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EL ACUERDO SUSCRITO EN LA TARDE DE AYER QUIERE CONVERTIR 300.000 PLAZAS ESTRUCTURALES EN FIJAS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

El acuerdo suscrito este lunes entre Gobierno y sindicatos mayoritarios de la función publica ha sido objeto de críticas por parte del colectivo de profesionales interinos, afectados directamente por dicha resolución.

El sindicato abertzale ELA no ha firmado el acuerdo y señala que abre la puerta al despido de miles de trabajadores públicos temporales que durante años han sacado adelante los servicios públicos.

Desde este sindicato se señala que los procesos de estabilización del exministro Cristóbal Montoro ya se han mostrado «absolutamente ineficaces» de cara a la consolidación real de las trabajadores temporales.

Además, a estos trabajadores que han sufrido el abuso de la temporalidad ni se les garantiza la integración en bolsas, ni la indemnización de 20 días por año.

Desde su punto de vista, no se proponen medidas reales para evitar que en el futuro se repitan las actuales tasas de empleo temporal, destrucción de empleo y privatización del sector público.

Desde la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) -para la que no han sido consultados pese a los intentos por estar en contacto con el ministro Miquel Iceta y el secretario de Estado, Víctor Francos, secretario de Estado- está muy alejada de la doctrina comunitaria y solo generará más paro en este colectivo, muchos de los cuales están en fraude de ley desde años.

De ahí que en estos últimos días haya pedido su retirada por no satisfacer las demandas de estos más de 900.000 profesionales en fraude de ley.

Ahora el trabajo de este colectivo de profesionales se va a centrar de nuevo en realizar diferentes movilizaciones porque según ellos este acuerdo está alejado de la normativa comunitaria y de la Directiva 1999/70.

Es bastante previsible que parte de la estrategia de los profesionales interinos y sus coordinadoras sea acudir al Congreso de los Diputados y convencer a los diferentes grupos políticos de que la convalidación va a generar una ola de despidos a estos profesionales y deteriorara el sector público.

El debate esta aún muy caliente y la previsión de que cerrada la vía política se reabra la judicial es bastante probable para estos profesionales, que han ocupado puestos estructurales por cobertura de vacante interino. Un solución judicial que, por el contrario es lenta y costosa económicamente.

Sus declaraciones se suspendieron y habrá una nueva convocatoria el 8 de octubre, según aclara Andrés Maluenda, abogado de los interinos.

En el acuerdo que han suscrito en la tarde este lunes se incluye la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas por interinos desde hace más de 3 años y una indemnización de 20 días por año trabajado para quien no supere las oposiciones.

Una indemnización que, a juicio del abogado Javier Arauz, no es ni disuasoria ni proporcional al daño causado y que conculca el principio de que la reparación a las víctimas del abuso sea al menos equivalente al efecto que habría tenido no cometerlo, que en su opinión, es la fijeza de los trabajadores afectados en sus puestos.

Desde su punto de vista, la solución planteada por el Gobierno no es acorde ni a la Directiva europea 1999/70 que regula el asunto ni al espíritu de la resolución del TJUE, lo que cree que va a generar más animo de reclamaciones judiciales entre los afectados.

Estar pendiente del BOE y el texto

Es previsible que este martes el Consejo de Ministros apruebe el Decreto Ley del que no se conoce aún su contenido final y que se ha estado negociando hasta la misma tarde de este lunes.

Desde su momento de publicación en el BOE estará vigente aunque con posterioridad habrá que convalidarse en el Congreso en los siguientes treinta días.

Habrá que estar por tanto muy pendiente del BOE y de la redacción final de la propuesta. Una propuesta muy opaca desde sus inicios.

Según datos del Ministerio, en este proceso de estabilización habrá 300.000 interinos, cifra muy alejada de la situación actual que señalan desde los propios colectivos de interinos que lo cifran en 900.000 profesionales en fraude de ley.

Desde CSIF, a través de un comunicado de prensa, se indica que el acuerdo ofrece seguridad jurídica, respetando los principios constitucionales de acceso al empleo público, si bien se autoriza una tasa adicional para la estabilización del personal temporal y, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, se valorará la experiencia adquirida en el puesto, hasta un 40 por ciento en el cómputo global.

El objetivo de la reforma, como ya comentó Iceta en su comparecencia en el Senado el pasado mes de abril, es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 % en todo el empleo público en el plazo de tres años.

Vuelven los procesos de estabilización

El acuerdo supone abrir un proceso de estabilización al que se incorporarán todas las plazas cubiertas por interinos de manera ininterrumpida al menos durante 3 años a 31 de diciembre de 2020 en cualquier administración pública.

En este acuerdo también se ha incluido un compromiso de incorporar convocatorias extraordinarias de oposiciones, específicamente diseñadas para cubrir los actuales puestos ocupados por eventuales y que desde hace años no son sometidos a concurso público.

Este proceso supondrá la autorización de una tasa adicional para la estabilización del personal temporal. En este sentido, todos los procesos de estabilización deberán estar resueltos antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

En paralelo a ese derecho indemnizatorio, el último borrador también incorpora que cada administración u organismo pueda crear una bolsa de interinos, similar a la que rige en sectores como la educación, para llamarlos con carácter prioritario para una sustitución una vez se quede una plaza vacante.

De cara a ese 31 de diciembre se pide a las diferentes administraciones agilizar los procesos selectivos, con la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio.

Los interinos que no consigan hacerse con la plaza que están ocupando se irán con una compensación de 20 días por año trabajado, tanto si son funcionarios interinos como personal laboral, aunque en este último caso, al regirse por el Estatuto de los Trabajadores, recibirán la indemnización de 12 días por fin de contrato más una compensación hasta llegar los 20 días en total.

Pruebas eliminatorias con trampa

Para la adjudicación de estas plazas, se respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia, a través de concurso-oposición.

Unas pruebas eliminatorias que previsiblemente, según nos comentan desde varias asociaciones de interinos, dejarán a muchos profesionales en la calle.

Sin embargo, en el último borrador del acuerdo se añade que la fase de concurso tendrá una valoración del 40% y en ella «se tendrá en cuenta la experiencia del empleado, especialmente la acumulada y desempeñada en el puesto o plaza objeto de la estabilización».

Estos nuevos criterios también serán aplicables a las oposiciones para movilidad interna o promoción de funcionarios ya con plaza.

Las personas que no superen el proceso selectivo, aunque se marchen con la indemnización, se podrán integrar en bolsas de empleo de interinos específicas o en las bolsas ya existentes.

Para vigilar que se cumplen todos los términos del pacto, el ministerio y los sindicatos crean una comisión de seguimiento «con el compromiso de estar especialmente vigilante con el correcto desarrollo del mismo en todos sus apartados, especialmente en los procesos de estabilización y lo contemplado en la modificación del TREBEP».

Reforma del EBEP

Por otro lado, el Gobierno plantea en su propuesta la reforma del EBEP para establecer nuevas condiciones con las que contratar a empleados interinos en las Administraciones Públicas.

Se podrá cubrir con un interino las plazas vacantes, cuando no sea posible hacerlo con un funcionario de carrera, solo por una duración máxima de tres años.

También podrán ser contratados interinos para sustituir de forma transitoria a sus titulares por el tiempo estrictamente necesario, para la ejecución de programas temporales, por un máximo de cuatro años, o por exceso o acumulación de tareas con un plazo máximo de nueve meses en un periodo de año y medio.

La administración de oficio dará por finalizada la relación laboral del interino, sin derecho a indemnización, «cuando desaparezca la causa del nombramiento o llegado al término previsto en el mismo».

También cuando se produzca la incorporación del personal funcionario de carrera a la plaza para la que fue nombrado o «por razones organizativas debidamente justificadas y motivadas» que impliquen «la supresión o amortización de la plaza».

El borrador establece también que las Administraciones deberán promover el desarrollo de criterios de actuación que aseguren esta estabilización del empleo temporal, considerando abusivo cualquier incumplimiento y nulo de pleno derecho, por lo que se les podría reclamar responsabilidades.

Habrá que ver en los próximos días como encajan las comunidades autónomas este Decreto Ley y las obligaciones que se derivan del mismo y si realmente esta solución planteada por Iceta va a reducir la temporalidad y al mismo tiempo a estabilizar a estos profesionales interinos, algunos de los cuales llevan veinte o treinta años en fraude de ley. 

Fuente: https://confilegal.com/20210706-colectivos-de-interinos-anuncian-movilizaciones-ante-el-icetazo-que-hoy-llegara-al-consejo-de-ministros-como-decreto-ley/