados durante los últimos seis años.
PROFESORES EN EL ABISMO
Para empeorar las cosas, UNICEF apunta que dos tercios de los profesores en Yemen, más de 170.000 en total, no han recibido un salario regular durante más de cuatro años debido al conflicto y las divisiones geopolíticas.
Este enorme problema deja en situación de riesgo a un total de seis millones de niños y niñas más, ya que los maestros no remunerados dejan de enseñar para encontrar otras formas de mantener a sus familias, y si los niños que no asisten a la escuela o aquellos que la han abandonado recientemente no reciben el apoyo adecuado, es posible que nunca regresen al colegio.
Así pues, los efectos combinados del prolongado conflicto y el último ataque contra la educación en forma de la pandemia de COVID-19, tendrán efectos devastadores y duraderos en el aprendizaje, así como en el bienestar mental y físico de los niños, niñas y adolescentes en Yemen, apunta UNICEF.
En el informe, UNICEF pide a todas las partes en Yemen que defiendan el derecho de los niños y niñas a la educación y trabajen juntos para lograr una paz inclusiva y duradera. Esto supone también detener los ataques a las escuelas (231 desde marzo de 2015) y garantizar que los profesores obtengan un ingreso regular para que los niños y niñas puedan seguir aprendiendo y creciendo, y para que los donantes internacionales apoyen los programas educativos con fondos a largo plazo.
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