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La educación no se puede llevar a cabo sin que haya paz. La educación no puede hacerse sin que los niños tengan acceso al agua potable.

“La educación debe regenerarse, debe ser una educación en la que debe haber cada vez más un pacto social, que es indispensable poder organizar entre las comunidades, entre los individuos. Ya no se deben presentar estos temas de poder… este juego de poderes que existe, en el que una pequeña minoría que tiene el poder a nivel mundial y que impone a los demás sus criterios, justamente hay que cambiar esto. Y para que esto cambie, se requiere que la mayoría de la población reciba educación; pero una educación con pensamiento crítico y una buena capacidad de resiliencia”. Así lo afirmó la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, en entrevista con CLADE.

En la entrevista, la Relatora habló sobre la situación del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe, en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, así como sus proyecciones para los próximos años y afirmó que, si bien ya conocemos la primera parte, “aún no conocemos todas las consecuencias de esta COVID-19 sobre la educación”, tanto desde el punto de vista de la calidad, como de la gobernanza y del acceso para los grupos más marginalizados. Ya antes de la pandemia se contaban mil millones de seres humanos analfabetos en el mundo, en su mayoría mujeres, y personas en situación de desventaja: refugiados, migrantes, familias pobres y otras minorías con necesidades específicas, señaló.

La COVID-19 reforzó las desigualdades en varios niveles, pero de manera escandalosa en la educación, donde “más de mil seiscientos millones de estudiantes, de todos los sistemas juntos, a nivel mundial, abandonaron las aulas porque hubo que cerrar bastante rápido las escuelas”. En eso, acotó, América Latina no fue una excepción, ni en cierres de las escuelas, ni en todo lo que esto implica, de no acceso y no efectividad de los procesos de aprendizaje. Es más, ella estima que todos los temas relacionados con las desigualdades van a agravarse aún más, tanto por los recortes de financiamiento como por el aumento de la violencia o el hecho que, al quedar fuera de los establecimientos educativos, muchos niños y jóvenes quedan a merced de traficantes de droga y de todo tipo.

Sin embargo, Barry considera que no todo el panorama es negativo y que hay importantes iniciativas ciudadanas en marcha: “América Latina tiene ese espacio en el que hay organizaciones como por ejemplo la CLADE o la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación”, que han presionado para el aumento de los recursos presupuestarios, lo cual “es realmente para mí una victoria de la sociedad civil a este nivel; y esa es también la esperanza, para mí es el potencial importante de América Latina, la fuerza de lucha de sus ciudadanos y ciudadanas que están movilizados y organizados”.

Derechos interrelacionados

En su último informe, publicado en julio pasado, la relatora afirma que el derecho humano a la educación está interrelacionado con otros derechos, como el de agua y saneamiento básico. Al aclarar esta relación la relatora explicó que se enmarca en la interdependencia de los derechos: “por ejemplo el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho a una vida decente, el derecho al desarrollo, todos los asuntos relacionados a la no discriminación, pero también al fortalecimiento del estatus de las mujeres y niñas, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad, etc.”, que son necesarios para garantizar el derecho a la educación. O sea, “la educación no se puede llevar a cabo sin, por ejemplo, que haya paz. La educación no puede hacerse sin que los niños tengan acceso al agua potable. Cuando no hay agua potable en las aulas, y cuando no hay baños, y sobre todo baños separados para niñas y niños, esto tiene una gran incidencia, sobre la asistencia y también sobre la calidad de la educación”.

Cuando hay niños y niñas en estado de malnutrición, ello afecta su capacidad de aprendizaje, entonces “se puede ver que de cierta forma hay una relación entre el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable; y sobre todo que el contexto del COVID-19 hace que el problema sea mucho más visible, por no decir mucho más escandaloso”, recalcó la relatora, considerando que, para luchar contra el COVID hay que lavarse las manos a menudo. Significa que todas las escuelas tengan puntos de agua potable y también jabón, como equipamiento mínimo, temas que se deben discutir con el servicio de salud cuando una escuela va a reabrir.

Para tomar estas decisiones, la relatora considera indispensable hablar con las familias, con las comunidades. “En mi último informe sobre la interconexión entre el derecho al agua, el derecho al saneamiento, pero también el derecho a la higiene y sobre todo a la higiene mensual para las niñas, propuse que se hiciera un enfoque desde los derechos antes de volver a abrir las escuelas. Es la lección fundamental que podemos sacar del impacto del COVID19 sobre el sistema educativo. Es la capacidad de los actores de dedicarse a trabajar a la vez a nivel local, pero también a nivel nacional y a nivel internacional para asegurarse justamente de que exista el diálogo y que se tomen buenas decisiones tomando en cuenta las opiniones de todos los actores”. Para ello, enfatizó que los gobiernos dialoguen con la red de sindicatos de profesores, dialoguen y los escuchen, antes de tomar decisiones y definir orientaciones.

¿Cómo garantizar la educación en el contexto de la pandemia?

En el contexto de la pandemia, una de las grandes cuestiones es la realización de las clases en modalidad no presencial. Muchas niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la región tienen dificultad para seguir sus estudios, sea por no tener acceso a una buena conexión de internet, o no tener un ambiente propicio para el estudio, entre otras cosas. La pregunta entonces, es ¿cómo garantizar el aprendizaje en este contexto? y ¿qué medidas deben tomar los gobiernos para garantizar la educación?

Koumbou Boly Barry recuerda que prácticamente todos los Estados de la región han firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que implica que están obligados a garantizar el derecho a la educación. En tiempos de pandemia, esto significa garantizar la educación a distancia. El COVID reveló que el sistema educativo ya funcionaba con desigualdades —incluso en países ricos— y ello implica que, en las familias que no tienen una vivienda decente, los niños no disponen del espacio necesario para poder aprender; o familias pobres no logran comprar la línea de internet, o no pueden pagar la electricidad; o el caso de refugiados, viven en lugares donde es difícil conectarse; y además, se agravaron los casos de violencia intrafamiliar. En tal sentido, considera que es muy importante la transparencia y la rendición de cuentas del Estado y que, “la sociedad civil debe seguir haciendo este trabajo para obligar al Estado a cumplir con sus obligaciones mediante acciones de comunicación, mediante acciones de diálogo, mediante acciones de interpelación”.

No obstante, la relatora reconoce que el COVID19 también presentó oportunidades: dio pie a decir que el aprendizaje debe enfocarse en el niño, en el estudiante. Asimismo, se mostró la capacidad de innovar y adaptarse con flexibilidad: donde no había internet, en el campo se usó la radio; o en la ciudad la televisión; en otros casos se usó incluso documentos, por ejemplo, para niños con alguna discapacidad. Además, señala, reveló la capacidad de las mujeres para organizarse, sobre todo en América Latina, para hacerse cargo de la educación de los hijos en casa, y pienso que esto también es una gran lección que aprendimos del COVID. Y por último, mostró la creatividad de los y las docentes, quienes cuando se cerraron las escuelas y las instituciones educativas, se organizaron bastante rápido, y cada profesor y cada profesora tomó iniciativas individuales para asegurarse justamente de que, de alguna manera, se pudiera seguir ayudando a los niños a aprender. “Eso es una gran lección que hay que valorar: es el rol del docente. El docente es creativo, pero hay que darle sus espacios y sus oportunidades, escuchándolo más”.

Con respecto a la reapertura de las clases presenciales, Barry opina que va a ser indispensable que los Estados coordinen con todos los actores: la red de sindicatos de profesores, los padres, los estudiantes, la comunidad, la administración de la escuela; también con los otros ministerios que están a cargo, por ejemplo, del agua, de la salud, de la vivienda, etc. “Para mí, es esa capacidad de tener un enfoque holístico en términos de derechos humanos porque estos derechos son interdependientes y relacionados entre sí, que la coordinación debe realizarse a nivel nacional pero también de manera intrínseca al nivel de las municipalidades y de las escuelas… Sin este diálogo y sin esta coordinación, es peligroso abrir o reabrir las escuelas o instituciones académicas”. Y otro componente importante es el apoyo psicosocial, porque el COVID19 provocó mucho estrés y mucho miedo.

Por último, con respecto a las estrategias que los movimientos sociales, organizaciones e instituciones nacionales, regionales e internacionales deben tomar para que el derecho a la educación sea garantizado, la relatora enfatizó en el rol crucial de la sociedad civil. “Mencioné antes los asuntos de las relaciones de poder, en que una minoría impone sus puntos de vista a los demás. Pero son también los que tienen la mayoría de las riquezas a nivel mundial, cuando vemos a la gran mayoría estancada en la pobreza… Pienso que a la sociedad civil le corresponde poder a la vez continuar este trabajo de diálogo político con los gobiernos, de presión también, para asegurarse, por ejemplo, que los docentes que reivindican sus derechos no sean encarcelados; es indispensable que los estudiantes no estén en la cárcel, porque tienen derecho a expresarse, tienen derecho a la palabra, tienen derecho a defender los intereses intrínsecos de su cuerpo. Pienso que este es el rol de la sociedad civil: seguir haciendo este trabajo de diálogo, de información, de comunicación, pero también de propuestas al gobierno, porque la sociedad civil es capaz también de implementar acciones concretas en terreno, en términos de innovación educativa e innovación pedagógica”.

En tal sentido, Barry concluyó la entrevista afirmando que “en esto la sociedad civil tiene un rol fundamentalmente importante, y de verdad quisiera reconocerlo una vez más y felicitarlos, y darles aliento y apoyo para que sigan en este camino”.

Entrevista realizada por CLADE y editada por ALAI.

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/210860