Las mujeres afganas han sido despojadas de sus derechos humanos fundamentales, incluido el acceso a la educación, el empleo, la libertad de movimiento y la participación en la vida pública.

Al comenzar el nuevo año escolar en Afganistán, casi 400 000 niñas más se ven privadas de educación, lo que eleva el número total de niñas sin escolarizar a 2,2 millones. Este triste hito socava dos décadas de progreso en los derechos de las mujeres, logrados gracias a la lucha incansable de mujeres activistas que reclamaron un lugar en la mesa y aseguraron que sus voces fueran escuchadas.

Durante la ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos entre 2001 y 2021, las mujeres afganas sufrieron ciclos de violencia, inestabilidad y avances frágiles. Las mujeres y las familias pagaron el precio en las zonas donde el conflicto era más frecuente.

Escuelas fueron cerradas, familias fueron desplazadas y jóvenes estudiantes perdieron sus vidas en medio de las atrocidades inhumanas cometidas.

Sin embargo, incluso frente al caos, las mujeres afganas, particularmente en áreas urbanas y semiurbanas, lucharon incansablemente por sus derechos y su merecido lugar en la sociedad. En el pasado, el país tuvo estudiantes, juezas, abogadas, enfermeras obstetras, figuras políticas y muchas otras mujeres contribuyendo en diversos campos.

Aunque las mujeres y las niñas han experimentado avances en estas dos décadas – con un número cada vez mayor ingresando en el mercado laboral y el sistema educativo –, el regreso del Talibán tras la retirada de EE. UU. en 2021 anuló estos frágiles logros.

Ese año, Afganistán ocupó el último lugar entre 156 países en el Informe Global sobre la Brecha de Género y volvió a ser el país con peor desempeño en el índice en 2022 y 2023. En 2024, la falta de datos suficientes impidió que el país apareciera en el informe.

Hoy en día, Afganistán ha cambiado el fin de la guerra activa por un régimen definido por la desigualdad y el extremismo. Talibán ha emitido más de 100 decisiones judiciales y órdenes que restringen el derecho a la educación, al trabajo y a la libertad de movimiento.

Las políticas de Talibán han creado un sistema de apartheid de género, en el que las mujeres y las niñas son excluidas sistemáticamente de la vida pública.

Se les prohíbe asistir a la escuela más allá del sexto grado, se les prohíbe la mayoría de las formas de empleo y se les prohíbe viajar sin un responsable masculino. Para las mujeres afganas que se encuentran dentro del país, hablar en voz alta conlleva el riesgo de ser perseguidas, encarceladas o algo peor.

Todas estas restricciones afectan a las esferas social, económica y política del país, exacerbando la situación de inestabilidad. Afganistán es el único país del mundo donde se prohíbe a las niñas seguir estudiando después del sexto grado.

A las mujeres se les prohíbe sistemáticamente la mayoría de las formas de empleo y tampoco se les permite viajar sin un hombre que las acompañe. Esta exclusión sancionada por el Estado tiene consecuencias de gran alcance, no solo para las mujeres y las niñas, sino para toda la nación.

El Banco Mundial estima que la desigualdad de género en los mercados laborales puede reducir el producto interior bruto de un país en más del 20%, y Afganistán no es una excepción. A medida que las mujeres se ven obligadas a abandonar sus trabajos y se les niega el acceso a la educación y a las oportunidades, la economía del país sigue contrayéndose, profundizando la pobreza y la inestabilidad.

Las repercusiones de estas políticas opresivas van más allá de la economía. El retroceso de los derechos de las mujeres ha provocado un fuerte aumento de la violencia de género, el matrimonio infantil y el trabajo infantil.

Con las niñas sin escolarizar y las familias sumidas en una pobreza cada vez mayor, muchas recurren a la práctica de casar a sus hijas a una edad temprana o a enviarlas a trabajar en condiciones de explotación. Sin una intervención urgente, la crisis actual amenaza con crear una generación perdida de mujeres y niñas afganas—privadas de sus derechos, su futuro y su voz.

A medida que los conflictos han aumentado en todo el mundo, las mujeres, los ninos y las niñas son los que más están sufriendo sus consecuencias. La desigualdad de género está en su punto más alto de la historia, especialmente en los estados frágiles y asolados por conflictos.

Los entornos posconflicto también suponen una prueba de fuego para los compromisos globales con la igualdad de género. Afganistán, ahora a menudo clasificado como una nación en situación de posconflicto, sigue siendo uno de los países más marginados en términos de derechos de la mujer. Sin embargo, esto también ofrece una oportunidad crucial para que la comunidad internacional apoye los esfuerzos locales para desmantelar las disparidades de género arraigadas.

«Los jóvenes, como poderosos impulsores del cambio, tienen un papel crucial en garantizar que las mujeres afganas sean incluidas y empoderadas en todos los aspectos de su trabajo»

Los gobiernos y los distintos actores globales pueden jugar un papel fundamental para ayudar a las mujeres afganas a reclamar sus derechos y materializar sus aspiraciones a través de las siguientes acciones:

Los avances tecnológicos ofrecen un salvavidas vital para las mujeres y niñas afganas, porque les ayudan a superar las barreras impuestas por las restricciones que sufren. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector privado pueden jugar un papel crucial en la expansión del acceso a herramientas digitales seguras y asequibles que permitan a las mujeres afganas conectarse con el mundo exterior.

A través de plataformas encriptadas y espacios en línea seguros, las mujeres pueden continuar su educación, acceder a servicios de salud, ganarse la vida a través del trabajo remoto y participar en redes globales—todo mientras protegen su privacidad y seguridad en un entorno cada vez más represivo.

El compromiso diplomático y fundado en principios con las autoridades de Afganistán debe ser estratégico y condicional. Cualquier proceso político, ayuda al desarrollo o flexibilización de las sanciones debe estar vinculado a parámetros claros que restablezcan el acceso de las mujeres afganas a la educación, el empleo y la vida pública.

Apoyar los procesos que permitan a las mujeres afganas participar en la toma de decisiones, la gobernanza y la vida económica no es opcional—es esencial para la paz y la estabilidad a largo plazo.

Las organizaciones encabezadas por mujeres están a la vanguardia de los esfuerzos para ofrecer educación, atención médica y oportunidades económicas en circunstancias extraordinariamente difíciles. Financiar directamente estas iniciativas garantiza que los recursos lleguen a quienes comprenden las necesidades sobre el terreno, ya que más mujeres han recurrido al emprendimiento en el país.

Al mismo tiempo, existe una falta crítica de datos confiables sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán. Llenar este vacío de datos es esencial para diseñar políticas e intervenciones efectivas que respondan a sus realidades.