Fecode advierte sobre fallas estructurales y reclama participación en decisiones clave. Las promesas de cambio quedaron en el papel
Un año pasó desde que entró en vigor el nuevo modelo de salud para el magisterio, y la realidad dista mucho de los objetivos que el Gobierno nacional prometió. Lo que en el papel buscaba modernizar el sistema y garantizar atención eficiente a más de 800.000 docentes y sus familias, en la práctica derivó en una serie de fallas que afectan directamente la calidad del servicio.
El modelo, que entró en funcionamiento el 1 de mayo de 2024, eliminó a los operadores regionales que durante años habían servido como intermediarios entre los prestadores de salud (IPS) y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Ahora, esa labor recae en la Fiduprevisora, una fiducia estatal que asumió directamente la contratación de una red abierta de prestadores en todo el país. Pero la transición no fue fluida. La entidad, según denuncias del mismo gremio docente, no cuenta con la capacidad técnica ni operativa para coordinar miles de contratos con IPS en las diferentes regiones.
Uno de los puntos que encendió las alarmas fue la publicación, por parte de la Fiduprevisora, de una red de prestadores para que los usuarios elijan a dónde acudir. Fecode rechazó esta decisión por considerar que se hizo de forma unilateral, sin contar con el visto bueno del Consejo Directivo del Fomag. “Desconoce al Consejo Directivo del FOMAG como la máxima autoridad”, y omite “el estudio, aprobación y recomendación con fines de formalizar la contratación”, como lo exige la Ley 91 y el Acuerdo 03, señala el sindicato.
Ese consejo, justamente, es el que debería revisar y aprobar la estructura de la red de prestadores. Por eso Fecode pidió una reunión urgente para definir con claridad las reglas del juego, garantizar la “libre elección y las garantías de transparencia total en la contratación”, y reestablecer los canales de participación del magisterio.
La libre elección del prestador es una de las banderas que el sindicato no está dispuesto a ceder. A su juicio, representa “una de las garantías del derecho para la prevención y la atención efectiva”. Sin embargo, en varias regiones del país, los docentes aseguran que esa posibilidad no existe de forma real, las IPS disponibles no tienen cobertura suficiente, y los traslados para recibir atención especializada siguen siendo largos y costosos.
Además de las fallas estructurales, hay una preocupación creciente por la transparencia del modelo. El Acuerdo 03 de 2024 estableció un diseño por niveles, un prestador primario, un nodo regional de servicios y centros de excelencia accesibles a nivel nacional. Pero los docentes denuncian que, más allá del papel, la ejecución de ese esquema no se materializó de forma efectiva.
La Fiduprevisora, que pasó de manejar entre 10 y 13 operadores regionales a gestionar directamente contratos con miles de IPS, enfrenta un reto de proporciones mayúsculas. Aunque no hay una cifra oficial, se estima que debe coordinar al menos 13.000 contratos, lo cual requiere una logística compleja y recursos humanos que, hasta ahora, no parecen estar a la altura de la tarea.
Frente a este panorama, Fecode le exigió al Gobierno nacional, al Ministerio de Educación y a la Fiduprevisora que se respete la normatividad vigente y se fortalezca el programa de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST). También hizo un llamado al magisterio a mantenerse en “alerta en defensa del Acuerdo 03 de 2024”, ejercer veeduría sindical y exigir “la eficiencia del servicio, la libre elección en todos los niveles”.
Mientras tanto, en las aulas, miles de maestros siguen trabajando sin la certeza de contar con un sistema de salud que responda a sus necesidades más básicas. Y el modelo que prometió transformación, aún está lejos de cumplir esa promesa.
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