América Central/El Salvador/05-03-2021/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
El año anterior, según Fiscalía, hubo 2,858 casos de delitos contra la libertad sexual, el 90 % fueron mujeres.
La violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado. La sanción de este delito y casos derivados son penados según la ley de 30 a 50 años de carcel.
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), entidad de la sociedad civil salvadoreña que lucha para erradicar la violencia contra este sector de la población, recibió, este jueves, durante una ceremonia virtual un reconocimiento que le permitirá profundizar su labor en favor de este sector.
Las raíces de Ormusa se remontan a 1983, cuando un grupo de campesinas, obreras y profesionales de los municipios de San Salvador, Olocuilta y Candelaria se reunían de forma voluntaria para promover los derechos de las mujeres, pero fue hasta el 2 de septiembre de 1993 que se constituyeron legalmente como asociación.
El estímulo, que fue otorgado por la Fundación Avon, bajo su iniciativa “La Promesa Avon de poner fin a la violencia contra las mujeres 2020”, consiste en una donación por $72,397.80 que destinará para una campaña de prevención de la violencia sexual.
La cultura de la violación tiene un impacto social, un impacto económico, tiene un impacto en la vida de las niñas y de las mujeres de manera permanente y en este país mucho se ha hablado de la falta de programas de atención emocional”.
Jeannette Urquilla, directora Ejecutiva de Ormusa
Previo a la entrega del reconocimiento, Jeannette Urquilla, directora ejecutiva de la Ormusa, detalló que, al igual que otras organizaciones que hacen una labor similar, presentaron ante dicha fundación un proyecto específico en busca de lograr un financiamiento.
Durante el evento se conoció que el proyecto salvadoreño compitió con más de 111 iniciativas, de las cuales resultaron premiadas ocho de México, además de ocho de la región centroamericana y República Dominicana.
Urquilla expresó que su propuesta está dirigida a hacer más visible, de mejor manera, el tema de la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres en el curso de la vida, algo en lo que han venido alzando su voz de manera conjunta con otras organizaciones y organismos internacionales.
De acuerdo con datos provistos por Ormusa, entre enero y diciembre de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) registró 2,858 casos de delitos contra la libertad sexual, de los cuales el 90 % afectó a mujeres, el 9 % a hombres y 1 % no registrado.
La propuesta con la que la organización salvadoreña compitió y ganó será desarrollada a partir de marzo, durará doce meses y se prevé que cubra más de 100,000 personas.
Ingrid Espinoza, de la mencionada fundación, expresó que los proyectos que favorecen con fondos se enmarcan dentro de cuatro áreas de impacto: fortalecer las instituciones dedicadas a la protección, apoyo y asistencia; la sensibilización para la prevención aumentando consciencia públicas; educación desde los jóvenes para promover la parte de la erradicación de la violencia y apoderamiento; así como promover el empoderamiento económico de las mujeres.
Según detalló, los criterios que establecen para otorgar los reconocimientos son: la puntuación que hacen los jueces en relación a innovación, gestión del proyecto, lugar de impacto, número de beneficiarios y que esté anclado en una de las cuatro áreas de impacto.
“Vamos a intentar y la propuesta va encaminada a contribuir a desmontar de nuestras estructuras sociales, de nuestros imaginarios, todo el contenido de la cultura de la violación que se ejerce contra las mujeres en el curso de vida”, expresó Urquilla.
Ella lamenta que la prevención de este problema es algo en lo que la sociedad y también del Estado salvadoreño tienen una gran deuda.
La campaña nacional incluirá varias actividades: capacitar a funcionarios públicos sobre la temática; trabajar con 40 comités de comunidades organizadas de diferentes municipios en donde la Ormusa tiene presencia.
Como parte de este proyecto también lanzarán conversatorios con comunicadores, un concurso periodístico enfocado en el problema, así como mensajes a través de medios alternativos masivos como las redes sociales, entre otros.
“Necesitamos como país, como nación, avanzar en ese tipo de situaciones que dejan lo que ya hemos conocido en muchos momentos: embarazos en niñas, embarazos en adolescentes, embarazos no planificados, no deseados, etc., sino también muchas veces suicidios feminicidas a raíz de una violación”, afirmó.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ormusa-violencia-domestica/810544/2021/
A cinco años del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres en Honduras, la organización Otros Mundos Chiapas exigió que se inicie el debido proceso contra los autores intelectuales del crimen.
Demandó a las autoridades hondureñas el debido proceso en el juicio contra el empresario y exmilitar David Castillo, «cuyas pruebas apuntan a su participación en el crimen y que presuntamente vinculan además a la familia Atala», señalada también como autora intelectual del asesinato por ser dueña del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.
Explicó que desde que fue perpetrado el asesinato de Cáceres en 2016 «el ministerio público y la fiscalía inventaron y alteraron pruebas, inventaron testigos falsos; generaron intimidación contra el COPINH (Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y todos los testigos protegidos».
Por ello, Otros Mundos se unió «a los gritos del mundo entero» que exigen justicia por Berta Cáceres, quien fue asesinada en su casa de La Esperanza, Honduras, por luchar contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA).
A continuación el comunicado completo:
Hoy 2 de marzo se cumple 5 años del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, fundadora y coordinadora del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). A partir del 3 de marzo de 2016, la justicia hondureña procuró proteger y ocultar de la responsabilidad a los autores materiales e intelectuales del crimen. El Ministerio Público y la Fiscalía inventaron y alteraron pruebas, inventaron testigos falsos; generaron intimidación contra el COPINH y todos los testigos protegidos.
A cinco años de este repudiable hecho no ha llegado la justicia verdadera para la familia, el pueblo Lenca, el pueblo de Honduras y la comunidad internacional que gritamos con voz firme ¡FALTAN LOS ATALA!
Desde Chiapas, México, nos sumamos a los gritos del mundo entero que exigimos justicia con un debido proceso. Exigimos al gobierno hondureño un debido proceso en el juicio contra David Castillo, cuyas pruebas apuntan a su participación en el crimen y que presuntamente vinculan además a la familia Atala.
Este 2 de marzo de 2021 se cumplen 5 años de caminar junto a Berta. Berta no murió, sino que se multiplicó en la consciencia y en las luchas de los pueblos y movimientos en todo el mundo que claman justicia, que resisten contra el Modelo Extractivo, contra el capitalismo patriarcal, racista y depredador de los territorios, pueblos indígenas y campesinos. Berta significa y reivindica la lucha de las mujeres por defender la vida, a lo largo y ancho de América Latina, por eso Berta se multiplico, Berta soy yo.
JusticiaParaBerta #5AñosJunto A Berta
Firma
Otros Mundos AC
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/exigen-en-chiapas-justicia-para-berta-caceres/
Los periodistas palestinos son perseguidos y encarcelados, simplemente por cumplir con sus responsabilidades profesionales y cubrir las violaciones a los derechos humanos que a diario Israel comete y son informados y denunciados por todos los organismos humanitarios y legales del mundo sin excepción.
El Ministerio de Información de Palestina constató a lo menos 37 violaciones cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes contra periodistas palestinos, durante el período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021. Durante el mes recién pasado, el ejército de ocupación israelí atacó a 14 periodistas para agredirlos y arrestarlos, obstaculizó el trabajo de más de 6 equipos de prensa y cerró 10 cuentas de redes sociales de periodistas, donde se publicaba el material gráfico de los trabajos periodísticos de campo.
Durante febrero, se registraron 9 detenciones, 8 periodistas encarcelados han sido agredidos y golpeados dentro de sus recintos carcelarios, en 3 oportunidades los medios han sido impedidos de informar y cubrir las violaciones israelíes en contra de la población civil palestina, en 3 oportunidades los militares israelíes han confiscado material fílmico y equipos, dos periodistas fueron golpeados durante allanamientos nocturnos a sus casas y se han bloqueado 10 redes sociales de periodistas que mostraban sus trabajos de campo y el accionar de los militares israelíes.
Cabe recordar que Israel prohíbe tomar y mostrar material fílmico de los operativos represivos de sus militares.
La distribución geográfica de estas violaciones fue de la siguiente forma: Jerusalén 5 casos, las cárceles de ocupación 5, Hebrón 4, Jericó 4, Jenin 2, Ramallah 1, Nablus 1 y Salfit un caso.
Fuente: corresponsal de PalestinaLibre.org en Jerusalén ocupada
En los últimos dos meses de 2020, cada hora una mujer pidió apoyo a la Red Nacional de Refugios (RNR) ante una situación de violencia y riesgo, de las cuales cuatro de cada 100 mujeres reportaron intentos de feminicidio, informó la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias.
En un balance final de la campaña, en la que también participó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la Red precisó que fueron atendidas 11 mil 132 mujeres con sus hijos, de las cuales 75 por ciento «fueron agredidas por sus parejas o ex parejas».
La RNR agregó que los hijos de mujeres víctimas de violencias familiares también habían sufrido diversos tipos de agresiones entre ellas, entre las que destacan violencia física (27.94 por ciento), psicológica (28.36 por ciento), patrimonial (21.24 por ciento), trata infantil (16.50 por ciento) y sexual (5.65 por ciento).
Por otra parte, las organizaciones que impulsaron la campaña detallaron que del 3 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 acompañaron a 530 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencias, a través de asesorías gratuitas vía telefónica.
De las víctimas, las principales formas de violencia que sufrieron fueron violencia psicológica, violencia sexual, violencia física y violencia económica.
Señalaron que los resultados de la campaña demuestran la urgencia de que las autoridades impulsen acciones que puedan inhibir la prevalencia de la violencia de género, «promoviendo políticas públicas intersectoriales con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad».
A continuación el comunicado completo:
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) y Católicas por el Derecho a Decidir A.C. (CDD) presentaron una radiografía de las violencias contra las mujeres luego de la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias ¡Por una nueva normalidad sin violencias!
Durante la campaña, que inició el 3 de septiembre de 2020 y concluyó el 28 de febrero de 2021, se acompañó a 530 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencias, a través de asesorías gratuitas vía telefónica.
Los tipos de violencias que fueron atendidos son: violencia psicológica, principalmente cometida por parte de la pareja de la víctima o por una persona de su ámbito familiar, asimismo se pudo identificar que las mujeres son violentadas por agresores no identificados y en cuarto lugar por funcionarias/os de escuelas.
Destacaron además que en los casos de violencia sexual está es perpetrada principalmente por familiares, pero también por personas desconocidas, tanto en el ámbito familiar como en el espacio laboral.
También fueron acompañados casos de violencia física, los cuales en su mayoría se cometieron por parte de la pareja, por otros familiares y por personas desconocidas en el espacio público.
De la misma forma, en el periodo de duración de la campaña fueron asesorados y documentados casos de violencia económica, ejercida principalmente por las parejas, otros familiares y por instituciones públicas.
Si bien en la mayoría de los casos de violencia atendidos las agresiones fueron cometidas por parte de las parejas o personas conocidas de la víctima, también fueron atendidos diversos casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, así como casos de feminicidio por desconocidos, lo que evidencia que la violencia comunitaria prevalece a pesar de la pandemia por Covid19.
Las edades de las mujeres, niñas y adolescentes que fueron acompañadas osciló entre 1 año y los 76 años de edad, lo que da cuenta de que las violencias ocurren en diferentes momentos del ciclo de vida de las mujeres. Aún así, la mayor parte de la población atendida se encuentra en el rango de los 30 a los 40 años de edad.
De las 530 mujeres, niñas y adolescentes asesoradas, el 11% se identifica como perteneciente a un pueblo originario y 7.74% habla alguna lengua indígena.
Los estados en donde se ubican las mujeres atendidas fueron: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México ,Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, es decir, en 22 distintas entidades de la República. Jalisco, Chiapas y Aguascalientes fueron los estados en donde se atendieron a más mujeres.
Las mujeres en situación de violencias acompañadas en el marco de la Campaña #DistanciaSeguraySinViolencias se ubican en poblaciones urbanas (3,755 casos), semiurbanas (85 casos) y en zonas rurales (70 casos).
De las mujeres acompañadas 24.29%, se dedican a las actividades del hogar; 22.22% se dedican a actividades profesionales; 19.96% se dedican al comercio; 14.88% son estudiantes; 0.38% se dedican a la agricultura, entre otras actividades.
De acuerdo con los registros de atención, 211 mujeres refirieron haber acudido a otras instancias o instituciones. Al menos el 57.79% de ellas, señaló que en dichas instancias se sintió escuchada pero no se resolvió satisfactoriamente su problema, en tanto que el 33.67% manifestó que no fue escuchada ni atendida. Solo 8.54% estimó que fue escuchada y la situación que la llevó a solicitar la atención se resolvió satisfactoriamente.
El análisis de las asesorías brindadas, nos permite reconocer la prevalencia de las diversas formas de violencias contra las mujeres, así como la diversidad de actores que agreden a las mujeres, niñas y adolescentes en México.
Aunado a las asesorías gratuitas vía telefónica realizadas a 530 mujeres, niñas y adolescentes, la Red Nacional de Refugios, a través de sus más de 75 espacios de protección, redes sociales y líneas telefónicas, atendió a 11,132 mujeres con sus hijas e hijos, en donde el 75% de las víctimas fueron agredidas por sus parejas o ex parejas.
Como reflejo de la impunidad, el machismo y falta de acceso a la justicia, el 27% de los agresores de las mujeres que solicitaron apoyo a la RNR tenían antecedentes penales, 29% usaban armas de fuego y el 14% contaba con vínculos militares o políticos.
En los últimos dos meses de 2020, cada hora una mujer se comunicó a la RNR para pedir apoyo ante una situación de violencias y riesgo, de las cuales 4 de cada 100 mujeres reportaron intentos de feminicidio.
El incremento de las violencias de género en los hogares también es una problemática que afecta a las infancias, en los espacios de protección de la RNR se detectó que las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencias familiares también habían sufrido diversos tipos de agresiones entre ellas: física con un 27.94%, psicológica con 28.36%, patrimonial con 21.24%, trata infantil con 16.50% y sexual con 5.65%.
Estos hallazgos generan información valiosa para que las autoridades impulsen de manera urgente y coordinada, acciones que puedan inhibir la prevalencia de la violencia de género, promoviendo políticas públicas intersectoriales con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.
Si bien la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias -realizada con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales y la Unión Europea- concluyó este 28 de febrero, la labor como defensoras de los derechos humanos y como organizaciones de la sociedad civil, continuará en exigencia de una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes en México.
Atentamente,
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Red Nacional de Refugios A.C. (RNR)
Católicas por el Derecho a Decidir A.C
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/cada-hora-una-mujer-pidio-ayuda-por-violencia-de-genero-rnr/
Familiares de desaparecidos en Guanajuato exploraron un predio en Celaya, ante la decisión de autoridades de suspender búsquedas por pandemia. Encontraron varias fosas de las que a una semana de su hallazgo se habían exhumado 19 cuerpos. Guanajuato es la segunda entidad con más cuerpos recuperados de fosas clandestinas.
“Fuimos ynos dicen que para allá, para un ojito de agua, para un cerrito, por ahí nos dicen que se oyen lamentos, atrás del palenque también, allá en la comunidad Sauz de Villaseñor, en Celaya. Ahora sí que por los rumores y, bueno, pues vamos, no perdemos nada. Y fuimos por el ojito de agua, el pozo de agua y por el palenque. Estuvimos siete horas trabaje y trabaje, varillando, excavando y al final encontramos un perrito colgado, una perrita, la colgaron unos dos días a lo mucho, nos espantamos y pues… ¿quién puede venir a hacer aquí todo esto? Pensamos que era una señal, que era reciente y empezamos a checar más adelantito y fue que encontramos los montículos de piedrecitas, cobijas, ropa, encontramos varios objetos. Escarbamos como 30 centímetros y encontramos los primeros cuerpos, unos 4 cuerpos…”.
Así relata la señora Norma Patricia Barrón Núñez, que busca a su esposo y a su hijo desaparecidos en Irapuato en junio del 2019, cómo fue que un grupo de familiares en Guanajuato decidieron retomar por su cuenta las búsquedas, ante la decisión de las autoridades estatales de no realizar más exploraciones por la pandemia.
El pasado sábado 20 de febrero llegaron a este lugar y encontraron las fosas. Llamaron a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Fiscalía General del Estado para avisar del hallazgo y pedir su exhumación, pero no les atendieron, que no podían ir, que irían hasta el martes. Finalmente se les ocurrió marcar al 911 y llegaron algunas patrullas de la policía municipal. Pero los agentes intentaron detener a las buscadoras por encontrarlas en una escena del crimen.
“Nadie llegaba, se estaba haciendo noche, y le llamamos al 911 y pues fue el primero que llegó al lugar. Pero luego luego nos dijo que nos iba a detener porque no era bueno que nosotras hubiéramos encontrado esos cuerpos. Nos empezó a dar miedo, pero de ratito llegó la Guardia Nacional y se calmaron los policías”, recuerda Patricia.
El periódico am publicó el testimonio de otra madre de familia que acudió a la búsqueda de ese sábado 20 de febrero. “Cuando llega el primer respondiente, que en este caso fue la policía municipal, nos empieza de alguna manera a agredir, que teníamos que decir cómo fue que dimos en ese punto, que se les hacía muy raro, que incluso nos iban a detener. Se nos vulneraron nuestros derechos, porque nos vuelven a criminalizar”, relató la mujer.
Hasta el 28 de febrero se habían encontrado 19 cuerpos. Todos completos, con ropa y en estado de osamenta. Las familias hallaron los primeros cuatro, el sábado que fueron a la búsqueda.
“El primero que encontramos fueron unas costillas con una prenda azul, con una playera. En otro encontramos algo negro y también eran huesos salidos, como del pie, y el otro que encontramos era una tibia con un hueso del pie con una placa de titanio. Teníamos duda de que fueran humanos pero con esa placa ya no hubo duda. Hicimos cuatro excavaciones y ahí dejamos para llamar a las autoridades”.
Foto: Especial.
Un año de búsquedas
En agosto del año pasado un grupo de investigadores, académicos y periodistas publicó el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020). Ahí advertían la existencia de fosas clandestinas en la entidad y alertaban la falta de reconocimiento gubernamental del problema.
“La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su Unidad de Transparencia, ha negado la presencia de tales sitios en varias respuestas a solicitudes de acceso a la información realizadas en diferentes años. Además, en la entidad no existe un registro estatal de fosas y el discurso oficial ha tendido a ocultar este fenómeno. La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tampoco cuentan o han recibido datos actualizados de fosas por parte de esta entidad. Las cifras disponibles sobre fosas clandestinas han sido documentadas por la prensa escrita local y nacional”, dice el informe.
Lo que ha sucedido en Guanajuato desde mediados del año pasado, sin embargo, hizo inevitable que se reconociera el problema. En 2020 se encontraron las fosas de El Conejo con 15 cuerpos desmembrados, en Salvatierra con un total de 79 cuerpos, en Cortázar con al menos 45 cuerpos, en Acámbaro con 60 cuerpos, y ahora éstas en la comunidad de Sauz de Villaseñor, en Celaya.
Al cierre del 2020 la Comisión Nacional de Búsqueda registraba el hallazgo de más de 204 cuerpos (sin contar los de El Sauz de Villaseñor), lo que ubicaba a Guanajuato en el segundo lugar nacional con mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas, después de Jalisco.
En noviembre del año pasado las autoridades estatales suspendieron las búsquedas por la emergencia sanitaria de covid-19, por lo que las familias decidieron seguir con las búsquedas por su cuenta. En esos meses Guanajuato se encontraba en semáforo rojo.
“Nos desanimó mucho que la fiscalía no esté haciendo lo que tiene que hacer. Nos decidimos a hacer búsquedas independientes bajo nuestros propios riesgos y situación económica, lo mejor era ir a buscar”, dice la señora Norma Patricia.
Así, a finales de enero las familias de distintos colectivos decidieron salir a buscar. En estos dos meses fueron a Venado de Yóstiro, en Irapuato; a San Nicolás de Temascatio, a San Juan de Temascatio y Celaya.
En Sauz de Villaseñor “el sábado la fiscalía comenzó a escavar pero lo dejo a la mitad. El domingo nos acompañaron de nuevo, pero no se hizo la búsqueda bien, nada más nos dijeron que no siguiéramos escarbando, ya habíamos encontrado otros dos. El domingo nos tuvieron ahí sin hacer nada”.
Las búsquedas de personas desaparecidas están organizadas por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
Matilde Domínguez es integrante del Grupo de Observadores que acompaña a las familias a las exhumaciones y búsquedas en Guanajuato. En entrevista dice que la formación de un grupo forense por parte de la Fiscalía General del estado es positivo para mejorar la exhumación, resguardo e identificación de los cuerpos, sin embargo el trabajo aún es lento y con poca coordinación entre las distintas instituciones del gobierno local.
“La Fiscalía ha llegado tarde, el nuevo grupo forense parece que trabaja mejor, hace dibujo de hallazgos, mapa de excavación, pero aun así van muy lentos. Falta articulación entre los distintos órdenes de gobierno, no sabemos cuál es el esquema de trabajo entre la Comisión estatal y la Fiscalía. En lo técnico y en lo organizativo falta, porque las familias hubo en momento en que decían ¿que hacemos?, falta que se llegue tempano, que se explique qué se va a hacer”.
Entre más tiempo pase, se aleja la justicia
Bibiana Mendoza, que busca a su hermano Manuel Mendoza desaparecido en enero del 2018, insiste en la importancia de que las búsquedas continúen y de que se acelere el proceso de identificación de los cuerpos encontrados, más de 200 cuerpos desde diciembre del 2018.
“El tiempo para nosotras es vital, entre más tiempo pase se pierden indicios, se va alejando la verdad, la justicia de nosotras como víctimas indirectas. El tiempo apremia para el estado psicológico de cada familia. La familia deja de vivir, de soñar, deja sus proyectos, de pensar en donde esta su familiar, entre más tiempo pase la incertidumbre es mayor, moralmente y económicamente te desgasta, psicológicamente, porque estas pensando cómo estará, donde lo tendrán, si lo tienen muerto o no, si esta vivo, qué sufrimientos tiene… El tiempo te va consumiendo. Por eso es importante salir a buscar, porque en base al tiempo no se pierden indicios ni cosas importantes, por eso es lo primordial, pero parece que la autoridad no lo entiende”.
Bibiana Mendoza, hermana de Manuel Mendoza, desaparecido en enero de 2018.
Bibiana hizo un llamado:
“A la sociedad queremos decirle que si tienen puntos, si saben donde tienen gente en esta situación, enterradas en algún punto, que nos informen. No estamos peleados con nadie, solo queremos a nuestros familiares, volver a continuar viviendo de alguna manera y que las autoridades se sensibilicen”.
La búsqueda en Acámbaro
Del 7 al 17 de diciembre del 2020 se realizaron exhumaciones en Acámbaro, en las faldas del cerro del Toro, por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Fiscalía General del Estado (FGE), la Sedena, la Guardia Nacional, las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) y Protección Civil.
De acuerdo con el Grupo de Observadores, integrado por activistas, académicos y solidarios de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que han acompañado las exhumaciones, previo acuerdo con la CEB.
En el “Informe del Equipo de Observación de Sociedad Civil para las Búsquedas en Guanajuato, Búsqueda generalizada de personas desaparecidas, Acámbaro, Guanajuato”, se informó que se localizaron 38 fosas. Ahí se recuperaron los 15 cuerpos y 104 bolsas con restos humanos.
Las fosas estaban cerca de casas habitacionales. “La casa en obra negra con la mayoría de los entierros se ubica frente a otra que sí está habitada. Unos 50 metros antes de ingresar a la finca con puerta azul y número 1362 está a medio camino un altar a la virgen de Guadalupe y otros santos, como si delimitara que a partir de ahí estaban las fosas y, a mano izquierda, está una roca que sobresale de la falda del cerro y hace una especie de cueva o sobra, y en ese espacio pareciera como si fuera un lugar de vigilancia, quizá de las personas que cuidaban la casa de seguridad, ya que había restos de una fogata y algunas piedra alrededor para sentarse”, dice el informe.
“Los restos se encontraron en bolsas negras, cerradas, y se encontraban cuerpos fragmentados y mezclados. Se encontraron a una profundidad de no más de un metro, no estaban visibles, pero se veía el terreno ya modificado y algunas cubiertas por piedras y vegetación (…) Algunas bolsas se abrieron en el lugar y se tomaron fotografías de algunas partes de los cuerpos, ropas y zapatos para que en el reconocimiento de los cuerpos por parte de las familias puedan identificar algún aspecto o rasgo de sus familiares. Algunos restos estaban con tejido blando y en otros puntos se encontraron osamentas y estas no estaban en bolsas, sino en tipo de costal”.
El informe señala que no hay certeza de a dónde se están llevando y resguardando los cuerpos encontrados, pues a pregunta expresa de la antropóloga física Claudia Bisso no hubo mayor aclaración sobre sus condiciones y sitio de conservación.
En esa búsqueda el Grupo de Observación registró dos incidentes de seguridad. El automóvil donde viajaban las familias se le ponchó la llanta: “para este momento ya no se contaba con el cinturón de seguridad de la Guardia Nacional y el Ejercito, sólo las dos patrullas de las FESPE y una camioneta de la CEB. En el crucero las fuerzas especiales hicieron guardia aproximadamente 20 minutos en lo que hacían el cambio de llanta”. El segundo fue que a un compañero observador le quitaron el teléfono para borrarle las fotos que había tomado, luego se lo regresaron y le pidieron sus datos personales.
Fuente e imagen: https://piedepagina.mx/nos-dijeron-que-por-ese-ojito-de-agua-se-escuchaban-los-lamentos/
En América Latina es común que el trabajo infantil callejero de las niñas carezca de pago, de reconocimiento y que sea invisibilizado, aunque en sus familias ellas sean las trabajadoras, proveedoras, protectoras, cuidadoras y algunas hasta estudiantes. En contraste, los niños portan la “fachada de trabajadores-proveedores” porque, aunque laboran, no contribuyen directamente al gasto familiar y se involucran poco en las labores domésticas, afirmó el doctor Carlos Alberto Díaz González Méndez, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Esta falta de reconocimiento ocurre pese a que alrededor del 30% de los menores trabajadores en la calle son mujeres (niñas o adolescentes), según indica la literatura, agregó el doctor al presentar su conferencia Situaciones de calle: balance de la literatura en América Latina, en la cuarta sesión del Seminario Permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO.
En la ponencia dio un avance de su investigación La condición de género en el proceso de callejerización: la situación de los trabajadores y acompañantes en calle de la Zona Metropolitana de Oaxaca, en la que se analizaron sistemáticamente, libros, capítulos de libros, artículos científicos, informes gubernamentales, documentos de organismos internacionales y tesis producidas en la región. Díaz González encontró que hay un olvido de la relación que tienen los grandes cambios estructurales en las familias, a las que se les finca la responsabilidad moral sobre la condición que tienen sus hijas e hijos en la calle.
Uno de los ejes de problematización que emerge del análisis de la literatura es el papel sobredimensionado de las familias como factor explicativo de las situaciones de calle, por ejemplo, al señalar particularmente a las madres, por no poner suficiente atención a los estudios de sus hijas(os) o porque son ellas mismas quienes los maltratan y golpean, provocándoles vinculaciones desfavorables con la calle. Sin embargo, lo anterior ignora que el proceso de ‘callejerización’ responde a las precariedades económicas y laborales.
Y es que, en Latinoamérica, donde han aumentado la pobreza y la desigualdad, las estructuras económicas guardan una relación estrecha con el trabajo infantil en la calle, por lo que más bien éste es resultado de las vinculaciones irregulares, inestables y precarias de los adultos con el mercado laboral, aclaró Díaz, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México.
Al buscar respuestas a la pregunta matriz de su investigación: ¿cómo influyen los roles y posiciones de género en el proceso de callejerización en los niños, niñas y adolescentes de la Zona Metropolitana de Oaxaca?, el investigador encontró que los elementos implicados en el trabajo infantil están diferenciados en los niños y las niñas; respecto a la asistencia a la escuela, la regulación de las horas de trabajo, las ganancias económicas y su gestión por parte de los adultos.
Pero las niñas, por su género, tienen un doble control, sobre su sexualidad, sus desplazamientos físicos y el juego en los espacios públicos, porque “ellas están vistas desde la indefensión y la fragilidad, por sus propias familias y por las instituciones del Estado”. De ahí que, la literatura señale que hay que evitar estigmatizarlas y no caer en la reproducción de discursos que las minimicen y condicionen su agencia; sobre todo porque tienen una gran capacidad de adaptación y para encarar los distintos riesgos que hay en la calle.
Pese a las condiciones adversas, cualesquiera que éstas sean, hay en la literatura una evidencia importante de que las niñas y los niños que trabajan en la calle tienen capacidad para organizarse, resistir a la adversidad, subvertirla y sobrevivir a ella. Esta agencia, que pasa por la racionalidad, reflexibilidad e intencionalidad de cada uno de ellos y ellas, está asociada también con sus proyecciones de futuro, que no cancelan, a pesar de estar condicionadas fuertemente por la precariedad, la violencia y las adicciones; para ellas y ellos “el futuro sigue existiendo”, aseveró Díaz González Méndez.
El también coordinador de la línea de investigación de posgrado ‘La democracia y sus núcleos problemáticos: Actores, conflictos y desigualdades’ (en el Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas) comentó que al estudiar las situaciones de calle hay que poner el foco, no en las características de los individuos, sino en los procesos que atraviesan las personas, que tienen que ver con las interacciones territoriales, organizacionales y con los itinerarios entre instituciones públicas o asociaciones civiles en donde a veces son atendidos los niños y las niñas.
“Algo sumamente importante es contextualizar los significados; el significado de trabajo, el significado de infancia, el significado de calle. Qué significa la calle desde el punto de vista del sujeto, no desde el punto de vista del investigador”.
Niñas y niños en situación de calle
Cabe decir que en la introducción de la versión escrita de su conferencia Situaciones de calle: balance de la literatura en América Latina, el Dr. Carlos Alberto Díaz González Méndez menciona: ‘Como preocupación social, pero también como inquietud científica, la literatura en ciencias sociales da cuenta de la emergencia de poblaciones callejeras desde los años ochenta del siglo XX, cuando la industrialización incentivó la migración del campo a la ciudad sin poder incluir a todos y todas en el trabajo formal asalariado’.
‘Las perspectivas, sin embargo, desde las que se abordan los fenómenos entrañan nociones específicas sobre la infancia que repercuten en la naturaleza y alcance de los análisis en términos epistemológicos, metodológicos y de los propios resultados. Hay investigaciones sobre situación de calle que ven en los niños y las niñas a una población peligrosa porque delinquen para sobrevivir o bien, porque se alejan de lo socialmente establecido y/o autorizado para su edad. Otras tantas, asumen que son individuos pasivos víctimas de las estructuras de la sociedad adulta. En contraste, existen miradas que los reconocen con capacidades de decisión y acción’.
En dicho documento, que es propiamente el avance de su investigación, el académico también señala que para su elaboración registró bibliografía acerca de tres objetos de estudio: situación de calle, trabajo infantil en calle y trabajo infantil. Este registro se apoyó en algunas claves orientadoras: género, condición étnica, relaciones entre lo público y lo privado, cambios en estructuras familiares y tensiones entre trabajo y familia. Posteriormente, analizó el material a través de una matriz que permitió identificar preguntas de investigación, argumentos, enfoques teóricos y hallazgos.
‘Si bien este artículo esboza los alcances del conocimiento en la región, deja fuera limitaciones importantes, entre las que destacan dos que se refuerzan mutuamente. La primera, es que las interrogantes utilizadas en las investigaciones son fundamentalmente de carácter descriptivo y orientadas a identificar causas de los fenómenos. La segunda, es la debilidad de los referentes teóricos incorporados, pues en su mayoría se trata con conceptos empíricos de muy bajo nivel de abstracción. Ambos aspectos, responden probablemente más al interés de diseñar modelos de intervención hacia poblaciones vulnerables, que a realizar desarrollos teóricos más complejos’.
Al menos ocho defensores del medio ambiente fueron asesinados del 23 de marzo a octubre de 2020 en Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Baja California y San Luis Potosí, señala el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”.
De acuerdo con el documento, además de los asesinatos se registró un aumento de las amenazas y campañas de desprestigio contra los defensores de la tierra y el territorio, así como se agudizaron las agresiones contra los defensores privados de su libertad.
«Preocupa al alto peligro en el que se encuentran las personas defensoras privadas de libertad y las consecuencias de imposible reparación que ha significado el uso de la tortura y falta de atención adecuada en salud en centros penitenciarios de Oaxaca, condiciones que son agravadas en el contexto de la pandemia», indica el informe.
Entre los defensores detenidos ilegalmente, el informe destacó los casos del indígena zapoteco Fredy García, vocero del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI); del defensor Librado Baños Rodríguez, quien permaneció poco más de 5 años en el penal de Ixcotel, Oaxaca; y del zapoteco Pablo López Alavez, defensor de los derechos de los pueblos indígenas.
El documento fue realizado por Espacio OSC, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Las organizaciones también denunciaron los casos de violencia contra los defensores de los derechos de los migrantes, mujeres defensoras, periodistas, familiares de víctimas de desaparición y defensores de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Trangéneros, Transexuales, Intersexuales, Queer y Asexuales.
Consulta y descarga el informe completo aquí:
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/al-menos-ocho-ambientalistas-fueron-asesinados-en-mexico-en-2020/
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