La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) afirmó hoy que el 75 por ciento de las niñas en Afganistán se ven privadas de educación.
La representación de la Unesco en Kabul publicó el informe del organismo que refleja que la nación centro asiática se encuentra entre los diez países donde la mayoría de las féminas no tiene acceso a escuelas ni universidades.
Estos diez países, nueve de África y Afganistán, tienen la tasa más alta de falta de acceso de las niñas a la escuela. Afganistán ocupa el décimo lugar en esta lista. Al menos el 50 por ciento de las niñas no pueden ir a la escuela, y esa cifra puede llegar al 75 por ciento, revela el documento.
A pesar de que han pasado más de novecientos días desde el cierre de las escuelas para niñas de sexto grado, y cuando faltan menos de diez días para el inicio del nuevo año educativo, el gobierno en funciones no ha dicho nada sobre la reapertura de las escuelas para el sector femenino.
La educación sexual se debe trabajar con los niños y adolescentes de la mano de las familias y las instituciones educativas, según una psicóloga.
La semana pasada, la noticia de un caso de presunto abuso sexual a dos menores de edad conmocionó al país. Los agresores serían tres estudiantes de un colegio particular de Guayaquil, que habrían abusado de dos compañeras, utilizando escopolamina, durante un viaje a Punta Cana.
Y es así como se remarca una urgencia que no es nueva, pero que sigue siendo tabú en Ecuador: es necesario hablar de educación sexual y violencia de género en las escuelas, colegios y universidades del país.
Así lo considera la periodista Thalíe Ponce, directora y fundadora de Indómita Media, un portal de noticias con enfoque de género y derechos.
Estos casos, según Ponce, revelan el estado de la educación primaria y secundaria en Ecuador: “Evidentemente si esto está pasando en entornos educativos, así no haya sucedido dentro del colegio, significa que algo está fallando”, dijo la periodista en una entrevista con EL UNIVERSO. Ella también observó una falencia en los protocolos que tienen que ver con educación y con prevención y atención a la violencia sexual y citó el caso de Paola Guzmán Aberracín.
En Ecuador, el precedente más grande de abuso sexual cometido dentro de una institución es el caso del 2002 de Paola, la adolescente de 16 años que era abusada por el vicerrector de su colegio, y que, después de haber sido obligada a abortar, se suicidó con pastillas.
En el 2020, la Corte IDH sentenció al Estado ecuatoriano como responsable por la violencia sexual e institucional de la que Paola fue víctima, y ordenó que el Estado provea de asistencia, orientación y atención a víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo, además de capacitación del personal educativo respecto a abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual. Eso implicaría agregar la educación sexual a las mallas educativas en todo el país.
Entonces, ¿cómo se debe hablar de educación sexual en las escuelas y colegios?
De acuerdo a la psicóloga clínica Kathalina Urquizo, la educación sexual es un proceso que debe comenzar en la niñez y avanzar con la edad, adaptando el contenido a las nuevas necesidades e inquietudes de los estudiantes: “Los abordajes del contenido de la educación sexual deben ir creciendo hasta los adolescentes para un buen manejo de los cuestionamientos que tiene la sexualidad”, comentó a EL UNIVERSO.
Uno de los primeros pasos que ella propone es enfocarse en los factores normales del reconocimiento corporal, como enseñarle a los niños, desde pequeños, los nombres reales de las partes del cuerpo para que puedan identificarlos en caso de algún tipo de abuso sexual. Luego, enseñar también la autoprotección y lo que significan los abusos sexuales. Este es un trabajo que, según Urquizo, va de la mano de las instituciones, los niños y sus familias.
En preadolescentes, la educación que reciben se debería centrar más en los cambios físicos que están viviendo.
Sin embargo, la psicóloga ha notado que el nivel de educación sexual que reciben los niños depende en gran medida de su entorno familiar.
“Las familias son las que han elegido tener el abordaje de cómo se maneja el tema de la información sexual desde su propio discurso”, explicó Urquizo. “Por eso muy pocas instituciones tienen eso como una materia dentro del pénsum educativo”, agregó.
El entorno familiar es responsable de educar a los niños y adolescentes en temas de sexualidad, especialmente porque vivimos en lo que la psicóloga describe como “una cultura muy sexualizada”, pero si no se educa, las consecuencias podrían ser drásticas.
Algunos abusos sexuales, especialmente los cometidos por adolescentes, obedecen precisamente a esa combinación de falta de educación sexual en una cultura sexualizada, que glorifica la violencia y la agresión hasta en la música. A eso, Urquizo le suma el despertar sexual del adolescente y al ejercicio de poder que ejerce sobre su víctima.
Esto evidencia no solo una falla en los protocolos de prevención, sino también en el proceso de obtener justicia en Ecuador, algo que según Kathalina Urquizo es muy importante para las víctimas de abuso sexual.
Thalíe Ponce señala que un factor que sigue perpetrando la obstrucción de la justicia en casos de abuso sexual es que no se están ejecutando las políticas públicas que ayudarían a combatir la violencia basada en género. Y para ejecutarlas, se necesita de presupuesto estatal.
El 20 de febrero de 2024, el presidente Daniel Noboa anunció una reducción del 23% en el presupuesto destinado al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, reduciendo así el presupuesto para combatir la violencia de género desde esta cartera del Estado.
La ineficacia de la justicia continúa en el proceso de denunciar a los agresores, pues según Ponce, las mujeres “son sometidas a revictimización, a contar una y otra vez lo que les pasó, y muchas de ellas son también estigmatizadas por el propio sistema, por los propios jueces y fiscales que no les creen o dudan de sus testimonios”.
No todas las víctimas denuncian
“Los procesos de justicia en Ecuador son largos, son ampliamente largos y es desgastante. Para una víctima que ya ha vivido un acto de violencia, que vivió una situación atroz en su vida, tener que pasar por esto no es cosa fácil”, aseguró la periodista.
Y no es solo la impunidad legal la que condena Ponce, sino también la impunidad social: “Si no somos reconocidas como víctimas socialmente, es muy difícil que seamos reconocidas como víctimas legalmente. Eso tiene una parte de la responsabilidad la sociedad, de qué estamos entendiendo por violencia y cómo estamos actuando, y entendiendo a las víctimas”.
Según Ponce, tampoco es posible hablar de violencia basada en género sin reconocer el contexto de seguridad de Ecuador.
“El país está atravesando un contexto de profunda violencia, está asociada al narcotráfico pero esa violencia también tiene que ver con una violencia machista”, reconoció. “Estamos combatiendo la violencia con más violencia y eso hace que la terminemos normalizando”. (I)
Entre el 13 y el 15 de marzo se realizará en Brasilia, la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES+5), una iniciativa que tiene como objetivo promover un espacio participativo para destacar los avances en la educación superior en América Latina y el Caribe, así como también analizar los desafíos aún pendientes provocados principalmente por el impacto del Covid-19 en la región.
El evento, organizado por el Ministerio de Educación de la República Federativa de Brasil (MEC), el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), y el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), es una reunión de seguimiento a la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), que se llevó a cabo en Argentina y donde se acordó un Plan de Acción 2018-2028.
Sin embargo, debido a la llegada del Covid-19 surgieron nuevos desafíos en educación los cuales demandan una actualización de prioridades en este plan. De esta forma, se acordó realizar una reunión de seguimiento (CRES+5), la cual permite, cinco años más tarde, analizar los avances y desafíos de la región en materia educativa.
El Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial (FSM) aprobó una resolución de apoyo a las luchas de la clase obrera de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), destacó hoy la agencia estatal de noticias KCNA
El documento puso de realce los esfuerzos de la Federación General de Sindicatos de Corea por el desarrollo económico y social, bajo las banderas del socialismo y la dirección del Partido del Trabajo y su secretario general, Kim Jong Un.
Con sede en Sao Paulo, Brasil, la reunión de la FSM también condenó la política de provocaciones y amenazas que contra la RPDC practican Estados Unidos y sus aliados de Corea del Sur y Japón, que pone en riesgo de una guerra nuclear a la Península Coreana.
Llamó asimismo a la comunidad internacional a oponerse a los designios imperialistas y a expresar su solidaridad con la justa lucha de la clase obrera de la RPDC en pro del bienestar de la población y la defensa de soberanía nacional.
Fundada en 1945 en París, la FSM es una de las organizaciones sindicales internacionales más antigua del mundo y representa a unos 105 millones de trabajadores y trabajadoras de 133 países
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este domingo la presentación de un proyecto de ley para permitir que pacientes puedan «pedir que se les ayude a morir».
El mandatario, en entrevista con los diarios parisinos Liberation y Le Croix, reconoció que lo emocionó la carta que recibió de la célebre cantante francesa Françoise Hardy, enferma de un cáncer linfático desde 2004.
Macron aclaró que la ley que se presentará al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros en abril, para pasar al Parlamento un mes más tarde, «no es un suicidio asistido» ni «una eutanasia como tal», porque se incluirán una serie de criterios que restringen su acceso, alejando esta norma de la legislación suiza, país que recientemente ayudó a morir al cineasta parisino Jean-Luc Godard (91 años).
El presidente citó cuatro condiciones: será reservado para las personas mayores de edad; los afectados tendrán que tener un discernimiento claro (lo que excluye a los enfermos de Alzheimer); tendrán que sufrir una enfermedad incurable con un pronóstico fatal a corto o mediano plazo; y se evaluará el sufrimiento físico y psicológico del paciente.
Dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
La cultura latinoamericana que deja a las mujeres la responsabilidad mayor de cuidar a los hijos, a los adultos mayores y a realizar labores del hogar, hace que tengan una «pobreza de tiempo” que las aleja de la capacitación, formación profesional, autocuidado y de su vida personal.
Lo anterior de acuerdo con el documento “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Desafíos y oportunidades para la inclusión laboral de las personas jóvenes y la redistribución del trabajo de cuidados” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los organismos internacionales aseguran que debido al trabajo no remunerado que tienen que hacer las mujeres hay una menor tasa de participación laboral de las mujeres, porque ellas ocupan una parte importante del tiempo individual.
“En América Latina, las mujeres de entre 15 y 29 años que no están estudiando ni en el mercado laboral son las que más tiempo dedican al trabajo no remunerado: entre 40 y 75 horas semanales según el país (mientras los hombres jóvenes en esta misma condición dedican entre 9 y 26 horas semanales)”, explicaron la Cepal y OIT
En otras palabras, “las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, por lo que la igualdad y la justicia pasan por redefinir estas cargas y avanzar decididamente hacia la sociedad del cuidado”.
Mujeres, pobreza y falta de tiempo libre
Ello implica que las mujeres destinan al trabajo no remunerado casi el mismo tiempo de una jornada laboral. Además de que entre más pobreza económica tengan menor acceso a escuelas o ayuda doméstica tienen, por lo que a su situación de pobreza se les añade la escasez de tiempo libre.
Para las mujeres con hijos menores de 5 años aumenta la carga de cuidados, por lo que hay menor presencia de ellas en los trabajos remunerados, mientras que cuando no hay presencia de niños y niñas en el hogar hay un mayor porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo.
La desigualdad de genero se mide tanto en la participación laboral como en la alta incidencia del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que profundiza las desigualdades no solamente de la distribución de tareas, también del uso del tiempo que deja a muchas mujeres “en una situación de pobreza de tiempo”.
En “Chile, Guatemala y México, las mujeres jóvenes dedican más del 20% del tiempo al trabajo no remunerado, lo que limita mucho su capacidad para participar del mercado laboral”.
Trabajo no remunerado de las mujeres
De acuerdo con el estudio, en México, los hombre de entre 15 y 29 años dedican 9.3 horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mientras que las mujeres de esa edad destinan 21.9 horas, es decir más del doble.
El país donde las mujeres destinan más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es Guatemala donde ellas dedican hasta 25 horas, en contraste con 9.3 horas de los hombres. El Salvador es el país en donde destinan los hombres más tiempo a esas labores con 11 horas y media.
Si se considera el trabajo total, es decir, el remunerado y no remunerado, México es el país donde las mujeres destinan más tiempo a ambos con 76 horas, seguido de El Salvador con 74 horas y Ecuador y Chile con 72 horas cada uno. Mientras que los hombres en total destinan 67 horas en México, 68 horas en El Salvador y 66 horas en Costa Rica, lo que muestra que los hombres tienen más tiempo libre a la semana que las mujeres.
By Borhene Chakroun, Director of the Division for Policies and Lifelong Learning Systems at UNESCO
This week marks the one year anniversary since the entry into force of the UN’s first Global Treaty on Higher Education, a landmark agreement that establishes universal principles for the recognition of higher education qualifications.
Opening new avenues for further study and employment across borders, the Global Convention promises to be a game changer for higher education – bringing about the fundamental changes needed to make higher education more equitable, accessible and inclusive.
It comes amid a dramatic shifting higher education landscape characterized by expansion, massification, diversification and digitization. More than 250 million students are now enrolled in higher education, up from 100 million in 2000 and 180 million in 2010.
Meanwhile, student mobility has increased more than threefold over the last two decades, with more than 6 million learners now studying abroad -a number that has tripled in the last two decades and is set to do so again. Half of these internationally mobile students are studying outside their region.
The Global Convention promotes fair, transparent and non-discriminatory practices for recognizing higher education qualifications.
This will prove especially important for refugees and displaced persons who often have difficulty providing documentary evidence of their qualifications.
It’s also a sign of how the right to education is evolving towards a vision of lifelong learning, including the right to higher education.
So far, 28 countries have ratified the convention, representing a quarter of the world’s internationally mobile student population. Another 30 countries are at advanced stages of the ratification process.
This week, UNESCO is convening an extraordinary session of the Intergovernmental Conference of the States Parties to examine the Global Convention’s work programme for the next year. The session will also be attended by many observers including key global and regional higher education stakeholders as well as the presidents of the regional convention committees. This is the first meeting since a historic convening of State Parties last July to chart a course for implementation.
What will it take to make the Global Convention a success?
Five key dimensions will determine the effective implementation of the Global Convention – in line with the recommendations of UNESCO’s recent World Conference on Higher Education:
Information exchange: Three regional networks of information centres are already in operation – the Asia-Pacific Network of National Information Centres (APNNIC), European ENIC-NARIC and the Regional Network of Information Centres in Latin America and the Caribbean (CINLAC). These must be capitalized upon to create a global network under the Global Convention.
Quality assurance: Education systems and institutions must trust each other if education and multilateral cooperation is to truly transform. The Global Convention is the first multilateral agreement which addresses quality assurance and promotes and affirms the role a culture of quality plays in establishing trust between higher education institutions and systems.
Inclusion: Higher education systems need to put greater emphasis on inclusion, flexible learning pathways and recognition of prior learning. This is particular important given the diversification of higher education including the increasing role played by private providers and EdTech, as well as the emergence of higher technical and vocational education and training.
Technology: The digital transformation of education can increase access to higher education, both through the possibilities of virtual mobility and the enhanced portability of qualifications. At the same, online provision powered by artificial intelligence, virtual mobility and digital credentialing in an era of massification, bring with them their own new challenges both for quality assurance and for the data protection and security of students, all of which need to be addressed in the context of the Global Convention.
Data: While there is always a need for more and better data, the number of countries reporting to the UNESCO Institute for Statistics (UIS) continues to decrease, with the reporting rate in some regions as low as 25%. With this in mind, UIS has just launched the 2024 Survey of Formal Education and countries’ participation in the higher education questionnaire is key for accurate monitoring.
If these key areas are addressed, the Global Convention will indeed live up to its potential as a game changer for higher education. UNESCO is calling on all countries to ratify this important Convention to make our ambitions become a reality to unleash the talent of our youth around the world.
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