La nueva ley del Congreso que regula el uso de celulares en escuelas abre un debate que va más allá del aula: ciudadanía digital, salud mental y rol del Estado.
Celulares en las aulas: entre la autonomía escolar y el deber del Estado. La reciente LEY N° 32385 aprobada por el Congreso de la República que regula el uso de celulares en las instituciones educativas ha generado un debate que toca fibras sensibles del sistema educativo peruano. Entre quienes han cuestionado su pertinencia figura el exministro de Educación Idel Vexler, quien en una columna publicada días atrás planteó una duda que podría parecer legítima: ¿era realmente necesaria una ley sobre un tema que ya estaba siendo gestionado por los colegios?
Vexler sostiene que la mayoría de escuelas, especialmente las privadas y algunas estatales en zonas urbanas, ya han establecido reglamentos internos sobre el uso de celulares, priorizando la convivencia, la disciplina y un enfoque socioemocional. En ese sentido, el exministro considera que una nueva ley resulta innecesaria, y aboga más bien por una norma «breve y no milimétrica» del Ministerio de Educación que respete la autonomía de cada institución educativa.
Sin embargo, la postura de Vexler -aunque válida desde una visión técnica y descentralizada- deja fuera del análisis una dimensión crucial: el impacto psicosocial del uso excesivo de dispositivos móviles en niños y adolescentes. No menciona, por ejemplo, los efectos que ya están siendo documentados en diversos contextos educativos: ansiedad, déficit de atención, aislamiento, dependencia digital, exposición a ciberacoso, entre otros.
El problema no se reduce a una cuestión de reglas dentro del aula
La hiperconectividad es un fenómeno estructural que ha reformulado las formas de interacción, socialización y aprendizaje en las nuevas generaciones. Hoy, el celular no es solo una herramienta pedagógica o un medio de comunicación; es también una extensión de la identidad digital, un canal de validación externa y, en muchos casos, una fuente de distracción constante.
En una publicación posterior en redes sociales, el propio Vexler amplió su reflexión y trasladó el foco del debate al ámbito doméstico. Según él, el verdadero problema es el uso excesivo del celular en los hogares, y la responsabilidad recae en los padres. Aunque esta mirada no carece de razón, resulta insuficiente. No se trata de elegir entre la escuela o la familia: se trata de reconocer que el uso responsable de la tecnología es un desafío integral del siglo XXI, que requiere la articulación del Estado, la escuela y el hogar.
Desde una visión más pedagógica y prospectiva, el especialista en TIC y cultura digital Fidel Gonzales Quincho ha señalado con claridad que la ley no significa una prohibición absoluta, sino una regulación razonable, alineada con el currículo nacional. La competencia 28 establece que los estudiantes deben desenvolverse en entornos virtuales mediados por tecnología, y por ello -según Gonzales- es necesario incorporar el uso de celulares bajo criterios pedagógicos, con autorización institucional y proyectos diseñados por los docentes. Esto no solo permite aprovechar la tecnología como biblioteca global, sino que también previene riesgos como la distracción, el ciberacoso y el deterioro de la salud mental.
Gonzales enfatiza que la clave está en construir una auténtica cultura digital, y que esta ley abre la posibilidad de formar ciudadanos tecnológicos críticos, conscientes y seguros. Países como Finlandia y China ya están educando sobre inteligencia artificial desde la primaria. Prohibir no es la solución; educar sí. En un país con profundas brechas digitales y educativas, regular es también proteger.
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