Un año después de la confirmación en Grecia del primer caso de covid-19 y con un nivel de contagios que se vuelve a acercar a los 2.000 casos diarios las autoridades sanitarias decidieron este viernes prolongar las medidas restrictivas al menos hasta el 8 de marzo.
Para el caso de la región capitalina de Atica, la que mayor presión está viviendo, esto significa que se mantiene cerrada la educación y el comercio, mientras que en otras partes del país, los colegios -con excepción del nivel superior de la secundaria- llevan semanas abiertos y lo mismo las tiendas, aunque con restricciones.
En las empresas y en el sector público se mantiene la obligación de teletrabajo para al menos el 50 % de la plantilla.
Además, continúa el toque de queda a partir de las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana, prohibición de salir a la calle que en las zonas rojas como Atica empieza a las seis de la tarde los fines de semana.
Desde hace cuatro meses está además prohibido el desplazamiento de una región del país a otra, aunque con una serie de excepciones.
La decisión de mantener las cosas como estaban se ha tomado ante la fuerte presión que siguen experimentando los hospitales públicos, especialmente en Atica, donde vive el 40 % de la población y donde el 90 % de las uci están ocupadas.
A pesar del alto número de nuevos contagios, que los expertos atribuyen a las nuevas variantes de la covid-19, al mal tiempo de las últimas semanas y al hartazgo de la ciudadanía tras casi cuatro meses de restricciones, el número de los fallecimientos diarios se mantiene relativamente bajo, entre 20 y 40.
Los expertos atribuyen el descenso de los decesos sobre todo a que la campaña de vacunación está teniendo primeros efectos entre la población mayor.
Según los datos oficiales desde que comenzaron las vacunaciones, el 28 del pasado diciembre, más de 850.000 personas han recibido al menos una dosis de vacuna.
En las ultimas 24 horas se registraron 1.790 nuevos contagios, lo que eleva la cifra total a 188.201 desde el estallido de la pandemia. Además, fallecieron 29 personas, lo que sitúa en 6.439 el número de fallecidos hasta el momento.
La tasa de positividad sobre las 50.334 pruebas realizadas en las ultimas 24 horas fue del 3,55 %.
Al machismo aún presente en sus comunidades, se suman la falta de educación sexual, el acoso de profesores, las trabas para denunciar y el maltrato del personal de salud hacia las jóvenes indígenas que enfrentan la violencia sexual desde la niñez.
«A veces por necesidad las chicas tienen que ir a trabajar afuera. Entonces ahí es donde sus patrones o sus jefes se aprovechan de ellas. Muchas veces los padres piensan que nosotras tenemos la culpa», cuenta ‘Rosa’, una joven yanesha de 19 años. Ella habita en la comunidad nativa Ñagazu, en Pasco, región del centro del Perú. De acuerdo al ‘Reporte Nacional sobre la situación de violencia sexual y embarazo forzado en niñas y jóvenes indígenas‘ del Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ), en 2019 las niñas indígenas de Pasco solo interpusieron denuncias por violencia sexual en 50% de los casos.
En la experiencia de ‘Rosa’, los padres no apoyan a las adolescentes que sufren una violación. Peor aún, las castigan. “Es algo que al escuchar las demás, también da miedo. Piensan que sus padres van a actuar igual”, explica. Ese es solo uno de los obstáculos que enfrentan las niñas y jóvenes indígenas para obtener justicia.
El costo de denunciar
Pese a las diferencias que existen entre las comunidades indígenas de nuestro país, todas comparten una constante: trabas para interponer una denuncia formal, más aún en casos de violencia.
‘María’ tiene 26 años y se identifica como mujer indígena quechua. Nació en el distrito de Cayara, Ayacucho, pero se mudó a Huamanga para estudiar. Ahí, hizo sus prácticas en psicología en un centro al que acudían mujeres de zona rural que habían sufrido violencia. “Terminan abandonando sus demandas porque dicen ‘es muy lejos, gasto pasaje, con quién dejo mis animales’ y dejan el caso”, comenta.
Desde Pasco, ‘Rosa’ observa una situación similar. En su comunidad, el primer paso para reportar casos de violencia es reportarlo al jefe y elaborar un acta. Es posible que se sancione al presunto agresor, o que se le perdone. Cuando hay varios antecedentes, el caso pasa a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Asolescente (DEMUNA) o al Centro de Emergencia Mujer (CEM).
«¿Qué pasa si el jefe de la comunidad en vez de apoyarnos solo lo archiva? Ellos piensan que es un gasto, que mejor es no gastar nada. Y las entidades responsables muchas veces no logran aconsejar a las jóvenes qué hacer cuando sucede un caso de violencia sexual», cuenta.
Este año se presentó ante las Naciones Unidas el caso de ‘Camila‘, una niña indígena que quedó embarazada por continuas violaciones de su padre. En lugar de protegerla, una fiscal la acusó de provocarse un aborto y abrió una investigación donde Camila fue revictimizada una y otra vez.
Por situaciones así, la activista indígena Gladis Vila sostiene que no son solo el tiempo y el presupuesto lo que desaniman a las víctimas de denunciar. También es la desconfianza en el sistema judicial. «En muchos casos, finalmente la instancia declara la denuncia improcedente. Entonces, ¿has hecho tanto para qué? Estos ejemplos hacen que nadie más quiera denunciar», explica.
Cuando el agresor está en las aulas
‘Pierina’ tiene 18 años y es una joven asháninka de la comunidad de Cushiviani, Junín. En el colegio, fue testigo de cómo profesores se acercaban a sus compañeras, hacían comentarios sobre sus cuerpos e incluso las invitaban a sus casas. También a ella le sucedió.
«Me hacía gestos que no me gustaban para nada. Traté de ignorarlo, hasta que una vez me dijo que pasara a su salón, donde no había nadie. Le dije ‘no profesor, yo no’. ‘¿Te vas a asustar? No te va a pasar nada’, me decía. Desde esa fecha, no me quiero acercar. No lo saludo, no me importa que me diga mal educada», señala.
Además de esos incidentes, ‘Pierina’ cuenta que el profesor le envía mensajes por redes sociales. Ella guarda las conversaciones y le contó a su mamá. «Si en algún momento él me baja las notas, yo lo denuncio. Hago mi denuncia por escrito», asegura.
No se trata de un caso aislado. Pero, como consta en el reporte nacional elaborado por CHIRAPAQ, la mayoría de estas situaciones se normaliza y la única alternativa que se le da a las adolescentes es que ignoren o eviten a los profesores.
En 2001, Gladis Vila acompañó la denuncia contra un profesor acusado de violar a 72 niñas en un colegio de Huancavelica. “Muchas mamás me decían: “mejor no digamos que mi hija ha sufrido eso, ¿porque quién va a querer casarse con mi hija si ha sido violada?”, cuenta. Para ella, lo más decepcionante del caso fue que después de tanto esfuerzo, la única sanción que recibió el docente fue administrativa.
“Lo único que hacen es sacarlo del colegio. Y hemos encontrado docentes que han hecho lo mismo en varias comunidades, son reincidentes, pero eso nadie lo ve”, indica Vila. Así, solo algunos casos son sancionados por el Ministerio de Educación y difícilmente llegan a tener una sanción penal.
Educación sexual ausente
Cuando ‘Pierina’ estaba en cuarto de secundaria, una de sus amigas quedó embarazada. En el colegio, los profesores bromeaban sobre los métodos anticonceptivos que podían usar. «Un profesor nos decía ‘Abstenerse chicos, abstenerse. Nada, nada, nada. Ese es el mejor método’», relata.
‘María’, joven quechua de Ayacucho, estudió en un colegio religioso. Recuerda que ahí el discurso se centraba que como mujeres se tenían que comportar, pero una vez acompañó a una amiga cuando se iba poner una ampolla mensual y aprovechó para hacer preguntas a una obstetra. «La experiencia no fue buena. Te hacen sentir como que por qué tú estás pidiendo esa información siendo tan joven», explica.
Sin una guía, las adolescentes embarazadas también reciben mal trato por parte del personal de salud. “Cuando mi compañera dio a luz, en el hospital le dijeron ¿Ya ves por estar con tus locuras? y le empezaron a hablar así ¿ves? Por andar en esto, haciendo esas cosas, ¡ay los adolescentes! decían”, cuenta ‘Pierina’. La joven asháninka conoce casos en los que se discriminaba a personas de su comunidad por hablar en su lengua. “‘Habla bonito que yo no te entiendo’, les gritaban”.
En casos de violación sexual, las niñas y adolescentes deben recibir el kit de emergencia que contiene la píldora del día siguiente para evitar embarazos no deseados. “En las comunidades es un lujo tener ese acceso. Te hacen demostrar que efectivamente has sido violada, pareciera que quieren un vídeo del momento. Realmente estamos llevando a las niñas y adolescentes a una situación crítica”, lamenta Gladis Vila.
En agosto, el Ministerio de Salud aprobó una directiva que precisa la obligación de una atención diferenciada para niñas, adolescentes y mujeres indígenas, además de otros grupos vulnerables. Un avance importante, pero no una solución. “Es una parte, pero tiene que caminar junto con la educación», concluye Tarcila Rivera Zea, vicepresidenta de CHIRAPAQ.
Hasta que no cambien esas mentalidades, la salud de las niñas y adolescentes indígenas siguen en riesgo.
Desprotegidas
Entre 2012 y 2020, cada día al menos una niña de 10 a 14 años que vive en zonas rurales se convierte en madre, de acuerdo al reporte de CHIRAPAQ. En ese período, la tasa de crecimiento promedio de la maternidad infantil forzada fue de 78% para niñas rurales. Un contraste alarmante con la tasa para el caso de niñas urbanas: 29%.
La relación de estas cifras con la violencia sexual es innegable, pues las relaciones sexuales con menores de 14 años, se consideran una violación. En 2019, se registraton 573 casos de violencia sexual en niñas indígenas entre 10 y 14 años. Además, 731 casos en jóvenes de 15 a 29.
La Covid-19 profundizó las brechas de desigualdad en la educación, ya que más de 1600 millones de estudiantes, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque cerraron las escuelas.
“Cada vez se hace más necesario contar con individuos críticos y creativos que comprendan su mundo, lo cuestionen y persigan lo perfectible”
Andrews Paiva
Las llamadas políticas públicas universales, hace mucho tiempo desaparecieron de Latinoamérica. Cada vez más el Estado ha ido trasladando parte de las competencias, funciones y recursos en este campo a actores privados, algunos disfrazados de ONGs y otros de iglesias evangélicas. Igual, la descentralización y sus modalidades “impuras” como la desconcentración y terciarización, han acelerado este proceso, ya que los gobiernos subnacionales y locales encuentran más fácil negociar con centros de enseñanza privada para que presten este tipo de servicios, que asumir la responsabilidad que implica la enseñanza pública, garantizando acceso permanente y educación de calidad a la población.
Los gobiernos asignan menos recursos a los presupuestos de educación, salud y protección social, por lo que, en el caso de la educación, las familias se ven orilladas a buscar conocimiento en escuelas y universidades privadas, o simplemente, por los altos costos y aumento del desempleo y pobreza, renunciar a dicho conocimiento. La alta deserción escolar tiene explicación en esta realidad, pero también en la ausencia de nuevos enfoques y metodologías de enseñanza que utilicen al máximo recursos locales que ligan la presencia en las aulas o talleres de clase, con el trabajo material que se realiza dentro y fuera del hogar.
Varios países latinoamericanos, entre lo que destaca Uruguay y Costa Rica, le apostaron a la educación con políticas de cobertura universal, incluso en el marco de la vigencia de programas de ajuste económico, donde la orden del día era recortes de gastos sin excepción; prácticamente, con el respaldo de la población, convencieron a los OFIs, de la importancia de mantener o aumentar en forma vegetativa el gasto en educación. Con todo lo que ha significado el bloqueo a Cuba, la educación es uno de los pilares donde ha descansado el desarrollo a escala humana, aunque recién, por el bloqueo histórico y la crisis financiera, en lo económico se flexibilice la ejecución de políticas económicos para permitir mayor participación de inversión externa.
Antes del Covid-19, era evidente que, en la mayoría de los países, se apostaba a una educación acrítica, donde los valores del mercado, tecnicismo y los idiomas, eran más importantes que el humanismo. Y es que no puedan coexistir, sino que su avance se ha hecho a costo del debilitamiento de la educación en valores universales, derechos y culturas propias. Hay escuelas privadas donde se enseñanza el idioma inglés como segunda lengua, pero los jóvenes asumen que debe acompañarse con estilos de vida como en el país del norte. Como escribieron algunos miembros de la escuela de Fráncfort, “el conocimiento se constituye en la realidad y no por producción de conceptos, no hay que separar sujeto y realidad, ya que todo conocimiento depende de la práctica, de la época y de la experiencia”.
Con el Covid-19, la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, demanda que la población reciba una educación, pero una educación con pensamiento crítico. La Covid-19 profundizó las brechas de desigualdad en educación, ya que “más de mil seiscientos millones de estudiantes, de todos los sistemas juntos, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque hubo que cerrar bastante rápido las escuelas”. El cierre se dio por decreto de las Secretarias de Educación, sin que se tuviera certeza de volver a la educación presencial, incluso después que entrara la vacuna en los países que hicieron contratos a tiempo, como Panamá, Costa Rica, Bolivia, Chile y México, no así países como Honduras que confiaron en la OPS-OMS y su mecanismo COVAX, que se retrasó y orilló a las autoridades a negociar directamente la compra de vacunas con empresas comerciales y países, incluyendo la vacuna Sputnik V, y a obtener unas 5,000 vacunas (dosis) donadas por Israel a cambio de apoyar sus propuestas de tipo político e ideológico.
En el caso de la educación, los países latinoamericanos debieron aprender de Uruguay, el primer país que retomó la presencialidad con mucho éxito, efectividad y responsabilidad. La valorización de sus autoridades educativas es que la educación es más que un aula de estudio, es vida, contario al encierro que es muerte. En el caso de Costa Rica, una de las justificaciones para abrir las escuelas y colegios, lo fue el ausentismo generado por la pandemia, donde muchos alumnos y alumnas se retiraban por no contar con los recursos para acompañar la educación en línea.
Debido a la ausencia de las comidas escolares, los niños están hambrientos y su nutrición está empeorando. A causa de la falta de interacciones diarias con sus compañeros y la reducción de la movilidad, están perdiendo su forma física y están mostrando síntomas de trastornos mentales. Asimismo, al no disponer de la red de seguridad que suele brindarles la escuela, los niños están más expuestos al abuso, el matrimonio infantil y el trabajo infantil”. (unicef.org. nicaragua/prensa 12-01-2021),
A ello se agrega, el problema del inmovilismo, especialmente en los colegios de secundaria y la universidad, donde las asociaciones de estudiantes y los grupos estudiantiles no han podido seguir con la lucha dentro de los centros de estudio para enfrentar las reformas educativas promovidas por los gobiernos y apoyadas por los Organismos Financieros Internacionales, caso particular del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas organizaciones de estudiantes siguen saliendo a las calles para protestas por la falta de educación presencial antes y durante el Covid-19, manteniéndose activas en las redes sociales; pero también lo harán una vez que se profundicen las reformas neoliberales por los gobiernos Post-Covid-19, en tanto los niveles de endeudamiento público serán inmanejables, sobre todo los pagos del servicio de la deuda externa.
Los procesos de innovación educativa también han sido afectados por el Covid-19, pero no aquel tipo de “innovación” que entrega 8,000 “tabletas” a niños y niñas para que puedan conectarse al internet y seguir las clases virtuales (que en mayoría son abandonadas), tal como sucede en Honduras; hablamos de aquella innovación que rescata las lenguas e idiomas ancestrales y valores comunitarios, donde se sigue con un tipo de enseñanza participativa liderada por maestros de las comunidades. En el caso de Nicaragua, la educación a distancia forma parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hay evidencia que los costos por pago de maestros, materiales y servicios públicos de los gobiernos, han bajado por la pandemia, ya que, en el caso particular de la educación secundaria y universitaria, el ausentismo escolar es alto. Se argumenta que, la reingineria tecnológica en las universidades para enfrentar la demanda de la educación en línea, implica un gasto adicional, pero ello es mucho menor que el gasto de la educación presencial. A ello se debe que varios gobiernos que enfrentan problemas financieros por la caída de los ingresos tributarios, no estén muy interesados en volver a la normalidad, y sigan trasladando los costos de la educación virtual a la población.
Finalmente, los grupos y partidos de oposición y gobiernos deben concretar una alianza para priorizar la educación como una de las principales políticas públicas de los Estados, conjuntamente con la salud, generación de empleo masivo y el ambiente. Ocupamos asignar los recursos necesarios cada año para que se garantice una educación universal y de calidad, sustentada en un pensamiento crítico que involucre a las organizaciones sociales y comunitarias. Esta (s) políticas públicas no deben ser negociadas con el FMI y Banco Mundial, ya que es un mandato de la voluntad popular hecho gobierno.
La psicóloga y educadora sexual participó en el programa Embárcate sobre sexualidad
La psicóloga y educadora sexual del centro sexológico Borobil, de Bilbao, Lola González Bermejo, protagonizó este martes el programa de encuentros telepresenciales Embárcate que dispone el Ayuntamiento de Huesca con la colaboración del Ministerio de Igualdad, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La experta puso sobre la mesa la visión de la sociedad sobre lo que son las relaciones interpersonales sanas e insanas, bajo el título Relaciones afectivo-sexuales tóxicas en la que advirtió sobre algunas de «las señales que te pueden ayudar a identificar si tienes una relación insana, porque yo no hablo de la palabra tóxica, prefiero hablar desde lo sano».
En este sentido, explicó con ayuda de un powerpoint, señal a señal, cómo se pueden definir las relaciones entre parejas, entre amigos o familias y los asistentes pudieron aportar ejemplos y experiencias. Así, reveló la experta que «una relación en la que no se está ejerciendo el buen amor está relacionada con, por ejemplo, la intensidad con la que se vive esa relación, el aislamiento, el menosprecio o la manipulación, señales que no siempre son sencillas de ver». Pero también indicó cuales son las señales de las relaciones sanas como la honestidad, la confianza, la equidad o la amabilidad, «porque quiero que aprendamos a relacionarnos bien y amar bien es un aprendizaje, algo que parece que es innato socialmente, pero no».
De este modo reivindicó González la necesidad de una formación integral de calidad sobre educación sexual en todos los ámbitos, «porque necesitamos educación sexual no solo para los adolescentes, también los niños, los padres, el sistema sanitario o el educativo, porque no existe y, además, ni siquiera somos conscientes de cómo lo hacemos».
En otro orden de cosas, explicó cómo trabajan los profesionales de la sexología, lo mucho que se desconoce su labor y añadió: «Se piensa que solo nos centramos en coitos y orgasmos pero lo que abarcamos en realidad es la interacción entre los sexos, cómo quererse a uno mismo e interactuar».
Para participar en el programa, que continúa hasta mayo, es necesario apuntarse por WhatsApp (606 813 659) o email (pirene@huesca.es).
El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió este viernes la liberación inmediata y sin condiciones de las 317 alumnas de una escuela pública del noroeste de Nigeria secuestradas durante la madrugada.
Guterres, a través de su portavoz, condenó el secuestro ocurrido en la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno en la ciudad de Jangebe, en el estado noroccidental de Zamfara, después de que hombres armados atacaran el centro.
“Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender sin miedo a la violencia“, señaló el portavoz, Stéphane Dujarric, durante su conferencia de prensa diaria.
Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, denunció también el suceso, que se suma a una larga lista de secuestros parecidos en escuelas nigerianas durante los últimos años.
“Estamos enojados y tristes por otro brutal ataque contra alumnos en Nigeria“, señaló en un comunicado Peter Hawkins, representante de Unicef en el país.
“Esta es una grave violación de los derechos de los niños y una experiencia horrible para ellos, que puede tener efectos duraderos en su salud mental y bienestar”, añadió Hawkins, que reclamó su liberación inmediata y pidió al Gobierno que tome medidas para garantizar la seguridad en las escuelas.
El suceso de Zamfara ocurrió nueve días después del rapto a manos de hombres armados de 28 estudiantes y varios profesores de la Escuela de Ciencias del Gobierno en Kagara, en el estado de Níger, que además estaba custodiada por guardias de seguridad.
El pasado 11 de diciembre, 344 alumnos fueron también secuestrados de una escuela en Kankara, en el estado de Katsina, cuya autoría fue reclamada por el grupo yihadista Boko Haram, que hasta entonces se limitaba a atacar en el noreste del país, si bien las autoridades culparon a bandidos.
El ministro Nicolás Trotta y el gobernador Mariano Arcioni firmaron el acuerdo con gremios y auxiliares.
Tras tres años de conflicto docente en Chubut, los gremios acordaron un aumento salarial con el gobierno provincial y las clases comenzarán este lunes.
De la firma del acuerdo participaron el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y representantes de los gremios docentes y de auxiliares.
Desde la Provincia se comprometieron a depositar este mismo viernes «una masa salarial íntegra para todos los trabajadores dependientes del Ministerio de Educación, y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario 2020 para todos los trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial».
Trotta destacó que se trabajó «intensamente para arribar a una solución y volver a las aulas de manera segura en todo el país». Y agregó: «Semanas atrás, asumimos públicamente en la Provincia el compromiso de acompañar a todos los actores del sistema educativo para poder regularizar el reclamo justo que maestras y maestros realizaban. Y hoy lo hemos logrado».
Por su parte, Arcioni señaló que «durante muchos meses se hizo un trabajo mancomunado y silencioso para poder tener hoy esta buena noticia, que es que los chicos puedan iniciar el lunes el ciclo lectivo».
En el contexto de pandemia, el regreso a las aulas se efectuará de “manera gradual y sujeta a los parámetros sanitarios, encontrándose en un escenario muy prometedor que nos posiciona positivamente en un certero e indubitable inicio normal del ciclo lectivo anual 2021”.
El acta contempla que comenzarán las clases el lunes 1° de marzo y que se este viernes se abonará una masa salarial completa a docentes y auxiliares, y el aguinaldo de diciembre a todos los trabajadores activos y pasivos del Estado provincial.
A principios de febrero, entre empujones y gritos como “sin sueldos no hay clases” o “paritaria nacional ya», manifestantes de gremios docentes y autoconvocados habían rechazado la presencia de Trotta en Rawson, la capital de Chubut.
Fue en el marco de una reunión ante el adeudamiento provincial a los docentes entre dos y tres meses de sueldo y parte de los aguinaldos de junio y diciembre.
Rahila Monji y Najiba Hussaini fueron mujeres que le apostaron a la educación en medio de la guerra. Sus familiares construyeron bibliotecas para mantener vivo su legado. Ahora las mujeres afganas temen que un acuerdo de paz entre el gobierno afgano yy los talibanes signifique un retroceso para garantizar su educación; una lucha que han emprendido por más de 20 años.
El 24 de julio de 2017 un atacante suicida talibán acabó con la vida de 24 personas, entre ellas estaba Najiba Hussaini. Era una mujer asombrosa; completó su maestría en Japón y trabajó en el Ministerio de Minas y Petróleo del gobierno. Al igual que ella, Rahila Monji, de 17 años, creía en la educación como motor de cambio. Pero murió en 2018 luego de un ataque terrorista en un centro educativo. Rahila Monji y Najiba Hussaini fueron mujeres que le apostaron a la educación en medio de la guerra; de ahí que sus familiares lucharon por mantener vivo su legado. “Najiba no está muerta, respira con todos los niños y niñas que vienen a su biblioteca y estudian”, dijo su pareja Hussain Rezai al New York Times.
La Fundación Rahila y la Biblioteca Conmemorativa de Najiba Hussaini fueron creadas para promover la educación de los afganos. “La sociedad puede superar su crisis actual a través de soluciones que deben extraerse del conocimiento y la educación de sus jóvenes”, se leía en el diario Rahila Monji. Hoy, la fundación creada en su nombre, otorgó más de 100 becas estudiantiles, recibió a más de 12.000 visitantes en un año y cuenta con más de 10.000 libros y publicaciones. “La Fundación le ha enseñado a la comunidad una lección invaluable: que podemos ser resilientes y luchar con medios más emancipadores e impactantes”, se lee en su página web.
A pocos kilómetros, en Nili, la capital de Daikundi, la Biblioteca Conmemorativa de Najiba Hussaini tiene más de 12.500 libros, revistas e informes de investigación. “La biblioteca es popular entre los jóvenes, muchos de ellos estudiantes con escasez crónica de recursos educativos, especialmente libros”, se lee en una publicación del New York Times.
Ellas en medio de la guerra
Sus familiares cuentan que Rahila Monji iluminaba la habitación más oscura con una risa contagiosa; era inteligente y dispuesta. Pero lo que más recuerda su primo Maisam Iltaf eran las ganas de Rahila de cambiar el mundo.
“Estaba emocionada de haber sido admitida en la academia Mawoud para comenzar sus cursos de preparación universitaria; quería estudiar economía. Pero sus sueños perecieron ante mis propios ojos, en las afueras de la ciudad, mientras la gente limpiaba y excavaba franjas de tierra. Enterramos a Rahila con todos sus sueños de educación”, contó Iltaf el 27 de agosto de 2018 al medio Aljazeera. Doce días atrás un terrorista del Estado Islámico se detonó a sí mismo en la academia Mawoud. Rahila Monji, de 17 años, y 48 compañeros murieron en el atentado.
La misma guerra acabó con la vida de Najiba Hussaini, de 28 años. Un atacante talibán detonó un vehículo cargado de explosivos en en el oeste de Kabul matando al menos a 24 personas e hiriendo a otras 42. Hussaini fue una destacada estudiante; se graduó como una de las mejores de su clase en la escuela secundaria y ganó una beca para estudiar aplicaciones informáticas en India. Se fue a Japón para terminar su maestría y regresó a Afganistán para liderar la unidad de base de datos en el Ministerio de Minería de Afganistán.
“Los ataques a las escuelas del país se triplicaron entre 2017 y 2018, pasando de 68 a 192. En el primer semestre de 2019, se informó que 36 escuelas en todo el país cerraron debido a la violencia, lo que privó a 13.894 niños de acceder a educación”, de acuerdo con un informe de Unicef. Y es que es precisamente por la guerra que muchos padres se niegan a enviar a sus hijos al colegio en Afganistán. La organización estima que 3,7 millones de niños de entre 7 y 17 años no van a la escuela en todo el país; el 60 % son niñas. Y de los inscritos, sólo el 54 % completa la escuela primaria.
Desde 2017, Human Rights Watch advirtió que a medida que la seguridad en el país empeora y los donantes internacionales se retiran de Afganistán, el progreso para que las niñas vayan a la escuela se ha estancado. Aquí algunos datos de la organización:
→ El gobierno de Afganistán ofrece menos escuelas para niñas que para niños en los niveles primario y secundario.
→ En la mitad de las provincias del país, menos del 20 % de los maestros son mujeres, una barrera importante para las niñas cuyas familias no aceptan que un hombre les dicte clases, especialmente en la adolescencia.
→ Alrededor del 41 % de las escuelas no tienen edificios y muchas carecen de muros fronterizos, agua y baños, lo que afecta de manera desproporcionada a las niñas.
Pero eso no quita el esfuerzo de las mujeres, de las organizaciones de derechos humanos y de algunos gobiernos para garantizar el acceso a la educación en Afganistán. Estos son algunos avances, de acuerdo con The Borgen Project:
→ En 2019, más de 9 millones de niños afganos están escolarizados.Alrededor de 300.000 estudiantes asisten a colegios y universidades. Además, se colocaron 480.000 nuevos maestros en escuelas afganas.
→ Es raro que los niños afganos abandonen la escuela una vez matriculados. Aproximadamente el 85 por ciento de los niños que comienzan la escuela primaria también terminan la escuela primaria. Además, casi el 94 por ciento de los niños y el 90 por ciento de las niñas que comienzan la escuela secundaria también terminan la escuela secundaria.
→ La interferencia de Estados Unidos ha mejorado la educación.En 2007, seis años después de la invasión estadounidense de Afganistán, el 60 por ciento de los niños afganos asistían a la escuela en entornos temporales como tiendas de campaña en lugar de en edificios escolares.
Una paz que puede acabar con los derechos de las mujeres
Muchos afganos temen el regreso al poder, parcial o total, de los talibanes, que albergaron a la red yihadista Al Qaida antes del 11 de septiembre de 2001.
Los talibán se encuentran en una posición de fuerza desde la firma del acuerdo con Estados Unidos, que impusieron con su incesante guerrilla; los insurgentes controlan ya la mitad del territorio afgano. La guerra causó decenas de miles de muertos, entre ellos 2.400 soldados estadounidenses, obligó a millones de personas a huir y costó a Washington más de un billón de dólares.
Con unas negociaciones de paz que avanzan lentamente entre el gobierno afgano yy los talibanes, a las mujeres afganas les preocupa que ese acuerdo signifique perder todo el progreso que han logrado en 20 años. “No quiero que la ideología talibán vuelva a gobernar a mi pueblo”, dijo Hamid Omer, hermano de Rahila Monji al New York Times. “Donde nací, mi pueblo tuvo que quemar todos los libros de texto escolares disponibles en nuestra escuela. Me temo que volveremos a enfrentar la misma situación”.
Cuando los talibanes dominaban completamente el país antes del 11 de septiembre, se prohibió la educación formal para las niñas. “La educación es una parte importante de la religión islámica. Los talibanes también lo saben, pero parece que no tienen una postura clara sobre la educación de las niñas“, explicó Habib-ur-Rahman a Foreign Policy, y quien ha dirigido una pequeña escuela para niñas en su propia casa en una remota zona rural de Afganistán, dominada en gran parte por los talibanes.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 27
Total Users : 35474689
Views Today : 49
Total views : 3574697