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Una mujer dalit se convierte en la voz de los agricultores en India

El 12 de enero de este año, en algún lugar de las afueras de la capital de India, la activista dalit Nodeep Kaur fue arrestada por la policía por protestar frente a una fábrica. Al cierre de 2020, ella se unió a una organización local de derechos de los trabajadores llamada Mazdoor Adhikar Sangathan (MAS) en el área industrial de Kundli, en Haryana.

En enero, fue acusada de maltratar presuntamente a la dirección y al personal de una zona industrial durante una protesta y también de agredir al equipo policial.

Kaur, de 24 años, también había estado participando en la protesta de los agricultores contra las nuevas y profundas reformas del sector agrícola del gobierno nacional del primer ministro Narendra Modi, en lo que ya representa una de las mayores movilizaciones de la historia de este país de 1300 millones de personas.

Fue detenida y acusada en tres casos separados en virtud de los artículos de la ley india que incluían intento de asesinato, extorsión, reunión ilegal, disturbios e intimidación criminal. Se le concedió la libertad bajo fianza, pero sus procesos aún están pendientes. El caso de Nodeep Kaur pasó a ser cubierto ampliamente por los medios internacionales luego que Meena Harris, sobrina de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, pidió su liberación.

«Soy mujer, soy dalit y le estoy dando voz a las personas que a menudo son reprimidas con mucha facilidad», dijo Kaur en una entrevista con IPS.

“Me arrestaron, me golpearon, me maltrataron, incluso dentro de la prisión había tanto prejuicio entre la gente de casta superior y de casta inferior”, explicó en referencia al sistema de castas del hinduismo que de hecho aún prevalece en India y en que la dalit (paria) es la más marginalizada en esa estratificación social.

“Me torturaron mucho, no podía caminar, tenía tanto dolor, no me dieron acceso a un médico y me mantuvieron aislada durante días. Agradezco haber salido con vida y estar aquí, donde se supone que debo estar, con mi gente, con la clase trabajadora y con los agricultores”, detalló sobre los días encarcelada.

Kaur proviene de una familia de activistas y sus padres se han asociado con el sindicato de agricultores en Punjab. En 2014, su madre Swaranjeet Kaur encabezó una protesta exigiendo justicia para una niña dalit menor que sufrió una violación en grupo en su aldea. Ella enfrentó múltiples amenazas de muerte, fue arrestada y mantenida bajo custodia durante días.

“Soy quien soy hoy gracias a mi madre. Nuestra sociedad no se crea igual, hay muchos prejuicios basados en las castas y si eres una mujer y una mujer de mi origen (dalit), es un desafío mayor. Desde muy joven aprendí a luchar no solo por mí, sino también por los demás”, dijo la activista.

En febrero, cuando a Kaur se le concedió la libertad bajo fianza, una de las primeras declaraciones que hizo justo después de salir de la prisión fue: «Definitivamente iré a la frontera de Singhu y me sentaré con los granjeros».

Semanas después, Kaur se ha convertido en una de las voces más fuertes y escuchadas que está liderando la protesta del campesinado del país.

“Esta solidaridad que se ve hoy entre los agricultores y la clase trabajadora es tan poderosa. ¿Se imaginan lo que puede suceder ahora que todos estamos unidos y defendiéndonos unos a otros?» dijo. “Mi batalla comenzó con la lucha por el impago de salarios y el trato injusto a la clase trabajadora en una zona industrial, y desde allí, hoy estoy aquí apoyando y dando mi voz a los agricultores”, añadió.

“No sé cómo ni cuándo sucedió, pero me llaman su líder y no los voy a defraudar», sentenció.

Miles de agricultores, en su mayoría de los estados de Punjab, el corazón agrícola indio, Haryana y el oeste de Uttar Pradesh, han protestado en las inmediaciones de Nueva Delhi desde noviembre de 2020 contra tres nuevas leyes agrícolas, aprobadas en septiembre de ese año, que desregulan y flexibilizan el sector.

Se trata de la Ley de Comercio de Productos Agrícolas y Comercio, el Acuerdo de Protección y Empoderamiento de los Agricultores sobre Garantía de Precios y Servicios Agrícolas y la enmieda de la Ley de Commodities.

Los agricultores también han exigido una garantía legal sobre los precios mínimos de apoyo (MSP, en inglés) para sus cultivos y también que retiren el proyecto de enmienda de la ley de electricidad, presentado también en 2020, ya que temen que eventualmente conlleve al fin de la electricidad subsidiada.

“Todo lo que pedimos es retirar esas tres leyes que desregularán la venta de nuestros cultivos”, dijo Sukhdev Singh, secretario general de Estado del Sindicaro Bharti Kisan.

“Nuestra mayor preocupación es que las leyes recientes que han sido promulgadas por el gobierno central desmantelarán por completo el sistema de MSP, solo los agentes privados se beneficiarán y nosotros los agricultores terminaremos sin actividad”, dijo en diálogo con IPS.

Singh subrayó que “no podemos darnos el lujo de cerrar el «sistema mandi«, así es como tenemos ingresos”.

Los mandis son unos 7000 mercados mayoristas regulados por el gobierno, que junto con el sistema de MSP han protegido por muchas décadas de los vaivenes del mercado a los campesinos en India, aunque para su prejuicio se ven cada vez más desvirtuados por los intermediarios y otras distorsiones.

Modi quiere romper con un desequilibrio: más de la mitad de la población india trabaja en la agricultura, pero esta representa solo un sexto del producto interno bruto (PIB) de este país del sudeste asiático y donde 68 por ciento de los productores agrícolas posee menos de una hectárea. Pero el campesinado considera que su reforma solo beneficiará a los grandes productores y empeorará sus ya precarias condiciones.

“Más de 300 agricultores han muerto hasta ahora mientras acampaban y protestaban en estas fronteras en Delhi. Ya hemos perdido mucho, pero nuestra lucha continuará”, aseguró Singh al explicar la determinación de los campesinos y las crecientes organizaciones sociales que los respaldan.

Mujeres, en la vanguardia

La protesta del campesinado se considera una de las mayores que se ha llevado a cabo en India, no solo por su tamaño, alcance y duración, sino también porque ha puesto a las mujeres en la vanguardia, que ahora a menudo se ven liderando la protesta a pesar de que se les pidió que se fueran.

«Esto es una revolución, estamos aquí para alzar la voz, si no lo hacemos hoy, ¿qué tendrán nuestras generaciones futuras», sostieve Ratinder Kaur, una agricultora de 65 años llegada desde Punjab.

Ella acampa en la entrada de Singhu a la capital desde enero de 2021 y planea permanecer en la protesta mientras su esposo tuvo que regresar a su finca en la primera quincena de abril para cosechar sus cultivos.

«¿Cómo puede alguien decirnos que no podemos participar? Las mujeres también somos agricultoras, vamos al campo, cultivamos, hacemos otros trabajos de incentivo laboral y también cuidamos de nuestras familias”, dijo esta mujer cuyo nombre es ficticio a su pedido.

El grupo humanitario internacional Oxfam afirma que casi 80 por ciento de los trabajadores a tiempo completo en las granjas indias son mujeres. Ellas suponen 33 por ciento de la fuerza laboral agrícola y 48 por ciento de los agricultores autónomos, pero representan solo alrededor de 13 por ciento de las personas propietarias de la tierra.

Las sociedades agrarias de India son extremadamente patriarcales, caracterizadas por estructuras feudales profundamente arraigadas en las que mujeres y hombres rara vez tienen el mismo acceso a los recursos.

Cerrar esta brecha de género es fundamental para acelerar el ritmo de crecimiento del sector agrícola, coinciden analistas, mientras la discriminación basada en el género continúa prosperando en el país de diferentes maneras.

A las mujeres agricultoras en India aún no se las reconoce como productoras en las políticas del país, “negándoles así el apoyo institucional de bancos, seguros, cooperativas y departamentos gubernamentales”, advierte la organización asistencialista Oxfam.

“¿Sabes por qué llamamos a Nodeep nuestro líder? Ella es como nosotras, las agricultoras, fuerte y resistente. Nada puede detenerla y cuando sube al escenario y habla, todos escuchan”, dice Kiranjeet, una agricultora de 57 años, también de Punjab que se unió a los manifestantes que acamparon en primero en el límite de Tikri con Nueva Delhi y desde marzo se trasladaron a la de Singhu.

“Dejé a mis hijos en casa en Punjab y me quedaré aquí, al igual que mis otras hermanas agricultoras. Es importante para nosotras las mujeres pelear esta batalla, cuando la inflación golpea, cuando los precios suben, cuando no hay dinero en casa, sabemos cuánto hemos luchado para conseguir la próxima comida”, dijo esta mujer, cuyo nombre también se alteró a su pedido.

“Nodeep es el futuro, necesitamos jóvenes como ella y tantas otras hermanas que vinieron a apoyarnos. Cuando una mujer habla, muchas otras se le unen. Nuestros maridos han vuelto a casa de su temporada de corte de cultivos y ahora vamos a estar aquí durante los próximos meses, es nuestro derecho y nuestra lucha”, aseguró.

La protesta de agricultores no es la primera en la que las mujeres indias asumen roles de liderazgo, tanto en movimientos políticos como en protestas masivas.

Las mujeres constituyeron una proporción significativa de los manifestantes durante las protestas de por la Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA, en inglés), vigente en el país desde diciembre de 2019.

Sin embargo, el mayor desafío en la India sigue siendo cómo transformar su liderazgo en una representación paritaria en puestos gubernamentales de alto nivel, sin prejuicios de género, casta o religión.

La sola idea de que el movimiento de agricultores en el país está transformando la presencia e influencia de las mujeres dentro de sus propias configuraciones patriarcales y, a menudo, basadas en prejuicios de castas, no puede volver a empujarlas a su tradicional espacio de invisibilidad.

“Sin mujeres no hay revolución”, dijo Nodeep Kaur en su entrevista con IPS.

“Nosotras (las mujeres) hemos pasado por tanto, hemos luchado tanto, hemos sobrevivido tanto, pensaron que podían meterme en una prisión y callarme. Estoy aquí para luchar y para quedarme, pase lo que pase, ellos me han hecho la líder de su pueblo y no los voy a defraudar”, sentenció esta líder del movimiento de los agricultores de India, cuyo desenlace determinará el futuro del sector.

Fuente: https://rebelion.org/una-mujer-dalit-se-convierte-en-la-voz-de-los-agricultores-en-india/

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España: Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno en la educación pública y la segunda que más inyecta a la concertada

  • Los últimos datos del Ministerio de Educación cifran en 4.727 euros el gasto por alumno en centros públicos de la Comunidad de Madrid, mil euros por debajo de la media nacional
  • En 2019, la región destinó a conciertos y subvenciones a centros privados 1.104 millones de euros, la segunda cifra más alta solo por detrás de Cataluña
  • Mientras que el desembolso en conciertos aumentó desde 2009 un 26,6%, el gasto educativo total solo experimentó un crecimiento en esa década del 1,3%
  • Durante esta legislatura, el Ejecutivo de Díaz Ayuso solo ha aprobado un proyecto de ley en materia educativa: el que daba luz verde a una nueva universidad privada, una iniciativa del Grupo Planeta.

Isabel Díaz Ayuso toma la palabra en la sesión del Pleno de la Cámara autonómica convocada para su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid. La candidata conservadora articula un discurso sostenido sobre una decena de retos para la región. El primero, el empleo y la bajada de impuestos. El segundo, la educación. «Si queremos dotar de oportunidades a los madrileños para construir su propio futuro, debemos apostar por una educación de calidad», apunta Ayuso. Tras más de dos décadas de dominio conservador, la región presenta la menor inversión por alumno de toda España, un número de estudiantes por grupo superior a la media nacional en prácticamente todos los ciclos de enseñanza, el mayor gasto por familia, el segundo mayor desembolso para la concertada o los precios públicos universitarios más altos.

Madrid es la comunidad autónoma con mayor músculo económico del país, tras el sorpasso a Cataluña. La región acumula nada menos que el 60% de las grandes empresas. Y cuenta con la mayor renta por habitante de España, con 35.913 euros, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. A pesar de ello, y como ocurre en materia sanitaria, está muy lejos de ocupar los primeros puestos del podio en algunos indicadores clave en educación. infoLibre repasa, a continuación, la fotografía de la región más rica en materia educativa.

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INVERSIÓN EDUCATIVA POR ALUMNO

El Ministerio de Educación publica anualmente desde el año 2000 su informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. La última edición disponible, la de 2020, refleja que en el ejercicio de 2017 Madrid estaba a la cola en gasto público por alumno en centros públicos. En concreto, el estudio situaba la inversión por estudiante en los 4.727 euros, mil euros por debajo de la media nacional –5.779 euros–.

 

De las 17 comunidades autónomas, Euskadi es la que sale mejor parada en este indicador, que se centra en enseñanzas no universitarias del sistema educativo –se excluye, por tanto, la formación ocupacional–. En esta región, el desembolso es de 9.298 euros, casi el doble que Madrid. Le siguen Navarra, Galicia y Asturias, con una inversión por alumno en centros públicos de 7.456, 6.932 y 6.927 euros, respectivamente.

En la parte baja de la tabla, por delante de la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y por debajo de la media nacional, se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana, con un desembolso que va desde los 5.077 euros de la primera a los 5.609 euros de la última de ellas.

 

En los últimos cinco años, Madrid es la región que menos ha incrementado su gasto. Si desde 2012 la subida media en España fue de 349 euros, en la comunidad más rica sólo ha repuntado en 45 euros. Junto a ella, en la parte baja de la tabla, se sitúa Murcia, con una subida de apenas 52 euros por estudiante. En ese lustro, la región que más esfuerzos ha hecho ha sido Canarias: 887 euros más por alumno en cinco años. Le siguen Extremadura y Baleares, con un repunte por encima de los 600 euros.

Si se presta atención al gasto por habitante, una de las variables en las que pone el foco la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el resultado es exactamente el mismo. Madrid sigue a la cola, con 723,8 euros per cápita, seguida por Cataluña, con 756,84 euros, y Canarias, con 771,67 euros. En el extremo contrario, tres comunidades: Euskadi, Navarra y Extremadura, con una inversión por habitante de 1.274, 1.061 y 1.006 euros, respectivamente.

LOS HOGARES QUE MÁS GASTAN EN ENSEÑANZA

Los madrileños son también los que más dinero desembolsan anualmente en enseñanza. Según los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 el gasto medio por hogar en esta materia en la comunidad autónoma se situó en los 827 euros, un 72% más que la media nacional. Junto con Madrid, destacan Cataluña, Euskadi y Navarra, donde ese dato se coloca en los 700, 616 y 540 euros.

En el resto de regiones, estas cifras están por debajo de la media de todo el país –480,59 euros–. Dos son las comunidades autónomas que destacan en la parte baja de la tabla. En Extremadura, el gasto por hogar en enseñanza en 2019 fue de apenas 242 euros, mientras que en Galicia alcanzó los 267,71 euros, tres veces menos que en el centro del país.

De nuevo, Madrid es la región en la que más se ha incrementado este desembolso en la última década. En 2019, los hogares gastaron 367 euros más que en 2009. El aumento se ha producido en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Sólo dos se salen de la tónica general. En Asturias, el gasto es ahora mismo 26 euros menor que hace diez años. En Baleares, por su parte, se encuentra casi 35 euros por debajo.

ALUMNOS POR GRUPO EDUCATIVO

La comunidad autónoma también es una de las que cuenta con mayor número de alumnos por clase en las enseñanzas no universitarias. Da igual el ciclo educativo. En todos, con la única excepción de «otros programas formativos», se encuentra por encima de la media nacional. Según los últimos datos definitivos recopilados por el Ministerio de Educación en su Sistema Estatal de Indicadores, en el curso 2017-2018 el número medio de estudiantes por grupo educativo en Educación Infantil en la región se situó en 18,4, solo por delante de Murcia –19,7–, frente a los 17,6 de media a nivel nacional.

Madrid es también la segunda región en el caso de la ESO: 27,1 alumnos por grupo, uno menos que en Cataluña (28,2). Y la quinta, igualada con Comunitat Valenciana, si nos fijamos en Bachillerato: 26,4, frente a los 28,4 de Andalucía, 28,2 de Cataluña, 27,9 de Canarias y 27,3 de Navarra. Lidera la clasificación, sin embargo, en Educación Primaria y FP Básica. En la primera, la media de estudiantes se encuentra en la región en los 24, frente al 21,9 de media a nivel nacional. En la segunda, se sitúa en 17,6, frente a los 12,3 de media en España.

LA SEGUNDA QUE MÁS DINERO PONE EN CONCERTADA

Desde hace décadas, los respectivos Gobiernos conservadores en suelo madrileño han apostado con firmeza por la enseñanza concertada. Y esto se ve claramente en las cifras oficiales. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, correspondientes al año 2019, Madrid fue la segunda que más dinero invirtió en los conciertos y subvenciones a la educación privada. En concreto, puso sobre la mesa 1.104 millones de euros. Por delante de ella, solo Cataluña, con un desembolso de 1.248 millones de euros en ese mismo ejercicio. Por encima de los 500 millones, otras tres: Andalucía (843 millones), Comunitat Valenciana (733 millones) y Euskadi (729 millones de euros).

En la parte baja de la tabla se encuentran La Rioja, Extremadura, Asturias y Cantabria, cuyas administraciones dedicaron en 2019 a esta partida menos de 100 millones de euros.

La Comunidad de Madrid también se encuentra en el podio de territorios que más han incrementado porcentualmente los desembolsos en esta materia en la última década. En concreto, ocupa la tercera posición. Por delante de ella se encuentra, en primer lugar, Murcia, que ha pasado de gastar 176 millones en 2009 a poner sobre la mesa para la concertada 248 millones en 2019, una subida del 41%. Le sigue La Rioja, con un incremento del 34,4% –ha pasado de 41 millones a 55 millones–.

En el territorio que preside Isabel Díaz Ayuso, la subida ha sido del 26,6%: de 872 a 1.104 millones. Es un incremento mucho mayor que el que ha experimentado, por su parte, el gasto educativo total en su conjunto, que ha pasado, según las cifras que facilita el Ministerio de Educación, de 5.473 millones en 2009 a 5.545 millones de euros en 2019, lo que equivale a un aumento durante esa década de apenas el 1,3%.

Como consecuencia de esta apuesta decidida, Madrid es también la segunda región que menos alumnado tiene en centros públicos. En el curso 2018-2019, últimas cifras disponibles consolidadas, un 53,8% de los estudiantes apostaba por este tipo de enseñanza –la media nacional se sitúa en el 67,1%–, frente a un 46,2% que se distribuía entre la privada concertada y la privada: 30,1% y 16,1%, respectivamente. Sólo le superó Euskadi, donde en aquel curso solo un 50,7% del alumnado cursaba sus estudios en colegios o institutos públicos y un 49,3% en concertados y privados.

LOS PRECIOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS MÁS ELEVADOS

Cuatro de cada diez universidades en España se encuentran ubicadas en Andalucía, Cataluña y Madrid. Sin embargo, es en esta última región donde los precios públicos son más elevados. Según la última Estadística de Precios Públicos Universitarios, elaborada por el Ministerio de Universidades, el precio medio del crédito en primera matrícula de estudios de grado en la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se situó en el curso 2020-2021 en los 23,17 euros, seguido por los 22,69 euros en suelo catalán y los 18,85 euros en Navarra. En el extremo contrario, Galicia, Canarias y Andalucía, donde el coste se movió entre los 11,78 euros de la primera y los 12,62 euros de la última.

La presente legislatura no se ha caracterizado por una gran producción normativa. Y menos en materia educativa. Durante este año y medio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso solo ha puesto sobre la mesa de la Asamblea de Madrid cinco proyectos de ley, según consta en el portal de la Cámara regional. Y únicamente uno de ellos tenía que ver con la enseñanza. Y, más concretamente, con la privada. A mediados de noviembre, el Gobierno madrileño consiguió sacar adelante, en lectura única y gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox, una propuesta para la puesta en marcha de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), un centro vinculado al Grupo Planeta de Agostini. «Contribuye a potenciar el sistema madrileño de enseñanza superior, con los beneficios que supone en cuanto a una mayor competitividad y posible aumento de la calidad de la enseñanza que derivan de una mayor oferta de plazas», argumentaba el proyecto de ley.

Ayuso siguió así la senda marcada por el Ejecutivo conservador que la precedió. En marzo de 2019, de nuevo con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la Cámara regional dio luz verde a la creación de otros tres centros privados. Dos de ellos, el de Villanueva y ESIC, estaban vinculados al Opus y a la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. El tercero, Cunef, a la Fundación Española de Banca para Estudios Financieros. En cuanto echen a andar todos, la Comunidad de Madrid contará con una docena de universidades privadas, un número que equivale a un tercio de las que habrá entonces en España –37– y que duplica la cantidad de centros públicos. Actualmente, la región cuenta con cinco de estos últimos: Complutense, Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos. La última es la más reciente de todas. Y abrió en 1996.

La Comunidad de Madrid, por tanto, ha continuado desarrollando este modelo en los últimos años. Y lo ha hecho a pesar de que los datos oficiales muestran que solo dos de cada diez alumnos universitarios estudian en la privada. Según las cifras del Ministerio de Universidades, en el curso 2019-2020 había matriculados en la región 307.889 alumnos, entre los de grado, los de máster y los de doctorado. De ellos, 230.701 estaban en centros públicos, el 75%.

Los cinco datos y fuentes clave

1) 4.727 euros. Es el gasto público por alumno en centros públicos en la Comunidad de Madrid. Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020, Ministerio de Educación.

2) 827 euros. Es el gasto medio que los hogares madrileños destinaron a la enseñanza en 2019. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadística.

3) 1.104 millones de euros. Es el dinero que la Comunidad de Madrid dedicó a conciertos y subvenciones a la educación privada en 2019. Fuente: Estadística de Gasto Público en Educación, Ministerio de Educación.

4) 46,2%. Es el porcentaje del alumnado que en el curso 2018-2019 estaba en centros privados concertados y privados sin conciertos. Fuente: Las cifras de la educación en España, Ministerio de Educación.

5) 23,17 euros. Es el precio medio de crédito en primera matrícula de estudios de grado en la Comunidad de Madrid en el curso 2020-2021. Fuente: Estadística de Precios Públicos Universitarios, Ministerio de Universidades.

  • Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/04/16/el_curriculum_educativo_ayuso_impulsa_universidad_privada_mientras_mantiene_madrid_cola_gasto_educativo_per_capita_119305_1012.html

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Argentina: Ciudad, sin clases: el 90% de los docentes adhirió al paro

Miles de docentes se sumaron al paro propuesto por los gremios en rechazo a la «insistencia del Gobierno de la Ciudad de mantener las escuelas abiertas».

Alrededor del 90% de los equipos de docentes de todos los niveles educativos de la Ciudad de Buenos Aires adhirió al paro de este martes, que fue propuesto por los gremios del sector en rechazo a la «insistencia del Gobierno de la Ciudad de mantener las escuelas abiertas» a pesar de la segunda ola de contagios masivos por Covid-19.

Integrantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Sindicato Argentino de Docentes (Sadop), la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y la Unión Argentina de Maestros y Profesores (Camyp) adhirieron al paro al no reconocer la legitimidad del fallo de la justicia porteña que obligó a escuelas y colegios a recibir a sus alumnados para clases presenciales.

El lunes de esta semana todos los gremios convocantes remarcaron el «alto nivel de acatamiento» al paro de 24 horas dispuesto en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo del fallo de la justicia porteña, que autorizó la presencialidad en los establecimientos, tras la solicitud de Rodríguez Larreta.

Los sindicatos rechazan el regreso a la presencialidad en las aulas ante «el descontrolado aumento de los casos por la Covid-19» al tiempo que respaldan el decreto vigente hasta el viernes 30 de abril y «el cumplimiento de todas las medidas sanitarias».

El decreto del presidente Alberto Fernández 421/2021 dispuso desde las 20 del viernes último nuevas restricciones en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), de la cual la Ciudad forma parte, para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus que azota al país en esta segunda ola, y con nuevas cepas.

«A última hora de la noche del domingo, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, sosteniéndose por una estrategia de Lawfare, dio la orden de continuar con la presencialidad escolar desconociendo el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que indica la suspensión temporal por dos semanas de las clases presenciales como medida de cuidado sanitario», expresaron Angélica Graciano, secretaria general UTE-Ctera, y Paula Galigniana, secretaria de Comunicación, Prensa y Difusión del gremio de docentes.

«Desde el comienzo del ciclo lectivo 2021 venimos denunciando y reclamando tanto a las autoridades ministeriales como al propio Larreta las deficiencias de los protocolos vigentes así como también la falta de inversión en infraestructura e insumos para poder llevar adelante una presencialidad cuidada», comunicaron desde el sindicato.

Por su parte Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, expresó a Télam que «habrá paro de actividades hoy y mañana porque necesitamos pasar a la virtualidad mientras siga la ola ascendente de contagios» por Covid-19.

Mientras tanto, la secretaria general del gremio, Mariana Scayola, denunció a El Destape Radio que a esta situación se suma «la presión de Larreta que es la de realizar descuentos en los sueldos si hacemos paro, porque no llegamos a fin de mes», tras lo cual solicitó «suspensión de la presencialidad, vacunación masiva y equipos para la virtualidad».

«Los docentes están dispuestos a dar esta pelea. Estamos discutiendo entre contagiarnos o no«, convino, y citó como ejemplo que «ayer una docente no conseguía cama de terapia intensiva».

Scayola aseguró que «el gran evento masivo que produjo esta segunda ola fue la apertura de las escuelas» y por eso para ella «lo que hacen Larreta y Acuña es de un cinismo completo», en referencia a sus declaraciones en favor de la educación ya que «en diciembre redujeron el presupuesto educativo».

Según Scayola, «ayer hubo un 90% de acatamiento al paro y hoy será similar«, en referencia a este martes.

En tanto, Sadop realizará «una retención de tareas presenciales» y continuará con la virtualidad, «como determinó la medida oficial», indicaron en un comunicado en referencia al decreto presidencial.

Fuente: https://www.minutouno.com/ciudad/clases-el-90-los-docentes-adhirio-al-paro-n5186031

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Músicos del mundo celebran Día Internacional de la Madre Tierra

Un concierto virtual con géneros como jazz, soul, indie, góspel y música fusión celebran desde esta noche la fecha.

Un gran concierto virtual de músicos del mundo se celebran este miércoles en espera del jueves 22 de abril el Día Internacional de la Madre Tierra desde el canal de Youtube de National Geographic.

Un amplio repertorio de géneros será defendido por artistas como la cantante beninesa Angélique Kidjo, la productora noruega Aurora, el guitarrista sueco de indie folk, José González, la cantautora Maggie Rogers, los multi-instrumentistas Rostam y Valerie June y el guitarrista de música country de Estados Unidos Willie.

También regalan su arte reflexivo el violonchelista Yo-Yo Ma y el jamaiquino Ziggy Marley, con interpretaciones acompañadas de entrevistas a grandes exploradores como el fotógrafo marino Brian Skerry, y a científicos como la doctora Jane Goodall, la ecóloga Rae Wynn Grant, la periodista ambiental Lillygol Sedaghat y la bióloga Lucy Hawkes.

Las Naciones Unidas emitió un comunicado en que se recuerda el propósito concientizador de la fecha. El secretario general del organismo internacional recordó que “la naturaleza está sufriendo” por problemas como el cambio climático, y sus desastrosas consecuencias (incendios, océanos ácidos, pérdida de biodiversidad, y transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos.

“Recordemos más que nunca en este Día Internacional de la Madre Tierra que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta“, dijo Gutérres, y añadió, «con este panorama general y el escenario del coronavirus, nuestra prioridad inmediata es prevenir la propagación del Covid-19, pero a largo plazo, es importante abordar la pérdida de hábitat y biodiversidad. Estamos en esta lucha junto con nuestra Madre Tierra.»

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra desde 2009, con el fin de «ampliar y diversificar el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio climático, y proteger la Tierra para las generaciones futuras».

El planeta llega a la fecha con más de 143 millones de contagios por el virus de la Covid-19 y rebasa los 3 millones 50 mil fallecimientos por esa causa. Además, el deterioro del clima y los ecosistemas, y numerosos problemas derivados, complejizan el panorama natural.

 Fuente: https://www.telesurtv.net/news/musicos-mundo-celebran-dia-internacional-madre-tierra-20210421-0035.html

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Covid-19: Uno de cada cuatro estudiantes piensa en la posibilidad de dejar la escuela

Por: Pedro Rendón

Aproximadamente, uno de cada cuatro estudiantes está pensando en la posibilidad de abandonar la escuela en los diferentes niveles educativos, independiente de si es primaria, secundaria o media superior, de acuerdo con la muestra de la investigación Educar en contingencia, de la cual presentó más hallazgos el Dr. Luis Medina Gual, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, durante el panel La agenda educativa: escuela y la formación docente.

De ese uno de cada cuatro, el 75% mencionó que se debe a cuestiones directamente relacionadas con la pandemia de COVID-19, ya sean económicas, socioemocionales, entre otras, detalló el también coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación, durante este panel que formó parte de Elecciones intermedias 2021: la agenda pendiente en materia educativa, tercera conferencia del ciclo Encuentro y reflexión. Elecciones 2021, organizado por la Iberoamericana.

La Dra. Cimenna Chao Rebolledo, colega de Medina en el Departamento de Educación, precisó que esta área realizó dicha investigación, con apoyo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la IBERO y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y con el asesoramiento de otras seis instituciones.

Este proyecto se dio a la tarea de analizar la vivencia educativa a lo largo de la contingencia, de lo que ha sido ya más de un año de educación a distancia, desde tres dimensiones: pedagógica, psicológica y tecnológica.

Se analizó una muestra vasta, integrada en su totalidad por 277 mil 144 participantes, entre estudiantes y docentes de diversos grados y niveles educativos, desde educación primaria hasta educación superior, de manera que como resultado de este esfuerzo colectivo entre instituciones e investigadores “tenemos un mapeo que nos permite ahora hablar, de alguna manera, de lo que fue y está siendo esta experiencia tan compleja de educar en contingencia”.

Al hacer un resumen de los hallazgos Medina Gual comentó que, en lo tecnológico, se encontró en la mayoría de los casos mucha heterogeneidad en la tecnología que se empleaba de manera general en los centros educativos, y también se encontró mucha diversidad en el uso de diferentes medios para el acceso a la educación.

Estudiantes y docentes dijeron que la plataforma de conexión más importante que utilizaron fue WhatsApp. En cuanto a conectividad entre alumnado y profesorado, sólo alrededor del 35% de las y los maestros lograron comunicarse con la mayoría del estudiantado. Y respecto a la velocidad de conexión, únicamente el 7% de quienes participaron en la encuesta cumplían con los estándares mencionados por la Comisión Federal de Comercio para un trabajo a distancia por estos medios.

De lo pedagógico, mencionó que hubo un reaprendizaje para adaptar. “Muchas veces hablábamos de la idea de la innovación como un elemento preponderante en lo que iba a suceder en estos tiempos de educación a distancia y, sin embargo, lo que vimos es que en realidad lo urgente fue lo que nos ganó. Y, en ese sentido, muchas veces en lugar de hablar de procesos de innovación reales, en realidad estábamos tratando de adaptar”.

Se presentaron dificultades diversas, sobre todo en cuestiones relativas a la evaluación del aprendizaje y los procesos de reflexión docente; pero también reportaron, los profesores/as, procesos de adaptación al currículum y adecuación a temas relacionados con el COVID. “Sin duda alguna, la flexibilidad que mostraron los docentes durante este tiempo de pandemia fue encomiable”.

Un dato interesante que emergió a partir de la muestra es que, “el uso de Aprende en Casa, más allá de ser universal, parece ser que fue muy acotado”. Además, fue bastante diferenciado dependiendo del nivel educativo, pues en primaria, 44% de las y los estudiantes mencionaron haberlo utilizado; en secundaria, 55% de los alumnos/as; y en media superior, un 15.6% del estudiantado. En cuanto a la calificación promedio que otorgaron a este programa, las personas de educación pública le dieron 7, en una escala del 0 a 10; y las de escuelas privadas, 6.

Finalmente, en una primera exploración de datos de Educar en contingencia, el doctor Luis Medina dijo que se encontró que lo pedagógico y lo tecnológico son dos elementos importantes; pero, sin duda, en este tiempo lo que ha sido el pilar es la parte socioemocional, que vuelve a surgir como un elemento esencial durante este tiempo de contingencia.

Fuente e imagen: IBERO

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México: Alumnas de danza se manifiestan por violencia de género tras amenazas de autoridades

Por: Camila Pizaña

Alumnas de la Academia de Danza Mexicana (ADM) se manifestaron tras dos meses de paro por violencia de género, pues el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ignora las exigencias y amenaza a las y los estudiantes con perder su año escolar.

Después de casi dos meses de que las alumnas organizadas de la ADM pararon su escuela por las múltiples denuncias de acoso y hostigamiento sexual por parte de docentes y directivos, las autoridades del INBAL comunicaron el pasado 17 de abril que las clases seguirán y que a quienes mantengan el paro se les colocará “No presentado” (NP) y tendrán que recursar el ciclo escolar.

“Se están saltando los reglamentos de calificación, pues no tienes por qué recursar todo un año por sacar NP en un bimestre,” denunció una de las alumnas organizadas, que solicita el anonimato por cuestiones de seguridad. Explicó que en el pliego petitorio exigieron que no se tome acción en contra de las personas que sostienen el paro. “Éstas son justamente las represalias de las que hablamos, pues hicieron esto para meter miedo y fragmentar el movimiento”, aclaró.

La orden institucional “lesiona nuestro derecho y libertad de cátedra”, declararon profesoras y profesores que reiteran su “interés y apoyo para que la ADM sea un ambiente libre de violencia contra las mujeres” ante la respuesta del INBAL, que hasta la fecha no reconoce la legitimidad del paro estudiantil.

El paro de la ADM fue convocado por la organización estudiantil el 26 de febrero del presente año debido a las denuncias por violencia sexual publicadas en el periódico Reforma y en las redes sociales de la colectiva Mujeres Organizadas de la ADM (MO-ADM). Desde el inicio del paro las estudiantes exigen a sus autoridades atención, prevención y solución a la violencia de género institucional. Entre las peticiones está el seguimiento y resolución de las denuncias publicadas.

Ante las peticiones de atención, prevención y solución a la violencia de género en la ADM, el INBAL se limitó a proporcionar los datos de las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales, dependientes de la Fiscalía General de la Ciudad de México. “Solamente nos mandan a denunciar al MP”, dijo la integrante.

Las exigencias del pliego petitorio de la organización estudiantil de la ADM también incluyen destituciones de sus cargos de docentes y directivos denunciados públicamente por hostigamiento sexual, violencia, acoso, abuso de poder, hostigamiento, abuso psicológico y por la “omisión y negligencia en la resolución de las denuncias existentes” que siguieron el protocolo interno de la ADM. “Ninguno de los puntos que pedimos los han intentado resolver”, afirmó la estudiante en contacto con Desinformémonos.

Modelos: Alumnas y alumnos de las distintas carreras de la ADM (Lic. en Danza opción Multidisciplinar, Lic. en Danza Popular Mexicana, Lic. en Danza Contemporánea)

Fotografías: Pablo A. Tonatiuh Álvarez Reyes
Instagram: @pablo.tonatiuh
Facebook: Pablo Tonatiuh
Web: Pablo Tonatiuh Fotografía

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/alumnas-de-danza-se-manifiestan-por-violencia-de-genero-tras-amenazas-de-autoridades/

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Panamá: Una ley para blindar la educación sexual

Por: Cecilia Fonseca S./Prensa.com
La iniciativa aspira atender el problema de los embarazos no intencionales y prevenir los delitos sexuales. Entre enero y marzo de 2020 se registraron 2 mil 652 embarazos en menores de 10 a 19 años.

En 2019 hubo en Panamá 72 mil 456 nacimientos vivos, de los cuales 458 correspondieron a niñas/madres menores de 15 años y 11 mil 809 a adolescentes/madres de entre 15 y 19 años, según los datos más recientes de la Contraloría General de la República.

Estos números son solo el reflejo frío de un fenómeno social que se repite y en el que entran en juego la falta de protección hacia las niñas por parte de su núcleo familiar, y del Estado, que no logra pasar de la letra a la acción en cuanto a aseguramiento de derechos y castigo al infractor.

El tema, cuya génesis es multifactorial, es abordado a través de una iniciativa que está pendiente de primer debate en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Con ella se busca darle fuerza de ley a la enseñanza de la educación sexual, materializada hoy en el país, tras años de discusión para alcanzar un consenso, en lo que se conoce como las Guías de Sexualidad y Afectividad; y dar un paso más allá al incluir la prevención de los delitos sexuales.

Las guías comenzaron a elaborarse en 2016 y no fue hasta fines de 2019 cuando el documento consensuado estuvo listo. Luego, pasó casi año y medio para que se anunciara que la capacitación los facilitadores –400 y de forma virtual– empezaría: en abril de 2021.

La propuesta, de Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez y Fátima Agrazal, aspira a instaurar el “Programa De Educación para la Prevención de Embarazos en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión sexual y Delitos Sexuales”. En ella se atribuye parte del problema a la falta de información y al desconocimiento de niñas y jóvenes sobre cómo prevenir situaciones de riesgo y cómo denunciarlas, cuando se ven envueltas en ellas.

“Esto [la ley] busca construir sobre las guías. Es importante la continuidad de la obligación y la continuidad de la educación sexual; garantiza presupuesto, garantiza horas de capacitación, garantiza temas”, dijo a este medio Silva, al explicar cómo se inserta su propuesta con los pasos hacia la enseñanza de la educación sexual que ha dado el país con las cinco guías elaboradas.

Las guías se dividen en: una dirigida a los padres de familia (orientación y formación en educación en sexualidad y afectividad), otra para cada nivel educativo (primaria, premedia y media), y una dirigida a adolescentes embarazadas, madres adolescentes y sus padres.

La propuesta

De acuerdo con la iniciativa, el programa a desarrollar estará basado en la ciencia, no será parte del currículo general y los centros educativos deberán notificar a los padres de familia o acudientes sobre las fechas y temas a tratar en cada clase, charla o taller que organicen. Corresponderá al Ministerio de Educación (Meduca) y al Ministerio de Salud (Minsa) establecer el diseño curricular y la capacitación docente, que no deberá ser menor a 30 horas para asegurar los objetivos.

Una ley para blindar  la educación sexual

La propuesta también detalla los temas que deberá ofrecer el programa, entre ellos, Conozca el cuerpo humano, su desarrollo y funcionamiento, en particular lo relativo al sistema reproductor; Conozca y practique el respeto a la integridad física; Conozca las maneras de prevenir un embarazo precoz; Sepa prevenir infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA; Sea capaz de prevenir, reconocer y denunciar la violencia sexual.

Una ley para blindar  la educación sexual

También se dispone que el Meduca y el Minsa creen, en todos los centros oficiales y particulares, espacios de formación para los padres o acudientes, a propósito de ofrecerles información sobre: aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos sobre los niños, niñas y adolescentes; promover la comprensión y el acompañamiento en su maduración afectiva, preparándolos para entablar relaciones interpersonales positivas; y vincular a la escuela y a la familia para el logro de los objetivos del programa.

Así mismo, promover canales de comunicación y reflexión conjunta entre los padres y sus hijos sobre la salud sexual y reproductiva, la responsabilidad con respecto a la prevención del embarazo precoz, la prevención en infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y la violencia o abuso sexual; y enseñar a los padres de forma adecuada cómo replicar la información en el hogar.

Los argumentos

El programa educativo, señala Silva en la exposición de motivos, puede ser parte de una solución integral de mediano a largo plazo a los problemas planteados. “Si los niños, niñas y adolescentes aprenden a prevenir, a protegerse, a cuidarse y a denunciar, muchas de estas lamentables situaciones se pueden evitar […] De lo contrario, seguirán incrementando los embarazos en menores de edad, afectando así la calidad de vida, la salud pública y arrebatándole la niñez a los jóvenes”.

En el documento, Silva sustenta, con estudios de organismos internacionales y estadísticas nacionales, la necesidad de atender el asunto. Entre otros aspectos, destaca que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el embarazo en la niñez o adolescencia es uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil, genera consecuencias en la salud y perpetúa la pobreza.

También refiere, citando al Banco Interamericano de Desarrollo, que las madres menores de edad tienen menos probabilidades de culminar la educación secundaria y que el embarazo adolescente reduce los años de escolaridad, la asistencia a la escuela y las horas laborales.

Aludiendo a estudios del Fondo de Población de Naciones Unidas indica que las niñas o adolescentes que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y un nivel de vida adecuado, por el contrario, asumen obligaciones de adultas sin estar preparadas para ello y no tienen acceso a los mismos derechos y oportunidades que las demás niñas o adolescentes. La Organización Panamericana de la Salud advierte de que el embarazo no intencional se asocia no solo a pobreza y exclusión, sino a la violencia sexual.

La propuesta revela, de acuerdo con registros del Minsa, que entre enero y marzo de 2020 se registraron 2 mil 652 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, y que solo en esos tres meses se superó el 57% de los casos registrados entre enero y noviembre de 2019, cuando hubo 4 mil 652.

Entre 2007 y 2019, en el país hubo 181 mil 668 nacimientos vivos de mujeres menores de entre 10 y 19 años, según cifras de la Contraloría de la República.

De acuerdo al MINSA, del 2014 a mayo de 2019 quedaron embarazadas un promedio de 29 adolescentes por día. Esto representó aproximadamente 58 mil jóvenes embarazadas”. Estos números no incluyen cifras de la Caja de Seguro Social y de las clínicas privadas.

Detalla el texto que según la Contraloría, entre 2014 y 2018, 86 niñas con menos de 15 años tuvieron un segundo hijo; y que los registros del Ministerio Público reflejan que en 2020 hubo 5 mil 469 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de los cuales mil 913 fueron por el delito de acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18.

La bibliografía del impacto de la educación en reducir el embarazo precoz es extensa. La evidencia que hemos recopilado indica que los cursos, talleres, seminarios y demás pueden tener efectos positivos en reducir embarazos en los menores de edad […] también pueden tener efectos positivos en la reducción de las infecciones de transmisión sexual y VIH y los delitos sexuales. No obstante, los resultados dependen de la calidad e implementación”, se lee en la exposición de motivos.

Silva manifestó a este medio que con las Guías de Sexualidad y Afectividad se pasó de cero a algo, pero así como esos textos llegaron pueden desaparecer, ya que puede llegar un gobierno que diga que va a aplicar otras guías, y como no hay una ley que las respalde, eso no se podría evitar. Pueden cambiar al vaivén no solo del gobierno, sino del ministro –afirmó–. La ley que propusimos le daría más estructura y validez jurídica a las guías, para que la educación sexual se mantenga.

El diputado destacó que su propuesta se robustecerá cuando llegue el primer debate en la comisión, ya que pedirá la conformación de una subcomisión para que todos los grupos interesados participen y hagan aportes. “El foro para terminar de construir este proyecto, que no es una versión final, es la subcomisión”, apuntó, al tiempo que indicó que ya ha recibido comentarios de algunos diputados y organizaciones sobre aspectos que se deben modificar, y que aspira a que ese recorrido que viene sea de consenso.

Contexto global

Una ley para blindar  la educación sexual
The word sex education written in chalk on a blackboard

El Fondo de Población de Naciones Unidas aboga por la educación integral en sexualidad (EIS), que implica un enfoque basado en los derechos y centrado en el género, ya sea en la escuela o fuera de ella.

Este modelo implica una formación a lo largo de los años y de acuerdo con la evolución de las capacidades de los jóvenes. Incluye información científicamente precisa sobre el desarrollo humano, la anatomía y la salud reproductiva, así como información sobre anticoncepción, parto e infecciones de transmisión sexual.

Según el Unfpa, se trata de un asunto de derechos porque “las elecciones sexuales y reproductivas de los jóvenes pueden tener un efecto cascada en sus derechos humanos”.

El informe Estado Mundial de la Población 2021 –presentado este 14 de abril por el Unfpa– se centró en la autonomía corporal: el poder y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

En este reporte se advierte, entre otras cosas, que el derecho a la autonomía corporal es violentado cuando se priva a los jóvenes de una educación integral en sexualidad.

La EIS –señala el informe–, no solo ayuda a evitar los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual, sino que también capacita a las personas para defenderse a sí mismas. También inculca valores de respeto, consentimiento e igualdad para todos, incluidos los niños, adolescentes y los hombres jóvenes, los cuales son fundamentales para convertir la autonomía corporal en una realidad.

Uno de los países de la región líder en EIS es Argentina, que en 2017 puso en marcha el Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Un reporte de la consultora Julia Frenkel revela que un año después de haberse comenzado a implementar el plan en 12 provincias del país, se registraron 6 mil 961 nacimientos menos que en 2017 en chicas menores de 19 años, incluidos 143 casos menos de niñas menores de 15 años. En ese año, 94 mil 79 de los nacimientos fueron de adolescentes menores de 20 años y 2 mil 493, de niñas menores de 15.

El 9 de diciembre de 2020, FLACSO Argentina lanzó la iniciativa “Pausa. Vamos de nuevo”, que ofrece materiales de EIS para adolescentes de 13 a 18 años, docentes y familias de la región latinoamericana. Este proyecto, que es apoyado por el Unfpa se enmarca en la Iniciativa de Inversión en Adolescencia y Juventud, 165 Millones de Razones: un llamado a la acción dirigido a movilizar, amplificar y coordinar esfuerzos a favor de las generaciones presentes y futuras, así como en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Los recursos disponibles, que están en diferentes formatos (audiovisuales, guía didáctica, acceso a otros recursos) y son accesibles e inclusivos, buscan facilitar el diálogo y promover una educación integral de la sexualidad de calidad, empoderando a las y los adolescentes para tomar decisiones conscientes y críticas sobre su sexualidad.

https://www.prensa.com/impresa/vivir/una-ley-para-blindar-la-educacion-sexual/

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